Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones después de la reunión del Consejo de Ministros

27.12.2019

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La Moncloa

ISABEL CELAÁ, ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones.

Portavoz.- Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta rueda de prensa habitual de los viernes tras el Consejo de Ministros. Esperamos que estén ustedes disfrutando de la Navidad, de unas felices fiestas de Navidad. Les deseamos a todos un feliz año 2020.

Lo que esperamos activamente para este nuevo año es poder, por fin, configurar un Gobierno que resuelva nuestros principales problemas.

Estamos deseando abrir una nueva etapa en la que, como dijo el rey en su discurso de Nochebuena, consolidemos el diálogo, la voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias como nuestros principales valores, valores que --desde luego-- aseguran la convivencia dentro de la diversidad territorial y la pluralidad ideológica de nuestro país.

Un Gobierno que, en estos tiempos de dificultades y de fragmentación, debe ser el resultado de ese compromiso: respetar nuestras legítimas diferencias en el marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Con ese compromiso queremos avanzar y progresar.

Proponemos -como ustedes bien conocen-- un Gobierno de progreso en el que la igualdad, la justicia social, el feminismo, el ecologismo y el europeísmo sean motores de nuestra acción; un Gobierno que mire al futuro y deje atrás este tiempo de bloqueo.

Pese a las circunstancias, la acción ejecutiva del Gobierno no se ha detenido, ustedes lo saben.

Quiero mencionar sólo algunos ejemplos de los pasos adelante que se han dado durante este 2019, y expresamente deseo resaltar el esfuerzo y la seriedad con la que cada Ministerio ha venido trabajando:

• Se ha aprobado la mayor oferta de empleo público desde 2008 con la subida de la retribución de los empleados públicos.
• Ha habido una reversión de los recortes en Educación y la presentación de una nueva ley educativa que --entre otras cosas-- derogaría la LOMCE.
• Hay una presentación de la agenda del cambio y un marco estratégico de energía y clima.
• Y un plan -que ya ha empezado a ejecutarse-- para la sustitución de concertinas en las fronteras.
• También, hay un Plan director para un trabajo digno.
• Y, un plan de retorno para el regreso de los exiliados.
• Además, hay un plan estratégico de formación profesional.
• Equiparación progresiva hasta 2021 de los permisos de maternidad y paternidad.
• Inversión e impulso en la protección de las víctimas de violencia de género. Hoy precisamente, tal y como nos ha informado la vicepresidenta del Gobierno, se cumplen15 años desde la aprobación de la Ley.
• Hay una autorización, también, para las Comunidades y Ayuntamientos, para que puedan reinvertir este año el superávit de 2018.

La lista es amplísima, pero yo no pretendo hacer exhaustiva la enumeración, no es cuestión de ello. Simplemente, se trata de certificar que este Gobierno ha gobernado, ha trabajado, ha venido trabajando durante todo el tiempo, y, aunque todos seamos conscientes de la situación actual, es el Ejecutivo que también ha podido culminar el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica con todas las garantías; y que ha organizado con gran éxito la Cumbre del Clima.

Ahora, cuando vamos llegando a 2020, nuestra voluntad es poner en marcha una potente agenda legislativa que ya está preparada, que incremente la protección de los más desfavorecidos, atienda las necesidades de la gente, y renueve la confianza perdida.

Es así como encaramos estos próximos días. Cada jornada es importante para alcanzar los consensos necesarios, ponernos a trabajar y salir de las incertidumbres, de la incertidumbre social política y económica que nos amenaza.

En términos económicos, está claro que hay que tomar decisiones inmediatas.
El bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables, de los trabajadores, depende en gran medida de que los políticos cumplamos nuestros compromisos.

El proyecto de Pedro Sánchez ha obtenido varias veces este año el respaldo de la ciudadanía en las urnas. Esas victorias, esos millones de votos que las han hecho posible, deben cristalizar de manera rápida, en un Gobierno que ponga en marcha el programa de medidas que necesita España.

Salir del bloqueo es una responsabilidad pero una responsabilidad, desde luego, de quien ha ganado las elecciones pero lo es, también, del resto de fuerzas parlamentarias, de todas. De todos los grupos políticos, porque todos los grupos políticos somos responsables de que las instituciones se pongan en funcionamiento. Necesitamos al Gobierno pero, también, necesitamos a la oposición.

Las Cortes deben empezar a cumplir su función. Los organismos e instituciones públicas pendientes de renovación deben recuperar la normalidad. El bloqueo porque sí, la obstrucción por la obstrucción son propios de fuerzas antisistema, más de ellas que de partidos con vocación institucional.

En el ámbito político ese ha de ser el sentido de nuestros actos: Asumir nuestra responsabilidad, la de cada uno de los partidos y grupos --ahora creo que son 10-- que configuran el actual marco parlamentario.

Y en el ámbito judicial dejemos que los tribunales actúen conforme al principio de legalidad. No seríamos una democracia plena si no creyésemos en la separación de poderes y, más todavía, si confundiéramos la justicia con el interés particular.

Conviene recordar que fue el propio Tribunal Supremo el que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Luxemburgo es el intérprete supremo del Derecho de la Unión Europea, y lo lleva siendo durante 68 años. Este Tribunal con sede en Luxemburgo no es una instancia extranjera, no es el ejecutor de un Código Penal impuesto a los españoles. No hay dos justicias, hay solo una, porque España es miembro pleno de las instituciones europeas, y los jueces europeos son tan nuestros como los nacionales.

España asumió los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde su integración en Europa en 1986. Desde entonces, el Derecho de la Unión Europea forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y tratar de devaluar la justicia de la Unión Europea, que es la justicia de todos, es quebrar, precisamente, nuestra principal fortaleza, que es la unión, el activo esencial por el que luchamos cada uno de los Estados miembros.

Las decisiones de este Tribunal no pueden ser consideradas como un varapalo para la justicia española, muy al contrario. Son una confirmación de su naturaleza garantista.

Ahora, el Supremo hará su trabajo, que es aplicar la ley con proporcionalidad y de acuerdo a los principios de legalidad que emanan de la Constitución y del propio Tratado de la Unión Europea. Y los políticos hemos de hacer el nuestro, que no es otro que darle al país el gobierno que necesita, dar respuestas políticas a los problemas y a nuestros desafíos.

Con ello entramos ya en el contenido del Consejo de Ministros de esta mañana.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado inversiones para la reparación de daños sufridos en los ámbitos de la Confederaciones Hidrográficas del Segura, del Júcar y de zonas costeras afectadas por la intensidad de las lluvias de la depresión aislada en niveles altos --la llamada DANA, recuerdan ustedes-- de septiembre de 2019. Esto supone 62 millones de euros, de los cuales: 46,6 se dedicarán a la Confederación Hidrográfica del Segura para reparar infraestructuras, ríos, cauces, ramblas, en las provincias de Alicante, Murcia, Almería y Albacete.

Para la Confederación Hidrológica del Júcar se destinarán 3,9 millones de euros para reparaciones similares en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

También 11,4 millones de euros se dedicarán a reparar zonas costeras de las provincias de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada y Málaga en playas, arenales y zonas litorales.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de prórroga tributaria, catastral y de Seguridad Social. En concreto, el Gobierno al utilizar este instrumento legal, al no haber podido tramitar estas cuestiones por la vía parlamentaria ordinaria, al encontrarse en funciones.

Este Decreto engloba cuestiones de diferentes ámbitos: unas, relativas a la fiscalidad dependiente del Ministerio de Hacienda; otras, sobre Seguridad Social, bajo responsabilidad del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En relación a la fiscalidad, hay una prórroga de límites de exclusión para tributar los autónomos manteniendo lo que hasta ahora venían teniendo, la fórmula en la que venían tributando.

Además, hay una prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020.

Además, hay una actualización de los índices catastrales, es decir el Real Decreto-ley incluye la aprobación de los coeficientes de actualización --al alza o a la baja-- de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020. Esto importa, sobre todo, a los ayuntamientos --como ustedes saben-- porque tiene que ver con sus tasas y cotizaciones. Esta medida es consecuencia de la prórroga presupuestaria, por lo que resulta necesario que los coeficientes se actualicen antes del 31 de diciembre de 2019.

En materia de Trabajo, Migración y Seguridad Social se prorroga lo siguiente: primero, hay una revalorización de pensiones, que se hará al 0,9%, habida cuenta de que ese ha sido el IPC de 2019 -como ustedes bien saben-y se hará una única revalorización en el momento preciso que se configure el nuevo Gobierno. No se hacen dos, una a 0,25% y otra por el resto, al 0,9%, lo cual sería hacer otra revalorización al cero coma sesenta y algo, primero, por lo que supone esto de gasto en términos, no solamente de coste económico sino, también, de infraestructura, de logística, para hacer la liquidación.

Por tanto, lo que se hace con las pensiones habida cuenta de que efectivamente hubo una recuperación del poder adquisitivo de las pensiones cuando se elevó al 1,6% --cifra de la revalorización, la que hemos hecho este año al 1,6% y al 3% las más bajas--, y el IPC de 2019 es del 0,9%, por tanto, la revalorización se hará al 0,9%, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Sobre Salario Mínimo Interprofesional les digo algo parecido, es decir, el salario mínimo interprofesional se fijará para 2020 conforme al diálogo social que ha de mediar entre -obviamente-- los representantes de los trabajadores y los empresarios, y así se fijará el Salario Mínimo Interprofesional para 2020. Por tanto, luego se regulará conforme se ha hecho en otras ocasiones.

Y, también se prorroga la llamada cláusula de salvaguarda de las pensiones, lo que beneficiará a unos 26.000 trabajadores que tenían esas pensiones fijadas hasta 2011 y, por lo tanto, aquellos que hubieran perdido su empleo antes de agosto de 2011 podrán seguir acogiéndose a las condiciones de jubilación previas a esa fecha.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva tarifa que permite calcular la prestación que abonan las centrales nucleares por la gestión de sus residuos. Ha fijado en 0,798 céntimos de euro por kilovatio-hora la tarifa unitaria que sirve para calcular la prestación que las empresas titulares de centrales nucleares tienen que abonar a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, llamada ENRESA, como ustedes saben.

Esta financiación, esta prestación financia, por ejemplo, los servicios de gestión de combustible nuclear gastado y de los residuos para el desmantelamiento de las instalaciones, o las asignaciones destinadas a los municipios donde se ubican esas centrales. He de decirles que esa tarifa no se había revisado desde 2010.

También, hemos acordado autorizar los contratos de emergencia realizados para la organización de la COP25 en Madrid.

El Consejo de Ministros ha tomado razón -es así como se hace cuestiones así--, de los contratos de emergencia tramitados por el Ministerio de Transición Ecológica -por MITECO-- con motivo de la organización en España, en un tiempo récord, de la 25 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio el Climático, la COP25.

Les adelanto que hemos logrado la segunda COP de menor coste de los últimos nueve años, al tiempo de ser una de las de mayor participación, como ustedes saben.

Como ustedes saben, también, España asumió --con un operativo de urgencia y con carácter de urgencia-- ser anfitriona de esta COP25, habida cuenta de que no se podía celebrar en Chile, y en pocas semanas ---5 o 6 semanas--- resolvió el cómo acogerla y el gasto ha sido de 50 millones de euros a los que habría que añadir los costes derivados del acuerdo de sede con la Convención Marco de Naciones Unidas, unos 3 más.

Estas cifras convierten a la COP25 en la segunda cumbre más económica de los últimos nueve años, tras la COP 19 celebrada en Varsovia, sin perjuicio del retorno económico, que habrá muchísimo retorno económico por la CPO 25, --ustedes recuerden que hemos tenido miles de personas que han venido--, ese retorno económico, las principales beneficiarias, sin duda alguna, serán la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid, capital.

Como digo, sin perjuicio del retorno económico, ha habido diferentes entidades patrocinadoras cuyas aportaciones han cubierto en torno al 20% de los costes previstos. Además, hemos preparado, también, proyectos para que los fondos europeos puedan cofinanciar esta Cumbre.

La distribución de los contratos --por si ustedes están interesados-- es la siguiente:

- El Contrato entre el MITECO y la institución ferial de Madrid, IFEMA, es la que ha sido por un importe de 48.078.258 euros, es decir, la mayor cantidad de los recursos se han invertido ahí, en ese contrato con IFEMA.
- El contrato con la Corporación Radiotelevisión Española para señal de pool de los actos de la COP ha supuesto 850.421 euros.
- El coste, el transporte local de las delegaciones --incluyen do el coste de transporte público gratuito-- ha supuesto 465.625 euros.
- La atención protocolaria para Jefes de Estado, y de representantes de los países miembros, miembros de las Naciones Unidas, ha ascendido a 37.873 euros.
- La programación de actividades y acciones de divulgación de la Cumbre, 26.000.
- Los contratos para el servicio de definición, implantación y evaluación de sistemas de gestión por 16.700.
- Y, finalmente, los servicios de traducción, 21.297.

Estamos satisfechos con la organización y el resultado de esta Cumbre. Y, ahora ya, sí, aquí estoy para sus preguntas.

P.- María Rodríguez, de TVE. Buenas tardes, ministra portavoz. Bueno, termina el año, lo comentaba usted ahora. Hay cuestiones que se van a quedar en el tintero por falta de un Gobierno en plenas funciones, como esa revalorización de las pensiones, del Salario Mínimo o del salario de los funcionarios. Me gustaría saber cuál es la valoración política que hace el Gobierno. Y, en cualquier caso, qué mensaje le lanza a colectivos más vulnerables como el caso de los pensionistas.

Y, sobre la investidura, si la Abogacía del Estado --como parece-- apura los plazos para presentar su escrito, se complicaría una investidura en Reyes. Mi pregunta es si el Gobierno renuncia ya a una investidura el día 5. Gracias.

Portavoz.- Bueno, el mensaje que le mandamos, que el Gobierno manda a las personas más vulnerables del país es el mismo que hemos venido mandando a lo largo del tiempo que venimos trabajando y gobernando. Yo creo que son año y medio, aproximadamente, sí, año y medio. Y es que seguimos trabajando por ello. Seguimos trabajando para hacer políticas sociales y que queremos tener un Gobierno para que todo eso que hemos venido haciendo, y para que todo lo que tenemos preparado para sacar en forma de ley, en cuanto haya Gobierno, se haga cuanto antes. Y para eso venimos trabajando, para eso viene trabajando el candidato y presidente del Gobierno en funciones, y esperemos que sea cuanto antes.

Pero, como les he dicho, es una cuestión que atañe al Gobierno y a la oposición, que atañe a todas las fuerzas políticas que son 350 escaños, y que a todos corresponde poner de su parte.

En relación a apurar los plazos con respecto a la Abogacía del Estado, he de decirle que los plazos que tiene la Abogacía del Estado son, en lo que yo sé, hasta el 2 de enero. Y que, efectivamente, hasta ese momento puede la Abogacía emitir su dictamen, su informe, que es al Tribunal Supremo al que corresponde el tomar la decisión, y el Tribunal Supremo ya ha contado los plazos y ha dado cinco días a cada una de las partes para hacer sus alegaciones. Tiene tiempo, y puede hacerlo. Y, además, bueno, es autónoma para poder tomar y gestionar el plazo como mejor le parezca.

También he de decirle que, efectivamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una sentencia novedosa que cambia la doctrina --como ustedes bien saben--. La doctrina hasta ese momento había sido que cada Estado miembro adoptaba la fórmula que mejor entendiera para poder considerar que una persona ya era europarlamentario. La sentencia ha afirmado que lo es, que tiene inmunidad como europarlamentario desde que es proclamado y, por lo tanto, ese cambio doctrinal requiere un estudio profundo, y ese estudio profundo es el que está haciendo la Abogacía del Estado atendiendo a criterios técnicos, a criterios jurídicos, y conoceremos el contenido de su informe, pues cuando sea emitido.

P.- Juanma Romero, de El Confidencial. Buenos días, ministra. Yo quería preguntarle por una cuestión que nos ha comentado del Salario Mínimo y de las pensiones, si han hablado el Gobierno con los agentes sociales para informarles de que se iba a aplazar la decisión, o que se aplicará con efecto retroactivo, puesto que además así lo exige el Estatuto de los Trabajadores.

También quería preguntarle por la cuestión de la Abogacía del Estado, si, finalmente, saben en qué líneas se pronunciará un poco la Abogacía del Estado a partir de la semana que viene. Entendemos que el lunes podría presentar el informe.

Y, luego, una tercera cuestión. En estas fechas siempre es habitual desde hace casi 15 años el que el presidente del Gobierno comparezca y dé explicaciones ante los medios de comunicación. No lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quería preguntarle por qué ha roto esta tradición, que habían respetado sus antecesores, tanto José Luis Rodríguez Zapatero, como Mariano Rajoy. Incluso, una circunstancia excepcional, como el 2015, cuando estábamos, también, con un Gobierno en funciones. Quería preguntarle porqué ha roto esa tradición. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias por sus tres preguntas. Vamos a ver, el Salario Mínimo Interprofesional --como usted sabe-- el propio presidente del Gobierno en funciones tuvo contacto telefónico con los agentes sociales. Y el propio presidente en funciones llegó a afirmar --yo creo que públicamente--, también, que todo esto estaría sujeto al diálogo social, que quería hablar, que se hablara entre los agentes sociales para determinar el Salario Mínimo Interprofesional y otras cuestiones.

Por tanto, sí. Se puede afirmar que, efectivamente, el Salario Mínimo Interprofesional para 2020 se obtendrá desde el diálogo con los agentes sociales, un diálogo que está orientado ya, efectivamente, pero que saldrá de ese diálogo.

Con respecto al sentido de la Abogacía del Estado, pues mire, no le puedo decir, no le puedo decir más que ya la Abogacía del Estado en junio informó positivamente al Tribunal Supremo en relación a que el señor Junqueras debiera haber obtenido un permiso para poder ir a recoger su acta de eurodiputado, su acreditación como eurodiputado. Ese fue el sentido de la Abogacía del Estado en junio.

Lo que vaya a contener su informe, lo ignoro. También quiero decirle que la Abogacía del Estado tiene una --hasta la fecha-- avalada trayectoria de solvencia, que hemos podido ir reconociendo a lo largo de este año y medio, tanto en lo que se refiere a su propuesta en su día, de tipificación de la pena en las causas del procés, como en lo que se refiere ahora a lo que usted me está preguntando en relación a la acreditación de los europarlamentarios.

Y, en relación a la comparecencia a fin de año del presidente del Gobierno en funciones, he de decirle que yo creo que no se rompe. No sé el precedente que usted me muestra del año 2015, si estaba exactamente en la misma posición. Generalmente, las circunstancias no suelen ser idénticas, pero usted sabe que estamos en medio de una negociación o conversación política con ERC, y que no ha acabado el partido. Y que, por tanto, no tenemos un Gobierno formado. El Gobierno está en funciones, el candidato es un presidente del Gobierno en funciones, y ha parecido que en este momento no era procedente el comparecer, habida cuenta de las circunstancias objetivas de fondo que concurren.

P.- Carmen del Riego, de La Vanguardia. Sí, ministra, usted ha comentado que la investidura, que quieren que sea cuanto antes, atañe al Gobierno, pero también a la oposición. Pero también reconoce que sus conservaciones son sólo con Esquerra Republicana. Me gustará saber, que nos dijeran en concreto, a modo de resumen o de balance, qué cuestiones es lo que hacen imposible que en estos momentos no haya ya una investidura.

Y habla usted también de que los que hacen el bloqueo porque sí son propios de partidos antisistema. Me gustaría saber si incluye en ese grupo al Partido Popular, a Ciudadanos o a qué grupos incluye. Gracias.

Portavoz.- El hecho de identificar o tratar de identificar las razones por las cuales todavía no hay investidura corresponde a quienes están negociando. Yo, desde esta mesa no podría enumerarlas, no podría identificarlas. Simplemente, hay una conversación política, hay una negociación, es lo que corresponde a la política. Si la política no negocia, para qué está la política. Es lo propio de la política. Es la naturaleza de la política. Y, por tanto, esperemos que esa negociación dé un resultado positivo cuanto antes. Y esto, aunque lo diga viernes tras viernes, sigue siendo cuanto antes. Es importante que sea cuanto antes. Pero no podría identificarlas puesto que yo no soy miembros de las fuerzas políticas que están en la negociación.

En relación a lo que se refiere la obstrucción por la obstrucción. La obstrucción por la obstrucción, oiga, lo más constitucional en este mundo es tratar de integrar o encauzar las diferencias para conseguir una convivencia, un arreglo.

Cuando no hay posibilidad de generar ningún otro gobierno, salvo el que se está configurando porque lo demás --ustedes lo saben-- son "cantos de sirena" muy reales, no son reales, porque por mucho que se pueda llegar a hablar de vamos a hacer, ofrecemos hasta tantos pactos de Estado.

Miren ustedes, hemos llegado a este río y para llegar a la otra orilla, para poder hacer esos pactos de Estado hay que cruzar el río; por lo tanto, en llegados a este río, crucemos el puente. Permitan establecer el puente necesario para poder llegar a esa otra orilla donde, efectivamente, lo ideal de la política es llegar a pactos plurales, porque es así.

La sociedad española es plural, afortunadamente, y, por tanto, hemos de tratar de conciliar las diferencias a través del encauzamiento, arreglos, acuerdos y acuerdos diferentes.

Por tanto, no me refiero a nadie. Digo que, sencillamente, a estas alturas del procedimiento el seguir instalados en el bloqueo no ayuda, es de desentenderse de lo que significa la necesidad de este país, que es tener un Gobierno.

P.- Nieves Goicoechea, de la cadena SER. Buenas tardes. Quería saber si al Gobierno, digamos, le trastocó los planes, o le desorientó, o le preocupó la sentencia del Tribunal Europeo en el sentido de que no esperaban ese tipo de decisión puesto que la doctrina anterior no era así. Si eso al Gobierno le sorprendió. Y, en segundo lugar, en caso de que pasado un tiempo, hubiera que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para el señor Junqueras, ¿cuál sería la posición del grupo socialista europeo? ¿A favor?

Portavoz.- Mire, la sentencia del Tribunal Europeo --como dice usted-- cambió la doctrina. Y es por lo que, efectivamente, estamos donde nos encontramos. Y la ha cambiado para toda Europa, y eso supone estudiar el cómo aplicarla. Y en eso está la Abogacía del Estado. Y en eso están, también, y entiendo, todos los servicios jurídicos, incluido el del Tribunal Supremo, porque no hemos de olvidar que, efectivamente, lo que hace la Abogacía del Estado son alegaciones, alegaciones, pero alegaciones que no determinan a punto final la decisión del Tribunal Supremo. La decisión del Tribunal Supremo la tomará el Tribunal Supremo a la vista de las alegaciones que todas las partes le hayan formulado, pero es una decisión del Tribunal Supremo.

Por tanto, yo creo que no es útil afirmar si ha sorprendido o no ha sorprendido porque, probablemente, algunos miembros o a algunas personas les habrá sorprendido puesto que es novedosa, y a otros no les habrá sorprendido porque esperaban, no precisamente por España, sino por otros Estados miembros, que era bueno que Europa, que los Tribunales europeos dieran un paso más en línea de lo que es la unificación de doctrina.

Y con respecto al suplicatorio, pues, ya veremos. En fin, entiendo que el Grupo Socialista no tiene ahí criterio en este momento para afirmar una cosa o la contraria.

P.- Juan Luis, de El Periódico. Buenos días. Varias preguntas. Por un lado, quería preguntarle si los tiempos que se está tomando la Abogacía obedecen a cuestiones técnico-jurídicas y no tienen nada que ver con la política, ¿por qué la Fiscalía tardó apenas unas horas en responder y la Abogacía del Estado, llevamos 8 días y todavía no sabemos nada?

Por otro lado, una cuestión mucho más general. Hablaba de una potente agenda legislativa que ya está preparada. Dado que desconocemos casi todo sobre los pactos a los que han llegado, incluso con Podemos, que es el que ya está firmado o, al menos, el preacuerdo, si nos podía concretar los hitos principales de esta agenda legislativa.

Y luego tenía otra pero se me ha olvidado.

