Conferencia de prensa de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, y de la ministra de Hacienda en funciones después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa

CARMEN CALVO, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones.

Mª JESÚS MONTERO, ministra de Hacienda en funciones.

Vicepresidenta.- Buenas tardes y, como siempre, gracias por acudir a esta convocatoria de la rueda de prensa de los viernes del Consejo de Ministros, del que vamos a dar cuenta. No hace falta, porque es evidencia total, decir que me acompaña la ministra de Hacienda porque ha traído al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley importante del que ella también va a dar cuenta a continuación.

Este Consejo de Ministros ha tratado dos reales decretos leyes que llevaremos, como procede, a la convalidación a la Diputación Permanente por razones de urgencia de interés general como corresponde a este tipo de impulso normativo del Gobierno.

De uno de ellos daré cuenta yo y han sido proponentes los ministerios de Industria y de Trabajo, y del que ustedes, supongo, saben mucho porque es la respuesta del Gobierno a una crisis sobrevenida desde fuera que se corresponde con una situación ajena, desde luego, a nuestro propio panorama interno, pero que afecta a un sector absolutamente central de nuestro PIB y que es el turismo. Nos estamos refiriendo a la situación que ha generado una empresa británica que opera en el turismo en nuestro país, particularmente en Baleares y, muy fundamentalmente, en Canarias.
Tengo que decir que desde el Ministerio de Industria se ha hecho un trabajo con el sector, muy rápido, de coordinación muy importante con las administraciones afectadas y, por tanto, también con la respuesta que otras administraciones han dado --particularmente los gobiernos autonómicos.

En esta respuesta tenemos que advertir, de manera general, dos cuestiones.

Una: es una respuesta temporal mientras que esta situación puede ser, en fin, reabsorbida en un nuevo espacio de otros operadores en territorios para nosotros muy importantes en materia de turismo en nuestro país; que nos dirigimos a todos los afectados --no solamente a estamos refiriéndonos a las empresas sino, también, de manera muy principal, a los trabajadores y trabajadoras que se van a ver afectadas por toda esta cadena en la que se entra en una crisis; y que forma parte, repito, de una respuesta integral que fue objeto de una comisión interministerial para estos asuntos que, por cierto, llevaba sin reunirse desde hacía nueve años y que ha sido revitalizada por nosotros, por la propia ministra, para atender de manera global a esta situación.

Estamos hablando de la prolongación del período de actividad de la contratación que denominamos fijos discontinuos y ampliamos la bonificación a las cotizaciones a la Seguridad Social del 50%, y ampliamos en el periodo en el que estos contratos se producen a dos meses más, a octubre y a diciembre; con lo cual tratamos de paliar -repito-- el efecto directo que puede provocar en los trabajadores y en las trabajadoras en esta situación.

Hemos abierto una línea de crédito a través del ICO de 200 millones para que puedan disponer de ellos en medidas financieras para las empresas, que se van a ver, obviamente, envueltas en esta situación y que forman parte también de una ayuda en otra dirección diferente de la que antes he podido comentar.

Hemos dispuesto, también, subvenciones directas tanto a la Comunidad Autónoma de Canarias como a la de Baleares, con dos subvenciones de 15 millones de euros a Canarias y 8 a Baleares para que, también, podamos compartir los esfuerzos que la propia Comunidad Autónoma va a hacer.

Tengo que decir que en relación a este asunto y a lo que puede suponer en términos de paro, de desempleo, haremos un esfuerzo combinado de contenidos en los planes específicos de empleo que, por ejemplo, Canarias tiene --que se aprobó no hace tanto-- de 42 millones de euros y que supondrá, también, un esfuerzo combinado de esa disposición de recursos que ya teníamos puestos para Canarias y que ahora, también, formará parte con el refuerzo de esta subvención para paliar el desempleo que es lo que, obviamente, más nos preocupa.

Tengo que decir que se han tomado medidas importantes en el Ministerio de Fomento también por cuanto afecta a la conectividad. Pero también tengo que decir que hemos sabido, tenemos una noticia bastante positiva, y es que el propio mercado está reubicando los huecos que ha dejado esta compañía. Tenemos datos, en fin, razonablemente buenos de la parte en la que el Gobierno ha podido mover con las tasas alguna medida pero que el propio sector va a ir respondiendo, evidentemente, con el paso, también, de las semanas, bien, pero nos preocupan mucho las islas y Canarias que entra ahora en su temporada alta y que coge justo cuando entra en ese espacio de tiempo.

Y, naturalmente, es sabido --pero lo podemos también advertir y poner en el punto de mira-- que las decisiones que se puedan tomar de manera, repito, coordinada y corresponsablemente los 500 millones que a través del Fondo Financiero también están a la disposición de poder salir de esta situación.

El Gobierno, desde el momento uno, en el que supimos de la decisión que tomaba el propio gobierno británico de no rescatar esta empresa, hemos estado, también, trabajando en las medidas que, de carácter de asesoramiento legal en términos de justicia, podamos tomar también para pleitear en la medida de lo posible en defensa de los intereses que se han visto lesionados. Está el Ministerio de Justicia también --que estuvo en esta reunión interministerial-- coordinado y en su momento, el otro día lo decía el propio presidente de la CEOE, la propia Patronal española estará también en una respuesta combinatoria de la defensa legítima de sus intereses. Me estoy refiriendo, obviamente, a situaciones de impago, a situaciones donde las empresas y cualquier otro sujeto tendrán que responder, también, de los intereses que España defenderá y ahí ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades.

Es decir, estamos poniendo en marcha una respuesta razonable a una crisis sobrevenida para compartir y, sobre todo, para amortiguar en términos de empleo y en términos de actividad económica en un sector particularmente importante de nuestra economía, como es el turismo.

En segundo lugar, hemos tomado, también, una decisión importante que trae causa de la semana pasada también. Ustedes saben que el Parlamento de Cataluña, a 25 de septiembre, debatió y votó resoluciones que fueron publicadas el 4 de octubre, es decir, justo el viernes pasado. Mientras que las resoluciones no son publicadas no pueden ser objeto de recurso, de impugnación y, por tanto, en este Consejo de Ministros hemos traído dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia que llevaremos, también, al Tribunal Constitucional.

