Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y del Ministro de Trabajo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Quería, ante todo, disculparme la voz. Sigo estando con una afonía que me viene aquejando desde hace unos días y, como no dejo de hablar, no termino de curármela. Así que hoy tendrán que tener un poquito más de paciencia conmigo. Voy a tratar de esforzarme para hablar lo más claramente posible.

Las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros han tenido hoy un acento marcadamente social Son, por tanto, decisiones que afectan de manera muy directa, en mayor o menor grado, a la vida diaria de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

En primer lugar, hemos aprobado un Proyecto de Ley que, sin duda, va a transformar al cabo de unos años nuestra sociedad. Se trata de un grandísimo, diría yo, avance. El Gobierno está convencido de que con esta Ley comenzamos a cimentar el futuro del cuarto pilar del Estado de Bienestar. La Ley de Autonomía Personal es una ley que viene a sumarse a otros derechos de gran calado social, como en su día lo fueron el derecho a la Educación, a la asistencia sanitaria gratuita y universal, y el derecho a las pensiones. Ahora añadimos el cuarto derecho social de nuestro tiempo: el del reconocimiento a la atención a las personas dependientes, ya sea por su avanzada edad o por algún tipo de minusvalía.

En segundo lugar, hemos tomado decisiones sobre dotaciones de becas y red de bibliotecas, es decir, decisiones que afectan muy directamente a la formación y educación de todos, pero muy especialmente de nuestros niños y jóvenes. Por ello les decía al principio que la reunión de hoy resultaba claramente representativa de lo que quiere ser la acción de este Gobierno: queremos gobernar atendiendo a las demandas ciudadanas pero, sobre todo, intentado dar respuesta a sus problemas y necesidades, y siempre pensando en mejorar el futuro.

Existen en nuestro país un millón cien mil personas que no pueden desarrollar su vida cotidiana con normalidad: no pueden vestirse, asearse, alimentarse; no pueden moverse con independencia o tienen dificultades en su capacidad y no pueden orientarse o cumplir con tareas sencillas. No pueden, en pocas palabras, vivir solas, porque les resulta imposible y muy difícil hacer las actividades básicas de su vida diaria.

Este número de personas dependientes, que estimamos en algo más de un millón cien mil, llegará previsiblemente en los próximos quince años al millón y medio, dado el aumento en la esperanza de vida. Se calcula que más de la mitad de ese millón largo de personas necesita diariamente, como media, unas seis horas de ayuda; una ayuda que hasta ahora procede exclusivamente de sus familias, y muy especialmente de las mujeres, que en muchos casos han renunciado a su proyecto de vida personal para cuidar a sus mayores o a sus familiares dependientes. Es un compromiso explicito y largamente sostenido del Gobierno garantizar que esta situación cambie y que en España no haya ni una sola persona dependiente sola y sin atención, ya sea por su avanzada edad o por su minusvalía; pero también es un compromiso e intentar facilitar, en la medida de lo posible, la vida de tantas personas, todas las personas que hoy les atienden.

El Gobierno, con la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quiere también significar que la dependencia no puede ser una carga exclusivamente familiar y que garantizar a las personas dependientes por edad o discapacidad su derecho de atención es un desafío social al que corresponda una decidida respuesta de los poderes públicos.

Para que la letra del Proyecto de Ley sea una realidad que aumente el bienestar de nuestros mayores y personas discapacitadas dependientes, y también el bienestar de las familias, se hace imprescindible que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, es decir, todas las Administraciones, colaboren en el Proyecto porque son las instituciones autonómicas y locales las que tienen buena parte de las competencias en asistencia que la Ley garantiza. El Gobierno está convencido de que este nuevo derecho universal merecerá su apoyo y dedicación preferente, sin los que poco se podría hacer.

El Gobierno destinará cerca de trece mil millones de euros al nuevo Sistema Nacional de Dependencia, del que les diré que es el proyecto legislativo con mayor esfuerzo inversor por parte del Estado y esto es, sin duda, muestra del compromiso del Gobierno con este nuevo derecho.

Naturalmente, la importancia de las necesidades a cubrir y de su correspondiente esfuerzo financiero obligan a intentar desplegar el Sistema cuanto antes, respondiendo a las necesidades más acuciantes; pero, a la vez, esa misma importancia obliga a un despliegue gradual y a lo largo de un periodo que va más allá del de un solo Gobierno. También en este aspecto el Proyecto llama a la cooperación y a la implicación de todos, del Gobierno actual y de los futuros, que son quienes también deberán desplegar por completo el Sistema para que todos, finalmente, podamos ver sus frutos.

Como toda tarea de gran relevancia, ésta es una tarea que debe comenzar por los más necesitados y, progresivamente, a lo largo de los próximos diez años, ir alcanzando a todas las personas en situación de dependencia. Sólo en ese proceso a medio plazo es manejable el esfuerzo presupuestario de todas las Administraciones Públicas que este Proyecto exige y sólo gracias al crecimiento económico de nuestro país y a la buena evolución de la gestión y las perspectivas presupuestarias podemos ahora abordar este reto.

En definitiva, creo que estamos ante el inicio de un momento trascendental para todos. Tenemos que remontarnos quizás al año 90, en el que se establecieron las pensiones no contributivas, o a los días en que recordarán que comenzaron a regularse esos derechos universales que hoy damos, afortunadamente, por extendidos y asentados, como son la Educación, la Sanidad y las Pensiones, para encontrar medidas comparables como las que hoy traemos aquí. Tenemos la satisfacción, pues, hoy de dar el primer paso, de poner la primera piedra, para dar cobertura a los derechos llamados de nueva generación.

El Ministro de Trabajo, que ha hecho una labor extraordinaria en la preparación de esta Ley, que quiero reconocer públicamente, les explicará los detalles de este importantísimo Proyecto de Ley en unos minutos, pero no sin antes darles cuenta de otras decisiones también importantes de este Consejo, porque en relación con la Ley de Dependencia hemos abordado un segundo asunto, sobre el que el Gobierno ha tomado la decisión. Se trata de la distribución de Fondos a las Comunidades Autónomas precisamente para proyectos de atención a las personas dependientes. Serán doscientos millones de euros y triplicamos la cifra precisamente para hacer frente a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia el próximo año. La distribución fue acordada en la última Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. Además, también hoy se destinan 221 millones más a otros programas sociales orientados a otros proyectos como la erradicación de la pobreza y el fomento del voluntariado.

La tercera decisión también vinculada de alguna manera con la Ley de Autonomía Personal es un Real Decreto que va a permitir que los trabajadores discapacitados de los centros especiales de empleo vayan a contar con servicios de apoyo que les van a facilitar y permitir realmente su integración sociolaboral. La medida tiene como destinatarios a cuarenta mil trabajadores y va dirigida a 1.150 centros. Se pretende precisamente que unos 2.500 profesionales especializados ayuden a las personas con discapacidad en su actividad laboral y también familiar y social. El Estado va a ayudar con 1.200 euros anuales por cada trabajador con especiales dificultades en el acceso al mercado de trabajo.

Es, realmente, el inicio del camino de esta nueva era de apoyo a las personas dependientes.

Como les decía al principio, en un segundo bloque hemos tomado una serie de decisiones también con un contenido muy social, relacionadas con la Educación. Para este Gobierno, como ustedes saben, la Educación es la base de nuestro progreso y de nuestra libertad como individuos. Por ello, y como todos ustedes saben, ha estado siempre entre las prioridades del Gobierno y hoy hemos aprobado dos iniciativas.

En primer lugar, figura un Real Decreto que ampliará los supuestos de renta mínima de patrimonio familiar y la cuantía de las becas y ayudas al estudio para el curso 2006-2007. Por tercer año consecutivo subimos de manera destacable la cuantía destinada a las becas, ampliamos el número de estudiantes con derecho a percibirlas y simplificamos los requisitos. Quiero recordarles que ya en el primer año de Gobierno incrementamos las cuantías en un 7 por 100 y el número de becarios superó la cifra de 21.000.

Para que se hagan una idea, el curso 2004-2005 los becarios de Bachillerato de renta reducida multiplicaron por seis sus becas, de tal manera que los que recibían 264 euros pasaron a percibir casi 1.500 euros. Los universitarios de rentas más bajas vieron aumentadas sus becas siete veces y pasaron de cobrar 328 euros a 2.356 euros. Como pueden apreciar, la diferencia es notable. Para el curso pasado siguió aumentando su cuantía un 4 por 100 y, lo que es también muy importante, el umbral mínimo para que más estudiantes y más familias pudiesen recibir más becas se amplió un 5 por 100. En dos años el Gobierno ha subido la cuantía de las becas para libros de texto casi un 12 por 100 y ahora reciben esta ayuda un 20 por 100 de los alumnos en Educación Obligatoria, con lo que nos estamos aproximando a los umbrales europeos.

Hoy aprobamos un aumento de las cuantías de las becas, una vez más, en un 3 por 100 y se amplían los umbrales de la renta mínima para recibir becas y ayudas un 7 por 100 más. Creo que las cifras hablan por sí solas y demuestran el compromiso del Gobierno con una educación de calidad que fomenta la igualdad de oportunidades.

Les daré solo un dato, pero realmente significativo: el dinero que destinamos a becas va a superar muy pronto los mil millones de euros. Y el objetivo del Gobierno es, precisamente, que haya más unidades familiares que cuenten con becas y ayudas para que sus hijos puedan desarrollar plenamente sus capacidades con independencia de la renta familiar, y nuestro objetivo es que haya más estudiantes sin que lo decisivo en el futuro sea su origen social o geográfico, en beneficio propio pero también en beneficio de un país y de una sociedad que necesitamos más personas y personas mejor formadas para seguir avanzando humana, social y económicamente; en definitiva, para progresar.

En segundo lugar, y dentro de este segundo conjunto de medidas, el Consejo de Ministros ha acordado una nueva dotación para las bibliotecas escolares y para el Plan de Lectura. Venimos desarrollando una serie de iniciativas que en su conjunto se han dirigido a extender el hábito de la lectura, también con la mejora de nuestras bibliotecas. Dejando aparte la nueva Ley Orgánica de Educación, puedo destacar iniciativas como el Plan de Bibliotecas Escolares, dotado ya con 25 millones de euros para centros de Secundaria; varios seminarios y concursos de promoción de la lectura infantil y juvenil y la formación de profesores para la gestión de las bibliotecas. Pues bien, hoy se propone una ampliación de recursos para estas bibliotecas escolares, esta vez en centros de Primaria, de nueve millones de euros adicionales.

Precisamente, el próximo domingo celebramos el Día del Libro y, una vez más, se ha convertido ya casi en una tradición que el Presidente del Gobierno entregue, quiero recordarles, como en los años anteriores un libro como gesto que quiere expresar el deseo del Gobierno de que la lectura se extienda como hábito en nuestro país. Este año el título elegido ha sido "Palabra y Materia", del poeta José Ángel Valente. Yo quisiera unirme al Presidente hoy en este detalle y extiendo, con la misma intención, su gesto a ustedes con una obra de Francisco Ayala, de cuyo nacimiento saben que en este año 2006 estamos celebrando el centenario. Espero que les guste, es un librito sobre indagación del cinema.

Cambiando de asunto, ahora en materia de Justicia el Consejo de Ministros ha acordado remitir a informe del Consejo General del Poder Judicial el Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial. Sin descender al detalle de los muchos y necesarios cambios y ajustes que trae consigo esta Ley, destacaré tan sólo que se crean veinte nuevos juzgados y que se modifica la Planta Judicial en ocho provincias. La promulgación de este Anteproyecto responde a una necesidad de readaptación, agilización y mejora en la calidad de la Administración de Justicia al servicio de los ciudadanos. Hemos tenido en cuenta las propuestas de las diferentes Comunidades Autónomas implicadas, tratando de conseguir el máximo consenso.

Se modificará, por tanto, la estructura de algunos Partidos Judiciales que lo demandan, se modificarán algunos aspectos en circunscripciones de lo Penal, lo Social y lo Mercantil, y se acometerán algunas reformas y se extenderán los Juzgados exclusivos de Violencia de Género.

Me van a permitir que me detenga en este último punto. Ha transcurrido ya un tiempo razonable desde la entrada en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que creo que vienen realizando una extraordinaria labor. Ahora se hace imprescindible potenciar estos órganos exclusivos con la intención de potenciar esa labor, la labor para la que fueron creados, esto es, para acabar de una vez y para siempre con una lacra intolerable.

Antes de pasar la palabra ya al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, les doy cuenta del último Acuerdo adoptado hoy. Se trata de la condonación de deuda contraída con la República de El Salvador, por importe de diez millones de dólares.

Hay otras decisiones que tienen ustedes recogidas en la Referencia, entre las que quiero destacarles los diversos nombramientos que se han producido en varios Departamentos ministeriales con motivo de los últimos cambios habidos.

Sr. Caldera.- Como indicaba la Señora Vicepresidenta, la Ley que atenderá y garantizará los derechos de las personas que no pueden valerse por sí mismas supone un enorme avance social. Yo diría que es una verdadera revolución desde el punto de vista social y que se anticipa, además al futuro, porque la dependencia, la falta de autonomía personal, va unida mayoritariamente a la edad. Los ciudadanos cada vez viven más tiempo, eso es muy positivo, pero van perdiendo facultades y necesitan ayudas para transitar dignamente por esa fase de su vida. Por eso, esta Ley va dirigida a las personas, es la Ley más importante dirigida a las personas, sobre todo a las personas de edad, y por supuesto también a sus familias, porque hoy la asistencia a estas personas se hace en el ámbito familiar, mayoritariamente por mujeres.

Quiero también anunciarles que hoy mismo he pedido la comparecencia en el Parlamento para dar cuenta a la Comisión correspondiente de los aspectos que supone este Proyecto de Ley y de los cambios que se han producido entre el Anteproyecto y el Proyecto; pero permítanme que antes les diga que esto supone el cumplimiento de un compromiso.

Éste es un Gobierno, su Presidente, su Vicepresidenta, sus miembros, que cumplimos con la palabra dada. Nos comprometimos con la sociedad española en el programa electoral a desarrollar este ambicioso proyecto social. Ya está como Proyecto de Ley y ello nos permite garantizar a los españoles que el 1 de enero del año 2007 tendrán ya en funcionamiento este Sistema, que garantiza la atención a todos con independencia de donde vivan, a todas las personas que lo necesiten, que sirve a las familias para compartir los cuidados que ofrecen a sus seres queridos y que libera a los cuidadores, sobre todo a mujeres, de una buena parte del esfuerzo que les impide realizar otras tareas o actividades en condiciones de igualdad.

El Gobierno atiende, por tanto, a esta demanda, a este requerimiento de la sociedad española, porque no podemos y no queremos seguir considerando que una persona mayor, un abuelo, quede desatendido y en su casa solo hasta el final de sus días. Esto no va a ocurrir más, porque el Sistema de Atención a la Dependencia les va a dar también compañía a todas estas personas; atención personal y, por supuesto, también compañía.

Quiero, por tanto, hacerles llegar también un mensaje muy claro a nuestros mayores: no están solos. Todas las Administraciones, no sólo el Gobierno, con esta Ley vamos a trabajar para garantizar que su atención sea un objetivo prioritario. Recibir ayuda no va a ser, por supuesto, un acto de beneficencia sino un derecho; un derecho de ciudadanía, un nuevo derecho de todos los españoles, que ahora afectará a un millón y pico de personas, pero que en el futuro seguramente todas las familias españolas va a poder disfrutar de él porque, cuando hablamos del número de dependientes, son en el día de hoy y a lo largo del tiempo habrá varios millones de personas en situación de dependencia, especialmente personas mayores.

Quiero en este punto indicar que todavía un porcentaje importante de nuestros mayores, más del 20 por 100, el 22 por 100, viven solos y ésta es una situación que también nos exige respuesta, que por supuesto se contiene en esta Ley.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, por tanto, establecerá un nuevo derecho universal y subjetivo de ciudadanía para atender a todas las personas, bien con ayudas económicas, bien con servicios como residencias, centros de día o asistencia domiciliaria. La Ley crea el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia y a partir del año 2007 todos los españoles que lo soliciten serán evaluados para determinar qué grado de dependencia tienen y, en consecuencia, decidir qué servicios o qué ayudas económicas necesitan.

El Gobierno, como indicaba la Señora Vicepresidenta, aportará sólo en estos ocho primeros años casi trece mil millones de euros para poner en marcha este Sistema. El Ejecutivo, el Gobierno, garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente del lugar en que vivan y, por supuesto, se lo hacemos financiando el contenido básico del derecho por parte de la Administración General del Estado. Este Sistema, como saben ustedes, va a establecer prioridades. Siempre lo prioritario será la atención de los servicios, aunque también habrá prestaciones económicas.

Por tanto, con la Ley de Independencia cumplimos ese gran compromiso que asumimos con los españoles.

Quiero también decirles que es fruto del diálogo social. Quiero agradecer profundamente a sindicatos y a empresarios el acuerdo que firmaron con el Gobierno.

El Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado han informado de forma muy positiva, valorando además de forma muy positiva, como antes les decía, los avances sociales que supone Este proyecto de Ley. Se lo quiero agradecer, porque además ambos, Consejo Económico y Social y de Estado, han hecho una serie de propuestas de modificación que prácticamente todas ellas han sido recogidas, como ahora indicaré, en este Proyecto de Ley. Entre la fase de Anteproyecto y Proyecto las sugerencias del Consejo Económico y Social y Consejo de Estado se han visto incorporadas. Desde luego, las relevantes, todas, y las que eran menos relevantes, una parte muy importante de las mismas.

La Ley cuenta con un principio de acuerdo de las Comunidades Autónomas establecido ya en dos Conferencias Sectoriales. Es verdad que hay Comunidades Autónomas que quieren realizar diversas aportaciones, pero sobre la naturaleza del Sistema y su alcance hay un principio de acuerdo con todas ellas y con las Corporaciones Locales.

Como ustedes saben, también cuenta ya con un amplio respaldo parlamentario. Esta misma semana firmamos un acuerdo con Izquierda Unida y Esquerra Republicana, y también ayer firmé con el Gobierno Vasco. Yo espero que en el Parlamento se incorporen todas las fuerzas políticas, porque esta Ley es una necesidad de la sociedad española y los españoles seguramente no disculparían a quienes antepongan su interés partidario al interés general. Por eso, la mano tendida del Gobierno a todos los grupos políticos para acordar, si fuera posible, por consenso total, esta gran Ley para todos los españoles, porque es un proyecto de país esta Ley. Es una ley hecha entre todos y para todos.

Por eso, les voy dando ya cuenta de los cambios que hemos establecido, porque hemos reformado el derecho a la atención y situación de dependencia y hemos garantizado, todavía más, que ningún ciudadano quedará fuera del Sistema por falta de recursos personales.

Igualmente, los menores de tres años se incorporarán al sistema, sobre todo aquellos menores que padezcan una discapacidad o una enfermedad que les agrave o que les impida una vida autónoma. Todos los menores de tres años, por definición, son dependientes, pero los que tengan específicamente alguna discapacidad o enfermedad de este tipo recibirán las prestaciones de la Ley.

También hemos clarificado los niveles de protección y ello significa que estamos ante un cambio histórico. Algo que era privativo de las familias ahora va a ser responsabilidad de los poderes públicos. También ello nos va a permitir favorecer el acceso, en igualdad de condiciones, de la mujer al trabajo, porque hasta ahora han sido las mujeres quienes mayoritariamente se han hecho cargo de estos servicios y, por supuesto, nos permitirá crear un importante volumen de actividad económica. Calculamos que, al menos, trescientos mil empleos directos y varios cientos de miles indirectos se pueden generar con este sistema de atención a la dependencia.

Los cambios concretos, como le hemos dicho, son: primero, el refuerzo del propio derecho a la atención y situación de dependencia, no sólo reconociendo expresamente este común derecho subjetivo, que ya lo estaba, y universal, sino además lo hemos hecho exigible por los ciudadanos en vía administrativa y judicial. Cualquier ciudadano podrá instar ante la Administración o la Justicia el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Ley.

Segundo, se han clarificado los niveles de protección que establece la Ley y la responsabilidad del Estado y las Comunidades Autónomas. Así, habrá un primer nivel que determina el contenido básico común de los derechos en toda España y que será financiado íntegramente por el Estado; un segundo nivel que establece la intensidad del catalogo de servicios en cada Comunidad Autónoma y la adaptación a sus particulares circunstancias, por ejemplo, el medio rural o que tengan más personas mayores en situación de dependencia, cuya financiación se llevará a cabo, en este caso, con la participación también del Estado y de las Comunidades Autónomas, a través de la suscripción de un convenio; y un tercer posible nivel, en el que las propias Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrían ampliar, por propia iniciativa, a cargo de sus presupuestos estos derechos.

Como es lógico, los dos primeros niveles son los importantes y son los que se cubrirán. La resultante de este esquema de cooperación entre Estado y Comunidades Autónomas es el siguiente: la mitad de la financiación pública será asumida por el Estado y la otra mitad debe ser asumida por las Comunidades Autónomas.

Este modelo está plenamente avalado por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Estado que, por cierto, atribuye al Estado la competencia al amparo del artículo 149.1.1 para regular los principios básicos, mínimos, comunes, en todo el territorio de este nuevo derecho.

Tercer elemento fundamental que hemos incorporado: la Ley establece también que la financiación será suficiente --introducimos esta expresión: suficiente-- y quedará, además, garantizada mediante la corresponsabilidad de todas las Administraciones Públicas. Es decir, el Proyecto de Ley reconoce que esa financiación tiene que ser suficiente para garantizar el conjunto de los derechos reconocidos en la Ley. Hemos mejorado la participación de las Entidades Locales en el sistema y se han contemplado las especificidades de las Diputaciones Forales, Cabildos Insulares y Consells en Baleares.

Vamos a reconocer determinadas prestaciones de la Ley, como les decía, a los menores de tres años que presenten graves discapacidades; hemos suprimido el requisito de ser menor de 65 años para ser beneficiario de la prestación económica a la asistencia personalizada; hemos unificado el catálogo de servicios contemplado en la Ley e incluimos obligaciones de empleo de personas con discapacidad para las entidades privadas que aspiren a concertar sus servicios con el Sistema Nacional de Dependencia.

Se contemplan las peculiaridades del Concierto Económico del País Vasco y del Convenio Económico de Navarra en relación con la financiación derivada de la Ley y establecemos, por último, fórmulas de colaboración entre el Estado y las Ciudades de Ceuta y de Melilla.

Cambio histórico, por tanto. La atención a las personas que no pueden valerse por si mismas pasa a ser un responsabilidad de los poderes públicos. Derecho de ciudadanía para todos los españoles, pero particularmente para el millón cien mil personas que ya están afectadas. Favorecimiento de la igualdad garantizando mejor, en igualdad de condiciones, la incorporación de la mujer al empleo, creación de empleo y un nuevo derecho social para todos los españoles.

Acabo rápidamente indicándoles como funcionará el Sistema. Una vez aprobada la Ley, antes del 1 de enero del año 2007, el Gobierno y las Comunidades Autónomas acordarán el baremo, es decir, el umbral de entrada al sistema. A partir de 2007, por lo tanto, todos los españoles que lo deseen tienen que solicitar su evaluación. Los ciudadanos serán evaluados en base a ese baremo para determinar su grado y nivel de dependencia.

Aquellos que sean considerados como dependientes recibirán un programa individual de atención que determinará las prestaciones a que tienen derecho en función de su grado y nivel de dependencia, y disfrutarán de ellas porque es un derecho universal y subjetivo, y lo deben reclamar. Se priorizarán los servicios (tele-asistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, plazas en residencias) frente a las prestaciones económicas, aunque habrá prestaciones económicas, porque incluso en los primeros años es probable que sean más frecuentes las ayudas económicas, ya que estaremos construyendo la red de servicios.

Como saben ustedes, las prestaciones que se incluyen en el sistema son las siguientes: tele-asistencia, prevención de las situaciones de dependencia, servicio de ayuda a domicilio, centro de día y de noche, servicio de atención residencial y prestaciones económicas: una, vinculada a la contratación del servicio cuando no haya podido ser prestado; otra compensación económica para cuidados en el entorno familiar pues, cuando excepcionalmente no se pueda prestar el servicio de otra manera en el entorno familiar, se dará esta ayuda económica con el alta en la Seguridad Social; y una tercera prestación de asistencia personalizada, que tiene como finalidad la promoción de la autonomía personal de aquellas personas con gran dependencia. Este objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personalizada durante un número de horas, que facilite al beneficiario una vida más autónoma para lo cual ya no sólo afectará a los menores de 65 años, sino también incluso a los mayores de 65 años.

Por último, en materia de financiación se trata del Proyecto de Ley más ambicioso en materia presupuestaria de esta Legislatura. Tenemos que llegar a una financiación anual en el año 2015 por encima del 1 por 100 del PIB adicional al gasto actual y para ello, como les decía, el Gobierno aportará de aquí a entonces trece mil millones de euros; las Comunidades Autónomas, otro tanto, y los usuarios, en función de su capacidad económica, tendrán que hacer también una aportación.

El nuevo derecho de ciudadanía, irreversible ya, que disfrutará la sociedad española será una realidad plena el 1 de enero del año 2007.

P.- En atención a la afonía de la Vicepresidenta, le voy a plantear dos preguntas que, si quiere, puede contestar con un sí o con un no. La primera es si concibe que en este Gobierno alguien asumiera una cartera ministerial teniendo en curso una investigación por un presunto delito de coacción y, en segundo lugar, ¿considera que la llegada a la Consellería de la Gobernació de la Generalitat del señor Vendrell, responsable de organizar el referéndum del Estatut, es un buen mensaje a la ciudadanía para propiciar su participación en esta consulta?

A corte de curiosidad, si tiene alguna cosa que comunicarnos que haya sucedido durante la rueda de prensa, se lo agradeceríamos.

Vicepresidenta.- No le voy a contestar ni con un sí, ni con un no. Le voy a dar una respuesta.

El señor Maragall es el Presidente de la Generalitat de Catalunya, es el máximo representante político de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Tiene, por tanto, todo el derecho, es más, yo diría que el deber, de que haga de la mejor manera posible el equipo de gobierno que él considere mejor frente a las necesidades y los ciudadanos. Yo creo, supongo, que éste ha sido el espíritu y el ánimo con el que el señor Maragall ha llevado a cabo los cambios en su Gobierno, al que por cierto desde aquí deseo los mejores éxitos.

P.- A la señora Vicepresidenta. Querría saber si el Gobierno ha estudiado hoy la posible ampliación del contingente de tropas para Afganistán y, en cualquier caso, si ha decidido ampliar ese contingente y para cuándo.

Vicepresidenta.- No, hoy no ha sido un tema que se haya abordado en el Consejo de Ministros. Como saben, ayer ya informé públicamente de que el Gobierno está estudiando esa posibilidad. Está prevista la comparecencia del Ministro de Defensa en el Parlamento en unos días. Ya hemos hecho la solicitud y ése o un día antes será el momento en el que el Gobierno fije el criterio sobre la necesidad concreta y el ámbito concreto, en su caso, de ampliar el contingente, por razones de seguridad, en relación con nuestras tropas en Afganistán.

P.- Me va a perdonar que insista en una pregunta anterior, aunque voy a intentar formulársela desde otro plano. Si no recuerdo mal, uno de los grandes compromisos de este Gobierno fue regenerar la vida pública o recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos y en la política, y hay no sólo el ejemplo que citaba el compañero, sino también otro ejemplo en Marbella donde para solucionar una determinada situación critica se nombra una gestora y una de las personas que forma parte de esa gestora resulta que es uno de los abogados de uno de los imputados por los que algunos han llamado "el saqueo de la ciudad" y en otro territorio, en Cataluña, se nombra Consejero a una persona investigada por el Fiscal por un caso de presunta extorsión a funcionarios.

Entonces, ya no desde el punto de vista de la praxis política, que usted me va a decir que son decisiones que no competen a su Gobierno, aunque parcialmente también algún grado de influencia tendría, más en un caso que en el otro, el partido que lo sustenta; pero, al menos desde el punto de vista de la ética política marcada por ese principio electoral del Presidente del Gobierno, le pediría, si es posible, que haga una reflexión adicional.

Una segunda pregunta muy concreta es si tiene algo que decir sobre las declaraciones del vicepresidente de la Conferencia Episcopal diciendo que España tiene un muy grave riesgo para su unidad.

Vicepresidenta.- La posición del Gobierno en relación con la regeneración de la vida política es muy clara: es un principio y es un compromiso de este Gobierno, y es una actuación permanente y constante. Por lo tanto, todos nuestros actos políticos han estado regidos por ese principio de regeneración democrática, todas nuestras actuaciones han estado dirigidas a esa regeneración democrática y podría citarle no una, sino múltiples medidas adoptadas en el Consejo de Ministros para regenerar la vida política y la vida democrática.

El impulso de la calidad de la democracia forma parte de nuestro Gobierno y hemos incrementado la transparencia, hemos incrementado nuestra presencia en el Parlamento, hemos establecido el conjunto enorme de medidas en la lucha contra la corrupción y, desde luego, hemos sido y vamos a seguir siendo implacables en esa lucha para hacer de nuestra vida política, de nuestra vida pública, una vida, desde luego, transparente y ejemplar.

En eso es en lo que estamos trabajando y, por tanto, nada más puedo añadir con respecto a algo que ustedes ya conocen. El Gobierno tiene que actuar dentro del ámbito de lo que son sus facultades constitucionales en al ámbito de sus competencias y respetar también el ámbito de decisión de las competencias de otras personas que también tienen responsabilidades políticas y, en su caso, serán los ciudadanos quienes tengan que juzgar esas actuaciones.

En relación con el tema de Marbella que usted me planteaba, me hubiera gustado efectivamente a mí que las decisiones sobre la constitución de la gestora que va a empezar a funcionar se hubieran realizado por unanimidad, porque creo que es muy importante que en Marbella se recupere la confianza de los ciudadanos. Yo espero y deseo que, a partir de ahora, todas las decisiones que se adopten por esa comisión gestora que va a estar actuando en los próximos meses estén regidas por el interés general y esa recuperación de la confianza por parte de los ciudadanos.

Ya sabe que yo no tengo por costumbre valorar los comentarios que se hacen desde otras instancias y menos si se trata de una instancia como es la Iglesia Católica. En ningún caso creo --no es que lo crea, estoy absolutamente convencida-- que este país tenga ningún tipo de peligro ni de riesgo en relación con lo que se refiere a nuestro funcionamiento constitucional como un país que está vertebrado territorialmente de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y unido: unido, fundamentalmente, como he dicho en muchas ocasiones, por unas instituciones, unido por un catálogo de derechos y libertades que están en la Constitución y son iguales para todos, unido por unos poderes del Estado anclados en la soberanía popular y unido, fundamentalmente y por encima de todo, por un sistema democrático que ejercemos todos los españoles día a día.

Lo que está ocurriendo últimamente es que estamos trabajando en el impulso y en la mejora de nuestro sistema democrático y, por tanto, creo que nunca este país había estado más unido que ahora.

P.- Mi pregunta es para el Ministro. Usted ha dicho que necesitará la cooperación de las Comunidades Autónomas para sacar adelante la Ley de Dependencia. ¿En su afirmación está admitiendo que se están vulnerando las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia? ¿Cree que es el mejor camino, sobre todo después de que el Estatut de Cataluña, en el caso de Cataluña, aún blinda más estas competencias?

Una segunda cuestión. Si no tengo malentendido, la Ley no financia totalmente la dependencia total, a las personas que tienen dependencia total. Querría que me aclarase este punto y, en caso de que sea como tengo entendido, ¿es la mejor opción para atender a las personas que tienen una dependencia tan elevada?

Sr. Caldera.- Discúlpeme, pero no debe usted haber leído ni el Anteproyecto ni el Proyecto de Ley porque ¿cómo no va a atender la Ley a personas que tienen dependencia? Son los primeros. Serán atendidos los primeros a partir del 1 de enero de 2007 los casos más graves.

Hemos explicado hasta la saciedad que universalidad no significa gratuidad, porque eso sería insolidario, y les he explicado que la financiación del Sistema tendrá tres elementos: uno, la aportación del usuario en función de sus recursos económicos, es decir, si una persona no tiene nada no pagará nada y, si tiene mucho, pagará una parte superior; segundo, la aportación de las Comunidades Autónomas; y, tercero, la de Estado. Son tres vías de financiación. Pensamos que en términos medios la aportación del usuario no superará el 30 por 100; por tanto, es muy baja. Pero, por favor, los grandes dependientes son los primeros en ser atendidos.

Y sobre lo que usted me plantea en relación con las Comunidades Autónomas, claro que no invade competencias. Se lo acabo de explicar: el Consejo de Estado acaba de indicar en su informe que el título utilizado por el Estado es plenamente constitucional; pero no sólo porque lo diga el Consejo de Estado, las propias Comunidades Autónomas así lo entienden.

Ayer firmé con el Gobierno vasco un acuerdo en el que el Gobierno vasco reconoce la competencia del Estado para establecer un mínimo común denominador en el ejercicio de este derecho en toda España por parte del Estado. Lo reconoce el Gobierno vasco, lo reconoce el Gobierno de Cataluña y lo reconoce el Gobierno de todas las Comunidades Autónomas. Claro que necesitamos la cooperación de todas las Comunidades porque éste es un modelo de lealtad institucional cooperativo y porque la competencia de acción social es exclusiva de las Comunidades Autónomas; pero ello no impide que el Estado intervenga para garantizar la igualdad en todo el territorio.

Ése es el modelo y quiero además agradecer la disponibilidad de las Comunidades Autónomas para participar con el Estado en su aplicación.

P.- Siguiendo con el Ministro, sobre estas aportaciones que van a hacer los ciudadanos, ¿cuál va a ser el grado de beneficio fiscal que puedan tener para incentivarlas y, en concreto, cuáles van a ser las cualidades que pueda tener una hipoteca inversa dedicada precisamente a atender estos temas de dependencia?

Sr. Caldera.- Las aportaciones de los ciudadanos, como les he dicho, se harán en función sólo de sus recursos económicos. En el Proyecto se ha visto reforzada la idea de que ninguna persona puede quedar excluida de la atención del servicio por falta de recursos económicos. Por tanto, si una persona careciera de recursos y necesitara una plaza en una residencia, será financiada íntegramente por el Sistema; pero, si esa persona tiene unas rentas anuales, supongamos, de cinco o seis, ocho o diez millones de las antiguas pesetas --siempre cuento en antiguas pesetas--, tendrá que pagar una parte del servicio, como es lógico.

Ése es el sistema universal. En Suecia es así, en Alemania, en Austria, en los países más avanzados así es y es el modelo más solidario de todos. Además, hay que aplicarlo con rigor. No podemos consentir el fraude. Si hubiera fraude, el Sistema no podría funcionar. Por tanto, a todos nos conviene el combate de esas posibilidades de fraude, que espero que no se produzcan.

Sobre los beneficios fiscales ahí la Ley recoge, justamente, un tratamiento similar a los planes de pensiones para la suscripción de seguros de dependencia. Cualquier ciudadano que quiera suscribir ese seguro, y por tanto ese seguro le pagará en su momento a la parte que le corresponde al usuario, tendrá un beneficio fiscal.

Sobre los diversos instrumentos como la hipoteca inversa, ésos son instrumentos muy diversos que el ciudadano puede utilizar para obtener recursos para poder pagar la parte que le corresponde en la atención de los servicios. Por tanto, ésa es una fórmula más como cualesquiera otras. Una persona puede hipotecar su vivienda, puede alquilarla o puede utilizar sus bienes como lo considere oportuno para disfrutar de recursos que le permitan abonar la parte que a él le corresponde.

P.- Una sola pregunta a la Vicepresidenta. El Lehendakari Ibarretxe ha confirmado hoy que va a convocar la mesa de partidos después del verano, pero también ha dicho que lo que decida esa mesa de partidos es lo que va a contar, más allá de lo que decían las Cortes españolas; que va a ser, en definitiva, esa mesa la decisoria en el futuro del País Vasco. En este sentido, pedía una posición al Gobierno.

Vicepresidenta.- No voy a hacer valoraciones sobre no ya sólo ésas, sino las múltiples o diarias, casi constantes, declaraciones que en los últimos días se vienen produciendo en torno a cómo van a transcurrir las cosas en el País Vasco: si ahora, si luego, con lo que se acuerde lo qué pasará y lo que se decidirá…

Yo creo que el marco de las reglas democráticas en lo que se refiere a la adopción y toma de decisiones está muy claro en la Constitución, en los Estatutos y en la Ley. Ya hemos tenido experiencias y en el futuro seguiremos rigiéndonos por la Constitución, por los Estatutos y por los Estatutos que se modifiquen con arreglo a las normas establecidas por la Ley. Por lo tanto, no tengo nada nuevo que añadir a lo que ustedes ya saben.

En el futuro, cuando se planteen temas concretos, decidiremos sobre esos temas concretos. No creo que sea razonable y prudente hacer especulaciones sobre declaraciones que hoy no son más que eso, declaraciones, y que se pueden compartir o no se pueden compartir, pero creo que no van a ningún sitio.

P.- Dos cuestiones sobre la Ley de Dependencia. La primera es saber si tienen ustedes prevista o barajan una cantidad concreta para las ayudas económicas a los cuidadores. Los llamados "sueldos" ¿a cuánto ascenderían?

Segunda pregunta: si está previsto que el copago medio de los beneficiarios suponga como máximo el 30 por 100 del coste de los servicios, quería saber cuál es el coste de cada servicio.

Sr. Caldera.- No le puedo dar todavía contestación exacta sobre ayudas económicas a cuidadores. Serán definidas una vez que apliquemos el desarrollo reglamentario y esté aprobada la Ley. Se establecerán en ese momento. Lo que tenemos calculado es una ayuda media por cada usuario del sistema de 375 euros al mes; eso es lo que aporta la memoria económica. Es una cantidad muy elevada, como ustedes comprobarán. Estoy hablando de medias y piensen que ahí estarán los afectados de dependencia en grado inferior, o sea, dependencia no grave, y también los muy graves. Por tanto, la media de financiación pública estará en el entorno de casi cuatrocientos euros al mes por persona, pero a algunos le supondrá una ayuda muy superior y a otros una ayuda inferior. Estamos hablando en términos medios.

Sobre el copago medio le puedo decir exactamente lo mismo. Haremos un baremo en su momento y lo informará el Consejo Territorial; un baremo en el que se establecerán cantidades a abonar en función de la capacidad económica de cada usuario. Pero eso hay que hacerlo una vez que quede aprobada la Ley en su desarrollo reglamentario.

P.- Abusando de lo que le queda de voz, a la Vicepresidenta le quería preguntar, primero, en cuanto al proceso de paz. Aunque ya nos ha dicho que no responde a declaraciones, sí es verdad que en los últimos días ha habido tres puntos concretos de discrepancia abierta entre el PP y el Gobierno; me refiero, por ejemplo, a si es preciso exigir una entrega de armas antes de sentarse a hablar con ETA, a si debe coincidir el Pleno del Congreso de autorización sobre ese diálogo con ETA con el Debate del Estado de la Nación y, por último, sobre su puesta falta de claridad del Gobierno en cuanto al futuro de Navarra. Yo le quería preguntar por el grado de satisfacción del Gobierno respecto al acuerdo, apoyo o unidad con el principal partido de la oposición y si nos puede decir algo de esos tres puntos concretos.

E, insisto, abusando, de otro tema concreto le quería preguntar la valoración de la situación de la OPA sobre Endesa tras la entrevista de ayer del Presidente del Gobierno con la Canciller alemana y la decisión del Tribunal Supremo.

Vicepresidenta.- Entrega de armas, Navarra y la coincidencia. Yo creo que, más que discrepancias, en estos momentos lo que hay son muchas declaraciones sobre temas que todavía no se han producido.

El Gobierno está diciendo desde el primer momento, y yo creo que además hay acuerdo entre el Presidente del Gobierno y el señor Rajoy respecto a esta primera fase del procedimiento, que es donde nos encontramos, que ahora estamos en la fase de la comprobación, de la verificación y, por tanto, no procede hablar de nada más. El resto de las etapas ya vendrán.

Creo que estamos en un momento lo suficientemente trascendente como para que todo nuestro trabajo se concentre en eso. Mientras eso no se haya producido, no podemos hablar de nada más. No podemos hablar siquiera de decir que estamos en condiciones de afirmar que el proceso se ha iniciado o se va a iniciar, no estamos ni siquiera en condiciones de decir que el Presidente va a comparecer en el Parlamento, que es el siguiente paso. Nos hemos dado un tiempo, un tiempo razonable y prudencial, y durante ese tiempo las cosas van razonablemente bien en lo que se refiere a la verificación y en lo que se refiere a los contactos y a la información que se está produciendo entre el Presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición.

En cuanto al tema de las coincidencias, va a ocurrir otra vez lo mismo. Hay algo que es prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? Lo prioritario es constatar, tener la constancia, tener la certidumbre, la verificación absoluta, de que ha habido un cese definitivo de la violencia en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos: en la violencia general, en la violencia callejera, en los chantajes, en las extorsiones…, en todo. Eso es lo prioritario. Cuando se tenga esa certidumbre, si hay una coincidencia, se decidirá, se hablará con el principal partido de la oposición y se acordará si se lleva a un mismo debate o a un debate distinto. Tampoco hay discrepancia, entre otras cosas, porque lo hablaremos y lo acordaremos. Pero lo primero que hay que hacer es, repito, constatar.

En cuanto a Navarra, con toda claridad, Navarra nunca ha estado en cuestión, no está en cuestión y no estará en cuestión. Lo he dicho, pero no tengo inconveniente en reiterarlo: no hay precio político para la paz. En el proceso de paz no caben ni atajos, ni hipotecas, ni monedas de cambio, y Navarra no es una excepción. Lo que no es responsable, en mi opinión y en opinión del Gobierno, es que algunos dirigentes políticos intenten sembrar con insidias alarma donde no la hay, porque no la hay. Navarra, como el resto de las Comunidades Autónomas, y dentro de la legalidad, siempre dentro de la legalidad, es y será lo que los navarros quieran; por cierto, como ha sido hasta ahora. Por tanto, no tengo nada nuevo que decir en todo eso.

En cuanto a la OPA, acabo de conocer que hay ya una decisión del Tribunal Supremo que parece que suspende las actuaciones, pero desconozco el resultado de la votación. No sé si hay votos particulares, parece que sí; no es una decisión unánime. Y se puede imaginar cual es mi posición: de respeto absoluto a la decisión del Poder Judicial. Es una decisión judicial y, por tanto, el Gobierno lo que va a hacer es respetarla y acatarla, o recurrirla si consideramos que hay elemento para el recurso. Pero desconozco en estos momentos los términos en los que se ha producido.

Respecto a los resultados de la reunión ayer con la Canciller Merkel, como saben, y ya lo dijo el Presidente, fue una reunión muy interesante, muy importante, en la que se habló de muchas cuestiones. También se abordó el tema de la OPA en el sentido de coincidir y compartir, tanto la Canciller Merkel como el Presidente del Gobierno, que estamos ante un asunto que debe enmarcarse en algo que tanto Alemania como España desean, que es la existencia de una política común energética en el ámbito de la Unión Europea. Por lo demás, en el caso concreto, estamos ante una decisión empresarial que ha de resolverse en ese ámbito.

P.- Más allá de la decisión de la polémica del Conseller Vendrell, me gustaría preguntarle si el Gobierno comparte el sentido político que parece haber querido dar el President Maragall a la remodelación, que es agotar la Legislatura independientemente de lo que ocurra en el referéndum. Recuerdo que usted y el Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, dijeron recientemente que es incompatible una postura de Esquerra de un "no" o una abstención en ese referéndum y que tendría que abandonar el Gobierno. Me gustaría saber si se comparte eso ahora o se ha cambiado.

Vicepresidenta.- Yo nunca he dicho exactamente eso. Yo puedo haber dicho una cosa mucho más matizada; pero eso, desde luego, no creo recordar haber dicho de esa forma tan tajante lo que usted acaba de señalar. En cualquier caso, vuelvo a repetir, la decisión de cambiar el Gobierno por parte del Presidente es autónoma y es respetada y es respetable, porque está en su derecho, en su legítimo derecho. Repito, estoy absolutamente convencida de que el Presidente de la Generalitat lo ha hecho, como lo hace cualquier Presidente de Gobierno, para dar un impulso a su Gobierno y poder satisfacer, desde sus responsabilidades de Gobierno, de la mejor manera posible los nuevos tiempos y las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, desde esa perspectiva no tengo, no sólo nada que añadir, sino que, como he dicho antes, desearle que le vaya muy bien.

Eso desde esa perspectiva. Desde la otra perspectiva, lo más que pude haber dicho yo en algún momento es que el hecho de que en un Gobierno pudiera haber una discrepancia en relación con un tema plantea una situación difícil; pero que en cualquier caso es ese Gobierno y las fuerzas políticas que integran ese Gobierno quienes lo tienen que resolver. Si lo han resuelto y lo están resolviendo, enhorabuena, me parece muy bien. Es una responsabilidad del Gobierno de Cataluña el afrontar ese tema y cualquier otro tema que afecte a las responsabilidades que le incumben como Gobierno de los ciudadanos de Cataluña.

P.- Una pregunta para la Vicepresidenta. Ayer usted dijo que con el precio del petróleo donde esté la economía española puede aguantar con un tipo de crecimiento por encima del 3 por 100 y la inflación por debajo del 3 por 100. Quería saber en qué plazo espera usted que puede conseguir ese tipo de inflación por debajo del 3 por 100.

Segundo, como hoy hemos visto una nueva subida en el precio del petróleo, ¿a qué nivel tendría que llegar para dañar al crecimiento y la inflación en España?

Tercero, ¿me puede explicar la aparente discrepancia entre lo que ha dicho usted y los comentarios del Vicepresidente Segundo, que decía antes de ayer que sí a estos niveles la inflación en España sufriría un impacto negativo?

Vicepresidenta.- Primero, no hay discrepancia. Eso lo dejo bien claro. Creo que hay absoluta coincidencia entre lo que dijo el Vicepresidente del Gobierno y lo que he dicho yo. Si se consolida, si se estabiliza un crecimiento en los términos en los que se viene produciendo últimamente del precio del crudo, del precio del barril, es evidente que ese crecimiento estable y mantenido va a tener efectos, sin duda tiene efectos, en el crecimiento y en la inflación.

¿Qué creemos? ¿Qué esperamos? Qué no se estabilice ese crecimiento. Tenemos esperanzas de que ésa sea una situación provisional y que, por tanto, hasta que no haya pasado un tiempo razonable en donde veamos si esa estabilización se ha producido o no, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, no es el tiempo de la alarma.

Hay que ser prudentes y la prudencia nos lleva a pensar que, si se reconduce --y esperamos y trabajamos para que se reconduzca-- la crisis iraní, que tiene que ver en parte, no sólo pero en parte, en este último crecimiento de los precios del crudo, lo razonable es que vuelva a una estabilización, pero en términos menores, en un plazo razonable de tiempo también, que es el plazo razonable de tiempo en el que se debe reconducir la crisis iraní. Si eso se produce, dadas las previsiones con las que ha trabajado el Gobierno de cara a los Presupuestos del año que viene, que es con un precio que oscila en torno a 60 dólares el barril, podemos mantener nuestras previsiones de crecimiento y de inflación, de crecimiento por encima del 3 por 100 y de inflación por debajo del 3 por 100.

Eso es lo que ha dicho el Vicepresidente y eso es lo que he dicho yo; por lo tanto, coincidimos.

¿Cuál es nuestra posición? De esperanza. ¿Cuál es nuestra actitud? De prudencia.

Muchas gracias a todos.