Portavoz.- La estaba echando de menos. Vamos a ver. En relación a los tiempos de la Fiscalía y de la Abogacía, nada podría decir yo más que, oiga, que lo expliquen ellos. Es que la Fiscalía ha funcionado, obviamente, con principios de legalidad, imparcialidad, autonomía, y la Abogacía también. La Abogacía va por criterios técnicos con autonomía y, efectivamente, va marcando sus tiempos. Se los ha dado el Tribunal Supremo y los usa. Sin embargo, la Fiscalía no lo utilizó. También tuvieron formulaciones diferentes al comienzo de la causa del procés. Posiciones diferentes, como ustedes bien conocen. Y ahora, no sabemos qué dirá el informe. Sabemos lo que dijo la Abogacía en su momento pero ahora no sabemos qué contendrá su informe. Vamos a esperar a ver si el lunes lo conocemos.

Con respecto a la potente agenda legislativa, sí. Potente agenda legislativa porque ustedes saben que ha habido legislación que formulamos, que -incluso-llevamos a Consejo de Ministros y que fue aprobada por Consejo de Ministros y que llevamos al Congreso de los Diputados y que no pudo ser debatida.

Le citaré dos: la Ley de Educación, por lo que a mí respecta, y esa es una potente legislación en el sentido de actualizar lo que significa el sistema educativo español, componerlo en relación a las corrientes educativas europeas e internacionales; y otra le diré, la de Energía, Clima, la Ley de lucha contra el cambio climático, pero hay muchas más de las que podría citarles pero, bueno, no quiero convertir esto en una…. Hemos podido seleccionar 50 grandes proyectos, que son proyectos que tenemos que llevar a cabo y que, bueno, hay una potente agenda legislativa en marcha, por no mencionar todas las que hacen referencia a lo laboral que sí es de gran urgencia: un nuevo Estatuto de los Trabajadores, modificación legislativa en lo que hace referencia derechos civiles, libertades públicas.

Podría seguir, pero no quiero.

P.- Carlos Cué, de El País. Muchas gracias. Le quería preguntar por el salario mínimo y pensiones, porque hay millones de personas pendientes de esto y quería preguntarle si pueden esperar esas millones de personas que en la negociación con Podemos, cuando se conforme el Gobierno se pueda mejorar el salario mínimo o se pueda mejorar esa subida de pensiones que usted ha dicho del 0,9. ¿Pueden aspirar a que vaya a más en esa negociación?

Y, entroncando con la Abogacía. Si hay tan millones de personas esperando esa decisión, ¿no tendría la Abogacía que darse un poco más de prisa y no ser la última? En el sentido de que todos sabemos -los que estamos en esta sala-que el acuerdo está pendiente de eso, con lo cual, si ese acuerdo lleva a que a millones de personas les suban el salario mínimo o les suban las pensiones, ¿no debería darse un poco más de prisa la Abogacía? ¿O tal vez es que el Gobierno está esperando a que avancen las negociaciones este fin de semana antes de que la Abogacía se pronuncie? Esa sería una posibilidad.

Y, por último, respecto a la comparecencia del presidente. ¿Tan difícil es explicar esta negociación? Porque Esquerra Republicana está compareciendo con normalidad habitualmente, sus máximos dirigentes, salvo el líder que está en la cárcel, sus máximos dirigentes comparecen, dan ruedas de prensa, no hay mucha dificultad y ustedes, aquí, por romper tradiciones hasta han quitado la copa de Navidad que, en fin, es un detalle pero, quiero decir, ¿tan difícil es explicar la negociación, no digo el acuerdo que ya nos han dicho que no lo van a explicar, la propia negociación, las líneas generales? Gracias.

Portavoz.- Encuentro que, efectivamente, en la primera pregunta referida al salario mínimo y a las pensiones, tiene muchísimo interés social, tiene un gran interés social, en definitiva. Esperemos que la respuesta práctica, es decir, la que se resuelve en beneficio para la gente llegue muy pronto pero, efectivamente, el compromiso del Gobierno fue la de la subida de las pensiones en relación, de acuerdo con el IPC, y eso es el 0,9.

Y, en relación al SMI, ustedes saben que en nuestra propuesta electoral se incluye la subida del SMI al 60% del salario medio, como indica la Carta Social Europea en una legislatura. Por tanto, el 2020 se ajustará, atendiendo -efectivamente-a la conversación con los agentes sociales y redundará en beneficio de la gente. Y, como en otras ocasiones, se aplicará de manera retroactiva, como en otras ocasiones.

Con respecto a los tiempos de la Abogacía, yo no le puedo decir. Yo, desde esta mesa me mantengo pero no le puedo dar los tiempos de la Abogacía. Los tiempos de la Abogacía los toma la Abogacía y hasta hoy no tenemos el informe. Esperemos que lo podamos tener el lunes, 30. Tiene hasta el día 2, esperemos que cuanto antes podamos disponer de ese informe para conocer el contenido.

P.- Carlos Cué, de El País: (inaudible)

Portavoz.- Yo creo que las negociaciones están en curso, siguen su curso.

Con respecto a la comparecencia del presidente, es una decisión de presidente que, a la vista de las circunstancias que concurren en este caso preciso, no en el que ocurrió en años anteriores sino en este caso preciso, entiende razonablemente que merece la pena esperar.

P.- Juanma Colmenero, de Onda Cero. Buenas tardes ministra. Muchas gracias. El suplicatorio, generalmente, se solicita para que la persona en cuestión, el diputado en cuestión pueda ser juzgado o procesado. ¿Se puede pedir un suplicatorio cuando ya existe una condena en firme? ¿Existe un suplicatorio para revisar una condena o es necesario anular esa condena? Muchas gracias.

Portavoz.- He de decir que hay juristas que piensan que sí y hay juristas que piensan otra cosa.

P.- Esther Redondo, de La Sexta. Buenas tardes portavoz. Decía usted ahora que las negociaciones están en curso, ha dicho textualmente. ¿Se confirma entonces que no se han paralizado en ningún momento después del anuncio de Esquerra o que han seguido negociando y no se han hecho públicas esas conversaciones?

También quería preguntarle si el escrito de la Abogacía se presenta el lunes como se espera o, incluso, si la Abogacía apurara hasta el último momento, ¿hay tiempo para que la investidura tenga lugar el 5, el día de la noche de Reyes como se ha hablado? ¿Daría tiempo para hacerlo, portavoz, dado que no se ha cumplido con el compromiso de que haya gobierno antes de finales de enero, la intención del presidente es trabajar intensamente para que esa investidura pueda hacerse el próximo fin de semana?

Y ya, por último, hoy desde el Partido Popular se ha cargado con dureza por la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones para la investidura. La presidenta madrileña ha hablado de alta traición al Estado porque están ustedes, dice, negociando con los independentistas y, también, Pablo Casado ha dicho que ustedes están intentando sacar una investidura con auténticos delincuentes. Pediría una valoración de estas declaraciones.

Portavoz.- Las negociaciones no se han roto. Lo que no se ha roto está en curso. El escrito de la Fiscalía, el informe de la Fiscalía entendemos, daría tiempo físico, se presenta el lunes, daría tiempo físico para poder atender lo que significa una investidura lo antes posible, pero yo prefiero no decirles fecha porque les respeto mucho a ustedes, entonces, prefiero no decirles fecha, obviamente. Por tanto, lo que sí les digo es que este Gobierno quiere que sea cuanto antes.

Que el PP cargue con dureza no es ninguna novedad. Habrá que examinar si esa carga de caballería que usted dice que nos están lanzando no es el mecanismo distractor, la nube de polvo que necesita para cubrir la vergüenza de que siga bloqueando.

P.- Marisa Cruz, de El Mundo. Gracias. Ministra, antes ha dicho usted que se encuentran en medio de una conversación política con ERC y que el partido no ha acabado. Y yo le pregunto, si el partido acaba mal y no cuentan con los 13 votos de ERC para facilitar la investidura, ¿mirarán ustedes hacia otras fuerzas políticas o iremos a terceras elecciones? Gracias.

Portavoz.- No hay opción B, ya lo dije el otro día. No hay opción B. Nosotros estamos trabajando genuinamente por un gobierno que permita encauzar diferencias con aquellos que piensan distinto. Un Gobierno progresista, y en eso estamos trabajando. Hay otros que se están, parece, empeñando en querer tener unas terceras elecciones. Nosotros estamos trabajando por no tenerlas. Ahí estamos.

Muchas gracias. Y, por favor, pasen ustedes un buen fin de Año, espero que de manera entretenida.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)

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