El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes que ya residen en España

La Moncloa, Madrid

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación del real decreto que pone en marcha la regularización extraordinaria para migrantes que ya residen en España, a su juicio, "uno de los grandes hitos de la legislatura".

Saiz ha remarcado que los destinatarios "son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que, a partir de hoy, podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones".

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que desde el año 1986 se han realizado 6 procedimientos de regularización, "de gobiernos de todo signo político", que han beneficiado a casi 1,3 millones de personas. "La evidencia demuestra que en procesos similares anteriores se han logrado beneficios en empleo, en responsabilidad fiscal, en convivencia y en sostenibilidad social", ha sostenido.

También ha aportado Saiz otros datos que avalan la pertinencia del proceso de regularización. Por ejemplo, ha explicado que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, en un informe elaborado por economistas y demógrafos, ha asegurado que, si en España se redujera la migración en un 30% para el año 2075, el PIB se reduciría en un 22%, se perderían 15 millones de habitantes, se cerrarían escuelas y habría más listas de espera en la sanidad.

"Les doy un dato, el 43% del empleo creado en España desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros. Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar; una contribución que no se limita al ámbito económico, también supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca", ha insistido la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una iniciativa con "legitimidad social, política y económica"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Elma Saiz ha destacado que el proceso de regularización cuenta con una "triple legitimidad". En el plano social, ha recordado que la iniciativa legislativa popular que lo impulsó fue respaldada por más de 700.000 firmas, 900 asociaciones y la Iglesia Católica. En el ámbito político, la propuesta obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, salvo uno. Por último, en el plano económico, ha recibido el aval tanto de la patronal como de los sindicatos.

"Permítanme que subraye el apoyo de sectores económicos concretos como la agricultura, la construcción o el transporte, que llevan meses, si no años, remando a favor de esta medida histórica", ha remarcado la portavoz de Gobierno.

Elma Saiz también ha explicado que el real decreto ha recibido el aval de "importantes organismos", como el Consejo Económico y Social, que en su informe sobre la realidad migratoria en España ha subrayado que la regularidad administrativa es un elemento clave para lograr una integración plena y efectiva de las personas migrantes.

Asimismo, la norma ha obtenido el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, especialmente en lo relativo a la idoneidad de tramitar el procedimiento por la vía reglamentaria, "tal y como siempre hemos defendido". Además, ha señalado que este órgano ha valorado positivamente los objetivos generales de la regularización, entre ellos la integración social, la seguridad jurídica y la reducción de la irregularidad administrativa.

Esta regularización extraordinaria es el primer hito del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.

Un "plan operativo" a partir del 16 de abril

La portavoz de Gobierno ha advertido que la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de abril y entrará en vigor al día siguiente, 16 de abril, fecha desde la cual se podrán presentar las solicitudes, con el plazo abierto hasta el 30 de junio. Ha detallado que, para acceder al proceso, será necesario acreditar la presencia en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público. "Todos los documentos justificativos deberán en cualquier caso ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos", ha insistido Saiz.

Quienes cumplan estos requisitos podrán obtener una autorización de residencia y trabajo, así como acceso a la Seguridad Social y a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan, con una vigencia inicial de un año. "Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería", ha indicado.

Para realizar su solicitud de regularización, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Extranjería habilitadas, a las oficinas de la Seguridad Social o de la Tesorería de la Seguridad Social, al menos una cada provincia, y a las oficinas de Correos de capitales de provincia y localidades mayores de 50.000 habitantes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Asimismo, ha señalado Saiz que las solicitudes podrán presentarse tanto por vía telemática, disponible las 24 horas del día a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como de forma presencial, en este caso con cita previa. La atención en oficinas comenzará el 20 de abril. Saiz ha subrayado que la vía telemática será la más ágil y permitirá realizar el trámite directamente o a través de representantes y entidades colaboradoras.

Ha destacado que el Gobierno ha diseñado un amplio dispositivo para garantizar el buen desarrollo del proceso, con cerca de 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y el refuerzo de más de 550 profesionales. Según ha indicado, la gestión se centralizará a través de la plataforma Mercurio, con el objetivo de asegurar una tramitación ágil y ordenada, sin que se resienta la atención habitual de los servicios públicos.

Apoyo al sector del transporte ante el incremento del precio del combustible

El Gobierno ha acordado nuevas medidas de protección del sector del transporte frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. El real decreto ley con estas actuaciones complementa el aprobado el 20 de marzo y debe convalidarse por parte del Congreso de los Diputados en el plazo de un mes desde que se publique en el BOE.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado la importancia del sector para el funcionamiento del país, tanto desde el punto de vista económico como social. El 95% del transporte interior de mercancías se realiza en España por carretera y a través de pequeñas o medianas empresas. En cuanto al transporte marítimo, desempeña un papel esencial tanto para los viajeros como para las mercancías, especialmente en los territorios extrapeninsulares. "No hablamos de un sector más, hablamos de un sector básico, de un pilar de nuestro modelo productivo y de nuestra cohesión territorial", ha afirmado Puente.

El ministro ha explicado que la subida del precio de los combustibles está repercutiendo en los costes de las empresas de transporte, que no siempre pueden trasladarlos de manera inmediata a los precios de sus servicios, lo que dificulta el mantenimiento de la actividad, el empleo y la cadena logística. El plan de respuesta a la guerra -ha añadido- alivió el impacto del incremento de los costes energéticos, "pero hoy damos un paso más": el nuevo decreto ley refuerza el anterior aumentado la protección de la cadena de transporte y ampliando su alcance a sectores no cubiertos inicialmente.

El titular de Transportes ha remarcado también que el conjunto de las medidas aprobadas hoy responde a un proceso de diálogo y de acuerdo con el sector. Desde el inicio del conflicto -ha apuntado-, los contactos han sido continuos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, representantes de las empresas ferroviarias privadas, los operadores marítimos y otros actores de la cadena logística.

Transporte de mercancías por carretera: revisión automática de los contratos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

El primer eje de actuación se dirige al transporte de mercancías por carretera, con un objetivo claro: asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladan de forma efectiva al precio del transporte, algo recogido en la normativa desde 2022 pero que una parte del sector no ha podido llevar a la práctica. Para generalizar esa traslación, el Gobierno consolida la obligatoriedad de la revisión del precio del transporte: a partir del 5% del incremento del precio del combustible, automáticamente tiene que producirse la revisión de los contratos de carga de los transportistas. Además, esa variación debe ser reflejada de manera expresa y detallada en la factura, con lo que se garantiza la transparencia y se facilita el control del cumplimiento de la obligación. También se introduce un régimen sancionador específico para el incumplimiento puntual o reiterado.

"No podemos obligar ni permitir que los transportistas trabajen a pérdidas y que absorban exclusivamente sobre sus espaldas, y más teniendo en cuenta ese tejido empresarial formado sobre todo por pequeñas empresas y autónomos, los incrementos del precio del transporte", ha manifestado Puente.

Asimismo, la norma actualiza la fórmula que permite calcular la revisión del precio del transporte en función del cambio en el coste del combustible para que sea dinámica y refleje el precio real del gasóleo en el momento en que se realiza el transporte.

Transporte ferroviario de mercancías: ayudas para las locomotoras

Un segundo eje de la norma está formado por medidas específicas para el transporte ferroviario de mercancías, que había quedado excluido del primer decreto ley y que, además del incremento del precio del gasóleo o la energía eléctrica, se enfrenta a la "multitud de obras" que se están desarrollando en la red ferroviaria, según ha señalado Puente.

El ministro ha remarcado que, aunque el peso del transporte terrestre de mercancías por tren representa solo el 4% del total, es una apuesta de futuro, por lo que es necesario mantener su rentabilidad. La meta es que ese porcentaje se eleve hasta el 10% antes del año 2030 y, más adelante, se equipare con la media europea, que se sitúa en el 17%.

Las ayudas en este caso son a fondo perdido y se concederán por vehículo: 15.000 euros por cada locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros.

Transporte marítimo: conectividad de los territorios extrapeninsulares

El transporte marítimo es el tercer eje de las medidas, que amplían el ámbito de las ayudas existentes para incluir de manera expresa los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos balear y canario y de Ceuta y Melilla, y entre puertos de los archipiélagos. A los 30 millones de euros habilitados inicialmente, se suman de este modo otros 7 millones para reforzar la conectividad y garantizar que estos territorios cuenten con un sistema de transporte eficiente y competitivo.

El decreto ley, según ha detallado Óscar Puente, se completa con clarificaciones y ajustes del marco existente, como la inclusión de más colectivos en el sistema de ayudas aprobado el 20 de marzo y la adaptación de esas medidas a territorios con características específicas.

Acceso judicial a pruebas electrónicas en la Unión Europea

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

El Consejo de Ministros ha abordado la futura ley que garantizará que los jueces, fiscales y policías puedan acceder de una forma ágil y fiable a pruebas electrónicas en procedimientos judiciales transfronterizos, es decir, que afectan a más de un país dentro de la Unión Europea.

La norma incorporará al ordenamiento jurídico el denominado paquete e-evidencie, que incluye una directiva y un reglamento europeos para reforzar la cooperación judicial entre los estados miembros.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que las pruebas digitales son fundamentales en cualquier procedimiento judicial, de tal manera que "la Justicia ha de poder actuar con rapidez, agilidad y eficacia para impedir que se pierdan".

Bolaños ha añadido que el crimen organizado actúa en varios países simultáneamente y que las investigaciones penales dependen de pruebas digitales que "no entienden de fronteras ni entienden de ninguna limitación que tenga que ver con el territorio de un Estado".

La novedad más significativa de la ley, según ha expuesto el ministro, es que permite que los jueces, fiscales y las fuerzas que actúan como policía judicial -Policía Nacional y Guardia Civil-, puedan solicitar al prestador de servicios digitales, en condiciones de extrema urgencia, la conservación o entrega de la prueba. En la actualidad, el modelo de cooperación judicial europea supone que un juez de un Estado miembro realiza esa solicitud a otro juez de otro Estado miembro directamente o a través de Eurojust, por lo que "tiene limitaciones significativas en materia de eficacia".

La directiva obliga a las empresas prestadoras de servicios digitales a nombrar un representante dentro de la Unión Europea, a quien se le dirigirán las solicitudes. Así, todas las empresas tecnológicas que presten servicios de telefonía, mensajería, redes sociales o almacenamiento en la nube podrán ser requeridas, cuando entre en vigor esta ley, directamente por jueces, fiscales y policía para que entreguen o conserven una prueba.

Tendrán un plazo de 10 días para entregar la documentación, si bien, con carácter excepcional, se puede reducir a las ocho horas. El plazo para que conserven una prueba digital es de cuatro horas.

El ministro ha señalado que es una "norma muy ambiciosa que pone a todos los países de la Unión Europea en un nuevo estadio de cooperación a los efectos de conservación y de entrega de pruebas digitales". Bolaños confía en que será aprobada en el Parlamento español, dado que fue aprobada por el parlamento europeo por una amplísima mayoría.

Directiva anti-SLAPP

El Consejo de Ministros ha presentado dos anteproyectos para transponer al ordenamiento jurídico español la conocida Directiva anti-SLAPP, que está incluida en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024.

Félix Bolaños ha explicado que la directiva trata de evitar que personas que participan en el debate público, como periodista o activistas, puedan sufrir persecuciones policiales con demandas infundadas para evitar que sigan ejecutando su trabajo. "Pretendemos que, con la aprobación definitiva de esta ley, todas las asociaciones, organizaciones, sindicatos y otras entidades representativas puedan ser parte en los procedimientos judiciales junto con la persona que ha sido demandada, para apoyarle, cubrirle y acompañarle en el proceso judicial", ha concretado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

El ministro ha avanzado que la futura norma exigirá cauciones mucho más elevadas a los demandantes para cubrir las eventuales costas por la desestimación de sus demandas y establece procedimientos muy ágiles de desestimación temprana de la demanda cuando se manifieste infundada. Asimismo, la norma incorpora otras medidas correctivas frente a las acciones abusivas, como la condena a costas sin el límite legal establecido, la indemnización por daños y perjuicios, la imposición de multas disuasorias o la publicación de la resolución judicial en medios de comunicación.

Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en la Iglesia Católica

El Gobierno ha aprobado la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales dentro de la Iglesia Católica. La nueva oficina estará adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica y vía correo electrónico.

El titular de Justicia ha recordado que el 8 de enero el Ejecutivo acordó con la Iglesia Católica establecer un sistema de reparación para las víctimas de abusos sexuales, que se materializó con la firma de un protocolo entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo el 30 de marzo. Este protocolo entra en vigor mañana.

"A partir de mañana, día 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica podrán acudir al nuevo modelo que hemos creado y que tutela el Defensor del Pueblo", ha anunciado el ministro.

Félix Bolaños ha trasladado que el Gobierno va a hacer una campaña informativa para que todas las asociaciones de víctimas de abusos existentes en España puedan difundir información a sus asociados sobre cómo se realiza la tramitación.

La idea, ha transmitido el ministro, es que la oficina empieza a recibir las reclamaciones mañana. El modelo estará vigente un año, prorrogable a un segundo, para reparar a todas las personas que sufrieron un abuso y que ya no pueden acudir a los tribunales porque el delito está prescrito o el pederasta falleció.

Las solicitudes se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que elaborará la propuesta de reparación. El ministro ha recordado que la Iglesia Católica responderá económicamente o con cualquier reparación moral, psicológica, restaurativa a la que dé lugar el proceso de reparación. Si hubiese discrepancias, se convocará una comisión mixta con la participación de las partes y de las asociaciones de víctimas con el fin de lograr un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tomará la decisión.

Asuntos de actualidad

Al inicio de su intervención ante los medios de comunicación, la portavoz del Ejecutivo ha subrayado que España ha vuelto a ser citada como ejemplo a seguir por su apuesta por las energías renovables. A este respecto, ha señalado que el New York Times ha destacado que España está consiguiendo que la influencia del gas en los precios de la electricidad esté en el umbral más bajo de toda Europa, lo que supone un factor decisivo para que se mantenga entre los estados con los precios más bajos por kilovatio hora de electricidad en plena crisis por el conflicto en Oriente Medio.

Elma Saiz también ha condenado los últimos casos de violencia de género: "Cada asesinato de este tipo es un fracaso colectivo que nos interpela como país. En esta lucha solo cabe más compromiso, más igualdad y más firmeza".