El Gobierno endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha endurecido los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. La medida responde al compromiso expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 31 de marzo durante una visita a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que la reforma refuerza los requisitos de calidad que deben cumplir las universidades que operan en España y mejora los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de supervisión y de control del cumplimiento de los requisitos de calidad.

Morant ha explicado que la reforma se centra en proteger a los estudiantes ante el riesgo que supone la proliferación de universidades con una calidad insuficiente. También pretende asegurar a la sociedad que quienes van a obtener los títulos universitarios han recibido la formación exigible y capacitante para desempeñar las funciones propias de sus profesiones.

A través de esta regulación, ha proseguido la ministra, se establecen los criterios de calidad que "determinan si una institución puede llamarse universidad o no, o si es otra cosa". Según ha precisado, las tres misiones que deben cumplir las universidades son la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Nuevas líneas de actuación para las universidades

La norma aprobada hoy exige que las universidades inviertan al menos el 5% de su presupuesto en investigación y captar recursos externos equivalentes al 2%. También exige que, al menos, el 50% del profesorado contratado sea doctor y que, al menos, el 60% tenga experiencia acreditada en investigación. Además, requiere que el equipo directivo de una universidad tenga experiencia contrastada en gestión universitaria.

Diana Morant ha anticipado que, con el fin de garantizar el carácter integral y multidisciplinar de las universidades, estas deberán ofrecer un mínimo de titulaciones (10 en grados, 6 en máster y 3 en doctorado) de, al menos, tres ramas del conocimiento, y contar con un mínimo de 4.500 estudiantes.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Otra exigencia es que las universidades de nueva creación demuestren solvencia económica mediante un aval. "No queremos que ningún estudiante de nuestro país se quede tirado por la falta de viabilidad económica de las empresas promotoras", ha dicho la ministra.

La norma también establece la obligación de que cada universidad que se cree cuente con plazas de alojamiento equivalentes al 10% de su alumnado. Además, fija un sistema transparente de rendición de cuentas. Así, las universidades deberán aportar anualmente al Sistema Integrado de Formación Universitaria toda la información detallada sobre el grado de cumplimiento.

Morant ha añadido que las universidades de nueva creación necesitarán un informe preceptivo y vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias autonómicas de calidad. Todas estas exigencias se aplicarán también a las universidades 'on line' de nueva creación, que pasarán a ser universidades estatales porque su impacto, según ha indicado la ministra, está en todo el territorio nacional. Este requisito no se aplicará las universidades 'on line' ya creadas ni a aquellas que residan en comunidades autónomas de las que reciban, al menos, el 20% de su financiación ni a aquellas en las que, al menos, el 50% de la docencia se imparta en una lengua cooficial.

La ministra ha asegurado que estos acuerdos se aplicarán a todas las universidades, tanto públicas como privadas, que "tendrán unos plazos de adaptación suficientemente amplios como para que puedan garantizar esa calidad en los próximos años".

Un 129% más de estudiantes en la universidad privada en la última década

Durante su comparecencia, la ministra también ha explicado las principales conclusiones sobre el informe "Datos clave del sistema universitario español", que recoge que el curso 2025-2026 España ha alcanzado un récord histórico de cerca de 1,9 millones de estudiantes.

La ministra ha señalado que es una buena noticia, pero que ese aumento lo están absorbiendo prácticamente en exclusiva las universidades privadas. En la última década, el número de estudiantes en universidades públicas ha crecido un 2%, mientras que en las privadas ha crecido un 129%. "Como resultado, un 30% del alumnado estudia en universidades privadas. Hace diez años era solo el 15% y hace veinte, el 10%", ha especificado la ministra.

Diana Morant ha indicado que la primera opción del estudiantado sigue siendo la universidad pública, pero esta "no tiene suficientes plazas que ofertar debido a la infrafinanciación autonómica". Por ello, ha instado a las comunidades autónomas a financiar de manera adecuada a sus universidades públicas. Asimismo, ha recordado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno las comunidades están recibiendo un 50% más de financiación por parte del Gobierno de España.

Financiación de plazas públicas de medicina

En materia educativa, el Consejo de Ministros también ha acordado destinar 26,7 millones de euros a las universidades públicas para financiar 1.783 plazas de Grado en medicina en el curso 2025-2026.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que el objetivo de la medida es tener más estudiantes de medicina para garantizar el relevo generacional y evitar la falta de profesionales en el futuro. "Con este impulso económico, les damos oxígeno a las universidades públicas para que puedan seguir ampliando las plazas sin perder calidad, porque sabemos que la formación de hoy es la excelencia de nuestro Sistema Nacional de Salud".

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo

El Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas que hagan un esfuerzo para financiar nuevas plazas tanto en medicina como en enfermería y garanticen la calidad de la universidad pública, según ha trasladado la ministra.

Situación de aborto en la sanidad pública

Mónica García también ha presentado al Consejo de Ministros el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.

La titular de Sanidad ha resaltado que el informe concluye que "integrar el aborto en la sanidad pública no solamente es posible, sino que además funciona", que existe una desigualdad territorial en el acceso a la red pública y que las buenas prácticas están identificadas.

Durante su comparecencia en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha explicado que uno de los retos del Gobierno es homogeneizar el acceso en todo el territorio. Y, en este sentido, ha instado a las comunidades autónomas más rezagadas a que cumplan la ley e integren la IVE en la sanidad pública.

El informe refleja que es clave que el aborto se lleve a cabo en la sanidad pública con el objetivo de evitar que las comunidades paguen a clínicas privadas para que los realicen, y para que las mujeres no sean expulsadas del sistema público y quede garantizado su derecho a la elección. "Las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos que se nos realice en un centro público o en un privado acreditado, y esta decisión no puede depender del territorio donde se viva o donde se tenga la residencia", ha remarcado la ministra.

Mónica García ha añadido que la sanidad pública puede garantizar la continuidad asistencial y romper la paradoja de que tres de cada cuatro mujeres se informen en centros públicos y cuatro de cada cinco acaben abortando en la privada.

El documento evidencia que el 21,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos en 2024, frente al 78,8% en centros privados. Y que cuatro comunidades autónomas (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra) superan el 75% de abortos en centros públicos, mientras que en 11 comunidades y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el porcentaje no llega al 10%.

La ministra ha incidido en que en la comunidad de Madrid sólo el 0,47% de las interrupciones se realizan en centros públicos y en Andalucía sólo el 0,2%. Si estas dos comunidades, ha apuntado, alcanzaran un nivel medio de prestación pública como el resto - en torno al 50% de media- el porcentaje nacional se duplicaría y superaría el 40%: "Con el cambio en esas dos comunidades, el conjunto del país daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública".

El informe muestra que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo -el 77%- se realiza antes de la semana ocho. Los abortos realizados en estadios más avanzados se concentran en mayor medida en centros públicos, "lo que garantiza la continuidad asistencial en estos casos clínicos, que son los más graves y complejos", ha indicado Mónica García.

El texto también recoge que en las comunidades donde el aborto se integra en un sistema público predomina el método farmacológico para interrumpir el embarazo, mientras que en las que la prestación recae en centros privados, predomina el método quirúrgico.

Por otra parte, la titular de Sanidad ha destacado que el informe identifica buenas prácticas clínicas, como gestionar bien los registros de objetores de conciencia y repartir al personal de forma equilibrada para que no falten profesionales en ningún centro. También recomienda usar el método farmacológico en los abortos tempranos, garantizar la libertad de elección de las mujeres, organizar redes de centros repartidos en todo el territorio para que la atención sea más cercana y continuada, así como asegurar que los abortos en gestaciones más avanzadas se realicen en hospitales públicos.

Ayudas para la compra de gafas y lentillas

El Consejo de Ministros ha regulado la concesión directa de ayudas de hasta 100 euros por beneficiario para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a menores de 16 años.

Esta ayuda cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año. El programa cuenta con una dotación presupuestaria de 47,77 millones de euros y se aplicará a las compras realizadas hasta diciembre de 2026, en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, que se encargará de coordinar y verificar con las ópticas adheridas los requisitos documentales y gestionar los reembolsos.

La ministra de Sanidad ha resaltado que se trata de una medida universal y una herramienta de justicia y equidad. Además, ha apuntado que los problemas de refracción que afectan a los menores, como la miopía o el astigmatismo, afectan hasta a un tercio de la población escolar y pueden repercutir en el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo.

Uso medicinal de cannabis

El Gobierno ha regulado el uso medicinal de cannabis en preparados estandarizados como alternativa terapéutica en casos donde los tratamientos convencionales no resulten eficaces.

Mónica García ha recordado que la norma fue demandada por el Congreso de los Diputados, por los profesionales médicos y por los pacientes. La regulación asegurará que los pacientes con dolor crónico, refractario, epilepsia grave, espasticidad por esclerosis múltiple o que sufren náuseas y vómitos tras la quimioterapia puedan recurrir a preparados de cannabis estandarizados con la dosis precisa y la máxima garantía.

La ministra ha afirmado que los preparados serán prescritos por médicos especialistas y se dispensarán en el entorno hospitalario con un seguimiento clínico individualizado. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios será la encargada de registrar y supervisar estos preparados.

Futura ley de la Administración Abierta

El Consejo de Ministros ha presentado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que responde al compromiso del Gobierno con la democracia y con la transparencia. La norma forma parte del Plan de Acción por la Democracia y del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que "España es una de las democracias más avanzadas del mundo", pero el compromiso del Gobierno es "más democracia, más transparencia y más ejemplaridad". Además, ha recordado que ayer se aprobó el quinto Plan de Gobierno Abierto y que cada seis meses el informe 'Cumpliendo' recoge cómo el Ejecutivo cumple sus compromisos de investidura.

El ministro para la Transformación Digital y Función Públíca, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana

Óscar López ha anunciado que la futura ley incluye la obligación de publicar las agendas institucionales y de viajes oficiales de los responsables de las administraciones hasta el nivel de subdirectores generales. Asimismo, se informará del número y condiciones retributivas del personal eventual y de los salarios de los máximos responsables de gabinetes y personal directivo. Con este objetivo se reformará el Portal de Transparencia.

El ministro también ha avanzado que se aplicará un régimen de detección y prevención de conflictos que se aplicará también al personal eventual, lo que incluirá incluso la presentación de una declaración de bienes y actividades.

La futura norma establece asimismo la posibilidad de que las empresas que concurran a la licitación pública puedan ser obligadas a firmar un pacto de integridad que podrá ser monitorizado a lo largo de todos los procesos de contratación. Otro elemento novedoso es la posibilidad de establecer auditorías ciudadanas de distintos procesos de contratación de la Administración. López también ha indicado que la norma establece un régimen de infracciones y sancionador para el personal alto cargo que incumpla las obligaciones de transparencia.

Plan de Igualdad de la Administración General del Estado

El Gobierno ha aprobado el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los órganismos públicos vinculados o dependientes de ella.

Óscar López ha manifestado que "este plan es fruto del diálogo social y del acuerdo con las principales formaciones sindicales y más representativas en la Administración pública y contiene medidas que vienen recogidas en el nuevo Pacto contra la Violencia de Género".

El plan establece actuaciones que pretenden transformar organizaciones, sensibilizar, formar, mejorar las condiciones de trabajo, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y evitar la violencia contra las mujeres.

Óscar López ha expuesto algunas de las medidas más relevantes para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres y combatir la discriminación salarial y la violencia de género en la Administración pública. Entre ellas ha destacado que se realizará un estudio de brecha de género y su consecuente plan para combatirla, se reforzará el protocolo de actuación frente al acoso sexual y se reservarán los puestos de trabajo de seis meses a un año para las servidoras públicas que hayan sido víctimas de la violencia machista. Además, se fortalecerán las unidades de igualdad.

Reconocimiento a la UME en su 20º aniversario

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional para reconocer la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando se cumplen 20 años de su creación.

"Hablar de la UME es, sobre todo, hablar de un orgullo para toda la sociedad española", ha asegurado Alegría, que ha subrayado que en estos 20 años de historia esta unidad se ha consolidado como "un referente esencial" en la respuesta ante las emergencias, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Desde su creación en el año 2006, la UME ha participado en cerca de 800 misiones que han afrontado incendios, inundaciones, nevadas o la pandemia de la COVID-19. Más de 3.500 hombres y mujeres que forman parte de esta unidad, disponible 24 horas al día en los 365 días del año para actuar en situaciones de emergencia.

Gran Cruz de Carlos III para Lambán y Fernández Vara

La portavoz del Ejecutivo ha confirmado, además, que el Consejo de Ministros ha aprobado conceder a título póstumo la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a los expresidentes de Aragón y Extremadura, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara.

Pilar Alegría ha destacado que con esta distinción el Gobierno quiere rendir homenaje a los dos dirigentes autonómicos socialistas recientemente fallecidos, cuya vida se definió, según la portavoz, por una "profunda vocación de servicio público" y un legado que "permanece como ejemplo de dedicación, responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos".