Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la ministra de Justicia

21.12.2021

La Moncloa

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Isabel Rodríguez
VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, Teresa Ribera
MINISTRA DE JUSTICIA, Pilar Llop

Portavoz.- Buenas tardes. Gracias como siempre, por acudir a esta convocatoria para darles cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Ministros del día del día de hoy, que como viene siendo habitual, está muy marcado por el carácter económico de las decisiones que estamos adoptando en el marco del Plan de Recuperación, con el despliegue de los Fondos y también con la confirmación de todas las reformas a las que nos habíamos comprometido con Europa para dar cumplimiento a nuestro a nuestro Plan.
En ese sentido, hay una importante reforma legislativa que tiene que ver con nuestro apoyo a las empresas, y es una adaptación de la normativa a la Ley Concursal, del que les dará cuenta la ministra de Justicia, y un Real Decreto Ley de Energía y otras medidas complementarias, del que nos va a dar cuenta, con otros acuerdos relacionados con el sector energético y con la transformación y la transición energética de nuestro país la vicepresidenta tercera.
Por tanto, medidas de carácter y de apoyo al sector empresarial, medidas de transformación en el ámbito energético y también, como saben ustedes, este es un Gobierno que apuesta por la recuperación justa, y, por eso, en la reunión de hoy, hemos visto medidas que tienen una importante incidencia, hemos aprobado medidas que tienen una importante incidencia en la economía de las familias.
En ese sentido, empezaré por esta cuestión, por el apoyo a la economía de las familias en asuntos de extrema dificultad, que ustedes conocen, como es el precio de la energía en el mercado mayorista y en lo que ahondará también la ministra de Transición, el Gobierno mantiene su compromiso con la suspensión y la rebaja impositiva para amortiguar el golpe del precio de la energía en los mercados mayoristas y que las familias puedan amortiguarlo también en la factura de la luz de sus hogares.
Esta es una medida muy importante, que viene dada por la determinación de un Gobierno sensible, de un Gobierno que apoya a las familias y, por tanto, es una medida importante, pero que también tiene, y quiero subrayarlo, la implicación presupuestaria que tiene que ver, ni más ni menos, para los próximos cuatro meses, con más de 2 mil millones de euros, esta decisión de apoyo a las familias.
Además, les anunció también un acuerdo importante que tiene que ver con la economía de las familias, en un elemento que ha pasado a formar parte del uso habitual en nuestras vidas, que es la mascarilla, y el compromiso de mantener el IVA super reducido de las mascarillas hasta el próximo mes de junio del año 2022.
Este es otro de los compromisos que queríamos mantener con las familias españolas y que se ve también reforzado con un compromiso de apoyo al sistema sanitario, también con un tipo reducido a la importación de material sanitario contra la COVID, que se estiman un valor de 225 millones de euros.
En este ámbito, en el apoyo a las familias, a los sectores económicos desfavorecidos por la pandemia, saben ustedes que el Gobierno tiene en marcha un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que estaba dotado con 10 mil millones de euros, y en este caso, vamos a dirigir nuestra acción, y hemos aprobado un préstamo, 2 préstamos distintos, que ambos suman 35 millones de euros, para una empresa importante de nuestro país, es un grupo maderero, Losán con implicación en 3 territorios distintos, Castilla y León, Galicia y Castilla La Mancha, que es una empresa de este sector que genera muchos empleos, 1600 empleos, que exporta a más de 80 países y que, como consecuencia de la pandemia, ha tenido una afectación a su economía y el Gobierno apoya a esta empresa, apoyando con ello a todos sus trabajadores y trabajadoras y, en definitiva, al desarrollo de nuestro país.
Otra de las líneas de trabajo del día de hoy tiene que ver con otro de los compromisos que ha evidenciado y manifestado el Gobierno de España y que hoy se va a ver también reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, que se aprobarán esta tarde en el Senado, que tiene que ver con la renovación de la oferta de empleo público y en este caso, con una oferta extraordinaria de empleo público de 926 plazas, para el Servicio Público de Empleo Estatal conocido como SEPE. Es una oferta adicional, que se suma a la ordinaria de este año, y que supone un refuerzo muy importante de esta plantilla.
Y me van a permitir que me detenga un instante para explicar qué es o cuál es el trabajo que hace el Servicio Público de Empleo en la Administración General del Estado, en el territorio, que para nosotros es fundamental y ha sido fundamental durante la gestión de los peores momentos de la pandemia.
Y es que han sido los servicios del SEPE quienes han dado cobertura a los más de 3,4 millones de españoles y españolas que tuvieron que solicitar ese refuerzo, ese sostén, esa red de protección que el Gobierno de España puso a disposición de los trabajadores y de las trabajadoras, de los autónomos, para sostener nuestra economía en el peor momento y celebrar que, afortunadamente, hoy están en torno a 100 mil personas, únicamente, las que se encuentran todavía afectadas por este sistema de protección.
Este refuerzo viene a dar respuesta al esfuerzo que entonces hicieron los servicios públicos de empleo en todo el territorio español.
Y voy a terminar antes de ceder la palabra a la vicepresidenta, con un acuerdo de estos que nos hacen sentir orgullo de país y que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y su acción en la política exterior y el compromiso por la paz de nuestro país.
Se trata de la prórroga hasta diciembre del año 2022, de todas las operaciones y misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
Como saben ustedes, las Fuerzas Armadas están trabajando en favor de la seguridad, de la estabilidad y del apoyo a sociedades vulnerables, a sociedades frágiles y, que, en estos momentos, se hace más necesario que nunca, la inestabilidad en el mundo, debido también a la pandemia, pero a otros cambios en el ámbito de las tensiones geopolíticas, hace necesaria acciones de paz, y nuestro país es un país comprometido con la paz. Y esto se pone de relieve con la puesta de estos 3 mil efectivos que están desplegados en distintas intervenciones internacionales, al amparo de la Unión Europea, de las Naciones Unidas o de la OTAN.
Además, como saben ustedes, y como también es habitual, el próximo 24 de diciembre, el presidente del Gobierno contactará con ellos para mostrarles la gratitud de todo el pueblo español, y en nombre de todo el Gobierno, a estas personas que trabajan por la paz y que hacen de nuestro país un país mejor.
Ahora ya cedo la palabra a la vicepresidenta para los 4 bloques de acuerdos importantes en materia de transición energética.
Sra. Ribera.- Muchas gracias, ministra, y muy buenas tardes a todos.
Traemos, efectivamente, 4 grandes temas acordados en este Consejo de Ministros, más 2 cuestiones puntuales que comentaré también al final.
Sin dudas, el más importante es el Decreto Ley, el Decreto Ley al que hacía referencia antes la ministra, en el que se adoptan medidas importantes para impulsar las infraestructuras de recarga eléctrica, el autoconsumo, medidas tributarias para aliviar la carga de las familias de cara al pago de las facturas de la luz el próximo año y la tramitación de proyectos renovables que debían cumplir con determinados hitos, que vencían en el 24 de diciembre y requieren una prórroga.
Paso rápidamente a repasar algunas de las medidas más significativas de este Decreto Ley.
En lo que respecta al fomento del despliegue de infraestructuras de recarga, quisiera recordarles que nuestro compromiso es conseguir que haya 100 mil puntos de recarga antes de 2023, y pensamos que para ello podemos contribuir con la adopción de algunas medidas que simplifican la regulación para su instalación, tanto en el régimen de autorizaciones, en las zonas de servidumbre, de protección de las carreteras, de la red de carreteras del Estado, donde siempre que se cumplan los requisitos de seguridad vial y acceso al mantenimiento de las carreteras, se va a facilitar el que puedan instalarse estos puntos de recarga. La incorporación de obligaciones de instalación en las estaciones de servicio, en las carreteras, en la red de carreteras del Estado, o la posibilidad de acelerar las obligaciones de instalación de puntos de recarga en aquellas instalaciones que no son edificios residenciales de uso privado, pero que cuentan con un numeroso volumen de plazas de aparcamiento.
De modo que antes del 1 de enero de 2023, los aparcamientos, las zonas en edificios públicos, centros comerciales o en instalaciones asociadas a edificios de Administración General del Estado, deberán contar con un punto de recarga cada 40 plazas, que, en el caso de la Administración General del Estado, se reduce a la existencia de 20 plazas, para tener que contar con un punto de recarga eléctrica.
Lo más significativo en este ámbito es que habilitamos también a los ayuntamientos para adoptar bonificaciones fiscales, el 50% del IBI, el 50% del impuesto de actividades económicas para los locales comerciales, y hasta el 90% de la exención de los impuestos de obras relativos a la instalación de estos puntos de recarga y, evidentemente, en línea con estas modificaciones, con estas actualizaciones, una actualización del régimen sancionador para quienes no cumplan con las obligaciones previstas actualizadas en el Decreto Ley.
El segundo grupo de medidas tiene que ver con el impulso al autoconsumo.
Hemos aprendido mucho en estos años, piensen en que desde que llegamos al Gobierno en junio de 2018 hasta el momento actual, el autoconsumo se ha multiplicado por 2,5, es decir, ha crecido de forma muy importante en nuestro país. Ha sido muy significativo el impacto de la eliminación, de la supresión del impuesto al sol, pero también de las facilidades regulatorias para la instalación y la integración de las redes. Y también hemos aprendido como podemos ir acelerando ese ritmo de integración, impulsando esos objetivos de autoconsumo de manera ordenada y en beneficio de todos los ciudadanos y los actores económicos.
Por eso, sabiendo que hoy contamos con casi 3 mil megavatios instalados, frente a los 1500 que existían a finales de 2020, es decir, este año 2021 ha seguido siendo enormemente productivo en la instalación de nueva potencia de autoconsumo, nuestro objetivo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el año 2030, era tener 9 mil megavatios instalados, que pueden ascender, visto el interés que hemos detectado en la sociedad, hasta 14 mil, 14 gigas, que evidentemente contribuiría a una modernización muy importante de nuestro sistema energético, a una democratización en el tipo de actores que participan en la producción y en el consumo de energía.
Y digo producción porque algunas de las novedades que incorporamos en este Decreto Ley, y luego describiré, en el segundo paquete de medidas, la hoja de ruta de impulso al autoconsumo, algunas de ellas, es aligerar las cargas que permitan verter los excedentes, aquello que producimos, en el sistema de transporte de electricidad.
¿Cuáles son las medidas que hemos incorporado? Son medidas fruto de estos 2 años de aplicación, de contraste con el sector durante todo este tiempo, instaladores, productores, personas que se han animado a instalar en sus cubiertas este tipo de plantas, de soluciones, y volcar a la red los excesos.
En primer lugar, facilitamos el autoconsumo colectivo, permitiéndose conectar en alta o en baja en distintos tipos de actores, personas físicas, pero también pequeñas instalaciones asociadas a personas jurídicas, a comerciales, es decir, facilitando el que haya distintas combinaciones en este esquema.
Por otra parte, eximiendo de las obligaciones de presentar avales, garantías, a aquellas instalaciones de menos de 100 kilovatios, que tengan la voluntad de verter a la red sus excedentes, cosa que, para poder garantizar la ordenación, hasta ahora, y el aprendizaje en esta penetración creciente, nos obligaba la ley.
Además, ordenar los sistemas de información de tal modo que queden perfectamente conectados los registros de las comunidades autónomas sobre instalaciones de autoconsumo y las capacidades de tutela del sector, tanto de la CNMC como del Ministerio.
Y en concordancia, un régimen sancionador que también se fija, que pretende el que dejen de producirse algunos comportamientos, a veces desincentivadores, dificultadores, por parte de las distribuidoras, de las comercializadoras, que en principio debían estar recibiendo esos excedentes y que en ocasiones no parece que resulten sencillas o que generan dilaciones en la tramitación. Por tanto, garantía para los auto productores, los auto consumidores en este marco.
El paquete más relevante para el conjunto de los ciudadanos, sin duda, es el que prorroga las medidas fiscales que adoptamos en el último trimestre.
Sabemos que las perspectivas del precio de la electricidad en el mercado mayorista, hoy anuncia un nuevo récord para mañana, no son particularmente halagüeñas, y creemos que es fundamental el mantener las reducciones, la suspensión de algunas de las figuras impositivas que acaban reflejándose en nuestra factura doméstica.
Por ello se prorroga la suspensión del Impuesto de Valor de producción eléctrica, el famoso 7% hasta el 31 de marzo de 2022, queda suspendido, quedará cubierto para que no haya un problema en la organización de las cuentas del sistema eléctrico, pero no será trasladado al consumidor.
En segundo lugar, una prórroga de la reducción del IVA hasta el 10% en nuestra factura eléctrica hasta el 30 de abril del año 22. Una prórroga de la reducción del Impuesto Especial de Electricidad para llegar del 5,11, que es el tipo habitual, al 0,5, tal y como lo tenemos establecido en este último trimestre, hasta el 30 de abril del año 2022, y en consecuencia, también buscando la cobertura de los colectivos más vulnerables, aquellos que sean beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos de entre el 60 y el 70% del consumo de su energía hasta el 30 de abril del año 2022.
Hemos sumado una medida adicional importante para los consumidores de gas industrial.
Aquellas instalaciones industriales que consumen gas natural están sufriendo, de forma muy importante, el incremento del precio del gas natural en el mercado y, por tanto, hemos introducido medidas de flexibilización que ya habíamos ensayado, habíamos incorporado durante el período de confinamiento, y es que puedan cambiar su tarifa o puedan suspender el contrato, hasta el 31 de marzo de 2022, y por tanto, unas flexibilidades que serán cubiertas por el sistema gasista, pero que permitirán a los consumidores industriales de gas, un alivio con respecto al impacto que están sufriendo en su factura.
Con respecto a la tramitación de proyectos renovables, me gustaría destacar las medidas que hemos incorporado en este Decreto Ley, la disponibilidad de recursos eólico y solar, la acumulación de permisos de evacuación a la red eléctrica desde antes del año 2017 hasta que modificamos el régimen por el que Red Eléctrica autoriza esos permisos para evacuar a la red, con respecto a la capacidad que tiene disponible y hacerlo a través de un concurso, y no el primero que llega pedía, y se lo quedaba, nos obligaron a introducir un sistema de transición en el que buscábamos el cumplimiento de unos determinados hitos con respecto a la bolsa de proyectos de energías renovables que detectamos que en aquel momento existía.
Piensa en que si el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima calcula que para el año 2025 necesitamos 35 gigavatios de energía renovable adicional, y que para el año 2030 necesitamos 60 giga vatios de energía renovable adicional, contamos con una bolsa de proyectos en tramitación que asciende a 150 gigavatios, una cantidad muy grande, que probablemente no responda a lo que se vaya a materializar, pero que ha desbordado la capacidad de las administraciones de gestionar con todas las garantías estos proyectos.
Por tanto, a petición unánime de los consejeros de Medio Ambiente, responsables de la tramitación ambiental, y los consejeros de energía, responsables a veces de la tramitación energética, o consultados en los supuestos en los que la competencia es del Estado, hemos ampliado los plazos para cumplir con los hitos intermedios, que vencían ahora en diciembre y en abril de 2022.
Y hemos hecho otra cosa que también es importante, dado que algunos de los promotores nos han transmitido que ellos estarían dispuestos a renunciar a aquellos proyectos que ven más complicados, que ven menos viables y por tanto, liberar esa capacidad que hoy tienen retenida de evacuación a la red eléctrica, siempre y cuando puedan recuperar los avales que depositaron.
Por tanto, abrimos una ventanilla que permitirá que durante un mes, aquellos promotores que renuncien a esos proyectos y al permiso de evacuación que tenían, puedan recuperar los avales, quedando esos avales, por tanto, libres para el siguiente concurso de acceso a la red que vayamos a organizar con arreglo al nuevo modelo.
Estas son las modificaciones que yo creo que son más significativas del Decreto Ley, pero, como bien señalaba la ministra portavoz, hay otras medidas importantes que ha aprobado el Consejo de Ministros en el ámbito de la Energía.
La primera de ellas, una previsión esperada desde hace mucho tiempo por el sector, y en la que venimos trabajando intensamente con los distintos actores implicados.
La hoja de ruta de autoconsumo, tal y como hemos hecho con otros paquetes, con otras grandes orientaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tenemos la intención de poder dar a conocer la foto de conjunto, cuáles son las cuestiones relativas al análisis sobre cómo conseguir los objetivos que nos marcamos, cuáles son los puntos fuertes sobre los que seguir trabajando, cuáles son las medidas, a veces regulatorias, a veces de acompañamiento, de cualificación profesional, de consolidación de la cadena de valor industrial, por tanto, empleo y actividad económica en cada uno de estos ámbitos.
Decía antes que teníamos cifras muy significativas, muy importantes con respecto al objetivo de crecimiento, un interés muy notable, tenemos un peso relevante con respecto a la cadena de valor, España sigue siendo una potencia muy importante en la construcción de inversores, o de las estructuras de apoyo, de las instalaciones fotovoltaicas o de la electrónica de potencia, y pensamos que hay mucho más recorrido para otros ámbitos, como puede ser la minieólica o seguir consolidando también en el ámbito de la fotovoltaica.
Pero para esto es importante el identificar cuáles son los grandes ejes de trabajo y cuáles son las medidas que debemos adoptar.
Algunas las hemos adoptado ya, les recuerdo que hace poco modificamos la Ley de Propiedad Horizontal, precisamente para facilitar que las comunidades de propietarios puedan solicitar, sin necesidad de unanimidad, por mayoría, el poder hacer una instalación de autoconsumo, o poder acceder a las subvenciones que están gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionando las comunidades autónomas, más de 1200 millones de euros que están ya transferidas a las comunidades autónomas.
Sabemos que en muchos casos es importante facilitar la información, la sensibilización, el explicar cómo se pueden hacer y cómo se puede hacer sencillo la instalación de estas pequeñas plantas de autoconsumo, pero también facilitar la regulación, los trámites burocráticos, para convertir algo que puede ser la aspiración de muchos para mantener los precios eléctricos bajo control, en sus hogares o en sus pequeños polígonos, o los polígonos industriales y sus pequeñas instalaciones, de forma relativamente sencilla.
Sabemos que va a ser también un eje de empleo relevante, por lo que las medidas de formación profesional y de recualificación profesional son también clave en este ámbito.
Del mismo modo que lo es prestar atención a algunas zonas que merecen la atención por parte de las administraciones públicas, zonas aisladas o territorios insulares, zonas, barrios en los que puede ser una solución importante o que puede facilitar el dar respuesta a las cuestiones relativas a pobreza energética, barrios, viviendas de protección oficial, viviendas sociales o aquellos otros ámbitos en los que se está produciendo todo un episodio de transición justa en un ámbito energético, donde pueda ver tanto la dimensión de incorporación de soluciones energéticas, como las de cualificación de trabajadores y vecinos, una necesidad de atención especial, de atención particular por parte de las administraciones.
En paralelo, un buen despliegue ordenado de la transición hacia un modelo con un peso mayor del autoconsumo, nos permite una mejor gestión de la información, de los datos, digitalización, luego hablaré de ello, también de almacenamiento, almacenamiento detrás del contador, por tanto, incorporando herramientas que nos van a dar estabilidad en el conjunto del sistema, o como digo, nuevas tecnologías más allá de la fotovoltaica para impulsar autoconsumo con otras tecnologías renovables a pequeña escala, a escala doméstica, o en el contexto de pequeñas comunidades energéticas locales.
Por tanto, 37 medidas que aparecen en este documento que evidentemente no es prescriptivo, pero sí es una importante propuesta donde aparecen recogidas todas las referencias y los calendarios, las propuestas regulatorias que se impulsan desde la administración.
Hay otros dos reales decretos que hemos aprobado esta mañana con contenido energético importante.
En primer lugar, el Real Decreto de Digitalización de Redes de Distribución, un sistema inteligente, capilarizado, en el que el conjunto de las redes de distribución pueda ofrecer información a los gestores para contar con la máxima eficiencia en el consumo de nuestros recursos, el máximo rendimiento de todos los usos finales, incluido en el autoconsumo, al que he hecho referencia en este momento, pero también las instalaciones de recarga, a los que también he hecho referencia en este momento y, evidentemente, el resto de los consumos finales.
Por eso hemos querido impulsar, al hilo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una línea específica que acompaña a los titulares de las redes de distribución y recordemos que es una actividad regulada, por tanto, se sabe quiénes son y en qué proporción contribuyen a esta fase del sistema eléctrico, el acceder a una subvención para poder digitalizar su parte de distribución de red.
Es una medida que está concebida para ser aplicada en 3 años, empezando con este final de 2021 y que destinará 148 millones de euros en 2022, 150 millones de euros en 2023, perdón, en 2021, 227 millones de euros, en 2022, 148 y 150 en el año 2023. En total, 525 millones de euros para la digitalización de redes, que será gestionada directamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contando con una red inteligente, facilitando todas las soluciones y la transformación que estamos viviendo ya en el ámbito eléctrico.
Y de la electricidad pasamos a las energías térmicas, a las soluciones térmicas renovables.
Creemos que es capital trabajar en este campo. Lo hemos hecho en ocasiones para la rehabilitación de edificios de uso residencial. Conocen ustedes las medidas. Creemos que es también clave impulsar el uso de renovables térmicas, allí donde se necesita calor en procesos industriales o allí donde se necesita calor en instalaciones no residenciales, pero sí edificios dependientes de las administraciones públicas, para agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración, climatización de piscinas, o uso de microredes de calor y frío.
En el caso de las aplicaciones industriales, en procesos productivos, esterilización, ebullición, secado, lavado, tratamiento de superficies, lavandería, en fin, un montón de usos habituales por parte de nuestros comercios y de nuestra industria, que pueden contar con apoyos que serán gestionados por las comunidades autónomas, en este caso, se hace un reparto entre las comunidades autónomas de 150 millones de euros, que podrá ser destinado al uso de solar térmica, de geotermia, aerotermia, hidrotérmica, biomasa o redes de calor y frío.
Y, por último, junto a estos 4 grandes acuerdos, hay otras 2 medidas que me parece que también merece la pena señalar, aunque sea brevemente.
La primera de ellas es la ampliación del plazo para que los titulares de instalaciones agropecuarias puedan acceder a subvenciones para el impulso de la eficiencia en sus consumos energéticos. Vencía a 31 de diciembre de 2022. No se había agotado el uso de este recurso, y hemos pensado que era preferible el ampliar el plazo por un año más para poder seguir trabajando con el sector en este campo.
La última medida al respecto, es que les doy cuenta de que con cargo al Fondo de Contingencia, el ministerio de Hacienda, ha dispuesto 1900 millones de euros para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, por la que se anulaba el canon hidráulico que en su momento el Gobierno anterior instauró, y que, a reclamación de las eléctricas, se ha considerado ilegal por parte del Tribunal Supremo, y se nos obliga a restituir lo cobrado durante estos años. Así que 1900 millones de euros adicionales en este ámbito.
Con esto creo que he terminado las cuestiones más importantes del ámbito energético y quedaré a disposición de sus preguntas después.
Portavoz.- Gracias, vicepresidenta. Ministra.
Sra. Llop.- Buenas tardes. Gracias, ministra portavoz, vicepresidenta tercera.
Me complace anunciar que el Consejo de Ministros y Ministras acaba de aprobar, en segunda vuelta, el proyecto de Ley de Reforma del texto refundido de la Ley Concursal, y también de la transposición de la Directiva 2019/1023 de Insolvencia, es conocida como la directiva de la insolvencia, que da cumplimiento de esta obligación europea y aún estamos en fase de transposición.
La norma que vamos a remitir a las cámaras es una norma muy importante, se encuentra además enmarcado dentro de la tríada de las 3 normas que están ahora en tramitación parlamentaria, junto con esta que hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros y que se han impulsado por el Gobierno como reformas estructurales dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, junto con las leyes conocidas como la Ley del Crea y Crece empresarial, y también la Ley de Startups
La norma, además, se aprueba en un momento, en un contexto de crisis provocado por la pandemia y sobre todo, en el contexto de recuperación y de transformación post-pandemia.
Si me permiten, les voy a explicar también como se gestó, tanto esta norma de transposición y de reforma del texto refundido, como la propia directiva del año 2019, porque es una de las más importantes que se ha aprobado en el contexto económico europeo en los últimos años.
Pensamos que esta norma, cuando se estaba elaborando la directiva, tendría una gran virtualidad en relación con el Brexit cuando Reino Unido está a punto de salir de la Unión Europea, precisamente porque Reino Unido se había caracterizado por ser uno de esos países donde se habían aprobado sistemas de reestructuración preconcursal muy ágiles y muy eficaces, y esto había provocado este llamado turismo de reestructuración preconcursal y, por lo tanto, el resto de los países de la Unión Europea pensaron que, ante la posibilidad de generar esa competencia, era importante crear marcos de reestructuración preconcursales, que fueran muy competitivos.
La sorpresa es que la pandemia ha demostrado que esta directiva despliega toda su fortaleza con la situación de la pandemia precisamente, y, sobre todo, en este contexto de recuperación y de transformación en el que ahora nos encontramos tras la crisis económica, sanitaria, que aún seguimos sufriendo, y la crisis económica, y porque es una directiva de mínimos, esto lo reconocemos, lo que hace es, sin embargo, crear un campo, un ámbito de competitividad o de competencia legislativa entre los distintos estados miembros, porque, quien ponga la directiva de mejor manera, lo que va a hacer es crear un mejor escenario para las inversiones y un mejor escenario para la recuperación.
Es evidente que los inversores, las empresas, lo que necesitan es esos marcos de gestión de la crisis económica, que sean predecibles, que les dé seguridad jurídica, que sean eficaces y también que sean de carácter estable.
Y estamos, por lo tanto, ante una oportunidad para España y una oportunidad también para las empresas españolas y para otros inversores extranjeros, para atraer esas inversiones, para dar un balón de oxígeno a las empresas viables, para que puedan continuar con su actividad, para mantener el tejido productivo de las empresas en el mercado y, como no, también para mantener y conservar puestos de trabajo.
Por eso también es muy importante que se haya aprobado la prórroga de la moratoria concursal hasta junio del año que viene, esperamos que previsiblemente esta norma, esta ley, se pudiera aprobar en el trámite parlamentario en esa fecha.
La norma tiene un objetivo claro, porque no queremos que ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por tener dificultades económicas puntuales. Y no queremos que ningún emprendedor, hombres, mujeres emprendedores dejen de emprender por culpa de un proyecto fallido que le lastre para siempre.
Y a mí me gustaría explicar el valor que tiene esta directiva que hoy transponemos, concretamente, la directiva incide en 3 puntos clave y que se hacen reflejo en esta norma de transposición, la reestructuración temprana de las empresas viables, la posibilidad de una exoneración de deudas para los deudores de buena fe, que además, el Gobierno ha decidido también ampliarlo a los consumidores, y la necesidad de incrementar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia y exoneración de deudas.
La introducción de este marco regulatorio supone un salto cualitativo respecto al modelo concursal vigente.
Como decía, uno de los puntos clave es favorecer la reestructuración preventiva, en fases previas, a esos procedimientos que en ocasiones las empresas no ven más remedio que verse abocadas a la liquidación, y que sean empresas viables antes de llegar a esa fase.
Es un nuevo marco, un nuevo marco, más ágil, más flexible, desde el punto de vista procedimental, que incorpora las mejores prácticas de otros modelos que también se siguen en los países más desarrollados en Europa en esta materia.
La clave es la viabilidad de la actividad económica, y no se trata de mantener las constantes vitales, de mantener en funcionamiento cualquier empresa a cualquier coste, bajo cualquier precio, lo que se conoce como zombificación de las empresas, sino que lo que se trata, de lo que se trata es de mantener el funcionamiento de aquellas empresas que son realmente viables y se entiende, simplificadamente, que por viabilidad son aquellas cuyo valor en funcionamiento es superior al valor de liquidación de esas empresas.
Esto va a permitir, como ya he dicho, mantener puestos de trabajo y también reforzar el tejido productivo empresarial de nuestro país.
Pero con esta norma no nos limitamos a incorporar en el ordenamiento español sin más, las novedades que introduce la directiva europea, sino que también hemos aprovechado para acometer otras reformas que no estaban contempladas en la directiva, pero que sí eran muy necesarias, entre otras cosas, para proteger a las microempresas, que, como saben, son el 90% de nuestro tejido productivo empresarial y que son empresas especialmente vulnerables.
En el ámbito del derecho interno se introducen importantes reformas también en materia de preinsolvencia. Desaparecen los acuerdos extrajudiciales de pago, que habían dado lugar a escasos resultados, porque, incluso cuando se llegaban a estas soluciones negociadas, a esos acuerdos con los acreedores, la experiencia nos decía que en un altísimo porcentaje, las empresas se veían nuevamente abocadas a los procesos de liquidación, y, por lo tanto, apostamos por esos planes de reestructuración con múltiples posibilidades, como permite la directiva.
Para permitir la reestructuración temprana de empresas viables, se amplía el ámbito objetivo de la reestructuración, que puede afectar tanto al pasivo como al activo, ya no únicamente se dan quitas o esperas, o quitas y esperas, sino que también se permite la posibilidad de actuar sobre el activo de la empresa, por ejemplo, facilitando el intercambio de activos o partes de la empresa a cambio de poder reducir la deuda.
Como digo, se trata de incentivar la inversión en nuestros mercados e incentivar la financiación de las empresas viables, que sin embargo, están atravesando por dificultades económicas, más en estos contextos de crisis.
Otro punto importante es el protagonismo que se da a los sistemas de alerta temprana. Para ello se han fijado unos indicadores que sirven de aviso a las empresas antes de llegar a los problemas financieros, para que puedan tener conocimiento de estas situaciones y acudir, si la entienden necesario, a esos procedimientos preventivos preconcursales.
De gran relevancia también resulta el tratamiento que la norma da a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas como base de nuestro tejido empresarial.
Con carácter general, en el proyecto se recogen, además, especialidades para las pequeñas y medianas empresas. Se ha optado por aplicarles el régimen general, pero con algunas particularidades, porque se trata de abaratar costes, simplificar trámites, en definitiva, establecer procedimientos más ágiles, más sencillos, más amables, pero siempre con seguridad jurídica.
En esta línea de simplificación y abaratamiento de costes se introduce un procedimiento específico para las microempresas, potenciando los trámites telemáticos, permitiendo la reestructuración de la compañía sin tener que acudir a un notario o a un auditor. Es un procedimiento simplificado que adquiere especial relevancia por la creación de una plataforma telemática de liquidación, que reducirá los tiempos y los costes y además aumentará la transparencia del procedimiento, todo ello bajo el principio de la mínima intervención del Órgano Judicial, la mínima intervención de jueces y juezas, y la decisión mayoritaria de los acreedores, que permita además superar bloqueos de las minorías.
En la misma línea, se regula una nueva figura, que es la del experto o experta en reestructuración, que mediará en las negociaciones de los planes de reestructuración y que acompañará a los deudores que tengan menos experiencia, poca experiencia, y será una ayuda también para el Órgano Judicial, un colaborador, un cooperador del Órgano Judicial, en aquellos casos en que se llegue a los tribunales.
Otra destacable novedad es que facilita que el deudor de buena fe, el deudor honesto, ya sea empresario o consumidor, pueda cancelar su deuda. Se reducen los plazos para alcanzar la exoneración definitiva, lo que se conoce comúnmente como la segunda oportunidad, ahora se denomina el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, y se podrá optar, o bien por la exoneración inmediata mediante el sistema de liquidación, es decir, se va directamente a la liquidación, quedando exonerado de las deudas o bien se optará por un plan de pagos, un sistema de exoneración provisional.
Son modalidades intercambiables. Se puede acudir a una o a otra indistintamente.
Y en cuanto a la reducción de plazos, se potencia el uso de medios electrónicos y se simplifican y agilizan los procedimientos de liquidación.
Entre las medidas de agilización destacan las nuevas normas relativas a la solicitud de concurso, agilizándose el procedimiento, permitiendo, e incluso promover la venta de unidades productivas, que era algo que ya se estaba haciendo en los juzgados de lo mercantil, pero no estaba contemplado expresamente en la legislación, ahora se contemplará en esta ley, u optando por la liquidación con un procedimiento también más simplificado.
Se avanza en la profesionalización de la administración concursal por la vía de los requisitos de la responsabilidad, la capacitación, la formación necesaria para los administradores concursales, y también, la remuneración adecuada, de manera que se va a incrementar, notablemente, la eficiencia del procedimiento, se abaratarán los costes y se incrementará la transparencia.
Se trata, en definitiva, de un texto dirigido a garantizar que las empresas y los empresarios viables que se hallan en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo, un procedimiento eficaz, un procedimiento de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad, incluso cuando se trata de personas físicas, insolventes, y puedan disfrutar de esta exoneración de sus deudas, lo sean en un tiempo razonable, favoreciendo esa segunda oportunidad, e incluso que no se vean abocados a una liquidación directa de sus bienes, incluso a la pérdida de su vivienda habitual, como vemos que está ocurriendo en la actualidad. Y se mejora además la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir los tiempos de duración.
Pero he de reconocer que no es todo mérito, lógicamente, del Gobierno. Se han recibido más de 45 sugerencias en la fase de audiencia e información pública, de distintos profesionales, que tienen relación con los procedimientos de insolvencia, en los procedimientos concursales, abogados, administradores concursales, personal de la administración de justicia, jueces, juezas, profesores, profesoras de la universidad, colegios profesionales, asociaciones profesionales de diverso tipo, economistas… Además, también se ha contado con los informes del Consejo General del Poder Judicial, que lo ha valorado muy positivamente, con carácter general, y también, con el informe del Consejo de Estado, que ha realizado algunas observaciones esenciales y se han recogido en el texto.
Nos encontramos, por lo tanto, ante una norma que tiene una importancia especial en el actual contexto de recuperación y de transformación y modernización de nuestro país y de nuestra administración pública, también, y que es un instrumento de reestructuración eficiente, ágil, que va a contribuir a minimizar la destrucción del tejido productivo y a mantener esas empresas y negocios viables en el escenario de la recuperación que ya estamos viviendo. Muchas gracias.
Portavoz.- Gracias, ministra. Y ahora tienen ustedes una palabra. José.
Pregunta.- (José Marcos. El País) Buenos días, ministras, vicepresidenta.
Tenía varias cuestiones, una es si, de cara a la Conferencia de Presidentes de mañana el Gobierno va a plantear a las comunidades restricciones que afecten principalmente a la hostelería, a eventos multitudinarios, si, por ejemplo, contemplan reducir el aforo en el interior de locales a la mitad, o incluso clausurarlos en caso de que se alcanzase un determinado nivel de número de contagios. También se plantean recuperar la obligación de las mascarillas en exteriores.
Y respecto a una noticia reciente, respecto a Cataluña, que les parece, si se puede aplicar en el resto del país, si se pudiese aplicar, un toque de queda nocturno.
Y una última pregunta, precisamente sobre cogobernanza, nos encontramos en el año segundo de cogobernanza, están satisfechos del nivel de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y con el Gobierno, que lecciones se han sacado, digamos, de estas fases anteriores, y cómo se podría encarar, cómo se encararía la sexta ola. Gracias.
Portavoz.- Gracias, José M.
Ha hecho usted varias preguntas en una misma y de un asunto de vital importancia y de interés para ustedes, para los medios de comunicación, pero también para la ciudadanía, intentaré responder a todo.
En primer lugar, en un marco de prudencia, prudencia que ha imperado en toda la gestión de la pandemia, en sus distintas olas, desde el primer momento, la determinación y la implicación del Gobierno de España en el Estado de Alarma hasta en este último momento, prudencia que es importante a todos los efectos y de todos, pero especialmente del Gobierno de España.
En aras a esa prudencia, me van a permitir que no entre a la concreción de algunas cuestiones que el Gobierno planteará y abordará en el seno de esta reunión, que ante todo, pretende ser una reunión de puesta en común, de análisis de la situación, no les oculto que, como es evidente en los últimos días, la incidencia acumulada ha sufrido un incremento en nuestro país y en ese contexto es donde el presidente del Gobierno decide convocar la Conferencia de Presidentes. Esta sería la XIX que se ha convocado en este periodo, precisamente, para abordar la gestión de la pandemia.
Empezando por el final, que es esto que usted me preguntaba, de cómo valoramos esa relación que hemos mantenido entre todas las administraciones a lo largo de estos más de veinte meses de gestión de la pandemia y de la situación de emergencia, en un primer momento, de sostenimiento de la situación, en un segundo momento y sobre todo, en esta última parte, de la gestión de la misma que ha tenido que ver con la vacunación, el Gobierno lo valora de manera muy positiva, de manera muy positiva, no solo en la relación de todas las administraciones, sino también en la implicación de la ciudadanía española.
Y eso es quizás el segundo mensaje después del de prudencia. La ciudadanía española ha sido ejemplar. El Gobierno está orgulloso de cómo, desde los más pequeños, los niños en las escuelas, hasta los más mayores, que tanto sufrieron en un primer momento en las residencias, en los centros de mayores, en la soledad de sus hogares, hemos afrontado un momento excepcional, especialmente duro y en el que todos hemos sufrido mucho. Pero hemos salido de esta, estamos en un momento distinto al que estuvimos en otros momentos. Hoy, fruto de esta relación, de estos trabajos, del apoyo de la ciencia, podemos decir que estamos más preparados, que tenemos más instrumentos y, sobre todo, que tenemos más experiencia.
Y yo creo que la Conferencia de Presidentes va a ser un buen momento para poner en valor esas nuevas herramientas que tenemos después de 20 meses de gestión de todas estas dificultades excepcionales, que es esa mayor experiencia, que es ese mayor conocimiento, sus mayores instrumentos.
Y ¿qué es lo que mejor ha funcionado en nuestro país, a diferencia de otros países?, ha sido la vacunación y la prevención, y por tanto esa sigue siendo la hoja de ruta del Gobierno, el estar muy pendiente del proceso de vacunación, y el de no olvidarnos de la prevención, de la prevención individual, de cada uno de nosotros y de las reglas que todos sabemos, desde las autoridades sanitarias hasta individualmente, cada uno de nosotros, que han estado funcionando hasta ahora.
Ese es el planteamiento que el Gobierno lleva a la Conferencia de Presidentes, el escucharnos todos, el poner en contexto la situación de los distintos territorios, que es cierto que tampoco es la misma en todo el contexto de nuestro país, y el analizar las diferentes circunstancias, el valorar medidas y ponernos objetivos, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero sobre todo con la certeza de que hoy el momento es distinto a hace un año, que tenemos instrumentos muy diferentes.
Miren, al final, cuando acudimos a los datos, se evidencia ese valor que tiene nuestro país, en el esfuerzo que hemos hecho por la vacunación, que vamos a seguir haciendo y que estamos implementando ahora con los más pequeños.
Y es en el en el tramo de edad de los de las personas mayores de 70 años, los que fueron en primer momento nuestra máxima preocupación, porque ahí es donde estaba la mayor mortalidad, los mayores fallecimientos, hoy esa población mayor de 70 años tiene ya, en un 83,7% su tercera dosis o dosis de refuerzo. Y es precisamente en este tramo de edades donde el menor está siendo la incidencia, donde menor está afectando esta nueva variante, que es lo que está propiciando estas mayores incidencias.
Por tanto, prudencia y tranquilidad en la confianza de que las administraciones públicas hemos estado, hemos sido determinantes en los peores momentos, hemos sido capaces de acordar, de marcarnos objetivos, de cumplir, que esto es muy importante, de cumplir esos objetivos y que, además, nos sentimos acompañados por la sociedad española, por la ciudadanía española, que ha dado un claro ejemplo a todo el mundo de compromiso, de responsabilidad y de confiar, como lo ha hecho el Gobierno, en la vacunación y en la protección, para prevenirse, para cuidarse a uno mismo y para cuidar a nuestro entorno.
Y esta sería la posición e igual me he extendido más de lo que es mi costumbre en la respuesta, pero intuyo que será el interés de todos ustedes esta cuestión, y quizás con esta primera exposición haya dado respuesta a otras preguntas que se puedan suscitar a continuación.
Ketty
Pregunta.- (Ketty Garat. The Objetive) Gracias, portavoz. Buenas tardes, ministras.
Yo le quería preguntar, insistir, aunque entiendo que nos volverá a repetir la primera intervención, pero insistir en por lo menos, conocer si el Gobierno acudir con una propuesta concreta a la reunión de mañana miércoles o no, si va a haber un plan por parte del Gobierno de la nación, del presidente Pedro Sánchez en recomendación a las comunidades autónomas o por el contrario, va a dejar que sean ellas quienes decidan, porque precisamente los datos son diferentes según los territorios, qué medidas tienen que aplicar.
Luego le quería preguntar a la ministra de Justicia, también en su condición de juez, si se pueden plantear dudas jurídicas por el toque de queda, precisamente por la sentencia del segundo Estado de Alarma que declaraba inconstitucional parte de ese Estado de Alarma, de ese decreto, pero, sobre todo, la cuestión referida a los toques de queda y a los cierres perimetrales implantados por las comunidades autónomas.
Y en último lugar, les quería preguntar también a la portavoz en relación a las mascarillas. Nos ha hablado de la prórroga del mantenimiento del IVA super reducido, pero dado que 2 de las 3 ministras que hay en la mesa llevan mascarillas FP2 y no mascarillas higiénicas o quirúrgicas, no es el caso de la ministra de Justicia, quería saber si no se han planteado o replanteado el hecho de ampliar esa reducción del IVA también a este tipo de mascarillas que son, de hecho, las más utilizadas a día de hoy por la población española. Gracias.
Portavoz.- Muchas gracias, Ketty.
Pues sí, como les decía, el planteamiento que el Gobierno lleva a esta Conferencia de Presidentes es el trabajo colaborativo, conjunto, de escucha, y de compartir la decisión y, por tanto, las decisiones que surjan en el seno de la Conferencia serán decisiones compartidas, deseando el acuerdo en su máxima expresión, pero también atendiendo a una realidad que es la de nuestro país, como un estado autonómico, con competencias muy delegadas en materia sanitaria, y, por lo tanto permiten a las comunidades autónomas, como así están haciendo, como han hecho, ir tomando diferentes decisiones al respecto de la gestión, entre otras cosas porque la afectación no es la misma en los territorios que en otros, las infraestructuras y los recursos no son los mismos en unos territorios que en otros, pero entendiendo que, efectivamente, el conjunto de España necesita de la respuesta de todas las administraciones en un asunto tan importante como este.
El Gobierno se apoya, como saben ustedes, siempre, las decisiones colegiadas compartidas. Además, quiero indicar algo que no hice en la primera intervención en relación a esta cuestión. Mañana nos vemos en una reunión de Conferencia de Presidentes, el presidente del Gobierno con las comunidades autónomas, pero es que, desde el 20 de marzo del año 2020 hasta hoy, 21 de diciembre del año 2021, ni el Gobierno, ni las comunidades autónomas, han dejado de trabajar ni han dejado de hablar.
En todo momento, hemos estado trabajando, hemos estado hablando, hemos estado actuando, hemos estado cumpliendo objetivos.
Es cierto que no siempre al nivel de los presidentes, pero todas las semanas se han ido reuniendo las distintas comisiones, el Consejo Interterritorial, la Comisión de Salud Pública y también, una comisión de seguimiento, en la que se participaba el presidente del Gobierno, donde analizamos la situación.
Por tanto, incluso cuando estábamos el mejor escenario del que hoy tenemos en cuanto a la incidencia, cuando la incidencia acumulaba no ocupaba titulares ni espacios de televisión ni de radio, los gobiernos autonómicos y también el Gobierno de España, todas las administraciones han seguido trabajando.
Por tanto, en la misma línea de trabajo, de colaboración y también en la misma fórmula a la que hemos venido trabajando cuando hemos debido adoptar medidas, trabajaremos en esta próxima sesión de la Conferencia de Presidentes.
Respecto a la mascarilla, el consenso también en aquel momento, en el ámbito de la Conferencia Interterritorial y en los acuerdos que se llegaron las comunidades autónomas fue la reducción del IVA en esta cuestión de las mascarillas quirúrgicas, que son las que resultan obligatorias y antes les hablaba del coste para los servicios sanitarios, de lo que vamos a asumir con el impuesto cero a la importación de esos productos, en el caso de las mascarillas son 88 millones de euros, lo que significa esa reducción impositiva, y que por tanto es un esfuerzo que hacemos todos, que compartimos con la sociedad española.
Ministra, no si quieres apuntar algo acerca de la cuestión más jurídica y de ordenación de los derechos.
Sra. Llop.- Bueno, lo más jurídico que puedo decir en este momento es que yo ya no soy juez, desde hace varios años que me estoy dedicando a la política, y creo que no es bueno, además, por mi parte, no sería bueno, confundir en ese sentido, porque yo ahora me dedico exclusivamente a la política, estuve en excedencia, luego en servicios especiales, y por lo tanto no se debe apelar a mi condición de juez, o al menos yo no debo reivindicar esa condición de juez y soy escrupulosamente respetuosa con la separación y la división de poderes.
Y en cuanto a lo que plantea de toques de queda, bueno, pues no sabemos, mañana en la Conferencia de Presidencias, qué es lo que se va a proponer, cuáles son esas medidas coordinadas, y luego las medidas que cada gobierno autonómico, en el ámbito de su autogobierno y de su competencia, podrá adoptar en cada uno de sus territorios, también, teniendo en cuenta las propias singularidades y sensibilidades territoriales que hay en cada autonomía, que luego, como sabe, si afectan a derechos fundamentales, deberán ser ratificados por los tribunales superiores de Justicia, y, si no hay un acuerdo y se necesita unificar criterios, se acudirá al Tribunal Supremo, que es el órgano judicial competente de la jurisdicción ordinaria, competente, el Alto Tribunal, para unificar esos criterios, y en eso estuvo el Gobierno trabajando, para hacer estas modificaciones legales, que dotasen de seguridad jurídica a la hora de adoptar este tipo de medidas.
Así que estaremos a la espera de lo que mañana se decida.
Portavoz.- Sandra, y terminamos ya con esta parte.
Pregunta.- (Sandra Gallardo. RNE) Sí, hola, buenas tardes.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios están criticando que se convoque a dos días de Navidad la Conferencia de Presidentes. ¿Por qué no se ha hecho antes, creen que esta reunión ha llegado tarde? y por otro, me ha llamado personalmente la atención que en su intervención inicial no haya hecho ninguna mención a la situación de la pandemia. No sé si comparten, por ejemplo, el análisis o el calificativo que ha usado el presidente de la Generalitat, que es el que primero ha adoptado medidas, en que la situación es crítica. No sé si ustedes comparten también que la situación es crítica. Gracias.
Portavoz.- Apelando a esa prudencia a la que hacía mención al comienzo de mi intervención, nuestras palabras y nuestras impresiones condicionan la vida de muchas personas que hoy están expectantes, en primer lugar, en cuanto a su organización personal, familiar y también en sus negocios, y, por tanto, creo que es muy importante no especular y tampoco generar falsas expectativas o falsas, no sé cómo calificar a esa opinión de los grupos cuando dicen que llega tarde.
Si algo nos ha enseñado la pandemia es a la prudencia, a la expectación y al trabajo diario. Y, por tanto, no hemos llegado tarde porque no hemos dejado de estar. No hemos dejado de estar, ni este Gobierno, al que yo represento, el Gobierno de España, ni el gobierno de las comunidades autónomas, ni la ciencia, ni los distintos organismos científicos, ni los distintos órganos que apoyan también a las comunidades autónomas en la gestión de sus datos cada día, ni el sistema sanitario en todas las comunidades autónomas, médicos, sanitarios, en el ámbito hospitalario y de la atención primaria, que no han dejado de trabajar en todo este tiempo.
Por tanto, no hemos llegado tarde porque nunca habíamos dejado de estar.
Eso yo creo que es muy importante, porque podríamos dar una falsa sensación a la ciudadanía que algo tan valioso como su salud, en lo que todos más valoramos, y, por tanto, permítanme que con esta rotundidad haga esta aseveración.
Lo que ha cambiado en los últimos días, en las últimas horas, es un incremento en la incidencia como consecuencia de la aparición de una nueva variante, que no lleva ni un mes entre nosotros.
Y lo que hemos hecho durante todo este tiempo y yo les ha ido dando cuenta de ello, es ir viendo la evolución, la tendencia de esta variante en nuestro país, que, si ustedes hacen la comparativa en el contexto europeo internacional, habrán visto que ha sido muy distinta. Y lo que ha llamado la atención del Gobierno y el contacto con las comunidades autónomas es que, efectivamente, no hay que obviarlo, se ha producido un incremento en la incidencia.
Ahora, ¿estamos igual que hace un año? No, rotundamente, no, hace un año nadie, a estas alturas, se había vacunado. Hoy les estoy diciendo que el 83,7% de las personas de más de 70 años en nuestro país han recibido su tercera dosis y que justo es ahí donde se observa la mínima incidencia.
¿Qué quiere decir esto? Que la vacunación está funcionando, que nos está protegiendo, que está evitando hospitalizaciones y que, por tanto, hay que prestar mucha atención a cómo está evolucionando esta nueva variante en la afectación, en la incidencia, en la hospitalización, en las camas de UCI.
Y todo este trabajo es el que vamos a poner en contexto, en común, el presidente del Gobierno, con las comunidades autónomas. Vamos a escuchar a todas las comunidades autónomas, las estamos escuchando con atención, algunas de ellas ya se han posicionado y no todas piensan igual, no todas tienen la misma situación en sus comunidades autónomas.
El Gobierno es muy respetuoso con las decisiones que va adoptando cada una de las comunidades autónomas, y, lo que pretendemos, en aras a la tranquilidad de la ciudadanía española, es intentar acomodar en lo máximo posible un mínimo denominador común en todo aquello en que podamos trabajar de manera coordinada y común, y donde haya que actuar de manera específica, en cada comunidad autónoma, como se ha venido haciendo, o como ya están haciendo algunas de ellas, pues absoluto respeto y confianza en sus gobiernos, en los sanitarios y en las personas que están llevando a cabo este trabajo.
Por tanto, creo que lo importante de cómo hemos gestionado toda esta pandemia desde el principio, desde la declaración del Estado de Alarma hasta el día de hoy, ha sido en la confianza en las administraciones, en las instituciones, que estuvimos con determinación en el momento en que hubo que tomar y adoptar decisiones muy difíciles, cuando no teníamos ni la experiencia, ni los instrumentos, ni los mecanismos que hoy tenemos, y que hoy, con más experiencia, con más instrumentos, con más conocimiento, vamos a poder adoptar decisiones distintas, siempre con el mismo objetivo que entonces, que es cuidar de la salud pública española.
Eso es lo que espera el Gobierno de la próxima Conferencia de Presidentes, que adoptemos medidas, que nos marquemos objetivos, porque hemos notado y hemos percibido que cuando nos marcamos objetivos, los cumplimos y trabajamos de manera coordinada y ordenada, e insisto, el Gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento, como no lo han hecho las comunidades autónomas, como no lo han hecho el personal sanitario.
Y también quiero insistir, como la ciudadanía española no ha bajado la guardia en todo este tiempo, siendo ejemplar en el contexto también europeo, en mecanismos de protección, se permitió el no uso de las mascarillas en la vía pública, a menos de metro y medio de distancia, y la ciudadanía española ha seguido con esa indicación, para protegerse a sí misma, para proteger a sus familiares.
Por tanto, sosiego, comprendiendo su interés informativo, que es también el interés de la ciudadanía. Entiendan también la prudencia con la que entendemos, nos tenemos que expresar por parte del Gobierno de España, cuando estamos hablando de la salud pública y del interés de las personas que nos escuchan y que nos ven en este momento.
Lo importante es cuidarnos, es utilizar la experiencia, todo aquello que ya ha funcionado, la prevención, la distancia, la higiene, insistir en la vacunación, estamos haciendo un esfuerzo con los niños y con las personas mayores y vamos a ir concentrando esos objetivos y esas medidas en la próxima reunión, que va a ser en unas horas y de las que daremos cuenta al finalizar.
Mariano.
Pregunta.- (Mariano Alonso. ABC) Gracias. Buenas tardes.
Portavoz de sus palabras, cuando usted habla de la comparativa con el año pasado, que no estamos igual, cuando usted hace la comparativa con los países extranjeros, se infiere y parece que usted lo dice por pasiva, pero no por activa, que algunas medidas como las que ha propuesto el gobierno autónomo de Cataluña, serían exageradas, porque, por ejemplo, el toque de queda es una medida del año pasado y por lo tanto, si la situación es distinta, las medidas entiendo que tendrían que ser distintas. No sé si usted considera que esa medida sería exagerada.
Y, por otro lado, cambiando de asunto, le quería preguntar por lo que ha sucedido hoy en los juzgados de San Sebastián, donde declaraba el ex jefe de ETA, Mikel Antza, por su implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez y donde han acudido una treintena de miembros de Euskal Herria Bildu y de Sortu, algunos miembros históricos como Rufi, Etxeberria, u otros miembros del Consejo Nacional de Sortu, el partido que ha dado apoyo al Gobierno en los presupuestos, si esto le merece alguna valoración, sobre todo semanas después de que se anunciase el final de los homenajes a etarras. Muchas gracias.
Portavoz.- En relación a la última cuestión, he de reconocerle que no he visto la información ni he seguido el incidente, pero desde luego, aprovecho la ocasión, para manifestar nuestro apoyo siempre del lado de las víctimas, agradecer el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años de democracia para que hoy estemos en un proceso de 10 años sin violencia, por parte de la banda armada, y por lo tanto podamos vivir en paz también en nuestro en nuestro país, y esta creo que es la valoración que puedo hacer desde el Gobierno.
Saben ustedes también cuál es nuestro posicionamiento en relación a cualquier acción de enaltecimiento del terrorismo, que es reprobada, y, por tanto, no añado nada más a esta cuestión, porque, efectivamente, no la he seguido, no la puedo valorar.
Y en relación a la opinión del Gobierno acerca de las decisiones que han adoptado otras comunidades autónomas, he dicho a lo largo de las tres preguntas anteriores que me han hecho sus compañeros, que el Gobierno muestra el máximo respeto a la autonomía, en el ámbito de las competencias sanitarias, a las medidas que puedan, en un momento dado, proponer otras comunidades autónomas, por tanto, respeto, es la palabra que he utilizado y es la palabra que reitero, respeto.
Mañana, seguramente la Generalitat de Catalunya, como el resto de gobiernos autonómicos, expondrán su posición y será escuchada por todos los presidentes autonómicos y por el presidente de España.
Y nada más que añadir, más allá de reiterar que efectivamente no estamos igual, estamos más preparados, tenemos más experiencia, tenemos más instrumentos y eso es lo que el Gobierno, y en ese contexto, es como el Gobierno quiere trabajar esta Conferencia de Presidentes.
Pero insisto, el Gobierno no puede cuestionar a priori la propuesta de ninguna comunidad autónoma, porque nos hemos reunido, porque queremos escucharlas, queremos atenderlas y queremos valorar entre todos ese mínimo común denominador que pudiera ser aplicable al contexto de todo el territorio nacional.
Mercedes
Pregunta.- (Mercedes Serraller. Vozpopuli) A la vicepresidenta Ribera, le quería preguntar qué va a pasar con la reducción del 96% de los conocidos como cargos de la factura, a partir de enero.
Y a la ministra de Justicia, y bueno, usted ha hablado sobre unas posiciones esenciales del Consejo de Estado a la norma, si nos podía comentar en qué sentido y qué ocurre si entendemos que se mantiene el privilegio del crédito público, porque esto sigue manteniéndose, cuando precisamente la Comisión Europea, que esto se hace en amparo del Plan de Recuperación, pide que no sea así.
Y usted habla también de zombificación, que se quiere evitar, y, bueno, pues no sé, con esta nueva prórroga hasta junio, que son casi 27 meses como moratoria concursal, como está esa situación, como lo tienen analizado, si no nos preocupa esta zombificación. Muchas gracias.
Portavoz.- Vicepresidenta.
Sra. Ribera.- Muchas gracias Mercedes, por la pregunta y la orden por la que se establecen los cargos para el año 2022, está terminando su tramitación, de hecho, está previsto que vaya a la Comisión Delegada al Gobierno en Asuntos Económicos este jueves, pero ha sido ya tramitada de forma amplia, incluido el trámite de información pública y ha pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La propuesta que nosotros remitimos inicialmente, y veremos si se producen algún tipo de ajuste, es mantener un nivel de reducción equivalente al que ha representado la reducción en el último trimestre, pero ponderado a lo largo del año, de tal modo que podamos velar por el equilibrio del sistema, sabiendo perfectamente que lo que importa en estos momentos es la apuesta en favor de los ciudadanos, como hemos hecho con la reducción fiscal, y, por lo tanto también hacer un esfuerzo para que se produzca una reducción significativa de los cargos.
En estos momentos, la propuesta que se está manteniendo es una reducción del 30%, no por un trimestre, sino a lo largo de toda la anualidad, lo que representaría precios de hoy, estimados por el concepto cargos, un pago de alrededor de 7 euros por factura eléctrica.
Pero como digo, está todavía en tramitación y hasta que no haya pasado por la Comisión Delegada Gobierno, hasta que no haya sido culminada la tramitación y por tanto, la firma antes de fin de año y publicado en el BOE, todo es provisional.
Sra. Llop.- Voy a empezar por el tema de la zombificación. Bueno, yo he dicho que es lo que no se trataba era de mantener a cualquier precio, bajo cualquier coste, la actividad de las empresas, sobre todo de esas empresas que fueran viables, y, precisamente porque lo que está claro es que cuando se aboca a empresas a procedimientos de liquidación, que es lo que tenemos ahora vigente, es que no tenemos un buen sistema concursal vigente, por eso lo estamos reformando, y como no tenemos este buen procedimiento concursal vigente, las empresas se están viendo abocadas a una liquidación, cuando sin embargo podrían ser viables.
Entonces, esa es la razón de esa moratoria concursal que se prorrogará en tanto no entre en vigor esta reforma del texto refundido y de transposición de la directiva.
Por otra parte, coincidiendo con las observaciones esenciales, tengo que decirle que es verdad que ha surgido una polémica, yo no voy a evitar este debate, una controversia, digamos, sobre la afectación del crédito público.
Pero también es verdad que el texto refundido de la Ley Concursal no contemplaba la afectación del crédito público. Es cierto que algunos juzgados de lo mercantil, no todos, algunos juzgados de lo mercantil, entendían que esta era una regulación ultra vires, es decir, que se iba más allá de lo que puede regular un texto refundido y aplicaban motu proprio la afectación al crédito público.
Pero también es cierto que el artículo 23 de la directiva, donde se habla de las deudas que pueden quedar exonerados, no contempla, expresamente, la afectación al crédito público, pero tampoco lo prohíbe con carácter expreso.
Y que, además, el artículo 81 de la directiva, dice que los estados miembros deben poder excluir otras categorías de deudas cuando esté debidamente justificado.
Nosotros consideramos que puede estar debidamente justificado por el sistema que tenemos en nuestro país de seguridad social, por ejemplo, el sistema de pensiones, como la mayor parte de las pensiones, no son planes de pensiones privados, son pensiones públicas, a diferencia de lo que ocurre en otros países que tienen esta afectación al crédito público.
Por lo tanto, tengo que decir que nosotros hemos entendido que la afectación al crédito público se tiene que hacer, pero se ha limitado en el texto de la ley y se ha limitado cuantitativamente a unas cantidades de mil euros por deudas a la Seguridad Social y otros mil euros relativos a las deudas de Hacienda.
También tengo que decirle, todavía esto va a ir a trámite parlamentario, y no sabemos que es lo que ocurrirá, pero estamos convencidos de que hemos hecho una buena y una correcta transposición de la directiva en esos términos.
Portavoz.- Muy bien. Juanma. Y terminamos con esta.
Pregunta.- (Juanma Romero. El Periódico de Catalunya) Si, hola buenas tardes, ministras, vicepresidenta.
Yo quería preguntarle, incidiendo en el asunto de la pandemia, ha comentado que respetan las medidas adoptadas por las comunidades autónomas y, como bien decía, varios presidentes autonómicos han hecho sus planteamientos, pero no cree que, a dos días de la Nochebuena, los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son las medidas que propone el Gobierno de España para intentar atajar la sexta ola, cuáles son las medidas que va a llevar el Gobierno, si está de acuerdo o no con el tema de la mascarilla en el exterior, si va a proponer una limitación de aforos, o un cierre de ocio nocturno a una determinada hora… Cuál va a ser el planteamiento que lleve el presidente del Gobierno mañana.
Y luego también una reflexión o autocrítica por parte del Gobierno, porque hemos venido preguntando los periodistas en las últimas semanas sobre si hacían falta intensificar medidas, el viernes pasado incluso preguntamos, ustedes nos decían que no, que vacunación y mascarillas, pero, sin embargo, nos encontramos con una convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes el sábado, y una declaración institucional del presidente el domingo, donde, por cierto, tampoco se nos habla de medidas, quería preguntarles que ha pasado para que, de un día para otro, el Gobierno haya cambiado de postura y haya decidido proponer, no sabemos si proponer medidas, o al menos coordinar medidas, con las comunidades autónomas. Por qué este giro del Gobierno. Gracias.
Portavoz.- Proponer y coordinar medidas con las comunidades autónomas, insisto, es lo que el Gobierno viene haciendo desde el 15 de marzo del año 2020.Por tanto, no hay ninguna novedad al respecto.
Esta sería la 19 ocasión en que se va a reunir la Conferencia de Presidentes, dice usted en las últimas semanas, hace 5 semanas no conocíamos Ómicron, hace 5 semanas no la conocíamos y por tanto, hace 5 semanas no podíamos pensar en Ómicron.
En las últimas 4 semanas hemos estado viendo la evolución de Ómicron, nosotros, las comunidades autónomas, en el ámbito sanitario.
¿Qué se ha producido para que se puedan valorar la intensificación de las medidas? Que se ha intensificado la incidencia como consecuencia de la aparición de una variante que hace unas semanas no existía.
Pero insisto, con lo que comenzaba al comienzo de mi intervención, precisamente porque estamos en fechas importantes, previas a la Navidad, creo que la prudencia es lo que nos ha traído hasta aquí, la prudencia entre las administraciones, la leal colaboración y la prudencia de los españoles y de las españolas. Y podemos presumir de ser un país donde, a diferencia de otros, hemos hecho esfuerzos muy importantes que nos han permitido estar donde estamos, en un escenario muy distinto al de hace un año, con mayor experiencia, con mayores instrumentos y, por tanto, con un modo distinto de afrontar una dificultad que tenemos en este momento, y es que tenemos una nueva variante de tantas, una nueva ola, de seis que llevamos y que todas ellas, con la colaboración leal de todas las administraciones y el apoyo y el impulso de los ciudadanos españoles y españolas, hemos conseguido sacar adelante. Y esa es la disposición que lleva el Gobierno a esta próxima reunión.
Por tanto, prudencia y tranquilidad, daremos cuenta de los acuerdos que allí alcancemos, sabiendo de la dificultad y del momento que vivimos desde el punto de vista de las relaciones personales, con motivo de la Navidad, y de las repercusiones económicas que cada una de nuestras medidas puedan tener y por tanto, valorando todo eso, y en ese contexto, pues los ciudadanos mañana tendrán una respuesta.
Pero, ya les digo, que desde la prudencia y desde la máxima tranquilidad, con la responsabilidad de saber que en ningún momento se ha dejado de trabajar, ni desde la ciencia, ni desde las administraciones, ni desde los equipos sanitarios, que han hecho un esfuerzo extraordinario.
Les reitero el último dato que les daba en el día de hoy 85,3% de las personas mayores de este país tienen puesta su tercera dosis. Comprueben este dato con otros países de nuestro entorno y entonces podremos valorar el esfuerzo que España ha hecho y sentirnos orgullosos como españoles y españolas de haber logrado ese éxito.
Muchas gracias, y si no les veo antes, que pasen una feliz Nochebuena, con toda la precaución y con todas las prevenciones. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)