Vamos a llevar estos dos incidentes de ejecución de sentencia relativos a la resoluciones del 26 de septiembre que tienen que ver con decisiones que, en absoluto, se corresponden con nuestra legalidad constitucional sobre las que ya hay sentencias claras en la posición del Tribunal Constitucional en orden a su legalidad y a su constitucionalidad y que tienen que ver con planteamientos que debaten sobre el derecho a la autodeterminación que no existe, obviamente, en nuestro modelo constitucional, que impulsan la desobediencia institucional y que, además, conminan al propio Gobierno de la Generalitat --ayer el Tribunal Constitucional le envió los apercibimientos correspondientes de las peticiones que habíamos hecho de amparo para la ejecución de la sentencia de otras resoluciones, acerca también de la situación en la que puede incurrir; ayer era a la Mesa de la Cámara en el ámbito del Parlamento, del Legislativo en Cataluña. Y la petición que hacemos hoy afecta de manera importante al Ejecutivo, en tanto en cuanto pedimos al Tribunal Constitucional que en la ejecución de su propia sentencia se aperciba y se recuerde el ámbito que puede terminar, obviamente, en el propio Código Penal, de delitos en los que se pueden incurrir, nada más y nada menos, con situaciones que nadie quiere, que no queremos, y que tenemos -por todos los medios-que anticiparnos a ellas.

En este sentido, ayer hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de resoluciones anteriores. El Tribunal Constitucional, obviamente, decidirá en su momento y cuando competa a su propia agenda y funcionamiento interno cuándo se pueden plantear también estos nuevos incidentes de ejecución de sentencia que nosotros hoy planteamos.

Por último, el propio presidente del Gobierno ha llevado en mano, como corresponde a él en su posición de presidente de este órgano colegiado que es el Consejo de Ministros, el tercer acuerdo -les recuerdo a ustedes que el Gobierno ha tomado ya tres acuerdos- para, en este caso, proceder a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la modificación que hicimos de la ley de Memoria Histórica que indicaba que Franco, los restos del dictador, tenían que salir de un lugar de enaltecimiento donde están el resto de las víctimas.

Este es nuestro tercer y último acuerdo del procedimiento administrativo puesto en marcha hace ya meses, ustedes lo conocen muy bien. En este acuerdo hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y que tiene como fecha límite el 25 de este mes de octubre para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito, puramente técnico y de seguridad, que nos permita la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco.

Lo vamos a hacer con arreglo a los criterios que ya teníamos en nuestros dos anteriores acuerdos: con absoluto respeto a lo que representan unos restos humanos y, obviamente, a la propia familia; con la discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta, repito, a los restos de una persona -políticamente es el artífice como dictador de un pasado negro de nuestro país- pero en las condiciones en las que ya habíamos tomado nuestra primera determinación en aquellos acuerdos.

En estas circunstancias comunicaremos con 48 horas de antelación a la propia familia el día exacto y la hora en la que se va a proceder a la exhumación y a la reinhumación para que puedan asistir si lo consideran oportuno y para que puedan disponer, obviamente, de la agenda en esa asistencia si la consideran pertinente.

Hemos decidido, como ya venía de los acuerdos anteriores, la presencia de la ministra de Justicia como Notaria mayor del Reino -lo cual es bastante razonable y casi de oficio para el acta correspondiente-y que los términos en los que se va a producir esta exhumación y reinhumación se correspondan -como decía antes-con la mayor discreción y respeto posible. Lo que no significa más que lo siguiente: in situ, en la Basílica, lo que corresponda a los elementos puramente fácticos de este trabajo que hemos de acometer será estrictamente privados y, por tanto, no formarán parte del acceso que puedan tener los medios de comunicación.

Pero este Gobierno --como es lógico y debido-tiene, también, el deseo de propiciar el derecho a la información que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este país a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, en los espacios públicos acomodaremos de la forma más razonable posible que los medios puedan estar para la toma de imágenes que, repito, nunca estarán -lo decía ya ayer, lo adelantaba ayer-- en el espacio estricto y cercano a este procedimiento de exhumación de unos restos humanos, de su traslado, y de su reinhumación donde el Gobierno propuso y donde el Tribunal Supremo nos ha dado estrictamente la razón en este punto que para el Gobierno era, también, muy importante por cuanto en alguna ocasión -y ustedes me lo han preguntado- el objetivo final de la modificación de la ley, del cumplimiento de la ley y de la decisión del Gobierno era no tener al dictador en una tumba de Estado y tenerlo en un lugar privado en el que, por cierto, ya está su familia.

La fecha para este Gobierno era el 10 de junio, como ustedes saben muy bien. Esa era nuestra fecha. Los recursos posteriores, las situaciones procesales posteriores que hemos afrontado --como también se corresponden a un país y a una democracia como la nuestra, garantista como debe ser-- nos conducen a esta fecha. Pero nuestro deseo es, como ven, no llegar más allá del límite del día 25 que es el acuerdo que hemos adoptado para que esta situación esté también fuera de la inminente -en días posteriores- campaña electoral.

Nuestra agenda era el 10 de junio, estamos en otra agenda de tiempo que no era la que teníamos prevista pero, en cualquier caso, quiero terminar diciendo que para el Gobierno es una satisfacción extraordinaria --como, incluso, el presidente en funciones dejó claro en Naciones Unidas-- porque supone cerrar con dignidad rotundamente lo que no era digno 40 años después. Un Gobierno que en apenas 16 meses ha tomado esta determinación y la ha alcanzado, pero tengo que decir que la han alcanzado los tres poderes del Estado; porque estamos cumpliendo una ley, estamos cumpliendo una ley que impulsó el Gobierno legal y legítimo de España y que ha sido objeto --por razones que todos ustedes conocen y que todo el mundo conoce-- de un pronunciamiento claro y rotundo mediante autos -también posteriores- de nuestro alto tribunal, de la cúspide de nuestra organización judicial y de nuestra Justicia que es el Tribunal Supremo. Por lo tanto, es una situación rotunda de los tres poderes del Estado con lo que para este Gobierno supone alcanzar un objetivo, repito, que en apenas 15 meses hemos alcanzado.

Esto supone, también, algo que hemos ambicionado en la modificación de la Ley de Memoria Histórica desde el primer momento. Queremos que ese lugar se circunscriba a la paz, al perdón, a la justicia de quienes fueron víctimas de una atroz contienda. Hay víctimas de los dos bandos y lo que había dicho en su momento el informe de los expertos, nuestra Ley, Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, era que el dictador no podía estar justamente en el mismo lugar donde estaban las víctimas.

Nos sentimos muy honrados como Gobierno de haber sido una parte sustancial del impulso que hoy llega, finalmente, a un gran logro que compartimos con todos y que forma parte seguramente, también, de la historia de nuestra democracia.

Hay asuntos de otro calado que están, como ustedes bien conocen, siempre en el índice verde pero queda un asunto también muy importante, un Real Decreto ley que ha traído la ministra de Hacienda y del que ella va a dar cuenta en todos y en cada uno de sus elementos, que son muy importantes porque afectan a políticas muy queridas para este Gobierno.

Sra. Montero.- Gracias vicepresidenta. Buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos.

Efectivamente, como ha explicado la vicepresidenta, hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros este Real Decreto ley que va a permitir la actualización de las entregas a cuenta de 2019 tanto para Comunidades Autónomas como para Entidades Locales. Se hace por primera vez en el contexto de un Gobierno en funciones y con unos presupuestos prorrogados. Luego me entretendrá en explicar un poco qué sentido político tiene esto.

Yo creo que no exagero si digo que se trata de un hito que las Comunidades Autónomas hayan creado, y este Gobierno así lo haya posibilitado, un precedente en la línea que hemos defendido siempre; que ni las comunidades autónomas ni los servicios públicos fundamentales que prestan estas puedan estar supeditados a la existencia o no de un gobierno en plenas capacidades o de unos Presupuestos Generales del Estado que, en ocasiones, han quedado prorrogados.

Saben ustedes que este tema ha estado sujeto a una polémica en los últimos meses dada la situación de excepcionalidad en la que nos hemos encontrado. Yo diría que nunca hasta la fecha se había dado este caso, el tener que actualizar unas entregas a cuenta con unos Presupuestos prorrogados y con un Gobierno en funciones. Pueden ustedes comprobar y mirar, pero son dos circunstancias que nunca han concurrido y que, por tanto, es la primera vez que este Gobierno --como en muchas otras cuestiones-- se enfrentaba a ella.

Y, también, creo que hemos sido claros desde el primer día, y hemos trasladado desde el principio que estábamos buscando soluciones, que no nos dábamos por vencidos y que, por tanto, teníamos que buscar de qué manera y de qué forma, dentro de la legalidad vigente, podíamos hacer posible que estos recursos llegaran a las entidades territoriales; en concreto, Comunidades Autónomas y ayuntamientos.

Por eso, yo creo que este decreto ley que hemos aprobado en el día de hoy significa, de hecho, un fortalecimiento de la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas y muestra ya un camino para que en el futuro no vuelvan a ser víctimas de un posible bloqueo presupuestario o institucional del Gobierno central. Una circunstancia, evidentemente, no querida por este Gobierno pero que, a su vez, está dando paso para intentar superar algunos de los problemas que se generan con motivo de la misma.

Esperamos, también, que esta vía sirva de orientación de cara a la próxima reforma del modelo de financiación autonómica --por tanto, de su Ley Orgánica--, de manera que quede en la ley expresamente determinado que los presupuestos de las entidades territoriales no pueden depender del presupuesto general de España, ni tampoco de que el Gobierno esté en plenas capacidades.
El tema es especialmente complejo, yo creo que la mayoría de los que seguís la información económica sabéis que este tema es muy técnico, pero creo que merece la pena de forma pedagógica trasladar algunas consideraciones para que dispongan de esa información.

Lo primero que quiero resaltar es que ni el Gobierno, ni este Ministerio han cambiado de criterio respecto a la actualización de las entregas a cuenta. Creo que saben ustedes que desde el primer día yo misma he trasladado que estábamos buscando esas soluciones y que esperábamos que llegaran antes de que terminara el año y, fundamentalmente, antes del comienzo del mes de diciembre, que es donde se agudizaba el problema de pago.

El motivo por el que no podíamos actualizar estas entregas a cuenta y que, por tanto, era un impedimento que ponía la Abogacía del Estado, es que se entendía que condicionaba la actuación del Gobierno entrante. Y es correcto porque en el momento en que se solicitó este informe consultivo a la Abogacía del Estado nos encontrábamos aún en un período en donde era posible la conformación de un Gobierno y, por tanto, había capacidad de que ese Gobierno pudiera hacer un planteamiento respecto a esta materia en lo que restaba de año. Era, digamos, una circunstancia temporal, coyuntural, que marcaba claramente el que el Gobierno en funciones, quizá, podía estar invadiendo las actuaciones del Ejecutivo que resultara de esas últimas votaciones, recordarán, en torno al 23 de septiembre.

Como he dicho, tras ese informe preliminar, primero, no nos resignamos, sino que continuamos trabajando justamente en los obstáculos o en los argumentos que ponía la Abogacía del Estado. Y entre ellas había dos consideraciones que, a nuestro criterio, eran fundamental demostrar: de una parte, que la actuación de este Gobierno no dificultaba, no interfería en la que se pudiera producir por parte de un Gobierno entrante, circunstancia que quedó despejada desde la convocatoria electoral.

El hecho de que el día 10 de noviembre tengamos una nueva convocatoria electoral, si tenemos en cuenta los períodos de constitución de los gobiernos de los últimos diez años --si nos vamos a los últimos dos años estos periodos se incrementan, como ustedes mismo han sido testigos--, estamos hablando de en torno a 40 días, como mínimo, que se tarda en la constitución de un Gobierno. Circunstancia que, si ustedes suman a la fecha electoral, posibilita que el Gobierno actual la actuación que haga sobre presupuestos 2019 en nada interfiera en la actuación del próximo Ejecutivo, que ya no tendría capacidad de poder intervenir en las cuentas pasadas; o, dicho de otra manera, las cuestiones que no se resuelvan ya del Presupuesto del 2019 serán irremediablemente soluciones o cuestiones que no se podrán poner en marcha.

