El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,2%, a pesar de la guerra en Irán

El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a la Comisión Europea, el 30 de abril, del Informe de Progreso Anual correspondiente al año 2026, en cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales.

El documento, presentado por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, refleja el complejo contexto en el que se mueve la economía española como consecuencia del shock energético derivado de la guerra en Irán.

Durante su exposición, Carlos Cuerpo ha argumentado que la economía española está mejor preparada que en ocasiones anteriores en los ámbitos energético, económico y presupuestario para afrontar esta situación. Además, España sigue cumpliendo sus compromisos con Europa, consolidando sus finanzas públicas, reduciendo el déficit y la deuda de manera sostenida y respetando la regla de gasto.

Mayor soberanía energética

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El vicepresidente primero ha apuntado que, desde el inicio del conflicto en Irán, los precios del mercado mayorista de electricidad han crecido menos que en otros países: "Somos el tercer país donde menos han crecido estos precios, en línea con Finlandia y cerca de Suecia".

El elemento adicional de soberanía energética que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables han contribuido a ello, según ha recalcado el ministro. Además, las empresas internacionales quieren seguir invirtiendo en nuestro país, según se evidenció ayer en la segunda edición de Invest in Spain.

Carlos Cuerpo también ha señalado que la recuperación de la economía española está por encima de la medida de la zona euro y de sus principales economías, tanto en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) como en creación de empleo: "España creció por encima del doble de la media de la zona euro, creamos el 40% de los empleos de la zona, siendo apenas el 10% en tamaño relativo de la moneda común".

En este contexto, el titular de Economía ha recordado que la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026 recoge que, en términos desestacionalizados, se sigue manteniendo un ritmo de creación de medio millón de puestos de trabajo cada 12 meses y que hay más de 22 millones y medio de ocupados. Esto implica 19 millones de asalariados, más de 16.200.000 de ellos con un contrato indefinido.

Asimismo, Cuerpo ha avanzado que, por primera vez en la historia, en torno a los 22.060.000 trabajadores totales (sin desestacionalizar) estarán afiliados a la Seguridad Social a finales de este mes de abril. "Estamos siendo capaces de incorporar a más gente y de manera efectiva a un mercado de trabajo cada vez más dinámico y en ramas de mayor valor añadido", ha destacado.

Mejoras presupuestarias: reducción de déficit y deuda

El vicepresidente ha anticipado que el Gobierno prevé que el déficit público cierre en torno al 1,6% en 2026, una vez ajustados los denominados "one-offs", es decir, gastos específicos asociados a un suceso, como, por ejemplo, la DANA. Asimismo, ha subrayado que el saldo primario -diferencia entre los ingresos y gastos, excluyendo el pago de intereses-, se encuentra en equilibrio o superávit presupuestario, lo que contribuirá a reducir la deuda pública en los próximos años.

Así, Cuerpo ha pronosticado que a finales de 2026 la ratio de deuda pública sobre el PIB se situará en el 99,3%, con lo que se adelanta un año el objetivo fijado para final de legislatura de situarla por debajo del 100%.

Este dinamismo de la economía, junto con una política fiscal responsable, según ha resaltado el vicepresidente, permitirá a España cumplir con las reglas fiscales europeas.

Se mantiene el crecimiento económico en un contexto de incertidumbre

En su intervención, el vicepresidente ha afirmado que un escenario de enorme incertidumbre como el actual es difícil hacer previsiones para los próximos meses. De hecho, ha dicho que los principales analistas no están realizando previsiones, sino más bien presentando escenarios asociados a la duración de la guerra en Irán. El impacto de la guerra, según ha indicado Carlos Cuerpo, podría tener un impacto de entre una y ocho décimas en el PIB.

En estas circunstancias, el titular de Economía ha anunciado que el Gobierno mantiene sus previsiones de crecimiento en términos reales en el 2,2% del PIB, tal y como publicó en noviembre de 2025: "Se mantienen inalteradas, a la espera de ser actualizadas en las próximas semanas conforme tengamos más certidumbre sobre la evolución de la guerra".

A su juicio, estas previsiones se mantienen en "un rango prudente" y en línea con las que están realizando distintos analistas, tanto públicos como privados.

El Informe de Progreso Anual sí recoge un ajuste automático al alza de la inflación, a través del deflactor del PIB, en un punto, que pasaría del 2,1% al 3,1%.

Apoyo fiscal y financiero a las víctimas

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que elimina la carga fiscal de determinadas ayudas e indemnizaciones, mejora distintas prestaciones para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida e incorpora medidas fiscales para autónomos, empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que las víctimas deben situarse siempre en el centro de cualquier política pública y sin cálculos partidistas. "La política fiscal no puede ser ajena a las personas, especialmente cuando se atraviesa algún tipo de catástrofe", ha expuesto España.

Exención de las indemnizaciones para las víctimas de abusos en la Iglesia

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El texto establece que las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica no tributarán en el IRPF. Estas indemnizaciones corresponden al acuerdo firmado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos para establecer un sistema de reparación a las víctimas de esos abusos.

El titular de Hacienda ha señalado que, aunque "no existe dinero que pueda curar las profundas heridas que ha supuesto esta tragedia", el acuerdo supone un logro de las asociaciones de víctimas, el Gobierno, la Santa Sede y otras instituciones eclesiásticas. "Si apoyamos y acompaños a las víctimas, estamos haciendo que nuestro país sea mejor, y el sistema fiscal no puede ser ajeno a esta sensibilidad", ha afirmado.

Mejores prestaciones para los afectados por los accidentes de Adamuz y Gelida

Por otra parte, el real decreto ley mejora las prestaciones de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, asimilando estas situaciones a los accidentes laborales. Este cambio incrementará las prestaciones que perciben las víctimas, tanto las de incapacidad temporal como las pensiones de incapacidad permanente, viudedad u orfandad.

Financiación para afrontar los daños de la DANA

El texto refuerza también las medidas para paliar los daños causados por la DANA de 2024. Arcadi España ha explicado que el Gobierno estableció un mecanismo para permitir que la Generalitat Valenciana contara con el "músculo financiero" necesario para afrontar esos gastos extraordinarios, lo que requirió una habilitación legal. De esta forma, en los años 2024 y 2025, el Ejecutivo puso 3.064 millones de euros a disposición de la Generalitat, que empleó 1.600 millones. La petición de la Generalitat para el año 2026 es de 1.300 millones, pero la habilitación legal para la aportación se incluía en otro real decreto ley que decayó en el Congreso. El ministro de Hacienda ha pedido a la oposición que apoye el nuevo texto, que debe convalidarse en el plazo máximo de un mes.

Arcadi España ha remarcado también el respaldo financiero del Gobierno a los ayuntamientos afectados por la DANA, a los que ya se han transferido 1.745 millones de euros. Hacienda asume ahora otra petición de esos alcaldes y alcaldesas: flexibilizar las reglas fiscales para que los gastos derivados de la DANA no se contabilicen a efectos de su cumplimiento.

En total, las medidas adoptadas en 2024 y 2025 para la reconstrucción sumaron 9.226 millones de euros, de los que casi el 80% fueron asumidos por la Administración central. "El Gobierno de España ha actuado directamente, ha apoyado a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos y ha liderado la respuesta social, económica y financiera", ha manifestado España.

Exentas las donaciones por la DANA y las ayudas por los incendios

Por último, el real decreto ley recoge un conjunto de exenciones fiscales. Entre ellas, el titular de Hacienda ha destacado que se declaran exentas de tributación las donaciones de entidades sin ánimo de lucro como Cáritas o Cruz Roja a las personas afectadas por la DANA. Estas organizaciones, ha añadido, complementan y amplían la acción de las administraciones públicas, "y era de justicia que tuvieran un trato similar a otro tipo de ayudas".

Otra exención beneficia a las ayudas que perciben las víctimas de incendios forestales como los sucedidos el verano pasado. "Cuando se ha producido una catástrofe o un suceso trágico, el Gobierno va a estar acompañando en primer lugar a las víctimas, y también a todas las administraciones, independientemente de su color político, en la recuperación, reconstrucción y reparación, cuando sea posible, de los daños", ha concluido España.

Reforma completa de la prevención de los riesgos laborales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha abordado la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para modernizar esta norma, que ha cumplido recientemente treinta años. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que esa ley fue revolucionaria porque introdujo en España el concepto de la prevención, pero que es necesario cambiarla para que se ajuste a la realidad actual y se sigan ampliando los derechos.

En el año 2025 -ha recordado la vicepresidenta-, 735 personas fallecieron en accidentes laborales. "Las hemos reducido en un 40%, pero es uno de los principales problemas que tenemos hoy en España", ha asegurado. Yolanda Díaz ha apuntado también que las incapacidades temporales por síntomas emocionales se han incrementado en un 500%. "Esta ley va de esto, de que nadie se enferme y, por supuesto, que nadie fallezca en su puesto de trabajo", ha subrayado.

