Referencia Consejo de Ministros

SUMARIO

Economía, Comercio y Empresa

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Hacienda

Interior

Transportes y Movilidad Sostenible

Industria y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Política Territorial y Memoria Democrática

Sanidad

Ciencia, Innovación y Universidades

Igualdad

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley por la que se modifican la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; y el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

La digitalización, los cambios en la organización del trabajo, la desconexión digital o la conciliación plantean nuevas demandas que requieren la actualización normativa en un contexto, además en el que requieren especial atención los riesgos psicosociales.

Claves de la nueva norma

El texto aprobado permitirá dar más protección a las personas trabajadoras atendiendo también a los riesgos psicosociales, ergonómicos y derivados del cambio climático. Por tanto, los daños a la salud derivados del trabajo se amplían y podrán ser físicos, pero también mentales, cognitivos, conductuales, sociales o emocionales, entre otros, que se reconocen explícitamente.

Salud individual y colectiva

La empresa deberá informar de los riesgos laborales en general, pero necesariamente también de los propios de cada actividad o función, así como de las medidas de protección aplicables. De esta manera, la vigilancia de la salud de trabajadores y trabajadoras contendrán pruebas y exámenes específicos para conocer el impacto que sobre la salud puedan tener las condiciones de trabajo, aludiendo expresamente a la salud mental y los riesgos psicosociales, que serán objeto de un reglamento específico.

Todos los riesgos, también los psicosociales y climáticos y sus interacciones deberán tenerse en cuenta en la evaluación y en la planificación de medidas preventivas.

Será obligatorio adoptar medidas de actuación ante catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.

Además, la evaluación de riesgos, se prevé la obligación de realizarse mediante visitas presenciales a los centros de trabajo.

La diversidad de las personas trabajadoras como eje

El trabajo deberá adaptarse a las características personales particulares como en los casos tras la ausencia prolongada por motivos de salud. Se establecerán procedimientos de retorno al trabajo, con actualización de la formación preventiva en determinados supuestos. Los equipos de protección individual también deberán adaptarse.

La prevención tendrá perspectiva de género: cualquier puesto de trabajo podrá ser ocupado por hombres o mujeres lo que implica la obligación de tener en cuenta sus características físicas, medidas antropométricas, otras características biológicas que puedan afectar en la exposición a riesgos, así como las desigualdades derivadas del género.

El Reglamento de los Servicios de Prevención se modifica para mejorar la protección de las trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia.

También tendrá en cuenta la perspectiva de edad de las personas trabajadoras.

Acoso o violencia

La empresa ha de garantizar la protección de las personas trabajadoras frente a situaciones de violencia y acoso sexual o por razón de sexo.

La evaluación de riesgos, se prevé la obligación de realizarse mediante visitas presenciales a los centros de trabajo.

Salud, prevención y formación

La formación práctica sobre los riesgos del puesto de trabajo debe realizarse presencialmente, salvo causas justificadas y debidamente acreditadas.

Será obligatorio realizar una vigilancia de su salud física y mental, específica de los riesgos a los que están expuestas las personas trabajadoras.

La vigilancia de la salud será tanto individual, a través de exámenes de salud, como colectiva, con el fin de realizar análisis epidemiológicos para proponer y priorizar las medidas preventivas.

Será obligatorio que los exámenes de salud sean específicos a los riesgos del puesto y se realizarán al inicio de la relación laboral, periódicamente y tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud.

La persona trabajadora tendrá derecho a obtener una copia de su historia clínico-laboral o cualquier otro dato médico que conste en el servicio de prevención.

Se limita la posibilidad de que la persona empresaria asuma personalmente las actividades de prevención a empresas de hasta diez personas trabajadoras con un único centro de trabajo y siempre que, además, aquella tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos a los que estas estén expuestas y de la peligrosidad de las actividades.

Se delimita un nuevo número, dedicación y formación de las personas trabajadoras designadas para los supuestos en los que se haya concertado alguna o algunas actividades preventivas con un servicio de prevención ajeno. También se determinan para las personas trabajadoras designadas funciones claras de cooperación e interlocución entre su empresa y el servicio de prevención.