Esto es un elemento importante porque, por tanto, no se interfiere en la actuación del Ejecutivo y, por tanto, se supera una de las dificultades que el informe de la Abogacía del Estado nos planteaba.

De otra manera, como saben ustedes, las entregas a cuenta son anticipos y, por tanto, teníamos que poner en valor, demostrar metodológicamente, que había realmente una realidad de urgencia, una situación perentoria, por parte de las Comunidades Autónomas para no satisfacer sus compromisos de pago, que no de gasto, por razones que les he explicado en otras comparecencias y que, por tanto, pudiera peligrar la provisión de los servicios públicos fundamentales.

Tengo que decirle que hemos hecho una monitorización de todas las Comunidades Autónomas y de sus planes de tesorería durante los últimos meses, de manera que, a fecha de hoy, que ya se avecina el final del año, nos encontramos con que alguna comunidad autónoma tiene, puede tener, dificultades de pago ya en el mes de noviembre. Esto significa que, por tanto, se puede declarar la urgencia relativa a que no se menoscabe la prestación de los servicios públicos fundamentales: Sanidad, Educación, Política Social, Emergencia Social por parte de Comunidades Autónomas porque no les haya llegado unos recursos que les corresponden a los que tienen derecho y que ya venían gastando.

Digamos que estos dos elementos, estos dos argumentos son los que nos permitían superar las dificultades que veía la Abogacía del Estado para intentar llevar a cabo la entrega de esos recursos a las diferentes entidades territoriales.

Y quiero dejar claro que en ningún momento la prestación de estos servicios ha estado comprometida, ni la calidad de los servicios públicos se ha visto en ningún caso amenazada, ni mucho menos se ha producido una asfixia económica de los gobiernos autonómicos como ciertos alarmismos así han venido proclamando de forma infundada.

Y, por tanto, creo que este Gobierno ha actuado con responsabilidad, siendo consciente del papel fundamental en la vertebración territorial que tienen las Comunidades Autónomas, siendo consciente de que son administraciones que tienen la obligación de proveer en términos de igualdad y en términos de calidad servicios básicos para el conjunto de los ciudadanos, y siendo también consciente de que se trataba de una pequeña parte de esa transferencia de recursos que le llega, porque les recuerdo que mensualmente estamos transfiriendo 8.000 millones, cada mes, a todas las Comunidades Autónomas del régimen común para que realmente se pueda contar con la Tesorería correspondiente y se pueda, por tanto, pagar a nuestros proveedores, y los salarios y las obligaciones que devienen de la ejecución presupuestaria.

El importe que contempla el real decreto para estas comunidades autónomas ascienden a 4.682 millones de euros correspondientes a esta actualización, cifra a la que hay que sumar 2.136 millones que ya han recibido de más las comunidades autónomas en 2019 por la aplicación automática de la prórroga presupuestaria, por el criterio de actualización de población básicamente en cada una de las Comunidades Autónomas.

Esto significa que el importe total que van a recibir las comunidades por entregas a cuenta este año será de 102.800 millones de euros, un 7,15% más que las que recibieron en el año anterior. Se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica.

Asimismo, y por último, también se actualizan las entregas a cuenta de las Entidades Locales por valor de 821 millones de euros, de forma que los recursos totales que recibirán las Corporaciones por el sistema de financiación serán de 18.879 millones de euros. Y esta cifra supone un 4,6% más respecto al año 2019.

Quiero trasladar en última instancia que el Ministerio de Hacienda informará hoy a todas las Comunidades Autónomas de la liquidación, también del sistema de financiación de 2018 que se cobrará en 2020. Es una cantidad que no pueden calcular las Comunidades de cara a la elaboración de los presupuestos que cada una tiene que elaborar para el año 2020; sí pueden calcular entregas a cuenta pero no la liquidación correspondiente al año 2018. Mandaremos una carta a cada una de las Comunidades especificando cuánto le corresponde de las entregas a cuenta y cuánto corresponde de notificación de liquidación para que tomen nota en la elaboración presupuestaria. Ese es el funcionamiento del modelo y espero que con esta información se puedan llevar a cabo todas las obligaciones que tenemos pendientes.

Y, por otra parte, el Consejo de Ministros también ha autorizado la concesión de un crédito por importe de 95 millones de euros en los Presupuestos del Ministerio de Sanidad que permita aumentar la aportación del Estado al IMSERSO y financiar la cuota de Seguridad Social del Convenio Especial de cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia. No se trata de ninguna medida adicional; se trata técnicamente de darle curso a una medida que ya aprobó este Consejo de Ministros respecto al derecho de las personas cuidadoras del sistema de la dependencia para cotizar en términos de Seguridad Social. Pero, técnicamente, para actualizar ese crédito hacer este apunte también en este decreto ley. Y gracias a él -como ustedes bien conocían- las personas cuidadoras podrán suscribir convenios especiales con la Seguridad Social y el coste será asumido por el IMSERSO.

Como verán ustedes, frente a quienes son irresponsables o quienes bloquean, este Gobierno sigue trabajando, es responsable, busca y encuentra soluciones y, por tanto, seguimos comprometidos con el bienestar de los ciudadanos, con intentar buscar las respuestas a aquellos problemas que se plantean o aquellas situaciones de urgencia que se definen. Y, como dijimos desde el primer día, seguiremos gobernando hasta el último día con el único propósito y el único fin de mejorar la vida de la gente. Espero que esta actualización así lo haga.

Muchas gracias, vicepresidenta.

Vicepresidenta.- Muchas gracias, ministra. Se las voy a dar en público, que se las doy en privado todos los días, porque la actualización de los recursos de los cuidadores y cuidadoras, de las personas que abandonan su trabajo para cuidar a personas que tienen circunstancias de dependencia muy graves son, fundamentalmente, mujeres. Casi un 83% son mujeres que ven interrumpidas sus carreras profesionales, que abandonan la cotización, que se encuentran luego peores pensiones, y como ministra de Igualdad, cuando tomamos esta decisión fue una satisfacción enorme. Y ahora, según ha dicho la ministra -como decía, y para no interrumpir nuestra obligación cotidiana de responder a todo lo que podemos responder, incluso estando en funciones--, ahora esa realidad llega también en términos de los recursos dispuestos. Así que haré esa aclaración, que es muy importante para este Gobierno.

