Referencia Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Transportes y Movilidad Sostenible

Agricultura, Pesca y Alimentación

Cultura

Economía, Comercio y Empresa

Sanidad

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Ciencia, Innovación y Universidades

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

FONDO DE CONTINGENCIA PARA ATENDER DAÑOS EN VARIAS CCAA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 5.293.762,88 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para atender daños en varias comunidades autónomas provocados por inclemencias meteorológicas.

Las comunidades afectadas son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Murcia y Ceuta.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha sido el centro directivo que ha solicitado un crédito extraordinario con el fin de atender las obligaciones previstas para el ejercicio 2026, que se deriven de la asignación de subvenciones contempladas en los acuerdos de Consejo de Ministros de 20 de junio, 5 y 25 de septiembre de 2023, para paliar daños en las zonas afectadas por los incendios forestales, tormentas, nevadas, lluvias torrenciales y otros fenómenos de distinta naturaleza, por importe de 5.293.762,88 euros.

Los acuerdos anteriores establecen un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de la zona siniestrada, en el que se establece que: "a los proyectos directamente relacionados con los siniestros a los que se refiere el apartado primero que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la red viaria de las diputaciones provinciales, de los consejos insulares o, en su caso, de las comunidades autónomas uniprovinciales, se les aplicará la tramitación de urgencia y se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste, excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios no personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal".

Se estima que las necesidades totales para atender en el ejercicio 2026 los reconocimientos de las obligaciones y pagos derivados de las resoluciones de asignación de las subvenciones previstas en los tres acuerdos de Consejo de Ministros, reseñados anteriormente, asciende a 5.293.762,88 euros.

Por todo lo expuesto, para dar cumplimiento a dicho gasto es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario, imputándose a la aplicación presupuestaria de nueva creación 'Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. Declaraciones ZAGEPC 2023', por un importe total de 5.293.762,88 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

Hacienda

FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA A INMIGRANTES

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 286.715.807,32 euros y la concesión de un suplemento de crédito y un crédito extraordinario en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para la financiación de actuaciones en el ámbito de la acción concertada y diversas declaraciones de emergencia.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha sido el centro directivo que ha solicitado un suplemento de crédito y un crédito extraordinario en diversas aplicaciones presupuestarias del artículo 22 'Material, suministros y otros' del programa 231H 'Acciones en favor de los inmigrantes', por importe total de 286.715.807,32 euros, para la financiación de las funciones y actuaciones que tiene atribuidas la Secretaría de Estado de Migraciones en el año 2026.

El objeto de esta modificación presupuestaria es hacer frente, dentro del programa 231H 'Acciones en favor de los inmigrantes', a actuaciones ineludibles e inaplazables en el ámbito de la acción concertada, la cual incluye tanto la prestación de los servicios del programa de atención humanitaria a los inmigrantes en situación irregular que llegan a nuestras costas como el sistema de acogida en materia de protección internacional, así como los gastos de diversas declaraciones de emergencia derivadas de la llegada de inmigrantes a las costas de Baleares o consecuencia de la situación en Gaza.

El importe total de las necesidades descritas asciende a 286.715.807,32 euros, incluyendo necesidades derivadas de obligaciones de ejercicios anteriores.

Por lo tanto, para dar cumplimiento a dicho gasto es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito y un crédito extraordinario, por un importe total de 286.715.807,32 euros.

Hacienda

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PARA LAS BECAS SERÉ

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 12.715.120 euros, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para financiar el programa de becas gestionado por el organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

El Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes incluye, desde 2022, la convocatoria de una línea de becas destinadas a fomentar la preparación de aspirantes al ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado.

A través de estas becas, el Ministerio pretende eliminar las barreras socioeconómicas que limiten el acceso a estos cuerpos y afectan a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Con el fin de cubrir las necesidades presupuestarias para la ejecución del programa de becas SERÉ de 2026, el Centro de Estudios Jurídicos considera necesario tramitar un expediente de transferencia de crédito por importe de 12.715.120 euros.

Dado que el CEJ no dispone de remanentes de crédito en otras partidas que permitan atender estas necesidades, y considerando el carácter ineludible del gasto, resulta necesario tramitar la presente transferencia al amparo de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para 2026.

Hacienda

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE UNIDADES DE ACELERACIÓN DUAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la convocatoria de 'Ayudas para la creación de unidades de aceleración dual'.

La convocatoria de 'Ayudas para la creación de Unidades de Aceleración Dual' tiene como objetivo la creación de 100 unidades en zonas de concentración de empresas, impulsando el contacto y asesoramiento entre los centros de formación profesional y las entidades empresariales, y fomentando la formación práctica del alumnado y trabajadores.

La ayuda total asciende a dos millones de euros, con la siguiente distribución:

Al tratarse de un expediente de tramitación plurianual, que abarcará los ejercicios 2026 y 2027, se hace necesario autorizar límites en el año 2027, al no existir crédito inicial en el año 2026, de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha sometido este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros.

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, la tramitación de expedientes de gasto en materia de subvenciones públicas para financiar programas de prevención y control del sida y otras infecciones de transmisión sexual.

Las subvenciones a entidades comunitarias de apoyo a programas y proyectos de prevención y control del VIH conforman un pilar fundamental de las acciones de la Dirección General de Salud Pública y Equidad de la Salud, del Ministerio de Sanidad, y de la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis (DCVIHT) dentro de las directrices de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas sobre el SIDA y de acuerdo con el Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual para el periodo 2021 - 2030 en España.

Las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones se recogen en la Orden SND/1182/2022, de 22 de noviembre, en la cual se contempla la posibilidad de poder realizar convocatorias bienales.

La próxima convocatoria de subvenciones a realizar por el Ministerio de Sanidad en el presente ejercicio, concretamente por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de programas supracomunitarios de prevención y control de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual tendrá una duración de dos años, durante los ejercicios 2027 y 2028, dotado, cada ejercicio, con dos millones de euros cada uno.

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos, a nivel de vinculación, de la aplicación presupuestaria 'Para subvenciones a instituciones de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a financiar Programas de Prevención y Control del SIDA y otras ITS' y las nuevas necesidades a abordar resulta lo siguiente:

Por lo expuesto, al superarse en los ejercicios 2027 y 2028 los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos máximos de gastos.

Hacienda

AUTORIZADOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS CULTUREX

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Cultura, la convocatoria de Becas CULTUREX de formación en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior para el periodo 2026-2027.

Para el desarrollo de sus funciones la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea (SGRIUE) dispone del programa 'Becas CULTUREX de formación en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior', que establece la convocatoria y concesión anual en régimen de concurrencia competitiva, de becas de formación práctica a jóvenes españoles en distintas instituciones culturales internacionales por un periodo de entre 10 y 12 meses.

Actualmente está prevista la próxima convocatoria de 11 becas CULTUREX, correspondientes al periodo 2026-2027, que se iniciarán el 1 de octubre de 2026 y finalizarán según la institución internacional de destino, en los meses de julio, agosto y/o septiembre de 2027.

La financiación de la convocatoria asciende a un importe máximo de 321.456 euros, desglosados en 67.748 euros en el ejercicio 2026 y 253.708 euros en el año 2027.

De esta forma, existe la necesidad de autorizar por el Consejo de Ministros el límite en el año 2027, al no existir crédito inicial en el año 2026, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

LIBERACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

El Consejo de Ministros ha autorizado la liberación de productos petrolíferos equivalentes al consumo de 12,3 días de consumo nacional. La liberación corresponde a la contribución de España al acuerdo alcanzado por los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el 11 de marzo para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles durante 90 días, con el objetivo de moderar el impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz al tránsito de buques petroleros.

De acuerdo con los compromisos multilaterales de España en el marco de la AIE y con la normativa europea, el país mantiene reservas de productos petrolíferos equivalentes a 92 días de ventas o de consumo en el año natural anterior. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), dependiente del MITECO, mantiene reservas para 42 días, mientras que las reservas para los restantes 50 días están en manos de la industria.

Estas reservas están compuestas por grupos de productos de gasolinas auto y aviación, gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos, y fuelóleos, así como una parte con forma de crudo. Las reservas de CORES, estratégicas, están repartidas por todo el territorio nacional, mientras que puede haber un porcentaje inferior al 2% de las reservas de la industria en países de nuestro entorno, como Francia, Italia y Portugal.

Los 32 países de la AIE han acordado la quinta acción colectiva para liberar reservas desde la creación de la entidad, atendiendo a que el tránsito de petroleros por Ormuz se ha reducido a menos del 10% de los volúmenes previos al conflicto, equivalentes al 25% del comercio marítimo mundial.

La organización espera que esta actuación solidaria modere la volatilidad de los mercados internacionales y contenga las tensiones de precios, evitando reacciones de pánico. España contribuye a este Plan de Respuesta Coordinado, el mayor de la historia de la AIE, con un máximo de 11,553 millones de barriles, el 2,9% del total.

El Consejo de Ministros ha aprobado que la liberación de reservas se produzca en diferentes fases. Una primera, inmediata, tendrá un volumen equivalente a cuatro días de consumo, que deberá ponerse en el mercado durante 15 días. Se usarán las reservas de la industria, ya que los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente, mediante el uso normal de sus canales de distribución.

El resto de la liberación podrá constar a su vez de una o de varias fases, repartidas en varios días, en función de la evolución de los acontecimientos. Podrán utilizarse tanto las reservas de la industria como las de CORES, que supervisará todo el procedimiento.

Los productos petrolíferos cuya liberación se decida en cada momento -se espera que los gasóleos serán la mayor parte, por la estructura de la demanda del país- se ofrecerán a precios de mercado para su puesta en consumo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDA DEL ANEXO DEL CONVENIO CONTRA EL DOPAJE DEL CONSEJO DE EUROPA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento del texto enmendado del Anexo del Convenio contra el dopaje del Consejo de Europa, relativo a la lista de sustancias y métodos prohibidos de 2026.

El Convenio contra el Dopaje se elaboró en el seno del Consejo de Europa, con el objetivo de lograr la reducción y posterior eliminación del dopaje en el deporte. En la actualidad son partes en este Convenio 52 Estados.

España lo firmó ad referéndum el 16 de noviembre de 1989 y lo ratificó el 20 de mayo de 1992, estando vigente desde el 1 de julio de 1992.

El Convenio contiene un Anexo que incluye la lista de las sustancias y de los métodos de dopaje prohibidos que se actualiza anualmente por el Grupo de Seguimiento. Sobre la base de la lista de prohibiciones para 2026 aprobada por la Agencia Mundial Antidopaje, adoptó la versión enmendada del mismo, que contiene la lista de sustancias y métodos prohibidos de 2026.

El texto enmendado del Anexo del Convenio contra el Dopaje, adoptado mediante el procedimiento simplificado previsto, entró en vigor el 1 de enero de 2026, sin necesidad de ninguna actuación posterior de los Estados parte del Convenio.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

En 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960).

Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"El Gobierno de España reafirma su compromiso con la erradicación del racismo, con especial énfasis en el racismo estructural, y de la discriminación racial o étnica, abordándolos desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos. En esta línea, desde este Gobierno se prioriza la promoción activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, pilares fundamentales de una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y acceder a las mismas oportunidades sin distinción alguna.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora por Naciones Unidas desde 1966 en memoria de las sesenta y nueve víctimas asesinadas por la policía en una acción pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) contra el Apartheid el 21 de marzo de 1960, resulta más importante que nunca recordar la necesidad de condenar y luchar de forma activa contra toda forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, el color de piel u otras características personales, incluyendo manifestaciones como el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas conexas de intolerancia.

En 2026 se conmemora el 25º aniversario de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban en 2001, hito internacional que marcó un antes y un después en el reconocimiento del racismo estructural y en la adopción de compromisos globales para su erradicación. Este aniversario constituye una oportunidad para renovar el consenso internacional y reforzar la implementación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, avanzando hacia una sociedad basada en la igualdad y en la justicia racial. Hoy más que nunca resulta necesario reivindicar y defender el multilateralismo, firme compromiso del Gobierno de España.

Aún quedan grandes desafíos por afrontar. En 2025, precisamente con ocasión de la conmemoración de este Día, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y el Ministerio de Igualdad publicaron el último estudio sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico en España por parte de las potenciales víctimas, con el título "El impacto del Racismo en España 2024". En este estudio se indica que cuando se pregunta a las personas encuestada por situaciones concretas que son o pueden ser consideradas como posibles delitos de odio en diferentes ámbitos, el 52% señala que ha vivido al menos una situación concreta susceptible de ser considerada delito de odio por motivos étnico raciales. El estudio señala también la vivienda como el ámbito donde más discriminación se percibe (un 27,5 %), seguido de los espacios públicos, sin olvidar otros como el empleo. Un 47,6% de las personas entrevistadas que ha sufrido experiencias de discriminación en el último año, en primera persona, reconoce que estas les han causados efectos psicológicos, como estrés, ansiedad o depresión, que pueden repercutir de manera muy negativa sobre la salud mental. Frente a esta realidad, la infradenuncia sigue siendo abrumadora, solo dos de cada diez personas que han experimentado una situación discriminatoria en el último año ha afirmado haber presentado alguna queja, reclamación o denuncia.

Los datos más recientes reflejan una exacerbada tendencia al alza de los discursos de odio en internet y en redes sociales, donde la desinformación y la polarización amplifican narrativas xenófobas, racistas y excluyentes, contribuyendo a la estigmatización de las personas racializadas, especialmente en contextos electorales o de crisis o emergencias.

El odio y la violencia en las redes traspasan las pantallas, y, en 2025, incidentes de carácter racista como los sucedidos en Torre Pacheco evidencian la persistencia de conductas y discursos que socavan la convivencia democrática y los valores constitucionales.

Esta realidad exige redoblar esfuerzos institucionales y reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción de los delitos de odio. También es imprescindible seguir fortaleciendo la cooperación con las plataformas digitales, y su responsabilización en esta materia.

España ha avanzado de manera decidida en la lucha contra el racismo, la discriminación y los delitos de odio, con medidas como la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; la creación de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación; los trabajos y cooperación que se desarrolla en el marco del Acuerdo Interinstitucional para Cooperar en la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia, la LGTBIfobia y Otras Formas de Intolerancia; o la monitorización del discurso de odio en línea. Además, el Gobierno ha aprobado el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027). Se ha avanzado igualmente en la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, designada por la Ley 15/2022, de 12 de julio, organismo competente en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, para reforzar la protección de las víctimas y la supervisión del cumplimiento normativo.

Asimismo, el Gobierno ha adoptado importantes medidas en el ámbito de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, considerando colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas migrantes, las personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional y las personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos étnicos o religiosos.

En 2025 se conmemoraron los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península. En este contexto, y como resultado tangible de esta efeméride, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó el 23 de diciembre la creación de una Red de Mujeres Gitanas. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar su participación social y política, así como institucionalizar un diálogo permanente con la Administración General del Estado.

Desde la subcomisión creada en el Congreso para combatir los discursos de odio, se sigue promoviendo un gran acuerdo para combatir los discursos de odio que estigmatizan, culpan y señalan, representando un desafío para la convivencia social, y para el que espera contar con un gran consenso social y político, para lo cual se cuenta con el impulso del Ministerio de Igualdad.

El Gobierno de España continúa reforzando los instrumentos de conocimiento y seguimiento del discurso de odio. En este marco, a la herramienta FARO ya existente, que permite identificar y analizar en tiempo real los discursos de odio racista y xenófobo en redes sociales, se suma la herramienta Huella del Odio y la Polarización (HODIO), que permite analizar la presencia y amplificación del discurso de odio en las principales redes sociales, contribuyendo a mejorar las políticas públicas de prevención y respuesta frente al racismo y la discriminación.

El Gobierno apoya igualmente la nueva Estrategia Antirracismo de la Unión Europea 2026-2030, que se basa en el Plan de Acción Antirracismo 2020-2025, y busca reforzar la lucha contra el racismo en todas sus formas en la UE, incluyendo el racismo antiafro, el antigitanismo, el antisemitismo, el racismo antiasiático y el odio anti-musulmán. España participará activamente en su implementación, en sus cinco pilares, que incluyen, entre otras cuestiones, la aplicación y el refuerzo del marco legal antidiscriminación, la eliminación de las barreras estructurales e inclusión social, o el énfasis en la necesidad de promover la cooperación y alianzas entre los actores clave. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el 10 de junio del 2025 el Plan de Actuación para la Mejora de la Empleabilidad de la Población Gitana (2025 2028), cuyo objetivo es reforzar el acceso al mercado laboral, la formación y el emprendimiento de las personas del colectivo. Esta iniciativa supone un avance significativo en la lucha contra la discriminación racial y refleja el compromiso del Gobierno con la igualdad de trato para todas las personas ante el empleo.

En este sentido, el Gobierno manifiesta su firme convicción en la necesidad de colaborar con la sociedad civil y reconocer el trabajo que realiza a través de las organizaciones y asociaciones de personas del pueblo gitano, de personas africanas y afrodescendientes, árabes, amazigh, latinoamericanas y asiáticas, entre otros grupos poblacionales y étnicos, así como de personas migrantes y de apoyo a los derechos humanos, en general, y a la lucha contra el racismo, en particular, cuyo esfuerzo debe verse respaldado y acompañado por políticas públicas dotadas de suficientes medios y recursos adecuados.

Asimismo, el Gobierno continúa avanzando en el desarrollo del proceso de regularización administrativa iniciado en febrero de este año, y de mejora de los mecanismos de inclusión de las personas migrantes, entendiendo que la garantía de derechos, la seguridad jurídica y la plena participación social son elementos esenciales para prevenir la discriminación y fortalecer la cohesión social.

La protección de las víctimas, la puesta en marcha de mecanismos adecuados de denuncia, y la lucha contra la todavía abrumadora infradenuncia, constituyen también líneas prioritarias de acción. En este marco, el 021, que es el número oficial del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, gestionado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), organismo adscrito al Ministerio de Igualdad que fue designado organismo de igualdad por el artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, está destinado a la atención a víctimas de racismo y ha sido reforzado en los últimos años para ampliar la cobertura territorial y horaria. Según los datos anuales correspondientes a 2024, presentados en 2025, el servicio prestó atención a 20.520 consultas presenciales, gestionó 2.913 casos de discriminación y acompañó directamente a 3.629 víctimas. El Gobierno reafirma su compromiso de consolidar y reforzar este instrumento esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección frente al racismo. Asimismo, el Gobierno está trabajando en la adopción de una Estrategia para la igualdad de trato y la No Discriminación, como una de las medidas incluidas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, que incluirá actuaciones dirigidas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de las causas establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las competencias de las comunidades, con un enfoque interseccional, y prestando especial atención a las medidas dirigidas a la información, sensibilización y formación en igualdad de trato y no discriminación.

En el ámbito de la acción exterior, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, considera objetivo prioritario de esta política la erradicación de toda normativa o práctica discriminatoria y el trabajo con los países socios para asegurar el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, así como la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 señala como líneas de acción el apoyo a las oficinas nacionales de equidad racial, a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y antirracistas de los países socios, y a las organizaciones de pueblos indígenas y personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe, desde un enfoque interseccional e intercultural. Por otra parte, la Estrategia España África 2025-2028, denominada "Trabajando juntos a través de una relación estratégica", incluye entre sus objetivos el de "más firmeza frente al racismo y la xenofobia" e insiste en el refuerzo de las medidas en el ámbito educativo y en el discurso público.

España es, además, miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el trienio 2025-2027, y continuará luchando contra el racismo y la discriminación en el seno de esta organización, impulsando la aplicación universal del Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Un este Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y en un contexto global marcado por el resurgimiento de narrativas excluyentes y el incremento de los discursos de odio, el Gobierno de España reitera que el único camino para erradicar el racismo es adoptar una posición clara y activa: ser, desde el ámbito institucional y desde el conjunto de la sociedad, inequívocamente antirracistas. Solo así podremos consolidar una democracia más fuerte, una convivencia basada en el respeto y una sociedad donde la diversidad sea reconocida como un valor y no como un motivo de exclusión".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 15 de marzo como el Día Mundial de las personas consumidoras, con un doble objetivo: promover los derechos de las personas consumidoras y sensibilizar sobre la importancia de protegerlos.

Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"Con ocasión del Día Mundial de las personas consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de las personas consumidoras como pilar esencial para el bienestar social, el correcto funcionamiento de los mercados y el fortalecimiento de una economía justa, sostenible e inclusiva.

La transformación digital está redefiniendo profundamente las relaciones de consumo. El desarrollo del comercio electrónico, las plataformas digitales y el uso intensivo de datos han permitido obtener grandes avances en la eficiencia económica, pero también plantean nuevos retos para la protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital.

En este contexto, el Gobierno de España reafirma su compromiso con el desarrollo de una economía digital centrada en las personas, en especial, en la que la innovación tecnológica vaya acompañada de garantías efectivas de transparencia, equidad y protección de las personas consumidoras y usuarias, con especial atención a los niños, niñas y adolescentes.

En este marco, resulta imprescindible reconocer el papel de la economía social y, en particular, de las cooperativas de consumo, como agentes clave en la transición hacia un modelo económico más humano, justo y sostenible. Su contribución al consumo responsable, al desarrollo local y a la construcción de cadenas de valor más democráticas constituye un elemento fundamental para avanzar hacia un sistema de consumo que sitúe a las personas en el centro.

Uno de los desafíos que enfrentamos en los mercados digitales es el uso creciente de sistemas de fijación de precios dinámicos y personalizados, basados en el análisis automatizado de datos y en la elaboración de perfiles de las personas consumidoras. Si bien estas herramientas pueden contribuir a nuevas oportunidades económicas, su utilización plantea importantes retos en términos de transparencia, discriminación algorítmica y protección de las personas consumidoras, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

El Gobierno considera esencial garantizar que la utilización de estas tecnologías respete plenamente los derechos de las personas consumidoras y la normativa europea vigente, en particular las obligaciones de transparencia establecidas en la Digital Services Act, así como las disposiciones relativas a las prácticas comerciales desleales y a la información precontractual recogidas en la normativa.

Asimismo, el Ejecutivo continuará impulsando el desarrollo de medidas que permitan reforzar la transparencia en la personalización de precios y en el uso de sistemas automatizados de decisión en las relaciones de consumo, garantizando que cualquier persona disponga de información clara sobre los criterios que influyen en las ofertas comerciales que recibe en el entorno digital y garantizando el acceso equitativo a productos y servicios en cualquier circunstancia.

Por otra parte, el crecimiento del comercio electrónico y la expansión de las grandes plataformas digitales han incrementado la presencia en el mercado europeo de productos comercializados por operadores establecidos en terceros países. Este fenómeno exige reforzar los mecanismos de supervisión para garantizar que todos los productos que se comercializan en el mercado interior cumplen plenamente las normas europeas de seguridad, calidad e información a las personas consumidoras, evitando con ello prácticas de competencia desleal hacia los operadores económicos establecidos en territorio europeo.

En este sentido, el Gobierno de España continuará promoviendo la aplicación efectiva del Reglamento de Seguridad General de los Productos, así como las obligaciones reforzadas para las plataformas digitales previstas en la Digital Services Act, con el objetivo de asegurar que los productos ofertados en plataformas en línea cumplen de igual forma con la normativa europea y que las plataformas colaboran activamente con las autoridades en la retirada de productos inseguros o ilícitos.

El Gobierno seguirá trabajando, en cooperación con las instituciones europeas y con las autoridades nacionales competentes, para reforzar la vigilancia del mercado, mejorar la responsabilidad de las plataformas digitales y garantizar una protección efectiva de las personas consumidoras.

En este Día Mundial de las Personas Consumidoras, el Gobierno reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía en el ámbito del consumo, con el fortalecimiento de las políticas públicas de protección de las personas consumidoras y con la construcción de una economía digital justa, transparente y al servicio de las personas".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

RESOLUCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL SENADO EN RELACIÓN CON LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO TRAS LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se rechaza el conflicto de atribuciones formulado por el Senado el pasado 18 de febrero en relación con la no comparecencia del presidente del Gobierno tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. El Senado argumenta que se estaba vulnerando su función de control de la acción del Ejecutivo reconocida en los artículos 66.2 y 110 de la Constitución Española.

En este acuerdo se rechaza la fundamentación de fondo del conflicto alegada, dado que como refleja el Diario de Sesiones del Senado correspondiente al Pleno del 29 de enero de 2026, la Cámara sí ha ejercitado sus facultades de control al Gobierno, puesto que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible compareció ante el Pleno del Senado en relación con los dos asuntos para los que había solicitado la comparecencia.

Concretamente, por espacio aproximado de seis horas, respondió a las preguntas que se le formularon por parte de los distintos grupos parlamentarios sobre los accidentes ferroviarios acaecidos en Adamuz (Córdoba), el 18 de enero de 2026; y en las líneas R1 y R4 de Rodalies de Catalunya, el 20 de enero de 2026 .

Por tanto, en relación al ejercicio de la facultad constitucional del Senado de controlar la acción de Gobierno, con la comparecencia del ministro como miembro del Gobierno competente por razón de la materia, y por tanto principal conocedor de la información que podían requerir las y los senadores, el Senado ha podido ejercer su facultad de control.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE TRES SISTEMAS DE DEFENSA DE BUQUES DE LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para el suministro de tres sistemas de defensa de buques de la Armada.

Estos sistemas son capaces de prevenir y frenar posibles amenazas de drones y sistemas lanzacohetes, garantizando una defensa eficaz tanto aérea como en superficie de nuestras tropas.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 29.666.400 euros y una duración de seis años desde su formalización.

Interior

PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y RESILIENCIA DE LAS ENTIDADES CRÍTICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que incorpora al ordenamiento jurídico nacional la directiva europea sobre la salvaguarda de aquellas instituciones y empresas, públicas o privadas, que prestan servicios esenciales en sectores estratégicos y resultan indispensables para mantener las funciones sociales o las actividades económicas vitales no solo en el ámbito nacional, sino también en la Unión Europea.

El proyecto de ley tiene como objetivo apoyar y garantizar el funcionamiento de las entidades públicas o privadas que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos.

Además de sectores tradicionales como la energía, la salud, el transporte, el agua, la Administración pública, la producción y distribución de alimentos o la industria nuclear, este catálogo incorporará nuevos sectores como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada, las instalaciones de investigación o las aguas residuales, entre otros.

El proyecto de ley encomienda a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior la elaboración, custodia y actualización de un catálogo de las entidades consideradas estratégicas, que serán identificadas mediante criterios que se fijarán en:

• la Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades y Críticas, que elaborará la Secretaría de Estado de Seguridad y aprobará el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministro del Interior,
• y en la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos, que elaborará y aprobará la Secretaría de Estado de Seguridad.

La norma regula el procedimiento para la identificación de las entidades críticas, que estarán obligadas a adoptar determinadas medidas de protección y resiliencia, entre otras:

• elaborar un plan de resiliencia que incluya las medidas de protección física, respuesta y mitigación frente a incidentes en el marco del plan estratégico sectorial correspondiente,
• se establecerá un sistema de comprobación de los antecedentes personales de los empleados relacionados de manera directa con la operación, mantenimiento o control de la infraestructura crítica para garantizar su idoneidad,
• deberán designar a un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad como punto de contacto con las autoridades competentes,
• se fijará un sistema de notificación de todo tipo de incidentes que puedan alterar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Marco institucional

En cuanto al marco institucional de gestión del sistema de resiliencia de las entidades críticas, los órganos se mantienen en términos similares a los actuales. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior será la autoridad nacional competente en la materia, sin perjuicio de que la interlocución directa entre esta y las entidades críticas la asuma el Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CNPREC, hasta ahora denominado Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, CNPIC).

El CNPREC también será el punto de contacto único para la cooperación transfronteriza con los puntos de contacto únicos de otros Estados miembros de la Unión Europea. El proyecto de ley regula las entidades críticas de especial importancia europea, aquéllas consideradas críticas que prestan servicios esenciales a o en seis o más Estados miembros de la UE, con la finalidad de garantizar en todos ellos un nivel homogéneo en la aplicación de las medidas destinadas a asegurar un elevado nivel de resiliencia.

Asimismo, los distintos departamentos ministeriales serán puntos de contacto especializados para cada uno de los sectores estratégicos según su ámbito competencial.

Junto a la identificación de las entidades críticas, el proyecto establece una serie de medidas específicas destinadas a garantizar los servicios esenciales que prestan las entidades críticas, así como obligaciones para la mejora de su resiliencia.

Para ello, y hasta la elaboración de la Estrategia Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas y de la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos, siguen vigentes los actuales planes:

• El Plan Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, documento estructural elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad que permitirá dirigir y coordinar las actuaciones precisas para fortalecer la seguridad de las entidades críticas.
• Los planes estratégicos sectoriales, responsabilidad también de la Secretaría de Estado de Seguridad y elaborados para cada uno de los sectores estratégicos recogidos en el anteproyecto.
• Los planes de apoyo operativos, elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con cada una de las infraestructuras críticas existentes en su demarcación territorial.

Por último, la norma crea la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas como órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad para la aprobación de los planes estratégicos sectoriales y la colaboración en la identificación de las entidades críticas, e instaura el Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas.

Ámbito de aplicación

Una vez en vigor, la ley será de aplicación a las entidades críticas ubicadas en el territorio nacional, a excepción de aquellas cuestiones que se encuentren reguladas en la normativa específica de las entidades pertenecientes a los sectores bancario, de los mercados financieros y de las infraestructuras digitales.

Tampoco se aplicará a las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas con competencias en seguridad ciudadana, que disponen de su propia normativa.

Cabe recordar, por último, que la normativa europea sobre ciberseguridad está recogida en otras directivas distintas a la que se incorpora a la legislación nacional y que serán traspuestas mediante la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad que tramita el Ministerio del Interior y cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en enero.

Transportes y Movilidad Sostenible

AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE PECHINA EN EL PUERTO DE ALMERÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras para ampliar el muelle de Pechina en el puerto de Almería por un importe de 25,3 millones de euros (IVA no incluido).

Esta inversión tiene como objetivo incrementar la capacidad del muelle para generar explanada y línea de atraque (260 metros y un calado de 18 metros) para el montaje y carga de componentes para aerogeneradores, así como para atender una creciente demanda de tráfico de graneles.

En concreto, la ampliación se realizará mediante la disposición de seis cajones de hormigón armado de 42,5 metros de longitud y un cierre de hormigón sumergido entre el muelle actual y la prolongación, continuando con la alineación del muelle de Pechina existente.

A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Almería, acordado con Puertos del Estado, bajo la línea de inversión denominada "prolongación muelle de Pechina 1ª fase", y cuentan con financiación parcial procedente de los fondos europeos CEF.

Ese Plan de Inversiones 2025-2029 contempla actuaciones en el puerto de Almería por 97 millones de euros, de los que la mitad (45 millones) se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda. Para impulsar la integración del puerto con la ciudad está previsto destinar 21 millones de euros, y 17,3 millones para desarrollar proyectos de sostenibilidad ambiental. Además, se invertirán 8,9 millones de euros para accesos viarios y ferroviarios que incrementen la conectividad del puerto; y 4,8 millones para seguridad.

Los puertos del Estado en Andalucía son los segundos en volumen de inversión, por detrás de los situados en Cataluña, con más de 1.300 millones de euros hasta 2029, según el plan 'Horizonte 2030' para el sistema portuario de titularidad estatal.

El objetivo de este plan inversor es mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de los puertos del sistema portuario de titularidad estatal, que está compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades Portuarias y coordinados por Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Cultura

DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL PUENTE DE CRUZUL, EN BECERREÁ (LUGO)

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, del Puente de Cruzul ubicado en el municipio de Becerreá (Lugo).

El Puente de Cruzul, proyectado por el ingeniero francés Lemaur en el siglo XVIII por orden de Carlos III, tenía como objetivo unir Madrid con Lugo, A Coruña y Ferrol dentro de la red del Camino Real.

Situado en el kilómetro 465 de la antigua carretera N-VI, salva el cauce del río Cruzul (también denominado Narón), afluente del río Navia, y fue una infraestructura fundamental de esta vía que unía Lugo con la meseta.

Es el único puente neoclásico de la provincia de Lugo y cuenta con tres arcos de medio punto de 12 metros de diámetro, una altura total de 29,20 metros y una longitud de 93 metros. Se utilizó hasta finales de los años 60 del siglo XX, cuando se desvió la carretera nacional y se construyó un nuevo puente, por lo que actualmente solo lo frecuenta el tráfico local.

Protagonista de la historia

Esta infraestructura fue testigo de varios episodios durante la guerra de la independencia española (1808-1814). Entre ellos, destaca el momento en el que los guerrilleros gallegos se apoderaron de más de mil fusiles que los soldados franceses habían escondido junto al puente, o cuando las tropas de Napoleón, a las órdenes del mariscal Soult, persiguieron a las británicas de John Moore en su huida hacia el puerto de A Coruña.

Sobre esta última batalla se realiza una recreación histórica cada año, en la que se representa la retirada del ejército británico ante el francés y el papel que jugaron los vecinos con su resistencia ante los invasores.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración. La Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030) es la hoja de ruta para transformar el sistema de cuidados hacia un modelo comunitario, personalizado y basado en derechos, evitando la institucionalización forzosa de las personas dependientes. La Estrategia establece como uno de sus principales instrumentos de gobernanza la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración.