El Gobierno facilita que las comunidades autónomas con superávit presupuestario puedan destinarlo a inversiones

El Consejo de Ministros ha aprobado, a través de un real decreto ley, medidas fiscales y financieras en favor de las comunidades autónomas.

En primer lugar, la norma habilita a las comunidades a usar el superávit presupuestario de 2025 para financiar en 2026 y 2027 inversiones sostenibles en políticas como la de vivienda. En segundo lugar, las comunidades con una deuda en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) inferior al 12,4% al cierre del año 2025 podrán destinar los superávits de ejercicios anteriores a inversiones, que no computarán a efectos de cumplimiento de la regla de gasto. En la actualidad, esos fondos deben dedicarse a reducir la deuda, de acuerdo a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Refuerzo de la capacidad inversora de las comunidades autónomas

Estas medidas suponen movilizar 4.000 millones de euros y pueden beneficiar a 8 comunidades autónomas: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Islas Baleares, Cantabria y Galicia. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha resaltado que se trata de otra muestra de que el Gobierno "atiende y dialoga con el conjunto de comunidades autónomas y establece medidas que son muy beneficiosas para los ciudadanos de cada uno de los territorios, similares a las que se aprobaron también con los ayuntamientos".

España ha enmarcado estas acciones en la política desplegada por el Ejecutivo para reforzar la financiación autonómica y apoyar así el Estado del bienestar. El titular de Hacienda ha recordado que las comunidades autónomas recibieron 30.000 millones de euros de los fondos del COVID que no tuvieron que devolver y que, del año 2019 al 2025, vieron reforzada su financiación con los 40.175 millones distribuidos en las conferencias sectoriales para políticas que gestionan esas administraciones, como la vivienda o la sanidad. Asimismo, España ha apuntado que el Congreso de los Diputados está tramitando un proyecto de ley que supondría que el Ejecutivo asumiera más de 83.000 millones de la deuda acumulada por las comunidades.

Los mayores recursos de la historia para las administraciones autonómicas

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su intervención en la rueda de prensa. | Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa

En 2027, según ha avanzado el ministro, las comunidades autónomas recibirán 185.593 millones de euros del sistema de financiación, un 78,6% más que en el año 2018. "El Gobierno de España cumple, como no ha cumplido ningún otro Gobierno en la historia de nuestra democracia, con la financiación, la solvencia y la sostenibilidad de las cuentas de las comunidades autónomas", ha dicho España, que ha defendido que esos mayores recursos se destinen a mejorar los servicios públicos en vez de a bajar los impuestos a las rentas más altas.

El titular de Hacienda ha señalado que esos recursos "excepcionales" aumentarán aún más si el Congreso aprueba la reforma del sistema de financiación que se puso en marcha la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Respecto a ese nuevo modelo, que reemplazaría al que lleva doce años "caducado", España ha sostenido que beneficia a todas las comunidades autónomas, reduce las diferencias de financiación per cápita por habitante ajustado, incrementa la corresponsabilidad fiscal y se basa en la transparencia de la información suministrada a los gobiernos autonómicos.

Ayudas para los afectados por la erupción volcánica de La Palma

El decreto ley recoge, además, medidas específicas para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, afectada por la erupción volcánica del año 2021. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado la reducción del 60% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los residentes de la isla en 2026 y la habilitación a la Comunidad Autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones de euros del superávit de 2025 al sector primario.

El texto incluye, igualmente, una moratoria para los agricultores de los tres municipios afectados -El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte- que habían solicitado créditos y una prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos.

Transparencia laboral y gobernanza algorítmica

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha informado del real decreto que traspone la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La norma, según ha destacado, supone "un paso más en la lucha contra la precariedad".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa

La nueva regulación garantiza que las personas trabajadoras conozcan desde el inicio de la relación laboral sus condiciones esenciales de empleo, incluidos los criterios y reglas algorítmicas que las determinan. "Es una norma que se aplica al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de España, a las relaciones laborales ordinarias, a las relaciones laborales especiales y, por supuesto, también a las empresas públicas y a todos los funcionarios y funcionarias del país", ha enfatizado Díaz. Las personas con contratos en vigor en los que no conste esta información podrán solicitarla y la empresa dispondrá de un máximo de 30 días para facilitársela.

Información y previsibilidad de las condiciones laborales

La vicepresidenta segunda ha explicado que la norma refuerza la información que deben recibir los trabajadores sobre aspectos esenciales de su relación laboral, como el salario y los complementos, los conceptos variables, la jornada y su distribución, las horas extraordinarias, los tiempos de descanso, las vacaciones y los periodos mínimos de preaviso, entre otros.

"Esta norma de lo que habla es de previsibilidad", ha resumido Díaz. La información deberá incluir también el plan de igualdad y las medidas y recursos LGTBI de la empresa, el convenio colectivo aplicable, la gestión de la Seguridad Social y el procedimiento de extinción del contrato, y deberá proporcionarse de manera accesible a las personas con discapacidad.

La regulación también aborda el periodo de prueba, que deberá figurar expresamente entre las condiciones laborales. "El tiempo de prueba tiene que estar perfectamente informado y, además, causalizado", ha remarcado la ministra.

Protección del trabajo en el mar

Yolanda Díaz también ha destacado la regulación específica de las condiciones laborales de los trabajadores del mar y de la pesca, una actividad que, según ha señalado, "tiene enormes complejidades de prevención de riesgos". La norma se aplicará a los pescadores a bordo de buques abanderados en España o registrados bajo plena jurisdicción española, con independencia de la duración del contrato, y reconoce su derecho a solicitar asesoramiento legal en el momento de la firma.

"Todos esos contratos tienen que explicitarse por escrito y con todas las condiciones", ha afirmado la vicepresidenta. Deberán detallar, entre otros aspectos, la identificación de las partes y del buque, las rutas previstas, el salario, la jornada y los descansos, las vacaciones, la cobertura sanitaria y de Seguridad Social y las condiciones de repatriación.

Ha añadido la titular de Trabajo y Economía Social que, en el caso de las personas migrantes, la norma establece que la información de los contratos deberá facilitarse con las traducciones "que sean precisas".

Desclasificación de informes sobre la entrada masiva de extranjeros en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y portavoz de Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha acordado la desclasificación de información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de extranjeros en la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.

Saiz ha remarcado que la decisión obedece al "compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información sobre una situación extraordinaria que ha exigido y sigue exigiendo una respuesta extraordinaria".

Prioridades en Ceuta: habilitación de espacios y comienzo del curso escolar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presentado el informe actualizado sobre la situación en Ceuta. Torres ha explicado que las dos prioridades de la última semana han sido la habilitación de espacios para las personas migrantes que entraron de manera masiva en la ciudad autónoma, ya que es obligado filiarlas para proceder a su devolución conforme a la ley, y el comienzo del curso escolar.

Respecto a los espacios, el ministro ha detallado que ya están habilitadas unas 3.400 plazas, número que en los próximos días se elevará a las 6.000. El material necesario se ha ido trasladando a los espacios consensuados con el Gobierno de Ceuta en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Comité de Situación. Desde el 10 de agosto, un total de 4.516 personas han retornado de manera voluntaria a Marruecos, y se ha expulsado a otras 278.

En relación con el curso, Torres se ha referido a la presencia en Ceuta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y ha afirmado que la asistencia del profesorado y de los trabajadores no docentes ha sido completa. En cuanto al alumnado, la asistencia ronda el 70%, un porcentaje que el Ejecutivo espera que se incremente en los próximos días.

Filiación de los menores y apoyo de la Unión Europea

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa

El titular de Política Territorial ha indicado que en este momento hay 2.004 menores no acompañados filiados en Ceuta. El objetivo es filiar al resto y proceder "cuanto antes" a los expedientes individualizados que conduzcan al reagrupamiento familiar u otras opciones legales. Ángel Víctor Torres ha recordado que se trata de una competencia de la ciudad autónoma y que el Gobierno de España colabora, coordina y apoya en esas tareas, a las que destinó 25 millones de euros en un primer Consejo de Ministros y 65 millones más en el de la semana pasada. Asimismo, ha precisado que el Ejecutivo central se va a hacer cargo del coste del servicio del representante del menor, pero que este tiene que ser designado por la ciudad autónoma.

Torres ha repasado las actuaciones del resto de ministerios, entre las que ha mencionado el comienzo de la vacunación masiva, el material aportado por Defensa, el refuerzo judicial para agilizar los expedientes, la atención humanitaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la elaboración de un censo único de mujeres y niños acompañados y la próxima apertura del plazo para solicitar las ayudas directas del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El ministro ha apuntado también que el titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de viaje en Bruselas, va a abordar con comisarios de la Unión Europea la situación de Ceuta. El propio Torres conversó ayer por teléfono con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, que trasladó "el apoyo al Gobierno de España y a la autoridad funcional en lo que fuera preciso".

Por último, el titular de Política Territorial ha apuntado que esta mañana se ha procedido a la firma de la personación por parte de la Administración General del Estado en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta. "El Gobierno de España se considera perjudicado ante las circunstancias que hemos conocido de la investigación abierta", ha manifestado Torres.