La vicepresidenta segunda ha indicado que el anteproyecto de ley es fruto de más de dos años de diálogo social y ha agradecido la aportación de los profesionales del Ministerio de Trabajo, las patronales, los sindicatos y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Perspectiva de género, digitalización, edad y salud mental

Un primer "cambio radical" que ha destacado la vicepresidenta es que la ley anterior estaba pensada para un mundo laboral "masculinizado", mientras que la nueva norma corrige esa desigualdad y tiene en cuenta si el trabajador es un hombre o una mujer en el seguimiento de la salud laboral y en la evaluación de los puestos de trabajo.

En segundo lugar, la reforma aborda los avances tecnológicos, por ejemplo, en la vigilancia de la salud en los entornos digitales y los efectos de la conexión permanente.

Además, el texto del anteproyecto obliga a las empresas a ajustar la prevención a la edad del trabajador. "Es de sentido común: no es lo mismo que una persona sea limpiadora con 25 años a que lo sea con 60, ni es lo mismo que uno sea delineante a los 25 años que a los 50", ha sostenido Díaz.

La norma incorpora, igualmente, los riesgos relacionados con el cambio climático y atiende de manera central los riesgos psicosociales, las patologías musculoesqueléticas y la salud mental. La ministra de Trabajo y Economía Social ha enfatizado que la futura ley facilita actuar para que los trabajadores no enfermen en vez de culpabilizar a los empleados del absentismo laboral.

Incorporación de los autónomos y cambios en los servicios de prevención

Yolanda Díaz ha explicado que la norma se aplicará a todos los trabajadores, es decir, los asalariados, los pertenecientes al sector público y, como novedad, al trabajo autónomo y a los autónomos que trabajan en coordinación. La vicepresidenta ha recordado que el índice de la siniestralidad en los autónomos se ha incrementado en un 71,4%.

El anteproyecto modifica también la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para impedir el "pronto pago", es decir, que el infractor pueda reducir la cuantía de la sanción en un 40% si la abona de forma anticipada.

El cambio se extiende a la normativa sobre los servicios de prevención: el texto apuesta por que sean propios, profesionalizados y especializados, "haciendo de la realidad de la prevención y de la salud laboral una de las materias troncales del mundo del trabajo", ha sostenido Yolanda Díaz.

La seguridad en el trabajo, un derecho humano

La ministra de Trabajo y Economía Social ha informado de que hoy, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, entra en vigor en España el Convenio 191 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El texto declara la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho humano, ha destacado Díaz, quien ha recordado que España es el país que en menos tiempo -seis años- ha registrado más convenios de la OIT.

Propuesta de distribución territorial del Plan Corresponsables

Entre otros acuerdos aprobados por el Gabinete, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado la autorización de la propuesta de distribución, entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de 142,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Corresponsables, que se elevará a la Conferencia Sectorial de Igualdad. Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Elma Saiz ha enfatizado que el plan busca "consolidar el cuidado como un derecho. Para ello financia servicios de cuidado profesionalizados, acciones de sensibilización, formación en corresponsabilidad y masculinidades igualitarias, así como estudios y mecanismos de seguimiento y evaluación del propio plan".

Asuntos de actualidad: España supera los 25 millones de personas de población activa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Durante su intervención Elma Saiz también se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al primer trimestre de 2026, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Elma Saiz ha señalado que "España ha alcanzado un hito histórico" ya que "por primera vez superamos los 25 millones de personas de población activa en un país de casi 50 millones de personas". No obstante, la ministra ha indicado que "también hay retos" para el Ejecutivo. "No nos conformamos, pero en el contexto actual, tan complejo e inestable, no podemos negar que España está siendo capaz de crear más empleos y, además, empleos de más calidad", ha apuntado Elma Saiz.

Por su parte, la vicepresidenta segunda ha destacado que, de los 19,1 millones de personas asalariadas, 16,4 millones cuentan con un contrato de carácter indefinido. Además, ha resaltado que la temporalidad en el sector privado sigue reduciéndose y ya se sitúa en el 11,9%, mientras que antes de la reforma laboral ese porcentaje oscilaba entre el 35% y el 26%.

Inversión de empresas internacionales en España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también ha recordado la celebración de la segunda edición del foro Internacional 'Invest in Spain Summit'. Un encuentro que ha reunido en Madrid a representantes de 75 empresas internacionales de 25 países y que inauguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nuestro país se consolida como un auténtico polo de atracción internacional con más de 22.000 empresas extranjeras ya operando en España y generando más de dos millones de empleos", ha señalado Elma Saiz.