Y estamos las dos a su disposición.

P.- Mercedes Serraller, de Expansión. Gracias. A la ministra Montero: La liquidación de 2018 que acaba de anunciar, si nos puede decir a cuánto asciende.

Y, luego, le quería preguntar por cuándo van a pagar la liquidación del IVA de diciembre de 2017; se habían comprometido unos 2.500 millones. Las Comunidades están diciendo que se temen que a lo mejor no se vaya a pagar nunca.

Le quería preguntar, también, por esta propuesta de gravamen a todas las multinacionales por deslocalización de beneficios que propuso la OCDE el miércoles, que también respalda Estados Unidos, y que, a cambio de este pacto, por ejemplo, ha retirado la amenaza de aranceles a Francia y Francia dice que quitará su tasa. ¿Mantenemos nuestra tasa Google a pesar de esto? ¿Nos puede esto penalizar en aranceles con Estados Unidos?

Y, por último, quería saber cuándo van a informar de la actualización del cuadro macro, porque no lo han traído hoy aquí y, bueno, la ministra Calviño dijo que no van a elevar el objetivo del déficit a pesar de que sugirió que van a rebajar las previsiones de crecimiento. ¿Qué ajustes piensan realizar? Gracias.

Sra. Montero.- Me va a disculpar, la primera pregunta no se escuchaba bien el micro.

Luego le doy el dato sobre la liquidación del 2018, pero es una liquidación para Comunidades Autónomas francamente positiva para el año que viene. Quiero decir que es un volumen de recursos importante que se va a comunicar en cada una de las misivas que se va a dirigir a cada comunidad autónoma en el día de hoy. Ahora os daremos el dato, creo recordar que ascendía a más de 6.000 millones de euros, 10.000. De todas maneras luego le proporcionamos ese dato.

Decirle, en relación con el IVA, que para poner en marcha esta medida se necesitaba un proyecto de presupuestos. Si ustedes siguen el debate presupuestario, hasta en más de 5 ocasiones advertí en mi comparecencia en el debate presupuestario que habría medidas que, si no se aprobaban en el contexto del proyecto de Presupuestos, no se podrían poner en marcha. El por qué es sencillo: son medidas que necesitaban un ajuste en términos de contabilidad nacional que requerían de los nuevos ingresos o, dicho de otra manera, de las nuevas figuras fiscales que permitieran acompañar ese volumen de recursos que corregían la decisión de Montoro.

Por si alguno de ustedes en algún momento no han entendido por qué se produce este desfase, tengo que decir que el señor Montoro, con nocturnidad y alevosía, en el año 2017, llevó a cabo una modificación del sistema de información del IVA que provocó una menor recaudación de este impuesto a lo largo de ese ejercicio. Nosotros para corregirlo este año contemplábamos una nueva modificación de ese sistema de información. Y yo creo que ustedes recordarán perfectamente este debate porque algunos se burlaron de la iniciativa de este Gobierno diciendo que era la primera vez que un Gobierno inventaba 13 meses del año, y que había 13 meses de IVA, que estábamos haciendo trampa y que estábamos haciendo un presupuesto que no tenía consistencia.
Es que es paradójico, ¿verdad?, que en ese momento esas fueran las declaraciones, fundamentalmente de los partidos de la derecha y que hoy estén exigiendo a un Gobierno en funciones y sin presupuestos que se arregle un problema que provocó el señor Montoro.

Por tanto, yo creo que cada uno tenemos que ser consecuentes con las actuaciones que se desarrollan; y los partidos políticos, desde luego, cuando votan en el Congreso de los Diputados tienen que ser consecuentes con las cuestiones que de ahí se derivan. Lo que no se puede hacer a Gobierno, es criticarlo porque haga una cosa y volver a criticarlo cuando soluciona lo que se está planteando.

Yo creo que con el tema del IVA son ustedes perfectamente conscientes de que el Gobierno intentó solucionarlo, no tenía obligación pero sí tenía voluntad política, a partir del proyecto de Presupuestos que fue tumbado por los independentistas y por la derecha; por tanto, no se puede actualizar el sistema de información del IVA porque la derecha de este país, en voto con los independentistas, tumbaron un proyecto de Presupuestos que arreglaba esta cuestión.

En relación con el impulso que la OCDE quiere dar al impuesto digital, en sus diferentes versiones adquieren nombres distintos, nosotros queremos dar la bienvenida a la iniciativa de la OCDE. Este Gobierno ha sido vanguardia en el conjunto de Europa alertando de que había áreas de actividad económica que no estaban bien recogidas en la fiscalidad tradicional, que esto suponía una injusticia fiscal porque supone que los negocios tradicionales, comparativamente, paguen más impuestos que los que se desarrollan en ese entorno digital y que, por tanto, era necesario adoptar medidas comunes en el marco de la Unión Europea, una cierta armonización fiscal que permitiera impulsar una figura que, digamos, fuera una figura consensuada con los países miembros.

Ahora, la OCDE, en el entorno de 134 países, lanza una iniciativa, cuyo texto estamos estudiando. Lo que hemos podido comprobar tiene muchas similitudes con el impuesto que había diseñado el Gobierno de España. En algunas cuestiones va más allá de los que el propio Gobierno de España tenía pensado pero nosotros creemos que es muy conveniente que este debate sobre la fiscalidad de la economía digital sea uno de los debates protagonistas de la Unión Europea y de la OCDE, de manera que podamos entre todos adoptar una fiscalidad similar u homologable en los diferentes países.

Eso no quita que el Gobierno siga firme en su voluntad de impulsar este impuesto y que, evidentemente, cuando se apruebe una normativa común lo adaptará como hace con otras figuras fiscales en ese marco.

Y, por último, respecto al cuadro macro, deciros que la fecha límite para mandar la previsión presupuestaria es el día 15 de octubre. Ese día, tanto la ministra Calviño como yo misma les informaremos sobre las cifras globales que lleva el cuadro macro y que lleva, también, las previsiones de déficit para el año en curso y para el año que viene. Me disculpan ustedes que esperemos hasta ese día porque este fin de semana tenemos trabajo intenso para terminar de cuadrar esa cifra y daremos información detallada y puntual en el momento en que la tengamos.

