Referencia Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Economía, Comercio y Empresa

Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Hacienda

Transportes y Movilidad Sostenible

Educación, Formación Profesional y Deportes

Política Territorial y Memoria Democrática

Cultura

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Ciencia, Innovación y Universidades

Igualdad

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

EL PLAN ANUAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DIGNO (PAFED) 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado, el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) 2026, instrumento de planificación anual de las políticas activas de empleo desarrolladas por el Sistema Nacional de Empleo.

Este Plan 2026 se ha elaborado en colaboración con las CC.AA. y ha sido informado favorablemente en la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebró el 27 de mayo en la que se procedió al reparto territorial de 2.571,9 millones de euros.

En el documento se incorporan un conjunto de medidas para el año en curso, estableciendo los objetivos, servicios y programas que serán ejecutados por el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas durante 2026.

Planes específicos

El texto mandata el desarrollo de tres planes específicos:

• El Plan de actuación para la mejora de la empleabilidad de la población gitana como una estrategia pública de empleo en favor de este colectivo en España dirigida a garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de derechos. Se destinarán 93 millones de euros a este plan hasta el año 2028.
• El Plan de Empleo en favor de las Personas Jóvenes con las medidas que han resultado más eficaces para promover la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de este grupo de edad, con especial atención a las medidas destinadas a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Contará con 85 millones de euros.
• La Estrategia global para el empleo de las personas trabajadoras desempleadas de larga duración o de más edad y garantía de servicios para personas beneficiarias mayores de cuarenta y cinco años que incluye medidas en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de favorecer la reincorporación al mercado de trabajo o su mantenimiento de estos colectivos. Cuenta con una dotación de 440 millones de euros.

Más capacidad para planificar a medio plazo.

El PAFED 2026, tiene en cuenta el marco de financiación plurianual fijado en el ACM de 13 de mayo de 2025, que estableció como criterio de distribución la asignación a cada comunidad autónoma de una cuantía equivalente a un 70% en 2026 de las cantidades cuando se cumplan determinados objetivos establecidos en los correspondientes Planes Anuales de Fomento del Empleo Digno, reforzando así la planificación y ejecución de actuaciones a medio plazo.

El PAFED 2026 también consolida el enfoque por objetivos cuantitativos por territorios y por colectivos: fija metas anuales concretas (por ejemplo, número de personas jóvenes a atender con medidas de inserción, mujeres de baja cualificación a formar, parados de larga duración a recolocar, etc.) para cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con su situación de partida. Esto permite una gestión focalizada y equitativa, haciendo foco en las particularidades de cada territorio en términos de desempleo juvenil, femenino, de larga duración, etc., y facilitando el seguimiento pormenorizado de los resultados en cada colectivo y en cada Comunidad.

Se adaptan los indicadores de seguimiento para que sean claros, simples y transparentes, facilitando la evaluación del Plan.

Otros elementos destacados

En el Plan 2026 destaca el desarrollo de medidas como la garantía de la cartera común de servicios para todo el SNE que incluye la oferta integral y permanente de servicios comunes por parte de profesionales, el itinerario personalizado y la tutorización continuada; la intermediación, incluida la captación de ofertas de empleo y las necesidades de las empresas; el acompañamiento a lo largo de la vida laboral mediante la formación en el trabajo; la adquisición o mejora de competencias que mejoren la empleabilidad o el acompañamiento de las iniciativas de autoempleo evaluando la viabilidad de los proyectos.

En este plan para 2026 se consolida el enfoque centrado en las personas a través de la atención especializada a colectivos prioritarios como jóvenes, desempleados de larga duración, personas con discapacidad, colectivos en situación de vulnerabilidad o personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, con el fin de mejorar sus oportunidades de empleo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

XXX CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

El Consejo de Ministros autoriza el encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a la Sociedad Mercantil Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), para la asistencia técnica en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, por un importe estimado de 29.020.236,02 euros.

TRAGSATEC es una filial de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P., constituida mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 2 de junio de 1989, cuyo capital social es 100% de titularidad pública.

El objeto del encargo es la asistencia técnica a la SEPICEM con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana. Concretamente, para la contratación de los servicios y suministros principales que resulten precisos para la preparación y organización de la Cumbre.

La Cumbre Iberoamericana se configura como el principal instrumento de cooperación internacional entre los países de la Comunidad Iberoamericana. Estas cumbres reúnen, con periodicidad bienal, a 22 Estados Miembros de América Latina y Europa de habla hispana y portuguesa.

En noviembre de 2024, España asumió la Secretaría Pro Tempore (SPT) Iberoamericana para el periodo 2025-2026. Consecuencia de esta SPT, España albergará en Madrid la próxima XXX Cumbre los días 4 y 5 de noviembre de 2026. La organización de la Cumbre implicará un amplio despliegue logístico y operativo y supone un evento de gran importancia para la imagen y los intereses de España.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ENCOMENDADO A RTVE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radio Televisión Española, S.A., S.M.E.

Radio Televisión Española tiene encomendado, por la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, la prestación de un servicio público. Este servicio se califica como esencial por la propia Ley para la cohesión de una sociedad democrática.

Es obligación del Estado asegurar una financiación suficiente del servicio público cuya prestación se encomienda por ley a CRTVE, siendo el equilibrio económico-financiero de ésta una condición necesaria para su adecuada prestación.

Para lograr ese objetivo es necesaria una actuación normativa con rango de ley, que modifique la Ley 17/2006, estableciendo que los impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público formarán parte del coste del servicio público y deben ser objeto de compensación por el Estado.

De este modo, este Real decreto-ley modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, introduciendo un nuevo artículo que señala que los impuestos que no resulten deducibles, tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PRORROGA DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LAS PETROLERAS

El Consejo de Ministros, ha acordado prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre la obligación de las petroleras de informar semanalmente sobre sus costes y sobre los precios de venta final del carburante a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a fin de que la entidad pueda valorar y supervisar mejor el grado de competencia efectiva en el sector.

La medida, establecida en el Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, tenía una duración inicial de tres meses. Paralelamente, el RDL también emplazaba a la CNMC a publicar un estudio sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes, incluyendo el comportamiento de los márgenes, a fin de valorar la adecuación del marco regulatorio a la coyuntura provocada por el conflicto bélico.

AMPLIAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA MEJORAR EL ANÁLISIS

La CNMC, en el citado informe, publicado el 29 de mayo, ha manifestado la necesidad de proseguir el análisis para contar con información suficiente para extraer conclusiones de carácter estructural sobre el comportamiento competitivo del marcado, especialmente en un contexto de elevada volatilidad internacional.

Por consiguiente, el Consejo de Ministros ha aprobado ampliar hasta el próximo 31 de diciembre la obligación de los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España de reportar semanalmente a la CNMC información sobre sus costes de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio, en el marco de competencias de supervisión atribuidas a la entidad sobre la materia.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL "LLANO DE LA PASIEGA"

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio entre Adif, el Gobierno de Cantabria y la sociedad Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), para la construcción de la terminal intermodal Llano de La Pasiega en el municipio de Piélagos.

El acuerdo establece las condiciones de colaboración y financiación para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de construcción de la terminal, así como el establecimiento de las bases para la futura explotación de las instalaciones.

La inversión prevista para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de construcción de la futura terminal intermodal Llano de La Pasiega asciende a casi 62 millones de euros, que serán financiados al 50% entre Adif y SICAN.

