Referencia Consejo Ministros

SUMARIO

Economía, Comercio y Empresa

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Interior

Transportes y Movilidad Sostenible

Educación, Formación Profesional y Deportes

Industria y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Política Territorial y Memoria Democrática

Sanidad

Ciencia, Innovación y Universidades

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CONTRATO DE OBRAS DE EN EL CAMPO DE CARTAGENA. RECUPERACIÓN DE LA RAMBLA DE LA PESCADERÍA, TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS ALCÁZARES (MURCIA).

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de parque inundable para captación de escorrentías en Los Alcázares (Murcia), segunda fase de la actuación impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM).

La actuación, con una inversión de 18,7 millones de euros, permitirá reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano mediante soluciones basadas en la naturaleza, así como contener la llegada de sedimentos y contaminantes al Mar Menor durante episodios de lluvias intensas.

El parque inundable, de más de 30 hectáreas, tendrá capacidad para retener y laminar hasta 400.000 metros cúbicos de escorrentías y contribuirá además a la mejora de la biodiversidad, la conectividad ambiental y la integración paisajística del entorno.

Esta actuación complementa la fase I aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 14 de abril, destinada a la recuperación del tramo final de la rambla de La Pescadería, y forma parte del Cinturón Verde del Mar Menor, una red de humedales, filtros verdes y espacios renaturalizados para mejorar la resiliencia ambiental de la laguna.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

INICIATIVAS COFINANCIADAS A TRAVÉS DEL FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de criterios para la distribución de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, para sometimiento a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, destinados al impulso y apoyo a iniciativas y acciones cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial correspondiente a 2026, por importe total de 23.115.946,12 euros.

Este presupuesto, que se repartirá entre las distintas comunidades y ciudades autónomas atendiendo a criterios de económicos, sociales y relativos a la densidad de población, financiará proyectos que generen oportunidades de desarrollo económico y social, consolidando la cohesión territorial.

Dinamización socioeconómica en los territorios

El Fondo de Cohesión Territorial (FCT), dotado en 2026 con 23,1 millones, busca impulsar un modelo territorial policéntrico, fomentando un desarrollo local social, económico y medioambiental, integrado e inclusivo, que se desarrolle de forma prevalente en pequeñas y medianas localidades y ciudades a partir de sus propias potencialidades.

Para alcanzar esta meta, las acciones seleccionadas por las comunidades autónomas deberán cumplir varios objetivos:

• Promover medidas de ordenación del territorio que favorezcan un nuevo modelo productivo-territorial y que apuesten por un modelo de desarrollo local social, económico y medioambiental integrado, equitativo e inclusivo.
• Abordar los desequilibrios territoriales en lo referente al acceso de la ciudadanía a los servicios esenciales requeridos para el mantenimiento de la población en zonas con dificultades demográficas, en especial sanitarios, educativos, habitacionales o que afecten a la movilidad y la conectividad territorial.
• Promover medidas con el fin de incentivar la actividad económica en zonas en situación de vulnerabilidad territorial y declive demográfico, que favorezcan el desarrollo de iniciativas de carácter empresarial, y que sean medioambientalmente sostenibles, generadoras de empleo y revalorizadoras del territorio.
• Impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de su área de influencia, preferentemente comarcal y/o provincial.

Este Fondo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se articuló por primera vez en 2022. Desde 2021 la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico ha distribuido 199 millones -90 millones con cargo a los PGE en el periodo 2021-2025 y 109 millones del Plan de Recuperación en los ejercicios 2022 y 2023-, a los que se suman los 23 millones aprobados en Consejo de Ministros, cuyo reparto tendrá que ser acordado próximamente en la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico.

En todos los ejercicios, la distribución se ha aprobado por unanimidad por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las comunidades autónomas, atendiendo a criterios de densidad de población, económicos y sociales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ESCUELA SUPERIOR DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la presencia de la Escuela Superior del Personal del sistema de las Naciones Unidas en el Reino de España.

La Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC) se constituye por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 55/207, de 20 de diciembre de 2000 para la gestión del conocimiento, la formación y aprendizaje para el personal del sistema de las Naciones Unidas. UNSSC tiene su sede en Turín y una Oficina en Bonn, inaugurada en 2016.

En el contexto del informe "Nuestra Agenda Común", elaborado en 2021 por el Secretario General de las Naciones Unidas para impulsar la Agenda 2030 y responder a los desafíos, UNSSC propuso a España el posible establecimiento de una Oficina en Madrid para abordar uno de los ámbitos de las recomendaciones del Secretario General: "Modernización de las Naciones Unidas para adaptarlas a una nueva era" mediante la formación del personal de las Naciones Unidas en las cinco áreas relacionadas con el llamado "Quinteto del Cambio": datos, análisis y comunicaciones; innovación y transformación digital; previsión estratégica; aplicación de Ciencias del Comportamiento; y políticas orientadas a resultados.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

FIRMA Y APLICACIÓN PROVISIONAL DEL ACUERDO DE SEDE ENTRE ESPAÑA Y LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Corte Permanente de Arbitraje.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) tiene su origen en la Convención para el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, concluida durante la primera Conferencia de Paz de La Haya el 29 de julio de 1899, con el objeto de buscar los medios más objetivos para garantizar los beneficios de una paz real y duradera y limitar el desarrollo progresivo de los armamentos existentes.

La Convención de 1899 fue revisada en una segunda Conferencia de Paz de La Haya por medio de un nuevo instrumento hecho el 18 de octubre de 1907. España pasó a ser Parte del primero desde el 4 de septiembre de 1900 y del segundo desde el 17 de mayo de 1913. En la actualidad la CPA cuenta con 128 Partes Contratantes que han aceptado uno o ambos convenios fundacionales.

La CPA tiene su sede en La Haya y su órgano principal es la Oficina Internacional, encabezada por un Secretario General elegido para periodos de cinco años, puesto que desempeña Marcin Czepelak para el periodo 2022-2027. Para que los servicios de resolución de disputas sean más accesibles, la CPA ha adoptado una política de celebración de Acuerdos de Sede con Estados que son Partes Contratantes de las Convenciones de 1899 y 1907.

España fue invitada por el Secretario General de la CPA a establecer una oficina permanente que, además de facilitar el acceso a sus mecanismos de resolución pacífica de controversias, refuerza el apoyo al multilateralismo y promueve el uso del español en el ámbito internacional.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO CON ARABIA SAUDÍ PARA EXENCIÓN RECÍPROCA DE VISADOS PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, ESPECIALES Y DE SERVICIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio.

Este acuerdo tiene como objetivo reforzar y profundizar las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países, y facilitar la libre circulación de los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio. En marzo de 2026 se ha alcanzado un acuerdo sobre el texto del tratado internacional.

La posibilidad de adoptar acuerdos de supresión de visados de pasaportes diplomáticos está contemplada en el Reglamento (UE) 2018/1806, de 14 de noviembre de 2018, que, además de determinar los países terceros cuyos nacionales deben estar provistos de visados al cruzar las fronteras exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, permite a éstos establecer excepciones a la obligación de visados para los nacionales de países terceros cuando sean titulares de pasaportes diplomáticos, pasaportes de servicio u oficiales, o pasaportes especiales.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA APORTACIÓN DE LOS USUARIOS Y SUS BENEFICIARIOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.