Se reduce el número de personas trabajadoras a partir del cual es obligatorio un servicio de prevención propio que deberá contar, al menos, con tres especialidades.

En el caso de recurrir a servicios de prevención ajenos se clarifica el contenido de los contratos con las empresas, precisando lo que es obligatorio incluir. Se detallarán los requisitos y recursos humanos y materiales con los que deberán contar.

También se establece la obligación de designar agentes territoriales de prevención de ámbito autonómico que realizarán la prevención en las empresas de menos de diez personas trabajadoras. Estarán designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de cada sector.

Las personas delegadas de prevención deberán contar con formación adaptada a cada sector de actividad.

Obligaciones inmediatas

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley:

Se aprobará un reglamento de desarrollo sobre la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales que abordará, entre otras cuestiones, la promoción de entornos de trabajo saludables y la prevención de la conducta suicida.

Se modificará la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, para adecuarla a las modificaciones introducidas.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

El Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay en el ámbito de la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, firmado en Montevideo, el 22 de julio de 2025, es un tratado internacional que tiene como finalidad fortalecer, profundizar y desarrollar la cooperación policial entre los dos países, así como prevenir y poner freno a la actuación del terrorismo y de la delincuencia organizada mediante la mutua colaboración.

El crimen organizado en todas sus formas es uno de los problemas más graves que afronta la comunidad internacional. El control de la inmigración ilegal y la delincuencia con ella relacionada, incluida la trata de seres humanos, es una preocupación que afecta de manera directa a principios fundamentales relacionados con la dignidad humana pero también a las condiciones económicas y sociales por las que el Estado debe velar. Asimismo, la lucha contra el terrorismo internacional o el tráfico internacional de drogas hacen necesario una mayor cooperación entre los Estados.

La cooperación entre España y Uruguay se prestará con respeto a las respectivas legislaciones nacionales y los compromisos internacionales asumidos por ambas partes y guiados por los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PANAMÁ-ESPAÑA 2026-2030 EN EL MARCO DE LA VIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN HISPANO-PANAMEÑA

La Alianza pone especial énfasis en cerrar brechas estructurales desde una lógica de transformación sistémica, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios de eficacia y una visión compartida del desarrollo en transición, el Plan Director de la Cooperación Española, y las estrategias nacionales de desarrollo sostenible de Panamá, dando continuidad a la trayectoria desarrollada por la cooperación hispano-panameña desde una perspectiva horizontal, innovadora y centrada en derechos.

Diseñada bajo un enfoque orientado a retos transformadores y articulación territorial, la Alianza busca acompañar los desafíos multidimensionales que enfrenta Panamá como país de renta alta, y aportar al fortalecimiento de su proyección regional en América Latina y el Caribe, en particular en esquemas de cooperación Sur-Sur y triangular.

La Alianza concentra los esfuerzos de la cooperación hispano-panameña en torno a cuatro retos estratégicos vinculados a las transiciones social, ecológica y económica: Intercambio de conocimiento y fomento de capacidades científicas, tecnológicas y digitales para el desarrollo sostenible; Gobernanza democrática transformadora con enfoque de género, cuidados y participación; Modelos de desarrollo económico y territorial inclusivos, innovadores y resilientes; y Transición ecológica justa.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE ESPAÑA A LA FUNDACIÓN EUROAMÉRICA, POR IMPORTE DE 9.000 EUROS

La Fundación Euroamérica es una organización europea con sede en España, creada en 1999. Su objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y latinoamericanas para fomentar, desde el sector principalmente privado, las relaciones entre Europa y América.

La relación España-América Latina y Caribe (ALC), así como la triangulación de esta relación con la Unión Europea, constituye un eje prioritario para la política exterior de España. Las actividades organizadas por la Fundación se realizan fundamentalmente en España, aunque también se desarrollan puntualmente en América Latina o en otros países europeos (incluyendo Bruselas).

