El Gobierno actualiza la ley antitabaco y la regulación de los medicamentos y productos sanitarios

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria el proyecto de ley que actualiza la normativa actual frente al tabaquismo, aprobada en 2005. La nueva noramtiva busca ampliar los espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y la adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que España siempre ha estado a la vanguardia en la lucha contra el tabaco y, en este sentido, la nueva norma responde a los cambios producidos en los patrones de consumo y al auge de nuevos productos. "Hoy convivimos con vapeadores, tabaco calentado, bolsas de nicotina, productos de hierbas y dispositivos desechables, especialmente atractivos para los jóvenes", ha señalado.

El proyecto de ley se enmarca en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que el Ejecutivo aprobó en 2024, y avanza en algunas de sus líneas de actuación: proteger la salud pública, prevenir el inicio del consumo y avanzar hacia generaciones libres de tabaco. La ministra ha concretado que se actualiza la ley "para reducir el consumo, proteger a quienes están expuestos involuntariamente al humo y a las emisiones, facilitar que todas las personas que quieran dejar de fumar puedan hacerlo y cerrar algunas lagunas legales que han sido aprovechadas por los nuevos productos".

Principales novedades de la ley antitabaco

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Mónica García ha explicado que se equipara la regulación de todos los productos relacionados con el tabaco: "Da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo convencional, de un vapeador o de una bolsa de sabores. Cuando existe un riesgo para la salud y una capacidad de generar adicción, debemos actuar y aplicar las mismas medidas y exigencias".

Otra novedad es la ampliación de los espacios libres de humo y emisiones, a los que se suman las terrazas de hostelería. Asimismo, se amplía la protección a marquesinas, andenes, campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo, playas, parques nacionales, espacios exteriores de ocio, centros de trabajo y vehículos de transporte, como taxis y VTC. La ministra ha señalado que muchos de estos espacios ya estaban sujetos a restricciones autonómicas y que el Gobierno las regula ahora de forma conjunta.

La norma también establece que no se podrá fumar en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, educativos, culturales y deportivos, así como en parques o recintos infantiles. "El propósito es muy sencillo: que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre", ha remarcado la ministra.

La reforma de la ley prohíbe expresamente el consumo de productos del tabaco a menores de 18 años. Hasta ahora, la normativa prohibía la venta y el suministro, pero no recogía de forma específica la prohibición del consumo. La titular de Sanidad, ha resaltado que con este cambio se puede "actuar de manera más preventiva, facilitar la intervención con menores y familias y reforzar el enfoque educativo".

La futura ley refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, de los dispositivos para su consumo y de los productos relacionados. La ministra ha argumentado que la publicidad ya no se realiza únicamente mediante vallas o anuncios convencionales, sino que se introduce a través de las redes sociales o de 'influencers' que muestran nuevos productos del tabaco atractivos para los jóvenes. Por ello, la norma equipara esos productos al tabaco tradicional, prohíbe su publicidad en internet y redes, y limita la promoción indirecta y las ofertas comerciales para captar nuevos consumidores. La reforma restringe los puntos de venta de los productos relacionados con el tabaco, que tendrán que estar debidamente autorizados y cumplir unos requisitos.

Beneficio para la salud y ahorro económico

La titular de Sanidad ha estimado que la aplicación de esta política no sólo traerá beneficios para la salud, sino además un importante ahorro económico de entre 100 y 200 millones de euros al año: "Hablamos de recursos que podrán destinarse a otras necesidades del sistema, en lugar de emplearse en tratar enfermedades evitables, como patologías respiratorias, cardiovasculares o determinados tipos de cáncer".

Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios

En materia sanitaria, el Consejo de Ministros también ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que sustituye al marco normativo vigente desde 2015.

La ministra de Sanidad ha avanzado que la futura ley tiene como objetivos: incorporar antes los medicamentos innovadores que necesitan los pacientes, aumentar la presencia de genéricos y biosimilares y dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para prevenir y afrontar desabastecimientos.

Acceso temprano a los nuevos medicamentos

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El primer avance es la creación de un sistema de acceso temprano mediante financiación condicional. La ministra ha explicado que, en la actualidad, para incorporar un medicamento al Sistema Nacional de Salud es necesario evaluar su utilidad terapéutica, negociar su precio y analizar su impacto presupuestario. Estas garantías son imprescindibles y se mantienen. Sin embargo, ha añadido, existen situaciones en las que los pacientes tienen enfermedades graves, carecen de alternativas terapéuticas disponibles o no pueden esperar.

Mónica García ha anticipado que la nueva ley permitirá que determinados medicamentos innovadores se incorporen antes a la prestación pública cuando cubran necesidades médicas no resueltas o exista una urgencia clínica. En estos casos, podrá adoptarse una resolución acelerada en menos de 65 días hábiles. Si el tratamiento confirma los beneficios esperados, su financiación se consolidará en las condiciones definitivas. Si los resultados no son satisfactorios o el precio final resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar al Sistema Nacional de Salud o devolver las cantidades correspondientes.

De esta forma, ha resaltado la ministra, "los pacientes ganan tiempo para acceder a tratamientos innovadores en momentos decisivos, mientras el sistema conserva todas las garantías clínicas, económicas y de eficiencia".

Impulso de los medicamentos genéricos, híbridos o biosimilares

La titular de Sanidad ha recordado que estos medicamentos cumplen las mismas exigencias de calidad, seguridad y eficacia, y permiten introducir competencia cuando finaliza el periodo de protección de un medicamento original. Esta competencia reduce precios, amplía las opciones disponibles y libera recursos que pueden destinarse a nuevas innovaciones.

Para favorecer su implantación, la futura norma crea un sistema de precios dinámicos complementario al actual sistema de precios de referencia. A medida que aumente la utilización de genéricos y biosimilares, los precios se irán ajustando gradualmente. Esto permitirá, según la ministra, incorporar más alternativas terapéuticas, aumentar el número de proveedores y generar importantes ahorros para el sistema.

Garantía de abastecimiento

Mónica García ha indicado que existen medicamentos antiguos, baratos y con escaso atractivo comercial que, sin embargo, resultan imprescindibles para miles de pacientes. Puede ocurrir que desaparezcan del mercado, que sufran problemas de suministro o que dejen de ser rentables para los fabricantes.

Para garantizar su permanencia en el mercado, el proyecto de ley introduce el concepto de "Medicamento estratégico", definido como aquel indispensable para el sistema de salud cuya cadena de suministro es vulnerable.

La ministra ha informado de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) podrá adoptar medidas regulatorias sobre su fabricación, importación, distribución y dispensación, al igual que medidas económicas para garantizar que sigan disponibles.

Por su parte, los laboratorios deberán informar sobre sus planes de prevención, comunicar existencias y previsiones de suministro y, en caso de desabastecimiento, la AEMPS podrá ordenar una distribución controlada y equitativa, priorizando las necesidades sanitarias. También se autorizará al farmacéutico a sustituir excepcionalmente el medicamento por una alternativa adecuada.

Nuevas competencias de prescripción farmacéutica

La Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios moderniza asimismo la prestación farmacéutica. Así, reconoce formalmente la capacidad de prescripción de enfermeras y fisioterapeutas dentro de su competencia, regula la dispensación no presencial y la entrega a domicilio cuando la situación clínica, la dependencia, la discapacidad o la vulnerabilidad dificulten el desplazamiento del paciente.

"Esta ley permitirá que los medicamentos innovadores lleguen antes, que los genéricos y biosimilares generen una mayor competencia y que el ahorro obtenido pueda reinvertirse en nuevos tratamientos. Con ello avanzamos hacia una política farmacéutica más ágil, más segura y mejor preparada para garantizar que cada paciente tenga acceso al tratamiento que necesita cuando lo necesita", ha concluido la ministra.

Aprobación del Estatuto del Artista

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula la relación laboral especial de los artistas. El texto, conocido como el Estatuto del Artista, actualiza la normativa vigente desde 1985 y constituye "la gran reforma laboral de la gente trabajadora de la cultura", en palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Este sector, ha apuntado, engloba a 771.000 personas en España, un 3,6% de todo el empleo.

La vicepresidenta ha resaltado que el real decreto moderniza el concepto de "espectáculo público" que recogía la norma de 1985 para incorporar realidades actuales como los canales digitales o la transmisión en directo o en continuo a través de Internet. Además, comprende toda la cadena de profesionalización de la cultura, ya que engloba tanto a quienes desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales como a quienes realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para esa labor. También regula el despido con indemnizaciones y el subsidio de desempleo para estos trabajadores.

Yolanda Díaz ha subrayado, igualmente, el diálogo mantenido con empresarios, sindicatos y 80 entidades de la cultura para la elaboración de la norma, que plasma un mandato aprobado por unanimidad en una subcomisión del Congreso de los Diputados.

Regulación del trabajo infantil y protección frente al acoso

Por primera vez, según ha explicado la vicepresidenta, se regula en España el trabajo artístico infantil de manera exhaustiva y bajo el principio de la tutela del menor. Se trata de evitar la "explotación infantil" en ámbitos como la publicidad en las redes sociales o el cine o la televisión. Además, el texto establece una autorización administrativa armonizada para toda España y elimina el trabajo autónomo de los menores de 16 años: el único régimen permitido será el laboral. Los menores deberán contar con un plan de adaptación de la actividad a sus circunstancias y a sus estudios.

Un segundo pilar del real decreto es la adecuación de la lucha contra el acoso sexual a la intermitencia y la escasa duración de la relación laboral en el ámbito cultural. Asimismo, en respuesta a la demanda del sector, será obligatoria la labor de una persona especializada en mediación para la realización de escenas o actuaciones de carácter íntimo.

En cuanto a la regulación de la jornada, el texto ajusta el trabajo de la cultura al derecho laboral común y considera como trabajo efectivo todo el tiempo sujeto a la dirección de la empresa, como los ensayos o la promoción de una obra. "Esto ahora es tiempo de trabajo y tiene que ser contabilizado a todos los efectos, salariales, de cotización, de fiscalidad", ha afirmado Yolanda Díaz.

El texto avanza también en la transparencia retributiva en materia de derechos de propiedad intelectual, entre otras novedades que configuran "una norma adecuada al siglo XXI", según ha manifestado la ministra de Trabajo y Economía Social.

Reindustrializar España a través de la transición energética

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha acordado invertir 1.000 millones de euros en dos actuaciones que abordan la transición energética como una "gran oportunidad para dar impulso industrial a nuestra economía", según ha asegurado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Un primer instrumento es la convocatoria de subvenciones para compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2 que los sectores industriales pagan en su factura eléctrica. Hereu ha remarcado que la asignación para esta partida ha pasado de los 6 millones de euros en el año 2018 a los 600 millones en 2026. A los sectores destinatarios tradicionales -papel, metalurgia, química, vidrio…-, en esta convocatoria se añaden otros como la química orgánica, los fertilizantes o los azulejos.

Las empresas adjudicatarias de las ayudas deberán realizar una auditoría energética e invertir en medidas de eficiencia energética o, alternativamente, reducir sus emisiones directas. Una tercera posibilidad es que disminuyan su huella de carbono por consumo eléctrico a partir de energía renovable. El plazo para acreditar las inversiones con el fin de descarbonizar y mejorar la eficiencia energética es de tres años. "En definitiva, es una gran medida para mantener la competitividad industrial de nuestros sectores y subsectores industriales", ha sostenido el ministro.

Ayudas para la compra de vehículos eléctricos

La segunda medida es la aprobación de las bases reguladoras del Programa Auto+, una iniciativa enmarcada en el Plan Auto 2030, definido por Jordi Hereu como "una estrategia de país en torno a uno de los tres grandes sectores industriales de nuestro país, la industria de la automoción". Los pilares del Plan Auto 2030 son la transformación de las fábricas para producir coches eléctricos, el establecimiento de una red de recarga pública en toda España -ya existen más de 56.000 puntos- y los incentivos a la demanda de vehículo eléctrico y electrificado.

El Programa Auto+, dotado con 400 millones de euros, busca precisamente dinamizar ese mercado, incluyendo turismos, furgonetas, camiones ligeros, motocicletas y cuadriciclos. El titular de Industria y Turismo ha detallado que el programa supone la gestión directa de esas ayudas, tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y se dirige a las personas físicas, los autónomos, las pymes y las micropymes. A partir de la aprobación de la convocatoria, se podrán empezar a tramitar las ayudas a través de un sistema telemático. La petición se podrá realizar de manera directa o mediante representantes, concesionarios o empresas de 'renting' o 'leasing' financiero.

Las ayudas presentan unos importes máximos y porcentajes que varían según diversos criterios, ya que el objetivo es "impulsar sobre todo los vehículos eléctricos, económicos y europeos y españoles", según ha indicado Jordi Hereu. En el caso de los vehículos totalmente eléctricos, con un precio inferior a los 35.000 euros y una carga industrial europea, el comprador recibirá el 100% de las ayudas establecidas. El ministro de Industria ha defendido que esta iniciativa ayudará a la transformación del mercado del automóvil, que en el último mes ya ha registrado un 23% de ventas de coches electrificados, eléctricos puros e híbridos enchufables.

Impulso a la ciencia y a las universidades

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que el Consejo de Ministros ha abordado el informe sobre los trabajos de preparación, organización y coordinación del trío de eclipses que podrán contemplarse en España entre 2026 y 2028, un acontecimiento científico de alcance internacional que, a su juicio, "situará a nuestro país en el centro de la observación astronómica mundial y del astroturismo".

Según ha explicado la ministra, el Ejecutivo lleva meses trabajando en la coordinación de este dispositivo a través de una comisión interministerial integrada por trece ministerios, en la que también participan las comunidades y ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la ONCE y otras entidades colaboradoras. Fruto de esa coordinación ya se han elaborado un plan especial de seguridad, un plan específico de protección civil, estudios sobre movilidad e impacto económico y recomendaciones para garantizar el desarrollo del evento en condiciones de seguridad.

Asimismo, la ministra ha informado de la aprobación de un transferencia de cerca de 150 millones de euros a las comunidades autónomas en el marco del Programa María Goyri para financiar la incorporación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas. Según ha señalado, esta iniciativa permitirá incorporar de forma progresiva 5.638 nuevos profesores ayudantes doctores hasta 2028, lo que supone un incremento del 70 % respecto al curso 2023-2024. El objetivo es reducir la precariedad del profesorado universitario, reforzar la capacidad docente e investigadora de las universidades públicas y facilitar el relevo generacional.

Placa de honor para las selecciones femenina y masculina de futbol

La portavoz del Gobierno ha felicitado a la selección española de fútbol por la conquista del Campeonato del Mundo y ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la Placa de Honor de la Orden del Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina. Según ha señalado, este reconocimiento trasciende el ámbito deportivo y pone en valor principios como la constancia, el esfuerzo, la colaboración, el respeto, la tolerancia y el talento, que proyectan la mejor imagen de España dentro y fuera del terreno de juego.

Asuntos de actualidad

La ministra ha iniciado su intervención con la nueva condena de los presuntos asesinatos machistas registrados en las últimas horas en Málaga, Toledo y Alicante. Tras recordar que, de confirmarse estos casos, 29 mujeres habrían sido asesinadas por violencia de género en lo que va de año y 1.370 desde que comenzaron a contabilizarse estos crímenes en 2003, ha reiterado que la violencia machista constituye "una lacra" que la sociedad no puede normalizar ni aceptar y ha apelado a la unidad, la firmeza y el compromiso colectivo para avanzar en su erradicación.

Solidaridad con los afectados por los incendios forestales

Elma Saiz también ha trasladado la solidaridad del Gobierno con las personas afectadas por los incendios forestales que afectan a distintos puntos del país. La ministra ha destacado el despliegue de todos los medios de la Administración General del Estado a disposición de las comunidades autónomas desde el inicio de las emergencias y ha reconocido el trabajo de los profesionales que participan en las labores de extinción y protección de la población.

"El incendio de La Mierla, en Guadalajara, constituye ya el mayor incendio forestal que ha conocido Castilla La Mancha, con más de 29.000 hectáreas afectadas y más de una treintena de municipios que han tenido que ser evacuados. Al mismo tiempo, seguimos muy de cerca la evolución del incendio de Brieva, en Segovia, que también ha obligado al desalojo de varios núcleos de población. En Aragón estamos atentos del incendio de Ejulve, en Teruel, que ya ha quemado 1000 hectáreas. Afortunadamente, la evolución favorable del incendio de Orés está permitiendo que los vecinos y vecinas comiencen ya a regresar progresivamente a sus hogares", ha explicado la portavoz del Ejecutivo.

Además, la ministra ha hecho un llamamiento a la prudencia ante el elevado riesgo de incendios tras el comienzo de una nueva ola de calor.