La reforma tiene como finalidad reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos y garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos, especialmente en un contexto marcado por el incremento del coste de vida y la incertidumbre económica internacional.

Se motiva en la necesidad de adaptar el modelo vigente de copago farmacéutico para corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos, en particular entre pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar incluidos en los supuestos de exención, asumían una carga económica elevada derivada de tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica.

La reforma aprobada permite implementar un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos.

En este sentido, diversos análisis técnicos elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han puesto de manifiesto que determinados niveles de aportación pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica y favorecer interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos, con el consiguiente impacto sobre la salud de los pacientes y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Entre las principales novedades de la norma destaca la ampliación de los niveles de aportación para personas activas y sus beneficiarios, que pasan de tres a seis tramos de renta, ajustando de forma más progresiva los porcentajes de copago. Además, se incorporan nuevos topes máximos mensuales de aportación para los colectivos con una renta anual inferior a 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites específicos, con el objetivo de limitar el impacto económico en las personas con tratamientos prolongados y en polimedicados.

En el caso de los pensionistas, la reforma introduce también una revisión de los tramos de aportación y de los límites máximos mensuales con el objetivo de reforzar la protección de las personas mayores con menores ingresos y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración.

La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y actualiza los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva. Además, se establece la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos, evitando que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho.

Asimismo, la reforma mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.

Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. El Ministerio de Sanidad destaca que la reforma contribuirá a mejorar la adherencia terapéutica, prevenir complicaciones evitables y reducir la presión asistencial derivada de interrupciones de tratamientos por motivos económicos.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del listado de trastornos mentales. En conmemoración de este importante avance, desde el año 2004 se celebra el 17 de mayo como el Día Internacional contra la LGTBIfobia, con el fin de visibilizar y poner de manifiesto las violaciones de los derechos de las personas LGTBI+ y de impulsar su defensa a nivel global. Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"La aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, junto al desarrollo de políticas públicas como la puesta en marcha del Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBI, han supuesto un importante avance hacia la igualdad, la justicia social y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, consolidando el liderazgo de España en este ámbito. Según la edición de 2026 del Rainbow Map de ILGA-Europe (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), España ha pasado de ocupar la quinta posición en 2025 a la primera posición en el ranking de países con un entorno legal y político protector de los derechos LGTBI+.

Dicho liderazgo dio comienzo con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, cuya aprobación cumplió dos décadas el pasado año. La "ley del matrimonio igualitario" democratizó el derecho a contraer matrimonio, permitiendo que las personas del mismo sexo accediesen a él en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales. De este modo, en 2005, España fue el primer país del mundo en legalizar el matrimonio plenamente igualitario entre personas del mismo sexo. Hoy el matrimonio igualitario es legal en 39 países.

Igualmente, en 2023, España se situó en la avanzadilla en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género, paso que ya habían dado otros países como Islandia y Suiza y, en la Unión Europea, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Malta y Portugal, y a los que, después de España, se uniría Alemania.

España es un país referente en materia de derechos LGTBI+, y distintos estudios y encuestas nos señalan como uno de los países con mayor aceptación social de la diversidad sexual, de género y familiar. España goza, pues, de un amplio crédito como país y sociedad respetuosa y comprometida con la inclusión, la diversidad y la tolerancia.

No obstante, siguen existiendo datos alarmantes que ponen de manifiesto la necesidad de persistir en la lucha por los derechos de las personas LGTBI+. En este sentido, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), según datos de 2024, señala que dos de cada tres personas LGTBI+ consideran que los prejuicios y la intolerancia hacia el colectivo se han incrementado en los últimos años, y tres de cada cuatro perciben que ha aumentado la violencia.

Efectivamente, asistimos a un incremento de narrativas y discursos contrarios a los derechos de las personas LGTBI+ que encuentran una fácil forma de difusión en internet y en redes sociales. Como alerta la organización ILGA Europe en su informe de 2024, el discurso de odio online anti-LGTBI creció en España un 130% entre 2019 y 2022, dirigiéndose fundamentalmente hacia las personas trans. De acuerdo con la FRA, tres de cada cuatro personas LGTBI+ en España ha visto, sólo en el año previo, algún tipo de incitación a la violencia contra el colectivo en redes online, así como contenidos que caricaturizan a las personas LGTBI+.

Según el informe de 2025 de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, realizado a partir de los incidentes registrados en 2024, la cifra de delitos de odio por OSIG (orientación sexual e identidad de género) ha aumentado un 1,15% con respecto a los datos obtenidos en 2023 y un 15% con respecto a los datos de 2022. Asimismo, supone un 27,57% del total de delitos de odio registrados en nuestro país, siendo la segunda causa tras los motivos racistas y xenófobos.

Estos datos no son sino la punta del iceberg de las violencias LGTBIfóbicas, ya que se refieren a casos que han sido efectivamente denunciados e investigados. La FRA señala que el 12% de personas LGTBI+ en España han sido agredidas física o sexualmente en los últimos 5 años, porcentaje que se ha incrementado considerablemente desde 2019. Además, dentro del colectivo hay quienes soportan mayor carga de agresiones físicas y sexuales, ya que para las mujeres trans ese 12% se eleva al 27%, al 21% para los hombres trans y para las personas no binarias, mientras que para las personas intersex se incrementa al 32%. Pese a ello, solo el 14% de las personas agredidas presentaron denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En el ámbito laboral, la FRA destaca que solo el 32% de las personas LGTBI+ muestran abiertamente su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, el 20% lo oculta por completo y el 48% lo muestra de forma selectiva, y una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que las personas LGTBI+ tienen un 7% menos de posibilidades de encontrar empleo, unos ingresos medios un 4% más bajos que el resto de la población y un 11% menos de probabilidades ocupar puestos directivos.

El auge de los discursos y la violencia LGTBIfóbicas es una tendencia global que no afecta sólo a nuestro país y que amenaza con hacer retroceder los derechos conquistados. En 2025 el Tribunal Constitucional se pronunció respecto del intento de recorte de los derechos de las personas LGTBI+. España también alza su voz y se involucra activamente en los procesos contra los retrocesos que se producen en la esfera internacional y también dentro de la Unión Europea.

Ante estos retrocesos, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, tanto en todo el territorio del Estado, como fuera de nuestras fronteras. Este compromiso se ha visto materializado con la elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Además de las dos leyes mencionadas, cabe destacar, por su particular relevancia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los reales decretos que la desarrollan y que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas para todas las etapas educativas; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación; la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que incluye entre los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas LGTBI, en particular trans; el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas y la publicación en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social en marzo de 2026 del modelo de protocolo de acompañamiento para personas trans en el ámbito de la empresa.

Estos avances normativos han ido en paralelo con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la información y a la atención integral a las víctimas de la violencia y la discriminación, teniendo en cuenta, además, la posible discriminación interseccional que pueden sufrir las personas LGTBI+. Muestra de ello es el funcionamiento ininterrumpido del Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBI. Por otro lado, se ha creado en el Congreso una subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio que sufren, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad, las personas LGTBI.

Asimismo, cumpliendo el mandato recogido en los artículos 10 y 52 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en julio de 2025 se aprobaron en Consejo de Ministros la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI (2025-2028) y la Estrategia para la inclusión social de las personas trans (2025-2028). Ambas Estrategias ahondan en la lucha contra la discriminación por razón de la orientación e identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales.