P.- Alberto Peláez, de Televisa. Gracias. Vicepresidenta, buenas tardes. El tema de la exhumación de los restos del dictador, evidentemente, ha polarizado a la sociedad española y hay una parte importante de la opinión pública española que está de acuerdo con la exhumación de los restos de Franco, pero hay una parte, también, no menor, que dice que no está de acuerdo, que ya ha pasado mucho tiempo, que no había necesidad. Me gustaría que me dijera qué piensa usted al respecto, qué le diría ese sector de la sociedad.

Vicepresidenta.- Muy brevemente. Hay situaciones, como la de tener a un dictador junto a sus víctimas en un panteón de Estado, que no tienen prescripción. Que hace mucho tiempo que quienes no han podido enterrar a sus familiares, porque los tienen todavía en cunetas y en fosas, vienen reivindicando justicia de esta democracia y memoria de lo que ocurrió. Porque todos esos familiares, que son muchos, y esas víctimas que no están ni siquiera identificadas en el propio lugar donde está el dictador, no van a prescribir ni el deseo de justicia, ni la memoria; ni ninguna democracia absolutamente digna se lo puede impedir, mas debe responderle. Sobre esto no hay ninguna prescripción.

El dictador no puede estar en una tumba de Estado. Seríamos la única democracia, desde luego con las que nos comparamos y como una de las 20 mejores democracias del mundo, que tuviera al dictador en un lugar donde se le puede ir, todavía, a rendir honores. Así que esto no tiene tiempo y, es más, este Gobierno ha dicho que íbamos muy tarde, que íbamos 40 años tarde y, desde luego, hemos sido el Gobierno que en apenas 15 meses lo ha decidido, lo ha puesto en marcha y hoy estamos en un día muy satisfactorio porque lo hemos alcanzado.

P.- Carlos Cué, de El País. Muchas gracias, vicepresidenta. Si está todo tan claro, si hay unanimidad del Supremo, si todo está resuelto, ¿por qué no dan la fecha como la dieron la otra vez? ¿Por qué no hay una fecha concreta? ¿Por qué una horquilla? Y le pregunto, adelantándome a su respuesta, si es por motivos de seguridad, si es que realmente temen que haya… ¿Es tan importante el grupo de franquistas que hay en España que ni siquiera se puede dar la fecha en un momento como este porque realmente puede haber un altercado importante? Quería saber si el Gobierno realmente tiene miedo de que haya un altercado importante. Y si podría ser este mismo domingo, entiendo, porque, si es desde hoy, ¿podría ser este mismo domingo? Ha dicho 48 horas, entiendo que las 48 horas pasarían este mismo domingo.

A la ministra le quería preguntar --efectivamente, lo ha dicho usted al principio--, ha habido cierta polémica sobre si se podía o no se podía hacer. ¿El informe de la Abogacía del Estado lo van a hacer público? ¿Por qué lo firma la abogada? ¿Ha habido alguna polémica dentro de la Abogacía del Estado sobre si esto se podía o no se podía hacer?
Y un detalle solo, el presidente Sánchez el otro día dijo que él quería gobierno en diciembre. Si hubiera Gobierno en diciembre, sí alteraría de alguna manera. Si es en enero no, pero si hubiera Gobierno en diciembre sí. A ver si me puede aclarar eso. Gracias.

Sra. Montero.- Decirle que no ha habido absolutamente ninguna polémica en relación con la Abogacía del Estado. A mí no me consta para nada que haya habido ningún tipo de discrepancia entre los técnicos del Ministerio de Hacienda y los Servicios Jurídicos del Ministerio de Hacienda con la Abogacía del Estado. No me consta. Quiero decir que yo, por supuesto, no participo de las reuniones que tienen internas la Abogacía del Estado. Son un grupo de profesionales que se reúnen -como todos los funcionarios- para cuestiones, sobre todo aquellas que son complejas, todas las que tienen que ver con el modelo de financiación lo son, pero es que no me consta, y cuando hemos preguntado al interior del Ministerio nadie nos ha trasladado que haya ningún tipo de discrepancia respecto a lo que se planteaba por parte de la Abogacía del Estado.

El Gobierno y el Ministerio de Hacienda solicitaron por el mismo canal por el que había solicitado el informe anterior. A partir de ahí, el trabajo de los técnicos, de los profesionales de la Abogacía del Estado, es un trabajo coordinado, como ustedes conocen. Y, por tanto, los técnicos del Ministerio de Hacienda se coordinan, consultan, trasladan a la Abogacía General del Estado; forma parte de la comunicación habitual y de la comunicación oficial.

Y, mire, yo aquí quiero romper una lanza por este colectivo de profesionales. Me parece especialmente grave que cuando a algunos no les gustan determinados dictámenes de cuerpos profesionales o, incluso, de los juzgados, pongan en cuestión la propia claridad y la propia transparencia de estas instituciones.

Creo que la Abogacía del Estado es una institución de alto prestigio en el conjunto del funcionamiento de la Administración General del Estado y creo que nadie tiene derecho a poner en cuestión la profesionalidad, a poner en cuestión el rigor o a hablar de que el Gobierno "tuerce" o "manosea"; expresiones que están absolutamente fuera de lugar porque este grupo de funcionarios y funcionarias, como el resto, trabajan en un celo y profesionalidad intentando hacer su trabajo lo mejor posible. Y, por tanto, creo y defiendo a este colectivo de profesionales, que han estado, literalmente, partiéndose la boca para encontrar una solución que permitiera atender las demandas de las Comunidades Autónomas de que llegaran sus recursos antes de que terminara el año.
Eso creo que lo importante es que se ha abierto esa fórmula, esa vía, que es un hito en el modelo de financiación autonómico porque quita la jerarquía que hasta la fecha tenían estas entidades territoriales de la dependencia de un Presupuesto General del Estado. Creo que eso es lo importante, haber encontrado el camino y la solución y, por tanto, yo creo que entre todos tenemos que felicitarnos por ese trabajo coordinado.

Vicepresidenta.- La noticia es tan, tan importante; tan de dimensión histórica como que es la siguiente: el dictador Franco, después del día 25, no va a estar en el Valle de los Caídos. Nada más. El resto de situaciones puramente instrumentales que necesita el Gobierno para llevar a cabo esta noticia que forma parte del impulso de este Gobierno y de una sentencia del Tribunal Supremo es de tal naturaleza importante que la respuesta a su pregunta es que necesitamos días para tener el Valle de los Caídos cerrado, con condiciones de seguridad, con las decisiones técnicas para llevar a cabo esta operación, para poder reinhumarlo en el sitio que el Supremo -dando la razón al Gobierno-ha indicado y no hay más. Y no hay más.

Estoy segura de que muchísimos hombres y mujeres de este país, muchísimos, nunca se podrían haber imaginado que esto iba a llegar, y que tenga fecha. Después del día 25 de octubre Franco no estará en el Valle de los Caídos, estará en un lugar discreto en el ámbito de su familia y nadie podrá enaltecer a un dictador en la democracia española. Todo lo demás es secundario.

He dicho en mi intervención inicial que necesitamos poner en pista ya de salida los elementos puramente técnicos de la exhumación en un lugar que es una Basílica, en un entorno que va a estar cerrado el tiempo que necesitemos para que haya seguridad y tranquilidad de la operación, con los últimos elementos a decidir para que el traslado se produzca de manera segura para los restos pero, también, de la manera menos incómoda posible para los ciudadanos en algunas decisiones que nos quedan por determinar.

Como la familia tiene que ser notificada para su asistencia -si lo considera oportuno-24 horas antes, esto quiere decir para su pregunta que los medios de comunicación también conocerán 48 horas antes el día exacto y la hora exacta. El Gobierno --lo decía al principio, ojala hubiese sido el 10 de junio, a la hora y el día previsto-- no tiene más interés en esta fecha que llevarlo a término, con el nivel de importancia que tiene una sentencia del Tribunal Supremo en nuestro país, en unas condiciones de seguridad, de eficacia y, en este caso, también, del respeto debido a los restos humanos que esto comporta.

Así que no hemos hecho más que tomar una decisión bastante razonable para todas las medidas puramente instrumentales que hay que tomar. Tenemos autorización del Tribunal Supremo de nuestro país, nuestra última instancia. Ayer alguien recordaba el artículo 118 de la Constitución; yo voy a recordar el 123: cosa juzgada, final de término. Tenemos autorización de nuestro Alto Tribunal para proceder a esta exhumación y necesitamos estos días para poder terminar todos los elementos puramente instrumentales. La noticia es que el día 25 de octubre de 2019 el dictador ya no estará en el Valle de los Caídos.

P.- Esther Redondo, de La Sexta. Gracias. A la vicepresidenta. Quería preguntarle si ustedes tienen algo previsto en el caso de que el prior decida atrincherarse dentro de la Abadía, dado que él insiste en que no va a permitir la entrada del Gobierno para proceder a la exhumación. Supongo que es un escenario que han previsto. ¿Cómo van a proceder en ese caso? Quería saber si nos podía confirmar algún dato del operativo, como si el transporte va a ser por un medio aéreo o un medio terrestre, o si va a estar presente un forense -como se ha publicado también esta semana- en ese momento.
Y, en cuanto a los medios de comunicación, decía usted que iban a estar en un espacio público. ¿Se refiere, en concreto, a la explanada que hay enfrente de la Basílica?

Vicepresidenta.- Mire, a este Gobierno no le preocupa nada en un Estado de Derecho, donde todos acatamos las leyes, cumplimos las sentencias y el resto de nuestras obligaciones como ciudadanos, estés en las condiciones en las que estés, incluida la pertenencia a una orden religiosa. Estamos hablando de un país como el nuestro, así que no tenemos ningún temor.
El Tribunal Supremo nos ha dado la autorización más que suficiente, título más que suficiente para entrar a ese recinto y proceder al objetivo de la exhumación. Por lo tanto, nada.
La Iglesia Católica, desde el primer momento, como luego ustedes mismos han podido comprobar y yo dije cuando volví de aquella visita al Vaticano, nunca se ha opuesto a la exhumación. Como siempre, queremos la colaboración de la propia Iglesia Católica en este asunto en la medida que le corresponda porque el Gobierno va pertrechado de una sentencia del Tribunal Supremo que ha sido objeto de tres autos posteriores donde no queda ninguna duda más que los elementos -como decía antes-de la ejecución de la misma, en este caso, por nuestra parte.

Estamos contemplando los diferentes medios de transporte y de traslado, los estamos contemplando todos. Y, finalmente, decidiremos -como decía antes-el que sea técnicamente más seguro para ese traslado y el que resulte, también, de menor incomodidad para los ciudadanos. Y en ese sentido tomaremos nuestra última decisión, pero no descartamos en absoluto que pueda ser ese medio de transporte que usted indicaba.

P.- Beatriz Fernández, de Europa Press. Buenas tardes, vicepresidenta. Permítame que insista un poco en la pregunta que le formuló mi compañero Carlos. Porque ustedes hasta ahora venían diciendo que todos conoceríamos con antelación la fecha concreta de la exhumación porque esta se fijaría en un Consejo de Ministros. Lo dijo el presidente del Gobierno en una reciente entrevista y usted misma ayer afirmaba que solo al Consejo de Ministros le faltaba fijar la fecha y la hora concreta de la exhumación. Hoy, en cambio, nos han dado un plazo, no nos han dado una fecha.
Quería saber cuáles son los motivos que explican este cambio de criterio, porque cerrar el Valle con seguridad, entiendo que lo pueden hacer aunque ustedes anuncien hoy la fecha de la exhumación. Gracias.

Vicepresidenta.- Francamente y por aclarar, despejen cualquier duda acerca de que una mañana ustedes se levanten y ya reciban que a las 48 horas a tal hora estamos exhumando los restos de Franco. Despejen, repito, cualquier tipo de situación que puedan tener en su cabeza.

El Consejo de Ministros hoy ha tomado un acuerdo de fecha literal, desde este momento que ha terminado el Consejo de Ministros y se pone en marcha la ejecución de todos los asuntos hasta el día 25. Fecha rotunda: el 25 no estará Franco en el Valle de los Caídos.

