Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 5 de abril de 2013

SUMARIO

Presidencia

  • REAL DECRETO por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.
  • REAL DECRETO por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
  • REAL DECRETO por el que se establece la Zona Económica Exclusiva de España en el Mediterráneo noroccidental.
  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, de primas y financiación a la construcción naval, para adecuarlo a las normas del derecho de la Unión Europea.
  • REAL DECRETO por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) 761/2001 y las Decisiones 2001/1681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
  • REAL DECRETO por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia.
  • ACUERDO por el que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión al sexto conjunto de instalaciones que solicitan asignación como nuevos entrantes del período 2008-2012 y se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
  • INFORME sobre el balance y actualización del I Plan Nacional de Reformas.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio.

Hacienda y Administraciones Públicas

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 903/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.
  • REAL DECRETO por el que se suprime la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
  • ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 8.3.b), 49.1, 50 y 55 de la Ley del País Vasco 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi.
  • ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad de Salamanca para el mantenimiento y actualización del Servicio de Información sobre Discapacidad.

Fomento

  • Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
  • REAL DECRETO por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016.
  • ACUERDO de interpretación del contrato de concesión de la autopista de peaje AP4, Sevilla-Cádiz, sobre la obligación de Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del Estado, de reparación de los pasos superiores de esa autopista.

Empleo y Seguridad Social

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social la contratación de la 2ª modificación del contrato de ejecución de las obras de reforma integral de los edificios de la Dirección Provincial del INSS en Oviedo (Asturias), por un importe máximo de 1.360.004,17 euros.

Industria, Energía y Turismo

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

  • REAL DECRETO por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CE) 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla la celebración del contrato para el suministro de energía eléctrica por un año para 117 instalaciones, entre las que se encuentran las desaladoras de la Mancomunidad, por importe de 19.705.446,66 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba la actualización del Plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y del Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Industria, Energía y Turismo

  • ACUERDO por el que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento como Secretaría General del Consejo de Seguridad Nuclear de Dª MARÍA LUISA RODRÍGUEZ LÓPEZ.

Economía y Competitividad

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Fomento

PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO MODELO DE VIVIENDA BASADO EN EL ALQUILER Y LA REHABILITACIÓN
  • Se ha aprobado el proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, que, unidos a la Ley de Fomento del Alquiler, son los instrumentos que harán posible el cambio de política y modelo.
  • Se apuesta por el alquiler y la rehabilitación frente a la construcción de nuevas viviendas.
  • El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, aprobado hoy, destinará 2.421 millones de euros a ayudas al alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbanas.
  • Estas iniciativas tienen una clara vocación social y ayudarán a satisfacer las necesidades prioritarias de los ciudadanos, entre ellas el acceso a la vivienda de los sectores de población con menos recursos.
  • Las personas afectadas en los procedimientos de desahucio tendrán preferencia en el acceso al programa de ayuda al alquiler.
  • Aumenta el número de beneficiarios de las ayudas al alquiler, que pasan de 87.000 a 133.000 anuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016) que, junto con la nueva Ley de Fomento del Alquiler, suponen un cambio de modelo en la política de vivienda.

Estas iniciativas tienen una clara vocación social y tienen como objeto satisfacer las necesidades prioritarias de los ciudadanos, facilitando el acceso a una vivienda digna de los sectores de población con menos recursos.

De los veintiséis millones de viviendas que hay en nuestro país, quince millones tienen más de treinta años y casi seis millones más de medio siglo.

El mercado del alquiler representa el 17 por 100 frente al 83 por ciento del de la propiedad mientras que en Europa el mercado en alquiler representa el 38 por 100.

Asimismo, es fundamental facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menores recursos. Por ello, es necesario un cambio de modelo que apoye el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda, especialmente para quienes disponen de menores niveles de renta y para favorecer la salida al stock de vivienda desocupada.

También se ha hecho una apuesta por el fomento de la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas para propiciar una reactivación sostenible del sector de la construcción, unos edificios más seguros y una mejora de la eficiencia energética.

PROYECTO DE LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS

La nueva Ley establece mecanismos que permitirán poner en práctica desde las operaciones más sencillas, que afectan a la rehabilitación de un edificio, a las más completas, que van desde la regeneración de tejidos urbanos ya existentes a la reurbanización de zonas más amplias dentro de las ciudades.

Estas operaciones contribuirán al fomento de la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación como en el suelo, y acercarán nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia y ahorro energéticos.

El modelo surgido en los últimos años, volcado fundamentalmente en la construcción de nuevas viviendas, ha descompensado el necesario equilibrio que debería existir entre las actuaciones de construcción y aquellas otras orientadas a la conservación en adecuadas condiciones del parque ya edificado.

A ello hay que unir la gran distancia que separa el parque edificado en España de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las ciudades. Cerca del 60 por 100 de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética (la primera es de 1979), lo que sitúa a España en una posición difícil de cara al cumplimiento de los compromisos con Europa (Estrategia Europea 2020). Además, de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, cuatro millones aún no tienen ascensor y un porcentaje muy elevado de viviendas se encuentra en deficiente situación de conservación.

Novedades de la L ey

Entre las novedades más relevantes que forman parte del nuevo texto legal están las siguientes:

  1. La configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados con el medio urbano, y, por tanto, su regulación con carácter uniforme, en el marco de las condiciones básicas de igualdad que al Estado compete establecer.
  2. La regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios, que trata de superar las insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios, demandada por el Estado a partir del Real Decreto Ley 8/2011.
    Este informe, además de evaluar el estado de conservación de los edificios, aportará información acerca del grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la Certificación de la Eficiencia Energética. Esta última, con un mero carácter informativo, y con independencia de que alguna de las viviendas del edificio vaya a ser puesta en venta o en alquiler.
    El informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de cincuenta años y siempre que no hayan pasado ya la Inspección Técnica de Edificios de conformidad con su propia regulación.
  3. Se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación.
  4. Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible. De manera especial, se introduce la figura de "la memoria de viabilidad económica" que acompañará a cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas.
  5. Se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal. Así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las Administraciones Públicas, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como ya ocurre con algunas de ellas en la vigente regulación de la propiedad horizontal.

NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2013-1016

El Plan, que complementa a las dos leyes citadas, tiene por objeto buscar la máxima rentabilidad con los recursos disponibles, a través de la concesión de ayudas al mayor número posible de ciudadanos y facilitar una vivienda digna a los colectivos más desfavorecidos. Así, las personas afectadas en los procedimientos de desahucios tendrán preferencia en el acceso al programa de ayuda al alquiler.

El Plan pretende, además, dinamizar la economía y fomentar la generación de empleo. La puesta en marcha del nuevo Plan se estima que supondrá en cuatro años la creación de 105.000 puestos de trabajo.

El presupuesto del Plan para todo el periodo de vigencia es de 2.421 millones de euros, que se reparten entre los siete programas que lo conforman, los cien millones de euros de la LÍNEA IDAE y los diez millones del Proyecto Clima.

El Plan mantiene la subsidiación de préstamos convenidos para evitar debilitar la capacidad de los deudores hipotecarios con menos recursos.

Los siete programas son: subsidiación de préstamos convenidos, ayudas al alquiler, fomento del parque público de viviendas, fomento a la rehabilitación, fomento de la regeneración urbana, apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de los Edificios y fomento de ciudades sostenibles.

Nueva gestión de las ayudas al alquiler

Con el objetivo de un mejor aprovechamiento de los recursos, la concesión de las ayudas al alquiler se hará de forma más equitativa teniendo en cuenta la renta de la unidad de convivencia en una vivienda.

Los beneficiarios de las ayudas al alquiler serán las personas físicas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, modulable según el número de miembros y composición de la unidad de convivencia, lo que asegura que accedan a la ayuda las familias más necesitadas.

Ayudas a la rehabilitación y regeneración

El plan contempla también ayudas a la rehabilitación edificatoria en edificios e instalaciones para mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética.

Los inmuebles deberán tener una antigüedad anterior a 1981, al menos el 70 por 100 de su superficie debe tener uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.

Podrán solicitar estas ayudas comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de viviendas.

Se concederán ayudas de hasta cuatro mil euros por vivienda para conservación, dos mil euros por vivienda para mejora de la eficiencia energética (cinco mil euros si se reduce en un 50 por 100 la demanda energética del edificio) y cuatro mil euros por vivienda para mejora de accesibilidad.

En el caso de la regeneración urbana, se financiará la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización del espacio público o de edificación en sustitución de edificios demolidos.

Los beneficiarios serán quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación con ayudas de hasta once mil euros por vivienda rehabilitada, treinta mil euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida y dos mil euros por vivienda para la obra de urbanización.

Informe de Evaluación de Edificios

Asimismo, el plan incluye ayudas a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios, con una subvención máxima del 50 por 100 del coste del mismo.

Por último, se establecen ayudas para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas, a través de la mejora de barrios, centros y cascos históricos, sustitución de infraviviendas y zonas turísticas.

Medidas adicionales

  • Línea ICO para la rehabilitación de viviendas y edificios 2013: para atender las necesidades de financiación de particulares y comunidades de propietarios para acometer proyectos de rehabilitación o reforma de viviendas y edificios. En este caso la dotación será de mil millones de euros.
  • LÍNEA IDAE. Programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de viviendas: para incentivar la realización de actuaciones integrales de ahorro y mejora de la eficiencia energética, así como la utilización de energías renovables (renovación de ventanas, fachadas, calderas, equipos de aire acondicionado, etcétera). La dotación será de cien millones de euros para ayudas públicas directas y préstamos reembolsables.
  • Proyecto Clima: Compra de créditos por reducciones verificadas de CO2 en el sector de la vivienda hasta los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto, por parte del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (diez millones de euros en 2013).

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS DEL IDAE

Para apoyar este nuevo marco legislativo, con el fin de mejorar el estado de conservación de los edificios de viviendas, su seguridad, habitabilidad, salubridad y accesibilidad, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pondrá en marcha próximamente un programa específico de ayudas y financiación para facilitar la ejecución de medidas de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables.

Con una dotación de cien millones de euros, este programa busca promover la realización de medidas de ahorro y eficiencia sobre la envolvente y las instalaciones térmicas de los edificios existentes de uso residencial, y la incorporación de energías renovables (biomasa y geotermia, principalmente).

Podrán ser beneficiarios de las ayudas o de la financiación de este programa las comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, las comunidades de bienes de los propietarios de edificios de viviendas no divididas horizontalmente y las personas físicas propietarias de un edificio de viviendas unifamiliar.

Se considerarán actuaciones susceptibles de ayuda las actuaciones integrales en edificios de viviendas siempre que comprendan una o varias de las siguientes medidas que mejoren la calificación energética del edificio o viviendas afectadas.

  1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios de viviendas existentes
  2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios de viviendas existentes
  3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes
  4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes.

La dotación económica del plan se repartirá equitativamente entre las cuatro tipologías de actuaciones anteriores.

CERTIFICADO ENERGÉTICO PARA ALQUILAR O COMPRAR

Dentro de esta política de apoyo a la vivienda y rehabilitación, y dando cumplimiento a la normativa comunitaria, el Consejo de Ministros ha aprobado, además, el Real Decreto para trasponer a la normativa española el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

La norma establece que a partir de 1 de junio de 2013 será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética. Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de este, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.

Programas informáticos del IDAE

Como herramienta para facilitar la obtención de dichos certificados, por mandato del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, el IDAE ha elaborado los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como Documentos Reconocidos a disposición de los técnicos certificadores.

Además, el IDAE se ha encargado de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X. Finalmente, IDAE se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente.

Obligaciones para las Administraciones Públicas

Igualmente, y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética.

Así, el complejo Cuzco que alberga a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad y parte de Hacienda y Administraciones Públicas, ya ha sido calificado mediante el programa informático de referencia obteniendo la calificación energética C.

(Plan Integral de Vivienda y Suelo)

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

APROBADO EL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013-2016
  • Todos los proyectos de ley y reglamentos incorporarán un informe de impacto en la infancia.
  • Reforzará la protección y el interés superior del menor ante casos de violencia y en situaciones de riesgo y desamparo.
  • Por primera vez, un Plan de Infancia está dotado con una memoria económica: 5.159 millones de euros.
  • El Plan introduce la figura de la guarda con fines de adopción y las familias de urgencia, para que todos los menores de tres años en desamparo se integren en una familia en lugar de en una institución.
  • El Registro Unificado de Maltrato Infantil y el de Casos de Explotación Sexual permitirán combatir estos abusos con eficacia.
  • Los menores serán considerados víctimas de la violencia de género.
  • Se reforzarán los niveles de seguridad en la Red para evitar abusos a niños y adolescentes.
  • La edad para contraer matrimonio se situará en los dieciocho años, y para menores emancipados pasa de los catorce a los dieciséis años, y la de consentimiento sexual se elevará de acuerdo con el Parlamento.
  • Los pacientes menores podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los dieciocho años y no hasta los catorce, como hasta ahora.

La defensa del interés del menor en los trámites de adopción, de acogimiento familiar o de tutela por parte del Estado, así como su protección y amparo en casos de violencia de género, son algunos de los pilares fundamentales del nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Por primera vez, un Plan de Infancia cuenta con una estimación presupuestaria, que la ministra ha cifrado en 5.159 millones de euros para los próximos cuatro años, entre el Ministerio, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

La protección y el "interés superior del menor" orientan todos y cada uno de los ocho objetivos y 125 medidas de este ambicioso Plan que se ajusta a los convenios internacionales establecidos y que se estructura de acuerdo con ocho objetivos: conocimiento y sensibilización; apoyo a las familias y conciliación; seguridad en el uso de las nuevas tecnologías; atención prioritaria en colectivos con riesgo de exclusión social; prevención y rehabilitación de casos conflictivos; educación de calidad; defensa de su salud y participación en su entorno.

Las medidas más relevantes del Plan conllevarán una modificación normativa, a través de una Ley Orgánica para actualizar la legislación sobre protección a la infancia. La modificación afectará a once leyes, entre las que destacan el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del Menor. Además, como novedad, el Gobierno incorporará un informe sobre el impacto en la infancia en todos los proyectos de ley y de reglamento, de la misma manera que ya ocurre con el impacto de género.

El Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 constituirá un marco de trabajo muy valioso para articular en clave de presente y de futuro, las políticas de infancia en nuestro país, de una manera integrada y transversal. En su elaboración han participado diez ministerios, Comunidades Autónomas, entidades locales y ONG del tercer sector.

PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA INFANCIA

El primer objetivo del Plan es la promoción del conocimiento sobre la situación real de la infancia y la adolescencia en España. En este punto, se va a llevar a cabo una definición legal del concepto jurídico indeterminado "interés superior del niño", en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Asimismo, se consolidará el Registro Unificado de Maltrato Infantil y el Registro de Casos de Explotación Sexual Infantil, que serán herramientas útiles para combatir estos abusos.

Dentro de este objetivo se incluyen otras medidas, como la aprobación de un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades, para facilitar la atención temprana y rehabilitación.

APOYO A LAS FAMILIAS

Dentro del segundo objetivo, apoyo a las familias, está previsto avanzar en medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad, que se concretarán en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que se aprobará en los próximos meses. Asimismo, se contempla una mayor ayuda a las familias en riesgo de exclusión social o con necesidades especiales.

También, siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y del Consejo de Europa, el Gobierno va a revisar algunas de las edades mínimas previstas legalmente.

En primer lugar, la edad para contraer matrimonio. En la actualidad, se sitúa en dieciocho años, pero se mantiene una excepción para menores emancipados, que pueden casarse con catorce años. Para elevar esta edad se incluirá una modificación en el Código Civil, consensuada con el Ministerio de Justicia, para subir la edad a los dieciséis años.

En cuanto al consentimiento sexual, se elevará en línea con los países de nuestro entorno, con el fin de evitar los abusos a menores y luchar de forma más eficaz contra la pederastia. La ministra ha propuesto que se haga buscando el consenso de todas las fuerzas políticas en el Parlamento.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

En relación con los medios de comunicación, Internet y las redes sociales, el Plan contempla el refuerzo de los sistemas de seguridad en la Red. Se potenciarán los sistemas de filtrado desde los servidores y la adopción por parte de las empresas de códigos de conducta adecuados. También se ofrecerán acciones de formación y sensibilización a niños y familias.

Estas medidas tienen como objeto la prevención de abusos o explotación sexual de niños y adolescentes. Por el mismo motivo, se introducirán nuevos tipos delictivos en el Código Penal: "ciberacoso", "ciberbullyng", "childgrooming", etcétera. Asimismo, se promoverá una actuación responsable de los medios de comunicación, regulando los contenidos a los que acceden los niños.

MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN

El Gobierno va a definir, por primera vez, en una norma estatal, las llamadas situaciones de riesgo y desamparo, y se atenderá a las necesidades especiales de estos niños, priorizando siempre su integración en un núcleo familiar y la atención a sus necesidades sanitarias, educativas, etcétera. En este sentido, se va a priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial.

Una política como ésta tiene un punto de arranque: la comprobación médico-científica de que ayuda mucho más al menor formarse en un contexto de relaciones sociales-familiares. Así, se unificarán los criterios de selección de las familias acogedoras, se crearán redes de apoyo, tanto para la familia biológica que no puede mantener al niño/a, como a la que lo acoge y se potenciará un mayor grado de especialización y profesionalización de las propias familias que decidan acoger a un menor.

Integración en una familia

En concreto, se pretende que ningún menor de tres años en situación de desamparo tenga que pasar por un centro residencial, sino que se integre en una familia. Para ello, se emplearán las "familias de urgencia", que darán un acogimiento profesionalizado en los casos en que sea necesario. Asimismo, se crea la figura de la "guarda con fines de adopción", que permitirá, por ejemplo, que un bebé dado en adopción nada más nacer por su madre biológica pase directamente a vivir con una familia, aunque la adopción definitiva la decida un juez. De este modo, las modalidades de acogimiento pasan de tres (simple, permanente y preadoptivo) a dos: temporal y permanente.


Adjudicaciones

Asimismo, la reforma de la legislación de la infancia introducirá novedades en las adopciones, como las adopciones abiertas, en las que el menor conserva ciertos vínculos con su familia biológica.

España es uno de los países que más adopciones internacionales tramita, y dado el contexto internacional, se hace prioritario estrechar la coordinación con las Comunidades Autónomas (que tienen la competencia) para reforzar las garantías del menor. Ello pasa por establecer las cautelas necesarias y asegurar que los trámites se adecúan a la salvaguarda del interés del menor. En la medida de lo posible, se agilizarán los canales de información entre países.

Pobreza infantil y violencia de género

Dentro del mismo objetivo 4, se incluyen medidas para luchar contra la pobreza infantil. Destaca la próxima presentación de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil, que identificará las acciones prioritarias a favor de la inclusión. También será un objetivo estratégico en el próximo Plan de Inclusión Social.

En cuanto a la violencia de género, el Plan incorpora garantías de protección de los hijos de las víctimas. Desde principios de 2013 la estadística de violencia de género incorpora a los menores que quedan huérfanos por esta causa. El Plan prevé reconocerlos como víctimas del maltrato. Se procurará, asimismo, que los hijos permanezcan con su madre en estos casos.

SITUACIONES DE CONFLICTO SOCIAL

En cuanto a la prevención y la rehabilitación ante situaciones de conflicto social, el Plan propone desarrollar programas de prevención del riesgo de infracción social por parte de menores de edad, como el vandalismo, y reforzar las políticas para prevenir la actuación de grupos o bandas juveniles violentos. Estos programas buscarán reforzar el papel de las familias, las escuelas y los educadores para evitar las causas de la violencia.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Otro de los objetivos del Plan es garantizar una educación de calidad para todos los niños y adolescentes, incluyendo formación en valores como el respeto, la autoridad del profesorado y la convivencia. En este objetivo se encuentran medidas para prevenir el fracaso y el absentismo escolar y la atención a menores con necesidades especiales.

En este sentido, se impulsará la gratuidad total de la educación infantil desde los tres años de edad y la atención educativa temprana de menores con discapacidad.


SALUD INTEGRAL

El Plan incluye medidas específicas para promover una buena salud y hábitos saludables en la infancia y adolescencia, una vez más, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables. Éstas son algunas de las medidas contempladas:

  • Se unificará la normativa para homogeneizar la edad de acceso al consumo de alcohol en los dieciocho años.
  • Los pacientes menores podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los dieciocho años y no hasta los catorce, como hasta ahora. Se cumple, así, una demanda de las familias de los niños con graves enfermedades.
  • Se reforzará la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de trastornos alimentarios, para evitar la obesidad, que afecta al 10 por 100 de los niños y adolescentes, y el sobrepeso, que afecta al 20 por 100, según la última Encuesta Nacional de Salud. En este ámbito, se enmarcan medidas como la práctica diaria de ejercicio físico en los colegios.
  • Se pondrá en marcha una Estrategia de Salud Mental Infantil y Juvenil, en línea con la reciente creación del título de Médico Especialista en Psiquiatría del Niño y del Adolescente.
  • Se incorporarán medidas de prevención de embarazos no deseados, así como de promoción de la salud durante el embarazo, con especial apoyo a las adolescentes gestantes y madres.

PARTICIPACIÓN INFANTIL

El último objetivo del Plan de Infancia es la promoción de la participación infantil y la creación de entornos adecuados para favorecer su desarrollo. En un plan que quiere poner a la infancia en el centro de todas las decisiones, hay medidas destinadas a fomentar su participación en todos los niveles, como el voluntariado infantil y juvenil y el asociacionismo adolescente.

Este objetivo incluye otras medidas, como las dirigidas a la educación para un consumo responsable y la participación infantil en los municipios.

En suma, el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 constituirá, en palabras de la ministra, "un marco de trabajo muy valioso para articular, en clave represente y de futuro, las políticas de infancia en nuestro país, de una manera integrada y transversal".

La ministra también ha agradecido su participación a los 10 ministerios que han participado en la elaboración del Plan, así como a las CC AA, entidades locales y ONG del tercer sector. Todos ellos, ha dicho, han contribuido a "mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas los menores, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses".

Presidencia

APROBADO EL ESTATUTO DEL PERSONAL DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia, que sustituye al actualmente vigente desde 1995, aunque sufrió una importante modificación en 2004.

El nuevo Estatuto responde, en primer lugar, a la insuficiente regulación de diversos aspectos relativos al personal del CNI con respecto al régimen propio de otros colectivos de empleados públicos, sean de naturaleza civil o militar. Además, es preciso adaptar el Estatuto a las reformas legislativas operadas en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, entre otras cuestiones, en materia de derechos y deberes, de garantía de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de conciliación de la vida personal y familiar, y de protección social. Asimismo, se acomoda a las últimas novedades en relación con permisos y vacaciones introducidas en el régimen de la función pública.

En el texto se establecen, por primera vez, los principios generales que deben regular los procesos selectivos del personal estatutario, tanto temporal, como permanente.

El nuevo Estatuto provee al personal estatutario de una carrera profesional, definiendo sus distintas clases, que se inspiran en las previstas en el ámbito de la función pública. La carrera profesional, concepto y principios, clases, progresión horizontal y progresión vertical, se regula con mayor detalle.

Respecto al régimen disciplinario, y más concretamente al ámbito personal de aplicación, se incluye frente al régimen vigente, a todo el personal estatutario del CNI, sin excepción alguna, incluyendo aquel personal militar y de la Guardia Civil en servicio activo que actualmente se encuentra sometido al régimen disciplinario de sus cuerpos de procedencia.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ESTABLECIDA LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA DE ESPAÑA EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la Zona Económica Exclusiva de España en el mar Mediterráneo occidental, que se extiende desde el límite exterior del mar territorial, hasta un punto de coordenadas I: 35º 57,46'N; L: 2º 5,31´W, situado en demora 173º (S 007 E) de Cabo de Gata y distante 46 millas náuticas del mismo, continuando hacia el este mediante la línea equidistante con los países ribereños, trazada de conformidad con el Derecho Internacional, hasta la frontera marítima con Francia.

Los límites que se establecen en el Real Decreto podrán ser modificados, en su caso, en función de los acuerdos de delimitación que puedan concluirse con el Estado ribereño afectado, al amparo del artículo 74 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982.

La Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (CNUDM), de 10 de diciembre de 1982, define la Zona Económica Exclusiva (ZEE), fija los derechos y deberes del Estado ribereño y de terceros Estados sobre esta zona, y señala los criterios para su delimitación.

Así, en sus artículos 55 y 57 establece que "la zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste" que "no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial". Para el supuesto de países con costas adyacentes o situadas frente a frente, su artículo 74.1 dispone que la delimitación de dicha zona habrá de hacerse "por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa"

En lo que a los derechos del Estado ribereño concierne, el artículo 58.1 de la Convención establece los siguientes: "a) derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; b) jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a: i) el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, ii) la investigación científica marina, iii) la protección y preservación del medio marino; c) otros derechos y deberes previstos en esta Convención".

La Ley por la que se regula la Zona Económica del Mar y sus Playas del 20 de febrero de 1978, pese a ser anterior a la adquisición por España de la condición de Estado miembro en la Convención, regula dicha zona en términos que resultan plenamente acordes con los de la citada Convención al haberse hecho eco del Derecho Internacional consuetudinario existente en el momento de su promulgación. Y, si bien su ámbito de aplicación se circunscribe, en principio, tal como establece su disposición final primera, "a las costas españolas del Océano Atlántico, incluido el Mar Cantábrico, peninsulares e insulares", esta misma ley "faculta al Gobierno para acordar su extensión a otras costas españolas"

Si bien es necesario establecer una Zona Económica Exclusiva de España en el Mediterráneo, procede establecerla únicamente en el área noroccidental, pues con ello, además de salvaguardar a los efectos previstos en la Convención el ejercicio de los derechos soberanos del Estado ribereño, se preserva el derecho de España a su extensión en el futuro a otras costas españolas.

Presidencia

BALANCE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE REFORMAS

El Consejo de Ministros ha recibido un encargo del presidente del Gobierno para llevar a cabo durante la semana que viene un balance y actualización del I Plan Nacional de Reformas, aprobado hace dos trimestres, con destino a la presentación del II Plan Nacional de reformas, que se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

El encargo del presidente del Gobierno hace referencia a las reformas llevadas a cabo en este semestre en este proceso, así como a las nuevas medidas que figurarán en el II Plan, algunas de las cuales ya son conocidas porque fueron presentadas en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación, que permitirán seguir con el impulso reformista del Gobierno y cumplir con los objetivos de crecimiento y creación de empleo.

Hacienda y Administraciones Públicas

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EUSKADI

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita del presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 8.3.b), 49.1, 50 y 55 de la Ley del País Vasco 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. Igualmente, se solicita la invocación de su suspensión al amparo del artículo 161.2 de la Constitución.

  • El Gobierno entiende, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que dicha Ley resulta inconstitucional por las siguientes razones:
  • El artículo 8.3.b) establece la participación de la Administración General del Estado en un órgano autonómico, el Consejo de Seguridad Pública, lo cual se considera contrario al principio de autoorganización del Estado.
  • El artículo 49.1 no se ajusta a lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que los convenios para la prestación de servicios conjuntos de policía local se suscribirán con las condiciones determinadas por la normativa estatal.
  • Los artículos 50 y 55 resultan controvertidos ya que las Comunidades Autónomas carecen de potestad reglamentaria en materia de seguridad privada con carácter general.
  • Además, a la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponde la inspección y sanción sobre aquellas empresas de seguridad que tengan su domicilio social en la propia Comunidad y su ámbito de actuación esté limitada a la misma, y no en los restantes casos. En este mismo sentido, y en lo que se refiere a la autorización de los centros de formación, la norma impugnada se aparta de lo que a este respecto dispone la legislación estatal.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

REGULADA LA APLICACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA
  • Se trata de un instrumento voluntario de ayuda a los consumidores y empresas para mejorar su actuación ambiental.
  • España es uno de los principales países europeos en materia de concesión de etiquetas ecológicas, con más de 142 licencias hasta diciembre de 2012.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las normas para la aplicación de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. La nueva normativa introduce las modificaciones necesarias para aplicar el Reglamento comunitario.

Creada en el año 1992, la Etiqueta Ecológica Europea constituye una parte importante de la política comunitaria de instrumentos voluntarios de ayuda a las empresas y a los consumidores para mejorar su actuación ambiental. Su objetivo es promover productos que puedan reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros de su misma categoría, de forma que contribuyan, así, a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente.

España es uno de los principales países europeos en materia de concesión de etiquetas ecológicas, con más de 142 licencias concedidas hasta diciembre de 2012.

Ampliadas las posibilidades de utilización

Entre las novedades que se incluyen en el Real Decreto, se encuentran la ampliación de las posibilidades de su utilización, para evitar la proliferación de sistemas nacionales de etiquetado ecológico. También contempla la sustitución del uso de sustancias químicas por otras más seguras, siempre que sea posible.

Igualmente, se simplifica el sistema y se reducen las cargas administrativas, racionalizando los procedimientos de evaluación. Al mismo tiempo, se coordina el sistema europeo con los sistemas estatales mediante el intercambio de información y experiencias.

Con la nueva norma, se impulsa también la promoción de la etiqueta ecológica mediante el fomento de su adopción por las pymes y a través de campañas de sensibilización, información y educación específicas dirigidas a los consumidores.

Por último, se establece el cobro de un canon de solicitud por la concesión de la etiqueta ecológica, tal y como establece el Reglamento europeo, que tendrá que ser gestionado por las Comunidades Autónomas, y deja a la discrecionalidad de éstas la posibilidad de exigir un canon anual por el uso de la etiqueta.


Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

ACTUALIZADO EL PLAN DE APLICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES
  • Este convenio internacional, ratificado por España en 2004, tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente frente a este tipo de sustancias de elevada toxicidad.

El Consejo de Ministros ha autorizado la actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio y del Reglamento comunitario sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) y por el que se modifica la Directiva comunitaria de 1979.

El Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo tiene como objetivo recopilar información y elaborar un diagnóstico de la situación española respecto a los COP y, en consecuencia, formular las medidas necesarias para ajustarse a las obligaciones que imponen tanto este convenio internacional como el Reglamento.

Grave riesgo para la salud y el medio ambiente

Los contaminantes orgánicos persistentes suponen un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente de todo el planeta por su elevada toxicidad, persistencia, bioacumulación y capacidad de dispersión. En 1997 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) decidió que se negociara un convenio internacional, jurídicamente vinculante, para hacer frente a estos contaminantes.

Así, el Convenio de Estocolmo de 2001, firmado posteriormente por la Unión Europea, tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente ante los COP y reúne a 178 países comprometidos, entre ellos España, que lo ratificó en 2004. Además, en 2003 entró en vigor el Protocolo específico para contaminantes orgánicos persistentes, uno de los ocho incluidos en el Convenio de Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, del que forman parte España y la Unión Europea. Este Protocolo incluye medidas similares a las establecidas en el Convenio de Estocolmo.

Tanto el Convenio de Estocolmo, como el Reglamento comunitario, prescriben la obligación de elaborar un Plan Nacional de Aplicación en el plazo de dos años tras la entrada en vigor y revisarlo y actualizarlo de forma periódica.

La Unión Europea estableció a través de este Reglamento un marco jurídico común sobre contaminantes orgánicos persistentes para llevar a efecto las disposiciones del Convenio de Estocolmo y las del Protocolo de COP del Convenio de Ginebra de contaminación atmosférica transfronteriza.


Polibromados y perfluorados

El Plan Nacional de Aplicación se actualiza y revisa ahora, seis años después de su aprobación inicial, para incluir tanto los COP iniciales como los nuevos contaminantes que han pasado a formar parte de las listas del Convenio y del Protocolo.

Algunos de ellos, como las familias de polibromados y de perfluorados, representan una problemática muy compleja para todos los países debido a que su fabricación ha cesado muy recientemente y han tenido amplio uso en sectores muy diversos (equipos eléctricos, materiales de construcción y textiles, entre otros).

La actualización del Plan aprobado hoy mediante Acuerdo del Consejo de Ministros ha superado este año, tanto el trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas como el proceso de información y participación pública, y fue, además, presentado en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de diciembre de 2012 y en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado mes de marzo.


Industria, Energía y Turismo

ADAPTADA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL A LA NORMATIVA COMUNITARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica otro de 1994 que regulaba las ayudas al sector de la construcción naval, con el fin de adaptarlo a la normativa comunitaria.

A finales de 2011, la Comisión Europea aprobó un nuevo texto del Marco de ayudas de estado a la construcción naval, con período de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. Mediante esta modificación, el Real Decreto de 1994 se adapta a la normativa comunitaria, lo que permitirá continuar durante su período de vigencia con las dos líneas de ayudas al sector: la subvención del tipo de interés a los créditos ofrecidos por las entidades financieras a los armadores y las ayudas horizontales al sector para sus inversiones en I+D, Innovación e inversión en mejoras tecnológicas.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN AL ÚLTIMO CONJUNTO DE INSTALACIONES DEL PERÍODO 2008-2012

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta conjunta de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; de Industria, Energía y Turismo; y de Economía y Competitividad, la asignación individual de derechos de emisión al sexto conjunto de instalaciones que han solicitado la misma como nuevos entrantes del período 2008-2012 y se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de 2005 por la que se regulaba el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Mediante este acuerdo del Consejo de Ministros, se otorga asignación de derechos de emisión a treinta nuevas instalaciones y ampliaciones de existentes, por un total de 1,8 millones de derechos de emisión. Se trata de las últimas asignaciones a nuevos entrantes del periodo 2008-2012.

El plazo se cierra el 30 de abril

Hay que tener en cuenta que el próximo 30 de abril se cumplirá el plazo para que las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión entreguen tantos derechos como emisiones hayan tenido en el año 2012.

A partir de ese momento, se cerrará el último ciclo de cumplimiento correspondiente al periodo 2008-2012 y se entrará de lleno en la tercera fase del régimen, 2013-2020.

El Plan Nacional de Asignación 2008-2012, aprobado mediante un Real Decreto en 2006, establece las reglas de aplicación a la gestión de la reserva de nuevos entrantes, a través de la cual se asignan derechos a instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes.

Conforme a dichas reglas, la asignación se tramita a solicitud del interesado y se aprueba por el Consejo de Ministros, previa consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y después de un trámite de información pública.

Hacienda y Administraciones Públicas

SUPRIMIDA LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se suprime la Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

El Real Decreto responde a la finalidad del Gobierno de conseguir la máxima austeridad y eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del Estado en el actual contexto de crisis económica, y en línea con la necesaria reducción del gasto público.

La Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Fue creada en 2011 como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública para impulsar y coordinar las actividades que desarrollarán las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, así como particulares, en relación con la celebración de dicho centenario que se producirá en 2019. Para el cumplimiento de sus fines e estructuraba en diversos órganos: presidencia, vicepresidencias, pleno y Comisión Ejecutiva. Su presidencia correspondía al titular de la Vicepresidencia del Gobierno de Política Territorial y del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

ACUERDO PARA MANTENER Y ACTUALIZAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD

El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización provisional para la suscripción del convenio de colaboración para mantener y actualizar el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID). Se trata de un convenio firmado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Patronato sobre Discapacidad (dependiente del anterior) y la Universidad de Salamanca, que tiene por objeto la colaboración en el desarrollo del sitio web del Servicio de Información sobre Discapacidad (http://sid.usal.es/default.aspx ).

EL SID está configurado como una red pública para el establecimiento y desarrollo de un sistema de información de carácter estatal sobre discapacidad, vía web. Este servicio, en colaboración con la Universidad de Salamanca, se viene desarrollando en este ámbito desde el año 1999, permitiendo a sus usuarios disponer de contenidos de información permanentemente actualizada en materias tales como normativa, recursos, prestaciones, ayudas, centros, servicios, organizaciones, bibliografía, noticias de actualidad y estadística, entre otras.

El servicio es de acceso público, libre y gratuito, y está dirigido a los profesionales y responsables de la gestión de los servicios sociales de las distintas Administraciones Públicas, al ámbito académico y científico, al movimiento asociativo, así como a las propias personas con discapacidad, a sus familiares y a la sociedad en general.

El presupuesto total estimado para desarrollar este convenio asciende a 333.020,37 euros, que será financiado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Universidad de Salamanca y el Real Patronato sobre Discapacidad. En concreto, el Ministerio aportará un total de 174.375 euros, de los cuales 105.331,34 serán con cargo al presupuesto 2013 y otros 69.043,66, con cargo al de 2014. El Real Patronato contribuirá con una aportación en especie valorada en 11.250 euros, distribuidos en las dos anualidades, y la Universidad de Salamanca realizará una aportación económica y en especie valorada en 147.395,37 euros, también distribuida en dos años.

Industria, Energía y Turismo

CONCEDIDO UN PERMISO DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS EN CASTILLA-LA MANCHA Y MURCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que otorga a la compañía Oil and Gas Capital el permiso de investigación de hidrocarburos "Leo", cuya superficie comprende áreas de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y de Murcia.

La exploración de hidrocarburos es una actividad estratégica para España para la que se garantiza la máxima protección medioambiental. Su importancia se justifica por la elevada dependencia energética que tenemos del exterior y los negativos efectos de esta dependencia sobre la balanza comercial y la seguridad en el suministro energético. Además, se destaca el interés económico del mismo para complementar las actividades económicas habituales de las áreas en las que se ubica.

El permiso de investigación de hidrocarburos es una concesión demanial para explorar en exclusiva una determinada zona en busca de hidrocarburos. Este permiso no prejuzga los eventuales trabajos de extracción que se podrían llevar a cabo en un futuro en caso de encontrarse recursos aprovechables. Los trabajos que la compañía realice en el área, incluidos los de exploración, quedarán sometidos a medidas de protección medioambientales. Además, la concesión actual conlleva el depósito de unas garantías, la constitución de un seguro de responsabilidad civil así como la presentación de un plan de trabajos.

La Ley del Sector de Hidrocarburos (LSH) atribuye al Gobierno de la Nación la competencia para el otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos que afecten al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma, como es el caso del Permiso "Leo".

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

ACTUALIZADA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTALES (EMAS)

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las normas para la aplicación del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).

Este Real Decreto traspone al ordenamiento jurídico español un Reglamento comunitario del 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en el EMAS, que introduce importantes novedades en la regulación de este sistema.

Las organizaciones reconocidas con el EMAS, ya sean compañías industriales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones del sector servicios o administraciones públicas, tienen una política ambiental definida, hacen uso de un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta periódicamente del funcionamiento de dicho Sistema a través de una declaración medioambiental verificada.

Estas entidades, por su parte, son reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la información dada por dicha empresa. España está entre los principales países europeos en número de registros EMAS, con un total de 1.261 organizaciones adheridas a este sistema, según datos de 2012.

El nuevo Real Decreto incorpora las novedades recogidas en el Reglamento antes citado, que incluye la posibilidad de que se puedan adherir al Sistema EMAS tanto las organizaciones de dentro, como de fuera de la Unión Europea. Asimismo, incluye la nueva regulación de los verificadores medioambientales.

Fomento

LA CONCESIONARIA DE LA AUTOVÍA AP-4 DEBERÁ CONSERVAR LOS PASOS SUPERIORES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo de interpretación mediante el que se determina que AUMAR, la concesionaria encargada de la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje AP-4, Sevilla-Cádiz, está obligada a conservar los pasos superiores de dicha autopista.

Esta interpretación del contrato se ajusta a la normativa vigente, en concreto, a la cláusula 80 del Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Dicha cláusula impone a la sociedad concesionaria "conservar la autopista en perfectas condiciones de utilización, procediendo a la periódica reparación o sustitución de aquellos elementos de la misma que se deterioren por el uso continuo".

Además, el Consejo de Estado dictaminó el pasado 18 de octubre de 2012 que AUMAR "está obligada a conservar y mantener los pasos superiores construidos sobre la vía…" y "sin que ello depare derecho de compensación alguno en favor de dicha sociedad".


Empleo y Seguridad Social

MODIFICACIONES EN LAS OBRAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN OVIEDO

El Consejo de Ministros ha autorizado la segunda modificación de las obras de reforma integral de los edificios de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Oviedo (Asturias), por un importe de 1.360.004,17 euros.

El contrato de referencia fue adjudicado inicialmente el 14 de diciembre de 2009 por un importe de 9.758.122,72 euros y en diciembre de 2010 se aprobó una primera modificación del contrato por un importe de 1.935.155,58 euros. El importe conjunto de las modificaciones del contrato asciende a 3.059.125,97 euros, cantidad que, al ser superior al 20 por 100 del precio inicial del mismo, tiene que ser autorizada por el Consejo de Ministros.

Hacienda y Administraciones Públicas

MODIFICADO EL ESTATUTO DEL ORGANISMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para adecuar su organización a la nueva estructura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, se introducen determinadas modificaciones con la finalidad de adaptar, con la antelación suficiente, las funciones y estructura del Organismo Autónomo a los cambios que introducirá el futuro programa comunitario que, una vez finalizado el 2013, sustituirá al actual programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, establecido mediante una Decisión comunitaria del 15 de noviembre de 2006.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO CON EGIPTO SOBRE SUPRESIÓN DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre España y Egipto sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, cuya firma fue autorizada por el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre de 2012.

El Acuerdo hace referencia a las entradas sin visados de los nacionales de cada país, titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio en el territorio del otro, para estancias de un máximo de noventa días en un periodo de 180 días.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador de España en la República del Paraguay.-

D. DIEGO BERMEJO ROMERO DE TERREROS.

Nacido el 13 de noviembre de 1954 en México, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1982 en la Carrera Diplomática.

Ha sido secretario en la Embajada de España en Lisboa, vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, asesor adscrito al Defensor del Pueblo y cónsul general de España en Santo Domingo. En 2003 fue nombrado segundo jefe de la Embajada de España en París. Desde enero de 2008 era embajador de España en la República Dominicana. Desde noviembre de 2011 era embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y Asuntos Multilaterales de Iberoamérica.

Industria, Energía y Turismo

Propuesta de nombramiento de la Secretar i a General del Consejo de Seguridad Nuclear.-

Dª MARÍA LUISA RODRÍGUEZ LÓPEZ.

Nacida el 13 de agosto de 1957, es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Después de ejercer libremente la abogacía, ingresó en la Compañía Telefónica Nacional de España, donde fue secretaria del Consejo de Administración de Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A., directora de la Asesoría Jurídica de Telecomunicaciones, secretaria del Consejo de Administración de Telefónica Publicidad e Información y directora general de Asuntos Jurídicos y secretaria general y del Consejo de Telefónica Móviles España, S.A. En 2007 pasó a ocupar el puesto de directora de Asuntos Jurídicos de Telefónica en España y, posteriormente, el de directora de Telecomunicaciones y Sociedades de la Información de Telefónica, S.A.

Economía y Competitividad


Secretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación.-

Dª MARÍA LUISA PONCELA GARCÍA.

Nacida el 21 de junio de 1960, es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Fue consejera económica y comercial de la Embajada de España en Hungría, subdirectora general adjunta de Política Arancelaria y de Gestión de las Transacciones con el Exterior, y consejera técnica de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda. Desde 1998 fue, sucesivamente, subdirectora general de Promoción de la Innovación Industrial y de Programas Tecnológicas, jefa del Gabinete Técnico del Secretario General de Industria y subdirectora general de Incentivos Regionales. En 2008 fue socia fundadora de la empresa Add Talentia, S.L. y, posteriormente, directora de Relaciones Institucionales de Abbott Laboratorios, S.A. Ha sido inspectora coordinadora de los Servicios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y directora del Gabinete del Secretario General de Innovación. En enero de 2012 fue nombrada Directora General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial y desde febrero de 2012 era Directora General de Innovación y Competitividad.

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