La presente contribución voluntaria a la Fundación contribuye a la realización de sus actividades a lo largo del año, destacando entre las líneas de trabajo que se desean apoyar la publicación de la revista "Fórum" en formato electrónico y la organización de encuentros/desayunos-coloquio con los Embajadores recién nombrados en España de los países latinoamericanos.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE ESPAÑA A LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA Y CARIBE (EU-LAC), POR IMPORTE DE 50.000 EUROS

La Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe (Fundación EU-LAC) fue creada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe celebrada en Madrid en 2010.

Su objetivo es fortalecer y promover la asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, siendo una herramienta de la asociación entre las dos regiones y contribuyendo con sus actividades a dinamizar el diálogo intergubernamental birregional.

El Programa de Trabajo Anual de la Fundación para 2026, presentado al Consejo de Gobernadores de la Fundación que ha tenido lugar el pasado 5 de diciembre de 2025 en Berlín se articula en torno a cinco áreas temáticas, todas las cuales coinciden con prioridades y líneas de trabajo de la política exterior y de la cooperación española hacia la región: Comercio, inversiones y economías justas; Contrato social, democracia, derechos humanos y Estado de derecho; Igualdad de género; Cambio climático, medio ambiente y financiamiento; y Seguridad y economías lícitas.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO-LEY POR EL QUE POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES Y OTRAS MEDIDAS DE APOYO EN RESPUESTA A LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS VÍCTIMAS DE SINIESTROS DE LA DANA Y OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo en respuesta a los daños causados a las víctimas de siniestros de la DANA y otras situaciones de emergencia.

En este Real Decreto-ley se declaran exentas las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica. También se elevan las prestaciones a la Seguridad Social para los afectados por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida; se habilita un compartimento específico dentro del mecanismo extraordinario de financiación de las Comunidades Autónomas para gastos vinculados a la DANA y otras catástrofes naturales y, además, se establece que las ayudas que organizaciones como Cáritas dieron a afectados por la DANA están exentas en el IRPF.

La decisión de dejar exentas de IRPF las indemnizaciones que recibirán las personas que sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia da cumplimiento al convenio firmado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor del Pueblo y la cúpula de la Iglesia Católica, donde se acordó reconocer y reparar a este colectivo. Lo que permitirá que no tengan que hacer frente a ninguna obligación fiscal por este concepto, facilitando así que las víctimas dispongan de la cantidad que les corresponde de manera íntegra.

Medidas para Adamuz y Gelida

El texto incluye otras medidas centradas en asistir a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), y de Gelida (Barcelona), ambos de enero de 2026. Con ese fin, se otorgará la condición de situación asimilada a accidente de trabajo a quienes estén en procesos de incapacidad temporal a causa del siniestro. Esto permitirá que tanto quienes trabajaban por cuenta propia como por cuenta ajena disfruten de mayores ventajas en la prestación económica correspondiente de la Seguridad Social, sin que se les requiera periodo mínimo de cotización.

Tomando como ejemplo a una persona con una base reguladora de unos 2.100 euros al mes, esta medida implicará pasar de cobrar 1.333 euros el primer mes a cobrar 2.100 euros, dado que percibirá el 100% de su base reguladora.

Este régimen especial también aplicará a quienes, a causa del accidente, sean perceptores de pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia o la prestación económica por incapacidad permanente parcial. También se aplicará la medida a aquellos que perciban pensiones de viudedad y orfandad. Por lo que el cálculo de su cuantía económica se basará en lo tasado por la ley para los accidentes laborales, siempre que sea más favorable para ellos.

Medidas por la DANA

El Real Decreto-ley incluye varias medidas que perseveran en las ayudas aprobadas por la DANA de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la DANA. Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputados.

Esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, que utilizó 1.600 millones.

En la misma línea, la norma aprobada contempla que Extremadura pueda recibir recursos con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para hacer frente a gastos derivados de las inundaciones sufridas recientemente.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la DANA no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros.

Exenciones en IRPF

El Real Decreto-ley declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por la DANA como, por ejemplo, las de Cáritas. El objetivo de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

En la misma línea, el Real Decreto-ley confirma que las ayudas para los afectados de la DANA que dio la Comunitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el Real Decreto-ley que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.

Se recupera también la exención en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los graves incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano, una medida que también decayó en el Congreso de los Diputados.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (MPJC)

El Consejo de Ministros ha adoptado la siguiente declaración institucional:

"El 28 de abril se conmemora el Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo y, un año más, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la seguridad y la salud laboral, en un contexto especialmente significativo ya que el año 2026 ha sido declarado «Año de la seguridad y salud en el trabajo», coincidiendo con el trigésimo aniversario de la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta conmemoración se produce en un momento de impulso renovado de la política de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. España precisamente hoy completa la adhesión al Convenio 191 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT), que reconoce el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como uno de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Este reconocimiento se enmarca en la decisión histórica adoptada en la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo, en la que la OIT declaró este derecho como un derecho fundamental.

Además, en febrero de 2026, el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas firmaron un acuerdo para la mejora y modernización de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que impulsa la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Este acuerdo tiene por objetivo fundamental avanzar hacia un sistema más eficaz, inclusivo y adaptado a los cambios del mundo del trabajo. En este sentido, se impulsa la integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva para garantizar la protección de todas las personas trabajadoras, así como la incorporación de la dimensión de edad y diversidad generacional, adaptando las condiciones de trabajo a la evolución de las capacidades a lo largo de la vida laboral. Asimismo, se refuerza la atención a los riesgos emergentes, en particular los de carácter psicosocial ―particularmente los asociados a las nuevas formas de organización del trabajo o a la desconexión digital y los derivados del cambio climático―, priorizando su prevención junto a los riesgos ergonómicos, especialmente en sectores digitalizados y de servicios. El acuerdo también persigue mejorar la detección de los daños derivados del trabajo, fortalecer la organización preventiva en las empresas mediante un mayor protagonismo de los recursos internos dedicados a la prevención de riesgos laborales, aumentar la eficacia de los servicios de prevención y actualizar la formación en todos los niveles preventivos. Finalmente, se incorpora el compromiso de reforzar la protección de las personas trabajadoras autónomas en aquellos supuestos en los que concurren con otras empresas o profesionales.

De esta forma, este acuerdo contempla, además, el desarrollo y actualización del marco reglamentario, con actuaciones dirigidas a mejorar instrumentos clave como la coordinación de actividades empresariales, así como la elaboración de nuevos desarrollos normativos ante riesgos emergentes, entre ellos la protección frente a los riesgos psicosociales y el impacto del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo.

Estas modificaciones normativas se alinean, en gran medida, con las prioridades establecidas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, fruto del acuerdo entre las administraciones públicas y los interlocutores sociales representados en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dicha Estrategia articula, a través de sus planes de acción, cerca de doscientas medidas actualmente en desarrollo que, en su conjunto, tienen como objetivo impulsar una mejora significativa de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como reforzar la protección de las personas trabajadoras.

Desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, España ha consolidado avances fundamentales en la mejora de las condiciones de trabajo y en el desarrollo de una cultura preventiva más sólida, fruto del esfuerzo conjunto de las Administraciones públicas, los interlocutores sociales y los organismos especializados. Esta evolución ha contribuido de manera relevante a la reducción de la siniestralidad y a una concepción más amplia de la seguridad y salud en el trabajo basada en la anticipación y prevención del riesgo, y no solo la reparación cuando el daño a la salud ya se ha producido.

Sin embargo, en un contexto de transformación constante del mundo del trabajo, marcado por la digitalización, los cambios en la organización productiva y la creciente diversidad de la población trabajadora persisten desafíos de gran calado que requieren seguir avanzando y adaptando el sistema preventivo.

Entre ellos, la siniestralidad laboral continúa siendo una realidad inaceptable. Si bien la evolución del índice de incidencia de los accidentes mortales se ha reducido en un 48 por ciento desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la reforma laboral de 2021 ―mediante la mejora sin precedentes de la calidad en el empleo― ha contribuido de manera decisiva a la disminución del índice de incidencia, según el avance de datos 735 personas trabajadoras perdieron la vida en el trabajo en 2025, de los cuales son 584 hombres y 151 mujeres. El pasado año la incidencia de accidentes mortales se cifró en 2,8 fallecimientos (prácticamente tres) por cada cien mil personas trabajadoras. Las enfermedades profesionales ascendieron a 30.713, y las comunicaciones de patologías no traumáticas relacionadas con el trabajo sumaron 34.440. Estos datos interpelan a toda la sociedad española y exigen fortalecer las políticas de prevención, la acción institucional pero también las actuaciones en las empresas y lugares de trabajo.

Junto a ello, es necesario avanzar de forma decidida en la visibilización y prevención de las enfermedades profesionales. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) y la OIT, cada año se producen un total de 2,9 millones de muertes de origen laboral, de las cuales 2,6 millones se deben a enfermedades relacionadas con el trabajo y solo 300.000 a accidentes de trabajo. Tenemos una deuda pendiente con el reconocimiento de las enfermedades originadas por el trabajo: solo si se reconoce el origen laboral de las enfermedades se estará en disposición de adoptar medidas para prevenirlas de forma eficaz.

Esta carencia se agrava en el caso de los sectores feminizados, donde persiste un infrarreconocimiento estructural de sus patologías como de origen laboral, lo que redunda en su falta de calificación como enfermedades profesionales, con impacto directo en la protección de derechos de las mujeres.

En este ámbito, adquieren una especial relevancia las enfermedades y trastornos relacionados con la salud mental, cuya incidencia ha aumentado de forma notable en los últimos años y que, en gran medida, reflejan el impacto de las condiciones de trabajo sobre el bienestar de las personas trabajadoras.

El mundo del trabajo está experimentando transformaciones profundas que están redefiniendo los riesgos laborales. La digitalización, los cambios en la organización del trabajo, la intensificación de las demandas, la disponibilidad permanente o las dificultades para conciliar configuran nuevos escenarios que requieren una adaptación del sistema preventivo.

En este contexto, los riesgos psicosociales han adquirido una relevancia creciente. Estos riesgos, vinculados a la forma en que se diseña, organiza y gestiona el trabajo, influyen directamente en la salud física y mental de las personas trabajadoras. La OMS estima que, a nivel mundial, se pierden cada año 12.000 millones de días de trabajo por depresión y ansiedad. En Europa, el 29 por ciento de las personas trabajadoras declara sufrir estrés, depresión y ansiedad relacionados con el trabajo; sin embargo, en España las personas trabajadoras que señalan el ámbito laboral como causa de estrés, ansiedad o depresión aumenta al 40 por ciento.

Debe tenerse en cuenta que este impacto no es homogéneo: en sectores altamente feminizados hay una mayor prevalencia de riesgos psicosociales debido, entre otros factores, a la segregación ocupacional y a la mayor exposición a situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo.

En España, esta tendencia es especialmente significativa. Las incapacidades temporales de más de 15 días por síntomas emocionales han aumentado casi un 500 por ciento desde 2018, las relacionadas con el estrés grave más de un 200 por ciento y las de ansiedad más del 100 por ciento, situándose los trastornos mentales como la segunda causa de baja laboral.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de abordar los riesgos psicosociales desde un enfoque preventivo estructural, centrado en la organización del trabajo y no exclusivamente en las respuestas individuales. En esta misma línea, la OIT ha puesto el foco en 2026 en la importancia de integrar la gestión de estos riesgos dentro de las políticas de gestión del trabajo.

Ante este escenario, el Gobierno de España reafirma su compromiso con el desarrollo de una política preventiva integral, que dé respuesta tanto a los riesgos tradicionales como a los emergentes, incorporando plenamente la salud mental y reforzando la protección de todas las personas trabajadoras, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Este día constituye, por tanto, una oportunidad para renovar el compromiso colectivo con la prevención de riesgos laborales como pilar esencial del trabajo decente y del bienestar social.

El Gobierno de España hace un llamamiento al conjunto de la sociedad para seguir avanzando, de forma compartida y decidida, hacia entornos de trabajo seguros, saludables y dignos, en los que la protección de la salud física y mental sea una prioridad permanente."

Hacienda

SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL FEGA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS SUPERFICIES AGRÍCOLAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), por importe de 10.062.306,20 euros, para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de monitorización y del conjunto de los elementos del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC).

La modificación presupuestaria se justifica por la necesidad de dar continuidad, durante el ejercicio 2026, a las labores de mantenimiento y mejora del sistema de monitorización de las superficies agrícolas, que constituye un elemento esencial del Sistema Integrado de Gestión y Control.

Asimismo, la Base de Datos de Ayudas, junto con el resto de bases de datos asociadas a ella, constituye uno de los sistemas de información esenciales del FEGA en el ejercicio de sus funciones. El establecimiento, funcionamiento y actualización de estos sistemas resulta imprescindible para garantizar el cumplimiento del marco normativo europeo y nacional aplicable a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

El FEGA no dispone de los medios humanos y materiales suficientes para acometer directamente estas actuaciones, por lo que resulta necesario llevarlas a cabo mediante encargos a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC):

• Modificación del encargo relativo a la realización de los trabajos de monitorización de las ayudas de la Política Agraria Común.
• Nuevo encargo para el mantenimiento y nuevos desarrollos de las aplicaciones de apoyo y coordinación del FEGA con las comunidades autónomas para la campaña 2026/2027.

Teniendo en cuenta las necesidades previstas y el crédito disponible, es necesario incrementar la dotación del concepto 640 en 10.062.306,20 euros.

Por consiguiente, el Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por el citado importe, financiado con la parte del remanente de tesorería del Organismo que, al cierre del ejercicio anterior, no fue aplicada a su presupuesto.

En consecuencia, se ha propuesto la modificación de crédito solicitada, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros.

Hacienda

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HANGAR PARA FLOTA DE AVIONES ANFIBIOS APAGAFUEGOS

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 350.000 euros al Ministerio de Defensa para financiar la construcción del hangar para la flota de aviones anfibios apagafuegos Canadair, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 04, inversión 04).

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación ha sido el centro directivo que ha solicitado esta transferencia de crédito.

Uno de los elementos clave de apoyo a las Comunidades Autónomas para la cobertura de los montes contra incendios es el despliegue estatal de la flota anfibia de aviones apagafuegos operados por el Grupo 43 del Ejército del Aire. Para su necesario mantenimiento y operación, estos aviones necesitan de un conjunto de infraestructuras, entre las cuales se encuentran los hangares de mantenimiento.

En este sentido, con fecha 14 de julio de 2022 se suscribió un Acuerdo Interdepartamental entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Secretaría de Estado de Medio Ambiente) y el Ministerio de Defensa (Ejército del Aire) para la construcción del hangar para la flota de aviones anfibios apagafuegos Canadair, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Una vez ejecutadas las actuaciones contractuales y de desarrollo del proyecto de construcción del nuevo hangar, se ha detectado una necesidad sobrevenida que ha motivado la suscripción, con fecha de 12 de marzo de 2026, de una adenda de modificación al citado acuerdo. En virtud de dicha adenda, se modifican varias cláusulas del Acuerdo Interdepartamental, además del anexo, añadiéndose la anualidad del año 2026 por importe de 350.000 euros para cubrir la necesidad descrita.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A LA FNMT A CONTRATAR MEDIANTE ACUERDO MARCO EL SUMINISTRO DE CUBIERTAS ELECTRÓNICAS PARA FABRICAR LIBRETAS DE PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE VIAJE

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Entidad Pública Empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) la contratación, mediante acuerdo marco, del suministro de cubiertas electrónicas con micromódulo, destinadas a la fabricación de varios modelos de libretas 4.0, por un importe estimado de 45.760.000 euros.

De esta forma, se ha elevado al Consejo de Ministros un acuerdo marco para el suministro de los materiales destinados a la fabricación de las cubiertas electrónicas con micromódulo, utilizadas en el desarrollo de varios modelos de libretas 4.0 de pasaportes, títulos y documentos de viaje con destino a la Dirección General de la Policía y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Para este fin, se ha solicitado la autorización de un gasto de hasta 45.760.000 euros durante un periodo de 24 meses, con posibilidad de una prórroga de 24 meses más.

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA NECESIDADES DE FORMACIÓN DE SUBOFICIALES Y MILITARES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa financiar las adendas para el curso 2026/2027 para atender las necesidades de formación de los futuros suboficiales y de los militares profesionales de tropa y marinería.

El Ministerio de Defensa solicita autorización para modificar los límites para adquirir compromisos de gasto en la aplicación presupuestaria 'Transferencias a CCAA. Formación Escuelas de Suboficiales', dotada en el presupuesto prorrogado para el año 2026 con un crédito inicial de 9.893.410 euros, con la finalidad de financiar las adendas para el curso 2026/2027 a los convenios, ya formalizados con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y diversas comunidades autónomas, para atender las necesidades de formación de futuros suboficiales y de los militares profesionales de tropa y marinería.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece que la enseñanza de formación de los aspirantes a suboficial de las Fuerzas Armadas incluirá la necesaria para alcanzar una titulación oficial de Técnico Superior de la Formación Profesional del sistema educativo general.

Por otra parte, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería establece que la formación en las Fuerzas Armadas facilitará a los militares profesionales de tropa y marinería la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educativo general, en especial el título de técnico correspondiente a la Formación Profesional de grado medio, los certificados de profesionalidad y la mejora de su cualificación a través de la formación ocupacional.

Los centros docentes militares del Ministerio de Defensa son los responsables de impartir esa enseñanza de Formación Profesional para ambas escalas. Para ello, resulta necesario disponer de profesores civiles, cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa en vigor del sistema educativo español.

Debido a la imposibilidad, por parte del Ministerio de Defensa, de aportar directamente el referido profesorado, mediante convenios sucesivos firmados con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y con los Gobiernos de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y la Región de Murcia, desde el año 2011 estas comunidades vienen aportando dicho personal docente.

Los convenios contemplan la elaboración de adendas anuales (por curso escolar) en las que se establece el personal docente necesario y la cuantía máxima a transferir a las comunidades autónomas para la liquidación de las obligaciones económicas contraídas, que se corresponderán con los costes derivados de los haberes devengados por el personal que cada comunidad aporta.

Las adendas mencionadas se financiarán con la aplicación presupuestaria 'Transferencias a CC.AA. Formación Escuelas de Suboficiales', y abarcarán todo el curso escolar, desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.

La dotación presupuestaria en el presupuesto prorrogado para el año 2026 asciende a 9.893.410 euros. No obstante, el periodo cubierto por las adendas implica que la mayor parte del gasto corresponde al ejercicio presupuestario 2027, cuyo importe asciende a 12.754.173,70 euros. Este incremento de gasto con respecto a cursos anteriores se debe principalmente al incremento de 600 alumnos, a la primera convocatoria del programa FORMA para cursar el módulo de FP adicional, al incremento de 45 profesores, así como la actualización de salarios.

Por todo lo anterior, el Ministerio de Defensa expone la necesidad de disponer de compromisos de crédito para el ejercicio 2027, en la aplicación presupuestaria 'Transferencias a CC.AA. Formación Escuelas de Suboficiales', por 12.754.173,70 euros.

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA LA TRAMITACIÓN DE INVERSIONES PARA SANIDAD Y TRAZABILIDAD GANADERA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tramitación de nuevos gastos en materia de inversiones reales, destinadas especialmente a mejorar la sanidad y la trazabilidad en el ámbito ganadero.

La necesidad de crédito viene motivada por la necesidad de iniciar la tramitación de varios expedientes que implican un aumento del gasto que supera el porcentaje legalmente establecido para la citada aplicación presupuestaria en el año 2027.

Entre las nuevas necesidades identificadas se incluyen el suministro de kits de diagnóstico para la detección de anticuerpos frente al virus de la 'lengua azul' en rumiantes; el suministro de kits de diagnóstico, mediante el método ELISA de competición, para la detección de anticuerpos frente al virus de la influenza aviar en aves de todas las especies; la adquisición de dosis de tuberculina bovina y aviar destinadas a la realización de pruebas de diagnóstico de la tuberculosis.

También se incluye el desarrollo de las actuaciones necesarias para el diseño y la coordinación del Programa Nacional de Vigilancia Entomológica frente a Vectores; así como la realización de encargos para actuaciones de apoyo en materia de higiene y bioseguridad en la producción primaria, y para la actualización, mejora y mantenimiento del sistema de información de trazabilidad y calidad de la leche cruda (letra Q).

Las cuantías totales de los nuevos expedientes a tramitar por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a nivel de vinculación, presentan el siguiente detalle por anualidades (importes en euros):

Con cargo a la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya tiene iniciados expedientes de los que se derivan compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. Estas nuevas necesidades sumadas a los compromisos ya adquiridos son los siguientes (importes en euros):

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para 2027.

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AUTORIZADOS LÍMITES DE GASTO PARA FINANCIAR EL PREMIO REINA SOFÍA DE POESÍA IBEROAMERICANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al consejo de administración del Patrimonio Nacional la financiación del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Con fecha 16 de marzo de 2022, se suscribió el convenio entre la Universidad de Salamanca y el consejo de administración del Patrimonio Nacional para la realización de actividades culturales, entre cuyos objetivos figura dar continuidad al 'Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana'.

El convenio se ha venido desarrollando a plena satisfacción de las partes, por lo que es interés de ambas dar continuidad al mismo y a las actividades en él establecidas. En este sentido, actualmente se encuentra en tramitación una adenda de modificación y prórroga del convenio.

La financiación del 'Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana' para los ejercicios 2026 a 2029 ascenderá a un importe total anual de 42.100 euros, que será aportado por ambas instituciones promotoras a partes iguales, correspondiendo al organismo autónomo consejo de administración del Patrimonio Nacional un importe de 21.050 euros en cada uno de los ejercicios indicados:

Dado que la aplicación presupuestaria afectada carece de crédito inicial, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en las anualidades de 2027, 2028 y 2029 de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

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AUTORIZADOS LÍMITES DE GASTO PARA CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se han autorizado los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo acometer diversos contratos y encargos a medios propios de asistencia técnica.

Con fecha 24 de abril de 2024 se publicó en el BOE el Real Decreto 409/2024, de 23 de abril por el que se establece el reparto definitivo de competencias de la Secretaría de Estado de Industria, la Dirección General de Programas Industriales y la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Como consecuencia de lo anterior se han creado varias aplicaciones presupuestarias, así como varias partidas, que no existían en el presupuesto prorrogado.

Las necesidades de gasto futuro a satisfacer en relación con contratos y encargos a medios propios de asistencia técnica son las que se desglosan a continuación, según su clasificación económica:

• Servicio 09. Dirección General de Programas Industriales - Programa 422B
• Artículo 22. Se va a llevar a cabo, entre otros, la revisión y actualización de los importes y anualidades correspondientes a los gastos de asistencia técnica asociados a las convocatorias de los PERTES, incluyendo un nuevo encargo para la justificación final de varias convocatorias, así como la incorporación de nuevos compromisos de gasto vinculados a la gestión y tramitación de solicitudes del Programa AUTO+, aprobado por el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

Al objeto de satisfacer las necesidades expuestas anteriormente, se precisa acometer los siguientes encargos a medios propios que se reflejan a continuación (importes en euros):