¿Por qué tomamos esta determinación? Por una razón muy simple, porque necesitamos una serie de decisiones instrumentales últimas que tienen que ver, efectivamente, con la ejecución definitiva de este objetivo, nada más. Nada más.

Yo comprendo que estas preguntas a partir del 11 de junio cuando no pudimos hacer efectiva nuestra primera idea por todos los recursos que se siguieron después, a mí me parece lógica, pero en este momento con una sentencia del calado que ha tenido la sentencia del Tribunal Supremo; con los tres poderes del Estado, insisto y repito, alineados a alcanzar este objetivo; con la posición varias veces en pronunciamiento claro y formal de la propia Iglesia Católica aclarando que no tiene ninguna objeción que poner a la exhumación de los restos de Franco, ya solo cabe que -repito- ustedes, al mismo tiempo que se les notifique a la familia, se enteren de que tienen 48 horas para preparar de manera diligente la información que tienen que dar.

Y, sí, este Gobierno quiere ponderar los intereses legítimos, importantísimos, de un derecho fundamental a la información que ustedes canalizan como medios de comunicación con el contenido importante que siempre tuvimos de este acuerdo, que se trataba de preservar, en términos de respeto, los restos humanos que representan los restos del dictador. Para ponderar una cosa y otra -como dije ayer-no habrá imágenes y no habrá acceso al lugar exacto donde esta operación se va a llevar a cabo pero sí, naturalmente, los espacios públicos del propio lugar donde los medios de comunicación estarán.

Esta es una noticia que va a importar mucho, también, en el plano internacional y tendrán las imágenes que se puedan tener pero no otras, porque estamos hablando de la exhumación de unos restos que, en este caso, además, pertenecen a sus familiares.

Por lo tanto, este Gobierno nunca ha pretendido otra cosa que hacer lo que ahora justamente va a alcanzar a hacer porque el Tribunal Supremo lo ha entendido en los mismos términos en los que el Gobierno lo estaba planteando. Así que hay fecha: el 25 de octubre no estarán los restos de Franco en el Valle de los Caídos.

P.- Albert Calatrava de TV3. Hola. Mi pregunta es para la vicepresidenta. Un par de dudas. La primera, si con el acuerdo de hoy sobre la exhumación de Franco ya no se necesita ningún nuevo acuerdo para fijar la fecha. Entonces, ¿cómo sería? Si es una cuestión administrativa, ¿quién pone esta fecha?

Después, sobre los incidentes de ejecución, aclarar si son a las propuestas 1 y 4, que son las que hacían referencia a desobediencia civil, a la amnistía y, también, a la retirada de la Guardia Civil de Cataluña que creo que no lo ha citado. Entiendo que también hace referencia a ese punto.

Y, luego, una tercera cuestión. Si va a responder a la carta que ayer le envió la consellera Budó en que pedía al Gobierno español el cese del responsable de la Guardia Civil en Cataluña después de las palabras de esta semana. Gracias.

Vicepresidenta.- En relación a la primera parte de su pregunta, seré yo misma quien, coordinando las actuaciones, le proponga al presidente la fecha definitiva cuando tengamos, lo preguntaba antes su compañera, la autoridad mortuoria correspondiente que tiene que estar. Ya hemos trabajado mucho sobre la contratación de quienes tienen que ir, los operarios, las operarias que tienen que trabajar en esto, que son un poco los flecos instrumentales de los que estamos hablando.

O sea que, yo misma, cuando esté todo el operativo previsto, le propondré al presidente que él nos dé, digamos, el ok del último momento de la fecha; que tengamos, también, el contacto con la familia, con su representación, para que puedan, en este caso, asistir si quieren; los medios que tenemos que disponer que en el caso de que sean medios aéreos y no terrestres también requieren su complejidad para tenerlos el día a la hora.

Estoy refiriéndome todo el tiempo a estos elementos, como ven, de carácter puramente instrumental y necesito, obviamente, días. Y yo propondré al presidente la fecha definitiva. Por lo tanto, este es el acuerdo del Consejo de Ministros y, en ese sentido, la fecha.

Mire, los dos incidentes abarcan lo que es recurrible: desobediencia institucional, que exista el derecho a la autodeterminación, que se le pida al Gobierno de la Generalitat que reaccione frente a alguna situación que pueda venir en los próximos días y, en ese sentido, hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen claramente en qué se incurre si se procede a alguna decisión normativa o a algún acto jurídico que tenga que ser recurrible.

En relación a que la Guardia Civil salga de Cataluña, es evidentemente una posición política tan inaceptable, inasumible, frente a la cual nos hemos posicionado, que no tiene ningún fundamento jurídico más que un deseo político verdaderamente aberrante teniendo en cuenta lo que representa, nada más y nada menos, que nuestra Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad en nuestro país. No está a su alcance, no está al alcance del Parlamento de Cataluña, ni del Gobierno de Cataluña que un Cuerpo de Seguridad Nacional, como la Guardia Civil salga de Cataluña; es que no está a su alcance, puede estar en su proposición o en su deseo político pero, ni de lejos, a su alcance.

De los otros elementos, estamos hablando de una combinación en la que pareciera que existe el derecho a la autodeterminación, que se puede aceptar en democracia la desobediencia institucional que es constitutiva de delitos, y eso tiene una materia de recurso clarísima que por nuestra parte, además, está bastante estudiada. Porque piense usted que los requerimientos que hicimos la semana pasada en el Consejo de Ministros han formado parte del tiempo en el que hemos estado estudiando desde el punto de vista jurídico cómo podían ser impugnados, atacados jurídicamente.

Por lo demás, no está al alcance, repito, del Parlamento de Cataluña, de la Mesa de su Parlamento en un orden del día en el que quiera debatir semejante cosa, ni del Govern de la Generalitat. Es que no está en sus posibilidades ni pedir ni hacer nada contra la presencia de un Cuerpo de Seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, en todo el territorio nacional. No tiene, evidentemente, ningún pase jurídico, y nuestra posición política es clara, claramente entendida y, además, hecha en el minuto siguiente a que esto formó parte de aquel debate.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)