Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Hacienda, después de la reunión del Consejo de Ministros

30.9.2016

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Me acompaña el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas porque vamos a informarles de los principales acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Ministros y que tienen mucho que ver con un conjunto de medidas que estamos adoptando para evitar que la situación de bloqueo institucional y de falta de gobierno, que va también muy ligada a la falta de Presupuestos, pueda perjudicar al conjunto de los españoles.

Han podido escuchar en numerosas ocasiones al presidente del Gobierno que, a pesar de que estábamos en funciones, estábamos analizando distintas medidas, tanto legislativas como administrativas, que nos permitieran paliar la situación de bloqueo institucional que vivimos y que pueda afectar de manera negativa a los ciudadanos. Después de muchos trabajos, muchos estudios y muchos informes, podemos hoy presentarles un conjunto de medidas que, como Gobierno, vamos a llevar a cabo en algunas ocasiones y, en otras, que estamos negociando con distintos Grupos Parlamentarios para ponerlas en marcha.

Por tanto, son un conjunto de medidas que vienen ligadas, de un lado, a la imposibilidad de presentar Presupuestos Generales del Estado, dada la situación de interinidad; en segundo lugar, a la necesidad de cumplir nuestras obligaciones con la Unión Europea y, en tercer lugar, y la más importante, a evitar perjuicios a los españoles que no tienen por qué asumir el coste de la falta de Gobierno en plazo.

Gobernamos en situaciones difíciles y en la medida que nos permiten las leyes, y lo hacemos con un diálogo, que quiero agradecer, con el resto de los Grupos Parlamentarios para poner adelante un conjunto de medidas que buscan, fundamentalmente, lo que algunos ya han venido a llamar "operación de minimizar daños". Pues de eso se trata, de poner en marcha medidas que eviten perjuicios a los españoles.

Una de ellas, que se está hablando con los Grupos Parlamentarios y en la que tendremos que ser todos protagonistas, es la posibilidad de poder trasladarles o transmitirles a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones los nuevos objetivos de estabilidad presupuestarios, de déficit público y de deuda pública; la nueva senda fiscal que aprobó Bruselas.

Saben ustedes que, a falta de Presupuestos Generales del Estado, en el estado de la legislación era imposible aprobar unos objetivos de estabilidad presupuestaria desligados del techo de gasto y, además, en una situación en funciones. Lo que estamos hablando con los Grupos Parlamentarios, lo que estamos estudiando, es plantear una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que permita a un gobierno en funciones, y siempre que la Unión Europea modifique la senda fiscal, poder llevarla a las Cortes y poder aprobarla.

Saben que el Gobierno no tiene capacidad legislativa, no puede presentar Proyecto de Ley, pero estamos hablando con los Grupos Parlamentarios, tanto para poder hacer esa iniciativa, como para poder secundarla en la Cámara, como explicará después el ministro Montoro.

La segunda de las cuestiones viene referida a la necesidad de adoptar un conjunto de medidas que nos permitan cumplir con esa senda fiscal que nos ha aprobado la Unión Europea y que nos permite un plazo más largo en los objetivos del cumplimiento del déficit público. Por tanto, hoy aprobamos un Real Decreto Ley por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a esa reducción del déficit público para conseguir un incremento de los ingresos correspondientes al Impuesto de Sociedades. No se trata de una subida de impuestos, sino de un cambio en la metodología de los pagos fraccionados, como ahora explicará el Ministro.

Y la tercera de las cuestiones importantes la aprobamos ayer en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Tal y como se les informó desde la Secretaría de Estado de Comunicación, es la aprobación de la distribución del cuarto trimestre del Fondo de Liquidez Autonómico para el pago de vencimiento de deuda en las Comunidades Autónomas y del déficit público de las mismas. Tiene por objeto, fundamentalmente, mejorar los tiempos de cobro de los proveedores de las Administraciones.

Por tanto, presentamos un paquete de medidas, que se está dialogando con los distintos partidos políticos y con los distintos Grupos Parlamentarios, para minimizar los daños de la falta de Presupuestos, para evitar algunos efectos negativos en el incumplimiento del déficit público ante Bruselas y, sobre todo, que tiene un objetivo básico: evitar daños a los españoles, permitir a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones que tengan los nuevos objetivos de déficit para que puedan mantener el nivel de servicios públicos que vienen prestando hasta la fecha. Por tanto, se trata de mantener esos servicios públicos, se trata también de favorecer el pago en plazo a los proveedores y se trata de seguir gobernando en la medida que nos permiten las leyes, o incluso cambiar las leyes para que nos permitan un margen más amplio de gobierno y solventar todas estas cuestiones.

En otro orden de cosas, porque ahora lo explicará el Ministro detalladamente, hay alguna cuestión que me parece importante informarles. Hoy hemos exceptuado la aplicación de orden de cierre para permitir la tramitación de contratos de suministros imprescindibles en el funcionamiento del proyecto de Justicia Digital. De lo que se trata es de seguir avanzando en este proyecto para lograr una mayor informatización de la Justicia y, por tanto, una mayor agilidad y un acortamiento de los plazos, una reducción de los tiempos procesales.

Se trata de una inversión de 1,7 millones de euros para la compra de 1.450 portátiles ultraligeros y equipos complementarios para que jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia puedan trabajar en ese entorno digital. Serán medios de última generación imprescindibles para trabajar en el expediente digital, independientemente de que sea en el Juzgado o en la sala de vistas, emitir dictámenes y sentencias, acceder a la jurisprudencia o cualquier otro tipo de información que sea necesaria.

Permítanme que aquí les haga un breve balance de lo que ha supuesto que desde el 1 de enero de este año sean obligatorias para los profesionales de la Justicia las comunicaciones electrónicas con Juzgados y Tribunales. Pues bien, desde 1 de enero a 30 de septiembre, es decir, a día de hoy, ya se han practicado de manera electrónica casi cincuenta millones de comunicaciones y hoy ya son seiscientos los juzgados sin papel; de 2.300, ya hay 600 juzgados en los que ya no se mueve un papel, todo es electrónico.

Todo esto ha permitido la reducción de sesenta a diecinueve los días de presentación y notificación de documentos en los juicios ordinarios; se han logrado ahorros de más de 390 millones de euros y, además, con esta Justicia Digital, que permite aprovechar, aunque no computen, los días festivos, se han aumentado un 472 por 100 los escritos enviados en días festivos a los Juzgados y Tribunales, y un 547 por 100 en horario de tarde y de noche. Es decir, lo que se está permitiendo para los profesionales de la justicia es, digamos, el envío de trámites procesales las veinticuatro horas al día, todos los días de la semana. Eso mejora, agiliza la Justicia y permite que avancemos en una de las reformas que tienen que ser claves, que es la agilización de la Justicia, y, en general la agilización de la Administración.

Como puede explicar el ministro Montoro, con los cambios de leyes administrativas, que muchos de ellos entrarán en vigor el próximo 2 de octubre, la Administración digital dará un salto muy importante, un salto de gigante, a la desaparición paulatina, con sus dificultades pero en un proceso que avanza, del papel y a una mayor informatización. No obstante, quiero decir que España se encuentra, según datos de la OCDE, entre los países europeos, y en el conjunto de los países más avanzados, en los niveles más altos de digitalización de su Administración.

En este orden de cosas y dentro de ese proceso de digitalización, hoy los Ministerios de Hacienda y de Presidencia hemos elevado al Consejo un acuerdo para habilitar instrucciones de participación pública a los distintos Ministerios en el proceso de elaboración normativa a través de los portales webs de los departamentos ministeriales. Saben que hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de transparencia y de participación para acercar las instituciones a los ciudadanos. Entre otras medidas, un elemento importante es la participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías en la elaboración de proyectos normativos de distintas Administraciones.

Lo que hemos hecho con esta instrucción es armonizar en los distintos Ministerios para que los ciudadanos no tengan que cambiar el esquema de participación según se trate de una orden ministerial de un ministerio o de otro; que haya un proceso homogéneo entre las distintas webs. También se establecerá en el punto de acceso general electrónico de la Administración General del Estado un enlace a esos portales, de manera que, a través del enlace general, pueda uno dirigirse a cualquier Ministerio solicitando una modificación normativa o dando su opinión o sus sugerencias a cualquier modificación.

Por último, saben que en estos días les estamos presentando… La semana pasada aprobamos el Real Decreto de prórroga del Real Decreto de Sequía, que afecta a distintas Comunidades Autónomas, y les estamos informando de distintas medidas adoptadas. Hoy se ha tomado razón de obras de emergencia de la conducción de agua desalinizada de la red de distribución de la desalinizadora de Valdelentisco, en el embalse de Algeciras, en los términos municipales de Alhama de Murcia y de Librilla, también en Murcia. Es una inversión importante, de cinco millones de euros, que permitirá garantizar el suministro al Valle del Guadalentin, mediante caudales del trasvase o bien mediante caudales desalados, para poder garantizar, paliar, en la medida la situación de sequía declarada desde el mes de mayo de 2015 en las cuencas del Segura y del Júcar, y que, como les decía, se ha prorrogado la semana pasada hasta septiembre de 2017.

Sr. Montoro.- En primer lugar, en relación con la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ésta no es una iniciativa que puede tomar el Gobierno en funciones y, por tanto, lo hace el Grupo Parlamentario Popular.

Es una iniciativa de cambio en la Ley Orgánica, que establece una nueva disposición que viene a modificar el artículo 15 de esta Ley Orgánica. Lo hace para que, en las circunstancias que se están dando actualmente en España, que son dos: las instituciones europeas han aprobado una nueva senda de reducción de déficit público para España y la otra circunstancia de que hay un Gobierno en funciones, lo que significa que no podemos hacer Presupuesto nuevo para el año próximo… En esas circunstancias, y no en cualquier otra, la modificación de la Ley lo que permite es que el Gobierno en funciones pueda llevar a las Cámaras los nuevos objetivos de déficit para todas las Administraciones y, por descontado, para las Comunidades Autónomas, en concreto.

Por tanto, se trataría de una tramitación que necesita los apoyos políticos correspondientes; obviamente, para salir adelante como Ley Orgánica, mayoría absoluta. Y también decía que lo que hace es habilitar para que el Gobierno en funciones lleve adelante su propuesta de fijación de nuevos objetivos de déficit; algo que es urgente hacer de aquí a final de año porque, como avanzaba la vicepresidenta, las Comunidades Autónomas hoy tienen un objetivo fijado para el año 2016 del 0,3 por 100, que es el objetivo y es el objetivo también a través de los mecanismos extraordinarios de financiación FLA o de capacidad de endeudamiento que otorga el Consejo de Ministros a las Comunidades Autónomas que incumplieron el déficit del año pasado.

Lo que hacemos, por tanto, es habilitar, cambiar hacia un nuevo objetivo, que sería del 0,7 por 100 para este ejercicio, que es lo que esperamos que cierren las Comunidades Autónomas, efectivamente, en este ejercicio. Es objetivo coincidente con lo que razonablemente cabe esperar, a partir de los datos que vamos conociendo mensualmente de la evolución del déficit de las Comunidades Autónomas. Por tanto, eso nos habilitaría también como Gobierno para poder financiar la diferencia entre -0,3 y -0,7 por 100 de déficit.

Sin esto, si no somos capaces de financiarnos, si no tenemos nuevo título legal, eso lo que produciría es que aumentaría la cola de proveedores, el aplazamiento de pago de proveedores de Comunidades Autónomas y, por tanto, perjudicaríamos a los servicios públicos y, obviamente, estaríamos obstaculizando el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que es fundamental también. Nosotros, como país miembro de la Unión Europea, tenemos una exigencia en materia de cumplimiento de la Ley de Morosidad, de los plazos de esa Ley, y, por tanto, también es una exigencia que hay que guardar, establecer, seguir, muy puntualmente.

Esto habilitaría también para que propusiéramos nuevos objetivos diferentes del 0,1 por 100 actual para el año 2017, de manera que las Comunidades Autónomas puedan hacer su Presupuesto, no con un objetivo del 0,1 por 100, que hoy realmente queda muy empequeñecido, en razón de lo que la nueva senda. España cuenta con un año más para llegar, el conjunto de las Administraciones, al déficit por debajo del 3 por 100 y, lógicamente, también eso significará que a las Comunidades Autónomas hay que darles también una nueva senda. Por tanto, eso permitirá que las Comunidades Autónomas hagan su nuevo Presupuesto.

Ése es el sentido de esta modificación puntual, concreta, que también podía hacerse en trámite parlamentario con bastante rapidez, en lectura única, y, por tanto, eso permitiría también que el Gobierno cumpliera con lo que son los plazos ya establecidos. Convocaríamos Consejo de Política Fiscal y Financiera; convocaríamos Comisión Nacional de Administración Local; a continuación, llevaría al Consejo de Ministros la propuesta de objetivos y la remitiríamos a las Cámaras; en este caso, a las dos Cámaras, al Congreso y al Senado.

Esto es lo que pretendemos hacer y, por tanto, es el sentido mismo, y lo hace y lo protagoniza el Grupo Parlamentario Popular como propuesta de ley.

En segundo lugar, en relación con el Real Decreto Ley del Impuesto sobre Sociedades, es establecer un nuevo régimen de pago fraccionado, que afecta a los contribuyentes, personas jurídicas, empresas, cuya facturación supera los diez millones de euros, lo que en la terminología de la Agencia Tributaria denominan "grandes contribuyentes". Por tanto, no afecta para nada a empresas por debajo de ese umbral de facturación. Entonces, afectaría a un colectivo de en torno a unas nueve mil empresas en nuestro país.

Lo que trata es de restablecer el sistema de pago fraccionado anterior. En realidad, aunque pueda parecer novedoso, en su conjunto, la propuesta, lo que hoy aprueba el Consejo de Ministros, es recuperar el sistema de pago fraccionados que ya estábamos viviendo, estableciendo, desde el año 2012 y que también permite que desde el año 2012… En el año 2012 superamos la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, en lo que es la liquidación del año, los veintiún mil millones de euros. A partir de ahí, cada año hemos mantenido una recaudación en el Impuesto sobre Sociedades en el entorno de veinte mil millones de euros.

Tomamos esta decisión, que consiste, fundamentalmente, en establecer la obligatoriedad de un pago fraccionado del 23 por 100 sobre resultado contable. Esa es la obligación que establecemos, que subsume las anteriores condiciones de los pagos fraccionados y que lo que haría es que nos permitiera ingresar en la Hacienda Pública este año una cifra muy parecida, en el mismo rango que les he dado, que ya veníamos obteniendo cada año veinte mil y veintiún millones.

Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque, al haber cambiado el sistema de pago fraccionado consecuencia de la nueva Ley del Impuesto de Sociedades, advertimos que, si no lo hacemos, vamos a reducir los ingresos del Impuesto sobre Sociedades en una cuantía que no nos podemos permitir si queremos, efectivamente, como estamos obligados, cumplir con el objetivo de déficit de este año.

Por lo tanto, no se trata de recaudar muy distinto de lo que ya estábamos haciendo; se trata de que el Impuesto sobre Sociedades mantenga el mismo ritmo de ingreso que ya venía teniendo y, obviamente, hay que utilizar el último tramo del año para que en los dos pagos fraccionados que quedan, octubre y diciembre, las empresas afectadas ingresen ese pago fraccionado, que no supone mayor subida del Impuesto sobre Sociedad para ellas. Es como un anticipo a cuenta, como hacemos para las personas físicas a las que resulta devolver en IRPF. Como recuerdan, de cada cuatro contribuyentes, a tres les resulta a devolver cuando hacen la liquidación. Pues este sistema, igual.

Pero lo que ocurre es que el sistema, digamos, no caduca. El nuevo sistema no tiene plazo de caducidad; no es una medida sólo para 2016, sino que proyectará sus consecuencias hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3 por 100. Tampoco se trata de que permanezca mucho más, pero hay que cumplir y hay que mirar al horizonte 2018.

En relación con el FLA, como avanzaba también y nos ha contado la Vicepresidenta, lo que hemos hecho es aprobar en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día de ayer una cuantía, que es la que se corresponde con la financiación del 0,3 por 100 de déficit público --eso es lo que se corresponde--, que vienen a ser 10.489 millones de euros, que es lo que va a las Comunidades FLA.

Obviamente, en ese sentido, no estamos haciendo uso de ninguna capacidad diferente o especial; pero, como ven, necesitamos cambiar el objetivo de déficit cuanto antes para poder financiar el exceso de déficit sobre el 0,3 por 100 hasta el 0,7 por 100. Estamos hablando, por tanto, de más de cuatro mil millones de euros que necesitaríamos utilizar de los que disponemos, porque los diez mil millones habilitados en el día de ayer, todavía quedan por debajo, claramente por debajo, del umbral del total de FLA previsto para este ejercicio.

Por tanto, ahora lo que tenemos es, en suma, que utilizar el otro margen; pero hasta que no tengamos habilitación legal en la modificación de la Ley de Estabilidad no podemos hacerlo. Eso también es urgente hacerlo, porque todo ello es para los proveedores de nuestras Comunidades Autónomas. Hablamos de los proveedores de la sanidad pública, de la educación, de los servicios sociales, de residencias…, de todo ello. Por tanto, no pueden ni deben sufrir demora en esta política, que es la que estamos desarrollando como Gobierno, de minimizar los costes de la situación, también demasiado ya prolongada, que tenemos en nuestro país.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle si el Gobierno prevé, en el horizonte de las próximas semanas, que pueda haber una nueva investidura de don Mariano Rajoy y si también se están dando instrucciones a los diferentes ministros para que se preparen para ese escenario, puesto que el escenario económico del país sería diferente incluso de las medidas que ustedes nos han presentado hoy.

Luego quería preguntarle cómo está el tema de la reforma electoral. No sé si puede venir al Consejo de Ministros la próxima semana, para que no votemos el 25 de diciembre, sino el 18.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo que la opción de un Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, que ha ganado las elecciones, es la opción que más respeta el resultado de las urnas y que daría estabilidad a nuestro país. Pero, como hemos dicho muchas veces en esta mesa, no depende sólo del Gobierno, o del Partido Popular, o de quienes les apoyan, sino de que se logre el acuerdo con otros partidos.

Yo no voy a entrar, ya lo saben ustedes, y lo hemos reiterado bastantes ministros, en la situación interna de otros partidos políticos, y hasta ahí le puedo decir.

Sobre las medidas que hoy hemos adoptado, permítame que les explique por qué era necesario anticiparlas. Aquí siempre les hemos explicado que nosotros trabajamos sobre un doble escenario: el escenario de que pueda haber un Gobierno, en cuyo caso pudiéramos presentar unos Presupuestos, aunque se aprobaran más tarde del 1 de enero, pero en el que tendríamos plena capacidad presupuestaria para a final de año poder hacer determinados ajustes y adelantarlos; o que no lo haya.

Las Cortes, si no hay un Gobierno, se disuelven el día 31 de octubre. Entonces, nos encontrábamos ante la situación de que nosotros no podemos mandar a las Cortes los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de deuda pública con arreglo a la legislación actual, porque no se le permite a un Gobierno que no puede hacer Presupuestos presentar la primera parte de esos Presupuestos, como es el techo de gasto.

Como estamos compelidos por los tiempos en los que estamos, después de analizarlo mucho, después de muchos informes y después de hablado con las Comunidades Autónomas y con el resto de los partidos políticos, nos ha parecido que lo más acertado era instar una modificación puntual de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera que nos habilitara a hacerlo, porque nos encontrábamos con la imposibilidad del artículo 15 de la propia Ley que nos impedía presentar los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria con independencia del techo de gasto. Además, con la dificultad de que, como la Unión Europea ha cambiado la senda, ya la senda que tenían las Comunidades Autónomas, resultado del último techo de gasto, no se ajustaba a lo que era la realidad europea.

Por tanto, como ya les he manifestado aquí y ya les anticipé un poco en estas dos últimas semanas, estábamos estudiando medidas incluso legales para tener cobertura para hacerlo. ¿Por qué se presentan ahora? Porque es una modificación de una Ley Orgánica; por tanto, no puede hacerse por Real Decreto Ley. Y quedan, si no hay Gobierno, cuatro semanas. En lectura única podemos hacer esa modificación pero, como no la podemos hacer de ninguna otra manera, ni por urgencia, la hemos anticipado para que, pase lo que pase, si hay Gobierno, sería innecesaria pero, si no hay Gobierno, nos puede permitir, estando en funciones, llevar esos Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, esos objetivos de déficit público y de deuda pública, al Congreso y al Senado, y que las Comunidades Autónomas puedan disponer de la nueva senda y ajustar sus actuaciones y su gestión, y, por tanto, perjudicar lo menos posible a los servicios públicos.

Por eso ésta se anticipa. Dentro de ese informe amplio que estamos haciendo para minimizar daños, ésta era necesario hacerlo así para tener plenas garantías de que, haya o no Gobierno, podemos aprobar, si las Cortes así lo deciden, los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de deuda pública.

Ministro, si quiere añadir alguna cosa sobre este tema, le contesto a la segunda y luego le paso la palabra.

Sobre la Ley Orgánica, nos pasa como ésta: nosotros no podemos presentarla. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la presentará, en su caso, el Grupo Parlamentario Popular, con el apoyo de otros grupos en el modelo en que hablen y qué decidan. La Ley Orgánica de Reforma del Régimen Electoral General, también. Nuestra voluntad es hacerlo y pactarlo, porque requiere 176 votos afirmativos en una votación final del conjunto en el Congreso de los Diputados.

Yo creo que nadie quiere que se celebren unas elecciones el 25 de diciembre. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo y la presentación que está pilotando el Grupo Parlamentario Popular, nuestros compañeros allí, tiene que hacerse en breve, porque los plazos también son lo que son. Me imagino que la semana que viene será registrada, aunque eso ya es un tema, digamos, todavía más político y de negociación que lo que aquí planteamos, que está también muy ligado, en el tema de la sostenibilidad financiera, a la presentación por parte del Gobierno de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria que tendríamos que hacer después del cambio legal.

Sr. Montoro.- Yo creo que ya hemos intentado y estamos dispuestos… Por supuesto, si necesitan cualquier aclaración…; pero más bien que nazca en este sentido de que pidan aclaración.

P.- Tenía varias preguntas, una de ellas para el ministro Montoro. Me gustaría saber en qué grado están las negociaciones con los Grupos para sacar adelante esa modificación de la Ley de Estabilidad, si hay acuerdo en cuanto a esa modificación y, en concreto, también con esos objetivos de déficit para este año de las Comunidades Autónomas.

De la Vicepresidenta, siguiendo un poco con las preguntas que hacía la compañera, me gustaría saber si el Gobierno vería con buenos ojos que el Rey iniciara una nueva ronda de consultas con los partidos políticos, dado que el objetivo es evitar esas terceras elecciones, a pesar de que la situación del Partido Socialista siga siendo bastante confusa, como parece que es.

Y una pregunta, muy concreta también: me gustaría saber quién es ahora mismo para el Gobierno el interlocutor del Partido Socialista.

Sr. Montoro.- Con los grupos políticos hemos hablado --estamos hablando con todos--, también con los Gobiernos autonómicos y lo que encontramos es una respuesta positiva, porque todos entendemos que estamos ante una situación que exige esa modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad para poder fijar nuevos objetivos y hacerlo, como les explicaba, tanto con consecuencias en 2016, como para los Presupuestos de 2017. O sea, encontramos buen eco y, por tanto, por eso también, obviamente, estamos llevando adelante esta iniciativa.

Es posible conseguir coincidencia, cada uno con sus diferencias o sus matices; pero corresponde a los grupos políticos presentes en la Cámara hacer esos pronunciamientos, no nos corresponde a nosotros. Ellos entenderán cuándo deben hacerlo y, por tanto, no queremos entrar en lo que es claramente su competencia.

En relación con las Comunidades Autónomas, en la facilidad, si se me permite decirlo así, en relación con el objetivo 2016, está en que ya fue acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que celebramos a finales del mes de abril. Por tanto, no es una cifra para nada extraña a nadie y lo que es importante es que consigamos que, efectivamente, liquiden sus Presupuestos este año en esa cifra. Pero quiero decirles que, por tanto, no hay una negociación sobre esa cifra del 0,7 por 100 para el ejercicio del 2016; lo que sí habrá es una negociación para el nuevo objetivo, pero eso es una negociación que no hemos empezado porque el Gobierno no ha fijado lo que sería la distribución del nuevo objetivo para el año 2017. Por tanto, una vez que internamente lo hayamos hecho, lo someteremos a la consideración de las Administraciones territoriales.

Vicepresidenta.- Sobre su segunda pregunta, hay procesos que no le corresponden al Gobierno iniciar ni decir si tienen o no que iniciarse, porque eso no es una prerrogativa del Gobierno, sino que es una prerrogativa regia en plena interlocución con las Cortes y sus portavoces. Por tanto, ahí nosotros tenemos que ser muy respetuosos con las competencias de cada cual.

Lo mismo le puedo decir para la tercera de sus preguntas. Nosotros no somos quienes para decidir si hay o no cambio de interlocutores habida cuenta de los procesos abiertos. Nosotros no debemos inmiscuirnos en ese proceso. Lo respetamos y deseamos que el Partido Socialista lo resuelva. Nada más.

P.- Vicepresidenta, voy a seguir con el tema. Dado que queda un mes para que se disuelvan las Cortes y hay un problema de gobernabilidad, no sé si el Gobierno considera que sería más fácil que en esta guerra abierta en el Partido Socialista ganara el llamado "bando de los críticos" para tener una última oportunidad de conseguir esa abstención y que pueda haber una investidura de Mariano Rajoy.

¿Teme el Gobierno, dada esta guerra abierta, que se ponga en peligro esas negociaciones para conseguir minimizar daños, puesto que parece que hay un vacío de poder dentro del Partido Socialista?

Vicepresidenta.- Sobre la última, ya le ha comentado el ministro Montoro que se está trabajando, y se está trabajando bien.

Sobre la primera de sus cuestiones, me llevaría a mí a tener que tomar partido, que, como miembro del Gobierno y, además, como miembro de otro partido, no debo hacer.

P.- Vicepresidenta, siguiendo con este asunto, quería saber si el Presidente en funciones, el señor Rajoy, va a intentar una nueva investidura en este mes que queda de plazo antes de la disolución de las Cortes y si va a buscar esas once abstenciones que le harían falta en el Partido Socialista sin necesidad de esperar a que se resuelva la división interna en el PSOE, o bien va a esperar a que se resuelva y tomar una decisión.

Por otro lado, para el señor Montoro. Ha hablado de la proposición de ley, pero el Real Decreto Ley tiene que ser convalidado también y ¿el acuerdo está garantizado, tiene el apoyo garantizado de los grupos de la oposición de la Cámara?

Sr. Montoro.- Lo que garantiza la vigencia es la votación. Por tanto, lo que sí hemos hecho ha sido negociar, dialogar, con todos los grupos de la Cámara en este asunto, en la Ley Orgánica de Estabilidad. Lo hemos hecho en los diferentes estamentos del Gobierno, desde la Presidencia o desde el Ministerio; por tanto, en perfecta coordinación. Lo que le digo es que realmente por eso tenemos la confianza de que va a ser aprobado. Tendremos mayoría más que suficiente, porque en los grupos políticos lo que hemos encontrado es buena recepción, en el sentido de entender que es necesario. Gustará más o menos, como a nosotros mismos. Es que ahora resultará que nos gusta hacer esto; hacemos esto porque es necesario hacerlo y es conveniente, y es lo que realmente puede ayudar a conseguir el déficit público de este año y, por tanto, la continuidad de la recuperación económica y de la creación de empleo. Para eso lo hacemos.

Por tanto, hemos encontrado una buena recepción en los Grupos y también en los Grupos mayoritarios de la Cámara

Vicepresidenta.- En cuanto a su primera pregunta, nosotros seguimos manteniendo la misma posición; ya lo dijo el presidente del Gobierno después de la primera votación de investidura. Pero, lógicamente, en este momento nosotros no vamos a entrar a valorar qué cambios puede haber del otro lado. Nosotros estamos ahí, todo el mundo sabe lo que pensamos, lo que defendemos qué es mejor para nuestro país, y, entre tanto, lo que iremos haciendo es gobernar dentro del margen que nos permiten las leyes para evitar daños, hablándolo con los diferentes partidos políticos y procurando que este país se vea perjudicado lo menos posible por la falta de Gobierno.

P.- A la Vicepresidenta le quería preguntar qué planes tienen para solventar la situación que se va a producir en la CNMV a partir del jueves, en que vence el mandato de la presidenta y de la vicepresidenta. Se había hablado de un decreto, pero parece ser que en este asunto no habría acuerdo con los Grupos. No sé qué van a hacer, ya que no pueden permanecer en funciones según la normativa del organismo.

Al ministro de Hacienda le quería preguntar por las previsiones iniciales que nos trasladaron en el Real Decreto Ley de Sociedades, que eran más suaves. No sé si es que, a lo mejor, los cálculos que tenía el ministro de Economía no eran los que tenía Hacienda y han prevalecido los de Hacienda, o es que la situación del déficit que ustedes auguran es algo peor, porque los datos de la declaración de agosto han sido algo mejores --los de Sociedades-- de lo que iban evolucionando en los últimos meses.

Por otro lado, ustedes tenían en el pacto de investidura con Ciudadanos de agosto una serie de reformas en Sociedades. Estamos viendo que este impuesto tiene una serie de problemas y no sé por dónde irían los asuntos que se ve en el medio plazo, el año que viene, que se podrían tocar en este impuesto. Y quería saber si se prevé un BOE extraordinario para esta tarde, ya que mañana empieza el plago del pago y ya podía haber algún problema de la entrada en vigor. ¿Va habilitarse esta tarde, es una posibilidad?

Sr. Montoro.- Sí, se va a publicar esta tarde en el BOE, en un BOE extraordinario, para que no haya absolutamente ninguna duda el 1 de octubre sobre el régimen de pago fraccionado en vigor.

Los anuncios que ha hecho y en su momento iba haciendo el Ministerio de Economía eran los que les trasladábamos; es que somos lo mismo. Ellos están presentes en los órganos de gobierno de las instituciones y nunca han utilizado, digamos, ni una previsión ni un cálculo diferente de lo que es el resto del Gobierno y, en concreto, del que venga del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Lo que ahora hacemos es relativo a garantizar, a asegurar, que con esto conseguimos el objetivo de déficit, pero incluyendo las ayudas financieras y nos quitamos ya de otro tipo de… Entendemos que es mejor hacerlo así porque, insisto, no estamos afectando para nada al Impuesto sobre Sociedades. No es una modificación del Impuesto sobre Sociedades; es una medida de liquidez, en términos de ello, y, por tanto, entendemos que no vamos a perjudicar sustancialmente a la actividad económica. Y hemos decidido hacerlo con algo más de amplitud en relación con los primeros anuncios; pero le insisto en que tampoco entendamos que estamos cubriéndonos, es porque entendemos que es mejor para todos. Es la misma filosofía con la que comenzamos la Legislatura.

En el año 2011, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades eran unos dieciséis mil millones de euros y en el año 2012 subimos a veintiún mil millones de euros, con una recesión económica. Entonces, las empresas ya me contarán si estaban ensanchando o reduciendo beneficios, y subimos a veintiún mil millones de euros, casi cinco mil millones más de recaudación con la economía cayendo, según nos ha dicho el INE últimamente, el 2,9 por 100. Ahora no estamos en eso, ahora la economía está creciendo y por eso mejora la recaudación del Impuesto sobre Sociedades; va mejorando, como ya decíamos también.

Pero es que necesitamos garantizar esa recaudación y, por tanto, queremos el mismo rango de recaudación, que entendemos que es también un elemento fundamental de esa recuperación económica y lo que está permitiendo que se ensanchen los beneficios empresariales, que son el objeto del Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, no es contradictorio; es que es la última consideración, el contraste que hemos hecho con los grupos políticos y también es así entendido, aceptado.

Pero, insisto, esto no es para… Si fuéramos sobrados, no lo haríamos; está claro, un poco por resumirlo. Estamos haciendo lo que hay que hacer, una vez más, y estoy convencido de que va a ser en beneficio de las empresas, porque son ellas las que están creando empleo y son ellas, realmente… Pero también es bueno que vayamos aproximando el tipo efectivo de gravamen, que lo hemos bajado en España este ejercicio al 25 por 100, a lo que son los pagos efectivos de este gravamen. Esto es muy bueno para todos, para que veamos que todos, seamos personas físicas, sean empresas pequeñas, sean autónomos o sean empresas grandes, pagamos los impuestos realmente muy cerca de los tipos nominales, porque para eso bajamos los tipos nominales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta en relación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el problema se suscita porque, a diferencia de otros organismos como puede ser la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que sí lo prevé su propia ley reguladora, no establece un sistema de prórrogas cuando finaliza el mandato de alguno de sus miembros, en este caso de presidente y vicepresidente.

Lo que el Ministerio ha estudiado son diferentes opciones, tanto de tipo legal, cambios legales, como otras que no exigen modificaciones legislativas, porque realmente el problema que se tiene es en el quórum del comité ejecutivo de la Comisión. Entonces, puede haber soluciones legales, pero no son indispensables, y puede haber también soluciones administrativas, que puede incluso la propia entidad, la propia Comisión, adoptar dentro de sus propias competencias de régimen interno, con lo que con eso podría también solventarse esa situación de vacatio que se puede producir como consecuencia del fin del mandato.

P.- Para la Vicepresidenta. Han asegurado que ya no está en su mano, pero me gustaría saber si permanecen abiertos los contactos con el resto de Grupos de cara a una posible investidura para evitar estas terceras elecciones.

Al Ministro me gustaría preguntarle si se plantea la intervención de Cataluña si la CUP y Puigdemont firman unos presupuestos que no vayan a cumplir el déficit.

Vicepresidenta- Nosotros hicimos, y lo hizo el presidente del Gobierno en persona, un esfuerzo muy importante para una investidura con 170 votos; yo creo que es una mayoría muy amplia. Nosotros trabajamos para mantener esos consensos y el contacto que tenemos ahora es, digamos, bastante intenso, porque también estamos abordando con todas las fuerzas políticas, incluidas también las que están dentro de ese acuerdo, solventar problemas muy reales como los que estamos viendo hoy del asunto de los objetivos de estabilidad o del cumplimiento de la senda fiscal que nos ha establecido Bruselas. Por tanto, nosotros ahí perseveramos con independencia de la situación en la que vivimos.

Sr. Montoro.- En relación con lo que serían nuevos presupuestos en Cataluña, la obligación de esos nuevos presupuestos es cumplir con los objetivos de déficit. En Cataluña y en cualquier otra Comunidad Autónoma, cualquier otro Parlamento, Asamblea, o cualquier otro órgano del Gobierno de una Administración Local, tiene autonomía para elaborar sus presupuestos; pero, a renglón seguido, tiene que acomodar esos presupuestos, si han incumplido los objetivos de déficit del último ejercicio, a los planes de ajuste con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los planes económicos financieros que significan una corrección de esos presupuestos.

Esperamos que en los presupuestos nuevos de Cataluña, si se hacen, si se elaboran, no haga falta; sería lo ideal. No lo voy a decir ahora, pero estamos habituados a modificar los presupuestos de las Comunidades Autónomas. Eso es lo que hemos aprendido en esta Legislatura y, por tanto, eso es normal también.

Con Cataluña tenemos aprobado el PEF; es la única Comunidad Autónoma en la que tenemos aprobado el Plan Económico Financiero y, por tanto, no tenemos por qué esperar especiales discrepancias. Otra cosa es que a determinadas opciones políticas les gustarían otras cosas; pero la realidad se impone y, ciertamente, insisto, tenemos aprobado ese PEF. Eso va normalizando esas relaciones y nos da también título habilitante para poder financiar correctamente a través del FLA los servicios públicos de los catalanes como del resto de los españoles.

P.- Vicepresidenta, un par de precisiones sobre las negociaciones políticas para aprobar estas dos iniciativas: Sociedades, ¿va a ser a través de un Real Decreto Ley, que tendrá que convalidarse? ¿Hay también negociaciones o pactos establecidos ya con fuerzas políticas para que se pueda tirar adelante la convalidación en el Congreso? En concreto, ¿con quiénes?

También, al Ministro o a la Vicepresidenta, sobre la cuestión también de la senda fiscal de las Comunidades, ha dicho que "incluso con los grupos mayoritarios", pero ¿han negociado también, en concreto, con el PNV, con el Partit Demócrata Catalá y con Esquerra Republicana su posición sobre esta cuestión? ¿Cuál ha sido el resultado?

A la Vicepresidenta. Después del debate de la moción de confianza, el presidente Puigdemont ha asegurado que, si se pacta con el Estado el referéndum, se puede atrasar la fecha e incluso negociar otros parámetros. Quería saber si hay disponibilidades del Gobierno a escucharle o a hablar con él sobre estas modificaciones, sobre estas cuestiones que él propone.

Sr. Montoro.- Sí, hemos negociado con los grupos políticos que usted cita y algunos de ellos tienen responsabilidad de Gobierno en su Comunidad Autónoma; por tanto, ha habido esa negociación.

Pero yo les insisto en que para las conclusiones, como todavía tienen un carácter provisional, lo que quiero es utilizar la situación que estamos viviendo para explicar la importancia de estar sentado con poder de voto en esa Cámara que es el Congreso de los Diputados. Cuando tenemos situaciones así, es cuando realmente le tenemos que dar todo el valor a lo que significa esa delegación de la soberanía popular en el Congreso de los Diputados. Son quienes tienen esa capacidad de estar allí, votando en ese momento, los que toman la decisión. Por tanto, eso es lo que estamos hablando y estamos negociando con todos; pero insisto en que deben ser las diferentes formaciones políticas las que vayan diciéndonos qué van a hacer, y no hacerlo desde quien ha sido una parte de la negociación. Deben ser ellos mismos los que expliquen cada uno las razones de lo que será en su momento su voto.

Pero, insisto, estamos viviendo este tipo de situación y lo que es importante, y nosotros lo hemos hecho también muy formalmente, es que nuestra negociación ha discurrido a través de los Grupos Parlamentarios, de los portavoces de los Grupos Parlamentarios, que son quienes están sentados en el momento de esa decisión. Creo que esta situación de inmovilización política, de bloqueo político, también tiene que poner en valor lo que significa ser diputado y ser senador en una democracia avanzada, como afortunadamente lo es la española.

Vicepresidenta.- Sobre la última de sus preguntas, traigo también a colación lo que acaba de decir el ministro Montoro. Como se ha visto aquí, tenemos con las Comunidades Autónomas --con todas las Administraciones, pero con las Comunidades Autónomas muy en particular-- muchos asuntos de los que hablar y de los que negociar. Ni más ni menos, estamos promoviendo los distintos partidos un acuerdo parlamentario para poder modificar una Ley Orgánica, ni más ni menos que la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para poder aprobar la nueva senda de déficit y permitirles a las Comunidades Autónomas actuar en un plano de estabilidad.

Nosotros, en todo lo que está en nuestra mano, directamente como Gobierno, cuando estábamos en plenas facultades, o cuando estamos gobernando en funciones pero intentando gobernar de la mejor manera posible, llegamos a acuerdos y negociamos. Y lo hacemos solos o lo hacemos con acuerdos parlamentarios, porque tenemos esa capacidad, porque tenemos capacidad de modificar, los Grupos Parlamentarios, una Ley Orgánica en el Congreso, o el Gobierno, a través de su Comisión Delegada, aprobar el cuarto trimestre del FLA, como hemos aprobado los tres trimestres anteriores.

Pero lo que está pidiendo el señor Puigdemont no lo podemos ni negociar nosotros, ni el Congreso de los Diputados, ni el Senado, porque no es nuestro. Desde luego que no es del señor Puigdemont, pero tampoco es ni del Gobierno, ni de las Cámaras. Lo que quiere el señor Puigdemont es que negociemos sobre un asunto cuyo propietario es el conjunto de los españoles, esos 47 millones de españoles, casi 47 millones de españoles, que son los únicos que pueden negociar sobre lo que es su propio país, su propio Estado, su derecho a la igualdad, su derecho a la solidaridad y sus derechos fundamentales.

Entonces, aquí no es una cuestión de que nos sentemos en una mesa, pon una coma o quita otra coma. A la soberanía nacional no se le pueden poner ni comas ni condiciones, porque es incondicional, porque es soberana, porque está por encima de todos nosotros. ¿Y quién hemos pensado que somos nosotros y le podemos decir al conjunto de los españoles que vamos a decidir y a negociar, con comas y con condiciones, una cosa que sólo les corresponde a ellos?

Yo creo que lo que hemos visto hoy en esta mesa pone de manifiesto hasta dónde podemos llegar cada uno. Ir más allá es sobrepasar el mandato que nos han dado los españoles y, sobre todo, faltar al respeto a la soberanía nacional.

¿Qué hay que aprobar un FLA para pagar a proveedores y podemos hacerlo en Comisión Delegada? Lo aprobamos en Comisión Delegada ayer mismo. ¿Qué resulta que nos han cambiado en Bruselas la senda de déficit fiscal y hay un mayor margen, y puede permitir a las Comunidades Autónomas ajustarse de otra manera y tener un mayor alivio, y, con eso, que no haya ningún género de dudas sobre los servicios públicos? Si lo podemos hacer, lo hacemos; si no lo hacemos, incluso promovemos un cambio de Ley Orgánica hablando con todos los Grupos para poder hacerlo y que nos den ese margen. Y ahí nos va a encontrar siempre; incluso, aunque no nos venga a buscar, nosotros salimos, porque estamos promoviendo estos cambios.

Pero, mire, que nos sentemos a ponerle puntos y comas a la soberanía nacional, ni nos está permitido, ni debemos hacerlo, ni podemos hacerlo, ni cumpliríamos nuestra obligación como gobernantes que somos. Si todos los españoles están sujetos a la Ley, el señor Puigdemont, el señor Montoro y yo misma, los primeros.

Muchísimas gracias.