Por otro lado, el Gobierno presentó el pasado marzo la herramienta de referencia internacional Huella del Odio y Polarización (HODIO) durante la apertura del primer Foro Contra el Odio. Esta nueva herramienta utiliza un sistema combinado de análisis que estudia el contenido público en las redes sociales, identificando el odio y la polarización y permitirá calcular y publicar de manera periódica un indicador de odio y polarización en cada red social: su prevalencia, el nivel de amplificación e impacto.

El Gobierno de España parte del convencimiento de que es necesario sensibilizar a la ciudadanía y visibilizar, reconocer y apoyar institucionalmente la diversidad sexual, de género y familiar, como señala el artículo 5.2 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero: "los poderes públicos fomentaran el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI".

Tras la celebración de los 50 años del inicio de la Transición en España y los 40 años de la Firma del Acta de Adhesión a las Entonces Comunidades Europeas, este compromiso adquiere una especial relevancia. Como consecuencia de ello, las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su segunda "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2026-2030".

El Gobierno de España reafirma su fuerte compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ y su descriminalización y contra la discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, sin olvidar la vulneración de derechos que tiene lugar en un gran número de países del mundo, más de 60 países con legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las prioridades de nuestra acción exterior y cooperación internacional, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI+. En este sentido, cabe mencionar que el 17,29% del total de concesiones de asilo otorgadas en nuestro país en 2025 fueron sustanciadas por motivos relacionados con la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales de la persona solicitante. En coherencia con esta realidad, la red de acogida cuenta con plazas distribuidas en diversos recursos en los que se desarrollan actuaciones específicas orientadas a la atención de las personas LGTBI+, en función de sus necesidades y de su situación de especial vulnerabilidad.

En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en diferentes foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos (apoyando la renovación del mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad sexual); la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; el LGBT Core Group de Naciones Unidas (red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONG y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGTBI+ en el marco de Naciones Unidas); la Coalición por la Igualdad de Derechos (España es miembro fundador de esta Alianza Internacional Público-Privada, formada por 44 Estados y Organizaciones de la Sociedad Civil creada para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGTBI+, y en 2025 y 2026 la copreside, junto a Colombia); el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad (del que depende el Subgrupo de Igualdad LGBTIQ que inició sus actividades en 2021), la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales; o, en el marco del Consejo de Europa, el Grupo de Amigos para los derechos LGTBI, la Red Europea de Puntos Focales LGBTI y el Comité de Expertos. España se ha incorporado al Fondo Mundial para la Igualdad, una asociación público-privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI+ en todo el mundo. En 2025 se creó también la figura del Embajador en Misión Especial para los Derechos de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGTBI+ se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países, y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 establece como prioridad de la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible el trabajo para erradicar las brechas a las que deben enfrentarse las personas LGTBI+ en el acceso a derechos y servicios, a la participación política y las oportunidades económicas, en condiciones de igualdad, incluyendo los derechos y la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI+ y la lucha contra la exclusión en el ámbito educativo, tanto en los países socios de la Cooperación Española como a nivel global.

El Gobierno de España muestra este año, una vez más, su firme compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, tanto a nivel nacional como internacional y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de la discriminación y la violencia que, a día de hoy, siguen sufriendo las personas LGTBI+ en diferentes ámbitos de sus vidas".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

ACUERDO GENERAL SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL-INTERPOL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma de España en el marco de la 53ª Conferencia Regional Europea de INTERPOL que se celebrará en Toledo del 20 al 21 de mayo de 2026.

Dentro del programa de actividades del centenario de INTERPOL llevado a cabo en la 90ª reunión de la Asamblea General, celebrada en Nueva Delhi (India) del 18 al 21 de octubre de 2022, el Secretario General anunció que la Organización iba a someter a la aprobación de la Asamblea General un proyecto de acuerdo general sobre los privilegios e inmunidades de la OIPC-INTERPOL.

El Acuerdo General sobre los Privilegios e Inmunidades de la OIPC-INTERPOL fue adoptado el 24 de noviembre de 2025 durante la 93ª reunión de la Asamblea General, que tuvo lugar en Marrakech (Marruecos) del 24 al 27 de noviembre de dicho año.

La finalidad de este Acuerdo es aportar a la Organización las garantías jurídicas necesarias para llevar a cabo su labor de manera segura, eficiente y eficaz, lo que en última instancia beneficiará directamente a los países miembros.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

APLICACIÓN PROVISIONAL DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PARA LA 53ª CONFERENCIA REGIONAL EUROPEA DE LA INTERPOL EN TOLEDO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL sobre los privilegios e inmunidades concedidos para la 53ª conferencia regional europea que se celebrará en Toledo el 20 y 21 de mayo de 2026.

En el marco de la cooperación con INTERPOL, España organizará la 53ª Conferencia Regional Europea de INTERPOL, que tendrá lugar en la ciudad de Toledo los días 20 y 21 de mayo de 2026. Dicho compromiso requiere dotar a la Organización y a los participantes de un marco jurídico adecuado que garantice el correcto desarrollo de las actividades oficiales vinculadas al evento, especialmente en materia de privilegios e inmunidades de los funcionarios de INTERPOL y demás asistentes a la reunión.

Mediante este Acuerdo se establecen unas normas claras y armonizadas que regirán la presencia de funcionarios y actividades de INTERPOL en el territorio español, incluyendo situaciones de emergencia y reduciendo los riesgos jurídicos, dando protección al personal asistente y garantizando que este pueda recibir la ayuda oportuna.

Los privilegios e inmunidades previstos en el Acuerdo se conceden únicamente para garantizar el adecuado desarrollo de la 53ª Conferencia Regional europea y quedan limitados al tiempo necesario para su organización y celebración.

Hacienda

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA FINANCIAR LA PERITACIÓN, VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS TRAS LA DANA DE 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar los gastos del encargo a TRAGSATEC de peritación, valoración y cuantificación de daños materiales en bienes públicos y privados consecuencia de la DANA 2024.

La Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio solicitó un suplemento de crédito para atender los gastos derivados del encargo formalizado con el medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para la realización de actuaciones ante los daños materiales en bienes públicos y privados causados por la DANA, por importe de 3.858.597,97 euros.

En este sentido, y con objeto de adoptar medidas urgentes de respuesta ante los daños causados se publicó el Real Decreto-Ley 6/2024, de 5 de noviembre, donde se habilita a la concesión de ayudas directas a ciudadanos y empresas estableciendo que, en el caso de que no exista cobertura de seguros, se admitirá informe pericial contratado y validado por el Ayuntamiento u otra Administración competente. La concesión de dichas ayudas serán competencia del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, siendo, por tanto, dicho Ministerio, el competente para el encargo de dichos informes.

Adicionalmente, con fecha 7 de noviembre de 2024, se publica la Orden PJC/1222/2024, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, por el que se declara 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' el territorio damnificado como consecuencia de la DANA.

En dicha Orden se establece que las ayudas se regirán por el procedimiento regulado en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, correspondiendo el proceso de instrucción a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el punto decimosexto se acuerda que sea la empresa pública TRAGSATEC la que ejecute las actuaciones de peritación, valoración y cuantificación, en alcance y contenido económico, de los daños materiales causados por la DANA que sean objeto de ayudas.

