Referencia Consejo de Ministros

La Moncloa

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia (DANA) para atender el pago de las cuotas sociales del personal del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, creado por el Real Decreto 1160/2024, de 19 de noviembre, así como del personal interino nombrado en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para dar respuesta a los referidos daños, por un importe de 362.736,01 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 906.141,21 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para financiar los gastos de personal del Comisionado Especial para la reconstrucción y reparación de los daños producidos por la DANA y del personal interino nombrado en Delegaciones del Gobierno.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por importe de 79.470.350 euros, con la finalidad de atender los conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro libre, el aumento del gasto en farmacia, el incremento de los gastos derivados de las revalorizaciones para las prestaciones socioeconómicas a beneficiarios del Instituto, así como compromisos de gastos corrientes.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), por importe de 121.915.056,91 euros, con objeto de adecuar la dotación de la aplicación presupuestaria 33.102.312E.251 "Con entidades de seguro libre".
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones necesarias en la muralla de Salamanca, por el derrumbe de un tramo a la altura del paseo del Rector Esperabé n.º 67-77, acaecido el 26 de diciembre de 2025, por un importe de 1.195.928,67 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.568.665.862,51 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 200.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 179.011.639 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Galicia a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 800.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a otorgar garantías en 2026 por un importe máximo de 30.000.000 de euros y se subsana la omisión de autorización para el otorgamiento de garantías durante 2025 por importe de 1.388.296,65 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Foral de Navarra a otorgar garantías durante 2026 por un importe máximo de 20.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a otorgar garantías por un importe máximo de 12.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria en el ámbito de la Dirección General del Catastro, correspondiente a la cuota del ejercicio 2026, como miembro activo de EuroGeographics, por importe de 24.938 euros.

• REAL DECRETO por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026.
• INFORME "Hacia la democracia en la empresa".

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del encargo al medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para el apoyo logístico a los medios de extinción internacionales durante el episodio de incendios forestales de agosto 2025, por un importe total 47.609,05 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del encargo al medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) del servicio de apoyo en la extinción en el incendio de Jarilla (Cáceres) de agosto de 2025, POR UN IMPORTE TOTAL DE 156.075,10 EUROS.
• ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de la contribución voluntaria a EUMETNET correspondiente al ejercicio 2026, por un importe global de 550.327,99 euros.

• ACUERDO sobre propuesta de concesión de beneplácito para jefe de misión extranjera.

• ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA de Integridad Pública, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  
• REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
  
• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, en relación con el Consejo Superior de Fundaciones.
• ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial.
• ACUERDO por el que se interesa de la Fiscal General del Estado la promoción de acciones en defensa del interés público y de los derechos fundamentales de las personas menores de edad en los entornos digitales.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Tratado de coproducción audiovisual entre el Reino de España y Canadá.
• ACUERDO por el que se modifica el plazo de resolución del procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función.

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la asistencia técnica, mantenimiento, suministro e instalación de medios técnicos de seguridad para las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 28.787.119,20 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco de suministro de combustibles líquidos para el Ministerio de Defensa en el territorio nacional, por un valor estimado de 1.476.151.969,74 euros.

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de ejecución del proyecto constructivo de montaje de vía de la línea de alta velocidad Murcia - Almería, tramo Lorca - Vera. Valor estimado del contrato 108.259.803,74 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicio ADIF ACERCA de asistencia a personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. Valor estimado del contrato 84.333.948,68 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la modificación del contrato de obras de ejecución del proyecto constructivo de instalación de bloqueo automático banalizado (BAB) en Silla - Cullera y renovación de instalaciones en Cullera - Gandía, tramo: Silla - Cullera y Cullera - Gandía, adjudicado a la empresa CAF Signalling, S.L., con un importe adicional de 3.176.960,56 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la resolución por mutuo acuerdo del contrato de ejecución de las obras de renovación de infraestructura de comunicaciones en ámbito noreste, adjudicado a Sistemas y Montajes Industriales, S.A., por un importe de 22.484.954,21 euros, IVA no incluido.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios motivados por la obsolescencia y degradación de los postes de catenaria entre las estaciones de Bilbao Abando (punto kilométrico 0+000) y Santurtzi (punto kilométrico 14+656) de la línea 720 Bilbao Abando-Santurtzi y entre las estaciones de Desertu-Barakaldo (punto kilométrico 0+000) y Muskiz (punto kilométrico 12+912) de la línea 722 Desertu Barakaldo-Muskiz, por un importe de 1.993.005 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios ocasionados por los incendios de agosto y septiembre de 2025 en el trayecto Covas - Monforte de Lemos - Ourense, por un importe de 4.570.820,10 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios de los trabajos de reparación originados por el desprendimiento del revestimiento del falso túnel bajo la A-1 de la conexión Chamartín -Fuente de la Mora, por un importe de 5.007.450 euros.

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del artículo 20 ter del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a servicios esenciales de hospedaje en los territorios afectados por los desalojos provocados por la borrasca Leonardo.

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la prestación de servicios para atender las necesidades de los menores no acompañados solicitantes de protección internacional que se encuentran en la Comunidad de Madrid, por un importe de 1.365.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para la prestación de servicios, la realización de obras y la adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las Illes Balears.

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 262/2019, de 12 de abril, por el que se establece la estructura de las Consejerías del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el exterior y se regula la organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.
  

ACUERDOS DE PERSONAL

Vivienda y Agenda Urbana

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

Dada la magnitud de los daños ocasionados y con la finalidad de impulsar la ejecución de las medidas que se adopten por la Administración General del Estado, así como efectuar un seguimiento de las mismas y facilitar la coordinación con las restantes entidades territoriales, se creó mediante el RD 1160/24, de 19 de noviembre, este Comisionado Especial. Asimismo, resultó necesario efectuar el nombramiento de personas interinas en la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana, lo que implica la necesidad de abonarles sus correspondientes retribuciones durante el ejercicio presupuestario 2026.

Para atender los gastos del personal, se ha solicitado al Consejo de Ministros la autorización de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por el citado importe.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado también la aplicación del Fondo de Contingencia para atender el pago de las cuotas sociales del personal de este Comisionado, así como del personal interino nombrado en la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para dar respuesta a los referidos daños, por un importe de 362.736,01 euros.

Hacienda

ACTUACIONES DE REPARACIÓN DE LA MURALLA DE SALAMANCA

El Consejo de Ministros ha acordado la toma de razón de la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones necesarias en la muralla de Salamanca, donde se derrumbó un tramo a la altura del Paseo del Rector Esperabé número 67-77, acaecido el 26 de diciembre de 2025.

El objeto del acuerdo es que el Consejo de Ministros, en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, tome razón de la declaración de emergencia acordada el 23 de enero de 2026, en el ámbito de la Dirección General del Patrimonio del Estado, en relación con la contratación de las actuaciones necesarias en la muralla de Salamanca por el citado derrumbe.

En 1992 fueron incorporados al Patrimonio del Estado cuatro tramos de la muralla de Salamanca, que ostenta la condición de Bien de Interés Cultural.

Con fecha 26 de diciembre de 2025, se produjo un derrumbe en el tramo de la muralla conocido como 'Cerca Nueva', a la altura del Paseo del Rector Esperabé nº 67-77, de titularidad estatal. El colapso afectó a aproximadamente 15 metros lineales de muro, impactando directamente contra un edificio de viviendas colindante y destruyendo parte de su fachada y ventanales.

Del resultado de las inspecciones y los informes técnicos emitidos se considera acreditada una situación de peligro, tanto para la seguridad de las personas y bienes del edificio colindante como para la integridad de los paños aledaños de este tramo del monumento. La falta de estabilidad del tramo de muro remanente y el empuje de las tierras exigen una actuación inmediata que no admite la demora de una tramitación ordinaria.

Los servicios técnicos han determinado que son necesarias las siguientes actuaciones de emergencia, estructuradas en dos fases de intervención:

• Retirada de piedras y cascotes desprendidos, así como apuntalamiento y estabilización provisional de los extremos de la muralla que no se han derrumbado, con el fin de eliminar de manera inmediata la situación de riesgo y evitar nuevos desprendimientos de elementos constructivos que presentan signos de inestabilidad y desplome.
• Restauración y consolidación del tramo derrumbado y de los lienzos inmediatamente colindantes, con objeto de remediar la situación de peligro existente, derivada del riesgo de deslizamiento de tierras y de nuevos derrumbes de la muralla en este tramo.

Con carácter previo a la ejecución de estas obras, se elaborará el correspondiente proyecto de intervención, que será presentado ante la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, a fin de obtener la preceptiva autorización conforme a la normativa de protección del patrimonio cultural.

Finalmente, los servicios técnicos de Patrimonio del Estado han propuesto encargar la ejecución de las actuaciones señaladas a las siguientes empresas, ambas con acreditada experiencia en intervenciones de similar naturaleza y disponibilidad para el inicio inmediato de los trabajos:

• ANFIÓN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO S.L.P. para los servicios técnicos. Esta empresa ha ofertado los servicios técnicos para los trabajos de retirada de escombros y aseguramiento de restos de muro; redacción de proyecto de restauración y consolidación de muralla; y dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras; por un importe de 90.750 euros, IVA incluido.
• REHABISORIA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y MONUMENTOS, S.L. para la ejecución de las obras necesarias, con un presupuesto total de 1.105.178,67 euros, IVA incluido.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, dada la necesidad de actuar de manera inmediata y que las actuaciones previstas son las imprescindibles para solventar las situaciones de grave peligro detectadas, se cumplen los supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, para acudir a la tramitación de emergencia.

En consecuencia, la Subsecretaria de Hacienda acordó declarar de emergencia la contratación de estas actuaciones y ordenar la ejecución inmediata de dichas actuaciones.

Ambas empresas han sido notificadas y se les ha instado a iniciar las actuaciones de manera inmediata.

Hacienda

OPERACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a varias comunidades autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo. En concreto, se autoriza a Aragón en dos acuerdos por sendos importes máximos de 1.568,6 millones de euros y 200 millones de euros; a Galicia por un máximo de 800 millones; y a Cantabria por un máximo de 179 millones de euros.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En el caso de Aragón, en cuanto al primer acuerdo, el Consejo de Ministros le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.568.665.862,51 euros.

El objetivo de este acuerdo es la refinanciación total o parcial del préstamo formalizado en el año 2023 con el ICO, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA 2023) del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

En cuanto al segundo acuerdo que afecta a Aragón, el Ejecutivo le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 200 millones de euros.

Aragón solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por ese importe para la financiación de vencimientos por amortizaciones previstas en el segundo trimestre del ejercicio 2026.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado a Galicia a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 800 millones de euros.

Esta comunidad autónoma de Galicia ha solicitado autorización para la refinanciación de deuda a largo plazo.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado a Cantabria a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 179.011.639 euros.

Este territorio solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por el citado importe para financiar amortizaciones de deuda de la Administración General en 2026.

Todas estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Hacienda

AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR GARANTÍAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a Illes Balears, Navarra y Cantabria a otorgar garantías por unos importes máximos de 30, 20 y 12 millones de euros durante 2026, respectivamente.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

De esta forma, en el caso de Illes Balears, la autorización permite, por un lado, otorgar garantías en 2026 por un importe máximo de 30 millones euros, mientras que, por otro lado, se ha subsanado la omisión de autorización para el otorgamiento de garantías durante 2025 por importe de 1.388.296,65 euros.

Los 30 millones en avales se destinarán, por un lado, a reavales de operaciones de préstamo avaladas por ISBA, SGR, por importe máximo de 20 millones, cuyas beneficiarias son pequeñas y medianas empresas y determinadas grandes empresas.

Por otro lado, se destinan 10 millones a fianzas del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), en el marco del Programa de Garantía Hipoteca, donde los beneficiarios son personas físicas.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la concesión en 2025 por esta comunidad autónoma de reavales de operaciones de préstamo avaladas por ISBA, SGR. por importe de 1.388.296,65 euros en el marco del convenio del 21 de noviembre de 2023 suscrito entre la administración de la comunidad autónoma e ISBA, SGR, para el apoyo de la sociedad de garantía recíproca.

Analizadas las circunstancias, la finalidad y características de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado a Navarra a otorgar garantías durante 2026 por un importe máximo de 20 millones de euros, a través de la Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (SODENA), mediante una serie de líneas.

De esta forma, se dirigirá a línea de avales a empresas participadas por SODENA, línea de avales a empresas pymes navarras; o para operaciones de reavales a Sonagar, S.G.R., Elkargi, S.G.R. y otras Sociedades de Garantía Recíproca:

La Comunidad Foral formuló solicitud para otorgar garantías durante 2026 por un importe máximo de 20 millones de euros, a través de la Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (SODENA), analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización.

El Consejo de Ministros ha autorizado a Cantabria a otorgar garantías durante 2026 por un importe máximo de 12 millones de euros, a través del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), en concreto a través de las siguientes líneas:

• Línea de avales para el sector público empresarial de esta comunidad autónoma: importe máximo de dos millones de euros
• Línea de avales para el sector privado empresarial de esta comunidad: importe máximo de cinco millones de euros. Beneficiarán tanto a pymes autónomos con residencia fiscal en Cantabria o centro permanente de trabajo, como a otras empresas no consideradas pymes.
• Línea de avales para particulares para la adquisición de vivienda: importe máximo de cinco millones de euros, donde los beneficiarios de las garantías son personas con residencia fiscal en Cantabria hasta los 45 años incluidos, que adquieran una vivienda, y cumplan una serie de requisitos.

Cantabria ha formulado solicitud de autorización para la concesión por parte del ICAF durante 2026 de avales por importe global de doce millones. Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.

Trabajo y Economía Social

SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026. El real decreto sube el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, exento de tributación. El nuevo importe se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

La cifra se ha acordado con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, en la Mesa de Diálogo social. El acuerdo contempla abordar, además, que la subida sea efectiva para las personas trabajadoras con una regulación específica que evite mecanismos de compensación y absorción de los complementos específicos de las personas trabajadoras.

En el año 2026, el SMI se incrementa 37 euros mensuales en 14 pagas, suponiendo un incremento de 518 euros anuales hasta los 17.094, sin tributación en concepto de IRPF. Desde el año 2018 el SMI ha aumentado un 66%. Un incremento de 485,10 euros al mes y 6.791,4 euros al año.

Según la estimación obtenida con datos a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, la subida beneficiará a unos 2,5 millones de personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras en contratos de duración determinada de menos de 120 días no podrán percibir una cuantía inferior a 57,82 euros por jornada legal en la actividad. En el caso de las empleadas de hogar que trabajen por horas en régimen externo no podrán percibir menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Andalucía, Madrid, Comunitat Valenciana y Cataluña son las comunidades en las que más personas beneficiarias percibirán esta referencia salarial.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

APROBADA LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 2026-2030

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030). El documento contiene 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances alcanzados por la ENPE 2019-2024 -la primera elaborada en España- y afianzar una nueva generación de políticas públicas, basadas en la idea de la equidad energética, con el objetivo de garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna.

La ENPE 26-30 surge tras un proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial, que ha incluido la escucha a hogares vulnerables, después de un período marcado por acontecimientos extraordinarios, como la pandemia de la Covid-19 o la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.

Estos acontecimientos exigieron la aplicación de actuaciones urgentes y de carácter coyuntural, como el Mecanismo Ibérico o una rebaja de la fiscalidad, con especial atención a los consumidores vulnerables; por ejemplo, el descuento del bono social eléctrico llegó al 80% de la factura para los consumidores más vulnerables, entre otras medidas, como la implantación del Suministro Mínimo Vital o la prohibición del corte de suministros a consumidores vulnerables.

Menor carga energética de los hogares

Como resultado de la aplicación de esta vertiente del escudo social y de la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética, el coste de la electricidad en España ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo y la carga energética por hogar medio -el porcentaje de ingresos destinados a la energía- ha bajado un 3,5% desde 2018, desde 1.111 euros al año a 1.072 euros al año en términos corrientes, esto es, sin considerar la inflación (+19,7%) ni el aumento de la renta (+28,5%) durante el período.

En el caso de los hogares situados en los deciles de renta más bajos, la reducción de la carga energética, en esos mismos términos corrientes, llega hasta el 24,7%. Estos resultados fueron posibles gracias la aplicación de la ENPE 19-24 y las numerosas medidas coyunturales adoptadas durante los últimos años para proteger a los consumidores y la ciudadanía en general.

La ENPE 26-30 da continuidad a su predecesora con vocación de consolidar los avances alcanzados, enfocándose en las actuaciones estructurales. Se articula también sobre cuatro ejes de actuación: caracterización de la pobreza energética; protección de los consumidores; mejora estructural de las condiciones energéticas; y coordinación interadministrativa, comunicación, información y sensibilización sobre la pobreza energética

Cuatro ejes de actuación

El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas.

El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad.

Así, la ENPE 26-30 contempla implantar medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse.

Varias de estas medidas ya se han incluido en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, entre muchas otras disposiciones para proteger a los consumidores en general.

Adicionalmente, la ENPE 26-30 plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico -y, en consecuencia, al bono social térmico- para ligarlo a la renta de los hogares y que sea percibido por las personas que realmente lo necesitan. Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él.

Rehabilitación de viviendas y nuevo CAE social

En el tercero de los ejes, la mejora estructural de las condiciones energéticas, destacan las iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas, así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor y de frío, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

En este ámbito se contará con incentivos: además de los presupuestos ordinarios de los ministerios y administraciones implicadas, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante el período de vigencia de la ENPE 26-30.

También se aprovecharán los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para fomentar las actuaciones de eficiencia energética para consumidores vulnerables.

Asimismo, se trabajará para alcanzar el objetivo de que un 12% de todos los ahorros del sistema CAE provenga de actuaciones de ahorro y eficiencia para hogares vulnerables, incrementando el interés del sector energético en este ámbito; para ello se ampliará el catálogo de actuaciones estandarizadas, mejorando las fichas para la pobreza energética e incentivando las rehabilitaciones pasivas frente a medidas activas.

Coordinación interadministrativa y asesoramiento directo

Finalmente, el cuarto eje, el ámbito de la comunicación y la sensibilización contempla tres medidas: mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específico para consumidores en situación de pobreza energética y fomentar la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de salud de atención primaria y los servicios sociales.

Buena parte de la actividad de asesoramiento recaerá sobre una nueva Red-Actúa. Se ha constatado un aumento de solicitudes de bono social allí donde existe una Oficina de Transformación Comunitaria o un punto de atención similar, de modo que se dará formación y apoyo económico a entidades y administraciones públicas para su puesta en marcha, con agentes cualificados para atender a la pobreza energética y el transporte.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE INTEGRIDAD PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma que forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y que supone un salto cualitativo en la estrategia para combatir la corrupción política y económica en el ámbito público.

Se trata de un texto con 84 medidas y la modificación de hasta 18 leyes, seis de ellas orgánicas, con la que se materializan numerosos compromisos incluidos en ese Plan Estatal impulsado en el verano de 2025.

Este anteproyecto está basado en los cinco grandes ejes de la estructura de la estrategia frente a la corrupción: la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles; la investigación, la acción de la Justicia y las sanciones; sensibilizar a los ciudadanos; la recuperación de activos y la protección de los informantes, principios que cuentan con el aval de la OCDE, que ha colaborado en los trabajos para su diseño con asesoramiento y apoyo metodológico.

La norma presenta importantes novedades: se crean nuevos organismos, se amplían las competencias de otros y se establece una mayor transparencia en determinados ámbitos como es el de los partidos políticos. El anteproyecto aprobado complementa otras iniciativas puestas en marcha como la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, que no estaba en el Código Penal; la Ley de Protección del Informante y la Autoridad Independiente para la protección de personas que denuncian hechos corruptos; o el Plan de Acción por la Democracia, que aporta más transparencia y rendición de cuentas para quienes tienen responsabilidades públicas.

Este anteproyecto surge del trabajo de varios ministerios en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Afectará a todos los ámbitos en los que existan riesgos, como los de contratación, subvenciones, la externalización de servicios públicos básicos, la normativa o los recursos humanos. Su ámbito de actuación incluye medidas para todas las administraciones públicas, ya sea estatal, autonómica o local, por lo que tendrá una aplicación integral con la que se busca incrementar la confianza de la ciudadanía, la lucha contra el fraude en todos los ámbitos y ser la primera línea de defensa de los fondos públicos.

Agencia Independiente de Integridad Pública

El anteproyecto recoge la creación de la denominada Agencia Independiente de Integridad Pública, un nuevo organismo clave en la estrategia contra la corrupción. Será una autoridad administrativa que ejercerá el papel central en la lucha contra prácticas corruptas y fraudulentas. Para ello, integrará tres departamentos clave para las buenas prácticas y la persecución de aquellas que no lo sean, facilitando así una mejor coordinación y una mayor eficacia, aunque siempre respetando la especialización de cada área.

Las tres organizaciones que aglutinará la nueva Agencia de Integridad Pública serán la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), responsable de velar por evitar las incompatibilidades de los cargos públicos y que asumirá nuevas competencias sobre los grupos de interés; la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que verá reforzado su papel con este movimiento; y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que aumentará sus competencias e irá más allá de velar por los intereses financieros de la Unión Europea en España.

La creación de la Agencia y la integración de esos tres organismos servirá para mejorar la actuación contra la corrupción. Quedará garantizado, a la vez, el respeto de las calificaciones que resulten de los procedimientos de investigación y la atribución de la condición de protegida a toda persona que haya comunicado a través de canales internos o externos de comunicación hechos susceptibles de ser fraudulentos.

Su presidencia, con rango de Secretaría de Estado, será nombrada tras un proceso público y deberá contar con el refrendo del Congreso. El responsable de ésta tendrá un mandato único de seis años no renovable, condiciones similares a las de otras instituciones clave para el sistema democrático.

Control sobre partidos políticos

La ley incrementa la vigilancia sobre la gestión económica de los partidos políticos. Así, todos los partidos y sus fundaciones deberán hacer una auditoría externa de manera obligatoria si reciben más de 50.000 euros de fondos públicos. El resultado de la misma deberá presentarse junto a sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Si no se cumple, se considerará que sus cuentas están incompletas.

También cambia el límite que obliga a publicar las donaciones que reciben los partidos políticos, que pasa de 25.000 euros a 2.500 euros. El plazo para publicar esos datos será de un mes.

En el ámbito de la contratación que realizan los partidos, cuestión muy relacionada con los recursos públicos que reciben, se introducen cambios para reforzar los controles. Así, cuando una formación política sea poder adjudicador, sus contratos se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público.

Para fomentar estos cambios, se endurece el régimen sancionador. Por ejemplo, no presentar la auditoría supondrá una falta grave o muy grave. En lo referido a las donaciones, no darles publicidad puede implicar una multa que sea por el doble de la cantidad no declarada.

Mapas de riesgo

La ley extiende una práctica ya utilizada en la gestión de los fondos europeos al resto de las administraciones: la elaboración de mapas de riesgo. Se trata de una herramienta que debe detectar los ámbitos en los que existen mayores riesgos de corrupción y fraude, además de incluir novedades como la identificación de los peligros asociados a la gestión indirecta o externalizada de servicios públicos esenciales.

También se analizarán los riesgos derivados de la concentración del mercado, del uso de operadores dominantes, de la dependencia tecnológica o de información. Por último, incluirán las medidas a adoptar para evitar situaciones de ese tipo.

Medidas en la contratación pública

En el ámbito de la contratación pública se realizan modificaciones legales y se reforman instrumentos destinados a mejorar la detección y la erradicación de actos delictivos o fraudulentos. El objetivo es lograr un incremento de la transparencia, más control y una mayor publicidad de la información contractual. En definitiva, una exigencia de un mayor rigor en la tramitación de las licitaciones y contratos que se realicen.

Para materializarlo, la ley contempla que pase a ser público y accesible el registro de empresas con prohibiciones de contratar con las administraciones públicas. Esto permite que cualquier órgano de contratación y la propia ciudadanía puedan saber qué empresas están inhabilitadas.

Otra novedad es que, a través de la Agencia de Integridad Pública, se cruzarán los datos de diversos registros (Registro de empresas prohibidas de contratar, Registro de grupos de interés y la huella normativa) para identificar patrones de influencia indebida y posibles corruptores sistémicos. A esto se sumará la creación de comités de integridad en todos los ministerios, dando más peso a la coordinación en el control interno entre los departamentos.

Dichas medidas permitirán que la prohibición de contratar deje de ser una consecuencia formal de una condena y pase a ser un mecanismo automático de protección del sector público.

Más tecnología para detectar fraudes

Otro paso destacado es la modernización en la Plataforma de Contratación del Estado, donde la información que contiene se ampliará. Una de las grandes novedades es que se utilizarán herramientas de análisis avanzado, de Big Data y de Inteligencia Artificial para detectar patrones anómalos y prevenir conductas irregulares en las contrataciones públicas. Esta práctica se extenderá a otros ámbitos de interés, como la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

En otros procesos de control también se utilizará más tecnología para que así evolucionen a una mejor detección de posibles problemas. Para ello, habrá una extensión de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). Con este objetivo se obligará a utilizar de manera más amplia la herramienta MINERVA, empleada hasta ahora para detectar posibles conflictos de intereses en el ámbito de los fondos europeos. Con esta legislación, se extiende a todos los procedimientos de gasto del sector público estatal, en los ámbitos de contratación, subvenciones y recursos humanos.

Además, se mejora la interoperabilidad y el uso compartido de la información, mediante la trazabilidad de expedientes, la conexión entre bases de datos y la normalización de la información.

Endurecimiento del Código Penal

Para que estas medidas se apliquen de una manera efectiva, se introducen cambios en determinados tipos penales que incrementen las consecuencias para particulares o empresas que tengan condenas por corrupción.

Una de las grandes reformas es la ampliación de los plazos de prescripción de estos delitos. Pasarán de cinco a siete años, lo que dará más tiempo a las investigaciones de asuntos que suelen tener gran complejidad.

En lo que respecta a las condenas, las prácticas corruptas tendrán penas de inhabilitación máximas de 20 años, dejando atrás los 15 años actuales. Por lo que tendrán que pasar dos décadas para que puedan contratar con la administración, acceder a subvenciones o tener la posibilidad de contar con beneficios fiscales.

Otros ejemplos es la extensión máxima de las multas a personas jurídicas a los 10 años, con una cuota máxima del 50% de los ingresos o 20.000 euros. El tráfico de influencias también será castigado de manera más severa, ya que se tipificará con entre 1 y 4 años de condena y la prohibición de contratar con las administraciones de hasta 10 años.

Por último, se impulsan dos nuevos subtipos agravados de obstrucción a la justicia cuando afecten a delitos de corrupción. El objetivo es garantizar que no haya injerencias en los canales de denuncia y en la actuación de las partes procesales, lo que facilita el desarrollo de las investigaciones sobre estas conductas.

Más peso de la Justicia

El sistema institucional se modernizará en la línea de estas medidas. La base de esta reforma es dotar de más medios, especialización y autonomía para la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, con el fin de reforzar su capacidad para actuar con independencia y agilidad frente a los delitos de corrupción.

Como parte destacada de la legislación, se reforzará el sistema de protección de las personas informantes, garantizando que realicen denuncias en entornos seguros y sin miedo a represalias. Esto será una realidad gracias a que existirá la obligación de que todos los organismos y entidades obligados a tener un sistema interno de información dispongan de un sistema de cumplimiento o de integridad. Se contempla además el derecho a obtener indemnizaciones proporcionales al daño sufrido, incluido el moral. Por último, se atribuirá la categoría de persona protegida a quienes hayan gestionado canales internos o externos, respaldo que se extenderá durante cinco años tras el cese de su labor.

También destaca el aumento de la especialización judicial. Esto se ejecutará a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contemplará la creación de secciones especializadas en materia de corrupción, unos cambios que permitirán al Estado disponer de instrumentos eficaces no solo para prevenir la corrupción, sino también para detectarla y sancionarla con todas las garantías.

Recuperación de lo defraudado o robado

Otra de las bases, junto a la prevención, la detección, la acción de la Justicia o la sensibilización, es la recuperación de los fondos defraudados. Para ello, se da cumplimiento a la Directiva 2025/1260, de 24 de abril, que insta a reforzar el acceso a registros oficiales mientras se garantizan los derechos fundamentales para localizar activos susceptibles de embargo. En esa línea, se buscará consolidar la cooperación internacional reforzada con otros organismos judiciales y policiales europeos.

Esta estrategia se materializa a través de un aumento de las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que será considerada autoridad competente para el tratamiento de datos personales en procesos penales. Función que se utilizará en exclusiva para acordar medidas inmediatas de preservación de bienes.

Dentro de la norma también resalta la incorporación de figuras jurídicas, como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada, en la línea de la Directiva europea, y garantizando la tutela judicial. Los bienes embargados y decomisados contarán con mayores garantías frente a su deterioro, habilitándose su venta anticipada para evitar esa situación.

Otra novedad importante es la vinculación de la devolución de lo robado al acceso a beneficios penitenciarios. A través de una modificación en la Ley General Penitenciaria, solo se podrá acceder a esas ventajas tras el cumplimiento de la responsabilidad civil y la reparación económica derivada de los delitos de corrupción.

Coordinación de la estrategia anticorrupción

Todo el contenido de este anteproyecto es una de las vertientes del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, cuyo fin es combatir la corrupción desde un punto de vista transversal e integral.

Se suman a dicha estrategia otras normas como la Ley de 'Lobbies', actualmente en tramitación parlamentaria, y la Ley de la Administración Abierta, que ya ha pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEDIDAS URGENTES EN RESPUESTA A LOS DAÑOS CAUSADOS POR DIVERSOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS, DE ESPECIAL AFECTACIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía Y Extremadura.

El paquete de medidas contempla un conjunto de ayudas y medidas por las fuertes borrascas que han causado graves daños y el desalojo de más de 12.400 personas. Las ayudas se aplicarán en aquellos municipios que hayan sufrido desalojos y también en aquellos en atención a la magnitud de los daños provocados por la catástrofe o cuya situación financiera ponga en riesgo su capacidad para hacer frente a la reconstrucción. El Ministerio de Política Territorial determinará en el plazo de un mes las zonas o municipios afectados. En cualquier caso, el real decreto-ley sí detalla los municipios y zonas afectadas que podrán acogerse a las ayudas agrarias.

La norma recoge medidas propuestas por los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Interior; Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Economía, Comercio y Empresa; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ayudas para las familias

La norma incluye una ayuda de 150 euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a contar desde el inicio de sus desalojos. La compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.

El real decreto-ley cuadruplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley para los afectados por fallecimiento, hasta 72.000 euros, e incapacidad, daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. En concreto, la indemnización por destrucción total de la vivienda se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. Se eliminan los umbrales de renta para el acceso a ayuda en el caso de daños o destrucción en las viviendas.

Además, se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.

Plan de ayudas a ayuntamientos con un fondo de 2.000 millones

Se pone en marcha un plan de ayudas a corporaciones locales para que puedan llevar a cabo actuaciones inaplazables ante los daños del temporal. Estas ayudas de emergencia podrán anticiparse al 100% de su valor para los ayuntamientos que lo soliciten. Se moviliza un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para dar cobertura en 2026 a las entidades locales y las necesidades financieras que se deriven de las actuaciones que deban realizar para paliar los efectos derivados de la catástrofe, para reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales.

Se flexibiliza la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y, además, se les permitirá usar su superávit de 2025. Se amplían los plazos legales para ejecutar obras de reconstrucción.

A su vez, se impulsará un Plan de Empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas por la borrasca.

Medidas fiscales

Se aprobarán exenciones en IRPF y Sociedades de todas las ayudas, en el IBI a inmuebles rústicos, y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las zonas afectadas. El impacto por estas medidas fiscales alcanza los 320 millones de euros. En el caso de que ya se hayan abonado, los contribuyentes podrán solicitar la devolución. Todas estas ayudas estarán exentas de tributación y serán compatibles entre sí.

Las ayudas tendrán efecto retroactivo y contarán desde el inicio de sus desalojos. Se pondrán en marcha las ayudas destinadas a paliar daños personales (fallecimientos) y daños materiales en vivienda. El apoyo tendrá en cuenta los enseres y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. La cuantía de estas se multiplicará por cuatro para así llegar a todo entorno afectado, sea familiar o material.

Ayudas directas para hostelería y comercio minorista

La Agencia Tributaria desplegará una línea de ayudas directas a personas físicas, empresarios o profesionales que desarrollen actividades económicas distintas de las agrícolas, forestales, ganaderas o pesquera. Para personas físicas, las ayudas ascenderán a 5.000 euros y empezarán a abonarse a partir del 19 de marzo de 2026. Para las empresas, el apoyo irá de los 10.000 euros a los 150.000 euros en función de su volumen de operaciones.

El reparto de ayudas se basará en tres supuestos. El primero, para los municipios de Dúdar, Benaojan y Grazalema, donde la ayuda será para quienes realicen cualquier tipo de actividad. El segundo, para las poblaciones de igual o menos de 5.000 habitantes, siempre que desarrollen una actividad de comercio minorista, restauración u hospedaje. Por último, en los pueblos de más de 5.000 habitantes se pondrán los mismos requisitos, pero en este caso los locales declarados afectados deben estar en zonas evacuadas o gravemente dañadas por las lluvias.

Se habilita además un tramo de avales para la cobertura de la financiación a empresas y autónomos, hasta un máximo de 250 millones de euros.

El ICO también ejercerá un papel destacado a través de una línea de avales para las víctimas de la borrasca. Además, el Consorcio de Compensación de Seguros asumirá la gestión de las indemnizaciones por ser un evento extraordinario.

Medidas para agricultura, pesca y ganadería

El paquete de medidas para el sector primario supera los 2.800 millones de euros. Se aprueban ayudas directas por pérdida de renta en agricultura, la subvención adicional a los titulares de los seguros agrarios, así como a los armadores afectados suman 2.174 millones de euros. Igualmente, se habilita una línea de financiación dotada con 100 millones de euros que asumirá el 15% del principal de los créditos que soliciten agricultores y pescadores, así como el coste de los avales. Además, estos temporales se consideran como causa de fuerza mayor ante el posible incumplimiento total o parcial de determinadas obligaciones, por ejemplo, en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

Reparación de infraestructuras

A través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa, se repararán los caminos e infraestructuras agrarias dañadas, así como las instalaciones de regadío, con una dotación de 600 millones de euros.

Igualmente, hay un paquete de ayudas de 600 millones dedicados a costas y cauces. De estos, 200 millones los canalizará el Estado para cauces fluviales y costeros de su competencia y los otros 400 millones irán destinados a Ayuntamientos para la reconstrucción de infraestructuras hidráulicas, abastecimientos o playas.

Además, se repararán las redes de carreteras del Estado e infraestructuras ferroviarias afectadas.

Medidas laborales y de Seguridad Social

Se aprueba un Plan de Empleo con medidas urgentes en materia de prestación por desempleo y fomento de empleo para paliar los daños causados por las borrascas 'Leonardo' y "Marta".

Las empresas se podrán acoger a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor al amparo del artículo 47.5 y 47.7 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Cuando estas medidas temporales se adopten por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) relacionados con dichas borrascas, las personas trabajadoras se beneficiarán del régimen especial de la prestación por desempleo previsto para los casos de fuerza mayor. Así, no se requerirá periodo de carencia para el reconocimiento de la prestación, su disfrute no implicará el consumo de cotización y la cuantía se obtendrá de aplicar a la base reguladora un porcentaje del 70 por ciento.

Respecto al caso concreto de las empleadas de hogar, en los casos de imposibilidad total o parcial de prestar servicios en el ámbito del servicio del hogar familiar, tampoco será necesario periodo de carencia, no se consumirán periodos cotizados y la cuantía será el 70 por ciento de la base reguladora.

Para las personas empleadas en el sector agrario, ante la imposibilidad o la limitación de que se puedan realizar de trabajos agrícolas, se ha determinado una reducción a de 35 a 5 el número total de jornadas reales efectivamente trabajadas por las personas trabajadoras eventuales incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNDACIONES DE COMPETENCIA ESTATAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005. En concreto, se modifica la adscripción y composición del Consejo Superior de Fundaciones, para adaptarlo a la actual estructura de la Administración General del Estado (AGE). De igual manera se crea la Comisión de Selección de los vocales del Consejo Superior de Fundaciones en representación de las fundaciones.

Se modifica la adscripción del Consejo Superior de Fundaciones en el ministerio con competencias en materia de política territorial, actualmente, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Los titulares del Ministerio y de la Secretaría de Estado de Política Territorial ostentarán, respectivamente, los cargos de presidencia y vicepresidencia.

Se modifica la representación de la Administración General del Estado, para adecuarla a la estructura actual departamental. Las diez vocalías en representación de la AGE Estado se repartirían del siguiente modo:

• La persona titular del centro directivo que tenga asignadas las competencias en materia de protectorado de las fundaciones de competencia estatal.
• La persona titular del centro directivo que tenga asignadas las competencias en materia de protectorado de las fundaciones bancarias.
• La persona titular del centro directivo que tenga asignadas las competencias en materia de registro de fundaciones de competencia estatal.
• Una persona a propuesta del ministerio al que le corresponda la competencia sobre el régimen tributario general.
• Una persona a propuesta del ministerio al que le corresponda la competencia en materia de política territorial.
• Una persona a propuesta del ministerio al que le corresponda la competencia sobre la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal.
• Una persona a propuesta del ministerio al que le corresponda la competencia en materia de cultura.
• Una persona a propuesta del ministerio al que le corresponda la competencia en materia de educación.
• Una persona a propuesta del ministerio al que le corresponda la competencia en materia de ciencia.
• Una persona a propuesta del ministerio al que le corresponda la competencia en materia de servicios sociales.

Respecto a la representación autonómica, se contará con diez personas representantes, designados por la presidencia del Consejo Superior de Fundaciones, a propuesta de aquéllas y de forma rotatoria, por un periodo de dos años. Para la representación de las fundaciones se trata de ajustar la representación del sector fundacional a su realidad actual, caracterizada por un incremento progresivo del asociacionismo de fundaciones.

En la misma línea de actualizar su composición, se modifican los órganos de apoyo al Consejo Superior de Fundaciones: la Comisión Permanente y la Comisión de Cooperación e Información Registral.

Por otra parte, se crea la Comisión de Selección de los vocales del Consejo Superior de Fundaciones en representación de las fundaciones. Este órgano tiene como fin realizar la evaluación y propuesta de nombramiento de los vocales del Consejo Superior de Fundaciones en representación de las fundaciones. Esta Comisión queda adscrita a la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y está integrada por los siguientes miembros:

• Presidencia: corresponde a la persona titular de la Secretaría General de Coordinación Territorial.
• Vocalías: serán vocales de esta Comisión tres personas, con rango de subdirector/a general o asimilado, del ministerio que ejerza el protectorado de las fundaciones de competencia estatal, del ministerio que ejerza el protectorado de las fundaciones bancarias y del ministerio al que esté adscrito el registro de fundaciones de competencia estatal, designados por la persona titular de cada uno de estos ministerios.

La constitución y el funcionamiento de la Comisión de Selección serán atendidos con los medios materiales y personales del ministerio competente en materia de política territorial, por lo que su actuación no supondrá incremento de gasto público.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA PARA LA IGUALDAD SALARIAL

En el año 2010, el Consejo de Ministros estableció el día 22 de febrero como "Día para la Igualdad Salarial". Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"La igualdad salarial entre mujeres y hombres es una condición imprescindible para la igualdad real y efectiva y un pilar básico de cualquier democracia. Mientras persistan diferencias salariales injustificadas, seguirá existiendo una desigualdad estructural que limita los derechos y la autonomía económica de las mujeres. Los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, correspondientes al año 2023, sitúan la brecha salarial de género en el 15,7 %, el valor más bajo de la serie histórica. Por su parte, la brecha salarial de género por trabajo a tiempo completo ha descendido más de 5 puntos desde 2018, situándose en 2023 en el 4,9%. Esta evolución confirma que las políticas públicas impulsadas en los últimos años están contribuyendo a reducir las diferencias salariales entre mujeres y hombres. No obstante, esta cifra sigue siendo inaceptable y pone de manifiesto que se trata de una discriminación estructural en el mercado de trabajo.

La desigualdad retributiva entre mujeres y hombres no es un hecho aislado ni accidental, sino el resultado de factores complejos e interrelacionados, profundamente enraizados en la estructura social, económica y cultural de nuestra sociedad, que persisten en el tiempo: la segregación ocupacional, la escasa presencia de mujeres en puestos de alta responsabilidad, la infravaloración de su trabajo, la mayor parcialidad y discontinuidad de sus carreras laborales debido a la falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidados, que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, y las dificultades de conciliación.

Una parte sustancial de la brecha retributiva actual se explica, asimismo, por la persistencia de sesgos en la valoración de puestos de trabajo que infravaloran ocupaciones desempeñadas mayoritariamente por mujeres. Los cuidados, la limpieza, la atención social o sanitaria y la educación infantil, actividades esenciales para el sostenimiento de la vida y el bienestar colectivo, continúan asociándose a salarios más bajos y a peores condiciones laborales, no por razones objetivas, sino por una atribución histórica de menor valor a los trabajos mayoritariamente realizados por mujeres. Corregir esta infravaloración requiere una acción pública sostenida que actúe, por un lado, sobre la devaluación estructural asociada a la segregación horizontal del empleo -que concentra a las mujeres en sectores socialmente indispensables pero sistemáticamente peor remunerados- y, por otro, garantice la aplicación efectiva del principio de igualdad retributiva por trabajos de igual valor, mediante sistemas de clasificación profesional y de valoración de puestos basados en criterios objetivos, neutros y no discriminatorios.

Cerrar la brecha salarial es esencial para garantizar la autonomía económica de las mujeres a lo largo de toda su vida para prevenir situaciones de precariedad, pobreza laboral y desigualdad en pensiones. Esta desigualdad a lo largo de la vida laboral tiene un reflejo directo y acumulativo en las pensiones. Las diferencias salariales, la mayor parcialidad y las interrupciones en las carreras profesionales derivan en cotizaciones más bajas y, en consecuencia, en pensiones inferiores, situando a muchas mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad económica tras la jubilación y aumentando el riesgo de pobreza y exclusión social.

En los últimos años, España ha consolidado un marco normativo y sus políticas públicas para afrontar estas desigualdades. La reforma laboral, orientada a reducir la precariedad y la temporalidad, el incremento sostenido del Salario Mínimo Interprofesional -ambos con un impacto especialmente relevante en las mujeres-, el desarrollo y la aplicación de la normativa en materia de planes de igualdad y de transparencia retributiva, así como el impulso de medidas de conciliación y corresponsabilidad, están contribuyendo a mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Todo ello, junto a la decidida actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social demuestra la firme determinación del Gobierno de España de combatir la desigualdad retributiva.

Para avanzar en igualdad salarial es imprescindible avanzar también en corresponsabilidad: las instituciones públicas deben promover marcos normativos y servicios que alivien la carga de cuidados, las empresas deben adaptar sus políticas internas para facilitar horarios y permisos equitativos, y los hombres deben asumir una parte mayor de las responsabilidades de cuidado, porque según la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE, mientras casi un 34 % de las mujeres con empleo dedica cuatro horas diarias al cuidado de hijos, hijas, nietos o nietas, ese mismo porcentaje de hombres alcanza sólo alrededor de dos horas diarias, lo que evidencia una persistente desigualdad en la distribución del tiempo de cuidados que influye directamente en la brecha salarial.

La ampliación en 2025 del permiso por nacimiento hasta las 19 semanas retribuidas e intransferibles para cada persona progenitora y con una parte de disfrute flexible hasta los ocho años del menor, constituye un hito relevante en la promoción de la corresponsabilidad en los cuidados. Esta medida actúa directamente sobre uno de los principales factores que inciden en la desigualdad retributiva: la penalización de las trayectorias laborales asociadas a la maternidad y la desigual distribución de los tiempos de cuidado. de responsabilidades que resulta imprescindible para reducir las brechas salariales y laborales.

El impacto de estas políticas ya ha comenzado a reflejarse en la evolución del mercado laboral. Según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa, en 2025 se han alcanzado máximos históricos de ocupación, y la tasa de desempleo de las mujeres ha descendido al 11,24 % (EPA4T), situándose la de hombres en el 8,76%. La temporalidad en el sector privado continuó reduciéndose y se mantiene claramente por debajo de los niveles previos a la reforma laboral.

Esta mejora del empleo ha tenido un reflejo especialmente significativo en las mujeres: en 2025 el número de mujeres ocupadas se mantuvo de forma estable por encima de los diez millones, registrando las cifras más elevadas de la serie histórica y evidenciando un avance sostenido de su participación en el mercado de trabajo. En paralelo, la brecha salarial se ha reducido en más de ocho puntos porcentuales en la última década. Se trata de una evolución positiva que, sin embargo, no permite dar por superada una desigualdad que sigue siendo inadmisible, cuya erradicación constituye un compromiso irrenunciable de este Gobierno.

Así, el Gobierno considera esencial reforzar la profesionalización de las políticas de igualdad. El anteproyecto de ley por el que se regula el ejercicio de la profesión de agente de igualdad, informado por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado 16 de diciembre, responde a la necesidad de que el marco normativo en materia de igualdad, así como las herramientas técnicas desarrolladas en los últimos años, cuenten con personal cualificado para su correcta implantación, seguimiento y evaluación, tanto en el ámbito público como en el privado.

Asimismo, el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede anticipar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, aprobado el pasado año, contempla la creación del grupo de trabajo para analizar y evaluar la dimensión de género en la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas ocupaciones o actividades profesionales con mayor presencia de mujeres. Este grupo permitirá analizar y visibilizar condiciones de trabajo en ocupaciones feminizadas que, pese a su dureza física o psíquica, han quedado históricamente ignoradas y excluidas de este reconocimiento, avanzando hacia un sistema de protección social más justo.

La reducción de la brecha salarial no se producirá de manera automática con el mero transcurso del tiempo. Exige una acción pública decidida y sostenida que continúe impulsando avances reales en la igualdad entre mujeres y hombres, y que evite que las desigualdades actuales se consoliden como desventajas acumuladas en términos de derechos y protección social.

Por todo ello, el Gobierno de España mantiene su firme compromiso de seguir impulsando políticas públicas orientadas a corregir las causas estructurales de la desigualdad retributiva, reforzando los mecanismos de aplicación, seguimiento y evaluación, y garantizando la igualdad retributiva como un elemento esencial de la cohesión social y de la justicia social.

Con motivo del Día para la Igualdad Salarial de 2026, el Gobierno de España reafirma su determinación de continuar avanzando hacia la igualdad retributiva efectiva, como condición indispensable para una sociedad más justa, cohesionada y democrática."

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD EN ENTORNOS DIGITALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se insta a la Fiscal General del Estado a investigar y, en su caso, perseguir posibles delitos de violencia sexual digital cometidos contra menores en las principales redes sociales. Esta decisión, que se ampara en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se apoya en un informe técnico elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Juventud e Infancia, que alerta de la afección de estas prácticas a los niños y niñas.

En el informe se analizan las posibles responsabilidades penales de prácticas cada vez más extendidas en el entorno digital como la generación y difusión de contenidos sexuales y pornografía infantil a través las ultrafalsificaciones (deepfakes) y la manipulación de imágenes reales para crear otras de contenido sexual explícito y menoscabar la dignidad de las víctimas.

Se solicita al Ministerio Fiscal que, dentro de su autonomía y tras oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, analice e investigue estos hechos y ejerza las acciones penales que estime pertinentes y, además, se establezcan criterios de actuación y medidas concretas que permitan a las posibles víctimas y a sus tutores y representantes legales hacer valer sus derechos ante la Fiscalía.

Esta acción responde al surgimiento de un ecosistema de riesgo sin precedentes para la explotación sexual en el ámbito digital, especialmente de menores. La convergencia de la Inteligencia Artificial (IA) generativa y las redes sociales masivas ha generado un entorno propicio para la creación y difusión de deepfakes hiperrealistas, y para la proliferación de canales opacos que distribuyen y monetizan estos contenidos. Según datos de la Comisión Europea, el 98% de estos deepfakes son de carácter pornográfico.

La violencia sexual digital ha escalado a niveles inéditos en las redes sociales. En España, una de cada cinco personas jóvenes, especialmente niñas y adolescentes, afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos suyos creados con IA siendo menores. Además, un tercio asegura haber sufrido acoso sexual digital durante su infancia, según datos de Save the Children.

Con esta iniciativa, España se suma a los países e instituciones de nuestro entorno que ya están tomando medidas al respecto. Fuera de la Unión Europea, países como el Reino Unido, Malasia, Indonesia, Kenia y diversos estados de EEUU también han abierto diligencias por estos hechos.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

TRATADO DE COPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la firma del Tratado de coproducción audiovisual entre el Reino de España y Canadá.

España ha suscrito convenios bilaterales de relaciones cinematográficas con diversos países y es signataria de convenios multilaterales en esta materia.

En este caso, el Tratado ha sido negociado entre los responsables cinematográficos de ambos países y tiene como principal objetivo regular las coproducciones cinematográficas entre España y Canadá. Inciden favorablemente en el conocimiento mutuo de los países y tienen repercusiones positivas en las respectivas industrias, al favorecer el incremento del número de películas y el intercambio de profesionales del sector.

Se incluyen las normas a las que deben ajustarse la realización de coproducciones, los requisitos que deben cumplir los productores interesados en acceder a los beneficios de la coproducción, la participación financiera y la proporción de las aportaciones a las que deben ajustarse los coproductores respectivos, la entrada y residencia temporal del personal creativo y técnico que participe en la coproducción, así como la entrada en el país de los equipos necesarios para la coproducción, los derechos de autor e ingresos y la distribución de la coproducción.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MODIFICADO EL PLAZO DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA SEDE DE LA AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que revoca la tramitación de urgencia para resolver el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) y amplía el plazo para la adopción y publicación de la decisión hasta el 18 de agosto de 2026, de conformidad con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el 18 de noviembre de 2025, acordó iniciar el procedimiento para la determinación de la sede física de la AESP, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2022. De conformidad con el citado real decreto, se declaró la tramitación de urgencia del procedimiento, lo cual determina que todos los plazos queden reducidos a la mitad, salvo el plazo de presentación de candidaturas, fundamentada en la necesidad de reforzar cuanto antes las capacidades del Estado ante futuras emergencias sanitarias y dar cumplimiento a parte del hito CID 281 del componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo plazo de ejecución finalizó el 31 de diciembre de 2025, que comprende la adquisición de parte del equipamiento tecnológico de la AESP.

Dado que el plazo para el cumplimiento del hito CID 281 ha vencido y se ha adquirido parte del equipamiento tecnológico necesario para la entrada en funcionamiento de la AESP, la perentoriedad de disponer del edificio por este motivo ha decaído.

Por su parte, el inicio de la actividad de la AESP está previsto para un plazo máximo de tres meses tras la aprobación de su Estatuto. Dicho Estatuto se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación, por lo que la AESP podrá asumir plenamente las competencias y fines establecidos en la Ley 7/2025, operando de manera inmediata desde la sede del Ministerio de Sanidad en tanto no se determine su ubicación definitiva.

Una vez finalizado el plazo, se han presentado un total de ocho candidaturas, de cuyo análisis se desprende que la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años o que la necesidad de realizar adecuaciones técnicas impide un uso instantáneo de las mismas.

Atendiendo a que los motivos que fundamentaron la declaración de urgencia han desaparecido y las candidaturas recibidas presentan elementos que exigen una valoración más detallada, se levanta la declaración de urgencia contenida en el acuerdo de inicio, entendiendo aplicable el plazo máximo de seis meses para la adopción y publicación de la decisión.

Asimismo, a la vista de las candidaturas recibidas y la importancia estratégica de la sede física de la nueva agencia, se considera imprescindible ampliar el plazo de seis meses para la resolución del procedimiento, por cuanto se requiere de un mayor tiempo para realizar una comparación y valoración de todos los datos técnicos contenidos en las ocho propuestas, incluso mediante las comprobaciones técnicas físicas necesarias, que permitan contrastar y resolver las dudas que se hubieran suscitado del estudio documental.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la asistencia técnica, mantenimiento, suministro e instalación de medios técnicos de seguridad para las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio.

La finalidad de este acuerdo marco es la de garantizar el mantenimiento, suministro e instalación de medios técnicos de seguridad para las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio, así como la asistencia técnica y formación para la optimización de la seguridad frente a accesos no autorizados, sustracción de material, sabotajes, agresiones o atentados contra el personal.

El objetivo es el aumento de la seguridad militar, sobre todo en zonas más sensibles como polvorines o hangares de alerta de aviones de combate dentro del Sistema de Defensa Aérea.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 28.787.119,20 euros y tendrá una duración de dos años desde la formalización, con posibilidad de cinco años de prórroga.

Defensa

ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco de suministro de combustibles líquidos para el Ministerio de Defensa en el territorio nacional.

Dicho suministro es necesario para lograr la operatividad de las Fuerzas Armadas y, además, para asegurar la calefacción en las instalaciones que continúan utilizando calderas de combustibles fósiles. Debido a la próxima finalización del acuerdo marco en vigor, se debe tramitar un nuevo expediente que permita cubrir las necesidades de suministro de los combustibles líquidos.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 1.476.151.969,74 euros y una duración máxima de treinta y seis meses desde el 1 de julio de 2026, o desde el día siguiente a su formalización si esta fecha fuera posterior, con posibilidad de prórroga de veinticuatro meses.

Transportes y Movilidad Sostenible

MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO LORCA-VERA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, por importe de 108,2 millones de euros (IVA no incluido), del contrato para el montaje de vía en el tramo Lorca-Vera (61,5km) de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería (200km).

De esta forma, está en marcha el montaje de vía de toda la línea, dado que la licitación de este tramo sucede a la adjudicación de los trabajos en los tramos Vera-Almería (68Km) y Nonduermas-Lorca San Diego (57,5km).

La actuación comprende el montaje de vía de ancho estándar mediante el despliegue de los elementos que la componen (balasto, traviesas, carril y desvíos) en todo el tramo y las cuatro estaciones que comprende (Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí y Vera-Almanzora).

Asimismo, se ha comenzado con la contratación del suministro de los elementos necesarios para estos trabajos: los desvíos para este tramo y el balasto para todo el trazado Lorca-Vera-Almería.

Para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, se está redactando el proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, se progresa con la electrificación, con la construcción de la subestación de Totana, sus centros de autotransformación, y el tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca. El tramo Lorca-Almería está en licitación.

Las tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS) ya están contratadas.

Estas actuaciones contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo).  

Esta actuación podrá ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Transportes y Movilidad Sostenible

ADIF ACERCA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, por 84,3 millones de euros (IVA no incluido), de la prestación durante los dos próximos años de Adif Acerca, el servicio que facilita a viajeros con discapacidad o movilidad reducida el paso por las estaciones, y la subida y bajada de los trenes.

El contrato, que relevará al vigente a su término, garantiza a Adif seguir contando con personal y medios técnicos especializados para atender este servicio, que facilita la accesibilidad del transporte ferroviario en toda la red.

Acerca está conformado por más de 600 asistentes de movilidad, repartidos por 146 estaciones con servicios de alta velocidad, media y larga distancia. El servicio prestó, en 2025, un total de 849.306 asistencias, un 7% más que 2024.

El contrato permitirá a Adif Acerca seguir reforzando el servicio para responder al aumento de tráfico y de viajeros tras la incorporación, en 2025, de 270 nuevas plataformas elevadoras para facilitar el acceso a los trenes de los viajeros en sillas de ruedas.

Adif Acerca se ofrece gratuitamente a viajeros con discapacidad (motriz, sensorial y cognitiva) y movilidad reducida (personas mayores, mujeres embarazadas, personas que porten carritos de bebé, etc.), de todas las empresas ferroviarias, para facilitar su paso por estaciones, la subida y bajada del tren y el acomodo en el asiento.

Estos viajeros pueden solicitar asistencia mediante los canales de venta de las empresas ferroviarias y presencialmente en 70 estaciones de Adif. En estas estaciones la solicitud puede realizarse hasta treinta minutos antes de la salida del tren y en las 76 estaciones restantes, al menos doce horas antes.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

LIMITACIÓN DE PRECIOS DE LOS HOTELES EN GRAZALEMA Y OTROS 13 MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA BORRASCA LEONARDO

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la aplicación del artículo 20 ter del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a servicios esenciales de hospedaje en los territorios afectados por los desalojos provocados por la borrasca Leonardo.

El acuerdo autoriza a limitar temporalmente el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo. Se trata de municipios de cinco provincias diferentes:

• Cádiz: Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera
• Granada: Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra
• Jaén: Cazorla y Santisteban del Puerto
• Málaga: Benaoján y Ronda
• Badajoz: Burguillos del Cerro y Medellín

Esta limitación temporal, que entrará en vigor el miércoles 18 de febrero y estará vigente una semana, hasta el miércoles 25, se aplica en base al real decreto-ley 4/2026, que permite limitar los precios de productos o servicios cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales o accidentes graves, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a esos productos y servicios.

El Consejo de Ministros ha declarado la limitación de precios en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de 10 personas desalojadas y en los estas representan al menos, el 0,1% de la población del municipio, siendo estos los criterios establecidos. Con la entrada en vigor de este acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia. Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

La medida se adopta con carácter preventivo, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito en alojamientos, en caso de estancias prolongadas por parte de familias afectadas, así como con el retorno del turismo y el restablecimiento de la circulación ferroviaria.

En el propio acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

BIOGRAFÍAS

Vivienda y Agenda Urbana

Subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana

D. PABLO TORRES PANIAGUA

Secretario General Técnico

D. PABLO MORENO LUCÍA

Subsecretaria de Igualdad

LAURA CADENAS LÁZARO

Licenciada en Derecho, pertenece desde al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2008.

Ha ocupado el cargo de secretaria general técnica del Ministerio de Cultura desde noviembre de 2021.

Anteriormente, fue jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Universidades, subdirectora general económico-administrativa del INAEM y secretaria general de la Fundación del Teatro Real.

Asimismo, desempeñó varios puestos en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, en la Secretaría General de la Agencia Española de Protección de Datos y en la Secretaría General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).