Referencia Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la tramitación de subvenciones que financien proyectos innovadores y la suscripción de nuevos convenios de adhesión a la Red de Centros de Innovación Territorial.

Dicha Dirección General publica anualmente convocatorias de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, de acuerdo con la Orden TED/1358/2021, modificada por Orden TED/1074/2025, de 24 de septiembre, que establece sus bases reguladoras, diferenciando varias modalidades: proyectos promovidos por entidades locales (modalidad A), proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro (modalidad B) y los proyectos empresariales (modalidad C).

Para la modalidad A y B resulta posible el pago anticipado de la ayuda sin la aportación de garantías, lo que permite y facilita la ejecución del gasto retenido en el mismo ejercicio que se convoca y resuelve la convocatoria. No obstante, en muchas ocasiones las convocatorias de la modalidad A, debido al volumen de solicitudes que se reciben, terminan resolviéndose hacia el fin del ejercicio, lo que dificulta la ejecución del gasto en dicho ejercicio.

Por su parte, la modalidad C requiere de la constitución de garantías para acceder al pago anticipado de ésta, lo que dificulta la ejecución del gasto en el mismo ejercicio que la convocatoria.

Por ello, resulta necesario acompasar las previsiones presupuestarias con el momento realmente previsto para el abono de las ayudas. Por lo tanto, desde la convocatoria de 2025 en adelante, se plantean las convocatorias de subvenciones en modalidades A y C con carácter plurianual.

En este sentido, respecto de la convocatoria de 2026, se estima para la modalidad A (proyectos institucionales promovidos por entidades locales), que en el ejercicio 2027 se abone un porcentaje del 70% del importe concedido a todos los beneficiarios, realizándose el pago final del 30% en el año 2029, coincidente con la revisión de las cuentas justificativas y el proceso de liquidación. Por lo que se refiere a la modalidad C (proyectos empresariales), se espera que en el primer semestre del ejercicio 2027, se abone un porcentaje estimado máximo del 40% tras la concesión de las ayudas y la formalización de las garantías y a partir del primer trimestre del ejercicio 2029, el 60% restante tras la ejecución de la actividad y su posterior justificación y liquidación.

Por otro lado, se espera un crecimiento en este año en otra de las grandes líneas de actuación de la citada Dirección General, como son los Centros de Innovación Territorial. En concreto, se prevé la renovación de seis de los diez convenios previamente existentes, y, a lo largo del año 2026 está prevista la firma de siete nuevos convenios y renovación de los cuatro restantes.

El impacto de los convenios mencionados tiene lugar en varias aplicaciones presupuestarias.

Por consiguiente, considerando la ejecución prevista del gasto derivado de las convocatorias de los ejercicios anteriores y los nuevos compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que se derivan de la convocatoria del año 2026 en las dos modalidades mencionadas y la suscripción de los convenios de la Red de Centros de Innovación Territorial, la situación en las aplicaciones presupuestarias mencionadas, según nivel de vinculación, es la siguiente (importe en euros):

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en las anualidades y aplicaciones presupuestarias descritas.

Por todo ello y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos y los nuevos compromisos a abordar en el periodo 2027 a 2040 se obtiene el siguiente detalle:

Hacienda

AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR GARANTÍAS A MADRID Y MURCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid y a la Región de Murcia a otorgar garantías por sendos importes máximos de 25 y 6 millones de euros, respectivamente, durante 2026.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid a otorgar garantías durante 2026 por una cantidad máxima de 25 millones de euros, adicionales al importe autorizado mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2026.

Esta autorización a conceder garantías se enmarca en la Orden 2350/2022, de 27 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura por la que se regula el programa 'Mi Primera Vivienda', donde los beneficiarios son personas que no superan los 40 años y familias numerosas y monoparentales, así como cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo, en estos casos sin límite de edad.

En este caso se trata de garantizar préstamos hipotecarios, con un importe de la financiación que sea superior al 80% y hasta el 100% del valor del inmueble.

El pasado 6 de julio esta comunidad presentó solicitud de autorización para la concesión durante 2026 de avales adicionales en el marco del citado programa 'Mi Primera Vivienda'. Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.

Avales para Murcia

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Región de Murcia a otorgar garantías durante 2026 por un importe máximo de seis millones de euros, cantidad adicional a la autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2025.

En concreto, se autoriza a esta comunidad a conceder garantías durante 2026 a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia en el marco de Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 24 de mayo de 2021, por la que se regula el acceso a la vivienda de jóvenes en régimen de propiedad a través de la línea ICREF AVAL JOVEN, por el citado importe máximo de seis millones.

Los beneficiarios de las garantías serían personas de hasta 40 años inclusive, con un límite de ingresos.

El importe de la financiación otorgada por la entidad habrá de ser de más del 80% e igual o inferior al 100% del valor de tasación o el precio de compraventa de la vivienda.

El pasado 6 de julio la Región de Murcia presentó solicitud de autorización para la concesión durante 2026 de estos avales adicionales.

Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.

Transportes y Movilidad Sostenible

CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN LAS RUTAS AÉREAS BADAJOZ-MADRID Y BADAJOZ-BARCELONA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar el próximo contrato de servicios que cubrirá la operación de las rutas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona hasta el 27 de octubre de 2028, declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP). El importe máximo previsto para dicho contrato es de 14,3 millones de euros (IVA no incluido).

El contrato estará sufragado por la Junta de Extremadura, mediante el Convenio establecido entre ésta y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para el reparto de responsabilidades en la licitación de estas rutas OSP.

Con esta licitación, el Ministerio asegura la operación de los enlaces aéreos de Extremadura con Madrid y Barcelona, una vez finalizado el contrato vigente y hasta el 27 de octubre de 2028.

El próximo contrato recogerá las mejoras establecidas en la reciente modificación de las obligaciones, definidas en la Orden TRM/473/2026, de 5 de mayo de 2026, que dotan a la ruta Badajoz-Madrid de mayor flexibilidad de horarios.

Mejoras en el servicio OSP

Tal y como se establece en dicha Orden, a partir del 28 de octubre de 2026, fecha de inicio del nuevo contrato de servicios para las rutas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, se modificarán las condiciones de operación de dichas rutas, de manera que el vuelo de primera hora llegará, dependiendo del sentido de la operación, a Madrid antes de las 9:00 horas de la mañana o a Badajoz antes de las 10:00 horas de la mañana. El último vuelo del día saldrá, dependiendo del sentido, con menos de una hora de antelación de Badajoz o llegará a la capital pacense con un margen mínimo de 30 minutos respecto a la hora de cierre del aeropuerto de Badajoz.

Adicionalmente, la Orden especifica que las cinco frecuencias (vuelos de ida y vuelta) semanales exigidos para la ruta Badajoz-Barcelona son, en todo caso, un mínimo establecido, pudiendo superarse estas condiciones, como las del resto de las obligaciones de servicio público, en beneficio de los usuarios.

Con esta mejora, el Ministerio responde a la idoneidad que supone para los usuarios de la ruta Badajoz-Madrid poder disfrutar más tiempo en destino entre el vuelo de la mañana y el de última hora de la tarde del mismo día.

Estas mejoras evidencian el continuo compromiso y dedicación prestados desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por todos sus mercados aéreos y, en particular, por aquellos protegidos bajo obligaciones de servicio público dada su importancia para los ciudadanos, como es el caso de los enlaces aéreos en Extremadura.

Industria y Turismo

AYUDAS A LA COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRIFICADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado las normas reguladoras para la concesión directa de ayudas correspondientes al Programa Auto+. El objetivo es incentivar en España la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este programa los vehículos que no dispongan de la etiqueta ambiental CERO de la Dirección General de Tráfico.

El Programa Auto+, enmarcado dentro del Plan España Auto 2030, constituye la principal herramienta para impulsar la electrificación del transporte y es una medida esencial para la consecución de los objetivos climáticos y de transición energética de alcance nacional comprometidos en la planificación estatal y de Europa.

Las ayudas se articulan a través de dos líneas diferenciadas. La Línea 1 está destinada a personas físicas que no desarrollen una actividad económica y subvenciona la compra de vehículos nuevos o de vehículos seminuevos con una antigüedad máxima de doce meses, siempre que hayan sido matriculados en España y cumplan los requisitos establecidos en cada convocatoria.

La Línea 2 se dirige a empresas y a personas físicas que desarrollen una actividad económica, permitiendo no solo la adquisición en propiedad, sino también operaciones de leasing financiero o renting, con una duración mínima de tres años cuando el vehículo figure matriculado a nombre de la entidad financiadora.

El programa tendrá aplicación en todo el territorio nacional y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.

Las solicitudes se realizan a través de un sistema telemático puesto en marcha para la gestión de las mismas por el Ministerio de Industria y Turismo.

Las ayudas se concederán mediante el procedimiento de concesión directa, a través de convocatorias aprobadas por orden ministerial del Ministerio de Industria y Turismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Cuantías individuales

Industria y Turismo

COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 A LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria 2026 para la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo de 'fuga de carbono' durante el periodo 2021-2030, por un importe de 600 millones de euros.

El objetivo de esta línea es compensar los costes derivados de los derechos de emisión que se repercuten en el precio de la electricidad y que deben asumir los consumidores industriales como consecuencia de la aplicación de la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión (ETS). Estos costes generan una desventaja competitiva frente a los productores de terceros países, que no están sujetos a las mismas cargas.

El RD 309/2022 establece las bases reguladoras del mecanismo de compensación para el nuevo periodo 2021-2030, trasladando a la legislación española la actualización de las Directrices comunitarias que posibilitan el establecimiento de este procedimiento.

La Unión Europea permite a cada Estado miembro, según su presupuesto nacional, compensar este tipo de costes de las industrias mencionadas.

A 5 de enero de 2026, las Directrices han sido modificadas por la Comunicación de la Comisión Europea (C/2026/196) para adaptarlas a la evolución de los parámetros que definen el mecanismo y ampliar la lista de sectores y subsectores industriales que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono debido a los costes de las emisiones indirectas.

En consecuencia, ha permitido ampliar la lista de los potenciales sectores y subsectores beneficiarios, modificar parámetros técnicos utilizados para el cálculo de la ayuda y aumentar, para ciertos casos, la intensidad máxima de ayuda, que pasa del 75% al 80% de los costes de las emisiones indirectas.

Algunos de los nuevos sectores añadidos son los siguientes: extracción de minerales de hierro y metálicos no férreos, fabricación de caucho sintético, fibras artificiales, plásticos en formas primarias, fibras textiles, azulejos y baldosas cerámicas, colorantes, telas no tejidas, fibra de vidrio, pilas y acumuladores, fertilizantes, vidrio, aceites y grasas, entre otros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE INTERVENCIONES SECTORIALES VITIVINÍCOLA Y APÍCOLA DE LA PAC

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica diversas normas en las intervenciones sectoriales vitivinícola, apícola y de frutas y hortalizas en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC), con el objetivo de garantizar la continuidad de las ayudas del actual período de aplicación (2023/2027) en el año 2028.

En lo que al sector vitivinícola se refiere, la normativa aprobada modifica el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, que regula la normativa básica de aplicación de esta intervención sectorial, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.

Además de permitir la continuidad de las ayudas después de 2027, de cara al nuevo periodo de la Política Agraria Común (PAC), también se introduce la aplicación en España de las medidas más urgentes que recoge el paquete legislativo del vino aprobado por la Unión Europea que entró en vigor en marzo.

La propuesta de los reglamentos de la nueva PAC para el periodo de programación 2028-2034, que la Comisión Europea presentó en julio de 2025, contempla que todas las intervenciones de esta política se incluirán en el nuevo Plan de Asociación Nacional y Regional. Debido a la naturaleza de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), es necesario que las convocatorias de ayudas que se vayan a pagar en 2028 se publiquen con uno o dos años de antelación, según el caso. Por ello, con esta normativa se amplía el horizonte de las ayudas más allá de 2027, hasta que se puedan realizar las convocatorias con la nueva regulación que finalmente se adopte para el marco 2028-2034. De esta forma se aporta seguridad jurídica y se garantiza que los operadores del sector vitivinícola puedan percibir estas ayudas en 2028.

Con las modificaciones para aplicar el paquete legislativo del vino adoptado por la UE (Reglamento 2026/471) se incorporan medidas para hacer frente a los desafíos más acuciantes que afronta el sector vitivinícola. Así, en el caso de las operaciones de inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación, infraestructuras y estructuras de comercialización, se eliminan restricciones y se reformulan conceptos para la inclusión de la comercialización a través del enoturismo dentro de las actuaciones subvencionables. Asimismo, para lograr una correcta transición y la continuidad del apoyo, se incluye una convocatoria adicional de Inversiones que se abonará con cargo a las anualidades 2028 y 2029, cuya resolución debe notificarse antes del 31 de diciembre de 2027.

La reforma adapta también el calendario de aplicación del denominado paquete del vino. Entre las novedades principales, se amplía hasta un máximo de nueve años consecutivos el apoyo a las acciones de promoción y comunicación de vinos con Denominación de Origen protegida (DOP) Indicación Geográfica Protegida (IGP) e indicación de variedad en terceros países (mediante un máximo de dos prórrogas de tres años cada una).

Además, se refuerza el acceso a la financiación de los pequeños productores mediante criterios de prioridad objetivos para favorecer nuevos beneficiarios, mercados y productos. Al igual que en inversiones, se ajustan los plazos de las convocatorias de las anualidades 2028 y 2029 para garantizar una transición ordenada.

Las modificaciones aprobadas incluyen ajustes técnicos relacionados con las intervenciones de reestructuración y reconversión de viñedos y cosecha en verde, para mejorar su aplicación.

En lo que se refiere a la Intervención Sectorial Apícola se modifica el Real Decreto906/2022, de 25 de octubre, con el fin de prever la prórroga de la eficacia de dicha intervención más allá del marco temporal inicialmente previsto, con el fin de asegurar una transición ordenada entre periodos de programación.

Respecto a la Intervención Sectorial de Frutas y Hortalizas (ISFH) regulada por el Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, las disposiciones que se modifican refuerzan la seguridad jurídica de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, especialmente en lo relativo a la gestión de crisis. Asimismo, actualiza e incorpora nuevos productos al régimen de indemnizaciones por realizar retiradas de mercado con destino la distribución gratuita u otros fines, se realizan varias correcciones y ajustes de carácter técnico, y establece disposiciones transitorias para adaptar la normativa al denominado paquete de simplificación» de la PAC aplicable al sector.

Agricultura, Pesca y Alimentación

OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN LEÓN Y HUESCA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), la celebración de tres contratos para ejecutar actuaciones de modernización de regadíos en las provincias de León y Huesca, con un presupuesto base de licitación conjunto superior a 84 millones de euros.

Las obras permitirán modernizar 8.816 hectáreas y beneficiarán a 1.672 regantes, dentro del programa de modernización de regadíos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimientación para mejorar la eficiencia en el uso del agua, incrementar la competitividad de las explotaciones y avanzar en la digitalización del sector.

Las actuaciones permitirán sustituir sistemas tradicionales de riego por gravedad por infraestructuras de riego a presión, incorporando redes de tuberías, balsas de regulación, sistemas de filtrado, telecontrol y otras tecnologías que optimizan el uso de los recursos hídricos y energéticos y permiten adaptar el riego a las necesidades de los cultivos.

CANAL DE VILLADANGOS (LEÓN), FASE I Y FASE II

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de las fases I y II del proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, en la provincia de León, con un presupuesto base de licitación conjunto superior a 57,6 millones de euros. Las actuaciones permitirán modernizar 5.938 hectáreas y beneficiarán a 1.322 regantes de los municipios leoneses de Villadangos del Páramo, Chozas de Abajo, Bustillo del Páramo, Santa Marina del Rey, Valdevimbre, Cimanes del Tejar y San Pedro Bercianos.

La obra sustituirá la red actual de acequias por una infraestructura presurizada dotada de balsas de regulación, sistemas de filtrado y telecontrol, que permitirá implantar un sistema de riego a la demanda, mejorar la eficiencia hídrica y energética y facilitar una gestión completamente digitalizada del riego. La fase I, con una inversión de 27,13 millones de euros, modernizará 2.954 hectáreas y beneficiará a 650 regantes, mientras que la fase II, con 30,55 millones de euros, actuará sobre 2.984 hectáreas y beneficiará a 672 regantes.

COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ª SECCIÓN (HUESCA)

El Consejo de Ministros también ha autorizado la contratación de las obras de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes Collarada 1.ª Sección, en Huesca, con un presupuesto base de licitación de 26,73 millones de euros. La actuación permitirá modernizar 2.878,6 hectáreas y beneficiará a 350 regantes de los municipios oscenses de Robres, Almuniente y Senés de Alcubierre.

El proyecto transformará el actual sistema de riego por superficie mediante acequias y riego a manta en un sistema de riego a la demanda mediante una red de tuberías a presión, lo que permitirá mejorar significativamente la eficiencia de los caudales suministrados a las explotaciones. Las actuaciones incluyen, entre otros, nuevas balsas de regulación, estaciones de bombeo abastecidas mediante instalaciones fotovoltaicas, redes de tuberías e hidrantes y un sistema de telecontrol para optimizar la gestión del riego.

Estas actuaciones forman parte del impulso a la modernización de regadíos que fomenta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la mayor inversión pública realizada hasta la fecha en este ámbito en nuestro país.

Política Territorial y Memoria Democrática

CONSTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN RELACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2026-2030

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con el Real Decreto 326/2026, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Los preceptos objeto del requerimiento de la Junta de Extremadura se han agrupado, a efectos de su contestación, en cinco bloques:

• Los artículos 6.5 y 7.2 y 3, referidos al sistema de financiación del Plan;
• Aquellos preceptos relativos a la necesaria aplicación de regímenes de protección permanente de viviendas como condición para el acceso a las ayudas del Plan;
• Aquellos preceptos que incluyen referencias a las zonas de mercado residencial tensionado;
• El artículo 153, en cuanto a la previsión relativa a la presencia o autorización del Ministerio de Vivienda respecto de los actos públicos de difusión;
• El artículo 13, en cuanto al empleo del concurso de proyectos y la aplicación de criterios de calidad de la arquitectura en materia de contratación.

La contestación al requerimiento defiende que el Plan no regula con carácter general la política autonómica de vivienda, sino las condiciones de un instrumento estatal de financiación, en línea con la jurisprudencia constitucional en la materia y con pleno respeto a la competencia autonómica en materia de vivienda.

Se destaca, además, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, abordando en particular la impugnación de los preceptos de la Ley relativos a la actividad planificadora del Estado en materia de subvenciones de vivienda (arts. 12, 18, 23 y 24). En este sentido, la sentencia rechaza que los preceptos recurridos priven de capacidad de decisión a las comunidades autónomas y sostiene que el legislador estatal tiene atribuidas competencias para definir los fines y objetivos prioritarios que serán objeto de financiación estatal y que ello no impide que las comunidades establezcan sus propios objetivos y prioridades al configurar sus políticas de vivienda. Además, la sentencia toma en consideración que la aprobación de los planes estatales precisa de la participación de las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.

Política Territorial y Memoria Democrática

CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2026-2030

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con el Real Decreto 326/2026, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El requerimiento formulado por la Junta de Andalucía se estructura en cuatro bloques de preceptos, agrupados en función de la materia tratada y el motivo de incompetencia alegado:

• El artículo 6.5, relativo al sistema de financiación del Plan, en cuanto a la pretendida vulneración del principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas
• Los capítulos II, III y IV del real decreto, en tanto que realizarían una descripción de las actuaciones protegibles con tal grado de detalle que impediría cualquier margen de maniobra a la comunidad autónoma
• La disposición adicional octava y otros preceptos concordantes, en cuanto a la vinculación de las ayudas del Plan a regímenes de protección permanente de vivienda
• El artículo 4.2.g) y el artículo 153, en cuanto a la necesaria presencia o autorización del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en las actuaciones de promoción, publicidad e información de las actuaciones del Plan.

La contestación al requerimiento defiende que el Plan no regula con carácter general la política autonómica de vivienda, sino las condiciones de un instrumento estatal de financiación, en línea con la jurisprudencia constitucional en la materia y con pleno respeto a la competencia autonómica en materia de vivienda.

Se destaca, además, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, abordando en particular la impugnación de los preceptos de la Ley relativos a la actividad planificadora del Estado en materia de subvenciones de vivienda (arts. 12, 18, 23 y 24). En este sentido, la sentencia rechaza que los preceptos recurridos priven de capacidad de decisión a las comunidades autónomas y sostiene que el legislador estatal tiene atribuidas competencias para definir los fines y objetivos prioritarios que serán objeto de financiación estatal y que ello no impide que las comunidades establezcan sus propios objetivos y prioridades al configurar sus políticas de vivienda. Además, la sentencia toma en consideración que la aprobación de los planes estatales precisa de la participación de las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.

Política Territorial y Memoria Democrática

AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA (NAVARRA) PARA CELEBRAR UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Valtierra (Navarra) a realizar una consulta popular sobre si se está de acuerdo con que el Ayuntamiento inicie los trámites necesarios con el Gobierno de Navarra para solicitar autorización para la construcción de un nuevo centro de salud en la parte baja del pueblo, con cargo de todos los costes al Ayuntamiento.

El artículo 149.1.32ª de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Por otro lado, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), reconoce en su artículo 18, el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular y regula en su artículo 71 las consultas populares "de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".

Recabados los informes oportunos, el Consejo de Ministros autoriza la consulta popular al considerar que el asunto a someter a consulta popular es de carácter local y no trasciende de modo relevante el ámbito municipal, por lo que la consulta se adecúa al parámetro de territorialidad establecido en el artículo 71 de la LRBRL. Asimismo, tiene especial relevancia para los intereses de los vecinos y no se trata de un asunto concerniente a la hacienda local.

Sanidad

SE APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DEL MEDICAMENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, una reforma integral que sustituye al marco normativo vigente desde 2015 para adaptar el sistema a los desafíos científicos, industriales y sociales actuales. Este nuevo texto legal busca garantizar el acceso equitativo a la innovación, asegurar el abastecimiento de fármacos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante un modelo de evaluación independiente y sistemas de precios competitivos.

Entre los principales cambios, el proyecto de ley incorpora nuevos instrumentos para evitar desabastecimientos, generar más competencia en precios, facilitar el acceso temprano a medicamentos innovadores y adaptar la prescripción y la dispensación a las nuevas necesidades del SNS.

Garantía de abastecimiento: El proyecto de ley introduce el concepto de "Medicamento estratégico", definido como aquel indispensable para el sistema de salud cuya cadena de suministro es vulnerable. Para asegurar su permanencia en el mercado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) podrá adoptar medidas económicas y regulatorias especiales que eviten desabastecimientos. Además, ante emergencias de salud pública, se refuerzan las obligaciones de comunicación de existencias por parte de laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia.

Nuevo modelo de financiación y precios: La norma redefine el modelo de fijación de precios para fomentar la competencia y el ahorro.

Precios de referencia y precios dinámicos: La nueva norma articula un modelo de convivencia entre dos sistemas complementarios para garantizar el ahorro, bajo la regla estricta de que un mismo medicamento no puede estar sometido a ambos a la vez.

a) Precios de Referencia: sigue siendo el marco general para establecer los techos máximos de financiación de agrupaciones homogéneas de fármacos equivalentes (con el mismo principio activo y vía de administración) y cuyos precios se revisan con carácter anual para consolidar el ahorro estructural del sistema.

b) Precios Dinámicos: Es una herramienta dirigida principalmente a medicamentos fuera de patente, como genéricos, híbridos y biosimilares, y a mercados consolidados en los que su penetración se haya estancado. El sistema permitirá ajustar los precios de forma progresiva y automática en función de la cuota de mercado alcanzada. Así, cuando estos medicamentos lleguen a determinados umbrales de penetración -por ejemplo, el 50% o el 70%-, se activarán nuevas reducciones del precio industrial, de manera que el aumento de su uso vaya acompañado de precios más competitivos.

Rango de precios financiados: Dentro de una misma agrupación homogénea (medicamentos que tienen el mismo principio activo y vía de administración), podrán coexistir medicamentos a diferentes precios, permitiendo que el paciente opte por una marca con un precio superior pagando la diferencia con el medicamento de menor precio de la agrupación, siempre que el SNS garantice la cobertura total de las opciones más eficientes.

Es decir, el Ministerio fija un precio máximo de financiación. Todos los medicamentos que estén por debajo de ese tope están financiados.

a) Si el paciente elige la opción más barata o cualquier otra dentro del rango financiado, solo paga su copago habitual.

b) Si el paciente desea una marca específica que es más cara y está fuera del rango financiado, puede obtenerla pagando la diferencia de precio, además de su copago.

De esta forma el SNS asegura siempre la financiación de las opciones más eficientes, pero permite que existan marcas a precios superiores en el mercado sin que el Estado asuma ese sobrecoste.

Financiación Condicional para la Innovación: La norma permite que determinados medicamentos innovadores se incorporen de forma temprana a la prestación pública cuando cubren una necesidad médica no resuelta o cuando el tratamiento no puede demorarse, aunque todavía exista incertidumbre sobre su efectividad en la práctica clínica real o sobre su impacto económico definitivo.

Durante este periodo provisional, el medicamento se utiliza en pacientes del Sistema Nacional de Salud y se monitorizan sus resultados. Si confirma el beneficio esperado, la financiación podrá consolidarse en las condiciones acordadas. Si los resultados no son satisfactorios, o si el precio definitivo resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar o devolver las cantidades correspondientes.

Nuevas competencias en prescripción: Se reconoce formalmente la capacidad de prescripción a los profesionales de enfermería y fisioterapia, quienes se integran al equipo prescriptor junto a médicos, odontólogos y podólogos dentro de su ámbito de competencia.

Para garantizar la efectividad de esta medida, en el plazo de un año se actualizará el marco reglamentario para armonizar el ejercicio de la prescripción de todos estos profesionales autorizados. Un proceso que incluye la elaboración y publicación de protocolos interdisciplinares diseñados para facilitar la coordinación operativa entre médicos, enfermeros y fisioterapeutas, asegurando en todo momento una atención integral y coherente al paciente.

Dispensación no presencial y entrega en domicilio: El proyecto de ley regula nuevas modalidades para facilitar el acceso a los medicamentos cuando existan situaciones sanitarias excepcionales o cuando la situación clínica, de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad del paciente dificulte el desplazamiento.

Estas modalidades permitirán que el paciente no tenga que acudir físicamente al servicio de farmacia hospitalaria o a la oficina de farmacia, siempre bajo responsabilidad del centro dispensador y con garantías de trazabilidad, conservación, transporte y atención farmacéutica.

No se trata de una venta a distancia de medicamentos, sino de una forma de acercar la dispensación al paciente cuando concurran circunstancias justificadas y manteniendo el control profesional farmacéutico.

Uso racional de medicamentos y productos sanitarios: Por primera vez, el proyecto de ley ordena en un marco integral el uso racional de medicamentos y productos sanitarios, reconociéndolo como un principio rector de la política farmacéutica y como una responsabilidad compartida entre administraciones, profesionales, pacientes y ciudadanía.

La norma busca garantizar que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado a sus necesidades clínicas, en la dosis correcta, durante el tiempo necesario y con el menor coste posible para la persona y para la sociedad. Para ello, refuerza la formación y la información independiente, la coordinación entre niveles asistenciales, la revisión de tratamientos, la adherencia terapéutica, el seguimiento farmacoterapéutico, la sostenibilidad ambiental y el uso prudente de antimicrobianos.

Con esta norma, se culmina la actualización integral del marco regulatorio de los medicamentos y productos sanitarios y refuerza la capacidad del Sistema Nacional de Salud para responder a los retos de innovación, abastecimiento, financiación y uso racional. Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.

Sanidad

PROYECTO DE LEY DEL TABACO

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del tabaco, que será remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. La norma modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con el objetivo de ampliar los espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y la adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco.

La reforma supone la actualización más relevante de la normativa estatal frente al tabaquismo desde hace más de una década. El texto responde a los cambios producidos en los patrones de consumo, especialmente entre la población joven, y al auge de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, los productos a base de hierbas para fumar o shisha, las bolsas de nicotina y otros productos que imitan o se asocian al acto de fumar, cuya venta y suministro quedarán limitados a tiendas especializadas.

El proyecto de ley se enmarca en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, aprobado por el Consejo de Ministros, y avanza en una de sus principales líneas de actuación: la actualización del marco normativo para proteger mejor la salud de la población, prevenir el inicio del consumo y avanzar hacia generaciones libres de tabaco.

Ampliación de los espacios en los que estará prohibido fumar

La reforma incorpora las terrazas de bares, restaurantes y otros establecimientos de restauración, las playas marítimas y fluviales, las piscinas de uso colectivo, las instalaciones deportivas, los parques nacionales, los vehículos de trabajo -salvo durante su uso exclusivamente personal- y los recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, incluidos teatros, cines, conciertos y otros eventos, también cuando tengan lugar al aire libre.

El texto crea también entornos de protección reforzada alrededor de espacios especialmente sensibles. Así, no se podrá fumar en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, centros educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, centros deportivos y parques o recintos infantiles.

Protección de las personas menores de edad

Otra de las novedades es la prohibición expresa del consumo de productos del tabaco por parte de personas menores de 18 años. Hasta ahora, la normativa prohibía la venta y el suministro a este colectivo, pero no recogía de forma específica la prohibición del consumo.

Según ESTUDES 2025, la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años se sitúa en el 4,3%, la cifra más baja de toda la serie histórica desde 1994. Sin embargo, el consumo de tabaco en el último mes en este mismo grupo de edad sigue siendo elevado, con una prevalencia del 15,5%.

Cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados

La reforma extiende a los cigarrillos electrónicos y a otros productos relacionados las mismas limitaciones de consumo previstas para el tabaco en los espacios donde esté prohibido fumar. La norma adapta así la legislación a la aparición y expansión de nuevos productos, como los dispositivos con y sin nicotina, los productos a base de hierbas para fumar o shisha y otros productos con o sin nicotina que imiten el acto de fumar o guarden relación con su consumo tradicional o social. Las bolsas de nicotina quedan fuera de esta equiparación en espacios sin humo, aunque la norma sí prohíbe su consumo por parte de personas menores de edad.

La reforma limita también la venta y suministro de estos productos a tiendas especializadas, que deberán cumplir los requisitos que se establezcan mediante orden ministerial. Esta medida responde al crecimiento de estos productos, especialmente entre adolescentes: según ESTUDES 2025, el 49,5% de las personas de 14 a 18 años ha probado alguna vez cigarrillos electrónicos y el consumo en el último mes ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

Publicidad, promoción y patrocinio

La norma refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, de los dispositivos para su consumo y de los productos relacionados. Estas restricciones se aplicarán en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, internet y cualquier forma de promoción directa o indirecta.

También limita la promoción en los puntos de venta. No podrán realizarse acciones en escaparates ni utilizarse cartelería que, por sus características o ubicación, sea visible o percibida desde el exterior de los estancos y tiendas especializadas.

En medios de comunicación y contenidos audiovisuales, no se podrán emitir programas, vídeos o imágenes en los que presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando, consumiendo o mostrando productos del tabaco, dispositivos para su consumo o productos relacionados, ni mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres comerciales, logotipos u otros signos identificativos asociados a estos productos.

Además, el texto modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual para extender la prohibición de comunicación comercial audiovisual a los productos relacionados, sus dispositivos y las empresas que los producen.

La norma recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014. Entre sus funciones estarán proponer iniciativas, programas y actividades para cumplir los objetivos de la ley; establecer objetivos de reducción de la prevalencia del tabaquismo y del consumo de productos relacionados; elaborar informes periódicos sobre la situación y aplicación de la norma; y favorecer la coordinación entre las autoridades competentes.

La Ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto prevé, además, un plazo de dos meses para adaptar la señalización en los espacios donde exista prohibición de consumo.

Con esta reforma, el Ministerio de Sanidad actualiza la legislación frente al tabaquismo para adaptarla a la realidad actual del consumo, proteger la salud pública, reducir la exposición al humo y a los aerosoles en espacios compartidos, prevenir el inicio del consumo en menores y jóvenes, y facilitar el abandono del tabaco.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

SUBVENCIÓN A LA FEMP PARA LA FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE ENTIDADES LOCALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar la formación del personal empleado público de las entidades locales.

Esta ayuda, cuyo importe asciende a 559.550 euros, se integra en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, aprobado en febrero de 2025 y equivale al 4% de los fondos destinados a la formación de los empleados públicos de la Administración local, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de Gestión de los Fondos de Formación para el Empleo para 2026. La subvención busca impulsar una formación orientada a mejorar la capacidad de gestión, adaptación y liderazgo del personal empleado, optimizando así el servicio público prestado a la ciudadanía.

La FEMP promoverá un plan de formación que estará destinado al conjunto del personal de las entidades que integran la Administración local. Este plan de formación estará integrado por actividades formativas propiamente dichas y, adicionalmente, por actividades complementarias en materia de información, divulgación y fomento de la participación, estudios de detección de necesidades, diseño de metodologías y herramientas aplicables a los programas formativos, elaboración y adquisición de documentación, investigación, asesoramiento, evaluación de procesos formativos y del impacto de la formación en el desempeño.

BIOGRAFÍAS

Economía, Comercio y Empresa

Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

D. JUAN JOSÉ GANUZA FERNÁNDEZ

Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Dª. CARMEN BALSA PASCUAL

Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

D. JOAN CAPDEVILA I ESTEVE

Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Dª. MARINA ECHEBARRÍA SÁENZ