Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Hacienda y de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

19.12.2014

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros, que ha sido un Consejo muy amplio, con muchos temas, que están todos detallados en la Referencia. No obstante, nos vamos a centrar en los que entendemos que son más importantes.

Hoy se hace un esfuerzo muy destacado en materia de empleo, pero también en materia de reformas fiscales en apoyo al empleo.

Me acompaña el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Hoy se han aprobado varios asuntos a propuesta de su Departamento.

Además de modificaciones en los Reglamentos del IVA y otros impuestos para trasladar la reforma fiscal, hoy se ha aprobado el Real Decreto Ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Es un nuevo régimen que supondrá mayores incentivos fiscales para potenciar el crecimiento y el desarrollo económico en las Islas. Los incentivos están vinculados a la creación de empleo que, como saben, es el objetivo esencial en la acción del Gobierno.

Respecto a la Zona Especial Canaria, se posibilita la actuación en todo el territorio del archipiélago, se amplía el número de actividades que pueden desarrollarse y se recogen mejoras fiscales significativas. Como explicará el Ministro, en el caso de empresas que se dediquen a la exportación a África Occidental o aquellas que favorezcan las actividades económicas más avanzadas tecnológicamente se van a ver también muy beneficiadas. En definitiva, las modificaciones suponen una mejora muy importante que contribuirán al desarrollo económico de las Islas. Ahora, ese Real Decreto Ley se remite al Parlamento de Canarias a fin de recabar su informe preceptivo antes de la convalidación del Real Decreto Ley.

Quiero destacar la estrecha comunicación que ha mantenido el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, con el Gobierno de Canarias para su aprobación y la intensa negociación que ha hecho el propio Ministerio con Bruselas para la aceptación de este Régimen.

Asimismo, se ha incluido en el Real Decreto Ley la prórroga por un año en el mecanismo de otorgamiento del régimen retributivo específico para instalaciones renovables, que permitirá ir cumpliendo los plazos de la Ley.

En segundo lugar, también en materia de empleo, el Real Decreto Ley por el que se regula el Programa de la Activación para el Empleo. Fruto del acuerdo del Gobierno con los interlocutores sociales, del pacto que se firmó el pasado lunes por el presidente del Gobierno con la Ministra y los interlocutores, los agentes, sociales, aprobamos este Programa de carácter extraordinario que tiene como objetivo esenciales mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas oportunidades a desempleados de larga duración con responsabilidades familiares a su cargo. Se trata de promover que vuelvan al mercado de trabajo con itinerarios personalizados de inserción, ajustados a sus perfiles profesionales. Además, de forma complementaria, se ofrece una ayuda económica que permitirá aprovechar mejor las medidas y las oportunidades de activación.

Como les decía, este Programa es fruto de ese acuerdo y tiene como filosofía fundamental el compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad compartida entre servicios públicos de empleo autonómicos y beneficiarios. Los primeros son los encargados de orientar al desempleado, elaborar su itinerario y realizar el seguimiento de su evolución, y los beneficiarios deberán comprometerse con su propia activación, buscar empleo y aprovechar las oportunidades que les sean propuestas por los servicios de empleo, contribuyendo entre todos a la vuelta al mundo laboral.

También aprovechamos este Real Decreto Ley que contempla medidas de empleo para dar una solución a situaciones como las que han generado casos como el de Campofrío: aquellas empresas que sufren, por causas de fuerza mayor, la necesidad de suspender contratos o reducir jornadas. Había un vacío legal en este punto que se ha solventado para aquellas empresas que tengan compromisos de reinversión y de mantenimiento del empleo. Permitirán exoneraciones hasta el 100 por 100 de la cuota empresarial, como destacará la Ministra. Se trata de un compromiso del Gobierno con los que, a su vez, se comprometen al mantenimiento de sus plantillas que, por circunstancias de fuerza mayor, son objeto de unos expedientes de suspensión o de reducción de jornada.

También hemos aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones para el achatarramiento de vehículos industriales de transporte de viajeros --o sea, autobuses-- y mercancías con capacidad de tracción propia, lo que se llama PIMA Transporte. Saben que hemos aprobado hace pocas semanas el PIVE en su versión séptima y el PIMA. Hoy damos un paso más con el PIMA Transporte, que tiene un impacto muy positivo en la actividad económica y también en la eficiencia energética. Tiene un presupuesto de 4,7 millones de euros y su objeto es la retirada de la circulación de camiones y vehículos matriculados antes del 1 de enero de 2007. Las ayudas varían en función del vehículo; por ejemplo, para camiones entre 3,5 toneladas y 7,5 toneladas será de 1.500 euros; el máximo, 3.000 euros, para los camiones de más de 16 toneladas. En el caso de los autobuses, la ayuda es lineal: 3.000 euros.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 1 de octubre de 2015 y se estima que con el Plan podrán retirarse de nuestras carreteras unos 1.800 vehículos industriales más obsoletos.

Quiero destacar, además, que, para quienes quieran comprar un camión o un autobús nuevo el próximo mes de enero se firmará un acuerdo con el BEI, con el Banco Europeo de Inversiones, que pondrá en marcha una línea de crédito de doscientos millones de euros.

Por tanto, la combinación de este programa de achatarramiento con los créditos del BEI tendrá, además, un efecto ambiental, una reducción significativa de emisiones, un impacto industrial y comercial relevante para nuestra economía. Quiero recordarles que España es actualmente el primer fabricante de vehículos industriales en Europa, con una producción acumulada en lo que va de año de casi medio millón de vehículos y un crecimiento en ese segmento de más del 30 por 100.

También, a propuesta del Ministerio de Fomento hemos aprobado un Real Decreto por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y se aprueba su Estatuto. Esta Agencia ejercerá las funciones de autoridad responsable de la seguridad ferroviaria en todos los ámbitos: se encargará de la ordenación, inspección y supervisión de todos los elementos del sistema ferroviario; velará por el mantenimiento de la seguridad sobre la red estatal ferroviaria de interés general; autorizará la puesta en servicio de vehículos; expedirá certificados y autorizaciones de seguridad, y supervisará su cumplimiento por los agentes del sistema ferroviario.

En el capítulo de inversiones, tienen en la Referencia del Consejo de Ministros bastante detallado un conjunto de actuaciones en materia de carreteras y otro tipo de inversiones en distintas Comunidades Autónomas: convenio de carreteras con Baleares, con Cataluña… Yo quiero destacar el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián en su tramo Atxondo-Abadiño, en la provincia de Vizcaya. Es un impulso a la llamada Y vasca. Lo que se ha autorizado es la licitación, a través de ADIF Alta Velocidad, del proyecto de construcción de la plataforma del citado tramo, que tiene un importe de 96,5 millones de euros y tiene una longitud de 6,6 kilómetros dentro de la Línea de Alta Velocidad.

En total, ADIF tiene encomendada la construcción de algo más de noventa kilómetros de plataforma entre Vitoria y Bilbao, además de la conexión con Guipúzcoa a través del nudo de Bergara. Además, el Gobierno de España acordó con el Gobierno vasco la construcción del corredor guipuzcoano mediante anticipos sobre el Cupo, que serán reintegrados por el Gobierno de España. Es decir, financiamos o asumimos el coste de todo, si bien en los tramos de Guipúzcoa es la Comunidad, por medio de encomienda, quien lleva a cabo la construcción.

La nueva línea de Alta Velocidad, como saben, permitirá la interconexión de las tres capitales vascas en alta velocidad y los tiempos de viaje se reducirán notablemente: Vitoria-Bilbao, 28 minutos; Vitoria-San Sebastián, en 34 y Bilbao-San Sebastián, en 38. Además, esta nueva infraestructura facilitará el establecimiento de un nudo ferroviario en Vitoria, que permitirá el acceso desde el resto de España y la interconexión con la red internacional.

También en el apartado de Comunidades Autónomas, el ministro de Hacienda ha elevado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura de una subvención destinada a financiar proyectos de inversión por importe de cuarenta millones de euros para el ejercicio 2014. Se financiarán --tienen el desglose en la Referencia-- proyectos en materia de infraestructuras, vivienda, sanidad, dependencia, educación y agricultura. Es una medida especial de apoyo a la convergencia interior, dado que es la única Comunidad Autónoma española que sigue todavía en Objetivo 1 de la Unión Europea.

Por su parte, les hemos hecho entrega del informe que ha presentado el ministro de Industria hoy en Consejo sobre la evolución de los precios de la electricidad y del gas en España; un informe en el que se destacan varios aspectos interesantes.

En cuanto a la factura eléctrica del consumidor doméstico, ha bajado un 3,7 por 100 en 2013 y este año bajará --ésa es la estimación del ministro de Industria-- un 4,9 por 100. Esto ocurre después de ocho años en que se produjo, hasta 2011, un incremento del 7,2 por 100 de media en la factura de la luz que pagamos los consumidores. Sin embargo, en estos dos últimos años la rebaja ha sido del 8 por 100.

La factura del gas venía registrando entre 2004 y 2012 incrementos anuales del 6,2 por 100, en 2013 aumentó un 5,7 por 100, pero ya en 2014 sólo lo hará medio punto porcentual.

También en los consumidores industriales se registran rebajas: en el caso de la factura eléctrica, en 2014, el descenso para el consumidor industrial es del 1,5 por 100 y, en la factura del gas, un 2,4 por 100.

Son datos derivados de la reforma eléctrica, que nos ha permitido varias cuestiones: en primer lugar, corregir el déficit del sistema; ha impedido que vuelvan a producirse desequilibrios y se ha creado un marco normativo que garantiza la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Ello ha permitido, en este año 2014 y por primera vez en una década, que vayamos a entrar en un equilibrio entre ingresos y costes del sistema, y la previsión es que en 2015 el sistema siga en equilibrio sin subir los peajes para los consumidores. Al menos, así es como se ha determinado en las órdenes de peaje, que han pasado para informo previo en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado jueves.

Esta reforma ha evitado que la factura siga su escalada. Hemos invertido la tendencia y eso se nota en las facturas de los consumidores que, como digo, vieron reducido el 3,7 por 100 en 2013 y verán este año, probablemente, una reducción de casi el 5 por 100 en su factura de la luz. Por tanto, en dos años desde esa reforma eléctrica, una bajada del 8 por 100 de la factura de la tarifa eléctrica para los consumidores, para las familias.

También con esta reforma lo que trabajamos es para una garantía del suministro a precios competitivos, lo que favorece a nuestra industria de forma segura y sostenible.

Por último, hoy el Consejo de Ministros ha admitido la petición de cese del fiscal general del Estado, como saben, a petición propia del interesado y ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial, que es quien primero lleva a cabo el examen, candidata a este puesto. Una vez que el Consejo General del Poder Judicial manifieste su opinión, si es favorable, se remite a las Cortes con un nuevo acuerdo de Consejo de Ministros y, si el examen en las Cortes es favorable, el Consejo de Ministros, por Real Decreto, nombrará ya definitivamente al nuevo fiscal general del Estado.

La propuesta que se va a enviar al Consejo General del Poder Judicial es de doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, que es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en julio de 1978, con la calificación de sobresaliente. Ingresó en la carrera fiscal en el año 1980 y desde febrero de 2008 es fiscal de Sala, que, como saben, es la escala superior del Cuerpo. A lo largo de su carrera ha estado en las Fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Valencia, del Tribunal de Cuentas y de la del Tribunal Supremo; primero, adscrita a la Sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y, después, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Desde el año 1996 a 2008 ha sido fiscal del Tribunal Supremo en la Sección de lo Penal, con trece años en este destino; y desde febrero de 2008 es, como digo, fiscal de Sala.

Sr. Montoro.- Como anticipaba la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se desarrolla el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Es una nueva edición donde también la Vicepresidenta y ministra de la Presidencia se refería a la relación institucional, que me parece especialmente relevante, puesto que estamos hablando de un régimen especial que, por supuesto, prolonga las definiciones más básicas de lo que es la España tan diferente por dentro en materia tributaria, en materia hacendística. Somos un Estado de las Autonomías donde convivimos Haciendas Forales con regímenes económico-fiscales: Ceuta, Melilla y Canarias.

Por tanto, justo al final de año traemos, para que entre en vigor el 1 de enero del año 2015, una nueva edición de algo que forma parte consustancial de la tradición de nuestra Hacienda Pública, y lo hemos hecho a partir de una relación institucional con el Gobierno de Canarias, como no podíamos hacerlo de otra manera. En cuanto al trámite, además de refrendar este Real Decreto Ley en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, también el Parlamento de Canarias lo verá, lo analizará, lo debatirá y lo someterá a aprobación el próximo lunes por la tarde. De forma que estamos trabajando en los diferentes ámbitos de lo que constituye el Estado de las Autonomías de España con sus singularidades.

Como la cuestión de un Régimen Económico y Fiscal especial diferente tiene que ser arbitrado y también negociado con la Comisión Europea, puesto que su propio origen está en la diferencia que establece, eso es lo que hemos hecho. Hemos dedicado buena parte del año 2014 a esa negociación con la Comisión Europea y, por tanto, lo traemos con la naturalidad que significa que hay un régimen especial para Canarias, diferente para Canarias, como siempre ha existido --Canarias siempre en materia tributaria ha tenido esas diferencias--, pero también traemos n esta edición el Régimen Económico y Fiscal más ambicioso, más cargado de incentivos, de la historia de los regímenes económico-fiscales que ha tenido Canarias.

Se lo resumimos ahí para relatarles cuál es el contenido y también, como ahora veremos, se lo ilustramos con algunos ejemplos sobre tributación.

En primer lugar, el nuevo Régimen gira sobre una novedad, que es el impulso al empleo. Los incentivos fiscales de gravámenes empresariales lo que impulsan es, fundamentalmente, la creación de empleo como no lo había hecho anteriormente ese Régimen Económico y Fiscal.

En segundo lugar, quiero destacarles que el Régimen de lo que trata también es de diversificar aún más la actividad económica en Canarias, en todo el territorio canario, potenciando la ZEC, la Zona Especial Canaria, a partir de la Ley que aprobamos, por supuesto con el beneplácito de la Comisión Europea, a comienzos de los años 2000, para ubicación y tratamiento fiscal diferente de actividades económicas que desarrollen y diversifiquen la economía canaria, donde también en ese impulso a la ZEC aparece como premisa y como condición el empleo.

Como novedad de este Régimen, y por primera en un régimen económico y fiscal, lo que se potencia en el Régimen es la inversión desde Canarias como plataforma hacia el África Occidental. Ésta también es una de las antiguas aspiraciones de los regímenes económico-fiscales. Los que hemos tenido ya la oportunidad también, la ocasión política, de participar en ediciones anteriores no lo habíamos desarrollado y ésta es una aspiración y un compromiso del conjunto de la economía española, en concreto, con el desarrollo económico de esta parte de África, que tan importante es para nosotros, y, por descontado, desde la cercanía, desde la vecindad, que suponen las Islas Canarias y desde la singularidad de esas Islas Canarias.

Éstos son los tres grandes elementos. Y también la RIC, en términos de muy relacionada, muy impulsada, con el empleo, e incluso llegamos también a favorecer que no hagan falta nuevas inversiones para primar fiscalmente la creación de empleo. Por lo tanto, la RIC, después la extensión de la ZEC, de la Zona Especial Canaria, para impulsar esa diversificación de actividad y la plataforma de Canarias como inversión en el África Occidental, en los países componentes de ese África Occidental.

Por tanto, ésta es la novedad y se lo he resumido así. En el texto verán algunos ejemplos, que también son relevantes, de cómo cambia la tributación de empresas, dependiendo también de las características, de las condiciones, de la actividad de esa empresa. A lo que quería referirme era a todo el contenido, que es mucho, de lo que representa a Canarias en España y de lo que representan las singularidades. Vivimos en un país con esas singularidades, convivimos, y, desde esas diferencias, avanzamos y avanzamos efectivamente con eficacia juntos; y lo hacemos, por supuesto, dentro de toda la comprensión, el apoyo y el estímulo de la Unión Europea.

Sra. Báñez.- Fiscalidad favorecedora del empleo, porque el empleo es el gran objetivo de este Gobierno, y podemos decir que terminando el año 2014, con datos de noviembre, el mercado de trabajo se ha estabilizado. Tenemos un crecimiento sostenido del empleo y también una bajada y una caída del desempleo mes a mes. En el último año, como saben muy bien, cuatrocientas mil personas se han incorporado al mercado de trabajo y trescientas mil han abandonado las listas del paro. Por tanto, estamos ante una nueva realidad en el mercado de trabajo,

Sí me gustaría resaltar que, por primera vez en toda la crisis, en seis años, se va a crear empleo neto en 2014 y también resaltar que se está creando empleo en España con tasas muy moderadas de crecimiento. En el segundo trimestre de 2014 es cuando se muestra por primera vez crecimiento del empleo equivalente a tiempo completo en nuestro país, después de veintitrés trimestres consecutivos de caída. Por tanto, el crecimiento moderado de la economía se traduce rápidamente en creación de empleo: la economía crece a un ritmo anualizado del 1,6 por 100 y el empleo a tiempo completo, en Contabilidad Nacional, crece al 1,4 por 100. Eso no ocurría en la historia económica reciente de nuestro país.

Sin embargo, el Gobierno de España es muy consciente de que las consecuencias de la crisis persisten y que la tasa de desempleo es muy elevada. Sigue bajando el desempleo mes a mes; sin embargo, los parados de larga duración superan el 60 por 100 y hay colectivos, especialmente los mayores de 45 años y los jóvenes, que tienen más dificultad de volver al mercado de trabajo. Eso tiene también mucho que ver con su nivel de formación, que les impide tener esa facilidad para volver al mercado de trabajo. Por eso, hemos puesto en marcha, después de la reforma laboral de 2012, y de acuerdo con las Comunidades Autónomas, una reforma profunda y moderna de las políticas activas de empleo. Estamos trabajando con las Comunidades Autónomas en esa reforma de las políticas activas y también trabajando con los interlocutores sociales, porque acortar los tiempos del desempleo al empleo en nuestro país es la gran prioridad de los próximos meses.

Como les decía, estamos en ese contexto de recuperación económica que se va consolidando mes a mes; pero, sin embargo, como hay todavía mucha gente que desgraciadamente no ha abandonado el desempleo en España, queremos hacer un esfuerzo, porque queremos recuperación económica, pero con cohesión social, y queremos ayudar que nadie se quede fuera de la recuperación. Por eso, en julio, después de una reunión del presidente de Rajoy con los interlocutores sociales, pusimos en marcha una estrategia para intentar poner sobre la mesa medidas de apoyo a esas personas más vulnerables, a esos parados de larga duración con responsabilidades familiares que no han tenido la oportunidad de volver al mercado de trabajo.

Eso es lo que hoy presentamos en el Consejo de Ministros después de su aprobación, se lo presentamos a ustedes en esta rueda de prensa, que es un Plan Extraordinario de Activación para el Empleo.

Quiero empezar agradeciendo la responsabilidad y la generosidad, tanto de los agentes sociales, como de las Comunidades Autónomas, a la hora de poner en marcha este Plan que se novedoso en nuestro país. El objetivo es el empleo, el objetivo es la inserción laboral; por tanto, es que vuelvan cuanto antes al mercado de trabajo aquellos que lo tienen más difícil, que son los parados de larga duración y que tienen responsabilidades familiares.

Tienen obligaciones, es un programa de corresponsabilidad: los beneficiarios se van a comprometer a buscar activamente empleo. Tienen derechos, como se pueden imaginar, y es la atención personalizada por los servicios públicos de empleo; por eso estamos trabajando con las Comunidades Autónomas, y llevamos meses poniendo en marcha la posibilidad de que tengan una atención personalizada los beneficiarios de este Programa. Y también van a percibir una ayuda económica mientras dura ese Programa.

Pero contamos con nuevas herramientas que no se habían puesto en marcha en los ámbitos de empleo en España: ese tratamiento individualizado, lo que llamamos el IPI, que es un itinerario personalizado de inserción de cada trabajador, y, lo más importante, contarán desde el primer momento con un tutor individual que va acompañarles en la orientación, en la formación exprés, y hasta que se incorporen al mercado de trabajo.

La ayuda de carácter subsidiario que van a recibir durante estos seis meses va a ser compatible por primera vez con un salario por parte de una empresa. Y también contamos por primera vez, al poner en marcha este Programa, con una ayuda externa, que es la colaboración de las agencias privadas de colocación, las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo.

Por tanto, hablamos de unos beneficiarios, que son esos parados de larga duración. Quiero decir también, y señalar, que tienen que haber estado inscritos como demandantes de empleo para entrar en este Programa a fecha del 1 de diciembre de 2014, y haber estado inscritos en el desempleo en los doce últimos meses de los dieciochos previstos desde la solicitud; por tanto, entre los últimos dieciocho meses han debido de estar doce inscritos como demandantes de empleo. Han debido de agotar todas las ayudas, prestaciones y subsidios --por tanto, la RAI, el PRODI, el PREPARA-- y no tener ninguna prestación o no recibir ninguna prestación por parte de Comunidad Autónoma o Ayuntamiento alguno. Y, por supuesto, tener a su cargo responsabilidades familiares y no superar ningún nivel de renta, como es habitual en este tipo de ayudas.

El compromiso de la actividad que se le pide, la obligación que se le pide, al beneficiario para formar parte de este Programa significa que, si durante la participación en el Programa reciben una oferta adecuada de empleo o un curso de formación, lo tienen que aceptar; en caso contrario, abandonarán el Programa. Y resaltar también que la compatibilidad, esa novedad de compatibilizar el salario con la ayuda, sólo se tiene en cuenta a efectos del empleo privado; en ningún caso en ninguna administración pública. Por tanto, el empresario podrá descontarse la cuantía de la ayuda del salario que preste al trabajador.

La ayuda es de 426 euros, el 80 por 100 del IPREM; estará vigente desde enero del año próximo hasta el 15 de abril del año 2016 y estimamos que los beneficiarios que podrán potencialmente acogerse a este Programa serán más de 400.000, entre 400.000 y 450.000. La estimación prevista del Programa es de 1.000 a 1.200 millones de euros y, como se ha señalado también por los interlocutores sociales, incrementará la tasa de cobertura de prestaciones y subsidios por desempleo hasta el 65 por 100.

Ésta es la presentación, Vicepresidenta, del Programa Extraordinario de Activación y quiero resaltar también algo que ha señalado la Vicepresidenta, que son las medidas de regulación de empleo por causa mayor para atender a las situaciones en que concurran aquellas empresas que, por una situación de fuerza mayor propia inesperada, presenten un expediente de suspensión de empleo o de reducción de jornada.

Podrán solicitar a la Seguridad Social la exoneración de aportaciones a la Seguridad Social, es decir, de cotizaciones, de hasta el 100 por 100 de esas cotizaciones, siempre que haya sido consecuencia de un suceso catastrófico imprevisible o inevitable. Tiene que estar acreditado por la Seguridad Social, por la Inspección de Trabajo, y la empresa, a su vez, tiene que comprometer en este caso, para tener derecho a esa exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social, la reinversión para poner en marcha otra vez la actividad en circunstancias similares a las que había antes del suceso y, por supuesto, el mantenimiento del 100 por 100 del empleo. Esa exoneración estará en vigor durante doce meses con posible prórroga si se mantiene en compromiso de actividad y de empleo hasta doce meses más.

Por tanto, es una medida que también incorporamos a este Real Decreto Ley y que también está dialogada con los interlocutores sociales.

P.- Vicepresidenta, si me lo permite, tengo una pregunta para cada uno de ustedes.

La primera, para usted. Quería saber la opinión del Gobierno de la dimisión, precisamente en estos momentos, del fiscal general, teniendo en cuenta que diversas informaciones apuntan a que habría desavenencias entre el señor Torres-Dulce y el Ejecutivo.

En segundo lugar, para la ministra de Empleo. Parece ser que el Tribunal Supremo, Ministra, ha hecho un fallo para prorrogar la ultraactividad en los convenios colectivos. Quería saber si esto usted lo ve como un golpe a su reforma laboral.

Finalmente, para el ministro de Hacienda. Ayer se lo preguntamos, Ministro, y estaba usted haciendo cuentas. Quería saber si ya, más o menos, las tiene hechos y nos puede decir cuánto dinero podrían ahorrarse las Comunidades Autónomas en el interés cero del FLA.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, como ayer manifestaron tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado ha tomado esta decisión, y así lo ha comunicado, por motivos personales. Nosotros respetamos la decisión, que se toma también en el ejercicio de la autonomía que caracteriza al propio funcionamiento de la Fiscalía en nuestro país, y queremos, además, agradecerle su labor a lo largo de todo este tiempo.

Hoy se propone una nueva candidata, se inicia el procedimiento para su nombramiento y, lo que es más importante, destacar que en España tenemos una Fiscalía que es una institución moderna, una institución solvente, con un cuerpo muy preparado de fiscales. Eso asegura la continuación siempre de una institución que actúa con autonomía, con una dependencia jerárquica respecto al fiscal general del Estado, pero siempre con la máxima profesionalidad, como acredita el propio Cuerpo que la integra.

Sra. Báñez.- Con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo a la que usted se refiere, lo primero que quiero decir es que no conozco todavía la sentencia; en segundo lugar que, en todo caso, respetamos las decisiones judiciales; y, en tercer lugar, usted me pregunta por la reforma laboral y yo le digo que ha sido una reforma clave para cambiar el mercado de trabajo en España y que, cuando nosotros pusimos en marcha la reforma y la aprobamos en 2012, el paro crecía en nuestro país al 12,5 por 100 y hoy se reduce por encima del 6 por 100. Es este año, como decía antes, 2014, el primer año, después de seis años de crisis, en que se crea empleo en nuestro país.

Por tanto, es una reforma que está funcionando y de la que el Gobierno cree que está teniendo la respuesta con la que intentó ponerla en marcha.

Sr. Montoro.- La cifra última no se la puedo dar, porque no hemos llegado a ella y le voy a explicar por qué exactamente. Además, cuando usted formula la pregunta ¿cuánto se van a ahorrar las Comunidades Autónomas del FLA?, eso me da pie a explicar qué es lo que estamos haciendo, trabajando, y qué es lo que vamos a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Lo que vamos a llevar al Consejo es un mecanismo en el que favorecemos la financiación de todas las Comunidades Autónomas --no las del FLA, de todas las Comunidades Autónomas-- que voluntariamente se adhieran al mecanismo. Resalto "voluntariamente", obviamente.

A estas alturas de lo que es la construcción de este instrumento, yo estoy seguro de que nadie va a renunciar. ¿Por qué? Porque lo que les estamos ofreciendo es el ahorro de intereses que se deriva de que el Tesoro Público sea su Tesoro respecto también de los nuevos vencimientos que tengan las Comunidades Autónomas de no FLA en el año próximo; que les cubra los vencimientos. Por tanto, estamos hablando de una mutualización de deuda, que es la gran idea que lanzamos ya en el mes de julio, el gran proyecto que ya hicimos en ese mes de julio, que consistía en dar más facilidad financiera a la hora de devolver los créditos pendientes con el Estado y abaratábamos el coste de esos créditos con el Estado.

Ahora lo que hacemos es avanzar y extender para las Comunidades Autónomas que también hasta ahora no se han acogido a ese mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica o también al propio mecanismo de proveedores.

Fuera del mecanismo de proveedores, cuando lo creamos en 2012, como todos recuerdan, de las Comunidades Autónomas de régimen común sólo Galicia quedó fuera, además de las dos Comunidades Forales, el País Vasco y Navarra. Después, otras de las que entraron, como es el caso de La Rioja, amortizaron completamente ese crédito de proveedores.

En España hay --podemos entenderlo-- tres categorías de Comunidades Autónomas: las Comunidades Autónomas que no se han acogido hasta ahora a ningún mecanismo, las que lo han hecho en términos también del mecanismo de proveedores, y las Comunidades Autónomas FLA, porque es que, si no,… Por eso decía que aprovechaba su pregunta para que realmente situemos qué acción estamos tratando de abordar.

Entonces, lo que ahora vamos a hacer es --los mecanismos que están creados, están creados, obviamente-- es darle facilidad financiera a los propios mecanismos, abaratando los mecanismos, puesto que el Tesoro va a asumir, y en este caso el Presupuesto del Estado, las consecuencias, los costes financieros, de ese abaratamiento de los mecanismos.

Pero, además, vamos a ofrecer voluntariamente otro instrumento, que es que para cubrir los vencimientos del año próximo para las Comunidades Autónomas que no se han acogido hasta ahora, o se han acogido a uno de ellos, o a ninguno… Ofrecemos que, si vienen bajo el paraguas del Tesoro, realmente les vamos a cubrir esos vencimientos. ¿Qué hacemos entonces? Que estamos optimizando la gestión del Tesoro, que es la responsabilidad del Estado, y estamos también abaratando la carga de costes financieros de nuestras Administraciones Territoriales para favorecer que esas Administraciones territoriales, insisto, sean FLA o no FLA, se hayan acogido a proveedores, lo hayan amortizado o no; con independencia de todo esto, lo que hacemos es promover un mecanismo para que tengan más recursos para financiar los servicios públicos, y extendemos este mecanismo a las Entidades Locales.

El próximo martes celebraremos la Comisión Nacional de Administración Local, donde haremos lo mismo con los Ayuntamientos que quieran también entrar, evidentemente, en este mecanismo, que es un mecanismo dirigido a reducir sus costes financieros.

Por tanto, esto es lo que estamos creando. Entonces, ¿cuál será, por tanto, la cifra del año 2015? La cifra vendrá, en primer lugar, de lo que ya hicimos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de julio, del 31 de julio, donde ya dimos ese paso, más las consecuencias del nuevo paso, y depende de que entren voluntariamente las Comunidades Autónomas y, por supuesto, las Entidades Locales, que estas últimas han de entrar por razones evidentes. Les favorece tanto que no me imagino a ningún Consistorio explicando a sus vecinos que no entra en este instrumento por razón, no sé, difícilmente…, inexplicable, injustificable, porque es tanto el beneficio que le damos a esa ciudad y a ese Ayuntamiento.

¿Qué estamos haciendo, entonces, como Estado? Estamos aprovechando que España se financia en mejores condiciones; que España se financia porque ha generado confianza, y eso abarata los costes financieros de todas nuestras Administraciones, que es lo que un Gobierno como el nuestro ha hecho desde comienzo de legislatura. Por eso, aquí no hemos rescatado a nadie; aquí lo que hemos hecho ha sido financiar los servicios públicos, que es nuestra obligación, en un esfuerzo de consolidación presupuestaria y facilitar que el conjunto de nuestras Administraciones cumpla con rigor los objetivos de estabilidad presupuestaria, de consolidación presupuestaria.

Éstos son los grandes ejes. Por eso le decía que las cifras… Esto ¿qué significará? Que el Tesoro Público, en función de esta nueva demanda que estamos creando, tendrá que emitir más; pero esa emisión viene de que está sustituyendo a lo que serían las emisiones de las Administraciones territoriales en nuestro país. En realidad, no cambia ni el total de deuda pública a emitir el próximo año e, incluso, vamos a abaratar el conjunto de esa deuda pública y, por tanto, va a ser positivo también para la deuda de las Administraciones Públicas de España, que se va a abaratar, y lo va a hacer creando una nueva relación financiera entre Administraciones.

Este es el concepto. Por eso le decía que ya lo creamos, empezamos con fortaleza en 2012; pero quiero decir que ya ese abaratamiento y esa facilidad financiera ya la establecimos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio. La verdad es que no tuvo tanto debate en medios ni debate político. Entonces, yo celebro ese debate. Bienvenido sea, porque así lo que hacemos es que estemos todos y la sociedad española también conozca mejor en qué consisten estos instrumentos, que, insisto, son garantía de financiación de servicios públicos.

Estamos financiando los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia, protección social o dependientes) desarrollados por las Administraciones territoriales; obviamente, además de otros servicios públicos que también dependen de esas Administraciones territoriales, aparte de la Seguridad Social, las pensiones y lo que depende de la Administración General del Estado.

P.- Vicepresidenta, después de la renuncia del fiscal general del Estado, también ayer conocimos que trece magistrados del Tribunal Supremo pidieron al presidente del Tribunal Supremo que actúe ante lo que consideran injerencias del Gobierno por las declaraciones en relación con la excarcelación de etarras. Desde la oposición, ante estos hechos, sobre todo por lo del fiscal general del Estado, se habla de presiones y de crisis institucional. Yo quería preguntarle si el Gobierno considera que su credibilidad queda dañada.

En segundo lugar, a la ministra de Empleo quería preguntarle si el Gobierno tiene previsto subir el Salario Mínimo.

Vicepresidenta.- Me pregunta, entiendo, en la primera de sus preguntas, por la posición de la oposición en relación con la renuncia del fiscal general del Estado. Creo que, en este año, en más de cuarenta ocasiones el principal partido de la oposición ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado ante las Cortes Generales y no por eso desde el Gobierno vamos a interpretar que son o no presiones para que la Fiscalía actúe en uno o en otro sentido. Yo creo que la oposición sabe bien cuál es el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Desde esta mesa siempre se ha respetado su autonomía. A mí no me habrán oído cosas que, sin embargo, hemos oído desde esta mesa en otras Legislaturas y yo creo que aquí no sirve, de cualquier cosa tratar de hacer una categoría de carácter general.

Respecto de la posición del Tribunal Supremo, nosotros respetamos la decisión que adopte el Tribunal Supremo, al que le corresponde fijar doctrina respecto de dos decisiones absolutamente contradictorias de dos secciones del mismo Tribunal ante el mismo asunto. Entonces, lógicamente, a quien corresponde es al Tribunal Supremo, en este caso, determinar cuál de los dos criterios es el acertado y el que es conforme a la Ley. A este Gobierno siempre le encontrará en la defensa de la Ley.

Sra. Báñez.- Sobre el Salario Mínimo Interprofesional, quiero decirle que estamos en medio del proceso de diálogo y consulta con los interlocutores sociales, y se aprobará definitivamente en el último Consejo de Ministros del año.

P.- Primero, a la Vicepresidenta una pregunta rápida, que me han trasladado los compañeros de la tele.

Vicepresidenta.- De la tele en general o de la tele…

P.- ¿Ha tomado el Gobierno alguna decisión en la prórroga en la resintonización de la TDT?

Después, yo quería preguntarle al ministro de Hacienda, un tema que llevamos hablando toda la semana, sobre el tema de los intereses. Perdonarle los intereses a las Comunidades Autónomas ha pasado. Es verdad que a futuro se van a poder beneficiar todas, pero ha pasado: las que se han acogido al FLA y las que son las incumplidoras, las que no han hecho los deberes, las que no le han hecho caso a usted a la hora de reducir el déficit público. Entonces, ¿no es algo extraño que se les perdone dinero a las Comunidades Autónomas que han incumplido con el déficit? ¿No está fomentando el Gobierno que en el futuro se incumpla el déficit público? Porque esto es lo que están diciendo las Comunidades Autónomas cumplidoras: Madrid, Galicia… Es lo que están comentando y supongo que lo va a oír la semana que viene.

A la ministra de Empleo. Es verdad que la fórmula del nuevo subsidio o de la nueva ayuda es buena porque hay un seguimiento muy certero y muy cercano a todos los parados de larga duración. ¿Por qué no se extiende este seguimiento, este buen funcionamiento, que ahora se quiere poner en marcha a todos los subsidios y prestaciones de paro? Porque se gastan al año veinticinco o treinta mil millones de euros en prestaciones y no está funcionando excesivamente bien. No sé si se podrían vincular más las políticas pasivas con las políticas activas de empleo.

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta, que la llevaba usted por encomienda de las televisiones, le digo que el ministro de Industria, el Ministerio de Industria, está hablando con el sector para abordar la posibilidad de extender un tiempo ese plazo para la resintonización. Afecta a distintos agentes, no sólo a las televisiones, sino también a las empresas de telecomunicaciones. Estamos hablando con el sector para ver cómo podemos hacerlo de la manera mejor posible para lograr la máxima reantenización en el tiempo más corto posible porque, aunque afecta a un número limitado de canales, consideramos que tenemos que trabajar para que esa reantenización sea la más amplia posible en el plazo más corto.

Sra. Báñez.- Con respecto a la pregunta que me hace sobre el nuevo Programa de Activación, es nuevo y es extraordinario, y es un programa de activación. No es un prestación ni un subsidio, aunque tenga una ayuda asociada al mantenimiento y al paso por este Programa. Por tanto, es algo que hemos acordado novedoso, extraordinario y temporal, con los interlocutores sociales.

El ámbito en el que estamos trabajando con Comunidades Autónomas y también con los interlocutores sociales en el último año es el de la modernización de los Servicios Públicos de Empleo para vincular cada día más las políticas pasivas y activas de empleo, porque ése es el futuro por donde debe ir nuestro país y por donde debe ir también Europa.

Les recuerdo que ya en la Estrategia Española de Activación para el Empleo es la primera vez que en España se evalúan esas políticas de empleo y lo que hacemos también como vanguardia europea es, por primera vez, vincular la distribución de recursos a resultados. Eso no lo hace ningún país de la Unión Europea y sí lo hace por primera vez España en toda la Unión Europea.

Sr. Montoro.- En relación con los estímulos y todos estos procedimientos, no ya los que estamos creando ahora sino los anteriores, y si aplicados estimulan o no estimulan el incumplimiento, yo lo que respondo es que no, que no estimulan el incumplimiento, claramente.

España está cumpliendo y España somos todas las Administraciones, se quiera ver como se quiera ver. Y el debate continúa. Usted recuerda que empezó en 2012 en relación con los objetivos de déficit; luego el déficit asimétrico, unos opinaban, otros… ¡Faltaba más! Éste es un país plural donde los representantes políticos tienen toda la capacidad de hacerlo. Lo raro es que haya coincidencias.

Yo lo que celebro es el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos y no se niegue, no se ponga en duda, que el esfuerzo se ha hecho por parte de todos. Las Comunidades Autónomas estaban en 2011 en un déficit del orden del 4'4 por 100 y el año pasado cerraron, en su conjunto, en el 1'6 por 100. Y los Ayuntamientos estaban en un déficit, en el año 2011, del 0'4 o 0'5 por 100, y cerraron el año pasado en positivo, 0'4 o 0'5 por 100 positivo.

Entonces, quiero decirles que, realmente, todas las Administraciones han hecho un esfuerzo y eso es lo que hay que poner en valor porque, además, la responsabilidad de la tutela de la consecución de ese esfuerzo corresponde al Gobierno de España. Ya saben que lo que yo no valoro tanto que las Comunidades Autónomas estén todo el día hablando unas de otras; deberían hablar más de sí mismas, de cómo están cumpliendo ese compromiso y de cómo están contribuyendo a la recuperación, y dejar de mirar al vecino. Eso, la mirada conjunta, es responsabilidad del Gobierno de España y lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo juntos.

Por tanto, insisto, lo que deben poner en valor es lo que estamos haciendo, en lo que estamos avanzando y lo que está haciendo cada una de ellas en su territorio o en su ciudad para salir de esta crisis económica preservando los servicios públicos esenciales. O sea, la consolidación presupuestaria permite financiar los servicios públicos fundamentales.

A partir de ahí, en un futuro, ya habrá ocasión de hablar de otras cuestiones. Ahora mismo lo importante es consolidar la salida de esta crisis a través del compromiso de todos con la reducción del déficit público.

P.- Quería la confirmación de si se habían aprobado los cuatro Reales Decretos de la Política Agraria Común y si saben cuántos destinatarios, cuántos perceptores, va a haber de estas ayudas.

Vicepresidenta.- Se han aprobado. Se ha aprobado un paquete muy amplio --lo tendrán en la Referencia de Consejo de Ministros--, los cuatro más otros dos, uno de las ayudas vitivinícolas para el período creo que es hasta 2020 y el último de desarrollo rural, y el propio Ministerio de Agricultura va a convocar un briefing amplio --lo convocó ayer, pero está a su disposición-- para explicarles los distintos beneficiarios de cada uno de los ámbitos.

Sí, se ha aprobado hoy el paquete, que es muy amplio.

P.- Le quería preguntar, Vicepresidenta, en primer lugar, por lo que ha sucedido esta mañana, que un hombre ha estrellado su coche contra la sede del Partido Popular, y también una valoración sobre lo que ha dicho la eurodiputada de Podemos, Teresa Rodríguez, que parecía justificar en Twitter este ataque diciendo que lo importante son los responsables de quienes llevan a la gente a este nivel de desesperación.

Luego, volviendo al tema de Torres-Dulce, de la Fiscalía, el pasado mes de octubre, en una conferencia universitaria, Torres-Dulce dijo que había intentos cotidianos para que la Fiscalía General del Estado vuelva a la órbita del Ejecutivo. Usted ha negado las presiones hacia este órgano judicial, pero él parece confirmar que hay intentos precisamente de que vuelva --cito textualmente-- "el Ministerio Fiscal a la órbita del Ejecutivo".

En último lugar, ¿no cree, en este sentido, que ha llegado el momento de cambiar el sistema de elección de la cúpula judicial para evitar la imagen de una justicia desvirtuada o politizada?

Vicepresidenta.- A la primera pregunta, respecto del incidente que hemos visto esta mañana en la sede del Partido Popular, quiero decirles que el presidente del Gobierno, como presidente del Partido Popular, me imagino que en estos momentos ya estará en la sede del partido.

En primer lugar, congratularnos de que no ha habido ningún daño personal, porque a esas horas ya había allí gente trabajando, incluso en el propio vestíbulo; pero hemos tenido la suerte de que no se ha producido ningún daño ni ningún atropello, que podía haber pasado. Es la Policía quien está investigando estos hechos, porque fue inmediatamente detenido su autor. Según apuntan fuentes policiales, puede sufrir algún tipo de perturbación. Yo ya ahí no entro. Eso serán ya la Policía y los forenses quienes tengan que determinarlo y, sobre todo, la tranquilidad de que no tenemos que lamentar que a estas alturas ninguna de las trabajadoras que estaban en ese momento allí le haya pasado nada.

Desconozco cuáles han sido las declaraciones de la eurodiputada Teresa Rodríguez. Si son las que usted me dice, se califican por sí mismas.

Y sobre la oposición, el señor Eduardo Torres-Dulce ayer manifestó que lo dejaba por motivos personales. Han sido tres años, le agradecemos su trabajo.

En cuanto el sistema de elección de la cúpula fiscal, le recuerdo que siempre es a propuesta de la propia organización fiscal y el Gobierno lo que hace es proceder a esos nombramientos. La propuesta viene de Justicia, pero previamente determinada por el propio Ministerio Fiscal. En este sentido, es el procedimiento que establece su propio Estatuto Orgánico.

P.- Vicepresidenta, a mí me gustaría saber si el Gobierno ha valorado la conveniencia de que, o bien el presidente de Gobierno, o bien el ministro de Justicia, en su caso, o quien sea, explique en el Congreso qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha sucedido con el fiscal general del Estado, habida cuenta las sospechas, sean ciertas o no, de presiones del Gobierno hacia el Ministerio Público, que se ven especialmente abonadas después de la carta de los trece magistrados del Supremo, y para evitarle a la próxima fiscal general el sambenito de que va a ser una mujer sometida al Ejecutivo.

También me gustaría saber si, después del paso que se ha dado entre Washington y La Habana para iniciar el fin del embargo, España, dados sus vínculos estrechos con Cuba, propondrá una revisión de la posición común de la Unión Europea.

Vicepresidenta.- Sobre la primera y la tercera de sus preguntas, que, si me permite, me gustaría contestarles conjuntamente, yo he leído aquí el currículum de la candidata propuesta para nueva fiscal general del Estado. Creo que una persona con ese expediente y tantísimos años al servicio de la Carrera Fiscal es un elemento más que suficiente para determinar un nombramiento que se ha hecho por su propia profesionalidad, además de la circunstancia añadida de que por primera vez una mujer será fiscal general del Estado, una mujer con tantísimos años de experiencia.

Con lo que yo pediría a la gente que, antes de juzgar el trabajo de cualquiera, se deje trabajar y después se analice. Pero, desde luego, es un currículum dentro de la Carrera Fiscal absolutamente irreprochable y, además, con conocimientos en ciertas materias que son muy relevantes.

El ministro de Justicia y el presidente del Gobierno han informado sobre este asunto, y, además, como se van a producir actuaciones en los distintos nombramientos, desde luego, tiempo habrá, tanto para explicar el currículo, como para explicar este tipo de decisiones.

Sobre el segundo de los asuntos, son muchos, incluidas algunas líneas editoriales de periódicos, los que se cuestionaron o se extrañaron por las divergencias entre posiciones de la misma Audiencia Nacional en Secciones diferentes. Es de lo que hablamos aquí hace dos o tres semanas y ustedes, incluso, preguntaron por esa divergencia. Y no creo que en el ejercicio de esa libertad de opinión y de expresión puedan interpretarse de otra manera que como la extrañeza, por parte de la sociedad en su conjunto, de decisiones divergentes ante situaciones idénticas y que afectan a casos que generaron en su día, y siguen generando, la alarma social que genera la excarcelación de Santi Potros, que, por desgracia, es una persona de triste recuerdo para todos los españoles.

Por tanto, ante dos posiciones diferentes, es normal que el Gobierno, y los medios de comunicación, y ustedes mismo lo manifestaron, sientan una extrañeza que yo creo que quedará solventada cuando, desde el máximo respeto a la independencia judicial y a su ámbito de decisión, el Tribunal Supremo, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, que ha planteado recurso… Lo planteó autónomamente. Ustedes me preguntaron aquí ese día, en corrillos, por qué el Gobierno no le daba una instrucción al fiscal general del Estado para que recurriera. Dijimos: "ha recurrido en ejercicio de su autonomía y estamos de acuerdo". Y ustedes me dijeron: "¿pero no hubiera sido bueno que en ese momento el Gobierno, a pesar de que ya lo ha hecho, insistiera por la…?". No, tiene una autonomía, ha procedido a anunciar ese recurso, estamos de acuerdo con él, porque consideramos, de acuerdo con la propia Ley que ha aprobado el Parlamento, que la interpretación es la otra, y estábamos conformes en esa posición.

Eso es lo que pasó aquí hace tres semanas.

Cuba. A lo largo de este tiempo, en el ámbito de la Unión Europea se ha venido trabajando, y también con la intervención del Gobierno de España, porque en este ámbito, lógicamente, por nuestra particular posición en Latinoamérica, tenemos una posición bastante fundada y bastante conocedora de los elementos, para que la relación Unión Europea-Cuba fuera en la línea de posibilitar que en ese ámbito se produjera un tránsito hacia una mayor amplitud de las libertades y el respeto a los derechos humanos.

Creemos que las noticias que hemos tenido últimamente son esperanzadoras en esa línea, hay que seguir trabajando y yo confío en que todos, especialmente las autoridades cubanas, den pasos para que este cambio de situación se traduzca lo antes posible en un respeto a los derechos humanos, en una amplitud de esas libertades y en un beneficio final para el que trabajamos todos, tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, como España muy particularmente, tras la visita del ministro Margallo, que es el bienestar del pueblo cubano.

P.- Quería preguntar por Campofrío. ¿Se ha aprobado alguna medida de apoyo y de ayuda a la reconstrucción de la planta en Burgos, al margen de que pueda acoger a esas medidas excepcionales por causa mayor, que ha comentado ya la Ministra: cuantías, condiciones…? ¿Se ha aprobado algo al respecto?

Vicepresidenta.- En estas semanas hemos tenido distintas reuniones distintos Ministerios, tanto con la Junta de Castilla y León, a través especialmente de la persona de su presidente, Juan Vicente Herrera, como con los responsables de Campofrío y los distintos ámbitos en que desde el Gobierno se puede actuar. Ha habido variadas reuniones, tanto con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Empleo, además de las que se han mantenido desde el propio ámbito de Moncloa.

Hemos trabajado en distintas líneas. Una de ellas, la más urgente, es la que se aprueba hoy, que ha sido elaborada por el Ministerio de Empleo, porque la empresa ha manifestado un compromiso de reinversión, de reconstrucción de la planta y, además, del mantenimiento de su empleo en este tiempo, que ponía de manifiesto que ante empresas que se encuentran en las circunstancias y trabajadores que sufren la desgracia de que, por fuerza mayor, en este caso por un incendio, pierdan su empresa, pero la empresa quiere continuar adelante con su tarea y mantener su empleo, consideramos que debe haber un apoyo.

Se ha trabajado en esta línea para que en este Real Decreto Ley se contemple esa especial situación, que no estaba prevista, en empresas que sufren fuerza mayor, que no entra en el ámbito de lo que en ocasiones podemos incorporar en decretos por situaciones de emergencia y tal, para que, si tienen ese compromiso de mantener el empleo, entran en un ERTE y además esta empresa quiere hacer un acuerdo de rentas para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de sus trabajadores hasta que vuelvan a trabajar, podamos buscar líneas como la de la exoneración total.

También estamos trabajando en otros ámbitos en los que la empresa, por sus circunstancias, dentro de las categorías de carácter general, puede entrar, como pueden ser los distintos préstamos a intereses muy razonables que, fruto de los programas de reindustrialización, lleva a cabo el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Son convocatorias generales, pero de las que se puede beneficiar. Incluso, estamos hablando con Economía la posibilidad de otro tipo de inversiones más relacionadas con el ámbito de la Unión Europea, o incluso algunas líneas del ICO, de las que pudiera beneficiarse. Todo ello, además, sin perjuicio de esa tarea conjunta que llevan, tanto el Ministerio de Agricultura, como la Junta de Castilla y León, cuando se trata de determinadas actuaciones ligadas al sector agroalimentario.

Lo hemos analizado con la Junta de Castilla y León en un trabajo muy estrecho que yo quiero agradecerle, además, al Presidente por su implicación y por su accesibilidad. Nos hemos visto muchísimas veces a lo largo de estos días y yo creo que vamos a conseguir que esa empresa, que es esencial para Burgos y para la zona, pueda volver a disponer de una o dos plantas, volver a reinvertir, mantener esos puestos de trabajo, y que a lo largo del tiempo que dure esa reconstrucción, además los trabajadores, porque la empresa además quiere hacer ese esfuerzo de hacerles un plan de rentas, no se vean perjudicados como consecuencia de un hecho que no pudo preverse, que estaba asegurado; pero que ahora nos obliga a todos a reaccionar para ese mantenimiento de empleo.

Muchísimas gracias.