Conferencia de prensa de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, y de los ministros de Fomento y de Sanidad, después de la reunión del Consejo de Ministros

23.1.2015

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que se han aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque hoy hemos aprobado dos Anteproyectos de Ley que constituyen un avance muy importante de la Agenda Social, que, como saben, es uno de los ejes de actuación del programa de reformas del Gobierno para estos meses.

Hoy se han aprobado el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social y el Anteproyecto de Ley del Voluntariado. Se trata de dos leyes que pretenden modernizar y reforzar la acción solidaria española, y el compromiso con la igualdad y con la justicia social.

En España hay seis millones de voluntarios y treinta mil entidades sociales. Con estas normas lo que hacemos es reforzar los derechos y deberes de los voluntarios, y el papel de estas organizaciones en el diseño y ejecución de las políticas destinadas a los colectivos más vulnerables. Con la Ley del Voluntariado se unifica, además, una normativa muy dispersa y se actualiza la ley vigente, que es del año 1996. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Además, lo que se lleva a cabo son las concreciones de aspectos importantes y muy reclamados por el sector, como la participación de menores en iniciativas de voluntariado o la compatibilidad laboral con la participación en proyectos de voluntariado.

En cuanto al Tercer Sector de Acción Social, lo que se pretende es favorecer y fortalecer la capacidad de interlocución con las Administraciones Públicas. Se le da un marco normativo que le permite participar en la elaboración y en el seguimiento de las políticas sociales, orientadas a apoyar a los colectivos que lo necesitan como grupos sociales excluidos o en riesgo de exclusión, la lucha contra la pobreza o la concienciación y la sensibilización ciudadana.

También hemos dado un paso importante en otro de los elementos fundamentales de nuestro programa de reformas, en el ámbito de las reformas estructurales en determinados sectores en que es necesario favorecer la competitividad y mejorar el funcionamiento.

Hoy me acompaña la ministra de Fomento, porque se ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la enajenación de acciones de Aena, S.A. mediante una Oferta Pública de Venta. Hay que señalar que AENA es el mayor gestor aeroportuario del mundo, con casi 196 millones de pasajeros en 2014; gestiona 46 aeropuertos y participa en la gestión de otros 15 en todo el mundo. Ahora será posible la entrada de capital privado después de una profunda transformación de la compañía, que ha permitido que sea rentable por primera vez.

También, y a iniciativa del Ministerio de Fomento, se ha aprobado el Plan de Seguridad Operacional Aeroportuaria.

En otro orden de cosas, hoy hemos aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la negociación de la enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, del 1 de diciembre de 1988, con el fin de acomodar el despliegue por tiempo indefinido en la base aérea de Morón de la Frontera de una fuerza militar de respuesta para crisis de los Estados Unidos de América. Con este Acuerdo lo que se autoriza es a que los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de Defensa, empiecen a negociar con los Estados Unidos esa enmienda al Convenio de Cooperación. Con esta enmienda, que será la tercera en los veintiséis años de vida del texto, si se llega a un acuerdo, se pretende dar cabida en el Convenio a la petición norteamericana del pasado 4 de diciembre de utilización por un contingente de marines y sus medios aéreos de apoyo de la base aérea española de Morón de la Frontera.

Como saben, la presencia temporal de un contingente de marines ya había sido autorizada anualmente por el Consejo de Ministros en dos ocasiones: el 19 de abril de 2013 y el 7 de marzo de 2014. En esta ocasión, tanto por la vocación de permanencia del contingente, como para el aumento del personal y los equipos, se considera que se debe negociar la modificación del Convenio.

Quiero destacar, además, que la relación bilateral que se mantiene con los Estados Unidos en esta materia es, quizá, una de las más importantes que tiene nuestro país. Junto con nuestra pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea, forma parte de los tres pilares básicos de las relaciones internacionales estratégicas de la defensa nacional.

Con el establecimiento de este contingente en la base de Morón lo que se busca es reforzar las labores de control, disuasión e inmediata acción, si fuera necesaria, en un área de total prioridad para la seguridad de nuestros socios y vecinos, pero también de España, y una zona fundamental para el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales. Por tanto, es un despliegue que fortalece la seguridad dentro de la colaboración que nos debemos socios y aliados.

En la negociación se abordarán aquellos elementos que sin duda contribuirán o deben contribuir a mejorar los efectos que tienen estos acuerdos, especialmente los aspectos laborales.

También les informo de que se ha aprobado el Acuerdo que toma razón del equipamiento necesario a fin de dotar ya la planta 22 del Hospital Central de la Defensa como Unidad de Aislamiento Hospitalario de Alto Nivel. Con este Acuerdo se acelera la dotación de esta planta del "Gómez Ulla" y para ello se han destinado diez millones de euros. Lo que se busca es reforzar, perfeccionar y modernizar una unidad previamente existente para dotar a la defensa nacional y al Sistema Nacional de Salud de medios sanitarios muy necesarios.

No es una instalación que tenga su razón de ser exclusivamente por la crisis del ébola, pero puede ser de gran utilidad para afrontar cualquier aspecto que pueda producirse en esa enfermedad. Pero lo que es más importante: forma parte de la obligación que tienen nuestras Fuerzas Armadas de estar preparadas ante cualquier eventualidad, y las enfermedades infecciosas no son un riesgo menor. Hay que considerar que, además, realizan misiones en zonas del mundo en que se dan varios tipos de enfermedades infecciosas de virulencia importante, y lo que se están dando son pasos necesarios para proteger y equipar a nuestras Fuerzas Armadas adecuadamente, a fin de responder a estos riesgos y mejorar las capacidades existentes.

Por último, les informo de que esta mañana se reunió el Consejo de Seguridad Nacional. Presidido por el presidente del Gobierno, ha analizado el terrorismo yihadista desde una perspectiva integral, porque varios son los organismos y ministerios concernidos en este asunto, atendiendo a sus causas e implicaciones en distintos planos. El Consejo ha abordado prioritariamente la situación de seguridad a raíz de los últimos atentados terroristas ocurridos en París. En este sentido, se ha enfatizado por parte del Presidente que la prioridad del Ejecutivo es reforzar la seguridad, sin menoscabo de nuestros derechos y libertades. El ministro del Interior ha explicado las líneas principales del Plan Estratégico Nacional del Lucha contra la Radicalización Violenta, que será aprobado en los próximos Consejos de Ministros. El objetivo es reforzar las capacidades del Estado y articular las mejores iniciativas de prevención, detección y respuesta ante los riesgos y amenazas a la seguridad de la manera más coordinada y cooperativa posible.

Sr. Alonso .- Efectivamente, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy los Anteproyectos de Ley del Tercer Sector de Acción Social y la nueva Ley del Voluntariado, Anteproyecto, por tanto, que viene a sustituir a la Ley existente del Voluntariado, que es la Ley 6/1996, la última Ley que hizo aquel Gobierno, veinte años después.

Son leyes que se enmarcan dentro del cumplimiento de la Agenda Social del Gobierno y que vienen también a suponer una notable mejora del marco normativo. La del Voluntariado porque supone la revisión de la Ley del Voluntariado veinte años después, conocida la experiencia, en unas circunstancias que han variado mucho desde que se hizo aquella primera ley para regular el voluntariado en nuestro país; y la del Tercer Sector porque es una innovación legislativa. No había habido hasta ahora una ley específica que lo regulara y que definiera su régimen jurídico; por tanto, es un paso adelante muy importante.

Las dos Leyes han sido elaboradas de acuerdo con los sectores implicados. Hemos trabajado muy estrechamente con todas las entidades del Tercer Sector para esta Ley, muy particularmente con el CERMI. Por tanto, hemos trabajado juntos y son fruto de ese esfuerzo de diálogo y de consenso social. También la Ley del Voluntariado ha respondido a ese criterio. Y vienen a formar parte de una acción de Gobierno que está destinada a fortalecer las estructuras básicas de la protección social en España: en primer lugar, las Administraciones Públicas. Toda la Legislatura ha sido un esfuerzo para garantizar su sostenibilidad financiera y para acometer reformas estructurales que hicieran más sólidos los pilares del Estado del Bienestar desde el punto de vista del papel de los grandes servicios públicos de las Administraciones.

En el papel que representan las familias españolas, que es la otra gran red de protección social en nuestro país, habrá novedades a futuro en este sentido; pero ya ha habido medidas importantísimas. Quizás, la última más reseñable es la reforma fiscal, que estaba muy pensada a apoyar aquellas personas con menos recursos y también a dar nuevas posibilidades a las familias españolas. Ahí se introducían algunas medidas, que eran la ayuda para las familias con hijos dependientes con discapacidad, o con personas ascendientes a cargo también en situación de dependencia o discapacidad, o ayudas a familias numerosas, o ayudas a familias numerosas de categoría especial. Y se les concedía la posibilidad de una ayuda de cien euros, de una deducción de cien euros, que podían ir cobrando mes a mes, 1.200 euros al año, acumulable.

Digo todo esto porque hoy hemos recibido los datos de las peticiones de las dos primeras semanas, que son ya más de noventa mil peticiones para estas ayudas a la familia y a las personas con discapacidad.

Finalmente, para fortalecer la otra tercera gran estructura de protección social, que canaliza el ejercicio de la solidaridad de los españoles y que es fruto de la iniciativa social, de la iniciativa de los ciudadanos, que son las entidades del Tercer Social de Acción Social… Son casi treinta mil entidades en toda España, en las que trabajan 635.000 personas, con las que colaboran más de un millón de voluntarios y que están atendiendo a más de cinco millones de españoles. Por primera vez van a tener un régimen jurídico específico en una ley a nivel nacional.

Esta Ley define lo que son estas entidades que trabajan en el Tercer Sector desde el punto de vista de su compromiso con la solidaridad, su ausencia de ánimo de lucro y su ámbito propio de actuación. Las viene a regular, establece las condiciones de su regulación jurídica y las considera entidades colaboradoras de las Administraciones Públicas y, por tanto, entidades con las que las Administraciones Públicas van a contar para el diseño y el impulso de las políticas públicas en el terreno de la acción social. Ya venía siendo así, tiene que ser así y lo es formalmente ya, a partir de ahora, con esta nueva normativa.

Se establecen los cauces de participación, los órganos de participación, a través del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y de la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, que son nuestros órganos formales de comunicación, de colaboración y de diseño de políticas públicas.

Se definen también cuáles son los objetivos de la política de fomento a que se llama a las Administraciones Públicas en favor del Tercer Sector de Acción Social y se asume un compromiso en la Ley de elaborar en el plazo de un año, a partir de su aprobación, un programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social destinado a su promoción, a su difusión, a la mejora de la formación, al apoyo a la cultura del voluntariado, a la cooperación del Tercer Sector con los servicios públicos, a la contribución para la financiación pública de las entidades del Tercer Sector y, en general, a potenciar los mecanismos de colaboración.

Se introducen también algunas garantías, que yo creo que son importantes, y que son más importantes a la luz de la experiencia de los últimos años, en materia de garantía de la financiación y de los recursos con que pueden contar estas entidades para prestar su labor solidaria. Concretamente, la Ley establece la equiparación de las obligaciones que nacen de los convenios que establecen las Administraciones Públicas en temas de servicios sociales con las entidades del Tercer Sector con la regulación que está establecida para otros proveedores de las Administraciones Públicas. Se quiere proteger esos créditos, esas obligaciones, que tienen las Administraciones Públicas. Como ustedes saben, en el pasado esto supuso un grave quebranto o problema para estas entidades, porque se les adeudaban más de tres mil millones de euros procedentes de convenios con las Administraciones Públicas, que se subsanaron a través del Pago a Proveedores.

También hay un mandato de la Ley para que las especialidades de las entidades del Tercer Sector sean tomadas en consideración e incorporadas en la normativa de subvenciones.

Creo que se da, por tanto, un paso adelante muy importante, que es nuevo, que es muy demandado y que respondía a un compromiso de esta Legislatura, y tenemos ilusión en que, cuando ya el Anteproyecto pueda transformarse en Proyecto, podamos enriquecerlo a través del diálogo con el resto de fuerzas políticas y aprobarlo lo antes posible en las Cortes.

La Ley del Voluntariado está afectando --hablaba la vicepresidenta del Gobierno-- a más de 6,5 millones de voluntarios en España. Más del 40 por 100, entre el 42 y el 46 por 100, son menores de 34 años y, por tanto, el perfil del voluntario en España es un enorme compromiso y un capital de compromiso de la gente joven. Pero un 8 por 100 ya de los voluntarios españoles son mayores de 65 años, la acción voluntaria también de las personas mayores está aumentando mucho y está, por tanto, cambiando el perfil de la actividad de los voluntarios.

Se actualiza esa Ley 6/1996, que quedará sustituida, definiendo la acción voluntaria, clasificando el voluntariado español. Por primera vez, establecemos ámbitos de voluntariado social y voluntariado de cooperación al desarrollo, el voluntariado ambiental, el voluntariado cultural, el deportivo, el voluntariado educativo, el socio-sanitario, el de ocio y tiempo libre, el comunitario y el de protección civil. Son todos los ámbitos en los que se despliega esta acción voluntaria en España y se distingue de otras formas de participación.

El voluntariado tiene que ser libre, tiene que ser gratuito, no puede sustituir al trabajo remunerado y se distingue de otras formas de participación civil como puede ser la participación en partidos políticos, en sindicatos o en comunidades de vecinos. Por tanto, se define y se centra; se establecen los derechos y deberes de los voluntarios, lo cual redunda en que tengan una mayor protección jurídica a la hora de desarrollar su labor; el régimen jurídico de las entidades de voluntariado a través de las cuales las personas pueden desarrollar su acción altruista, y un elemento clave para la relación entre el voluntario y la entidad, que es el acuerdo de incorporación. El acuerdo de incorporación es como si fuera el contrato entre la persona que va a prestar su tiempo y la entidad que ha diseñado un proyecto y un programa concreto con un objetivo al servicio del interés general. Y también se definen los derechos y los deberes de los destinatarios de la acción del voluntariado.

Yo creo que es una ley importante. Ambas leyes van a desplegar su ámbito de actuación en referencia a las entidades del Tercer Sector de ámbito nacional o que actúan en más de una Comunidad Autónoma, y también a las entidades de voluntariado que lo hacen así.

En el voluntariado hay aspectos que son verdaderamente novedosos, que son la referencia a la participación y el impulso de programas de voluntariado por parte de las empresas y por parte también de las Universidades, y el fomento de la acción voluntaria en los menores de edad. Es decir, meter el voluntariado…, ya está metido, pero apoyar que el voluntariado esté cada día más presente en la escuela, con todas las garantías, tanto en el diseño de los currículum educativos, como en la propia de participación en acciones de voluntariado de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros escolares.

Por tanto, nosotros creemos que en España se puede avanzar más; que ésta es una gran riqueza que tenemos, que hay una disposición a la solidaridad que es un activo y que es un activo que podemos impulsar, y sinceramente pienso que con estas leyes se conseguirá este objetivo.

Sra. Pastor.- Como decía antes la Vicepresidenta, AENA es en este momento el mayor operador aeroportuario del mundo. En el último año, como saben, ha movido más de 195 millones de pasajeros; 134 millones de extranjeros, de personas que no eran españolas, que han entrado o salido de España por aeropuertos. Gestionamos 46 aeropuertos y 2 helipuertos, y participamos en la gestión de 15 aeropuertos en todo el mundo.

La entrada de capital privado, como saben, ha sido posible después de una profunda transformación del gestor aeroportuario. Cuando llegamos al Gobierno, como saben, estaba en una situación francamente delicada. En estos tres años de Legislatura se ha llevado a cabo un cambio en la gestión que ha permitido, por una parte, duplicar el resultado bruto de explotación --de 883 millones hemos pasado, a fin de 2013, a 1.610 millones--, y una mejora de la eficiencia en la gestión y el recorte del gasto en más de 255 millones. Para que se hagan una idea, hemos pasado de números rojos a tener en este momento un saldo muy positivo.

También mejora en la generación de caja: era de -500 millones, no había dinero para pagar la nómina, y hemos pasado, como saben, a un saldo ya de +846 millones. En los nueve primeros meses de 2014 la generación de caja fue de 1.000 millones de euros.

En cuanto al proceso de entrada de capital privado en AENA, como saben, se puso en marcha cuando se aprobó el Real Decreto Ley del mes de julio del año pasado. Ahí establecimos --así lo autorizó también el Consejo de Ministros-- el marco regulatorio que ha servido de base a este proceso de entrada de capital privado del 49 por 100. Se acordó hacerlo en dos fases: una fase que ya terminó, como saben, y la separación de AENA de ENAIRE; esta última que es la responsable del proceso de entrada de capital privado.

El Consejo de Ministros del 11 de julio acordó autorizar a ENAIRE el inicio de los trámites de la entrada de un núcleo duro en la compañía, el 21 por 100 del capital, a lo que se llaman inversores de referencia. Ese proceso se hizo conforme a lo que indicó, como saben, el Consejo Consultivo de Privatizaciones y el resto, el 28 por 100 del capital, es lo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, que es la Oferta Pública de Venta de Acciones.

La primera fase, por tanto, finalizó el 16 de octubre con la formalización de los contratos con los inversores de referencia: Corporación Alba, Faero y TCI. Ahora el Consejo de Ministros ha autorizado, en el día de hoy, esta Oferta Pública de Venta de Acciones siguiendo los trámites oportunos. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la compañía registrará esta misma tarde el folleto de la OPV en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la salida a Bolsa se producirá el próximo 11 de febrero.

Pues bien, tras la entrada de capital privado, el interés general queda garantizado a través del marco de regulación y supervisión que hemos aprobado. Ese marco de supervisión es el que le da al regulador, al Grupo Fomento, al Ministerio de Fomento, la capacidad, a través de lo que se llama el DORA --el Documento de Regulación Aeroportuaria--, de garantizar en todo momento la calidad de los servicios que se prestan, el funcionamiento de todos los aeropuertos, su capacidad y su accesibilidad en todo momento.

Se ha decidido, además, como saben, la congelación de las tarifas aeroportuarias. No lo han hecho otros operadores, sí lo ha hecho España y, además, esta congelación de tarifas va a durar hasta 2025; diez años de congelación de tarifas.

AENA, por tanto, sigue siendo una empresa pública, el 51 por 100 sigue siendo del Estado y los profesionales que trabajan en AENA van a seguir siendo servidores públicos. Todos sus profesionales seguirán siendo empleados públicos y la presencia de inversores privados va a fortalecer la gestión de la compañía y, sobre todo, lo que es más importante, la sostenibilidad del futuro del modelo aeroportuario que el Gobierno ha defendido siempre desde que llegamos, que es que haya un operador aeroportuario que es el que permite que haya sinergias y es el que permite que nosotros podamos tener, por ejemplo, un aeropuerto en la Isla de El Hierro, porque los ciudadanos que viven en El Hierro necesitan movilidad, que tengamos movilidad en Ceuta o en Melilla, o en muchos lugares de España, que, si no, no la podríamos tener.

Por lo tanto, esa viabilidad como gestor aeroportuario nos la podemos permitir porque trabajamos en red. Tenemos una gran red, que, por cierto, contribuye de una manera decidida a la riqueza de nuestro país, a la generación de empleo, empleo directo y empleo indirecto. Por tanto, el Gobierno está preservando el modelo, ese modelo de aeropuertos que conforman una red nacional.

Termino diciéndoles que vamos a mejorar, y lo estamos haciendo ya, la competitividad y la eficiencia, en un entorno, por cierto, de mucha competencia con otros operadores internacionales. Y vamos a posibilitar el desarrollo internacional de una gran compañía que tiene la Marca España.

Por tanto, en conclusión, la transformación y saneamiento de AENA ha sido la que nos han llevado hasta aquí; y la entrada de capital privado y las buenas perspectivas del futuro en el tráfico aéreo, como hemos cerrado este último año --por cierto, se han efectuado ya reservas para el período de invierno que crecen mucho más que el año pasado, y todo eso dice que vamos a tener un incremento sostenido en el número de pasajeros-- nos van a permitir que España cuente con el principal gestor aeroportuario del mundo, lo que servirá de estímulo a los sectores económicos y, especialmente, a uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país, que es el turismo, que saben que ha movido el último año más de 65 millones de turistas, y a otra cosa que es muy importante para el Gobierno, que es la cohesión y la vertebración territorial.

En segundo lugar, como ya indicó la Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, lo que se conoce como el PESO. Sólo quiero indicarles que este Plan es clave para el transporte aéreo, para este sector estratégico del país, que fortalece la seguridad aérea, que es una prioridad para nosotros en todos los modos de transporte y, como no, en este modo de transporte; que España ha decidido adoptar --es uno de los primeros países que lo adopta-- este enfoque preventivo en el que colaboran y trabajan todos, todos los operadores, las aerolíneas y todos los que forman parte del sector, y que la esencia del modelo es, con permiso del ministro de Sanidad, como la sanidad, el enfoque preventivo: es mucho mejor prevenir que luego currar, que él siempre dice también. Por lo tanto, lo que nos estamos fijando es que el número de incidencias sean las menores posibles y ése es el nuevo enfoque que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.

P.- A la ministra de Fomento. Si la gestión es tan buena, si está ganando dinero, realmente ¿por qué se vende AENA? ¿No sería más razonable que se la quedara el Estado?

Al ministro de Sanidad. Ha hablado usted del posible Plan de Familia. ¿Es cierto que podían ser hasta cinco mil millones de euros en ese Plan de Familia en el que están trabajando?

Y a la Vicepresidenta le quería preguntar sobre el "caso Bárcenas". ¿El Gobierno cree que es compatible impulsar la regeneración que quiere impulsar mientras la Abogacía del Estado --esto es, el Gobierno-- está diciendo que el partido del Gobierno tuvo durante años una "caja B"? ¿No temen también que Bárcenas, saliendo de la cárcel, pueda perjudicar esa imagen de regeneración?

Sra. Pastor.- A la primera pregunta que usted ha realizado, que es la que me corresponde, quería decirle que, primero de todo, este modelo no es novedoso; es justo todo lo contrario. Lo novedoso era el modelo tal y como estaba, y, por cierto, lo novedoso y lamentable es que estuviera en pérdidas y no hubiera para pagar la nómina. Lo que se hace es justamente fortalecer la red, lo que se hace es dotarla de mayor competencia y lo que se hace es, sobre todo, garantizar que en el futuro en España no se trocearán, si me permite la expresión, los aeropuertos.

Sr. Alonso.- Con respecto al Plan de Familia, lo presentaremos en las próximas semanas o en los próximos meses. Está dentro de las previsiones de la Agenda Social del Gobierno. Vamos trabajando en él, ahora se están contemplando más de doscientas medidas; algunas están puestas en marcha, otras no. A partir de ahí, veremos cuál puede ser la cuantificación; pero se quiere que sea un plan sencillamente de impulso a la familia por muchas razones: porque es la primera red de protección social en España y porque es la apuesta más segura de futuro. Pero habrá que esperar a que presentemos el Plan.

Vicepresidenta.- Sobre la tercera de sus preguntas, el Gobierno lo único que le preocupa en un Estado de Derecho es que no se haga justicia. Con lo que nosotros respetamos las actuaciones de los Tribunales y las sentencias que se dicten.

Desde luego, cada uno tiene su papel: los jueces y Tribunales, enjuiciar y dictar sentencias, que son las que en su caso tendrán que acreditar los hechos que se consideran probados y, en su caso, condenar a los que aparecen ahí como imputados; a otros poderes del Estado, en este caso el Gobierno, y en la parte que le corresponde a las Cortes Generales, adoptar todas las medidas para evitar que la corrupción pueda producirse en el futuro.

Creo que se ha llevado a cabo un plan de regeneración democrática que no había existido nunca en España. Nunca había existido una Ley de Transparencia, y ahora existe; y se publican, no sólo los sueldos o los currículos, que pueden dar actualidad a la cuestión, sino aspectos muy importantes que contribuyen a esa transparencia y a evitar futuras corrupciones, como es la publicidad de las subvenciones o de los contratos.

En segundo lugar, está en las Cortes un paquete legislativo que no se ha aprobado ni se ha presentado nunca a lo largo de la democracia: no sólo el cambio que se hizo en la Ley de Financiación de Partidos al inicio de la Legislatura, que también, sino las leyes que acaban de salir del Congreso de los Diputados: el Estatuto del Alto Cargo, que está inspirado en dos principios fundamentales, que son la ejemplaridad y la rendición de cuentas, y el control económico-Financiero de los partidos políticos. Por primera vez están sometidos a una serie de obligaciones los partidos políticos de transparencia y por primera vez, además, se tipifican determinados delitos.

Y por primera vez en el Código Penal se da impulso a algo que a los ciudadanos preocupa, y que yo creo que es importante, y es el decomiso de lo que se ha llevado por la corrupción. Uno, a veces, tiene la sensación de que si hay procedimientos, que son muy largos, que conviene agilizar, porque en estos temas hay que hacer justicia cuanto antes --en todos, porque la justicia lenta pierde ese carácter de justicia muchas veces--; pero lo que hay que conseguir es que, al final de ese proceso, se recupere, por parte de la Administración y por parte del ciudadano, lo que se ha llevado la persona que está en un proceso de corrupción. Y eso lo ha presentado este Gobierno.

Yo creo que eso es un compromiso muy serio: el respeto a la actuación de los jueces y de los Tribunales, y el cumplimiento de lo que a cada uno corresponde. Aquí quiero agradecer, además, que en esta labor han sido distintos partidos, distintos Grupos Parlamentarios, los que nos han acompañado en su aprobación. Algunos, al final, después de mucha negociación, han decidido abstenerse. Pero, por ejemplo, la Ley de Control Económico-Financiero de los Partidos Políticos ha tenido… creo que han sido 26 votos en contra. Eso supone un respaldo importante a una ley que fija unas reglas de juego muy importantes en ese ámbito.

P.- Yo quería preguntarle, primero, a la Vicepresidenta. Después de la primera frase que le escuchamos al señor Bárcenas al salir ayer de prisión, ¿temen que pueda aparecer por platós de televisión y dañar o erosionar la imagen del Gobierno, y en particular del presidente del Gobierno, especialmente con ese mensaje que le escuchamos ayer?

Quería preguntarle también al ministro de Sanidad y Servicios Sociales varias dudas sobre los dos Anteproyectos que nos ha presentado.

En primer lugar, sobre el Anteproyecto del Tercer Sector, me gustaría que nos explique cómo queda esa posibilidad de que se meta la concienciación respecto a las ONG, voluntariado y tal en los planes educativos, en las escuelas. ¿Eso está previsto o cómo se podría hacer?

Luego, sobre la Ley del Voluntariado, sobre dos acciones concretas: ¿se va a hacer algún tipo de restricción para que personas condenadas por, por ejemplo, violencia de género puedan participar en este tipo de acciones de voluntariado? ¿Cómo queda la posibilidad de que un trabajador reduzca su jornada, o no sé si puede llegar a pedir una excedencia, para hacer una labor de voluntariado, por ejemplo, en el extranjero? ¿Eso está contemplado o no?

Vicepresidenta.- Sobre esta mesa yo no hago valoraciones de las declaraciones de los imputados, y por algunos delitos acusados, que hagan en su defensa. No es tarea del Gobierno responder a la estrategia procesal de cada uno. El historial de acusaciones e imputaciones es del todo conocido, y cada uno puede sacar las conclusiones de esa estrategia procesal que considere oportunas; pero no es cuestión del Gobierno ni valorarlas, ni comentarlas, ni mucho menos participar en ellas.

Sr. Alonso.- Respecto a lo que planteaba, efectivamente, hay previsión de que, de una manera trasversal, se pueda incorporar en los currículos el fomento del voluntariado y también la puesta en valor de las acciones del Tercer Sector Social. Viene incorporado aquí y, por tanto, en la medida en que viene en la Ley, supone también un mandato para las Administraciones educativas.

En cuanto a las restricciones, se han introducido. Se ha introducido que un condenado por agresiones sexuales o un condenado por delitos contra los menores no pueda realizar una acción de voluntariado en la que está con menores. Y también en lo que se refiere a la violencia de género se introducen ya cautelas y garantías en la Ley.

Yo creo que en la tramitación parlamentaria, o de aquí a que vayamos al Parlamento, podemos ampliarlo y estamos analizando de qué manera lo vamos a ampliar también a condenados por terrorismo, etcétera. Pero se trata también de dar e introducir garantías en la Ley; ésa es la perspectiva en la que estamos.

Se hace referencia a las Administraciones Públicas en relación a que han de habilitar posibilidades de reducción de jornada y mecanismos para favorecer que los empleados públicos puedan participar --naturalmente, tiene que ser fuera de su tiempo de trabajo-- en acciones de voluntariado; se hace esa referencia en la Ley. A partir de ahí, son las Administraciones las que deberán habilitar mecanismos.

Creo que la intención de la Ley es clara; la intención es abrir cauces que faciliten que las personas puedan dedicar su tiempo al ejercicio de la solidaridad.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por la crisis interna que está sufriendo ahora mismo el Partido Socialista, en la medida en que esto puede ahondar en el final del bipartidismo, como se refleja ya en las encuestas, y esto al final afecte también en la estabilidad política que tanto preocupa al Gobierno, como lo han manifestado en diferentes ocasiones.

Por otro lado, relacionado con el Partido Socialista también, respecto al pacto yihadista, que parecía que ya estaba más o menos apalabrado, el Partido Socialista pide ahora que se saque de ese pacto la prisión permanente revisable y que no se mencione. ¿El Gobierno está dispuesto a revisar ese punto concreto?

Vicepresidenta.- Su primera pregunta viene referida a la crisis interna del Partido Socialista. Como comprenderá, yo desde el Gobierno no puedo valorar ni pronunciarme sobre la situación interna que tienen los partidos políticos. Es una cuestión en la que desde aquí no podemos incidir.

Sobre el tema más general de la estabilidad política, sí le digo que me parece que es un valor importante. La estabilidad política es lo que ha permitido en España,, en estos tres años, llevar a cabo un programa de reformas que se está saldando y que se está empezando a ver en los resultados positivos que hemos conocido estos días; un plan de reformas que ha permitido dos cuestiones de esta semana, importantes: que el Fondo Monetario Internacional destaque y mejores las previsiones únicamente de dos grandes Estados, dos grandes países en el mundo, que somos Estados Unidos y España --y dice expresamente el Fondo Monetario Internacional que lo es gracias a las reformas--, o la Encuesta de Población Activa que conocimos en el día de ayer, donde se pone de manifiesto como casi medio millón de personas han abandonado el paro en el año 2014 y que nos coloca en la senda del millón de empleos creados entre 2014 y 2015.

¿Por qué se pueden hacer esos programas de reformas que nos colocan en una situación que no está en otros Estados? Por la estabilidad política. La estabilidad política también cotiza en Bolsa, la estabilidad política es confianza y yo creo que hay que poner en valor esos datos porque, si no se ponen en valor, se pone en riesgo; y, en segundo lugar, porque hay que reconocer el esfuerzo importante que ha hecho España a lo largo de todo este tiempo de crisis para, con ese esfuerzo de muchísimos españoles, encontrarnos hoy en una situación que permite hablar con una cierta esperanza de la recuperación del empleo, de la recuperación de la economía y de la superación de una crisis muy profunda.

Por tanto, yo creo que los elementos de estabilidad son importantes y los partidos de Gobierno son importantes para mantener la estabilidad. El partido que sustenta al Gobierno le da esa estabilidad, se lo da su Grupo Parlamentario, se lo da su partido político y se lo da un programa de reformas en el que, como digo y como decía la semana pasada, seguimos trabajando y seguimos impulsando semana a semana, como este propio Consejo de Ministros.

Sobre la segunda de las cuestiones, se está trabajando muy intensamente con todos los Grupos y lo está haciendo el secretario de Estado de Seguridad, que está manteniendo distintos contactos. Hay figuras que son importantes, que se han reservado para ese Pacto de Estado, que no están en el actual Código Penal y que es importante regular, como la figura de los "lobos solitarios" o todos los procesos de reclutamiento o las vueltas de los que se conocen como los retornados o los que van a esas zonas de conflicto. Yo creo que el fin merece la pena para todos poner la máxima voluntad de consenso.

Sobre este último escollo, sencillamente, ni al secretario de Estado de Seguridad, ni, si me permite, a mí me parece insalvable, por cuanto la figura de la prisión permanente revisable ya aparece recogida en el Código Penal, que sigue su propia tramitación. Lógicamente, lo que tienen que tener estos delitos, porque estamos hablando de terrorismo, es pena similar a la que se contempla en el Código Penal para el delito de terrorismo con carácter general en nuestro Derecho.

En lo que se fundamenta el pacto, y por eso yo digo que el escollo, a mi juicio, no es insalvable, es en que regulemos todas esas figuras que nos ayudan a luchar contra el terrorismo, a luchar contra los "lobos solitarios", a luchar contra determinadas fórmulas que a través de Internet buscan la formación, el reclutamiento o el regreso de estos yihadistas de las zonas de guerra. Eso es el fin y me parece lo suficientemente importante como para que atendamos a lo que es la regulación de ese delito con independencia del sistema de penas que viene contemplado, como digo, en el Código Penal.

Penas que, por otro lado --y hago un inciso, ya separado del tema del yihadismo--, no son una excepción en los países de nuestro entorno. Países como Francia, como Italia, como Alemania, como Suiza o como Dinamarca --estoy hablando de los nórdicos-- contemplan penas similares a las que tienen nuestro Derecho y nadie duda de su sistema democrático de penas, que es de los más avanzados. Tampoco lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo considera conforme al Convenio, ni ha habido escollos para aceptar su constitucionalidad por los distintos órganos consultivos que han informado de la prisión permanente revisable.

Pero, además, esa pena cumple funciones importantes en relación a lo que nuestra Constitución establece que debe ser una pena: en primer lugar, de lógica retribución a la gravedad de los delitos --está pensado para los delitos más graves de nuestro ordenamiento--; en segundo lugar, porque a esos delitos más graves hay que dar una respuesta ciudadana y social de que la gravedad de las penas va pareja a eso; y, en tercer lugar, de protección especial: hay que proteger a las posibles futuras víctimas cuando sabemos que delincuentes que cometen delitos tan graves no se han reinsertado, con lo que también contribuye a esa función de reinserción y de comprobación de la reinserción pasado un tiempo, antes de que se vuelvan a incorporar a la sociedad.

Pero, como digo, este es un debate diferente. En el debate del pacto sobre el yihadismo en lo que estamos trabajando es en nuevos delitos, en nuevas figuras, que nos permitan dar una respuesta, en la misma línea que están haciendo otros Estados europeos, para ser eficaces frente al terrorismo que en este caso, en este terrorismo de corte internacional, tiene nuevas figuras y nuevas fórmulas a las que hay que responder. Yo espero que lo llevemos a buen puerto, porque la importancia de la materia así lo requiere.

P.- Vicepresidenta, parece inminente la convocatoria electoral en Andalucía. Hace poco, la semana pasada o la anterior, calificó usted misma de error político el adelanto electoral en Cataluña. No sé si considera lo mismo en el caso de que se convoquen las elecciones en Andalucía y si cree que obedece a criterio puramente tacticista de la actual presidenta de la Junta, de Susana Díaz.

Por otro lado, otras elecciones: el domingo, en Grecia. ¿Considera el Gobierno que una victoria de Syriza será negativa para el euro y para la Unión Europea? ¿Tiene efecto-contagio o podría tener efecto-contagio en España?

Vicepresidenta.- Sobre la convocatoria electoral en Andalucía, me gustaría destacar alguna cuestión. Ese Gobierno en Andalucía ya nació inestable. De hecho, hemos conocido distintos episodios; uno que fue muy sonoro en relación a la política de viviendas. ¿Por qué nació inestable? Porque gobierna quien perdió las elecciones. Se presentaron, fundamentalmente, tres partidos, que son los que obtuvieron representación parlamentaria; ganó un partido, que fue el Partido Popular, no llegó a la mayoría absoluta y con un pacto de los que quedaron segundo y tercero se formó un Gobierno en Andalucía que ha demostrado que es inestable. Esa inestabilidad es con la que ha convivido.

Adelantar las elecciones siempre es un fracaso; es un fracaso de un proyecto de Gobierno que no estaba bien asentado. La coalición no lo estaba desde el momento en que no sabemos si llegará a buen término pero, desde luego, el devenir de los acontecimientos así lo demuestra.

Corresponde la decisión de adelantar o no adelantar, en este caso, a la presidenta de la Junta de Andalucía y tendrá que dar sus motivos y sus razones. Táctica desde luego fue esa coalición y ahora convocarlas tendrá que explicar por qué si lo que está encima de la mesa es si responde a un calendario que pueda ser o no mejor a los intereses de su partido o a sus intereses propios, y en qué situación quedan los andaluces.

Pero yo quiero recordar lo más importante: ese Gobierno de Andalucía nació inestable. Siempre pasa cuando gobiernan coaliciones que no han ganado las elecciones, que no responden a lo que votaron mayoritariamente los ciudadanos de una Comunidad Autónoma y que, al final, observamos en el devenir de los acontecimientos que acaban en convocatorias anticipadas en la situación en que hemos visto.

Sobre las elecciones en Grecia, en campaña, y en general, el Gobierno no interfiere en lo que son las elecciones de otros Estados. Pero sí recordar que, cualquiera que sea el resultado en la elección de cualquier Gobierno en el seno de la Unión Europea, los pactos y los compromisos están para cumplirse.

P.- Vicepresidenta, de vuelta a las elecciones en Grecia, dice que los pactos están para cumplirse. Uno de los partidos que concurre a esas elecciones, que es Syriza, dice que esos pactos no los va a cumplir. Ustedes siempre están apelando a la estabilidad. ¿Syriza es sinónimo de estabilidad, a juicio del Ejecutivo.?

Luego, ya sé que no comenta declaraciones de otros políticos; pero el señor Pablo Iglesias, allí, en Grecia, ha criticado al himno de España y ha dicho… bueno, ha hecho declaraciones en contra del himno nacional. Al ser un signo del Estado, me gustaría también una valoración. ¿Quiere que le diga las declaraciones que ha hecho?

Vicepresidenta.- Se lo agradecería, porque…

P.- Yo se las busco, porque no las tengo apuntadas, pero enseguida… Las tengo aquí; ahora mismo se las digo.

Ha dicho --son palabras textuales-- que "es una cutre pachanga fachosa". Ha dicho el señor Iglesias en Grecia, en un artículo en un medio de comunicación. Al ser sobre un signo nacional, me gustaría saber si nos podría dar una valoración.

Al ministro Alonso. Me gustaría saber cuándo se van a producir los cambios relativos al aborto, que se anunció que se producirían en las próximas semanas.

Vicepresidenta.- Sobre Grecia, como decimos nosotros, respetamos el resultado electoral y creo que el domingo serán los griegos a quienes les corresponda decidir los siguientes años del futuro de su país.

En general, para todos los países de la Unión Europea, consideramos que es buena la estabilidad, que hay que cumplir los pactos y que hay trabajar para crecer todos. Ésa es la verdadera solución de los problemas de la Unión Europea y creo que es a los griegos a quienes les corresponde valorarlo.

Sobre las declaraciones en Grecia de Pablo Iglesias, yo lo que le pediría es un respeto a los españoles, porque hay una inmensa mayoría de los españoles que se consideran representados por sus signos. Si no le gusta, en democracia las cosas que no gustan se insta a cambiarlas; pero no se insulta a lo que es una representación de todos los españoles. Me parece una falta de respeto a los españoles, porque es un signo que nos identifica, y ya, si se hace fuera, creo que por partida doble.

Sr. Alonso.- Yo ahora mismo no tengo una fecha concreta que dar, pero sí tengo un objetivo que tiene el Partido Popular, porque se comprometió a ello. En el caso concreto, y además muy específicamente, del cambio en la regulación del consentimiento de las menores, ha de hacerse de tal manera que se garantice que esa modificación legal entra en vigor en esta Legislatura. No sé si ya en este periodo de sesiones, ojalá también. Por tanto, será pronto, pero no tengo ahora una fecha.

P.- Tenía algunas preguntas para la ministra de Fomento. Ministra, aunque no haya aún un precio definitivo de salida de la acción, quería saber si nos podía decir, más o menos, cuánto espera recaudar de esta privatización de AENA.

La segunda pregunta es si ahora usted, con el tiempo pasado, de alguna manera bendice los retrasos que ha habido, teniendo en cuenta que estamos en una situación económica y de mercados muy diferente a los primeros intentos.

Y la tercera me la puedo imaginar por lo que ha dicho usted en la primera pregunta; pero quisiera que me confirmase que, dejando en manos públicas el 51 por 100 de AENA, ya se descarta definitivamente el vender o el privatizar la gestión de algunos aeropuertos concretos, como el de Barcelona.

Sra. Pastor.- A la primera pregunta, quisiera decirle que el precio de salida a Bolsa de AENA se determina después de la exposición a todos los inversores, del "road show" internacional, en una reunión, como saben, conjunta entre los bancos colocadores y la comisión de ENAIRE, que es la que dirige el proceso de entrada de capital privado; todo ello en un proceso que es transparente, como saben, y que está sometido al control y a la vigilancia de la CNMV.

Con respecto al futuro, no de mañana, sino el futuro del futuro de la compañía, el modelo que ha elegido el Gobierno es éste: es en el que cree, es en una compañía, pública, que sigue siendo pública. Por lo tanto, ése es el proyecto y ése es el modelo de defensa de los aeropuertos españoles, con un 51 por 100 público y con profesionales que van a seguir siendo servidores públicos.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.