El Gobierno aprueba 21 medidas para facilitar el acceso a la vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley para afrontar el que, a juicio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía": el acceso a la vivienda. En la rueda de prensa tras la reunión del Gabinete, el jefe del Ejecutivo ha explicado que los textos mantienen la esencia de los que se aprobaron en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre y que decayeron al no ser convalidados por el Congreso de los Diputados. A esas medidas "razonables y necesarias", hoy se han incorporado algunas otras "muy positivas", ha apuntado Pedro Sánchez. Al haberse publicado hoy la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, las normas deben ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso.

El presidente ha resaltado que estas iniciativas son "el fruto de muchos meses de análisis técnico y diálogo" con las organizaciones sociales, el sector inmobiliario, las asociaciones de propietarios y de inquilinos y los grupos parlamentarios. "Y son medidas, si me apuran, de puro sentido común y de humanidad", ha dicho Pedro Sánchez, quien ha defendido que benefician a pequeños propietarios e inquilinos y solo perjudican a "aquellos que consideran la vivienda un objeto mercantil más para poder especular con él". El jefe del Ejecutivo ha destacado, igualmente, que las medidas cuentan con un apoyo "absolutamente transversal que trasciende las ideologías", lo que demuestra "que la ciudadanía está muy a favor de la intervención de un mercado que no funciona bajo la lógica de la oferta y la demanda, un mercado disfuncional que exige regulación".

Beneficios fiscales, préstamos y aumento de la oferta de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante los medios | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Sandra Armada

Los dos reales decretos ley engloban 21 medidas enfocadas en 4 objetivos esenciales, según ha indicado Pedro Sánchez.

El primero es facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra de vivienda. Los inquilinos, por un lado, podrán desgravarse en su declaración de la renta parte de lo que pagan de alquiler. En el caso de un alquiler de 800 euros mensuales, por ejemplo, la deducción se acercará a los 1.000 euros. Los pequeños propietarios, por otro lado, disfrutarán de un incentivo fiscal si alquilan su casa a precios asequibles. Además, se crea una línea de financiación, dotada con 10.000 millones de euros, para ofrecer préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda. Gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), esta línea tiene vocación intergeneracional, aunque Pedro Sánchez ha incidido en que la entrada de la hipoteca es el mayor obstáculo para la emancipación de los jóvenes.

Un segundo objetivo básico de los decretos es incrementar la oferta de vivienda. Con este fin, se destinan 280 millones de euros a avales para fomentar la construcción industrializada de vivienda, que permite acortar los plazos de construcción y, por tanto, elevar la oferta más rápidamente. Otros 400 millones de euros se dedicarán a ayudar a los proveedores de vivienda social. Además, la entidad pública Casa 47 va a adquirir miles de inmuebles provenientes de la Seguridad Social para facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con más dificultades.

Mayor estabilidad para inquilinos y pequeños propietarios

Los decretos servirán, en tercer lugar, para "dar tranquilidad y estabilidad", según ha sostenido el presidente del Gobierno. Uno de ellos prorroga hasta dos años los contratos de alquiler de quienes estén al corriente del pago y limita las subidas del alquiler. El otro decreto establece la prórroga automática de esos contratos de alquiler cuando venzan, salvo en determinados supuestos. Pedro Sánchez ha reconocido que hoy no existe una mayoría parlamentaria suficiente para convalidar esta segunda norma, por lo que no entrará en vigor a la vez que el primer decreto, es decir, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado, sino después de que la Diputación Permanente la convalide, si eso ocurre.

El jefe del Ejecutivo ha remarcado la importancia de establecer "reglas claras" sobre cuándo se renuevan los contratos, cuándo terminan y en qué casos el propietario puede recuperar su vivienda, ya que los pequeños propietarios "son también importantes en la ecuación para resolver la crisis de la vivienda". Los textos aprobados hoy incorporan, asimismo, la protección de las personas vulnerables sin alternativa habitacional, "sin que ese esfuerzo recaiga sobre los pequeños propietarios, a los que protegemos con garantías adicionales".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Sandra Armada

El cuarto objetivo fundamental de los textos es combatir la especulación y regular el alquiler de temporada y de habitaciones. Los decretos limitan la compra de vivienda por parte de los conocidos como 'fondos buitre', vinculan los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) al alquiler asequible y obligan a los pisos turísticos "a tributar como lo que son, un negocio", según ha manifestado Pedro Sánchez.

Otros acuerdos del Consejo de Ministros

El Gobierno ha autorizado la tramitación administrativa urgente del real decreto sobre la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo. El objetivo de la norma es asegurar que las mujeres que ejercen ese derecho reciban información veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada, con independencia de su lugar de residencia.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha elevado hasta los 372,6 millones de euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios en el año 2026. Esta cantidad supone incrementar en más de un 18% el presupuesto inicial.

Además, el Ejecutivo ha aprobado cuatro nuevas directrices básicas de protección civil destinadas a reforzar la capacidad de las administraciones públicas ante las emergencias derivadas de accidentes con sustancias peligrosas, los terremotos, las erupciones volcánicas y las situaciones que requieren medidas de autoprotección.