El Gobierno destina 500 millones de euros a la atención integral de las personas con ELA

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha acordado una inyección extraordinaria de 500 millones de euros para reforzar el sistema de la dependencia y cumplir con el mandato de la ley destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. A través de un real decreto ley que debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo crea un nuevo grado de dependencia extrema y el derecho a una prestación de casi 10.000 euros al mes para garantizar la atención efectiva durante las 24 horas del día.

Atención personalizada y permanente de las personas con ELA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que la norma se estructura en torno a tres ejes principales. El primero es de carácter estructural y supone la creación de derechos y garantías con ese nuevo grado de dependencia extrema, el Grado III+, que recoge los cuidados de personas que necesitan de atención continuada y especializada.

El segundo tiene que ver con el modelo específico con que se atienden esas necesidades. El sistema de cuidados debe ser personalizado y permanente, lo que se garantiza con la nueva prestación de 9.860 euros al mes por paciente. Esta era la demanda histórica principal de los colectivos de pacientes con ELA y otras enfermedades que presentan cuadros similares, así como el mandato central de la Ley ELA.

El tercer eje es el financiero: el Ejecutivo moviliza 500 millones de euros de inversión adicional no solo para desarrollar de manera integral la Ley ELA, sino también para el refuerzo general del sistema de la dependencia. "A nadie se le escapa que, por la evolución demográfica y los cambios en las estructuras familiares, estas necesidades y tensiones del sistema solo van a ir a más", ha apuntado el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Pablo Bustinduy ha destacado que el decreto ley plasma un año de trabajo de varios ministerios, las comunidades autónomas y la sociedad civil con el fin de cumplir el plan de despliegue de la Ley ELA, aprobada hace un año. Ese desarrollo ha incluido mejorar el diseño de las prestaciones para estos casos especialmente complejos, la coordinación sociosanitaria y las cotizaciones de las cuidadoras y cuidadores de las personas en Grado III de dependencia; licitar los dos primeros centros específicos de atención a enfermos de ELA a nivel mundial, y movilizar recursos para atender de manera transitoria las necesidades de los pacientes en fases avanzadas de desarrollo de estas enfermedades de curso irreversible.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo

Reforma del modelo de la dependencia y aumento de la financiación

El ministro también ha remarcado el "compromiso sostenido" del Gobierno con la mejora de la financiación del sistema de la dependencia, acompañada de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que se está tramitando en el Parlamento.

Con la inyección de 500 millones aprobada hoy, la inversión total estimada para el año 2025 por parte de la Administración General del Estado es de 3.279 millones de euros, un 15,5% más que lo presupuestado en el año 2023. A esta cantidad hay que añadir transferencias a las comunidades autónomas por un valor superior a los 800 millones, provenientes de los fondos del Plan de Recuperación.

Bustinduy ha anunciado que el próximo jueves se celebrará un Consejo Territorial para, "de manera inmediata", coordinar con las comunidades autónomas la adaptación de sus sistemas de dependencia a los avances materializados en el decreto ley y para proceder al reparto de los fondos que les corresponden. El ministro se reunirá también de manera inminente con las asociaciones de enfermos y familiares, "que han contribuido de manera ejemplar al despliegue de la ley, como lo hicieron con su aprobación".

Además, Pablo Bustinduy ha recordado el grado de consenso que logró la Ley ELA, un ejemplo de que, "por encima de la confrontación y de la instrumentalización antipolítica del conflicto, el interés general se abre paso, bajo la forma de ampliaciones del Estado del bienestar, de mejoras de nuestro sistema de protección social".

Ayudas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios

El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas directas para compensar los daños causados en la actividad agraria por los grandes incendios forestales del pasado verano. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que unas 350.000 hectáreas resultaron afectadas; unas 300.000 correspondían a monte bajo y pastos y unas 35.000 eran tierras arables.

Un primer tipo de ayudas varía entre los 1.500 y los 10.000 euros y se dirige a quienes hayan sufrido daños en su explotación como consecuencia de los incendios; las cantidades ascienden a entre 6000 y 16.000 euros para aquellos agricultores y ganaderos que cuentan con un seguro agrario. "Hemos pretendido dar un apoyo extraordinario en una situación extraordinaria, pero sin socavar un mecanismo de gestión de riesgo absolutamente eficaz y necesario como es el seguro agrario combinado en España, un modelo de referencia en la Unión Europea y el mundo", ha explicado Planas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo

Para complementar esa ayuda, el Ministerio ha establecido una bonificación de la prima del seguro agrario de hasta el 70%, frente al 40% actual.

En total, las medidas supondrán unos 27 millones de euros y beneficiarán a unos 4.000 agricultores y ganaderos, entre ellos unos 1.500 profesionales de la ganadería extensiva. Luis Planas se ha comprometido a que los fondos serán abonados de forma directa antes del 31 de diciembre de este año, a través de un mecanismo similar al empleado para paliar los daños de la DANA. El ministro ha señalado que, desde el año 2020, el Gobierno ha transferido al sector primario 4.975 millones de euros, al margen de la Política Agraria Común (PAC) y los seguros agrarios, para responder a situaciones de carácter extraordinario, mediante ayudas directas, bonificaciones y exenciones fiscales.

Gestión pesquera más segura y sostenible

También en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ejecutivo ha remitido a las Cortes el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima. El texto adapta estas materias a los medios técnicos y el régimen jurídico actuales.

Luis Planas ha subrayado que la flota española es la primera de la Unión Europea si se suman potencia, tonelaje y numero de buques y, además, está presente en todos los mares y océanos del mundo. "Me siento particularmente orgulloso de que los pescadores y armadores españoles defiendan y practiquen el mayor nivel, desde el punto de vista de la sostenibilidad y la seguridad, de todas las pescas que se llevan a cabo en el mundo", ha sostenido. El ministro ha añadido que España es pionera en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

La nueva normativa incorpora, además, la regulación europea en lo relativo al control y las sanciones, lo que supone, a juicio de Luis Planas, "la consagración de una pesca realizada en las mejores condiciones, no solo en materia de extracción, sino también de sostenibilidad".

Hacia un turismo generador de riqueza y bienestar

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo

El Gobierno ha aprobado la Estrategia España Turismo 2030, concebida como una hoja de ruta construida a partir del diálogo y la cooperación para orientar el trabajo de todos los actores del sector hacia un modelo turístico equilibrado, inclusivo y sostenible.

La Estrategia se basa en dos grandes principios, según ha expuesto el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El primero es situar en el centro del ecosistema turístico no solo a las personas que viajan, sino también a las que gestionan los destinos, crean empleo y proyectos empresariales y trabajan en el sector, así como a los residentes de los pueblos y las ciudades. El segundo principio es la triple sostenibilidad: la económica, la social y la medioambiental. "El gran objetivo para el 2030 -ha afirmado Hereu- es consolidar el turismo como un motor de desarrollo económico responsable, competitivo y generador de bienestar para la ciudadanía y los territorios".

El ministro ha recalcado que los datos reflejan "la enorme fortaleza y atractivo de España", que en 2024 recibió 94 millones de turistas internacionales y 126.000 millones de euros de gasto turístico, cifras que este año siguen aumentando. "Pero el éxito por sí solo no basta, nos exige mirar hacia adelante, preguntarnos qué turismo queremos para las próximas décadas y cómo garantizar que ese crecimiento sea equilibrado y sostenible", ha argumentado.

Con ese fin, el Ministerio ha venido trabajando con las comunidades autónomas, los cabildos, los consells y los municipios en un modelo que reparta mejor la riqueza, descentralice, desestacionalice y diversifique las propuestas, cuide del entorno y de las personas que lo hacen posible, atraiga un turismo de mayor valor añadido y fomente la innovación.

Para concretar la contribución del Gobierno al modelo común recogido en la Estrategia, el Consejo de Ministros ha aprobado también el Plan España Turismo 2030, que incluye 5 programas, 50 medidas y 148 acciones. "Ya somos líderes en métricas tradicionales, pero queremos seguir siéndolo también en los valores que están detrás de implementar la triple sostenibilidad en nuestra realidad territorial y social", ha asegurado Jordi Hereu.

Transposición de directiva para armonizar legislaciones penales

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha remitido al Parlamento la trasposición de una directiva de la Unión Europea para hacer efectivas las decisiones de la UE en materia sancionadora y de defensa de su soberanía.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que esta norma pretende armonizar las legislaciones penales europeas para que España pueda sancionar a las personas, entidades o países de fuera de la UE que incumplan medidas restrictivas dictadas por la UE para promover sus objetivos de política exterior y seguridad común.

Para ello, la Directiva europea que se traspone -aprobada bajo la presidencia española de la UE- prevé, entre otras medidas, embargos, decomisos o restricciones de las importaciones y exportaciones. Aunque algunas de ellas ya se han impuesto a un listado de personas y entidades rusas y bielorrusas tras la agresión de Rusia a Ucrania, con el fin de garantizar su cumplimiento, la UE requiere a los Estados miembros que armonicen sus sanciones penales para hacerlas efectivas en caso de infracción.

Declaración institucional por el 80º aniversario de la ONU

Además, Pilar Alegría ha informado sobre la aprobación de una declaración institucional con motivo del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se conmemora el próximo 24 de octubre.

Con este texto, ha explicado Alegría, el Gobierno quiere reafirmar su "compromiso con el multilateralismo" y, sobre todo, "con el apoyo a la ONU en un momento de importantes desafíos para la comunidad internacional".