El Gobierno completa el sistema de protección de los clientes financieros

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una norma definida por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como la "clave de bóveda" del sistema de protección e inclusión de los clientes financieros.

El proyecto llegó a ser aprobado por el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, pero decayó antes de su adopción final. "Es precisamente el texto que salió del Congreso el que recogemos, esperando que pueda contar de manera rápida con el respaldo también de la mayoría del Congreso", ha dicho el ministro, quien ha defendido que responde a una "demanda ciudadana". La ley es uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de la modernización de las Administraciones Públicas, y se pretende que esté en vigor antes de que acabe el año.

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se configura como un órgano dotado de independencia funcional para la resolución extrajudicial de los conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. Con su creación -ha subrayado Cuerpo-, se completa el trabajo desarrollado en los últimos años con los códigos de buenas prácticas que se han impuesto las entidades financieras. De hecho, el texto refuerza el papel de esos protocolos, ya que los asimila a las normas de conducta y, por tanto, pasan a ser también de obligado cumplimiento.

Reclamaciones ágiles y gratuitas para los usuarios financieros

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El ministro de Economía ha recordado que el sistema actual de resolución de conflictos entre las entidades financieras y los clientes consta de tres niveles sucesivos: los servicios de atención al cliente de las entidades, los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores -Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros- y los juzgados. La Autoridad va a integrar las funciones de los organismos supervisores, permitiendo que los clientes presenten sus reclamaciones de manera gratuita y con agilidad, ya que el plazo máximo para la atención será de 90 días.

La Autoridad resolverá reclamaciones relativas al incumplimiento de las normas de conductas, las buenas prácticas y los protocolos firmados por las entidades, incluyendo el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Como ejemplos concretos de reclamaciones posibles, Cuerpo ha citado el cobro de una comisión que no obedece a ningún servicio solicitado, la devolución por parte del banco de un recibo sin informar al cliente, la imposición de una tasadora específica en la contratación de una hipoteca o la denegación del pago por un siniestro en el hogar que está cubierto por el seguro.

El ministro ha señalado que el alcance del nuevo organismo será muy amplio, ya que cubrirá a todas las entidades supervisadas por el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros, los servicios 'fintech' y de criptoactivos y los servicios de préstamos al consumo o de crédito inmobiliario. Las resoluciones de la Autoridad tendrán carácter vinculante cuando el importe reclamado sea inferior a los 20.000 euros. El organismo se financiará mediante una tasa que van a abonar las entidades financieras y que se concibe como un "incentivo positivo", ya que dependerá del número de reclamaciones contra la entidad y de cuántas se resuelven a favor de los clientes.

La norma -ha destacado Cuerpo- refuerza la atención personalizada que ya se ha ido desarrollando en los códigos de buenas prácticas, "particularmente importante cuando se trata de adecuar la actuación de las entidades financieras a las características específicas de los clientes, por ejemplo, en cuanto a la edad, la posible discapacidad o colectivos vulnerables".

Distribución de 430 millones de euros a las comunidades autónomas para rehabilitación de viviendas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial y los criterios de reparto, entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de 430 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El reparto fue propuesto por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada el 18 de enero.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que estos fondos están destinados a obras de mejora energética, como sustitución de ventanas, mejoras en la calefacción, en la refrigeración y en la accesibilidad, que es una de las demandas de las personas mayores y con discapacidad.

Por otra parte, la ministra ha informado de que el Gobierno ha decidido ampliar el plazo, hasta el 31 de diciembre de 2024, para que las comunidades autónomas cumplan sus objetivos y ejecuten los fondos que han recibido. A partir del 1 de enero de 2025, los fondos que no hayan ejecutado se podrán distribuir de nuevo a otras comunidades que sí hayan invertido los suyos. Así, además, se cumplirán los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.

Isabel Rodríguez ha añadido que el Ejecutivo también ha ampliado, hasta el 31 de marzo, el plazo previsto para firmar convenios que permitan ampliar el parque de vivienda en alquiler asequible. El objetivo del Gobierno, ha asegurado, era construir 20.000 viviendas hasta 2026, pero ya lo ha superado en casi 5.000 unidades en diferentes fases: conveniadas, en construcción o entregadas.

De hecho, la ministra firmará esta tarde acuerdos con diez comunidades autónomas y más de 70 municipios para construir 3.200 viviendas adicionales. "Solo con el plan de recuperación vamos a ser capaces de construir 25.000 viviendas nuevas en alquiler asequible en nuestro país", ha resaltado.

Rodríguez ha reiterado que una de las prioridades del Ejecutivo es que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna y asequible, por lo que está haciendo una inversión sin precedentes gracias a los fondos de recuperación. "El sello de este Gobierno es su apuesta por la vivienda como quinto pilar del estado del bienestar", ha subrayado.

Destino de los fondos europeos: casi 10.000 millones para vivienda pública

La titular de Vivienda ha recordado que los fondos de recuperación, que consiguió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2020, han favorecido la implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, en cooperación con las comunidades autónomas, que está dotado con 5.520 millones de euros.

De estos 5.520 millones, ha detallado Rodríguez, 3.420 están destinados a la rehabilitación (2.970 a rehabilitación efectiva en los hogares y 450 a deducciones o incentivos fiscales). Otros 1.000 millones se dirigen a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, 1.080 millones van a la rehabilitación de edificios públicos y 20 millones al diseño de agendas urbanas en los municipios del país.

En este contexto, la ministra ha anunciado que a esos 5.520 millones se sumarán, en las próximas semanas, otros 4.000 millones de préstamos a promotores, procedentes de la adenda del plan de recuperación, para la promoción de viviendas nuevas.

En total, ha recalcado Isabel Rodríguez, "sumarán 9.520 millones de euros, casi 10.000 millones de euros destinados a políticas públicas de vivienda".

Incentivos fiscales

El programa de rehabilitación, dotado con más de 3.420 millones de euros, contempla una partida de 450 millones de euros destinados a incentivos fiscales. Durante su comparecencia, la ministra ha puesto como ejemplo que una persona que invierta 5.000 euros en cambiar las ventanas de su domicilio para mejorar la eficiencia energética, recibirá una ayuda del 40% de ese coste, por lo que asumirá solo 3.000 euros y de ellos podrá desgravarse un 20%, con lo que el desembolso final sería de 2.400 euros.

Posición activa contra el racismo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de Discriminación Racial, que se celebra el próximo 21 de marzo.

De acuerdo con Alegría, el Gobierno de España se reafirma con esta declaración "en su posición rotunda y activa contra el racismo, la xenofobia o cualquier forma de discriminación basada en el color de piel o el lugar de origen de las personas".

Abierto el plazo para las becas del curso 2024-25

Pilar Alegría también se ha referido a la apertura del plazo para solicitar las becas del curso 2024-25 dirigidas a alumnos y alumnas de Bachillerato, Formación Profesional y estudios universitarios. La convocatoria, que estará abierta desde hoy hasta el 10 de mayo, incluye como novedad el aumento del 5% en los umbrales de renta para compensar la subida de la inflación.

Otra de las novedades es la reducción del porcentaje de discapacidad al 25% para que los estudiantes con una discapacidad moderada puedan optar también a estas becas, cuyo plazo de presentación se abrirá en las próximas semanas.

Compromiso contra la violencia machista

La portavoz del Gobierno ha comenzado su intervención en la rueda de prensa trasladando un mensaje de "cariño y solidaridad" en nombre del Ejecutivo a las familias de las seis víctimas mortales y los heridos en el atropello durante un control de tráfico en Sevilla, así como la "condena más absoluta" por los asesinatos de una mujer y de dos niñas, víctimas de la violencia machista, en las últimas 48 horas.

"No somos capaces de imaginar el inmenso dolor de esas familias", ha asegurado Alegría, quien ha subrayado el "firme compromiso del Gobierno para acabar con esta violencia estructural que destroza la vida de tantas mujeres y familias".