Referencia Consejo de Ministros

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PLURIANUALES DE ESPAÑA A ORGANIZACIONES, PROGRAMAS Y FONDOS INTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autorizan contribuciones voluntarias plurianuales de España a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 24.435.000 euros.

Mediante este Acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza catorce contribuciones voluntarias de España a las siguientes organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por un importe global de 24.435.000 euros.

Cinco de las contribuciones tienen carácter plurianual, siendo estas las destinadas al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al Instituto Forestal Europeo (EFI), al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU HÁBITAT), al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), por un total de 10.495.000 euros.

El resto de contribuciones se otorgan a la Oficina de Fondos Fiduciarios de Naciones Unidas (NNUU) - Horizon Trust Fund, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Comunidad del Caribe (CARICOM), al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

APORTACIÓN DE CAPITAL AL FONDO DE INVERSIÓN EMERGING ASIA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND SCSP

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la aportación de capital al fondo de inversión Emerging Asia Sustainable Infrastructure Fund SCSp, con cargo al Fondo Español de Desarrollo Sostenible, por un importe máximo de 20.000.000 de dólares estadounidenses.

La Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, creó el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES, F.C.P.J.), como instrumento de la cooperación financiera para el desarrollo sostenible, que vino a sustituir al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), regulado por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo.

En el Consejo de Ministros se ha autorizado una aportación de capital con cargo al FEDES al fondo de inversión Emerging Asia Sustainable Infrastructure Fund SCSp, que tiene por objeto la inversión a través de capital o cuasi-capital en proyectos o empresas de infraestructura sostenible que contribuyan a la transición energética, descarbonización y a la urbanización resiliente en la región de Asia Emergente.

El Fondo centrará sus operaciones en Filipinas, país prioritario de la cooperación española, en el que no se había obtenido presencia con anteriores instrumentos de financiación reembolsable debido a la lejanía del mercado y las complejidades operativas, institucionales y regulatorias de este país.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), uno de los inversores del Fondo, ha aprobado una inversión de hasta 70.000.000 de dólares estadounidenses, que será efectiva en el momento en que el Fondo alcance un tamaño mínimo de 150.000.000 de dólares. La aportación de capital propuesta al fondo de inversión es por un importe máximo de 20.000.000 de dólares estadounidenses, sujeto a un límite del 20% sobre los compromisos totales de inversión en el Fondo.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEJORA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EQUIPARACIÓN DE INDEMNIZACIONES A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y OTRAS NORMAS SOCIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que contempla un conjunto de medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y otras normas sociales, así como la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo para la extensión de derechos.

Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

Entre las medidas sociales aprobadas destaca la ampliación de la edad de los afectados en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) en situaciones determinadas. En concreto, los progenitores, guardadores o acogedores estarán protegidos, cuando el causante tenga más de 26 años, si este se encuentra en situación de dependencia de grado III o tiene una discapacidad igual o superior al 65%.

Asimismo, se aprueba que ambos progenitores puedan percibir de forma alternativa o simultánea la prestación económica y no solo que sea un progenitor el que pueda tener la condición de beneficiario. En este caso, el importe económico consistirá en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, sin que esta dependa del porcentaje de reducción de la jornada de trabajo que hayan solicitado.

En la actualidad hay unos 19.650 procesos en vigor, cuya duración media es de 666 días. La mayor parte de las prestaciones reconocidas se dirigen a mujeres.

La prestación por cuidado de un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave, que cubre la Seguridad Social desde el año 2011, se dirige a progenitores, adoptantes, acogedores (ahora también cónyuges o parejas de hecho) con un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave. Esta prestación se reconoce a la persona que reduce su jornada laboral al menos en un 50% para el cuidado de la persona enferma y tiene como objeto compensar la pérdida de ingreso.

Incapacidad Temporal

El texto también incorpora dos situaciones especiales de incapacidad temporal (IT): la derivada de patología limitante por trastorno menopaúsico que impida trabajar (situaciones en las que una sintomatología incapacitante relacionada con el diagnóstico de una patología asociada con la menopausia que responda a la codificación concreta que dará lugar a esta IT especial) y otra para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género cuyas lesiones le impidan trabajar.

Ambas situaciones tienen una protección mayor que la IT común, desde el día siguiente de la baja, y no exigen periodo de carencia. En ambos casos, la prestación económica se calculará aplicando el 60% de la base reguladora de la incapacidad temporal, hasta el día 20 y, a partir de ahí, será del 75%. El día de la baja el trabajador percibirá el salario por parte de la empresa y desde el día siguiente será la Seguridad Social quien lo abone. De modo que se mejora esta protección ya que antes no se percibía prestación los tres primeros días de baja y la empresa asumía el pago del día 4 al día 15.

Al mismo tiempo, tras las situaciones vividas como consecuencia de la pandemia de la COVID19, la DANA o el accidente de Adamuz, se establece una disposición en la Ley General de la Seguridad Social para que en acontecimientos o accidentes catastróficos se puedan aprobar medidas que aumenten la protección de afectados o familiares, donde se asimilará la situación a la derivada de accidente de trabajo con las mejoras correspondientes en incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

Pensión de viudedad en parejas de hecho

Para favorecer el reconocimiento de la pensión de viudedad en los casos de pareja de hecho, si hay hijos en común se elimina el requisito de presentación del registro formal de la constitución de pareja de hecho. Bastará con la existencia de hijos en común y la acreditación de convivencia.

Además, el texto contempla un plazo de un año para que las personas que hayan sufrido la pérdida de su pareja anteriormente puedan solicitar la prestación, aunque el deceso se haya producido con anterioridad a este cambio legal y siempre que se cumplan los requisitos.

La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

Subsidio especial de nacimiento y cuidado de menor

El subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor, que ya se reguló para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, se extiende a los progenitores en el caso del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar; que pasan a tener ampliada la prestación a 19 semanas.

Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

El Fondo del Pago de Alimentos -que sirve para garantizar y atender la protección económica de los hijos menores de edad cuando hay incumplimiento del pago de alimentos en supuestos de divorcio, separación, declaración de nulidad matrimonio o en procesos de filiación o alimentos- eleva la cuantía máxima del anticipo por beneficiario, que pasa de 100 a 300 euros mensuales.

Además, se amplía el plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos de los actuales 18 meses hasta que se extinga la obligación de alimentos, con el límite de los 18 años del beneficiario.

Reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección Integral a las Víctimas del Terrorismo

Esta reforma tiene por objeto equiparar las indemnizaciones previstas para este colectivo con independencia de que se haya dictado o no sentencia penal sobre el atentado que les afectó o de si en dicha sentencia se fijó o no responsabilidad civil.

Hasta ahora, las víctimas que habían sufrido daños de la misma gravedad en atentados terroristas podían recibir indemnizaciones diferentes debido a una circunstancia ajena a ellas: que los hechos hubieran llegado o no a juicio o que la sentencia hubiera establecido o no una cantidad en concepto de responsabilidad civil.

Con esta reforma, se atiende una de las principales reivindicaciones del colectivo y corrige esa diferencia existente. El mecanismo legal ha consistido en la introducción de un nuevo apartado 8 al artículo 20 de la Ley 29/2011, así como una disposición transitoria segunda que completa el mecanismo de equiparación.

De este modo, los familiares de personas fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista o hayan sufrido lesiones incapacitantes permanentes que no hayan recibido una indemnización por responsabilidad civil fijada en sentencia judicial firme podrán reclamar el abono de una ayuda complementaria que mejora su protección.

Esta ayuda podrá solicitarse durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la norma. La cantidad reconocida se abonará en tres pagos iguales, distribuidos en tres anualidades.

A futuro, cuando hayan transcurrido cinco años desde el atentado sin que exista una sentencia penal firme, o cuando la sentencia no haya fijado una indemnización por responsabilidad civil, las víctimas podrán solicitar el complemento correspondiente.

Ayudas aumentadas

La medida beneficia a las víctimas de los atentados terrorista más antiguos, que son los que en mayor porcentaje quedaron sin respuesta judicial. Los beneficiarios más numerosos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias, víctimas de atentados por los que no llegó a dictarse una sentencia penal a menudo por desconocimiento de la autoría de los atentados, por lo que no pudieron no recibieron una reparación económica adicional equivalente a la reconocida en otros atentados en los que sí se dictó sentencia penal y se fijaron importes indemnizatorios por responsabilidad civil.

También beneficiará a las víctimas de los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, ya que el fallecimiento de los autores materiales de los atentados impidió que la sentencia penal fijara indemnizaciones por responsabilidad civil, como sí ocurrió para las víctimas del atentado de Alcanar. La nueva regulación permitirá que las víctimas fallecidas y las personas con lesiones incapacitantes afectadas por los atentados de Barcelona y Cambrils puedan acceder al nuevo mecanismo de equiparación de indemnizaciones.

La cuantía de la mejora que podrán reclamar estas víctimas del terrorismo se calculará a partir de las ayudas que ya hubieran percibido con anterioridad. En el caso de las lesiones incapacitantes, se incrementarán las cantidades que hubieran percibido hasta alcanzar los importes máximos previstos en el artículo 20.4 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, para cada tipo de incapacidad.

En los casos de fallecimiento, la cuantía de la mejora se adaptará y modulará en función de la situación familiar:

• Hasta los 500.000 euros cuando quienes recibieron la indemnización fueron los hijos de la persona fallecida, o los hijos junto con el cónyuge no separado legalmente o la persona conviviente.
• Hasta los 350.000 euros cuando la indemnización fue percibida por el cónyuge o conviviente, por los padres, o cuando los padres concurrieron con hijos, con el cónyuge o conviviente, o con ambos.

Pensiones revalorizadas

Por otra parte, el real decreto-ley aprobado aumenta el importe mínimo de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, tanto en el sistema de la Seguridad Social como en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Hasta ahora, ese importe mínimo de esas pensiones extraordinarias estaba fijado en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice que no se ha revalorizado desde hace años.

Tras la reforma aprobada, el importe mínimo será de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento, con lo que las pensiones extraordinarias por terrorismo experimentan una importante revalorización de en torno al 35 por ciento y aseguran su actualización futura en la misma medida en que lo haga el SMI.

Mejora de la protección por orfandad

Finalmente, se amplía la prestación económica por orfandad cuando el fallecimiento de la mujer se hubiera producido por violencia contra la mujer. Al igual que en el supuesto de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, el importe de la pensión de orfandad será equivalente al doble del SMI vigente en cada momento.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

NUEVAS NORMAS EUROPEAS SOBRE MATERIAS PRIMAS ESTRATÉGICAS Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece el marco normativo necesario para la aplicación efectiva en España de dos reglamentos estratégicos de la Unión Europea: el Reglamento sobre Materias Primas Fundamentales (CRMA) y el Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas (NZIA). Ambas iniciativas forman parte de la nueva política industrial europea orientada a reforzar la autonomía estratégica abierta de la Unión, garantizar cadenas de suministro más seguras y resilientes y acelerar la transición hacia una economía climáticamente neutra.

La norma adapta la organización administrativa española a las exigencias de estos reglamentos europeos, estableciendo mecanismos de coordinación entre administraciones y proporcionando seguridad jurídica para la tramitación de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo industrial y energético del país.

El real decreto clarifica la designación de los puntos de contacto únicos que actuarán como ventanilla de referencia para la interlocución entre los promotores y las administraciones competentes.

Con carácter general, estas funciones corresponderán a las comunidades autónomas, mientras que la Administración General del Estado asumirá esta responsabilidad en aquellos proyectos de carácter supraterritorial o en los supuestos en los que la autorización corresponda a órganos estatales.

Asimismo, la norma concreta los efectos administrativos asociados a la declaración de proyectos estratégicos previstos en la legislación europea. Entre ellos destaca el reconocimiento de su interés público y la tramitación urgente de los procedimientos cuya competencia corresponda a la Administración General del Estado, contribuyendo así a agilizar inversiones clave para el desarrollo de sectores industriales vinculados a las materias primas críticas, las energías limpias y la descarbonización de la economía.

Sobre materias primas fundamentales, el real decreto desarrolla los procedimientos para la elaboración del Programa Nacional de Exploración Minera y de los Programas Nacionales de Circularidad, instrumentos llamados a reforzar el conocimiento de los recursos disponibles, impulsar el aprovechamiento sostenible de materias primas estratégicas y fomentar la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales esenciales para la industria europea.

La norma establece los mecanismos de recopilación y remisión de información a la Comisión Europea exigidos por ambos reglamentos. Para ello, articula la cooperación entre los distintos departamentos ministeriales competentes, las comunidades autónomas y organismos especializados, garantizando un seguimiento adecuado de los objetivos europeos en materia de resiliencia industrial, materias primas estratégicas y desarrollo de tecnologías limpias.

Con el fin de asegurar una aplicación homogénea y coordinada de ambos reglamentos en todo el territorio nacional, se crean dos comisiones de coordinación interadministrativa. La primera estará centrada en las materias primas fundamentales y será presidida por la Dirección General de Política Energética y Minas. La segunda abordará las cuestiones relacionadas con las tecnologías de cero emisiones netas y el seguimiento de los objetivos de sostenibilidad y resiliencia industrial, bajo la presidencia de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la PYME.

La aprobación de este real decreto permitirá disponer de un marco administrativo más eficiente para impulsar proyectos industriales esenciales para la transición ecológica, fortalecer la competitividad de la economía española y reforzar la seguridad del suministro de materias primas y tecnologías estratégicas. De este modo, se avanza en el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización, resiliencia industrial y autonomía estratégica, favoreciendo la atracción de inversiones, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo de calidad en sectores de alto valor añadido.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO, EL PLOMO Y LOS DIISOCIANATOS PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales aplicable a la exposición de las personas trabajadoras a agentes cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos y agentes químicos peligrosos a través de dos reales decretos.

En el caso del amianto la nueva norma establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición al amianto durante el trabajo, así como la prevención de tales riesgos.

Por otra parte, se modifican los Reales Decretos 665/1997 y 374/2001, incorporando nuevos valores límite ambientales y biológicos para el plomo y sus compuestos inorgánicos y estableciendo valores límite de exposición profesional para los diisocianatos, de conformidad con la Directiva (UE) 2024/869.

Nuevo paradigma en el amianto

Se adapta la normativa nacional a la Directiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de noviembre de 2023, y se mejora y refuerza la seguridad y la salud de las personas trabajadoras expuestas al amianto.

Las modificaciones introducidas por la normativa europea suponen un cambio de paradigma en los trabajos con amianto, orientado hacia el objetivo de conseguir su eliminación en la Unión Europea en un plazo razonable.

Se reduce el valor límite ambiental de exposición diaria al amianto (VLA-ED), que queda fijado en 0,01 fibras por centímetro cúbico, medido como media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas.

La nueva metodología de medición de las fibras de amianto, prevé el uso de microscopía electrónica y la consideración de fibras de diámetro inferior a 0,2 micrómetros.
Además, se refuerzan las obligaciones relativas a los equipos de protección individual de las vías respiratorias.

En materia de higiene personal, las personas trabajadoras con riesgo de exposición al amianto deberán disponer, dentro de la jornada laboral, de al menos diez minutos antes de cada comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo para su aseo personal.

Se actualiza la regulación de los planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto, tanto en su contenido como en el procedimiento para su aprobación. El plazo para resolver y notificar será de cuarenta y cinco días, entendiéndose aprobado el plan si transcurre dicho plazo sin resolución expresa.

Será obligatorio comunicar el inicio de los trabajos a la autoridad laboral correspondiente con una antelación mínima de siete días hábiles.

Se refuerza la formación teórica y práctica de las personas trabajadoras que estén o puedan estar expuestas a fibras de amianto, que deberá impartirse antes del inicio de las actividades, ante determinados cambios en las funciones, tecnologías o equipos de trabajo y, en todo caso, a intervalos regulares.

También se refuerzan las obligaciones de registro y conservación de documentación, debiendo conservarse determinados datos relativos a la evaluación y control ambiental, formación, exposición y vigilancia sanitaria durante un período mínimo de cuarenta años después de finalizada la exposición.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P. (INSST) contará con una base de datos de empresas con riesgo por amianto y se refuerza el intercambio de información entre las Administraciones públicas competentes, incluyendo una lista pública actualizada de las empresas inscritas que cuenten con, al menos, un plan de trabajo aprobado.

Este mismo Instituto actualizará la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto.

Se incorpora la obligación de registrar los casos de enfermedades de origen laboral relacionadas con la exposición al amianto diagnosticadas por personal sanitario competente.

Nuevos valores máximos de Plomo y diisocianatos

En el caso del plomo, se actualiza el valor límite ambiental de exposición profesional al plomo y sus compuestos inorgánicos a 0,03 mg/m³ y estableciendo un valor límite biológico vinculante de 15 μg Pb/100 ml.

Los nuevos valores límite de exposición profesional para los diisocianatos, medidos como grupos funcionales NCO, de 6 μg NCO/m³ para una exposición diaria de ocho horas.

Evidencia científica

La reforma responde a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos disponibles sobre los efectos del plomo, sus compuestos inorgánicos y los diisocianatos sobre la salud de las personas trabajadoras.

El plomo y sus compuestos inorgánicos son considerados agentes reprotóxicos que pueden producir efectos adversos sobre la fertilidad y el desarrollo de la descendencia, mientras que los diisocianatos constituyen sensibilizantes respiratorios y cutáneos asociados a patologías como el asma profesional.

La norma también persigue mantener actualizado el marco español de prevención de riesgos laborales, reforzando los mecanismos de vigilancia de la salud, control de la exposición y protección frente a agentes peligrosos en el entorno laboral, en línea con los objetivos de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de origen Profesional.

Actividades con la mayor exposición

En el caso del plomo, destacan la fabricación y el reciclaje de baterías, la metalurgia y la fundición, la minería y determinadas actividades de construcción, rehabilitación y demolición de edificios, especialmente cuando implican la manipulación de materiales que contienen plomo. En cuanto a los diisocianatos, los sectores y actividades en los que puede existir exposición laboral son la industria química y de fabricación de poliuretanos, la producción de espumas, adhesivos y sellantes, la fabricación de muebles y colchones, la construcción y aislamiento de edificios, así como la automoción y los talleres de pintura y reparación de vehículos.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE COMBATE SOBRE RUEDAS (VCR) 8X8 DRAGÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco de apoyo al mantenimiento del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón.

El Acuerdo Marco permitirá garantizar el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los vehículos VCR 8x8 'Dragón', mediante apoyo técnico especializado, suministro de repuestos y asistencia en las tareas que excedan las capacidades del Ejército de Tierra.

El valor estimado de este Acuerdo asciende a 53 996 000 €, con un periodo de vigencia de cuatro años, prorrogable dos años más.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA LA ENTRADA EN SERVICIO Y GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL VEHÍCULO DE COMBATE SOBRE RUEDAS (VCR) 8X8 DRAGÓN

AYUDAS PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS DE ESTE AÑO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la concesión directa de ayudas, por un importe total de nueve millones de euros, para agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños en sus explotaciones como consecuencia de los incendios producidos este año y que tuvieran contratada una póliza de seguro.
La medida responde a la excepcional gravedad de una campaña marcada por grandes incendios forestales en distintos puntos de España, con más de 270.000 hectáreas afectadas, de las que alrededor de 60.000 corresponden a superficie agraria. Los incendios han tenido un impacto significativo sobre explotaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras rurales, cultivos, pastos y colmenares, y comprometen la actividad económica y la sostenibilidad de numerosas zonas rurales.

Las ayudas aprobadas tienen como objetivo compensar la pérdida de renta que estos daños hayan causado a las explotaciones agrarias afectadas. Serán beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones que tuvieran suscrito una póliza de seguro agrario combinado y que hayan tenido derecho a indemnización, con el fin de complementar una parte adicional del coste de la prima y compensar la producción asegurada dañada pero no indemnizada.

El real decreto contempla dos tipos de ayudas complementarias:

• Ayuda extraordinaria para incrementar la subvención a la contratación de la póliza del seguro agrario combinado para las explotaciones que hayan sufrido siniestro indemnizable. Se establece una ayuda extraordinaria para incrementar el apoyo público a la contratación de pólizas del seguro agrario combinando estatales y autonómicas hasta alcanzar el 70 % del coste total de la prima, el tope máximo permitido por la normativa europea para este tipo de seguros. Esta medida beneficiará a los titulares de pólizas vigentes que hayan sufrido daños indemnizables por incendios declarados entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2026.
• Ayuda extraordinaria para explotaciones agrarias afectadas por incendios. Además, el Gobierno habilita una ayuda directa extraordinaria destinada a compensar las pérdidas económicas y facilitar la recuperación de la actividad productiva destinada a los titulares de pólizas de seguro agrario combinado cuyas producciones aseguradas hayan resultado siniestradas por daños ocasionados por incendios. Esta ayuda se enmarca bajo el sistema de ayudas de minimis conforme al Reglamento (UE) n° 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

Las cuantías se calcularán en función del tipo de producción afectada, con referencias específicas para cultivos y producciones ganaderas. Entre otras, destacan ayudas de hasta:

• 900 euros por hectárea para viñedo.
• 500 euros por hectárea para olivar.
• 1.900 euros por hectárea para cítricos.
• 3.500 euros por hectárea para frutales.
• 450 euros por animal afectado en bovino.
• 120 euros por colmena afectada en explotaciones apícolas.

Con estas medidas, se refuerza la protección de agricultores y ganaderos afectados por una situación excepcional, con el objetivo de mantener la actividad económica, el empleo y la población en las zonas rurales.

El real decreto reconoce el papel estratégico del sistema español de seguros agrarios como principal herramienta de gestión de riesgos frente a fenómenos adversos cada vez más frecuentes e intensos.

Las ayudas se tramitarán mediante un procedimiento simplificado y mayoritariamente automático, con el objetivo de acelerar los pagos y reducir las cargas administrativas para los beneficiarios. El objetivo es apoyar de manera rápida y eficaz a los productores afectados, garantizar la continuidad de sus explotaciones y contribuir a la recuperación económica, social y ambiental de las zonas damnificadas por los incendios de 2026.

Agricultura, Pesca y Alimentación

SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial entre las comunidades autónomas de 19,1 millones de euros para financiar distintas actuaciones en materia de sanidad animal para el control y erradicación de enfermedades que tienen repercusiones en la salud pública, la salud animal y en las exportaciones de productos ganaderos.

La distribución incluye las necesidades presentadas por las comunidades autónomas para aplicar los programas nacionales de erradicación que no pudieron ser cubiertas por la falta de crédito, así como las destinadas a apoyar el programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina para compensar la falta de cofinanciación europea.

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financia, además, al 50 % las indemnizaciones y costes operativos tramitadas en 2026 en apoyo a la gestión de focos de influenza aviar altamente patógena y de dermatosis nodular contagiosa. Entre las medidas financiadas se incluyen el vaciado sanitario de explotaciones y la aplicación de vacunas frente a la dermatosis nodular, cuya adquisición ha sido financiada íntegramente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

También se apoya con este presupuesto la adquisición de vacunas de lengua azul en territorios en los que se detectaron nuevos serotipos en 2024 como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia.

La distribución territorial de estos fondos será sometida a aprobación de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebrará mañana, y es la recogida en el siguiente cuadro:

Política Territorial y Memoria Democrática

INFORME ACTUALIZADO DE SITUACIÓN EN CEUTA

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe actualizado sobre la situación en la ciudad de Ceuta, a fecha de 20 de octubre de 2026. El documento recoge la extensión de la actuación a la zona urbana, complementando así el levantamiento de los asentamientos en las playas llevado a cabo en las semanas previas, entre otras.

Desalojos de espacios públicos

Se ha llevado a cabo la séptima operación el domingo 18 octubre, desalojando espacios en:

• Poblado de Regulares

• Explanada del Tarajal

• Naves del Tarajal

• Entorno del CETI

443 personas trasladadas en autobús

• 200 menores entregados a la ciudad

• 143 adultos retornan a Marruecos

Adultos

• Plazas en recursos del Estado: 7.477

Menores

• Triajes: 289

Defensa

• Número de patrullas de vigilancia e informativas realizadas: 11.375

• Efectivos: 5.237

Educación

• Se mantiene la asistencia a clase en torno al 90% (datos normales)

Sanidad

• Cobertura/Personas vacunadas: 83% de los migrantes en recursos

• De las 211 camas hospitalarias disponibles, hay 100 ocupadas. Hay 20 personas inmigrantes ocupando camas.

Economía y Hacienda

En relación con la línea de ayudas directas para los empresarios y autónomos, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad jurídica, así como entidades con personalidad jurídica recogidas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 22/2026, y que desarrollan su actividad en Ceuta, hasta el 14 de octubre se han presentado 1.955 solicitudes y se ha acordado ya 1.198 devoluciones por importe de 10,55 millones de euros.

Vivienda y Agenda Urbana

SUBVENCIONES EN MATERIA DE ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS DURANTE 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de alojamientos universitarios durante el ejercicio presupuestario 2026 con el fin de garantizar el derecho a la vivienda de la comunidad universitaria y facilitar su acceso. De esta manera se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 45 millones de euros a universidades y entidades con proyectos para el impulso de alojamientos universitarios en 2026; una medida que permitirá ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.

Este real decreto prevé la creación de 2.000 alojamientos universitarios en una primera fase con amplia implantación territorial, con actuaciones distribuidas en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Catalunya, Castilla y León y Comunitat Valenciana. La distribución de los 45 millones de euros es la siguiente:

• Universidad Autónoma de Madrid: 13,3 millones de euros
• Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete): 8,1 millones
  
• Universidad Pablo de Olavide (Sevilla): 6,5 millones de euros
• Universidad de Burgos: 5,9 millones de euros
• Universitat Jaume I de Castelló: 4,5 millones de euros
• Universidad de Jaén: 3,5 millones de euros
• Ayuntamiento de Lleida: 2,9 millones de euros

Vivienda y Agenda Urbana

SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE HAYAN DECLARADO ZONAS DE MERCADO RESIDENCIAL TENSIONADO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado con el fin de incrementar la oferta de vivienda asequible y reducir los precios del alquiler en los 317 municipios de las cinco comunidades autónomas que cuentan en la actualidad con zonas de mercado residencial tensionado. Así, se regula la concesión de subvenciones directas por valor de 180 millones para Catalunya (271 municipios, 119,4M€); Euskadi (18 municipios, 31M€); Navarra (21 municipios, 13,3M€); Asturias (5 municipios, 5,9M€); y Galicia (A Coruña y Santiago, 10,2M€).

Estas cuantías permitirán desarrollar medidas en distintos ámbitos de acción:

• La promoción y/o rehabilitación de viviendas, o soluciones habitacionales alternativas, que se vayan a destinar al alquiler asequible o social con independencia de la calificación y titularidad del suelo.
• La adquisición de suelo con edificabilidad residencial de uso vivienda, o soluciones habitacionales alternativas, por parte de la administración autonómica correspondiente o por sus entidades dependientes o vinculadas con competencia en materia de vivienda.
• El desarrollo y urbanización de suelo para uso residencial de vivienda o soluciones habitacionales alternativas.
• La adquisición de viviendas, o soluciones habitacionales alternativas, por parte de la administración autonómica correspondiente o por sus entidades dependientes o vinculadas con competencia en materia de vivienda para ser destinadas al alquiler social o asequible.
• La cobertura por impago de renta arrendaticia de contratos de arrendamiento de viviendas.

Cultura

DECLARACIÓN DEL FARO DE TRAFALGAR COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL

El Ministerio de Cultura incoó en junio de 2025 el expediente para la declaración, que supone la aplicación de este nivel de protección, la máxima que establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

El Faro de Trafalgar, construido a finales del siglo XIX, es uno de los edificios más singulares del litoral gaditano y andaluz. Se alza sobre el Tómbolo de Trafalgar, frente a las costas donde tuvo lugar la histórica batalla naval de 1805, y en un entorno protegido desde 1989 como Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate. Su ubicación estratégica lo ha convertido desde su origen en un elemento clave para la navegación marítima y el acceso al estrecho de Gibraltar.

Un testimonio único de la ingeniería del siglo XIX

El faro fue proyectado por el ingeniero Eduardo Saavedra y Moragas (1829-1912), en colaboración con Rafael Navarro, Antonio de Palacio y Manuel García, alumnos de la Escuela de Caminos. Se edificó dentro del 'Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España e Islas Adyacentes' de 1847 y se iluminó por primera vez el 15 de julio de 1862.

Con una torre troncocónica de mampostería de más de 35 metros de altura y una organización singular en torno a un patio central, el Faro de Trafalgar presenta una tipología poco habitual en los faros españoles. Desde su construcción, el faro ha sufrido una serie de intervenciones y mejoras para adaptarlo a las innovaciones tecnológicas que se iban produciendo en el campo de la navegación marítima, no obstante, estas reformas apenas han modificado su esquema compositivo original. Cabe destacar que el Faro mantiene su uso ininterrumpido desde su construcción.

Desde el punto de vista tecnológico, el faro es un testimonio histórico único de la ciencia y la tecnología aplicada a la navegación marítima. Inicialmente su óptica tenía un alcance aproximado de 19 millas. Años después se modificó aumentando considerablemente su haz luminoso en torno a las 40 millas.

Un faro protegido en activo

Esta declaración tiene como objetivo la protección de los valores históricos, científicos y técnicos del bien, sin interferir en sus competencias en materia de señalización marítima. Esta declaración no afectará el mantenimiento, actualización o instalación de aquellos elementos necesarios para el funcionamiento del faro como señal marítima, así como la instalación de nuevos medios técnicos imprescindibles para la prestación del servicio de señalización marítima y de clima marítimo del Sistema Portuario Español, y la adecuación de estos a los avances tecnológicos que se produzcan.

El Faro de Trafalgar está adscrito a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y a Puertos del Estado dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, desempeña un importante servicio público para la seguridad marítima. En 2017 fue incluido en el 'Catálogo de faros con valor patrimonial de España' realizado en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial "como un testimonio histórico de la tecnología y la ciencia de su tiempo".

Sanidad

FONDOS PARA MEDICINA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para financiar el mantenimiento de hasta 1.135 plazas de Grado en Medicina durante el curso 2026-2027. La dotación máxima asciende a 17.025.000 euros y permitirá dar continuidad a las plazas adicionales financiadas en cursos anteriores.

La medida forma parte de la línea de ayudas iniciada en 2023 para aumentar el número de personas graduadas en Medicina en las universidades públicas y contribuir, a medio plazo, a atender las necesidades de profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La financiación se distribuye entre 683 plazas de segundo curso, con 10.245.000 euros; 305 de tercero, con 4.575.000 euros; y 147 de cuarto, con 2.205.000 euros. Cada plaza contará con una aportación de 15.000 euros para sufragar gastos de personal docente, tanto para clases teóricas como prácticas, y otros gastos corrientes en bienes y servicios vinculados a su mantenimiento.

Las ayudas se destinan a plazas que superan el número recogido en la memoria de verificación del título utilizada como referencia para este programa y que ya fueron financiadas y acreditadas en el curso anterior. Las universidades deberán certificar que las matrículas correspondientes siguen activas a 31 de diciembre de 2026.

También podrán computarse las plazas ocupadas por estudiantes trasladados desde otras universidades públicas españolas, siempre que procedan de plazas financiadas por este programa en la universidad de origen. De esta forma, los fondos se vinculan al incremento efectivo del número de estudiantes de Medicina en el conjunto de la universidad pública.

Sanidad ha destinado cerca de 102 millones de euros a esta línea de ayudas en sus tres ediciones anteriores, reguladas mediante los reales decretos de 2023, 2024 y 2025. La primera edición incluyó, además, 43,63 millones de euros para inversiones destinadas a mejorar la calidad docente, como aulas, equipamiento e instalaciones de simulación.

En el curso 2026-2027, la dotación se concentra en consolidar las plazas financiadas en años anteriores. Por razones presupuestarias, esta edición no incluye la financiación de plazas de nuevo ingreso en primer curso. Está previsto retomar esa financiación en el curso 2027-2028, condicionada a la disponibilidad presupuestaria de ese ejercicio.

Estas subvenciones tienen carácter complementario y finalista. Su objetivo es apoyar el mantenimiento de las plazas adicionales de Medicina, mientras que la financiación ordinaria de las universidades públicas corresponde a las comunidades autónomas.

La concesión de las ayudas estará sujeta a la presentación de las solicitudes y al cumplimiento de los requisitos establecidos en el real decreto. Las universidades beneficiarias deberán acreditar la cobertura de las plazas y justificar el destino de los fondos recibidos.

Igualdad

SUBVENCIONES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN CEUTA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa, con carácter excepcional, y por razones de interés público, social y humanitario, de subvenciones por 1,3 millones de euros a diversas entidades destinadas a la protección y la asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres en la ciudad de Ceuta.

El objetivo es reforzar y coordinar las actuaciones de prevención, identificación e intervención en casos de violencias contra las mujeres que se produzcan en el contexto de la crisis humanitaria actual de Ceuta, con especial atención a la violencia de género, la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual.

El importe total de las subvenciones será de 1.345.584,83 euros y se financia con cargo al presupuesto del Ministerio de Igualdad. Esa cuantía se distribuirá entre entidades que desarrollan actuaciones en la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis humanitaria y que son: la Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto, Cruz Roja Española, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Reparto de las subvenciones

La Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto recibirá 418.758,06 euros para el desarrollo de actuaciones de identificación, detección, atención psicológica y psicosocial especializada y puesta en marcha de recursos habitacionales de emergencia a las mujeres, adolescentes y niñas llegadas a Ceuta. Asimismo, la subvención se destinará a la puesta en marcha de la unidad multidisciplinar, coordinada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Contará con profesionales de psicología con especialización en violencia contra las mujeres, del trabajo social con especialización en gestión de casos de especial vulnerabilidad y de la mediación intercultural especializada en violencia contra las mujeres. Tendrá, al menos, un punto focal o representante de cada una de las entidades beneficiarias de las subvenciones y su objetivo será garantizar una respuesta integral y coordinada ante los casos identificados de situaciones de especial vulnerabilidad, incluida la derivación, el seguimiento y la coordinación entre los recursos intervinientes en Ceuta.

Cruz Roja Española recibirá una subvención de 209.018,49 euros destinados al desarrollo de actuaciones de prevención y detección temprana de situaciones de violencia sexual, explotación sexual y trata de mujeres, adolescentes y niñas migrantes llegadas a Ceuta, para su acompañamiento y atención integral, y para participar en las actuaciones de la unidad multidisciplinar.

Por su parte, 45.838,24 euros irán destinados a Fundación Cruz Blanca para trabajar en la detección de situaciones de vulnerabilidad que afecten a mujeres, adolescentes y niñas migrantes llegadas a Ceuta, su acompañamiento, mediación y derivación, y para participar en las actuaciones de la unidad multidisciplinar.

A Médicos del Mundo le corresponde una subvención de 185.234,14 euros, cuyo objetivo será la detección de situaciones de violencia contra las mujeres, su atención psicológica y psicosocial especializada y para participar en las actuaciones de la unidad multidisciplinar.

Por último, a la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) le corresponde un importe de 486.735,90 euros. Se dirigirán al desarrollo de actuaciones de detección de necesidades de protección internacional por motivos de género, acompañamiento integral, intervención y derivación a recursos especializados, gestión de recursos intermedios de primera acogida, y para participar en las actuaciones de la unidad multidisciplinar.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Delegado del Gobierno en Cataluña

D. JOSÉ CRESPÍN GÓMEZ

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma De Barcelona.

Desde el 2 de julio de 2018: Subdelegado del Gobierno en Lleida anteriormente fue jefa de Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Lleida.

Coordinación de la actividad institucional de la Alcaldía, apoyo a la dirección política y estratégica, preparación de actos y reuniones institucionales y seguimiento de las relaciones con administraciones, entidades y agentes sociales y económicos.

Desde 2004 - 2011 fue técnico superior de la Diputación de Barcelona, funcionario de carrera desde el 19 de mayo de 2008, perteneciente al grupo A1. Durante esta etapa desarrolló su actividad en distintas áreas de la corporación provincial. Entre 2004 y 2008, adscrito a los departamentos de Coordinación General (2004 - 2006) y Presidencia (2006 - 2008), formó parte del equipo encargado de la elaboración de estudios y análisis, así como de tareas de apoyo al Departamento de Presidencia y de seguimiento de asuntos de interés institucional. Desde el Departamento de Comunicación (2008 - 2011) dirigió el área de Actos y Premios y participó en la coordinación de la comunicación con las distintas áreas de gestión de la corporación.

Anteriormente fue ejecutivo de cuentas en Cirici Comunicació, agencia de publicidad y marketing de Barcelona.

Delegado del Gobierno en Andalucía

Dª. ISABEL MAYO LÓPEZ

Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga ha realizado el curso de Posgrado Universitario de Experto en Administración Pública.

En 1999 ingreso como funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, desde 2001 funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

Ha sido secretaria general Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía (2010). directora general de RRHH y Función Pública de la Junta de Andalucía (2010-2015), secretaria general técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (2015-2017), viceconsejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía (2017-2019) y de 2020 a la actualidad secretaria general de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Delegado del Gobierno en Asturias

Dª. CECILIA PÉREZ SÁNCHEZ

Diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Administración Y Dirección de Empresas.

En su experiencia profesional ha ocupado puestos como asesora de Empresas de 1986 - 2000, concejala de El Franco 1995-1999 y alcaldesa en dos etapas: de 1999 a 2000 y de 2003 hasta la actualidad, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos desde 2019 hasta la actualidad, vicepresidenta del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias desde 2019 hasta 2023, vicepresidenta de la Fundación Parque Histórico del Navia (Tierras del Navia Porcia) y del Ceder Navia Porcia desde 2006 y oordinadora de Pesca del Ceder Navia Porcia y Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER). Además, es miembro nato de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana en su calidad de presidenta de la F.A.CC.

Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana

D. ROGELIO LLANES RIBAS

Es ingeniero agrónomo.

Desde 2025 ha ocupado el puesto de director de la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas del Comisionado Especial para la Reparación de los Daños Causados por la DANA, Gobierno de España. Anteriormente, ejerció como: jefe de la Unidad de Control de la Cadena Alimentaria en la Administración de la Comunitat Valenciana (2023-2025), secretario autonómico de Agricultura en el Gobierno de la Comunitat Valenciana (2020-2023), director general de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Gobierno autonómico de la Comunitat Valenciana (2015-2020), jefe de la Unidad de la PAC en el Gobierno de la Comunitat Valenciana (2011-2015), director general en SEIASA de la Meseta Sur (Empresa Estatal para el Desarrollo de Infraestructuras Agrícolas) (2007-2010), director técnico en SEIASA de la Meseta Sur (Empresa Estatal para el Desarrollo de Infraestructuras Agrícolas) (2004-2027), ingeniero proyectista y director de obra GVA (1996-2004).

También ha sido vicepresidente de VAERSA, vicepresidente de AGRICONSA y director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.

Delegado del Gobierno en Aragón

Dª. NOELIA HERRERO ARENAS

Licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza. Doctora en Ciencias de la Salud, la actividad física y el deporte por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Título de Especialista en contabilidad y Auditoria de las Administraciones Públicas Territoriales por la Universidad de Zaragoza. Funcionaria de carrera desde el 12 de abril de 2016.

Desde septiembre de 2010 hasta abril de 2014 como ejerció como médica deportiva en Trauma Aragón y como médica rehabilitadora y responsable de la Unidad de Vértigos en el mismo lugar. Asimismo, fue desde mayo de 2011 hasta abril de 2014 médica rehabilitadora de la Unidad Acuática y Rehabilitación del centro para disminuidos psíquicos, Fundación Virgen del Pueyo en Villamayor (Zaragoza) y y de marzo de 2012 hasta abril de 2014 médico rehabilitador de la Fundación de Atención Temprana en toda la red de Aragón. Desde abril de 2014 hasta octubre de 2017 fue médica rehabilitadora del programa de Atención Temprana en el Centro Base IASS

Asimismo, ha sido directora en funciones del Centro de Atención a la Discapacidad 1 en ausencia de la Directora del Centro, docente del postgrado en Atención Temprana de la Universidad de Zaragoza, colaboradora docente en el desarrollo de los programas formativos de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, docente en el curso "Menores con discapacidad en situación de riesgo o desamparo". IAAP. 2017

Además, ha ocupado los puestos de inspectora general de Servicios del departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2018, subdirectora médica del Hospital Royo Villanova de Zaragoza de junio de 2020 hasta enero de 2024 y subdelegada del Gobierno en Zaragoza desde enero de 2024.

Delegado del Gobierno en Extremadura

Dª. MARÍA TERESA MACÍAS MATEOS

Ingeniera Técnica Agrícola, de la especialidad Industrias Agrícolas por el Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura.

Como funcionaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura la experiencia profesional se ha centrado principalmente en la Política Agraria Comunitaria y el Desarrollo Rural en diferentes niveles de responsabilidad hasta el año 2015: ha desempeñado los puestos de jefa de servicio de Ayudas y Regulación de Mercados en las áreas de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, de experta nacional en representación de Extremadura en diferentes órganos de coordinación del Ministerio de Agricultura con las Comunidades Autónomas hasta agosto de 2011, jefa de sección de Programas y Proyectos Europeos en la Dirección General de Desarrollo Rural desde julio de 2012 y de responsable del Gabinete de Proyectos Europeos.

Asimismo, ha sido concejala en el Ayuntamiento de Calamonte entre 2003 y 2015, diputada en la Asamblea de Extremadura entre 2015 y 2019, con actividad legislativa en materia agroalimentaria y territorial, senadora por la circunscripción de Badajoz desde la XII legislatura hasta la actualidad, con actividad legislativa en diversas materias.