Terminal intermodal

La instalación contará con una superficie de 140.343 m2 y estará dispuesta en paralelo y contigua a la línea ferroviaria Palencia-Santander, permitiendo el acceso directo a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) administrada por Adif.

La construcción de la nueva terminal intermodal se integra en un proyecto más amplio para dotar a Cantabria de una futura plataforma logística intermodal e interregional que estará provista de conexiones portuarias, ferroviarias y viarias, y tendrá una superficie de 200 hectáreas. Se encuadra en la Iniciativa Mercancías 30 para potenciar el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales y elevar la cuota modal hasta el 10%. También permitirá dotar de mayor espacio para mercancías al Puerto de Santander, conectando trenes, barcos y camiones.

Acuerdo de financiación

Según establece el convenio, SICAN asumirá la contratación de la redacción del proyecto y la contratación de las obras, en coordinación con Adif. Ambas entidades serán titulares de la terminal intermodal ferroviaria en igual proporción al término del proyecto, en régimen de copropiedad.

Por su parte, SICAN asumirá la explotación de la terminal directamente, o a través de una tercera entidad, tras la suscripción de un contrato por el que Adif arrienda a SICAN el total del 50% de su titularidad.

Esta actuación contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, dirigido a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; y 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Defensa

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco de suministro de material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento.

Estas inversiones en defensa y seguridad son necesarias para cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, y dotar a las Fuerzas Armadas españolas de capacidades interoperables con otras Fuerzas Armadas de países socios europeos, requeridas para la participación en las misiones en el exterior en las que España ha comprometido su participación.

El valor estimado del acuerdo marco es de 3.520.955.187,20 €.

Defensa

MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para el sostenimiento de los aviones modelos T.18 (Falcon 900), T.22 (Airbus 310) y T.20 (Cessna Citation V).

La prórroga del actual acuerdo marco finaliza en septiembre de 2026, por lo que se hace necesaria la adjudicación de uno nuevo para asegurar la continuidad del soporte de mantenimiento de las flotas y para garantizar el abastecimiento de material para las mismas.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 118.600.000 euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un año más.

Defensa

REHABILITACIÓN DEL ARSENAL DE CÁDIZ EN LA BASE NAVAL DE ROTA

El Consejo de Ministros ha autorizado la toma de razón de la declaración de emergencia para hacer frente a la situación generada por el fenómeno meteorológico extremo (manga marina) del 9 de mayo de 2026 en las instalaciones del Arsenal de Cádiz en la Base Naval de Rota (Cádiz).

Con motivo del frente de inestabilidad meteorológica severa que afectó el pasado 9 de mayo de 2026 al litoral de la Bahía de Cádiz, se produjo una manga marina que impactó en las instalaciones del Servicio de Repuestos del Arsenal de Cádiz en la Base Naval de Rota (SERDIZROT), lo que provocó la destrucción de gran parte de la cubierta de la nave y daños en la estructura e instalaciones.

Los daños estructurales causados son muy importantes y el estado actual de las instalaciones supone un grave e inminente peligro para las personas y bienes, resultando imperativo actuar de manera inmediata para prevenir daños mayores y restituir las condiciones mínimas de seguridad y operatividad al edificio, asegurando el suministro de repuestos y pertrechos críticos para el sostenimiento de las unidades de la Fuerza, en particular, de las desplegadas en operaciones y misiones internacionales.

El importe total de las actuaciones es de 776.106,10 euros.

Hacienda

EL IVA EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la que se transpone parcialmente la Directiva (UE) 2025/516 del Consejo, de 11 de marzo de 2025, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las normas del IVA en la era digital (Directiva ViDA 'VAT in the Digital Age').

Esta transposición de la Directiva comunitaria ViDA se inscribe dentro del Plan de Acción del IVA, que presentó la Comisión Europea en el año 2016, y que tiene por objeto modernizar el sistema del IVA comunitario, adaptando el IVA a un mundo cada vez más digital.

El ahora proyecto de Ley se sometió a todos los trámites correspondientes, entre ellos la audiencia e información pública y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Ahora entrará en la etapa parlamentaria para su debate en el Congreso de los Diputados.

Plan de Acción del IVA

El Plan de Acción del IVA tiene como finalidad dotar al sistema tributario de nuevas herramientas para combatir el fraude, al tiempo que reduce las cargas administrativas que soportan empresarios y profesionales. Con ello se pretende favorecer el desarrollo del comercio electrónico y de la economía digital.

Su implementación se articuló en distintas fases. La primera de ellas entró en vigor el 1 de julio de 2021 con el denominado paquete de comercio electrónico, que introdujo por primera vez una regulación exhaustiva del IVA aplicable a la economía digital. Esta reforma adaptó la normativa a la generalización de las compras por internet y al auge de las plataformas digitales.

Entre sus principales novedades, se estableció que los Estados miembros recaudarían el IVA correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por sus consumidores, con independencia del lugar de establecimiento del proveedor o del origen de los bienes.

Asimismo, se amplió y generalizó el uso de los sistemas de ventanilla única -régimen de la Unión, régimen exterior de la Unión y régimen de importación- para la liquidación del impuesto derivado de estas operaciones, reduciendo significativamente las obligaciones de registro para las empresas que operan en Estados miembros en los que no están establecidas.

Además, para reforzar la recaudación, se atribuyó a los titulares de interfaces digitales que facilitan el comercio electrónico un papel activo como colaboradores en la gestión y control del impuesto.

Posteriormente, la Directiva (UE) 2025/516 del Consejo, de 11 de marzo de 2025, modificó la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a las normas del IVA en la era digital. Esta norma, conocida como Directiva ViDA (VAT in the Digital Age), profundiza en la adaptación del impuesto a la economía digital dentro del marco del Plan de Acción del IVA.

Directiva ViDA

La directiva ViDA avanza en la adaptación del sistema IVA al entorno digital en tres ámbitos esenciales:

• Lucha contra el fraude intracomunitario, mediante la implantación de la obligación de suministro inmediato de información digitalizada para las operaciones intracomunitarias, basada en el uso de una factura electrónica estructurada y armonizada.
• Reducción de cargas administrativas y de registro, con el objetivo de evitar múltiples registros a efectos del IVA dentro de la Unión. Se avanza así hacia un sistema en el que los sujetos pasivos dispongan de un único registro asignado por la Administración tributaria de su Estado miembro de establecimiento.
• Refuerzo del papel de las plataformas digitales en la gestión y recaudación del impuesto, extendiendo la figura del proveedor asimilado -ya aplicable en determinados supuestos de comercio electrónico- a sectores en los que se han detectado distorsiones competitivas, como el alquiler de alojamientos de corta duración y el transporte de pasajeros.

La transposición de la Directiva ViDA se llevará a cabo en varias fases, siendo las más relevantes las que entrarán en vigor el 1 de julio de 2028 y el 1 de julio de 2030. No obstante, algunas modificaciones de carácter técnico serán aplicables desde el 1 de enero de 2027, y son precisamente las que aborda este anteproyecto de ley.

Principales modificaciones

Las modificaciones propuestas buscan clarificar y mejorar la aplicación de los tres regímenes especiales de ventanilla única en el IVA.

Entre los cambios más destacados se encuentran:

• La ampliación del ámbito del régimen exterior de la Unión para incluir los servicios prestados a consumidores no establecidos en la UE.
• La obligación de nombrar un representante para los empresarios o profesionales no establecidos en la Unión que soliciten la devolución del IVA soportado en operaciones declaradas a través de los regímenes especiales de ventanilla única.
• Diversos ajustes técnicos menores destinados a perfeccionar el funcionamiento de dichos regímenes.

Hacienda

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA SUBVENCIONAR EL PLAN DE SEGUROS AGRARIOS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe total de 510.706.252,23 euros.

Tanto para subvencionar el plan anual de seguros agrarios y la liquidación de planes anteriores por importe de 7.166.097,11 euros; así como para financiar actividades de interés general consideradas de interés social en relación con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades por importe de 503.540.155,12 euros.

La asignación de Fondo de Contingencia que se contempla en este acuerdo tiene como finalidad la financiación de la siguiente modificación de crédito:

• Ampliación de crédito en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al objeto de subvencionar el Plan Anual de Seguros Agrarios y la liquidación de planes anteriores, por importe de 7.166.097,11 euros.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2024, por el que se aprueba el 46 Plan de Seguros Agrarios Combinados, se establece que la aportación del Estado que se estima necesaria para la aplicación de las distintas actuaciones contenidas en el mismo, supone un montante total de 320,35 millones de euros durante el ejercicio 2025, de los cuales 315 millones de euros se destinarán como subvención al pago de las primas del 46 Plan de Seguros y a la liquidación de planes anteriores.

El déficit procedente del 45 Plan y la liquidación de Planes anteriores ascendió a 85.423.649,18 euros. En el ejercicio 2025 se aprobó un expediente de ampliación de crédito por un importe de 72.403.376,36 euros, destinado a subvencionar el Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores, cubriendo parcialmente las necesidades.

En el año 2025, el presupuesto asignado no ha resultado suficiente, puesto que la cantidad necesaria para abonar las subvenciones correspondientes al 46 Plan ha alcanzado, a fecha de 31 de diciembre de 2025, los 330.734.443,05 euros, generando un déficit de 15.734.443,05 euros que se traslada a 2026.

A finales de 2025 se aprobaron tres ampliaciones de crédito por un importe total de 20.220.408,14 euros, con cargo a fondos propios del MAPA con el fin de atender el déficit citado.

La propuesta se financia por importe de 7.166.097,11 euros con cargo al Fondo de Contingencia y por importe de 21.588.618,76 euros con cargo al remanente de tesorería del ejercicio anterior de ENESA.

• Ampliación de crédito en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para financiar actividades de interés general consideradas de interés social en relación con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por un importe de 35.403.688,51 euros.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, el Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF del ejercicio 2024 correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. Asimismo se establece que la cuantía asignada para estas actividades será distribuida entre varios ministerios, correspondiendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el 19,43%.

Según certificación de la Agencia Tributaria, el importe definitivo de la asignación tributaria correspondiente a fines sociales como consecuencia de las declaraciones del IRPF devengado en el periodo impositivo 2024 se cifra en 567.985.890,43 euros, ascendiendo el 19,43% de tal cantidad a 110.359.658,51 euros.

En el actual presupuesto prorrogado para 2026, la aplicación presupuestaria 'A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio' cuenta con una dotación inicial de 74.955.970 euros, siendo necesario incrementar la misma en 35.403.688,51 euros para adecuar el crédito a la cantidad asignada para dicha finalidad.

• Ampliación de crédito en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para financiar actividades de interés general consideradas de interés social en relación con la asignación tributaria del Impuesto sobre Sociedades, por un importe de 17.613.018,51 euros.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 establece que el Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.

Asimismo, se establece que la cuantía total asignada para actividades de interés general consideradas de interés social se distribuirá entre varios ministerios, correspondiendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación un porcentaje del 19,43%.

Según certificación de la Agencia Tributaria, de fecha 22 de abril de 2026, el importe definitivo de la asignación tributaria correspondiente a los fines sociales como consecuencia de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas en el ejercicio 2024 y las del ejercicio 2023 no incluidas en el certificado anterior, asciende a un total de 124.621.917,21 euros. Aplicando el porcentaje de 19,43% a esta cuantía resulta un importe de 24.214.038,51 euros.

La dotación en presupuesto prorrogado para 2026 de la aplicación presupuestaria 'A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para actividades de interés general consideradas de interés social procedentes del Impuesto sobre Sociedades' es de 6.601.020 euros, siendo necesario un crédito adicional de 17.613.018,51 euros para adecuar la misma a la cantidad asignada para esta finalidad.

• Ampliación de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para financiar actividades de interés general consideradas de interés social en relación con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades por un importe de 450.523.448,10 euros.

De acuerdo con la memoria aportada por la unidad proponente, se ha recibido la certificación de la Agencia Tributaria, de 22 de abril de 2026, en la que consta el importe definitivo correspondiente a la asignación tributaria para otros fines de interés social en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del periodo impositivo 2024, que afecta a la cuantía a distribuir en la convocatoria de subvenciones a actividades de interés general consideradas de interés social que se gestiona desde la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. La cantidad definitiva asciende a 567.985.890,43 euros.

Asimismo, se ha recibido la certificación de la Agencia Tributaria en la que consta el importe definitivo correspondiente a la asignación tributaria para otros fines de interés social en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades devengado en el periodo impositivo 2024 y las del ejercicio 2023 no incluidas en el certificado anterior, por un importe definitivo de 124.621.917,21 euros.

La cuantía global que se debe distribuir incorpora los ingresos procedentes de las herencias abintestato, por importe de 2.728.012,77 euros, cuya generación se llevará a cabo mediante el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, en la aplicación presupuestaria 'Para actividades de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades'.

Según dispone la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, sobre estas cantidades debe aplicarse el porcentaje de participación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, concretado en el 77,72%.

Por consiguiente, una vez conocida la cantidad definitiva correspondiente a la referida asignación tributaria, y mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de 13 de mayo de 2026, se ha determinado la cuantía exacta correspondiente, por un lado, al tramo autonómico y, por el otro, al tramo estatal en la gestión de estas subvenciones. Dicha Resolución establece un primer tramo estatal equivalente al 20%, por una cuantía que asciende a 108.204.560,17 euros, así como un segundo tramo autonómico equivalente al 80%, lo que supone un total de 432.818.240,70 euros.

Por todo lo anterior, es preciso financiar un importe de 450.523.448,10 euros, con cargo al Fondo de Contingencia, que hoy se aprueba en Consejo de Ministros.

Hacienda

INVERSIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de algo más de un millón de euros al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para financiar inversiones destinadas a reducir el consumo energético en el seno de la Administración Pública, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha sido el centro directivo que ha solicitado esa transferencia de crédito, en concreto por importe de 1.068.221,63 euros.

Como consecuencia de los compromisos adquiridos para atender actuaciones previstas en el 'Acuerdo Interdepartamental de 14 de marzo de 2022 para el desarrollo de las actuaciones conjuntas del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', suscrito entre la Subsecretaría del entonces Ministerio de Justicia y la Secretaría de Estado de Energía, la aplicación presupuestaria presenta unas necesidades de 1.068.221,63 euros.

La transferencia se tramita para dar cumplimiento a los objetivos vinculados al Componente 11 'Modernización de las Administraciones Públicas', Inversión 04 'Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado' (Objetivo 172) establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Hacienda

INVERSIÓN DEL PLAN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 1.399 millones de euros al Ministerio de Industria y Turismo con objeto de financiar la realización de actuaciones previstas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

El pasado 22 de abril de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa, una iniciativa nacional con una inversión prevista en el año 2025 de 10.471 millones de euros en diferentes iniciativas vinculadas a la seguridad y la defensa.

Entre los programas del mencionado Plan, el Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR) participa en 31 de ellos, desarrollando un total de 36 actuaciones. Se trata de proyectos de carácter plurianual para los que se han comprometido 2.139 millones de euros en la anualidad de 2026.

Adicionalmente, el Plan Industrial incluye el programa especial de modernización Satélite imagen radar, PAZ 2, que se instrumenta mediante el Real Decreto 768/2025, de 2 de septiembre, por el que se regulan las bases para la concesión directa de un préstamo a la empresa Hisdesat Servicios Estratégicos, SA, destinado al desarrollo del programa de los satélites de observación de la Tierra con tecnología radar, PAZ 2.

En el marco de este Real Decreto, la entidad beneficiaria ha solicitado una modificación del calendario de pagos, lo que supone una reprogramación de los mismos, trasladando a la anualidad de 2026 un importe de 65.775.300 euros, que inicialmente se había previsto desembolsar en el ejercicio 2029.

Con objeto de financiar en el presente ejercicio los compromisos del Plan, así como otros programas especiales de modernización de carácter plurianual en el ámbito de la seguridad y la defensa, fue preciso incrementar la dotación en una cuantía total de 1.399.411.748 euros.

Por todo lo anterior, y al objeto de disponer de financiación que permita acometer las actuaciones previstas, se precisó la transferencia de crédito por un importe total de 1.399.411.748 euros, de acuerdo con el artículo 9.Uno.1 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2026, todo ello en los términos contenidos en la propuesta.

Hacienda

REFUERZO DE LA SEGURIDAD DE REDES 5G

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 3,6 millones de euros al Ministerio de Defensa para ejecutar un proyecto para el refuerzo de la securización y resiliencia de las redes con comunicaciones 5G, en el marco del componente 15, inversión 6 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En el marco de la Inversión 6 del Componente 15 'Despliegue de 5G: redes, cambio tecnológico e innovación' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fecha 18 de mayo de 2026, se ha firmado un Acuerdo Interdepartamental entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Defensa que establece los términos de la colaboración para la ejecución de un proyecto para el refuerzo de la securización y resiliencia de las redes con comunicaciones 5G del Ministerio de Defensa.

De acuerdo con la cláusula cuarta del citado acuerdo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales realizará una aportación económica de 3.643.534,79 euros que se transferirá desde la aplicación presupuestaria 'Despliegue 5G: redes, cambio tecnológico e innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' a la partida 'Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', del Ministerio de Defensa.

Por consiguiente, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto, se solicitó esta transferencia de crédito al Ministerio de Defensa por el referido importe. Ello ha debido ser autorizado por el Consejo de Ministros.

Hacienda

INVERSIONES EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO CULTURAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos y el número de anualidades para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para afrontar nuevas necesidades en inversiones reales, en los programas 'Archivos', 'Museos' y 'Música y danza' y 'Cinematografía', por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GIEC), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura.

Esta Gerencia ha sido el centro directivo que ha solicitado autorización para modificar los límites y el número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria para acometer una serie de inversiones.

CAPÍTULO 6 DEL PROGRAMA 'ARCHIVOS'.

En primer lugar, para esa aplicación presupuestaria, a nivel de vinculación, la GIEC cuenta con un crédito inicial en el año 2026 de 21,2 millones de euros. Con cargo a esta aplicación, para el ejercicio 2027 se ha retenido crédito por importe de 14.388.268,54 euros y, para el ejercicio 2028, por 15.316.431,52 euros.

Además, la GIEC precisa tramitar diversos expedientes que conllevan retenciones adicionales, que incrementan las necesidades totales para el año 2028 como se observa en el siguiente cuadro (en euros):

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en el siguiente cuadro se recogen el total de las necesidades de gasto en esta aplicación para los ejercicios 2027 y 2028 (en euros):

CAPÍTULO 6 DEL PROGRAMA 'MUSEOS':

Con cargo al capítulo 6 'Inversiones reales' del programa 'Museos' del presupuesto de gastos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, se pretenden tramitar diversas actuaciones, cuya duración implica la necesidad de retener crédito en ejercicios futuros. Entre las actuaciones a realizar, destacan el reajuste de anualidades en las obras de adecuación de la antigua sede del Banco de España a Centro Nacional de Fotografía en Soria, obras en el sistema eléctrico en el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida (Badajoz), y la tramitación anticipada de obras de reformas en diversos museos estatales.

Si sumamos a las actuales retenciones de crédito para adquirir compromisos de gasto en ejercicios futuros, las cuantías necesarias para acometer las actuaciones anteriormente descritas, el resultado es el siguiente (en euros):

CAPÍTULO 6 DEL PROGRAMA 'MÚSICA Y DANZA'.

Actualmente, no existen retenciones de crédito que afecten a ejercicios futuros en el capítulo 6 'Inversiones reales' del programa 335A 'Música y danza' de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.

Con cargo a dicho capítulo 6 'Inversiones reales' del programa 'Música y danza' se pretenden tramitar, de modo anticipado, actuaciones que implican la necesidad de retener crédito en ejercicios futuros. Estas actuaciones son las siguientes:

• Concurso de ideas para las obras de reforma de la Farmacia Militar, en Madrid con el siguiente desglose por anualidades: 410.000 euros en el año 2027, 1.740.000 euros en el año 2028, 100.000 euros en el año 2029, 100.000 euros en el año 2030 y 400.000 euros en el año 2031.
• Concurso de ideas para las obras de reforma del Teatro Emperador, en León con el siguiente desglose por anualidades: 100.000 euros en el año 2027 y 500.000 euros en el año 2028.

La situación resultante tras estas retenciones de crédito para adquirir compromisos de gasto en ejercicios futuros, sería la siguiente (en euros):

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se sometió acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A CATALUÑA PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

El Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 3.185,8 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, esta Comunidad Autónoma ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 3.185,76 millones de euros, que se destinarán a atender los vencimientos de deuda a corto plazo del último semestre del año 2026 y formalizar nuevas operaciones a corto plazo de entes públicos dependientes de la Comunidad. Esta autorización podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A ILLES BALEARS PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a Illes Balears a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 450 millones de euros y se modifica el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2026 por el que se subsana la omisión de autorización para el otorgamiento de garantías por la comunidad autónoma durante 2025, ampliando la cantidad destinada a dichas garantías.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Autorización para operaciones de deuda

En el caso de la autorización de deuda, las Illes Balears habían solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 450 millones de euros, que se destinarán a atender los vencimientos de deuda a corto plazo de la primera quincena de julio de 2026. Ésta podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Modificación del acuerdo por el que se subsana la omisión de autorización para el otorgamiento de garantías

Por otro lado, se ha acordado modificar el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2026 en lo referente al importe de 1.388.296,65 euros de reavales que en el mismo se autoriza a esta comunidad autónoma a conceder a ISBA, SGR, en 2025, que se sustituye por un importe de 1.508.296,65 euros, manteniéndose los restantes términos del citado acuerdo.

En concreto, la comunidad autónoma ha presentado escrito en relación al importe de 1.388.296,65 euros de reavales a ISBA, SGR que se autorizó a la Comunidad Autónoma a conceder durante 2025 mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2026, en atención a un ajuste en el porcentaje de cobertura del reaval de CERSA de las operaciones consideradas.

Balears ha señalado que, una vez se ha procedido al cierre del ejercicio 2025 y se ha dispuesto de las cifras definitivas, se ha comprobado que tras el referido ajuste el nominal final de las operaciones reavaladas supera en 120.000 euros la cifra inicialmente comunicada y autorizada, solicitando su ratificación.

Transportes y Movilidad Sostenible

MODIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, que regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. El Real Decreto modificado entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El objetivo es adecuar determinados aspectos del sistema de cualificación inicial y formación continua de los conductores profesionales a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y normativas, así como corregir disfunciones detectadas en su aplicación práctica.

Principales novedades

La principal novedad de la norma reside en la previsión de un modelo híbrido de formación inicial: así, se permitirá que un 66% de la formación inicial para la obtención del CAP pueda hacerse online, a través de un sistema de aula virtual, de carácter síncrono, con conexión en tiempo real entre alumnado y profesorado.

Esto significa que las empresas CAP podrán utilizar el sistema de aula virtual para impartir hasta 166 de las 280 horas de la formación constitutiva de los cursos de cualificación inicial ordinaria, y hasta 92 de las 140 de la formación constitutiva de los cursos de cualificación inicial acelerada.

Para garantizar una formación de calidad con las máximas garantías, se establecen numerosas medidas de control. Asimismo, en ningún caso se utilizará el sistema de aula virtual para la impartición de las clases prácticas o la realización de los exámenes de cualificación inicial.

Se prevé también el uso del sistema de aula virtual en circunstancias excepcionales (fenómenos, meteorológicos extremos, catástrofes, crisis sanitarias, etc.), considerándose en este caso como formación presencial (no aplicable a clases prácticas y exámenes).

Al margen de la implementación del sistema de aula virtual, el Real Decreto incorpora una serie de novedades adicionales, a efectos de reforzar la seguridad jurídica y reducir cargas administrativas para los ciudadanos. Entre estas incorporaciones se encuentra la previsión de dos nuevas exenciones a la obligatoriedad del CAP, por su escasa incidencia en el mercado de transportes, o la sustitución de la obligatoriedad del uso de sistemas biométricos para el control de presencia y acceso a los cursos por otros mecanismos, como hojas de firmas o registros digitales equivalentes, en concordancia con los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos.

Necesidad de la modificación

El certificado de aptitud profesional (CAP) se configura como una formación obligatoria de los conductores profesionales, adicional a la existente para la obtención de los permisos de conducción de clase C y D (camiones y autobuses).

Consiste, por un lado, en una cualificación inicial que debe obtenerse con independencia del permiso de conducción y, por otro, una formación continua cada cinco años dirigida a mantener actualizados los conocimientos inicialmente exigidos.

En un contexto de escasez de conductores profesionales y de transformación digital del sector de la formación, y dentro de los márgenes que permite la Directiva europea, se introduce la posibilidad de utilizar el sistema de aula virtual como una modalidad alternativa para la impartición de parte de los cursos de cualificación inicial, eliminando su restricción a la situación excepcional derivada de la pandemia motivada por el COVID-19. No obstante, esta flexibilización pretende mantener un equilibrio adecuado entre el uso de herramientas digitales y la formación presencial.

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de una inversión de 1.006 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de Red de Carreteras del Estado (RCE) en diez comunidades autónomas.

Los seis expedientes de contratación autorizados, divididos en 29 lotes, contemplan actuaciones en varios tramos de carreteras estatales de 10 comunidades autónomas y 20 provincias: Comunitat Valenciana (Alicante y Castellón), Castilla y León (Burgos, Valladolid, León y Soria), Castilla-La Mancha (Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real), Andalucía (Huelva), Comunidad de Madrid, La Rioja, Aragón (Zaragoza), Asturias, Galicia (A Coruña) y Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida).

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Los seis contratos autorizados hoy están destinados al mantenimiento y conservación de casi 3.670 kilómetros de carreteras estatales en las diez comunidades autónomas mencionadas, incluyendo 2.261 kilómetros de autovías.

A continuación, se desglosan por Comunidad Autónoma y provincia, las actuaciones y tramos de carreteras afectados:

Castilla y León (188,4 millones)

• Provincia de Burgos: Se han autorizado dos lotes en sendos contratos para actuar en la A-1, la A-11, la N-122 y la N-1, en el primer lote, y en la A-73, la N-623 y N-627 en el segundo.
• Provincia de León: Se ha dado luz verde a un lote que tiene por objeto la conservación del sector 2 de carreteras incluyendo la A-66, la LE-30, la LE-11 entre los km 0 y 11, la LE-20, la N-120, la N-601, la N-630 y la N-621.
• Provincia de Valladolid: Se ha autorizado un lote para la conservación tramos en la A-62, la VA-30, la N-620 y la N-122 entre los km 396 y 412.
• Provincia de Soria: El lote de Soria tiene por objeto la conservación de más de 40 km en la A-2.

Comunitat Valenciana (83,78 millones)

• Provincia de Alicante: Se han autorizados dos lotes a través de dos contratos que se centran, en el primero de ellos, en la A-31, la A-7, la A-70, la A-77; y el segundo en la N-344, la A-33 y la A-31.
• Provincia de Castellón: Este lote se dirige al mantenimiento de varios tramos en la N-340, la N-234, la N-232A y la N-238.

Andalucía (20,42 millones)

• Provincia de Huelva: Este lote tiene por objeto la conservación del sector 3 de carreteras en esta provincia en la A-49, la N-435 y la N-435A.

Comunidad de Madrid (60,76 millones)

• A través de dos lotes diferentes, se ha dado visto bueno a la conservación de varios tramos y vías de servicio de la A-4 y la A-2 en la provincia.

Principado de Asturias (32,35 millones)

• Los trabajos en Asturias se van a centrar en la A-63, la A-66, la N-630; la O-11 y la O-12.

Galicia (26,58 millones)

• Provincia de A Coruña: Este lote tiene por objeto la conservación del sector 3 de carreteras, incluyendo la A-6, la AC-14, la AC-10 y la AC-15.

Castilla-La Mancha (183,9 millones)

• Provincia de Cuenca: Con dos lotes, la conservación de carreteras en esta provincia se centrará en la A-3, la A-43, la A-31, la N-3, y la N-310.
• Provincia de Albacete: Se han autorizado dos lotes que tienen por objeto la conservación de tramos de la A-31, la A-43, la N-301 y la N-310, en el primero de ellos, y la A-31, la A-33, la A-35, la N-330, la N-344 y la N-340ª.
• Provincia de Guadalajara: Se trata de un lote para la conservación de más de 100 km de la A-2 y varios tramos de la N-2.
• Provincia de Ciudad Real: Este lote tiene por objeto la conservación de más de 110 km de la A-4 así como distintas vías de servicio y enlaces.

Catalunya (216,32 millones)

• Provincia de Barcelona: Se han autorizado dos lotes para la conservación de varios tramos de AP-7 y de la B-30, así como distintos enlaces de estas autovías.
• Provincia de Girona: A través de un lote, se continuará el mantenimiento de la AP-7 y distintos enlaces de esta autovía.
• Provincia de Tarragona: Este lote tiene por objeto la conservación del sector 5 de carreteras en esta provincia en la AP-7 y la AP-2.
• Provincia de Lleida: En Lleida, se trabajará para la conservación de la AP-2 y distintos enlaces y vías de servicio de la misma.

La Rioja (45,36 millones)

• Este lote tiene por objeto la conservación del sector 3 de carreteras en esta provincia, incluyendo la AP-68 entre los km 77 y 122, y 150 y 201; la A-68 entre los km 122 y 150; así como distintos ramales de enlace de la A-68 con las autovías A-12 y LO-20.

Aragón (148,68 millones)

• Provincia de Zaragoza: Se han autorizado cuatro lotes en dos contratos, que abarcan diferentes sectores de carreteras con diversos tramos en la AP-68 y su enlace con la A-2, la A-2, la N-234, la N-2, la N-2A, y la N-2R, la A-68, la N-232, la Z-40 y la AP-2.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.

Transportes y Movilidad Sostenible

CONTROL DE TRÁFICO EN ALTA VELOCIDAD ENTRE LLEIDA Y FIGUERES

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, a través de Adif, del contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios del tramo Lleida-Barcelona-Sants-Figueres de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Barcelona-Francia. El valor estimado del contrato asciende a 52,7 millones de euros (IVA no incluido).

Dicho contrato, que tiene una vigencia de 48 meses, comprende la realización de las operaciones necesarias de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo que permitan mantener óptimos niveles de disponibilidad, eficacia y funcionalidad de las instalaciones. Todo ellos con el objetivo de garantizar la seguridad de las circulaciones, la fiabilidad de las instalaciones y el confort de los viajeros.

Los centros de mantenimiento desde donde se desarrollarán estas operaciones son los situados en L'Espluga de Francolí y Perafort (Tarragona), Vilafranca del Penedès, El Prat-Can Tunis, la Sagrera y Montmeló (Barcelona) y Vilobí d'Onyar (Girona).

Entre las instalaciones incluidas en estos servicios figuran dispositivos y elementos claves en la gestión del tráfico ferroviario: enclavamientos electrónicos, los cuales controlan el accionamiento de los elementos situados en la vía, como señales, cambios de aguja, entre otros; así como circuitos de vía y contadores de ejes que detectan la presencia de trenes en un tramo de vía determinado.

Asimismo, comprenden el Control de Tráfico Centralizado (CTC); sistemas ERTMS y ASFA; sistemas de energía; telecomunicaciones fijas; detectores de caída de objetos y cajas calientes; y el telemando de energía, entre otros.

Educación, Formación Profesional y Deportes

NUEVO CENTRO DE REFERENCIA PARA EL SECTOR DEL VIDRIO INDUSTRIAL Y TRES NUEVOS CERTIFICADOS PROFESIONALES

El Consejo de Ministros ha aprobado la calificación de la Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso como Centro de Referencia Nacional del área profesional de Vidrio Industrial, en el ámbito de la Formación Profesional. También ha dado luz vez a la creación de tres nuevos Certificados Profesionales en Procedimientos y técnicas de micropigmentación; Asistencia clínica en centros veterinarios; y Cultivo y trabajos en palmeras.

La Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso se suma así a la Red de Centros de Referencia Nacional existente, compuesta actualmente por 41 centros, a los que se sumarán dos nuevas instituciones que están ultimando su tramitación. Estos centros, de ámbito estatal, son referencia para el conjunto del sistema de la Formación Profesional, tanto para los centros de formación para el empleo como para los centros del sistema educativa.

La red está compuesta por establecimientos punteros en sus respectivas áreas, que tienen como objetivo promover las medidas y programas de investigación precisos para atender las necesidades de los sectores emergentes e innovadores. Sus funciones incluyen analizar las nuevas tendencias formativas y experimentar su puesta en práctica, promover redes de colaboración con organizaciones empresariales, sindicales y universitarias, colaborar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, entre otras tareas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha validado también la creación de tres nuevos Certificados Profesionales, correspondientes a un Grado C.

• En primer lugar, crea un certificado de nivel 3 en Procedimientos y técnicas de Micropigmentación, de la familia de Imagen Personal, tiene una duración de 510 horas. Los puestos de trabajo más relevantes asociados a este título son los de especialistas en procesos de micropigmentación, especialistas en procesos de renovación, modificación y eliminación de micropigmentación, así como los de asesores y asesoras de escuelas y academias de micropigmentación, entre otros.
• El segundo certificado creado, el de Asistencia clínica en centros veterinarios, tiene una duración de 690 horas y pertenece a la familia Agraria. Forma a ayudantes de veterinaria y permite a quienes lo superan realizar su actividad en todos los sectores económicos que desarrollen actividades de recepción y hospitalización, laboratorio de análisis clínicos, consulta, quirófano y sala de rayos X en centros y servicios veterinarios.
• Por último, el certificado de Cultivo y trabajos en palmeras, también de la familia Agraria, es de nivel 2 y consta de 530 horas. Permite ejercer en todos los sectores económicos que desarrollen tareas de cultivo, cuidado y poda en altura de palmeras. Esto incluye la recolección de dátiles y otros subproductos, así como la producción de palma blanca y la confección artesanal de composiciones en el subsector de agricultura.

Educación, Formación Profesional y Deportes

AYUDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPORTISTAS ESPAÑOLES

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de ayudas, por valor de 29,4 millones de euros, con las que el Consejo Superior de Deportes (CSD) reforzará la protección social de los deportistas de alto nivel y respaldará la preparación de los deportistas y entrenadores que representan a España en las principales competiciones internacionales.

Esta medida permitirá al Consejo Superior de Deportes desplegar el principal instrumento de apoyo a los deportistas de alto nivel. Y es que esta convocatoria aglutina las ayudas a la protección social, los programas de impulso a la preparación y el reconocimiento a los resultados deportivos.

Una inversión estratégica en el camino hacia Los Ángeles 2028

Con esta dotación de 29,4 millones de euros, el Ejecutivo continúa reforzando las políticas públicas de apoyo a quienes representan a España en la élite deportiva.

La inversión aprobada permitirá consolidar una cobertura integral para los deportistas de alto nivel en el actual ciclo olímpico y paralímpico, garantizando tanto su protección social como los recursos necesarios para afrontar con garantías la preparación deportiva y el desarrollo de su carrera.

Para ello, el Consejo Superior de Deportes convocará ayudas para la cotización a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel, ayudas por resultados deportivos y becas de preparación deportiva, al tiempo que consolidará los programas Team España Élite y Team España Estratégico, pilares de la estrategia impulsada por el CSD.

Tres líneas de actuación

La primera línea de ayudas estará dotada con hasta 3 millones de euros y se destinará a financiar la cotización a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel. Esta medida permitirá sufragar las cuotas correspondientes a deportistas profesionales, trabajadores autónomos o beneficiarios de convenios especiales para deportistas de alto nivel, consolidando una de las principales herramientas de protección social impulsadas por el Gobierno.

La segunda línea contará con una dotación máxima de 13,9 millones de euros para deportistas y entrenadores de modalidades incluidas en el programa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Aquí se incluyen las ayudas por los resultados obtenidos en competiciones internacionales durante 2025 y las becas CSD Team España-ADO y CSD Team España Transición, destinadas a acompañar a los deportistas durante la preparación deportiva y en el momento de su retirada de la competición.

Por último, la convocatoria contempla una tercera línea de ayudas, dotada con hasta 12,5 millones de euros, destinada a las federaciones deportivas españolas para el desarrollo de los programas Team España Élite y Team España Estratégico. Ambos programas constituyen herramientas fundamentales de la política deportiva del Consejo Superior de Deportes, al estar orientados a maximizar el rendimiento de los deportistas con opciones de éxito internacional y a fortalecer aquellas modalidades con un elevado potencial de proyección exterior.

Recursos procedentes de los clubes de fútbol profesional

Los 29,4 millones de euros asignados a estas tres líneas de ayuda proceden de los ingresos generados por la comercialización de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol profesional. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2015, una parte de estos recursos se destina al Consejo Superior de Deportes para financiar los sistemas públicos de protección social de los deportistas de alto nivel y las ayudas dirigidas a deportistas y entrenadores que representan a España en competiciones internacionales.

Gracias a este mecanismo, el Gobierno de España reinvierte en el conjunto del sistema deportivo los recursos generados por los clubes de fútbol profesional, fortaleciendo el deporte de alto nivel y garantizando una mayor protección a quienes contribuyen a proyectar la imagen y el prestigio de nuestro país en el mundo.

Política Territorial y Memoria Democrática

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TRASPASADOS A LA GENERALITAT DE CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos, tras los acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Generalitat de Cataluña, en su reunión del pasado 20 de mayo de 2026, sobre ampliación de medios patrimoniales adscritos a servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña.

Se aprueban, por un lado, ampliación de medios en materia de reforma y desarrollo agrario y, por otro lado, ampliación de medios en materia de ordenación y gestión del litoral.

Ampliación de medios en reforma y desarrollo agrario

El Real Decreto aprobado tiene la finalidad de ampliar los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el real decreto 241/1981, en materia de reforma y desarrollo agrario, concretamente, se traspasa el bien adscrito al Canal Xerta-Sénia, con ubicación en el término municipal de Santa Bárbara (Tarragona).

Ampliación de medios en materia de ordenación y gestión del litoral

El Real Decreto aprobado tiene la finalidad de ampliar los medios patrimoniales adscritos a las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Generalitat de Cataluña por los Reales Decretos 1404/2007 y 1387/2008, en materia de ordenación y gestión del litoral, con el traspaso del siguiente bien inmueble: la totalidad de la planta 2ª, de 603,69 metros cuadrados, en el Edificio "Siza", sede de la Demarcación de Costas de Cataluña, situada en Avenida del Litoral Mar, 36-40, de Barcelona.

Cultura

LOS TALLERES AERONÁUTICOS DE BARAJAS-TABSA DECLARADOS BIEN DE INTERÉS CULTURAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento de los Talleres Aeronáuticos de Barajas-TABSA, situados dentro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El Ministerio de Cultura inició en febrero de 2026 el trámite del expediente para esta declaración, que supone la aplicación del máximo nivel de protección establecido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Los Talleres Aeronáuticos de Barajas-TABSA constituyen un ejemplo excepcional del Patrimonio Industrial en España y una de las infraestructuras aeronáuticas más relevantes del proceso de modernización de la aviación comercial durante la década de los cincuenta. Su conservación y puesta en valor se consideran indispensables por su valor histórico, técnico y arquitectónico.

El complejo fue proyectado entre 1957 y 1958 por el arquitecto Alejandro de la Sota Martínez (1913-1996), con la colaboración del ingeniero aeronáutico Enrique Guzmán, director de TABSA en ese periodo, y el ingeniero industrial Eusebio Rojas Marcos. La construcción se enmarca en el contexto de la intensa inversión pública y privada que experimentaron los aeropuertos españoles en esos años, un proceso que culminó en el Plan de Aeropuertos de 1958, que consolidó la separación entre la aviación comercial y la militar.

Talleres Aeronáuticos de Barajas-TABSA

Los Talleres Aeronáuticos de Barajas-TABSA se constituyeron en 1953 con el objetivo de asumir el mantenimiento de los aviones de Iberia y AVIACO. Entre las entidades fundadoras figuraba la británica Bristol Aeroplane Co. Ltd., cuya aportación fue decisiva al proporcionar equipamiento técnico y personal especializado. Desde sus primeros años de actividad, TABSA amplió progresivamente sus funciones, incorporando labores de inspección, bancos de pruebas y reparación de un número creciente de modelos de motores y material auxiliar, lo que hizo necesaria la construcción de una nave específica adaptada a todas las fases del proceso de revisión.

El conjunto de los Talleres Aeronáuticos de Barajas está formado por dos edificaciones: una nave principal de 107 metros de longitud y otra de menor tamaño destinada al banco de pruebas de motores. La decisión del arquitecto Alejandro de la Sota de no ocultar el sistema estructural supuso una solución innovadora para su época, aportando una sensación de ligereza y desmaterialización que constituye uno de los principales valores del inmueble.

El edificio combina la eficiencia funcional exigida por su actividad con una solución técnica diferente y una clara apuesta por una estética racionalista. Esta se manifiesta también en la ausencia de elementos accesorios y la exposición de la estructura y de los materiales, como vigas, pilares, hormigón, instalaciones eléctricas, placas de yeso y tuberías.

El arquitecto

Alejandro de la Sota (1913-1996) es uno de los maestros de la arquitectura española del siglo XX. Fue profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y una figura de referencia para varias generaciones de arquitectos. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Arquitectura y el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1973, así como la Medalla de Oro al Mérito en las de Bellas Artes en 1986.

Su implicación directa en la fase inicial del proyecto de TABSA fue determinante para concebir un edificio ajustado con precisión a las necesidades operativas del taller, y que resolvió mediante una concepción espacial innovadora y la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas para la época.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

IMPLANTACIÓN DE UN ESTUDIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN MADRID

El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 20 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) para la implantación en la capital de Ítaca Films Madrid, un estudio de contenidos de vocación internacional.

La aportación pública de 20 millones de euros forma parte de una operación total de 45 millones en colaboración público-privada, junto con Grupo Ítaca y el inversor el Grupo Omegas Capital, que atrae capital de varios países. El proyecto prevé poner en marcha un plan de producción de 419 millones de euros y 26 producciones audiovisuales a diez años.

La operación atrae a España a una empresa ya consolidada. Con más de 90 títulos producidos en 18 países y relaciones de trabajo con los principales estudios, plataformas y distribuidores internacionales, Ítaca opera como estudio de contenidos: desarrolla, produce y explota proyectos audiovisuales a lo largo de todo su ciclo de vida. Su matriz, fundada en 2010 en México, está especializada en cine, televisión, plataformas digitales y nuevos formatos.

La decisión de implantar el proyecto en España -y de canalizar hacia él capital internacional- responde a un ecosistema audiovisual consolidado, con talento creativo y técnico de primer nivel, un marco de incentivos fiscales competitivo y un acceso privilegiado a los mercados europeo y latinoamericano. España refuerza así su posición en la cadena de valor audiovisual global y su atractivo como destino de inversión extranjera en el sector.

El proyecto prevé un impacto laboral significativo en España, con la creación de empleo cualificado y estable vinculado a la actividad de producción. Se estima la generación de entre 20 y 40 empleos directos indefinidos y una media cercana a 900 empleos anuales directos e indirectos asociada a rodajes y a los proveedores y servicios que cada producción moviliza en sectores como el técnico, la hostelería, el transporte o la logística.

El plan integra, además, un componente de transformación tecnológica que vincula la producción audiovisual con el desarrollo de capacidades con nuevas tecnologías. Este eje refuerza el tejido empresarial tecnológico y la empleabilidad cualificada, en coherencia con la apuesta por la digitalización del sector y los objetivos de la SETT.

Esta inversión enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea - fondos Next Generation-.

Junto al Spain Audiovisual Hub, la SETT gestiona dos instrumentos financieros más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y Next Tech, que incentiva la inversión privada y mejora el acceso a la financiación en los sectores estratégicos españoles vinculados a la transformación digital.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

DESARROLLO DE UN PROYECTO ESPAÑOL PARA UNA GIGAFACTORÍA DE IA

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy una inversión de 719 millones de euros, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en el consorcio público-privado que desarrollará una Gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial y optará a la convocatoria que la Comisión Europea lanzará próximamente.

Con esta operación, la SETT podrá pasar a formar parte del accionariado de la sociedad que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría.

Con este proyecto se busca situar a España a la vanguardia de las infraestructuras europeas de inteligencia artificial, con un enfoque especial en sostenibilidad. La Comisión Europea enmarcó esta convocatoria en la iniciativa InvestAI, con un fondo específico para financiar gigafactorías.

Infraestructuras críticas

Las gigafactorías de IA son centros de datos enormes diseñados con un propósito concreto: albergar cientos de miles de GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico), imprescindibles para entrenar y hacer inferencia de grandes modelos de inteligencia artificial, como los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM), o modelos avanzados de visión artificial.

Así, una gigafactoría de IA es una gran infraestructura tecnológica e industrial donde se entrenan y operan los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Frente a los centros de datos convencionales, optimizados para tareas más comunes (como servicios cloud y almacenamiento de datos), son instalaciones especializadas en aportar la enorme capacidad de cálculo que necesita la nueva generación de IA.

El panorama actual de infraestructuras de cómputo capacitadas para entrenamiento de grandes modelos está fuertemente dominado por los hiperescaladores estadounidenses y el ecosistema cerrado de China. Europa y España, a través de la red EuroHPC -al que pertenece el MareNostrum 5, supercomputador del Centro Nacional de Supercomputación-BSC-, y a través de programas como el PERTE Chip, busca establecer polos de supercomputación soberanos para evitar la dependencia absoluta de infraestructuras extranjeras de procesamiento.

Contar con una gigafactoría redundaría de forma muy positiva en aquellos sectores que necesitan una gran capacidad de cálculo para desarrollar inteligencia artificial avanzada: desde startups y pymes, grandes empresas, universidades, centros de investigación y también administraciones públicas. Una gigafactoría como la planteada serviría para que el ecosistema europeo pueda entrenar, probar y desplegar modelos de IA sin depender por completo de proveedores extranjeros. Está previsto que estas infraestructuras puedan dar también soporte a la investigación, la industria y el tejido empresarial.

Para España y Europa, es un paso en favor de más autonomía tecnológica, más capacidad industrial, más empleo cualificado y menos dependencia externa. Además, infraestructuras de esta escala tienen impactos directos en la creación de empleo de alta cualificación y en el desarrollo macroeconómico del territorio.

Liderazgo español

La operación se articula mediante un consorcio público-privado cuya composición se está ultimando, porque la escala del proyecto exige combinar liderazgo público, músculo industrial, financiación y capacidades tecnológicas. Un proyecto de esta dimensión requiere una estructura capaz de coordinar inversión, infraestructura y operación.

Esta operación refuerza un ecosistema español de IA que ya está dando pasos concretos. España ya cuenta con dos AI Factories vinculadas a EuroHPC, el Barcelona Supercomputing Center y el Centro de Supercomputación de Galicia CESGA, ambos con financiación del estado.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

DESARROLLO DE UN ESTUDIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ALICANTE

El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 19,8 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en la compañía Good Films Studios Spain, para establecer en España un estudio de producción de cine independiente que aborde proyectos internacionales de gran envergadura.

Esta inversión, que se enmarca dentro de una operación de colaboración público-privada que suma un total de 40,5 millones de euros, permitirá no solo producir títulos competitivos a nivel global, también retener propiedad intelectual nacional y acceder a mercados internacionales a través del expertise de sus fundadores.

El origen de esta nueva empresa se encuentra en Good Films, corporación británica nacida en 2007 con una trayectoria cinematográfica consolidada, que apuesta por el sector audiovisual español a través del apoyo financiero de Orogen, vehículo de capital canadiense y estadounidense especializado en cine.

La nueva compañía, Good Films Studios Spain, se ubica en Alicante, en los estudios de la Ciudad de la Luz, lo que generará de por sí un efecto tractor en el ámbito audiovisual, a incentivar el empleo local, el desarrollo de planes de formación y la atracción de talento cualificado. el proyecto prevé generar 215 millones de euros de inversión directa en España en los primeros cinco años, así como otros 390 millones derivados de efectos indirectos y multiplicadores sectoriales. La actividad productiva movilizará un amplio ecosistema de profesionales técnicos, artísticos y empresas auxiliares, incluyendo servicios de producción, postproducción, logística, transporte, decorados y servicios creativos digitales, así como la capacitación de nuevos profesionales.

El equipo que integra la compañía consta de dilatada experiencia en la producción cinematográfica independiente internacional, lo que permite a Good Films Studios Spain integrarse plenamente en la cadena de valor audiovisual a través del desarrollo, estructuración financiera, producción y explotación de largometrajes fuera de nuestras fronteras.

Esta sociedad busca posicionarse en el segmento de cine independiente de presupuesto medio-alto, con proyectos comprendidos entre 17 y 25 millones de euros, un rango que permite articular esquemas financieros híbridos y asegurar una adecuada proyección en mercados y plataformas internacionales.

Esta inversión enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea - fondos Next Generation -.

Junto al Spain Audiovisual Hub, la SETT gestiona dos instrumentos financieros más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y Next Tech, que incentiva la inversión privada y mejora el acceso a la financiación en los sectores estratégicos españoles vinculados a la transformación digital.

BIOGRAFÍAS

Trabajo y Economía Social

Director general del Servicio Público de Empleo Estatal

D. RICARDO CUESTA GARCÍA

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especialidad Relaciones Internacionales, por la Universidad Complutense de Madrid, realizando parte de sus estudios en la Universitá Degli Studi di Catania, y Licenciado en Derecho por la UNED, con Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta asimismo con diversos estudios de posgrado en administración pública, práctica jurídica, gestión pública e investigación y desarrollo local.

Funcionario de carrera de la escala de Administración General, subescala Técnica (rama jurídica), subgrupo A1. Desarrolla su trayectoria profesional desde 1994 en el ámbito de las políticas públicas de empleo, relaciones laborales, gestión pública, desarrollo local y asesoramiento jurídico en dichas materias.

En la actualidad desempeña el puesto de subdirector general de Estadística e Información del Servicio Público de Empleo Estatal, ejerciendo funciones de coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), evaluación y estadística del Sistema Nacional de Empleo, impulso del Observatorio de las Ocupaciones y coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Anteriormente, desde marzo de 2020, desempeñó el puesto de director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Madrid. También ha trabajado como técnico de Empleo y Desarrollo Local en los ayuntamientos de Madrid (1994-1997) y de Torrejón de Ardoz (1998-2019). Fue responsable del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz desde 2019 al 2020.

Ha desarrollado asimismo actividad docente universitaria durante los años 2003 al 2012 siendo profesor asociado del área del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid y formador de empleados públicos en políticas de empleo y formación durante más de 20 años. También ha actuado como consultor experto para administraciones públicas sobre políticas de empleo y desarrollo local en países como Brasil, Argentina, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Guinea Ecuatorial.