El Gobierno consolida la prioridad de la gestión pública del sistema sanitario

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma deroga expresamente la Ley de 15/1997, que permitió la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública mediante diferentes modalidades.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que la futura ley señala "algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, transparencia, control democrático y prioridad del interés general".

La norma consagra la gestión directa como el pilar fundamental del SNS. Esto significa, según ha apuntado la ministra, que "los centros y servicios sanitarios deberán gestionarse preferentemente por las administraciones sanitarias competentes, por entidades del sector público o por consorcios públicos".

La gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter excepcional. A partir de ahora, para recurrir a ella, una administración deberá justificar de forma objetiva que no tiene capacidad para prestar directamente el servicio, acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente y garantizar la calidad, continuidad, accesibilidad y equidad en la atención sanitaria. "Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitres y grandes grupos privados. Se acabó ese modelo que ha permitido la parasitación de la sanidad pública para el negocio de unos pocos", ha recalcado Mónica García.

La ley introduce nuevas garantías de evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Antes de acudir a una fórmula de gestión indirecta, se crearán órganos colegiados integrados por expertos, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, que harán una evaluación previa y emitirán un informe indicando si la fórmula de gestión indirecta se ajusta a lo establecido en la ley. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará directrices comunes para que estos informes se elaboren con criterios homogéneos en todo el territorio.

La ministra también ha informado de que la norma refuerza el control económico en los contratos de concesión. "Será obligatorio solicitar un informe a la Oficina Nacional de Evaluación o al órgano autonómico equivalente con el objetivo de comprobar la sostenibilidad financiera de esta operación y evitar que estimaciones económicas que son poco realistas terminen afectando a la calidad del servicio de la asistencia de nuestro sistema sanitario", ha dicho.

Otro elemento relevante es la preferencia por el sector social, según ha indicado García: "Se van a priorizar las entidades sin ánimo de lucro dentro del marco permitido por la normativa de contratación y del Derecho europeo".

Informes de evaluación de gestión sanitaria

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo
Por otra parte, la titular de Sanidad ha avanzado que las administraciones deberán publicar anualmente indicadores de resultados en salud para todos sus centros del SNS, con independencia de su modelo de gestión. Además, la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesorará técnicamente a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa.

El Ministerio de Sanidad elaborará un informe de evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997 para conocer el impacto que los modelos de privatización y externalización ha tenido sobre la calidad asistencial.

Reforma del sistema de copago farmacéutico

El Gobierno ha modificado el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria con el objetivo de reforzar la equidad en acceso de los ciudadanos a los medicamentos.

Mónica García ha destacado que la reforma responde al principio de que "nadie deje de acceder a un tratamiento por motivos económicos". La ministra ha argumentado que la reforma corrige las desigualdades detectadas en el sistema actual, en particular entre pacientes crónicos o con tratamientos prolongados que tienen rentas medias o bajas.

La principal novedad es que se implementará un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizan hasta ahora los diferentes colectivos. Así, se pasa de tres a seis tamos de renta, ajustando los porcentajes de copago.

La reforma también revisa los tramos de aportación y los límites mensuales de los pensionistas para mejorar la protección de los mayores con menos ingresos e incorpora un tramo intermedio para aquellos con rentas de entre 18.000 y 60.000 euros.

La reforma que plantea el Gobierno no supone un aumento de lo que en la actualidad pagan los ciudadanos por los medicamentos, según ha resaltado la ministra, ya que el Estado se hace cargo del coste. "Reducimos lo que deben aportar las rentas bajas y medias. Se mantienen amplias exenciones para colectivos vulnerables: personas con ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, desempleados sin subsidio, rentas mínimas, menores con discapacidad o personas afectadas por accidente laboral o enfermedad profesional", ha concretado.

Refuerzo de la Salud Mental y Prevención del Suicidio 2026

El Ejecutivo ha autorizado la propuesta de distribución a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de 39 millones de euros para actuaciones del Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para desarrollar el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.

La ministra de Sanidad ha señalado que los fondos dan continuidad a las políticas impulsadas en el marco de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y mantienen el nivel de financiación del ejercicio anterior.

Compromiso legal, moral y sanitario con los afectados por el hantavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo

La ministra de Sanidad también ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre el brote de hantavirus Andes detectado en el crucero MV Hondius y la operación de desembarco en Canarias y repatriación de los pasajeros.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior la reunión del Gabinete, Mónica García ha transmitido que el Gobierno considera que "este operativo ha sido un éxito", al igual que lo estiman distintos gobiernos, organismos e instituciones sanitarias internacionales y los propios de pasajeros, que han expresado su reconocimiento.

"Teníamos un compromiso legal, un compromiso moral y un compromiso sanitario, y hemos cumplido. No somos un gobierno que mira para otro lado, somos un gobierno que nos hacemos cargo, tanto de la salud de nuestros compatriotas como de la salud global", ha remarcado.

La ministra ha añadido que España ha proyectado una imagen de parís serio, preparado y solidario, que es capaz de dar una respuesta coordinada internacionalmente, con rapidez y con rigor científico. Además, ha afirmado que el operativo pasará a la historia y servirá como modelo y referencia para futuras crisis sanitarias internacionales.

A juicio de la ministra, España ha ofrecido una respuesta de país: "No es solamente un éxito del Gobierno de España, sino del país que somos, de una sociedad que es solidaria, empática y que responde desde la confianza inequívoca en la ciencia, en los servicios públicos y en sus profesionales".

Además de expresar su reconocimiento a todos los profesionales que han participado en el operativo y al pueblo canario, Mónica García se ha referido a la prensa: "Cada periodista que ha informado con rigor se ha convertido en un activo en salud". También ha hecho un reconocimiento especial a los profesionales sanitarios que siguen en el buque, al capitán marítimo y al director del aeropuerto Tenerife Sur.

Información epidemiológica

La titular de Sanidad ha reiterado que, desde que se conoció el brote de hantavirus en el barco MV Hondius, el Gobierno ha ofrecido "una información absolutamente transparente de la situación epidemiológica de todos y cada uno de los pasajeros, como así lo atestiguan los cuatro médicos que iban dentro del buque haciendo las encuestas epidemiológicas".

Mónica García ha manifestado que es posible que en los próximos días se sumen más positivos a los 10 actuales porque el periodo de incubación del virus es largo. El hecho de que se estén detectando todos los casos es, en opinión de la ministra, una prueba más del éxito de la vigilancia epidemiológica realizada tanto por las autoridades sanitarias internacionales como por las españolas.

Fondos para mejorar la empleabilidad y la calidad educativa

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo

El Consejo de Ministros ha aprobado repartir entre las comunidades autónomas 1.178,7 millones de euros en los ámbitos formativo y educativo. Por un lado, 867,3 millones de euros para la Formación Profesional de las personas trabajadoras; por otro, 311,4 millones de euros para programas educativos de cooperación territorial.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha explicado que la primera partida permite tanto a personas ocupadas como a desempleadas acceder a una formación dentro del sistema de FP y amentar así su cualificación y empleabilidad. "Es una formación flexible y también acreditable que mejora las oportunidades de empleo de calidad de los trabajadores y también la competitividad de las empresas", ha señalado la ministra. Desde el año 2021, el Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas más de 4.000 millones de euros para el desarrollo de este programa.

Apoyo a los centros con mayores dificultades y refuerzo de competencias

En cuanto a los programas educativos, se van a dedicar 105,3 millones de euros, cofinanciados por el Ministerio y por el Fondo Social Europeo Plus, al Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+). Esta iniciativa persigue que los centros con mayores dificultades dispongan de los recursos necesarios para que todo el alumnado pueda alcanzar el éxito educativo y escolar. Dirigido a los estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria, el programa busca asegurar las condiciones mínimas para la educabilidad del alumnado, apoyar a los estudiantes con dificultades para el aprendizaje y mejorar la enseñanza de las competencias clave.

Un segundo programa es el de Educación Inclusiva, cofinanciado también por el Fondo Social Europeo Plus. Dotado con 28,7 millones de euros, su finalidad es impulsar la transformación de los centros educativos en entornos plenamente inclusivos. Milagros Tolón ha apuntado que esta iniciativa fortalece los recursos humanos y la formación de los profesionales y, además, incide en la eliminación de las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas y organizativas que dificultan que todo el alumnado acceda en igualdad al sistema educativo. "Queremos que participe plenamente en la vida escolar y que desarrolle su aprendizaje en condiciones totalmente inclusivas", ha señalado.

El tercer programa es el de refuerzo de la competencia lectora, que cuenta con un presupuesto de 56,2 millones de euros. El objetivo de esta actuación, que comprende la Educación Infantil, Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Medio, es ofrecer una atención más personalizada a los estudiantes con mayores dificultades, reducir la brecha de género en la lectura y formar al profesorado en metodologías de lectoescritura.

Por último, se destinan 120,6 millones de euros al programa de refuerzo de la competencia matemática, en este caso destinado a Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Superior.

Sumando el conjunto de los programas de cooperación territorial, el Ministerio ha transferido más de 4.425 millones de euros a las comunidades autónomas desde el año 2018, según ha destacado Tolón, que ha añadido que el reparto territorial definitivo se acordará próximamente en las conferencias sectoriales.

Incremento de las subvenciones para los seguros agrarios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando CalvoEl Consejo de Ministros ha autorizado la firma del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios (Agroseguro) para la ejecución del plan de seguros agrarios de 2026. El Gobierno destina 315 millones de euros a subvencionar la contratación de estas pólizas, un 50% que en el año 2010.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado la importancia del seguro en la política agraria: "Es un mecanismo de gestión de riesgos que, en definitiva, permite responder a algunas de las problemáticas con que se encuentran nuestros agricultores y ganaderos y, muy en particular, las referidas a los fenómenos climáticos extremos y el cambio climático". El ministro ha recordado que esas cuestiones son, junto a los mercados agrarios y la situación geopolítica, las más determinantes para la producción agroalimentaria y los precios.

Planas ha remarcado la prioridad que el plan de seguros agrarios de 2026 concede a determinados colectivos, como los jóvenes y los agricultores profesionales, y ha cifrado en unos 19.000 millones de euros el capital asegurado. En cuanto a las perspectivas en este ámbito, el ministro ha defendido que en la próxima Política Agraria Común (PAC), la post 2027, se incluya un mecanismo de reaseguro para que los sistemas nacionales de seguros no se vean desestabilizados por situaciones extremas como las sequías sufridas en España en 2023.

Ayudas extraordinarias para agricultores y ganaderos

El Ejecutivo ha ampliado en 64 millones de euros el presupuesto destinado a recuperar el potencial agrario afectado por la DANA de 2024. De esta forma, la inversión total para reparar caminos, infraestructuras y estructuras de regadío alcanza los 257 millones. "Muchas veces da la impresión de que, cuando ocurre un fenómeno extraordinario, se abordan las ayudas, se hace una actuación y se acabó, y no es así, al contrario", ha sostenido Luis Planas. El ministro ha previsto que la inversión final de su departamento en la Comunidad Valenciana en relación con la DANA superará los 400 millones de euros.

En relación con otro de esos fenómenos adversos, la sucesión de borrascas de comienzos de este año, Planas se ha referido a dos medidas del Gobierno, por un importe conjunto de 28 millones de euros. En primer lugar, la posibilidad de aumentar la subvención hasta el máximo legal que permite la normativa europea, es decir, el 70% de la prima de seguro; en segundo lugar, el Ejecutivo se hará cargo de la franquicia relativa al evento que ha provocado la movilización del seguro.

Compromiso con la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI+

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y portavoz de Gobierno, Elma Saiz, ha dado cuenta de la aprobación de una Declaración Institucional con motivo del "Día Internacional contra la LGTBIfobia", que se celebra cada 17 de mayo desde el año 2004.

La portavoz del Ejecutivo ha enfatizado que con esta iniciativa "el Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva. España, y eso también es otro motivo de orgullo, ocupa la quinta posición en el ranking de países con un entorno legal y político protector de los derechos LGTBI+".

Elma Saiz también ha resaltado que, a pesar de los avances en esta materia, "los derechos nunca pueden darse por sentados", sobre todo por la "involución de libertades" que, a su juicio, se está produciendo "fuera de nuestras fronteras".

"España es un lugar seguro, pero también sabemos que queda trabajo por realizar. Por eso el Gobierno se compromete a adoptar las medidas para avanzar en erradicar la discriminación y la violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas LGTBI+ en diferentes ámbitos de su vida", ha insistido la portavoz.

Asuntos de actualidad

La portavoz del Gobierno ha comenzado su intervención recordando a los dos guardias civiles fallecidos el pasado 8 de mayo de 2026, en Huelva, como consecuencia de un operativo de lucha contra el narcotráfico.

Elma Saiz ha transmitido, en nombre de todo el Gobierno el pésame a los familiares y amigos de los agentes, y ha deseado una pronta recuperación a los otros dos agentes que resultaron heridos durante la persecución.

Además, Saiz ha ratificado el compromiso del Gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas en nuestro país. "Una lucha que tiene su reflejo en el refuerzo, desde el año 2018, de los medios personales, materiales y tecnológicos para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha señalado.

Y ha añadido: "No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la seguridad, de la legalidad, y de la protección de quienes cada día arriesgan su vida para garantizarla".

Elma Saiz también ha aprovechado el inicio de su intervención para dar el pésame a los familiares y amigos del otro guardia civil fallecido en Tenerife (Canarias), durante el operativo de desembarco de los pasajeros del buque afectado por el brote de hantavirus. El fallecimiento, en este caso, se produjo por un infarto.