En línea con lo anterior, el 4 de junio de 2025, por vía de emergencia, se formalizó con el medio propio TRAGSATEC el encargo para la realización de actuaciones de peritación, valoración y cuantificación en alcance y contenido económico de los daños materiales que, como consecuencia de la DANA, pudieran haberse producido en bienes públicos y privados dentro del ámbito de funciones correspondientes al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en la gestión y seguimiento de subvenciones.

Posteriormente, dicho encargo se modificó por Adenda formalizada el 13 de noviembre de 2025, reduciendo su importe máximo de ejecución a 9.439.773,98 euros con la siguiente distribución por anualidades: 5.581.176,01 euros, en el ejercicio presupuestario 2025 y 3.858.597,97 euros, para el ejercicio 2026.

Por todo lo anterior, se ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para afrontar los gastos correspondientes al presente ejercicio 2026 del encargo referido anteriormente, por importe total de 3.858.597,97 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Hacienda

MODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA PERMITIR AL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL FINANCIAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES POR LA DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la financiación del encargo a TRAGSATEC para la prestación de los servicios de apoyo en la gestión y seguimiento de los trabajos relacionados con las subvenciones desarrolladas en la Orden TMD/101/2025, de 31 de enero.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática solicitó la autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos', sin crédito inicial a nivel de vinculación en el presupuesto vigente en el año 2026.

El 3 de febrero de 2025 se publicó la Orden TMD/101/2025, de 31 de enero, para la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y diputaciones provinciales para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de la red viaria de titularidad provincial, de los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, al amparo del artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones son los 77 ayuntamientos y la Diputación de Valencia que se relacionan en el anexo I de la Orden TMD/101/2025, de 31 de enero. El importe total de las subvenciones concedidas es de 1.745.310.104,41 euros financiados con cargo a la aplicación 22.02.929D.760.01 de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario 2025.

El 10 de enero del año 2026, se publica la Orden TMD/1586/2025, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden TMD/101/2025, de 31 de enero, otorgando las funciones de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local al Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA.

El elevado importe de las ayudas otorgadas, el número de entidades beneficiarias y los trámites que conforman el procedimiento de gestión, seguimiento, publicidad y comunicación de estas subvenciones, evidencian unas cargas de trabajo muy significativas, imposibles de atender con los efectivos con los que cuenta el Comisionado Especial para la DANA, unidad que actualmente está gestionando estas subvenciones.

Dicha necesidad de medios ha motivado que el Comisionado especial para la DANA esté tramitando encargo a TRAGSATEC para la prestación de los servicios de apoyo en la gestión y seguimiento de los trabajos relacionados con las subvenciones desarrolladas en la Orden ministerial TMD/101/2025, de 31 de enero, con los siguientes grandes bloques de labores a desarrollar:

• Apoyo técnico para el seguimiento de los proyectos durante el plazo de ejecución de los proyectos.
• Apoyo al control de la justificación de los proyectos.
• Creación y mantenimiento de una herramienta de seguimiento, consulta, gestión y control de información y documentación asociada proyectos.
• Apoyo a la comunicación de la oficina del Comisionado.

Coordinación de las labores mencionadas y dinamización de la relación entre el Mecanismo y las entidades locales.

Dicho encargo, utilizando las tarifas del Grupo TRAGSA para el año 2025, contempla un presupuesto máximo de ejecución material de 3.698.390,18 euros, con la siguiente distribución de gasto por anualidades:

Dado que la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos' carece de crédito inicial para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a los que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se autoriza por el Consejo de Ministros para la adquisición de compromisos de gasto en las anualidades 2027 y 2028.

Hacienda

MODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA PALIAR LOS DAÑOS EN ZONAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autorizan los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, afín de posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por las emergencias de Protección Civil de distinta naturaleza acaecidas entre el 10 de noviembre de 2025 y 9 de febrero de 2026 en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Región de Murcia, así como en la ciudad autónoma de Ceuta.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local solicitó autorización para fijar los límites con base en lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por las emergencias de protección civil de distinta naturaleza acaecidas entre el 10 de noviembre de 2025 y 9 de febrero de 2026, para la aplicación presupuestaria "Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. Declaraciones ZAGEPC 2026", no existiendo crédito inicial en el presupuesto aprobado para 2023, prorrogado para el año 2026.

El apartado tercero del Acuerdo de Consejo de Ministros 10 de febrero de 2026 establece un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de la zona siniestrada, en el que se establece que: "A los proyectos directamente relacionados con los siniestros a los que se refiere el apartado primero que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la red viaria de las diputaciones provinciales, de los consejos insulares o, en su caso, de las comunidades autónomas uniprovinciales, se les aplicará la tramitación de urgencia (…) y se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste, excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios no personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal".

Teniendo en cuenta la previsión de plazos, está previsto que la convocatoria de ayudas se produzca en el segundo trimestre de 2026, mientras que la resolución de asignación de las subvenciones, así como el inicio de su ejecución presupuestaria se realizará en el tercer trimestre de 2026, prolongándose esta última fase en los ejercicios 2026 a 2031. La convocatoria tendrá un importe total máximo de 138.504.449,79 euros con el siguiente detalle de compromisos anuales:

Dado que dicha aplicación presupuestaria carece de crédito inicial para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a los que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicitó la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto en las anualidades de 2027 a 2031 de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Hacienda

MODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA PERMITIR A PATRIMONIO NACIONAL LA CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional la convocatoria de becas para el desarrollo de tareas de investigación y recuperación del patrimonio histórico-artístico del Patrimonio Nacional.

La Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional establece que, en cuanto sea compatible con la afectación a sus fines de los bienes del Patrimonio Nacional, el Organismo Autónomo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional adoptará las medidas conducentes al uso de estos con fines culturales, científicos y docentes. Con el fin de cumplir adecuadamente esta función, se viene fomentando la preparación de nuevos investigadores de patrimonio histórico-artístico del Patrimonio Nacional, a través de la concesión de un determinado número de becas anuales que contribuyen a complementar la formación de titulados universitarios, facilitando su ulterior inserción en el mercado laboral, a la vez que se promociona el conocimiento del citado Patrimonio y se coopera en su conservación y mejora.

Por Orden PRE/515/2005, de 28 de febrero, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas por el Organismo Autónomo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en materias relacionadas con el desarrollo de tareas de investigación y recuperación del patrimonio histórico-artístico del Patrimonio Nacional.

La convocatoria 2025-2026, con una duración de doce meses, cuenta con la participación de ocho becarios y tiene como fecha de finalización el 30 de septiembre de 2026.

Asimismo, está prevista la próxima convocatoria, correspondiente al período 2026-2027, de ocho becas con un período de disfrute de un año que se iniciarán el 1 de diciembre de 2026 y finalizarán el 30 de noviembre de 2027. La cuantía individual de las becas asciende a 1.250 euros mensuales por beneficiario, lo que supone un total de 120.000 euros en el año 2027. La Orden PRE/515/2005, de 28 de febrero, establece que el importe se abonará por mensualidades vencidas.

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicitó autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Becas', definida a nivel de vinculación, para la anualidad de 2027, en los siguientes términos:

Hacienda

MODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA MODIFICAR EL ENCARGO A LA FNMT Y EL CONVENIO CON CORREOS SOBRE LA CONVOCATORIA DEL BONO CULTURAL JOVEN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Cultura las modificaciones del encargo suscrito con la Fábrica Nacional de Monedo y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT) y del convenio con Correos, vinculados a la gestión de la convocatoria de ayudas del bono cultural joven.

La gestión del programa de ayudas del bono cultural joven se regula mediante el Real Decreto 191/2023, de 21 de marzo, cuyo fin está dirigido a garantizar el acceso de la población joven a actividades y bienes culturales. Este real decreto fue modificado por el Real Decreto 403/2025, de 27 de mayo, con el fin de redistribuir las competencias y funciones internas del programa, que pasaron de la Subsecretaría de Cultura a la Dirección General de Derechos Culturales, como órgano gestor del programa 'Bono Cultural Joven'.

En consecuencia, para adecuar la infraestructura básica mediante la que se gestiona el bono cultural joven a la nueva realidad organizativa, resulta necesario modificar tanto el encargo suscrito con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda, como el convenio con Correos, entidades que apoyan en la gestión de este programa.

Para poder proceder a la modificación del encargo y el convenio se requiere la autorización de los límites para las anualidades 2027, 2028 y 2029, en la aplicación presupuestaria 24.04.334A.482, para hacer frente a las siguientes necesidades de gasto:

• Modificación del Encargo del Ministerio de Cultura a la Entidad Pública Empresarial 'Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda E.P.E. M.P.' (FNMT - RCM) para la colaboración en la gestión tecnológica del programa de ayudas 'Bono Cultural Joven', con los siguientes gastos estimados por año:

• Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. para la facilitación y gestión de los medios de pago de las ayudas del 'Bono Cultural Joven', con los siguientes gastos estimados por año:

De lo anteriormente expuesto se desprende la necesidad de autorizar límites en los años 2027, 2028 y 2029 al no existir crédito inicial en el año 2026, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con el siguiente resumen:

Transportes y Movilidad Sostenible

REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA RENOVACIÓN DE RED CONVENCIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la redacción de los proyectos de construcción para la renovación de vía en diversos tramos de la red convencional, dos lotes, por un valor estimado del contrato de 16.806.464,10 euros.

Con este contrato de servicios se aborda la redacción de proyectos para la renovación de trece tramos de la red ferroviaria convencional, se determinarán y detallarán las actuaciones a realizar en cada tramo para, posteriormente, licitar los trabajos, que comprenderán la renovación de la vía y, en su caso, también actuaciones puntuales de refuerzo y mejora en infraestructuras como desmontes terraplenes o drenajes.

Los tramos a renovar suman 405,5 kilómetros (607,5 kilómetros al sumar tramos de vía doble) y forman parte de líneas de ferrocarril convencional y de ancho métrico que mejorarán las circulaciones entre Pamplona y Zaragoza, en la conexión de esta capital aragonesa con Huesca, Lleida y Tarragona; en la comunicación por línea convencional con Valencia y Alicante a través de Albacete; en las circulaciones por la provincia de Girona hasta la frontera francesa; en la comunicación entre Santander y Oviedo; en Cercanías de Madrid y la conexión de la capital con Ávila.

Con ello, se aumentará la fiabilidad para la circulación de trenes de viajeros, y también de mercancías, dado que algunos forman parte de trayectos de futuros servicios de autopista ferroviaria.

Conexiones de Pamplona y de Zaragoza

En concreto, Adif redactará proyectos para renovar el tramo Cortes de Navarra-Casetas (40,3km) y Casetas-Zaragoza (8km), que forma parte de línea que comunica Navarra con Zaragoza para, desde esta ciudad y a través de la red de alta velocidad, conectar con Madrid.

En la línea que une Zaragoza y Tarragona por Huesca y Lleida redactará el proyecto para renovar los 36,5km entre San Juan de Mozarrifar (Zaragoza)-Almudévar (Huesca). En la otra línea convencional que conecta estas dos capitales, redactará el proyecto para modernizar tres tramos: Quinto-Escatrón (39,3km), Nopaspe- Faio La Pobla de Massaluca (5,7km) y el Reus-Tarragona (17,8km).

Enlace a frontera francesa y nudo estratégico de La Encina

El contrato comprende asimismo la redacción del proyecto para modernizar una parte de la línea convencional de Girona que conecta con Francia, los tramos Massanes-Girnoa (27,6km) y Vilamalla-Figueres (9,4km).

También un tramo de la conexión por red convencional con Levante, los 20km del Almansa (Albacete)-La Encina (Alicante), otro de la conexión de Madrid y Ávila (el Santa María de la Alameda y la capital abulense, de 53,1km), el trazado de Cercanías Madrid Vallecas-Vallecas Industrial (7km) y dos tramos de la conexión Oviedo Santander: Oviedo-Arriondas (69km) y Arriondas-Unquera (71,4km).

Apuesta continua por modernizar la red convencional

Estas actuaciones se enmarcan en la continua apuesta de Adif por la renovación de la red convencional. Así, se suman a las ya completadas, como la renovación de la Huesca-Canfranc o la Torralba-Soria, a las que actualmente impulsa, como la renovación de las líneas Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, Zaragoza-Teruel-Sagunto o Ronda-Bobadilla-Algeciras, a actuaciones en marcha en Alcázar de San Juan-Cádiz, Sevilla-Zafra o en proyecto (Granada-Almería y León - Monforte de Lemos).

A ellas se añaden las que se acometen en el marco de los Planes de Cercanías en marcha en varias ciudades y las actuaciones para adaptar algunas líneas a la futura circulación de servicios de autopista ferroviaria.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad), 8 (desarrollo económico y fomento del empleo), y 11 (ciudades con acceso a transportes sostenibles).

Balizas de señalización

Señalización estación de Sanabria

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MANTENIMIENTO PARA EL TRAMO DE AV LORCA-ALMERÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de ejecución del proyecto constructivo de una base de mantenimiento para el tramo Lorca - Almería de la línea de alta velocidad Murcia - Almería.

Con un valor estimado de 28,53 millones de euros, se construirá una nueva base de mantenimiento, en el municipio almeriense de Níjar, y se conectará con la plataforma de la línea actualmente en construcción en el punto kilométrico 696/500. Contará con espacios de oficina, talleres y almacén, con todos los equipamientos e instalaciones correspondientes.

La instalación se destinará al mantenimiento de la línea, una vez entre en explotación, y en caso de ser necesario servirá de apoyo para el montaje de vía del tramo Lorca-Almería y del ramal Pulpí-Águilas.

Características de la instalación

Una base de mantenimiento es una instalación destinada a la correcta conservación de la infraestructura ferroviaria y a la corrección de cualquier anomalía que se detecte en su funcionamiento.

La base de Níjar contará con un edificio de oficinas, naves de mantenimiento de material móvil con puente grúa y pórticos de transferencia y una nave almacén y para mantenimiento de materiales de infraestructura.

Además, dispondrá de zonas de acopio de traviesas y de una losa de transferencia, acopio y premontaje de desvíos con pórticos móviles para su manipulación. Asimismo, se habilitará un área para circulaciones rodadas y estacionamiento; se ejecutará un camino de acceso desde los viales existentes y un cerramiento de seguridad.

El proyecto incluye también un sistema de saneamiento y drenaje. En cuanto a las instalaciones, la base incluirá una estación de transformación para suministro de energía eléctrica, así como la conexión a la red existente, depósito de agua con reserva para incendios y torres de iluminación.

Desarrollo de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería

Adif AV impulsa diversas actuaciones para completar la nueva LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo. Así, ya ha finalizado o tiene en construcción todos los tramos de la plataforma ferroviaria de la línea. 

También progresa en los trabajos de electrificación, con la construcción de la subestación de Totana, sus centros de autotransformación, y el tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca. Además, recientemente se ha adjudicado la electrificación del tramo Lorca-Almería.

Por lo que respecta al montaje de vía, el pasado año Adif AV adjudicó los trabajos en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca y acaba de licitar el contrato para el tramo restante de la LAV, el Lorca-Vera.

Además, Adif AV ya tiene contratado el despliegue del resto de equipos y sistemas que componen una línea de alta velocidad: las tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS).  

Esta actuación contribuye a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo).

Financiación europea

Estas actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Infografía de la Base Mantenimiento Lorca - Almería

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO DE ENAIRE EN BALEARES

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de ENAIRE, el traslado de la sede de la Dirección Regional de Navegación Aérea Balear, incluyendo la construcción del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Baleares, a terrenos del Aeródromo de Son Bonet, sito en el municipio de Marratxí. El gestor estatal de navegación aérea licitará el expediente de construcción mediante un procedimiento abierto por un importe de 81,4 millones de euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 32 meses.

La nueva sede de la Dirección Regional de ENAIRE en Baleares permitirá reubicar el Centro de Control de Tránsito Aéreo que actualmente se encuentra en el Aeropuerto de Palma de Mallorca al nuevo emplazamiento. De esta forma, la parcela actual del Aeropuerto de Palma de Mallorca se libera para los trabajos que Aena está realizando como parte de sus planes de reforma y mejora en el aeropuerto.

El proyecto de traslado permitirá a ENAIRE ampliar y modernizar su Centro de Control en Baleares para dotarlo de la tecnología de navegación aérea más avanzada y disponer de una nueva sala de contingencia separada físicamente de las instalaciones actuales, con el objetivo de aumentar la resiliencia de los servicios que presta a todas las aeronaves que llegan y salen de todo el archipiélago balear, reforzando la redundancia y seguridad del sistema. El nuevo emplazamiento permitirá realizar de forma más eficiente toda la adecuación tecnológica que forma parte del Plan Estratégico de ENAIRE 2030.

La mejora tecnológica y operativa de las dependencias de ENAIRE en Baleares asegurará una mayor eficiencia en la gestión del transporte aéreo en dicha Comunidad Autónoma, optimizando además la sostenibilidad medioambiental.

La ubicación elegida para el nuevo Centro de Control de Baleares en coordinación con Aena permitirá desarrollar las obras de construcción en una parcela independiente dentro del aeródromo de Son Bonet, sin interferencia con las operaciones actuales, garantizando así una transición operativa segura, eficiente y planificada.

Cuatro módulos

La nueva sede de la Dirección Regional de Navegación Aérea de ENAIRE en Baleares estará conformada por cuatro módulos constructivos, cada uno con un carácter funcional específico.

Los dos módulos principales son:

• Edificio Principal (Centro de Control de Tránsito Aéreo y oficinas): núcleo operativo del centro, destinado al control del tráfico aéreo en tiempo real. En este módulo también se ubicarán oficinas que complementen el uso operativo.
• Centro de Formación, Simulación y Contingencias: infraestructura complementaria de respaldo, concebida para garantizar la continuidad operativa ante contingencias; además actuará como centro de simulación y formación.

Los dos módulos secundarios son:

• Módulo de Sistemas de Apoyo.
• Módulo de Control de Accesos.

El traslado y construcción del Centro de Control de Baleares es uno de los pilares del nuevo plan estratégico de ENAIRE, el denominado Plan de Vuelo 2030, y representa una oportunidad estratégica de modernización, alineada con los objetivos de crecimiento, eficiencia y mejora del sistema de navegación aérea nacional. De hecho, se concibe como una instalación clave para la gestión del espacio aéreo del arco mediterráneo, con garantías de funcionamiento continuo adaptable a los desafíos futuros.

El proyecto de construcción contempla actuaciones y medidas para impulsar y reforzar la sostenibilidad medioambiental, impulsar su integración paisajística y el ahorro hídrico, así como de conservación del patrimonio. De hecho, el nuevo Centro de Control contará con materiales y diseños alineados con los requisitos medioambientales y con la integración arquitectónica en el entorno.

El 35% de su superficie serán espacios verdes y plazas de aparcamiento.

En el aspecto socioeconómico, el proyecto contribuirá a fortalecer la economía local y regional, con efectos positivos permanentes sobre el empleo y la actividad empresarial.

Optimización de recursos e infraestructuras

ENAIRE optó por trasladar su sede de Dirección Regional en Baleares, incluyendo al Centro de Control, después de un pormenorizado análisis de distintas opciones en el que primó la optimización de recursos públicos y de sus infraestructuras.

De hecho, la necesidad de disponer de accesos directos eficientes para los servicios propios y de apoyo del Centro de Control de Palma obligaba a la asunción de importantes inversiones que, a largo plazo, hubieran podido resultar ineficientes debido a la indisponibilidad suficiente de espacios en la parcela actual, dentro de un recinto aeroportuario que está embebido en un proyecto de reforma y mejora.

El análisis de los distintos escenarios decantó la opción del traslado al Aeródromo de Son Bonet como la alternativa más eficiente, sostenible y de futuro para los servicios que presta ENAIRE en el espacio aéreo del archipiélago balear.

Con esta inversión se persigue el refuerzo de la seguridad y la calidad de servicio, la sostenibilidad y la eficiencia.

Render del nuevo Centro de Control en Baleares

Actual sala del Centro de Control de ENAIRE en Baleares

Educación, Formación Profesional y Deportes

PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución y los criterios de reparto de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de Formación Profesional para personas trabajadoras por un valor de más de 1.170 millones de euros.

Se trata del Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de refuerzo de la Competencia Matemática, Programa de Educación Inclusiva, Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), y Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026.

Los programas de refuerzo de la Competencia Lectora, cuyo importe asciende a 56,2 millones de euros, y el de refuerzo de la Competencia Matemática (120,6 millones de euros), cuya distribución territorial y criterios de reparto fueron propuestos en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación -al igual que el resto de los programas incluidos en este paquete presupuestario-, se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje (en el caso de la lectura, en distintos soportes).

Ambos programas tienen como objetivo mejorar el nivel de desempeño del alumnado de segundo ciclo de educación Infantil (solo en el caso del de lectura), Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico.

Otro de los programas, el de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+), con un presupuesto de 105,9 millones de euros (cofinanciados por el Ministerio y el Fondo Social Europeo Plus), responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa. Serán las comunidades las que seleccionen aquellos centros que por sus características y vulnerabilidad del alumnado deban formar parte de PROA+.

El objetivo de dicho programa es impulsar una transformación progresiva de los centros basada en la generación de expectativas positivas para todo el alumnado y en la consolidación de un clima escolar inclusivo, para que todo el alumnado alcance el éxito educativo.

Por otra parte, el Programa de Educación Inclusiva (cofinanciado también por el Fondo Social Europeo Plus), dotado con 28,7 millones, tiene por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos. De esta manera, persigue identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar que todo el alumnado acceda en igualdad de oportunidades al sistema educativo, participe plenamente en la vida escolar y desarrolle su aprendizaje en condiciones de equidad e inclusión.

Formación Profesional para personas trabajadoras

El Consejo de Ministros ha autorizado también la propuesta de distribución territorial de más de 867 millones de euros destinados a la Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026. La mayor parte de la financiación, 696,5 millones de euros, se dirigirá a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, mientras que 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados.

Además, se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación. Estas actuaciones favorecerán la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.

El reparto, como en el resto de los programas, se realizará conforme a los criterios acordados por la Conferencia Sectorial.

Industria y Turismo

OBRAS URGENTES EN EL PARADOR DE CARMONA (SEVILLA)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia acordada por Turespaña el 16 de abril de 2026 para la contratación de las obras, servicios y suministros necesarios destinados a la mitigación de riesgos y la estabilización del Parador de Turismo de Carmona (Sevilla), por un importe total de 728.879,66 euros.

Esta declaración se adopta al amparo del artículo 120.1.b) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, al concurrir una situación de grave peligro para la estabilidad del edificio.

El Parador, cuyo proyecto se remonta a 1968, presenta una problemática geotécnica histórica vinculada a una falla del terreno conocida como "Grieta Muralla", agravada por episodios de lluvias intensas que provocan variaciones del nivel freático.

Las precipitaciones excepcionalmente abundantes registradas en febrero de 2026 han incrementado el riesgo de inestabilidad, haciendo necesaria una actuación inmediata.

Tras el análisis realizado por un equipo de expertos a solicitud de Turespaña, se ha determinado la ejecución urgente de actuaciones geotécnicas -como nuevos drenajes, sondeos e instrumentación con monitorización en tiempo real- y arquitectónicas, orientadas a asegurar elementos constructivos y evitar desprendimientos.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2026, por un importe de 315.000.000 de euros.

El convenio tiene por objeto facilitar la ejecución del 47º Plan se Seguros Agrarios Combinados -aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2025 y en vigor desde el pasado 1 de enero de este año-, la liquidación de planes anteriores y regular otros ámbitos de cooperación entre las entidades firmantes.

Los seguros agrarios constituyen un instrumento fundamental para el sostenimiento de las rentas del sector, y más aún en un escenario de cambio climático donde los fenómenos climáticos adversos son cada vez más frecuentes, virulentos y desestacionalizados, con efectos importantes sobre las producciones agrarias y el consiguiente perjuicio para la rentabilidad de las explotaciones.

Por ello, el apoyo a la contratación de primas es uno de los pilares de la política del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que desde el año 2020 ha incrementado en un 50 % el presupuesto destinado a las ayudas a la contratación de pólizas, que ha pasado de 211,3 millones de euros en 2020 a los actuales 315 millones.

El sistema de seguros agrarios es la herramienta que tienen a su disposición los agricultores y ganaderos para hacer frente a los riesgos que escapan a su control. El capital asegurado crece de forma progresiva en los últimos años, entre 2024 y 2025 aumentó en 1.000 millones de euros y sobrepasó el récord histórico de 19.000 millones de euros.

En el año 2023, segundo año consecutivo de sequía, en el que se produjeron pedriscos y temporales importantes en distintas zonas de España, las indemnizaciones del seguro agrario superaron un techo histórico, por encima de 1.240 millones de euros, un 56 % más que el año anterior, que había sido récord hasta el momento.

El modelo español de seguros agrarios, creado en 1978 y basado en el esquema de coaseguro, es un ejemplo de sistema avanzado e integrado que sirve actualmente de modelo para muchos Estados miembros de la Unión Europea.

Preferencia a jóvenes y agricultores profesionales

El plan de 2026 contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicie a lo largo de este año, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes establecidos para cada una de ellas. El sistema cuenta con 45 líneas de seguro diferentes y cubren la mayoría de los riesgos y la práctica totalidad de las producciones de interés agronómico de España.

Además de consolidar las medidas de carácter económico introducidas en el plan anterior, lo que proporciona continuidad y estabilidad al sistema, el Plan de Seguros Combinados para 2026 ofrece un apoyo diferenciado a colectivos que son preferentes en la Política Agraria Común en España, como los jóvenes, agricultores profesionales y titulares de explotaciones prioritarias, con subvenciones mínimas que cubren entre el 45 % y el 50 % del coste de las pólizas y que, con las aportaciones de las comunidades autónomas, pueden llegar hasta el 70 %, el límite máximo permitido por la normativa europea.

Fruto de la revisión y adecuación continua a las necesidades de los agricultores y ganaderos, el plan para 2026 incluye nuevas coberturas en enfermedades animales, e incorpora, además, actuaciones para el perfeccionamiento técnico de las líneas de seguro. Igualmente incorpora estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos los relacionados con enfermedades animales como la dermatosis nodular contagiosa, que apareció en España en octubre de 2025, y la peste porcina africana, con el fin de posibilitar su inclusión futura en el seguro para explotaciones de ganado vacuno y porcino, respectivamente.

La subvención se aplica directamente sobre el coste de las pólizas en el mismo momento de su contratación, por lo que llega directamente a los agricultores cuando deciden suscribir el seguro.

El convenio constituye el marco jurídico que permite la ejecución del Plan de Seguros Agrarios Combinados y define el procedimiento para la liquidación con Agroseguro de las subvenciones descontadas en el momento de la contratación. Además, en él se establecen las bases de colaboración entre ENESA, entre cuyas funciones principales se encuentra la de conceder las subvenciones a la contratación de las pólizas, y Agroseguro, a quien corresponde la gestión de los seguros por cuenta y en nombre de las entidades aseguradoras que forman parte del pool de coaseguro.

Agricultura, Pesca y Alimentación

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO POR LA DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la finalización de las medidas de recuperación del potencial productivo a través de la restauración de explotaciones agrarias afectadas por los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, por un importe total de 63.987.294,33 euros.

Las actuaciones que se pretenden acometer mediante se limitan estrictamente a remediar las incidencias derivadas de la situación inicial de emergencia y son una continuación de las obras ya iniciadas que, debido a la gravedad y extensión de los desperfectos ocasionados por la DANA, además de la necesidad de compatibilizar las obras con el mantenimiento de la actividad productiva, no ha sido posible finalizar en el tiempo inicialmente establecido y responden a valoraciones más ajustadas a la realidad de las obras en ejecución.

Con estas medidas se completarán las obras ya iniciadas de reconstrucción de caminos rurales, recuperación de explotaciones agrarias y reparación de infraestructuras de regadío en los municipios afectados de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha.

Las actuaciones las ejecuta la empresa pública Tragsa en el marco de las medidas urgentes aprobadas para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por la DANA.

Política Territorial y Memoria Democrática

ACUERDO POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE COOPERACIÓN EN 2025

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe sobre la actividad de los órganos de cooperación en 2025. De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática elabora informes anuales de seguimiento de la actividad de cooperación que eleva anualmente al Consejo de Ministros.

La conclusión general del citado informe es la consolidación del sistema de cooperación en cuatro décadas de historia. El modelo de gobernanza multinivel que ha venido desarrollándose en nuestro país se basa en un sistema de órganos de cooperación robusto, liderado por la Conferencia de Presidentes y sobre el que pivotan las Conferencias Sectoriales, que se encuentra plenamente consolidado.

A continuación, se muestra un resumen del Informe Cooperación 2025:

La XVIII Conferencia de Presidentes se celebró el 6 de junio de 2025 en el Palau de Pedralbes, sobre asuntos como vivienda, política migratoria, financiación autonómica y déficit de personal sanitario.

A 31 de diciembre, había 45 Conferencias Sectoriales. Reuniones celebradas:

En 2025, se crearon dos nuevas Conferencias Sectoriales: Tráfico y Seguridad Vial, adscrita al Ministerio del Interior y pendiente de constitución; y Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En 2025 sólo se celebró, el 31 de enero, una única Conferencia multisectorial: reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para aprobar la "Propuesta de Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana. Despliegue de la Hoja de Ruta: objetivos, medidas y estándares generales de calidad".

Como en años anteriores, el órgano con mayor número de reuniones es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con 13 sesiones, seguido del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 12 reuniones. Destaca igualmente la actividad de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y la Conferencia Sectorial de Pesca que, junto con sus respectivos consejos consultivos, ha celebrado 23 reuniones.

Siguen reuniéndose también con regularidad órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, Conferencia Sectorial de Cultura, Conferencia Sectorial de Educación o Conferencia General de Política Universitaria, entre otros. Un 26% de las Conferencias Sectoriales no han tenido actividad en 2025. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha celebrado dos reuniones (junio y noviembre) a través del Consejo Territorial de Memoria Democrática.

Por otro lado, desde la puesta en marcha del PRTR se han celebrado numerosas Conferencias Sectoriales para acordar el contenido de los hitos y reformas y proceder al reparto territorial de los fondos disponibles.

Sanidad

PROYECTO DE LEY DE GESTIÓN PÚBLICA E INTEGRIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tras incorporar las aportaciones de la fase de información pública, se impulsa este proyecto legislativo para garantizar la prioridad de la gestión pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario.

El proyecto de ley consagra la gestión directa como el pilar fundamental del SNS, realizándose a través de las administraciones, entidades del sector público o consorcios. Para blindar este modelo, la norma procede a la derogación expresa de la Ley 15/1997, eliminando las vías que permitieron la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública. Según la exposición de motivos, la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.

La gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter estrictamente excepcional. Para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.

Entre los mecanismos de control destacan:

• Evaluación previa obligatoria: Se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Estos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, y la administración deberá tenerlo en cuenta antes de tomar una decisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes.
• Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE): Será obligatorio en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria.
• Preferencia por el sector social: En caso de empate en licitaciones, se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro.

Transparencia y apoyo a la reversión

El proyecto de ley introduce medidas de buen gobierno, exigiendo la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. Además, la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesorará técnicamente a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad elaborará, en el plazo de un año, un informe de evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997. El informe será realizado por un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas y personas expertas en este tipo de evaluaciones, y contará además con la participación de organizaciones de pacientes.

Seguridad jurídica

El proyecto de ley incluye un régimen transitorio para garantizar la seguridad jurídica: los contratos y concesiones que ya estén en ejecución o iniciados se seguirán rigiendo por la normativa anterior hasta su vencimiento. Una vez aprobada definitivamente por las Cortes, la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

Sanidad

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial de créditos destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el ejercicio presupuestario 2026. Esta inversión, que asciende a un total de 56.830.000 euros, se divide en dos grandes bloques: 39 millones de euros para acciones en materia de salud mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio.

El acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), mantiene las cuantías del año anterior y tiene como objetivo principal la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.

La partida de 39 millones de euros destinada a salud mental se articula a través del Plan de Acción 2025-2027. Estos fondos se distribuyen en:

• 26,8 millones de euros para gastos corrientes, incluyendo la posibilidad de financiar gastos de personal ligados estrictamente a la ejecución de proyectos.
• 12,2 millones de euros destinados al equipamiento necesario para el desarrollo del plan.

Las actuaciones se centrarán en ocho líneas estratégicas, entre las que destacan el refuerzo de los recursos humanos, la atención comunitaria, desinstitucionalización, la asistencia basada en derechos, y el abordaje específico de la salud mental perinatal, infantil y adolescente.

Por su parte, los 17,83 millones de euros dedicados a la prevención del suicidio buscan estructurar las actuaciones para abordar la conducta suicida en España a través de un enfoque integral. El presupuesto se desglosa en:

• 12,83 millones de euros para gastos corrientes y equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.
• 5 millones de euros para gastos de inversión.

Este plan prioriza líneas de actuación enfocadas en la sensibilización, la prevención en colectivos vulnerables y el fortalecimiento del abordaje sanitario.

Para garantizar la equidad, los fondos se distribuirán entre todas las comunidades autónomas -a excepción de la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, debido a su régimen foral- y las ciudades de Ceuta y Melilla a través del INGESA, siguiendo un modelo de reparto que asigna un 5% de forma lineal para asegurar un importe mínimo a cada territorio y el 95% restante en función de criterios poblacionales.

Para acceder a estos créditos, las administraciones destinatarias deberán adherirse a las actuaciones financiadas y aportar una memoria detallada de los proyectos y el importe destinado.

Como novedad, la equidad, la promoción de los derechos y el enfoque comunitario se establecen como criterios obligatorios para la aprobación de los proyectos. Además, se considerarán criterios de excelencia la participación, la incorporación de personas expertas por experiencia y la intersectorialidad.

Los fondos proceden de cuatro partidas presupuestarias divididas en dos bloques de inversión:

1.- Salud Mental. Se distribuye a través de dos aplicaciones específicas, la primera cuenta con un presupuesto de cerca de 26.600.000 euros destinados a gastos corrientes del Plan de Acción de Salud Mental.

La segunda aplicación dispone de cerca de 12.200.000 euros para el equipamiento necesario para dicho plan.

2.- Prevención del Suicidio. Este bloque también se articula mediante dos partidas presupuestarias: La primera por un importe de 12.744.946,83 euros, destinados al equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.

La segunda aplicación, cuenta con un presupuesto de cerca de 5.000.000 euros para gastos de inversión en prevención del suicidio.

CONTRIBUCIÓN A LA RED INFORMAL DE INTERCAMBIO SOBRE SEMICONDUCTORES DE LA OCDE

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) a realizar una aportación de 60.000 euros a la Red Informal de Intercambio sobre Semiconductores de la OCDE (OECD Semiconductor Informal Exchange Network - SIEN), un foro técnico y estratégico de carácter multilateral que facilita la cooperación internacional en un sector clave para la economía global.

La contribución se financiará con cargo a los fondos propios de la SETT y es proporcional al peso de España dentro de la OCDE. Asimismo, se alinea con el nivel de implicación del país en iniciativas internacionales en materia de semiconductores y con las prácticas habituales de otros Estados participantes en la red.

Instrumento estratégico para España

La participación en la red SIEN reviste un importante carácter estratégico, ya que permite a España formar parte de un foro técnico-político de alto nivel, más allá de la Unión Europea y mantener un diálogo directo con economías clave en el ámbito de los semiconductores, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur o Taiwán.

Asimismo, permite reforzar los trabajos analíticos en torno a las cadenas de valor de los semiconductores; mejorar el posicionamiento de España en los debates estratégicos sobre esta industria; facilitar el intercambio de información y de mejores prácticas entre administraciones públicas y contribuir a la preparación y resiliencia ante posibles disrupciones en el suministro global de chips.

Con esta iniciativa, España reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las cadenas de suministro tecnológicas y con la cooperación internacional en un ámbito considerado crítico para sectores como la automoción, las telecomunicaciones o la electrónica.