El Gobierno acuerda el mayor techo de gasto de la historia para blindar el estado de bienestar
Consejo de Ministros - 7.7.2026
Pool Moncloa/Jorge Villar
- Elma Saiz Delgado Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno
- Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Arcadi España Ministro de Hacienda
- Medios de comunicación Respuestas a los medios de comunicación
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se fija el límite de gasto no financiero," de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2027-2029. Según ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, ambos acuerdos constituyen "un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año", que, tal y como anunció el presidente del Gobierno, serán "ambiciosas en lo social y responsables en lo fiscal".
El titular de Hacienda ha señalado que las futuras cuentas públicas darán continuidad a la política económica desarrollada por el Ejecutivo durante los últimos años, una estrategia que, a su juicio, ha permitido situar a España como "el motor de crecimiento de la Unión Europea".
El mayor techo de gasto de la historia
Arcadi España ha explicado que el límite de gasto no financiero aprobado para 2027 asciende a 226.032 millones de euros, "la cifra más alta jamás aprobada". Este importe supone un incremento del 6,6 % respecto al techo de gasto nacional de 2026, equivalente a 14.006 millones de euros adicionales, y representa un aumento del 88 % respecto al aprobado en 2018.
Según ha señalado, este volumen de recursos permitirá que los Presupuestos Generales del Estado incorporen "los mayores recursos en la historia" para políticas públicas como la vivienda, las becas, la dependencia, la lucha contra la violencia machista o la I+D+i. A su juicio, serán unas cuentas públicas destinadas a "blindar el estado de bienestar", reforzar la igualdad de oportunidades y garantizar unos servicios públicos "de calidad y con vocación siempre universal".
Una política económica que combina crecimiento y protección social
El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo
Durante su comparecencia, el ministro ha enmarcado estos acuerdos en la evolución de la economía española, que ha definido como la economía de la Unión Europea que experimenta mayor crecimiento del conjunto de potencias económicas europeas. Ha recordado que el Producto Interior Bruto aumentó un 0,6% durante el primer trimestre del año, seis veces por encima de la media comunitaria y el doble que Alemania e Italia. Asimismo, ha destacado que España registra un récord de 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social y que solo en el primer semestre de 2026 se han creado 621.925 empleos, mientras que la tasa de paro se sitúa en su nivel más bajo desde 2008.
Arcadi España ha señalado que esa evolución económica expresada en las cifras macro se ha acompañado de iniciativas dirigidas a la sociedad, como el Plan de respuesta a la guerra de Irán, dotado con 6.800 millones de euros; el incremento de 6.200 millones adicionales para financiar el sistema de dependencia; el Plan Estatal de Vivienda, con 7.000 millones de euros; la subida del salario mínimo interprofesional en un 66% desde 2018 o la revalorización de las pensiones conforme al IPC. No obstante, ha advertido de que el Gobierno sigue siendo "perfectamente consciente" de que persisten retos importantes como el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios o la reducción de la desigualdad.
Reducción del déficit y de la deuda pública
El Consejo de Ministros ha aprobado también la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, que fija un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para 2027, del 1,6% para 2028 y del 1,5% para 2029 para el conjunto de las administraciones públicas. El titular de Hacienda ha remarcado que el 2025 el déficit se situó en el 2,4% del IPC, "el más bajo en 18 años".
"Tenemos un déficit inferior a la media de la zona euro y también al de Italia Francia o Alemania. La última vez que España tuvo un saldo fiscal mejor que Alemania fue en el año 2007", ha enfatizado España.
El ministro ha explicado que esta senda permitirá seguir reduciendo el déficit y la deuda pública al tiempo que se cumplen las reglas fiscales europeas. En este contexto, ha destacado que las comunidades autónomas mantendrán un objetivo de déficit del 0,1% durante todo el periodo, "sin que se les exija realizar un esfuerzo fiscal adicional". Además, ha avanzado que, en las entregas a cuenta, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos recibirán en 2027 "la mayor financiación de su historia", con incrementos de, al menos, un 8% para las comunidades autónomas y cercanos al 10% para las entidades locales.
El Consejo de Ministros ha aprobado también los objetivos de deuda pública para el periodo 2027-2029, que prevén mantener la senda descendente iniciada en los últimos años. En concreto, la deuda del conjunto de las administraciones públicas se situará en el 97,6% del PIB en 2027, lo que supone una reducción de 1,5 puntos respecto al objetivo previsto para 2026, y continuará descendiendo hasta el 96,4% en 2028 y el 95,3% en 2029.
Una ley adaptada a los desafíos del siglo XXI
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha informado de la aprobación, en segunda vuelta, del proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que sustituirá a la normativa vigente desde 1982. Según ha explicado, el texto inicia ahora su tramitación parlamentaria tras incorporar las aportaciones realizadas por órganos consultivos e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Estado o el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Bolaños ha señalado que la futura ley responde a la necesidad de actualizar una norma aprobada hace más de cuatro décadas para adaptarla a la realidad tecnológica y social actual. En este sentido, ha explicado que la reforma persigue tres grandes objetivos: adecuar la regulación a los cambios legislativos producidos desde 1982, responder a los nuevos retos derivados del entorno digital y reforzar la protección de colectivos especialmente vulnerables, como las personas menores de edad o las personas con discapacidad. Asimismo, ha recordado que esta iniciativa forma parte del Plan de Acción por la Democracia y que, con su aprobación, el Ejecutivo cumple ya el 87% de las medidas incluidas en este programa.
Más protección frente a la inteligencia artificial y el uso no consentido de la imagen
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo
Entre las principales novedades, Bolaños ha destacado que compartir una fotografía o un vídeo en redes sociales "no significa que renuncies a esa imagen", por lo que nadie podrá reutilizar esos contenidos para fines distintos de aquellos para los que fueron publicados sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos amparados por la libertad de información relativos a hechos de relevancia pública. Además, la ley fija en 16 años la edad mínima para prestar consentimiento sobre el uso de la propia imagen y refuerza las garantías procesales de los menores, estableciendo la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos judiciales que les afecten.
La futura norma dedica un capítulo específico a la inteligencia artificial y a otras tecnologías capaces de generar o recrear imágenes y voces con un elevado grado de realismo. En este sentido, considera una intromisión ilegítima la utilización de la imagen o la voz de una persona con fines publicitarios o comerciales sin su autorización, una práctica que, según ha explicado el ministro, ya comienza a producirse mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. No obstante, la regulación preserva la libertad de expresión y la libertad creativa, permitiendo estos usos cuando se desarrollen en contextos satíricos, artísticos o de ficción y no induzcan a engaño.
Asimismo, la ley incorpora la figura del denominado "testamento digital", de forma que cualquier persona podrá dejar constancia de la prohibición de utilizar su imagen o su voz con fines comerciales tras su fallecimiento o designar a una persona para gestionar estos derechos en el futuro. La norma adapta también el régimen jurídico a la reforma de la legislación civil sobre discapacidad, reconociendo plenamente la capacidad de las personas con discapacidad para prestar consentimiento y previendo, cuando sea necesario, los apoyos adecuados para el ejercicio efectivo de sus derechos. Según Bolaños, el objetivo es avanzar hacia un modelo que combine "la autonomía y la protección" de este colectivo.
Regulación frente al "true crime" y actualización de criterios para indemnizar
Otro de los aspectos destacados de la reforma es la regulación de las producciones audiovisuales, literarias o sonoras inspiradas en hechos delictivos reales, conocidas como "true crime". Bolaños ha explicado que la ley protegerá especialmente a las víctimas y a sus familiares cuando este tipo de contenidos supongan una intromisión ilegítima en sus derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, con independencia de que exista o no ánimo de causar daño o de obtener un beneficio económico. La norma permitirá incluso la adopción de medidas cautelares para suspender la difusión de aquellos contenidos que vulneren estos derechos fundamentales.
La nueva regulación actualiza también los criterios para fijar las indemnizaciones por vulneración de estos derechos, incorporando factores como la gravedad de la intromisión, la difusión alcanzada o el beneficio económico obtenido por el responsable, y prohíbe las indemnizaciones de carácter meramente simbólico. Además, contempla la posibilidad de publicar en el Boletín Oficial del Estado la identidad del condenado y el importe de la indemnización cuando así lo solicite la persona perjudicada. Según ha resumido el ministro, el objetivo de la reforma es "devolver el poder sobre su propia imagen a las personas" y adaptar la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen "a la realidad de nuestro tiempo".
Récord de plazas de jueces y fiscales en la historia de la democracia
El Consejo de Ministros ha aprobado también dos reales decretos para crear 500 nuevas plazas de jueces y magistrados y 200 plazas de fiscales, una medida que, según ha destacado Félix Bolaños, constituye "la mayor creación de plazas de jueces y fiscales en la historia de la democracia" y forma parte de "la mayor transformación de la justicia en décadas".
El ministro ha explicado que la ampliación de la planta judicial será posible gracias a la implantación de los nuevos tribunales de instancia previstos en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un modelo que sustituye a los antiguos juzgados unipersonales y permite incrementar los efectivos judiciales de una forma más eficiente. Las nuevas plazas se incorporarán de manera gradual entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027, siguiendo el calendario acordado con el Consejo General del Poder Judicial.
En relación con la carrera fiscal, Bolaños ha señalado que las 200 nuevas plazas permitirán reforzar ámbitos especialmente tensionados por la carga de trabajo, como la protección de datos, los delitos de odio y discriminación, la trata de personas, la extranjería, la violencia sobre la mujer, la cooperación penal internacional y la criminalidad informática. Con esta incorporación, la plantilla fiscal alcanzará los 3.004 efectivos.
El ministro ha subrayado que esta medida se enmarca en el proceso de modernización de la Administración de Justicia impulsado por el Gobierno, basado en reformas estructurales, organizativas, procesales y digitales. Según ha concluido, el objetivo es seguir avanzando hacia "un servicio público adaptado a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI".
Nombramientos en la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha detallado que el Consejo de Ministros ha acordado los nombramientos del presidente y consejeros de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
Saiz ha recordado que la función de esta autoridad es "mejorar la seguridad mediante la prevención de futuros accidentes e incidentes". Se trata de un organismo independiente que comenzará a funcionar este mismo mes de julio y que asumirá las investigaciones ya en curso", ha indicado.
Según ha explicado la ministra, los elegidos son expertos de "reconocido prestigio" que cuentan con una acreditada cualificación profesional en el campo de la seguridad del transporte. La propuesta de candidatos cuenta "con el respaldo del Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible", ha señalado Saiz.
Dos millones de euros para la atención de mujeres en el ámbito rural
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sido también la encargada de dar cuenta de la concesión, a través del Instituto de las Mujeres, de subvenciones por valor de dos millones de euros, concedidas a 20 entidades que desarrollan "una labor de vital importancia" para la promoción de la igualdad, la inclusión social o la atención de las mujeres en el ámbito rural.
Con esta iniciativa, ha señalado Elma Saiz, "el Gobierno sigue apoyando el movimiento asociativo y, en particular, el movimiento asociativo feminista".
Asuntos de actualidad
Elma Saiz ha comenzado su intervención mostrando, en nombre del Gobierno de España, la "condena más firme y rotunda ante la violencia machista" tras la confirmación de dos nuevos feminicidios en las provincias de Alicante y de Málaga.
"Reiteramos el compromiso absoluto del Gobierno para acabar con esta lacra", ha indicado la portavoz del Gobierno, que ha recordado que el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende ya a 27 en lo que llevamos de 2026, y además son ya 14 las personas menores de edad que han quedado huérfanas como consecuencia de la violencia machista. "No daremos ni un paso atrás, porque acabar con la violencia machista es una prioridad de país que exige unidad, políticas públicas y exige firmeza", ha apuntado.
Elma Saiz ha recordado también la situación que vive el pueblo venezolano tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio de 2026 y ha asegurado que el Gobierno sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos para prestar ayuda consular y humanitaria "en todo lo que haga falta".
En el caso de los incendios que permanecen activos en distintos puntos de España, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno ha señalado que el Gobierno ha desplegado los recursos necesarios para colaborar en las labores de extinción a través de Protección Civil, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Nos encontramos en plena hora de calor, por lo que recordamos a la ciudadanía que sean prudentes, que eviten riesgos, y que sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia" ha indicado Elma Saiz.
Por último, la portavoz del Gobierno ha querido felicitar a la selección española de fútbol masculino por su pase a cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos.