SUMARIO
ECONOMÍA Y HACIENDA
ACUERDO por el que se autoriza la creación de la sociedad estatal Sociedad Pública de Alquiler, S. A.
ACUERDO por el que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide no oponerse a la operación de concentración económica consistente en la toma de control exclusivo, por parte de Destilerías Arehucas, S. A., de las compañías Fábrica de Licores Artemi, S. L., y Distribuidora Archipiélago Canario, S. L.
ACUERDO por el que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar a la observancia de condiciones la operación de concentración económica consistente en la puesta en marcha de la empresa en participación Spanish Into-Plane Services, S.L., controlada conjuntamente al 50 por cien por Shell España, S. A., y Compañía Española de Petróleos, S. A.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 2.121.660,29 euros, para cumplir lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por el importe y para la finalidad indicada.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 200.000 euros, para financiar las ayudas contempladas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por el importe y para la finalidad indicada.
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.
ACUERDO por el cual se aprueba la propuesta del Plan anual de cooperación internacional para 2005, y se dispone su remisión al Congreso de los Diputados.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República Cooperativa de Guyana para la promoción y protección recíproca de inversiones.
JUSTICIA
REALES DECRETOS por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a ocho ciudadanos ecuatorianos, cuatro marroquíes, dos rumanos, una peruana y un búlgaro, todos ellos hermanos de víctimas del atentado terrorista del 11-M, con quienes convivían.
REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. Gustavo Javier Barrera Castro.
FOMENTO
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Autovía Ruta de la Plata (A-66), tramo: Sorihuela-Béjar, términos municipales de Sorihuela, Fresnedoso, Vallejera de Riofrío, Béjar y Navacarros, longitud: 11,581 km.", con un presupuesto base de licitación de 36.771.211,05 euros (Salamanca).
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, para la realización de la cobertura de fotografía aérea, ortofotografía digital de alta resolución y modelo digital del terreno de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, para la realización de ortofotografía digital de la Comunidad de Castilla y León.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, para la realización de la cobertura de fotografía aérea, ortofotografía digital de alta resolución y modelo digital de elevaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
EDUCACIÓN Y CIENCIA
ACUERDO por el que se homologa el título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Córdoba.
ACUERDO por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
ACUERDO por el que se homologa el título de Licenciado en Criminología, de solo segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Girona.
ACUERDO por el que se homologa el título de Licenciado en Biotecnología, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Valencia.
ACUERDO por el que se homologa el título de Ingeniero Aeronáutico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, de la Universidad Politécnica de Valencia.
ACUERDO por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo de Ponferrada, adscrita a la Universidad de León.
ACUERDO por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
REAL DECRETO por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
REAL DECRETO por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IPO5 "Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos".
REAL DECRETO por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de carga e inspección de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie.
REAL DECRETO por el que se desarrolla el artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y se definen los productos de alimentación frescos y perecederos y los productos de gran consumo.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
REAL DECRETO LEY por el que se establece la aplicación del Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005, a los daños ocasionados por las heladas acaecidas durante el mes de febrero de 2005.
REAL DECRETO por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad de Regantes Las Cuevas, para llevar a cabo las obras de instalación de red de riego localizado para riego de auxilio de vid, en los términos municipales de Utiel y Camporrobles (Valencia).
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad de Regantes La Vega de San Antonio, para llevar a cabo las obras de instalación de red de riego localizado para riego de auxilio de vid, en los términos municipales de Requena y Utiel (Valencia).
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
REAL DECRETO por el que se crea la Consejería de Turismo de la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Irlanda.
CULTURA
ACUERDO por el que se aprueba el Plan integral del Gobierno para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual.
MEDIO AMBIENTE
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la construcción de la nueva desaladora del nuevo canal de Cartagena, término municipal de San Pedro del Pinatar (Murcia).
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras correspondientes al proyecto de mejora de la red de saneamiento de la zona de la Ciudad de Melilla, (fase I).
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la urgente e inmediata reparación de daños producidos por incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Comunidad Valenciana.
INFORME sobre la situación de la sequía en España.
ACUERDOS DE PERSONAL
FOMENTO
REAL DECRETO por el que se nombra Secretaria General de Infraestructuras a Dª JOSEFINA CRUZ VILLALÓN.
REAL DECRETO por el que se nombra Director General de Planificación y Coordinación Territorial a D. CASIMIRO IGLESIAS PÉREZ.
CONDECORACIONES
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor CHRISTOPHER BO BRAMSEN, ex Embajador del Reino de Dinamarca en España.
DEFENSA
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. ANTONIO DE LA CORTE GARCÍA.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. JUAN VILLAMIA UGARTE.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. JOSÉ PÉREZ ARAGÓN.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. JORGE VIÑE BLANCO.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ BALDUQUE.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. JOSÉ ORTIZ DE ZUGASTI ZUMÁRRAGA.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada D. CARLOS LUIS TORTOSA SAAVEDRA.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. JOSÉ MARÍA PARDO ZAPATA.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire D. VÍCTOR MARTÍNEZ ZARO.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención D. MIGUEL RUIZ DEL ÁRBOL FERNÁNDEZ.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar D. LUIS BERNARDO ÁLVAREZ ROLDÁN.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. MANUEL FERREIRO LOSADA.
CULTURA
PLAN INTEGRAL EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Policías y fiscales especializados lucharán contra la ''piratería''
El Fiscal General del Estado dictará instrucciones para unificar criterios en el tratamiento del delito y se va a constituir un grupo policial específico sobre delitos relacionados con la propiedad intelectual
Un "mapa sobre la piratería" en España permitirá elaborar planes territoriales de actuación policial
Instituciones públicas y privadas establecerán mecanismos de autorregulación para detectar infracciones de derechos de la propiedad intelectual en Internet
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan integral para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual, que pretende defender el derecho de los creadores frente a los efectos devastadores de la "piratería" desde el punto de vista cultural, económico y social.
El Plan, elaborado por el Ministerio de Cultura, implica a once Ministerios (Presidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Interior, Educación y Ciencia, Industria, Turismo y Comercio, Sanidad y Consumo, Asuntos Exteriores, Administraciones Públicas y Cultura) y prevé la colaboración activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, de otros sectores implicados, las instituciones públicas y los consumidores.
El Plan se concibe como un instrumento integral que debe servir para erradicar o, al menos, contribuir a la erradicación de este fenómeno. El Plan del Gobierno aborda el problema de la conculcación de los derechos de autor desde su perspectiva más amplia, ya que no sólo se persigue a aquellos que ponen a disposición del público productos piratas, sino que se va a tener en cuenta la relación de estos infractores con bandas organizadas y su conexión con otro tipo de delitos.
Acciones urgentes
El documento aprobado hoy atiende a los distintos subsectores relacionados con la propiedad intelectual; esto es, al sector musical, al audiovisual, al del libro o al del software, entre otros. Contempla cinco bloques de medidas y la puesta en marcha de cuatro acciones que se aplicarán con carácter urgente:
El Ministerio de Justicia va a especializar a los miembros del Ministerio Fiscal en cada una de las fiscalías, así como a peritos judiciales y miembros de la Policía Judicial para agilizar los juicios rápidos relacionados con estos delitos. Asimismo, se instará al Fiscal General del Estado a dictar instrucciones a los integrantes del Ministerio fiscal para unificar criterios en el tratamiento de los delitos contra la propiedad intelectual.
El Ministerio del Interior va a constituir un grupo policial específico sobre actividades delictivas relacionadas con la propiedad intelectual que asegure la coordinación interna de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Este grupo se coordinará con los órganos de análisis y de investigación de la delincuencia organizada y, singularmente, con los de tratamiento de la extranjería, la documentación y la inmigración ilegal.
Asimismo, se va a reforzar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales mediante el establecimiento de un protocolo de actuación que evite la pérdida de inteligencia criminal y de eficacia y eficiencia policial.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el de Cultura crearán un grupo de trabajo al que serán convocadas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y la industria de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El objetivo de este grupo es establecer mecanismos para detectar y retirar contenidos ilícitos de las redes digitales, así como para determinar la identidad de los infractores de derechos de propiedad intelectual.
Firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias, que prevé la elaboración de un "mapa de la piratería" en España, como instrumento para determinar las áreas geográficas donde concentrar los mayores esfuerzos policiales.
Cinco bloques de medidas
Además de estas acciones urgentes ya descritas, el Plan integral para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual contiene cinco bloques de medidas cuya aplicación se va a realizar a medio y largo plazo: medidas de cooperación y colaboración, medidas preventivas, medidas de sensibilización, medidas normativas y medidas formativas.
Medidas Preventivas. Con ellas se quiere determinar el alcance real del problema y conocer las razones que llevan a los ciudadanos a consentir el comercio y consumo de productos ilícitos, cuando no a consumirlos ellos mismos. También llamar la atención de la connivencia existente entre las organizaciones que hay detrás de estas conductas con otra clase de delitos que sí generan un indudable rechazo social.
Medidas de Sensibilización. Campañas para explicar a la sociedad el valor y sentido de la propiedad intelectual. Debe ser la sociedad, y especialmente la población más joven, la que llegue al convencimiento de lo pernicioso de estas conductas. Además, el Plan aboga por ordenar los cauces de difusión de las creaciones intelectuales, especialmente en Internet, previendo acciones de impulso por parte de la Administración para estimular mecanismos de autorregulación entre prestadores de servicios y titulares de derechos de propiedad intelectual.
Medidas Normativas. El Plan parte de la premisa de que la legislación española es suficiente para acotar estos comportamientos delictivos. Pese a ello, dentro de la ejecución del Plan se analizará la actual normativa con el afán de suplir, en su caso, las lagunas normativas que pudieran existir para dotar a policías y jueces de los instrumentos precisos para combatir estas actividades.
Medidas Formativas. Éstas están dirigidas a todos aquellos que tienen entre sus funciones velar por el respeto de estos derechos, muy en particular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicos y locales, así como de los miembros de la Carrera Judicial y de la Fiscalía.
Medidas de Cooperación y de Colaboración. El Plan prevé la creación de una Comisión Intersectorial constituida por representantes de todas las Administraciones Públicas con responsabilidad en esta materia y de las entidades que defienden los derechos de propiedad intelectual, la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las asociaciones de consumidores. Esta Comisión será la encargada de marcar las líneas directrices del plan así como del control de su ejecución. Será creada por Real Decreto en un plazo máximo de tres meses.
VIVIENDA
CREADA LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER
Facilitará la dinamización del mercado de alquiler, aportando seguridad al propietario y una mayor oferta a los inquilinos.
La Sociedad se constituirá a través de SEPES, que suscribirá íntegramente el capital de la misma, fijado en veinte millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Sociedad Pública de Alquiler, que estará tutelada por el Ministerio de Vivienda a través de su Entidad Publica Empresarial de Suelo (SEPES). La Sociedad facilitará la dinamización del mercado de alquiler a precios asequibles ofreciendo un marco estable de relación entre las partes. Ello se llevará a cabo mediante la actuación directa en este mercado y también fomentando la creación de entidades y herramientas que faciliten el aumento de las viviendas alquiladas.
Esta Sociedad Estatal contará con un capital social de veinte millones de euros. Para el ejercicio vigente ya se ha consignado una partida presupuestaria de seis millones de euros.
La creación de esta Sociedad es un elemento clave para introducir dinamismo en un mercado marcado por el importante número de viviendas desocupadas que hay en nuestro país. El mercado de alquiler en España muestra un tamaño mínimo entre los de los países europeos, con lo que se limita una de las alternativas para garantizar el acceso a la vivienda contemplado en el artículo 47 de la Constitución Española.
Gestión de viviendas
El objetivo de la Sociedad es la gestión de viviendas de terceros para su puesta en marcha en el mercado del alquiler, incluyendo la gestión de las obras necesarias para este objetivo, así como la promoción y el aumento de la eficiencia económica en el mercado del alquiler. Ello incluye, por tanto, las actividades relacionadas con la mejora de la financiación, el aseguramiento y, en general, todas aquellas que favorezcan a la reducción de los costes de intermediación en este mercado.
Un mercado de alquiler dinámico contribuye a favorecer la movilidad geográfica y permite reorientar el ahorro de las familias hacia productos financieros, lo que contribuye a mejorar la productividad del conjunto de la economía.
Objetivos
La Sociedad Pública de Alquiler dará seguridad y estabilidad al mercado garantizando la renta al propietario y asegurando el buen estado del inmueble en el momento de su devolución.
La actual situación del mercado de alquiler en España se caracteriza por una oferta escasa y muy atomizada, con el 85 por 100 de las viviendas en manos de particulares y con problemas de inseguridad jurídica y financiera para los propietarios.
La Sociedad garantiza al propietario que a partir de la firma del primer contrato, y mientras la vivienda permanezca en esta bolsa, percibirá esta renta independientemente de que la vivienda esté o no ocupada.
Por otra parte, los potenciales inquilinos podrán beneficiarse de una amplia y variada oferta de viviendas destinadas a alquiler. Estos inmuebles cumplirán determinados parámetros de superficie máxima y precio máximo de alquiler en función de la localidad y su zona de ubicación, contando en todo caso con las necesarias garantías de calidad y habitabilidad. El inquilino abonará la renta mensual a la Sociedad que, a su vez pagará al propietario, al que deducirá un porcentaje destinado a cubrir los costes generados por el servicio que se le presta.
Además, se prevé la oferta de productos específicos a los ciudadanos con mayores dificultades para acceder a una vivienda, cual es el caso de los jóvenes.
La Sociedad contará con una potente plataforma tecnológica que permitirá un flujo constante de información de oferta y demanda y la realización telemática de las distintas gestiones del proceso.
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO POR EL QUE SE
ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. Se ha solicitado el procedimiento de urgencia para su tramitación parlamentaria.
El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa constituye una auténtica refundación jurídica de la Unión Europea. En efecto, de acuerdo con el artículo IV-437, de la Parte IV, el Tratado Constitucional deroga el Tratado de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea, así como, en las condiciones previstas en el Protocolo anejo, los actos que les han completado o modificado. Del mismo modo, quedan derogados los Tratados de Adhesión, puesto que constituyen instrumentos de adhesión a Tratados que se derogan; dos Protocolos anejos contienen las disposiciones de los Tratados de Adhesión que permanecen en vigor.
España, a partir de la entrada en vigor del Tratado constitucional, no será ya miembro de la Comunidad y de la Unión Europea al amparo del Tratado de Adhesión de 1985, sino que lo será, como el resto de los Estados Miembros, en virtud del propio Tratado Constitucional.
Partes del Tratado
El Tratado se divide en cuatro partes:
Parte I. Contiene los objetivos, los valores y los principios relativos al reparto de competencias entre la Unión y los Estados Miembros, así como las disposiciones institucionales básicas de la Unión. Aunque el Tratado Constitucional "construye" sobre la base de lo ya existente, esta Parte I contiene importantes novedades y muchos de sus artículos son originales en su redacción.
Parte II. Contiene la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal y como fue proclamada en Niza en diciembre de 2000, con algunas modificaciones en su preámbulo y en las disposiciones finales de naturaleza horizontal relativas al ámbito de aplicación y a la interpretación de su contenido.
Parte III. Contiene las bases jurídicas de las políticas comunes, así como el desarrollo de las disposiciones relativas al funcionamiento de la Unión esbozadas en la Parte I, del mismo modo que reproduce, casi sin modificaciones, el contenido del Tratado de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea. Los principales cambios son aquellos que atañen al espacio de libertad, seguridad y justicia y a la acción exterior de la Unión Europea. Cabe reseñar igualmente la inclusión en el Tratado de nuevas bases jurídicas en temas como la energía, la protección civil, la cooperación administrativa, el deporte o el turismo.
Parte IV. Contiene las disposiciones generales y finales. Su articulado se refiere, fundamentalmente, a la sucesión y continuidad jurídica entre las actuales Comunidad y Unión Europeas y la nueva Unión Europea, a la aplicación territorial, a los procedimientos de revisión y a la ratificación y entrada en vigor, así como a las versiones auténticas del Tratado constitucional.
Protocolos
El Tratado Constitucional tiene treinta y seis Protocolos anexos. Veintiocho de estos Protocolos reproducen Protocolos ya existentes en los actuales Tratados de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, como es el caso de los Protocolos relativos a Schengen, a la Unión Económica y Monetaria, a ciertas derogaciones acordadas en determinados ámbitos en relación con Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, etcétera.
En la mayor parte de estos veintiocho casos, los Protocolos en cuestión han experimentado pequeñas adaptaciones si se les compara con los textos hoy vigentes. No obstante, hay Protocolos que han sufrido profundas reformas como, por ejemplo, el relativo al papel de los Parlamentos nacionales o el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidariedad y proporcionalidad.
Existen, sin embargo, ocho Protocolos de nueva planta: sobre determinadas disposiciones transitorias aplicables a las instituciones, sobre el Eurogrupo, sobre las modificaciones del Tratado EURATOM, sobre la cooperación estructurada permanente en materia de defensa, sobre la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre las disposiciones todavía aplicables de las Actas de Adhesión de 2003 y sobre los actos y Tratados que completaron o modificaron el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea.
Principales características
Las características más relevantes del proyecto del Tratado son las siguientes:
La consolidación en un solo texto de los actuales Tratados de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, sistematizando y simplificando sus principales disposiciones. Se procede también a su actualización, así como a la inclusión de una serie de nuevos preceptos referentes a la Parte I, fundamentalmente, y a los capítulos de la Parte III sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y la acción exterior de la Unión.
La integración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, proclamada solemnemente en diciembre de 2000, en el futuro Tratado, dotándola de carácter jurídicamente vinculante. Se incluye igualmente una cláusula habilitante que permitirá a la Unión como tal adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, decisión que será adoptada por mayoría cualificada de los Estados Miembros, y que someterá a la Unión al control externo del Tribunal de Estrasburgo en materia de Derechos Humanos.
La inscripción clara de ciertos principios fundamentales que regulan las relaciones entre la Unión y sus Estados miembros: principio de atribución de competencias, principio de cooperación leal, principio de primacía del Derecho de la Unión, principio del respeto de la identidad nacional de los Estados incluyendo sus estructuras políticas y constitucionales, etcétera.
El reconocimiento de una personalidad jurídica única a la Unión Europea, facilitado por la "fusión" de los Tratados de la Comunidad Europea y de la Unión Europea en un solo texto y por la desaparición de la estructura de "pilares" creada por el Tratado de Maastricht de 1992.
La simplificación de los instrumentos y procedimientos de acción de la Unión. Los instrumentos normativos previstos en el Tratado (Título V de la Parte I) son:
Actos legislativos: leyes y leyes marco europeas, que reemplazan a los actuales reglamentos y directivas.
Actos no legislativos: reglamentos y decisiones europeas.
Actos no obligatorios: recomendaciones y dictámenes.
La introducción de la posibilidad de que el legislativo comunitario (Consejo y Parlamento Europeo) confieran a la Comisión el poder de aprobar reglamentos delegados que completen o desarrollen elementos no esenciales de la ley o de la ley marco. Se pretende dotar de una mayor agilidad al procedimiento normativo comunitario.
La generalización del actual procedimiento de codecisión como procedimiento legislativo ordinario, lo que supone el acuerdo de Consejo y Parlamento Europeo para poder adoptar normas de derecho derivado de la Unión Europea.
La clasificación de las competencias de la Unión en tres tipos de categorías: exclusivas, compartidas y medidas de apoyo. Conviene señalar que mientras que la lista de materias de las competencias exclusivas y de las medidas de apoyo tiene carácter exhaustivo, la lista de materias relativas a las competencias compartidas es indicativa, definiéndose por oposición a todos aquellos ámbitos de actuación que no tienen carácter exclusivo ni de medidas de apoyo. Tanto el carácter no exhaustivo de las competencias compartidas, como la subsistencia de una cláusula de flexibilidad, son una garantía mínima para permitir la evolución de la Unión y su adaptación a las nuevas necesidades de la realidad social y económica.
La previsión de un nuevo papel para los Parlamentos nacionales a la hora de verificar el cumplimiento del principio de subsidiariedad.
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
APROBADO EL PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 2005
El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta del Plan Anual de Cooperación Internacional para 2005 y ha dispuesto su remisión al Congreso de los Diputados. El Marco Presupuestario para 2005 establece que las previsiones de gasto ascienden a 2.600.469.683 euros, de los cuales 2.212.240.615 euros corresponden a la Administración General del Estado, 280.754.082 euros a la cooperación de las Comunidades Autónomas y 107.474.987 euros a la cooperación de las Entidades Locales.
La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo dispone, en su artículo 24, que la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional someterá a la aprobación del Gobierno, a través del Ministro de Asuntos Exteriores, la propuesta del Plan Anual de Cooperación Internacional.
Los Planes Anuales de Cooperación Internacional desarrollan con esa periodicidad los objetivos, prioridades y recursos de la política española de cooperación internacional para el desarrollo contenidos en el Plan Director cuatrienal, y son un elemento fundamental para determinar anualmente los objetivos y resultados a alcanzar por la política española de cooperación internacional.
Plan 2005
De Conformidad con lo previsto en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Pleno de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2005, acordó elevar a la aprobación del Gobierno a través del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la propuesta del Plan para 2005, propuesta que fue informada favorablemente por la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo en su reunión plenaria de 29 de marzo de 2005 y por el Consejo de Cooperación al Desarrollo, en su reunión plenaria de 30 de marzo de 2005.
El Plan Anual de Cooperación Internacional para 2005 desarrollo los objetivos, prioridades y criterios de asignación presupuestaria de la ayuda establecidos en el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, en el que a través de la participación y el acuerdo se han establecido los principios orientadores y prioridades de la Cooperación Española en los próximos cuatro años.
Este Plan Anual se divide en tres partes: el documento base, la matriz de planificación que recoge las principales actuaciones de la cooperación española hechas llegar a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional por los distintos actores, y las fichas país.
Otros aspectos relevantes del Plan son la voluntad de ir consensuando la política de cooperación para el desarrollo con una política pública de Estado, la agenda internacional de desarrollo, en particular la Declaración del Milenio, como referente de la cooperación española, el aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo y el progresivo avance hacia una gestión orientada por resultados.
Áreas prioritarias
Como áreas geográficas prioritarias de actuación del Plan Director 2005-2008 se definen Latinoamérica, Magreb, Oriente Medio y Próximo, África Subsahariana, Asia y Pacífico y Sudeste de Europa. Respecto al anterior Plan Director, el grupo de países definidos como prioritarios en el Plan Director 2005-2008 se ha reducido sensiblemente, pasando de 32 países y territorios a 23. Cabe destacar la inclusión de Haití en el grupo de países prioritarios de la Cooperación Española. Otro aspecto relevante lo constituye el firme apoyo de la Cooperación Española a la población saharaui, consolidando el notable incremento de las ayudas producido en 2004.
Entre los países de atención especial figuran el Sudeste Asiático, Sudán y Argentina.
Los instrumentos a través de los cuales se desarrollarán las acciones en materia de cooperación internacional al desarrollo serán, fundamentalmente, la reforma de la estructura del Fondo para la Concesión de Microcréditos, la elaboración y aprobación de unas nuevas bases que regulen las subvenciones a ONGD, la adecuación del Fondo de Ayuda al Desarrollo a las líneas directrices y criterios de actuación definidos por el Plan Director 2005-2008 y la implementación de una política activa para el alivio de la deuda, impulsando varias iniciativas multilaterales y acometiendo acciones bilaterales propias.
MEDIO AMBIENTE
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN HIDROLÓGICA
El Consejo de Ministros confirma los planes contra la sequía que ha ultimado el Ministerio de Medio Ambiente.
El abastecimiento urbano está garantizado y ciertos regadíos de algunas cuencas hidrográficas podrán ver limitados sus suministros, en función de las lluvias de primavera.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Medio Ambiente sobre la situación hidrológica en España, y ha dado el visto bueno y confirmado las medidas emprendidas por el Ministerio de Medio Ambiente para hacer frente a la eventual sequía que puede sufrir nuestro país como consecuencia de las escasas precipitaciones registradas durante el otoño de 2004 y los primeros meses de 2005, que representan un 50 por 100 menos con respecto a igual periodo de años anteriores.
Estas medidas, que afectan al total de las cuencas intercomunitarias, (Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro y Norte) están contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y debían haber sido puestas en marcha por el anterior Gobierno del Partido Popular en julio de 2003.
Se trata del impulso de planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía que, al no haber sido abordados por el Gobierno anterior y dada su complejidad, no podrán estar disponibles antes de un año.
Protocolos de actuación
Otra de las medidas consiste en la redacción de unos protocolos de actuación que suplan transitoriamente estos planes especiales, los cuales se están elaborando con criterios sencillos basados en la experiencia de la última sequía, de modo que permitan disponer de unos indicadores hidrológicos con sus umbrales de sequía, así como las medidas que se deberán adoptar en las distintas fases. Se pretende que esos protocolos estén disponibles antes del verano de 2005, sobre todo en las cuencas con mayor riesgo de sequía.
Catálogo de actuación
La tercera de las medidas adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente es la puesta a punto de un catálogo de actuaciones de emergencia, con aquellas infraestructuras que fueron ejecutadas con ocasión de la última sequía y que, en muchos casos, han quedado marginadas y fuera de servicio, pero que serían de gran utilidad en el caso de que se agravara la sequía. Esta actuación lleva implícitas las obras de rehabilitación precisas para subsanar el abandono que se ha producido en los anteriores Gobiernos del Partido Popular.
La cuarta medida consiste en la realización de informes de seguimiento periódicos de la sequía para ir adoptando las medidas oportunas en cada momento.
Y, como quinta y última de las medidas del Ministerio de Medio Ambiente, hay que citar el lanzamiento de obras de emergencia en los casos en que claramente se vislumbre un riesgo alto de fallo en el suministro.
EMERGENCIAS DECLARADAS | IMPORTE |
Regadíos Lorca-Guadalentín | 21 millones de euros |
Desaladora Cartagena II (Murcia) | 83 millones de euros |
Plan de Afino y línea eléctrica para el abastecimiento a Melilla | 7,7 millones de euros |
Mejora de la red de distribución de Ceuta | 3,8 millones de euros |
TOTAL | 115,5 millones de euros |
OBRAS DE RECONOCIDA URGENCIA | IMPORTE |
Conexión de las desaladoras de San Pedro del Pinatar con la Vega Baja del Segura Alicante) | 35,5 millones de euros |
Conexión de la desaladora de Valdelentisco con el Canal de Cartagena | 38,5 millones de euros |
Canal del Mar Menor | 25 millones de euros |
Nueva desaladora del Canal de Alicante | 86,5 millones |
TOTAL | 185,5 millones |
El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado estos planes basándose en el criterio de que la gestión de las sequías se debe fundamentar en principios de progresión, cautela y proporcionalidad en las actuaciones, aunque esté obligado a un esfuerzo adicional para afrontar la situación a causa del incumplimiento de los Gobiernos anteriores.
Garantizado el abastecimiento urbano
Con estas medidas los abastecimientos urbanos están garantizados durante el presente año hidrológico y sólo algunos regadíos de determinadas cuencas, y en función de las lluvias que caigan en primavera, podrían ver limitados sus suministros.
Todas estas medidas a adoptar de cara al verano serán desarrolladas y ampliadas en los programas que las Confederaciones Hidrográficas están diseñando con el mayor rigor, con estudios precisos en los que se recojan y analicen los recursos disponibles y las demandas de cada cuenca.
Durante esta misma semana el Ministerio de Medio Ambiente ha informado exhaustivamente al Senado sobre el estado actual de cada cuenca.
Pese a que la situación global no es alarmante pero sí preocupante, el Ministerio de Medio Ambiente considera necesario poner en marcha a la mayor brevedad posible los instrumentos de sequía que la Dirección General del Agua dio a conocer ya el pasado 20 de enero, para anticiparse a un escenario futuro de posible sequía.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
AMPLIADA HASTA MARZO LA COBERTURA DE AYUDAS
POR HELADAS EN EL SECTOR AGRARIO
Se mantienen las actuaciones previstas en el Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado el pasado mes de febrero.
Próximamente se aprobarán dos Órdenes Ministeriales de desarrollo normativo en las que se determinará el alcance territorial de las medidas urgentes y los criterios de reparto de ayudas directas.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se amplía hasta marzo el ámbito temporal de las medidas urgentes, aprobadas por el Gobierno el pasado 4 de febrero, destinadas a paliar los efectos ocasionados en los cultivos como consecuencia de las heladas acaecidas durante el mes de enero.
La persistencia de las bajas temperaturas durante febrero y los primeros días de marzo ha venido a incrementar los efectos sufridos en las producciones agrarias durante el mes de enero, superponiéndose en algunos casos los daños ocasionados en muchos cultivos y zonas, lo que ha motivado la ampliación del plazo de aplicación de las medidas urgentes.
Mediante Órdenes Ministeriales de próxima publicación, en las que se incluirá el periodo para el que amplía la cobertura, se determinará el ámbito territorial de aplicación de las medidas, así como los criterios de reparto de ayudas directas.
Se mantiene el mismo catálogo de medidas recogidas el Real Decreto Ley de 4 de febrero que incluyen la indemnización de daños en producciones agrícolas, y líneas preferentes de créditos, actuaciones para las que se ha establecido una línea de colaboración con las Comunidades Autónomas, así como medidas dirigidas a disminuir o adecuar las cargas tributarias a la capacidad contributiva de los agricultores afectados, a la concesión de créditos preferentes para mantener la competitividad de las empresas agrarias, y a flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones de pago a la Seguridad Social, además de otras medidas de orden laboral.
Indemnización de daños en producciones agrícolas
Según el Real Decreto Ley, se indemnizarán los daños provocados por las heladas en las explotaciones agrícolas que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido en sus producciones pérdidas no cubiertas por las líneas de seguros agrarios.
No obstante, para el caso de aquellas producciones que en la fecha de la ocurrencia de la helada tuviesen abierto el período de suscripción, pero todavía no se hubiese formalizado la correspondiente póliza de seguro, también podrán percibir las anteriores indemnizaciones, siempre y cuando hubiesen estado asegurados contra el riesgo de helada en las dos campañas anteriores.
Beneficios fiscales
Las medidas aprobadas por el Gobierno incluyen la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2005 que afecta a las explotaciones agrarias situadas en el ámbito geográfico la aplicación de este Real Decreto Ley y que acrediten haber sufrido daños en sus producciones en los términos contemplados en esta disposición. Esta exención comprende la de los recargos legalmente autorizados sobre ellos.
Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la Orden ministerial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden que desarrolla para 2005 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA.
Medidas laborales y de Seguridad Social
Los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños producidos por las heladas comprendidas en el Real Decreto Ley tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del Estatuto de los Trabajadores.
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.
Líneas preferentes de crédito
El Instituto de Crédito Oficial instrumentará una línea de préstamos que podrá ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, utilizando la mediación de las entidades financieras con implantación en las Comunidades Autónomas afectadas y suscribiendo con ellas los oportunos convenios de colaboración.
Estas líneas de crédito tendrán como finalidad asegurar la continuidad en la actividad productiva, en condiciones competitivas, de las explotaciones agrarias afectadas por las heladas y contribuir a la financiación de los costes de producción de los cultivos que se inicien con posterioridad a las fechas de las heladas, siempre que las pérdidas ocasionadas por esta adversidad climática hayan superado el 40 por 100 de la producción normal de la explotación y los solicitantes hayan justificado el aseguramiento de los nuevos cultivos a implantar.
Asimismo, los créditos podrán destinarse a la recuperación de la capacidad productiva de los cultivos leñosos asegurados que hayan sufrido daños en madera, no contemplados en las líneas de seguros agrarios combinados.
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
REGULADAS LAS EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA
RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100, en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores.
El objetivo de la nueva norma es contribuir a que las empresas cumplan con sus obligaciones, en relación con el empleo de los trabajadores discapacitados, potenciando así sus posibilidades de ocupación e integración laboral.
Supuestos de excepcionalidad
Existen dos supuestos en los que concurre la nota de excepcionalidad:
Cuando la no incorporación de un trabajador con discapacidad a la empresa obligada se deba a la imposibilidad de los Servicios Públicos de Empleo competentes o de las agencias de colocación de atender la oferta de empleo presentada, por la inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la ocupación indicada. En el caso de que sí hubiera demandantes, cuando éstos acrediten no estar interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas.
Si la empresa obligada acredita cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa.
Otras novedades que recoge la normativa son las siguientes:
Se agiliza el proceso administrativo sobre declaración de excepcionalidad para el cumplimiento de la cuota de reserva, mediante la reducción del plazo de resolución de tres a dos meses.
Se amplía el plazo de validez de la declaración de excepcionalidad de dos a tres años.
Se actualizan los importes anuales de las medidas alternativas para referenciarlas al actual Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en lugar del Salario Mínimo Interprofesional.
Se introduce un nuevo criterio para la distribución de competencias administrativas entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en función de la ubicación de la empresa solicitante.
ECONOMÍA Y HACIENDA
2,3 MILLONES DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA LOS "NIÑOS DE
LA GUERRA" Y PARA AYUDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se autorizan la aplicación de 2.321.660,29 euros del Fondo de Contingencia. De ellos, 2.121.660,29 euros se destinan para el pago de prestaciones económicas a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil, y 200.000 euros para financiar las ayudas contempladas en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Guerra Civil
2.121.660,29 euros del Fondo de Contingencia servirán para hacer efectivo el pago de la prestación económica destinada a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, más conocidos como "niños de la guerra", y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, prestación prevista en la Ley de 18 de marzo de 2005.
Esta prestación económica, de carácter extraordinario, tendrá como beneficiarios a los ciudadanos que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en la mencionada Ley, que distingue entre residentes en el extranjero, residentes en España y asistencia sanitaria.
La distribución del crédito extraordinario es la siguiente durante 2005:
Importes | ||
A.- Residentes en el extranjero: | 1.771.838,56 | |
B.- Residentes en España: | 201.010,69 | |
TOTAL PENSIONES.................. | 1.972.849,25 | |
Asistencia Sanitaria: | 148.811,04 | |
TOTAL GENERAL..................... | 2.121.660,29 |
Protección contra la violencia de género
Por otra parte, mediante otro Acuerdo se asigna Fondo de Contingencia por importe de 200.000 euros para atender el pago de las ayudas contempladas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Dichas ayudas consisten en un pago único por un importe equivalente a seis o dieciocho meses de subsidio por desempleo en función de las cargas familiares, que se elevan a doce o veinticuatro meses cuando la víctima o sus familiares tengan reconocido el grado de minusvalía que se establece en la propia Ley.
JUSTICIA
CONCEDIDA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A DIECISÉIS
HERMANOS DE VÍCTIMAS MORTALES DEL 11-M
El Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad, por carta de naturaleza, a hermanos de las víctimas mortales de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.
Un total de dieciséis personas de cinco nacionalidades de procedencia han podido beneficiarse de esta medida de gracia concedida por el Gobierno. Con ellos son ya casi 200 personas, entre heridos y familiares de los 51 fallecidos extranjeros, las que han visto regularizada su nacionalidad española con motivo de los trágicos atentados del 11-M en Madrid.
Hasta la fecha la habían obtenido alrededor de un centenar de heridos y un total de 84 familiares directos de los fallecidos, entre cónyuges, padres e hijos, sin necesidad de una concesión especial, al estar ya amparados por el Real Decreto conjunto, de 18 de marzo de 2004, que contemplaba esa posibilidad. Ahora, en cambio, mediante dieciséis Reales Decretos, el Consejo de Ministros se la concede específicamente a los hermanos, no contemplados, en una primera instancia, en el concepto de "familiares de fallecidos" que, a efectos de concesión de nacionalidad, se había incluido en el ámbito de aplicación de la disposición reglamentaria de 18 de marzo de 2004.
En total, son un búlgaro, ocho ecuatorianos, cuatro marroquíes, una peruana y dos rumanos, algunos de ellos hermanos entre sí los que han obtenido hoy la nueva nacionalidad.
Hay que señalar que en la actualidad tan sólo se encuentra pendiente de tramitación una solicitud en calidad de hermanos de fallecidos extranjeros, a la que le falta la documentación acreditativa del parentesco. La solicitante afirma ser hermana de una de las víctimas de nacionalidad búlgara, sin que tal extremo haya sido probado hasta la fecha.
Por otra parte, dos de los solicitantes tenían antecedentes penales, por lo que no se ha procedido a la tramitación de sus instancias.
FOMENTO
TRAMO SORIHUELA-BÉJAR, DE LA AUTOVÍA RUTA
DE LA PLATA, EN SALAMANCA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento la contratación de las obras del tramo Sorihuela-Béjar, perteneciente a la Autovía Ruta de la Plata, A-66, en la provincia de Salamanca. El presupuesto base de licitación de esta obra asciende a 36.771.211,05 euros.
El tramo, cuya longitud es de 11,6 kilómetros, discurre por los términos municipales de Sorihuela, Fresnedoso, Navacarros, Vallejera de Riofrío y Béjar, todos ellos pertenecientes a la provincia de Salamanca, dentro del itinerario de la Autovía de la Plata (A-66) entre Gijón y Sevilla.
La actuación tiene por objetivo separar el tráfico de tránsito local del de largo recorrido. Se suprimirá a tal efecto la carretera N-630 a su paso por los núcleos de población existentes, con lo que se aumenta la seguridad vial y se consigue una reducción en el tiempo de recorrido con respecto al actual itinerario.
Esta actuación se engloba dentro del Plan Extraordinario de Carreteras impulsado por la Ministra de Fomento, Plan que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de octubre de 2004.
Características Técnicas
El tramo objeto de las obras consiste en una duplicación de calzada en desdoblamiento a partir de otra ya construida y en funcionamiento desde el año 1994. El terreno por el que discurre la traza presenta ondulaciones, sobre todo en el tramo correspondiente a la subida y bajada del puerto de Vallejera.
Se ha previsto un total de trece estructuras que se distribuyen por tipologías de la siguiente forma: dos pasos superiores que permiten el paso sobre los caminos y un enlace; y once pasos inferiores, de los cuales ocho reponen caminos y tres son enlaces.
Se contemplan cuatro enlaces a lo largo del trazado, con el fin de dar acceso a las poblaciones existentes a su paso. Se trata de las de Sorihuela, Fresnedoso, Vallejera de Riofrio y, finalmente, el enlace de Béjar.
La sección tipo básica en el tronco de la autovía estará compuesta por dos calzadas de siete metros de anchura con un carril por sentido en cada una, excepto en el puerto, que será de tres carriles, arcenes exteriores e interior de 2,50 y 1,00 m., respectivamente, y bermas de un metro. La mediana tendrá un ancho variable.
El tramo tiene control total de accesos e incorpora las prescripciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, cuyo coste total es de 1,28 millones de euros.
Antecedentes Administrativos
En diciembre de 1992 se redactó el Estudio Informativo "Autovía de la Plata. Carretera N-630 de Gijón a Sevilla. Tramo: Zamora-Béjar", el 18 de noviembre de 1996, la Secretaría de Estado de Infraestructuras aprobó el Expediente de Información Pública y la Aprobación Definitiva del mencionado Estudio Informativo, y el 31 de julio de 2001 se anunció la licitación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del Proyecto.
CUADRO DE SITUACIÓN AUTOVÍA DE LA PLATA, A-66
CASTILLA Y LEÓN | ||
TRAMO | LONGITUD | SITUACIÓN |
VALVERDE DE LA VIRGEN-ARDÓN | 17,50 | EN SERVICIO |
ARDÓN-VILLAMAÑÁN | 14,50 | EN SERVICIO |
VILLAMAÑÁN - LE-412 | 21,00 | EN SERVICIO |
LE-412 - VILLABRAZARO | 11,20 | EN SERVICIO |
BENAVENTE-ZAMORA | 51,00 | ESTUDIO INFORMATIVO CON APROBACIÓN PROVISIONAL |
ZAMORA (NORTE) - RIO DUERO (N 122) | 11,20 | EN OBRAS |
RIO DUERO(N 122)- ZAMORA (SUR) | 11,70 | EN LICITACIÓN (BOE 5-04-05) |
MORALES DEL VINO-CORRALES | 8,50 | PROYECTO EN REDACCION |
CORRALES-EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO | 14,50 | EN LICITACIÓN (BOE 8- 04- 05) |
EL CUBO LA TIERRA DEL VINO-CALZADA VALDUNCIEL | 14,50 | PROYECTO APROBADO |
CALZADA DE VALDUNCIEL-SALAMANCA | 9,90 | EN LICITACIÓN (BOE 24-03-05) |
SALAMANCA-AUTOVIA DE CASTILLA | 3,70 | EN LICITACIÓN (BOE 31-03-05) |
CIRC. SUROESTE SALAMANCA-N-630 | 5,00 | EN OBRAS |
CIRC. SUROESTE SALAMANCA-ENLC. SALAMANCA SUR | 2,40 | EN LICITACIÓN (BOE 30-12-04) |
SALAMANCA(SUR)-CUATRO CALZADAS | 16,10 | EN OBRAS |
CUATRO CALZADAS-MONTEJO | 15,50 | EN REDACCIÓN |
MONTEJO-GUIJUELO | 13,00 | PROYECTO APROBADO |
GUIJUELO-SORIHUELA | 11,00 | EN LICITACIÓN (BOE 8-04-05) |
SORIHUELA-BÉJAR | 11,50 | PROYECTO APROBADO |
BÉJAR-LÍMITE PROVINCIA CÁCERES | 9,50 | PROYECTO APROBADO |
EXTREMADURA | ||
TRAMO | LONGITUD | SITUACIÓN |
PUERTO DE BÉJAR-ALDEANUEVA DEL CAMINO | 17,20 | EN SERVICIO |
ALDEANUEVA DEL CAMINO-VILLAR DE PLASENCIA | 14,40 | EN OBRAS |
VILLAR DE PLASENCIA-PLASENCIA (OESTE) | 14,30 | EN OBRAS |
PLASENCIA (OESTE)-PLASENCIA (SUR) | 12,00 | EN OBRAS |
PLASENCIA (SUR) - CAÑAVERAL(ESTE) | 22,30 | EN SERVICIO |
CAÑAVERAL(ESTE) - ENLACE DE HINOJAL | 14,40 | EN OBRAS |
ENLACE DE HINOJAL-CÁCERES(NORTE) | 22,40 | EN OBRAS |
CÁCERES(NORTE)-ALDEA DEL CANO | 29,30 | EN OBRAS |
ALDEA DEL CANO-L.P. BADAJOZ | 22,30 | EN OBRAS |
L.P. CACERES-ALJUCÉN | 8,40 | EN OBRAS |
ALJUCEN-MERIDA | 9,90 | EN OBRAS |
MERIDA - ALMENDRALEJO(SUR) | 30,70 | EN SERVICIO |
ALMENDRALEJO(SUR)-ZAFRA | 32,20 | EN SERVICIO |
ZAFRA - FUENTE DE CANTOS (N) | 12,40 | EN SERVICIO (14-02-05) |
FUENTE DE CANTOS (N)-FUENTE DE CANTOS (SUR) | 11,30 | EN OBRAS |
FUENTE DE CANTOS - LÍM. PROV. HUELVA | 26,20 | EN OBRAS |
ANDALUCÍA | ||
TRAMO | LONGITUD | SITUACIÓN |
LIM. PROV. BADAJOZ-SANTA OLALLA (S) | 8,20 | PROYECTO APROBADO |
SANTA OLALLA(S)-LÍM. PROV. SEVILLA | 9,60 | EN OBRAS |
LÍM. PROV. HUELVA - EL RONQUILLO(N) | 8,60 | EN OBRAS |
EL RONQUILLO(N)-RIVERA DE HUELVA | 7,10 | PROYECTO APROBADO |
RIVERA DE HUELVA-VENTA DEL ALTO | 7,90 | PROYECTO APROBADO |
VENTA DEL ALTO - ENLACE DE GERENA | 11,70 | EN SERVICIO |
ENLACE DE GERENA - ENLACE DE CAMAS | 13,80 | EN SERVICIO |
MEDIO AMBIENTE
NUEVA DESALADORA DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)
Tiene una capacidad de 24 hectómetros cúbicos anuales y su puesta en marcha está prevista para enero de 2008
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo para la construcción de la nueva desaladora del Nuevo Canal de Cartagena en la localidad de San Pedro del Pinatar (Murcia). El presupuesto de las obras que se están realizando es de 83 millones de euros.
Esta nueva desaladora, con una capacidad de 24 hectómetros cúbicos anuales, se instalará en las inmediaciones de la actual y está prevista su puesta en servicio en enero de 2008.
A partir del año hidrológico 1999/2000, que inicia el actual periodo de déficit de aportaciones del río Taibilla, los recursos legalmente asignados han sido insuficientes para atender la demanda, generándose déficits crecientes hasta el actual año hidrológico, que ha comenzado con un déficit de 38 hectómetros cúbicos.
En este sentido, es necesaria la obtención de recursos procedentes de la desalación a través de la ejecución de la actuación con menor incidencia ambiental, como es la construcción de la nueva desaladora del nuevo Canal de Cartagena (San Pedro del Pinatar). Su alimentación de agua de mar se realiza mediante la construcción de un túnel de toma desde la desaladora hasta la batimétrica de 12m, y su vertido de agua de rechazo se realizará mediante el emisario submarino en construcción, previsto en la Declaración de Impacto Ambiental de la actual desaladora y dimensionado con capacidad suficiente para ambas instalaciones.
MEDIO AMBIENTE
MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA
ZONA BAJA DE LA CIUDAD DE MELILLA
El Consejo de Ministros ha autorizado el contrato de las obras correspondientes al proyecto de mejora de la red de saneamiento de la zona baja de la ciudad de Melilla (Fase I) para evitar frecuentes inundaciones. El presupuesto de las obras es de 16.906.040 euros y su plazo de ejecución es de treinta y seis meses.
Las obras consisten en la sustitución de una serie de colectores de la red por obras de conducciones reforzadas con fibra de vidrio de mayor sección; construcción de una nueva estación de bombeo; sustitución de la red capilar en las zonas más conflictivas por conducciones de plástico refinado con fibra de vidrio; acondicionamiento de la red en las zonas bajas de la ciudad mediante limpieza e inspección de conductos, adecuación de pozos de vertido y sustitución y reparación de conductos existentes; construcción de una red de pluviales en la zona de la Plaza de España con vertido directo al mar; y construcción de una tubería de impulsión de fundición desde la estación depuradora para el riego de zonas deficitarias y recarga de acuíferos mediante el aprovechamiento de aguas del tratamiento terciario.
El proyecto dotará a la red de la capacidad de transporte suficiente y aumentará la capacidad de bombeo de las aguas pluviales al mar mediante la construcción de una estación de bombeo. Además, se ejecutará una impulsión desde el tratamiento terciario de la estación depuradora para el riego de zonas deficitarias y recarga de acuíferos.
MEDIO AMBIENTE
REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIOS FORESTALES
EN LAS COMUNIDADES DE ANDALUCÍA Y VALENCIA
El Consejo deMinistros ha dado el visto bueno a las obras de emergencia acometidas en su momento para reparar los daños producidos por los incendios forestales que sufrió la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los meses de junio, julio y agosto de 2004 y los que padeció la Comunidad Autónoma de Valencia durante el mes de agosto del mismo año. El importe total de las obras asciende a 9.600.000 euros, de los que 8.400.000 corresponden a Andalucía y el resto, 1.200.000 euros, a la Comunidad Valenciana.
Durante el verano de 2004 se produjeron varios incendios forestales de excepcional envergadura que originaron una pérdida de 30.972 hectáreas de superficie arbolada y otras 9.032 desarboladas en Andalucía, y de 684 hectáreas arboladas y 102 desarboladas en la Comunidad Valenciana. Los incendios tuvieron también una importante repercusión en explotaciones agrícolas y ganaderas y de riesgo para la vida de las personas, lo que obligó a la evacuación de numerosas poblaciones.
Los trabajos de restauración hidrológico-forestal en las zonas afectadas y aledañas se han centrado en:
la defensa y fijación de suelos en laderas de fuerte pendiente para disminuir el aporte de caudales sólidos y líquidos (aterramientos, crecidas e inundaciones).
Repoblación y trabajos selvícolas de regeneración de la cubierta forestal y eliminación de troncos quemados.
Reparación y mejora de infraestructuras viarias.
Restaurar la masa forestal
Con estas actuaciones se persigue restaurar ecológicamente la masa forestal existente con anterioridad al incendio y conseguir la implantación y futuro desarrollo de un bosque, al menos, similar al desaparecido por el fuego. Tanto la valoración de los daños como las propuestas de actuación se han llevado a cabo en coordinación con las respectivas Comunidades Autónomas.
En Andalucía durante los meses de junio, julio y agosto se produjeron 128 incendios y 377 conatos (incendios inferiores a una hectárea), con el resultado de 40.004 hectáreas quemadas. El mayor incendio se registró en la zona de Riotinto, entre Huelva y Sevilla, y afectó a diez términos municipales y arrasó 25.956 hectáreas entre arboladas y no arboladas.
El fuego en zonas de clima mediterráneo origina inmediatos efectos negativos en el ecosistema, que se traducen en pérdida de cubierta vegetal, riesgo de erosión, efectos negativos en la vida silvestre, alteración del paisaje y pérdidas económicas a las poblaciones próximas.
ECONOMÍA Y HACIENDA
AUTORIZADA CON CONDICIONES LA EMPRESA CONJUNTA SHELL
ESPAÑA-CEPSA PARA ACTUACIONES EN AEROPUERTOS
El Consejo de Ministros ha acordado hoy autorizar con condiciones la operación de concentración consistente en la puesta en marcha de la empresa en participación Spanish Into-plane Services, S.L. (SIS), controlada conjuntamente al 50 por 100 por Shell España, S.A. y Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA).
Este Acuerdo sigue fielmente el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia en relación con las condiciones directamente ligadas a la actuación de las partes en la operación de concentración.
Dicha operación consiste en la adquisición de plenas funciones por parte de SIS, sociedad constituida por SHELL ESPAÑA y CEPSA para la prestación de servicios de puesta a bordo de combustibles de aviación en los aeropuertos de la Península y Baleares. Tras resultar adjudicataria de las concesiones para los aeropuertos de Alicante, Málaga y Sevilla el 3 de agosto de 2004, la operación fue notificada a la Comisión Europea y posteriormente reenviada a las autoridades españolas, previa solicitud por parte de éstas.
Condiciones
Así, en línea con las condiciones propuestas por el Tribunal, se dispone la obligación de modificar, en el plazo de un mes, los acuerdos de constitución y funcionamiento de SIS, limitando sus actividades en los mercados de comercialización de querosenos y lubricantes a las imprescindibles necesidades técnicas. Asimismo, se obliga a las notificantes a eliminar toda posible preferencia de las matrices frente a terceros en la obtención de los servicios de puesta a bordo de SIS, incluidos los condicionamientos asociados a la capacidad operativa, asegurando la objetividad, transparencia y no discriminación en la prestación del servicio.
Para garantizar la adecuada ejecución de estas condiciones, se encomienda al Servicio de Defensa de la Competencia la vigilancia del estricto cumplimiento de las mismas.
En su informe el Tribunal descarta problemas de competencia en el mercado de servicios de puesta a bordo y reconoce que la complementariedad de CEPSA y SHELL en estos servicios podría originar eficiencias que, en su caso, compensasen los posibles efectos restrictivos sobre la competencia.
No obstante, el Tribunal considera necesario garantizar que la comercialización de querosenos y lubricantes por SIS se restrinja exclusivamente a las imprescindibles necesidades técnicas del servicio, e impide la coordinación de las empresas notificantes, así como eliminar la posible preferencia de sus miembros frente a terceros en el mercado de servicios de puesta a bordo.
ECONOMÍA Y HACIENDA
AUTORIZADA LA CONCENTRACIÓN AREHUCAS-ARTEMI
EL Consejo de Ministros, siguiendo fielmente el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, ha acordado no oponerse a la operación de concentración económica consistente en la toma de control por parte de Destilerías Arehucas, S.A. de las compañías Fábrica de Licores Artemi, S.L. y Distribuidora Archipiélago Canario, S.L.
Las empresas que participan en esta operación están presentes en la producción y comercialización de bebidas espirituosas en las Islas Canarias. En su informe-dictamen, el Tribunal de Defensa de la Competencia analiza el mercado de elaboración y distribución de ron en las Islas Canarias. Para ello el Tribunal toma en consideración elementos como la estructura de mercado resultante de la operación de concentración y la negativa incidencia del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) sobre el funcionamiento del mismo.
Por otra parte, el Tribunal señala, entre otros, el poder negociador de las grandes superficies, la importante competencia de los rones importados y el creciente peso de las marcas blancas asociadas a los grandes distribuidores como elementos que tienden a disciplinar el comportamiento de las empresas objeto de la concentración. El informe concluye que la competencia efectiva en el mercado de rones canarios no se verá obstaculizada como consecuencia de la operación de concentración.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
DEFINICIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS PERECEDEROS Y DE
GRAN CONSUMO A EFECTOS DE PAGO A PROVEEDORES
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para determinar los productos que han de considerarse frescos y perecederos, demás productos de alimentación y productos de gran consumo. De este modo, puede aplicarse con mayor seguridad jurídica el régimen especial de pago a proveedores del comercio de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
La Ley de 29 de diciembre de 2004, estableció un plazo de tres meses al Gobierno para determinar una definición de estos productos y dicha concreción se ha efectuado conjuntamente entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, para la elaboración de la norma se ha contado con la opinión de las asociaciones más representativas de la industria y la distribución y de las Comunidades Autónomas.
Productos frescos
De acuerdo con esta modificación legal, en primer lugar, se ha recogido un listado de los productos frescos y perecederos, que están sujetos a una obligación de pago a los proveedores en un plazo máximo de treinta días. En el Real Decreto, se establece como productos frescos y perecederos "aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a 30 días o que precisan condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte". Entre ellos se encuentran las siguientes: pan, bollería y pastelería del día; pastas; carnes; pescados; frutas y verduras; huevos; zumos y batidos, entre otros, tanto frescos como refrigerados o congelados.
Otros productos
En segundo lugar, se ha concretado una definición de lo que ha de entenderse por demás productos de alimentación y por productos de gran consumo, que están sujetos a una obligación de pago a los proveedores en un plazo máximo de sesenta días. Según la definición establecida, se entiende por otros productos de alimentación "los demás productos alimentarios de cualquier naturaleza, sólidos, líquidos, naturales o transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la normal nutrición humana, como fruitivos o también como productos dietéticos, en casos especiales de alimentación humana. Quedan incluidos también en esta definición las bebidas alcohólicas, las aguas envasadas, los refrescos, las sales, especias, infusiones, edulcorantes y aditivos utilizados para el consumo humano". Quedan excluidos los productos que, aun contando con las características descritas en el apartado anterior, tengan la consideración de medicamentos, de acuerdo con la Ley del Medicamento, y sea preceptiva su venta en farmacias.
Por otra parte, los productos de gran consumo se definen como "aquellos fungibles de compra habitual y repetitiva por los consumidores y que presenten una alta rotación". Entre los productos de droguería y limpieza encontraríamos a los detergentes, lavavajillas, lejías, bolsas de basura, etcétera, mientras que en la relación de productos de perfumería e higiene personal figuran jabones, desodorantes, pastas de dientes, etcétera, y en otros productos de gran consumo están productos destinados a la alimentación de mascotas y demás animales de compañía y baterías y pilas de uso doméstico, entre otros.
FOMENTO
CONVENIOS CON EXTREMADURA, PAÍS VASCO, Y CASTILLA Y LEÓN
PARA EL PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de los correspondientes Convenios de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas del País Vasco, Castilla y León, y Extremadura para la realización del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.
El citado Plan tiene por objeto la realización y actualización periódica de la cobertura de vuelo fotogramétrico, de ortofotografía digital en color, de todo el territorio nacional.
Con esta actuación se pretende conseguir una actuación coordinada y unificada entre la Administración General del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas que actualmente generan o utilizan este tipo de documentos cartográficos. El objetivo es minimizar el gasto y el esfuerzo, de forma que los productos sólo se generen una vez y que puedan ser utilizados por todos los órganos y organismos de las citadas Administraciones Públicas.
Éste será un paso para elaborar un Sistema Cartográfico Nacional racional y operativo, dentro de un marco de colaboración y eficiencia del gasto público que, sin lugar a duda, favorecerá el ejercicio de la actividad cartográfica.
Convenios de colaboración
Las Comunidades Autónomas asumirán la realización de los trabajos, la gestión de la contratación y la ejecución del control de calidad.
El Ministerio de Fomento, mediante la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, coordinará y dirigirá técnicamente los trabajos asegurando la disponibilidad y utilidad de los resultados que se obtengan para todos los órganos y organismos de la Administración General del Estado.
Respecto a la financiación, el Ministerio de Fomento aportará el 66 por 100 del gasto unitario básico en cada uno de los convenios suscritos, mientras que las Comunidades Autónomas cubrirán el 34 por 100 del gasto restante en sus respectivos convenios. Por tanto, el Ministerio de Fomento a través del Instituto Geográfico Nacional, invertirá las siguientes cantidades en cada convenio: 1.593.749,52 euros, en Extremadura; 2.878.866,00 euros, en Castilla y León; y, finalmente, 276.948,16 euros, en el País Vasco.
Los años de vigencia de dichos acuerdos son tres años para el de Castilla y León y cuatro años para los convenios de Extremadura y País Vasco.
En el presente ejercicio se firmarán los Convenios de Colaboración en esta materia con las restantes Comunidades Autónomas, de manera que el Ministerio de Fomento prevé que en el año 2008 se haya realizado la total cobertura del territorio de España, con vuelo fotogramétrico, modelo digital del terreno y ortofotografía, instrumento de indudables efectos prácticos, no sólo desde el punto de vista cartográfico, sino desde una perspectiva medio ambiental, económica y social. Para ello está previsto que la inversión del Estado en 2005 ascienda a 4,8 millones de euros.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CONVENIO PARA OBRAS DE REGADÍO EN REQUENA Y UTIEL
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Comunidad de Regantes La Vega de San Antonio, para llevar a cabo las obras de instalación de regadíos en los términos municipales de Requena y Utiel en Valencia.
En este Convenio se establecen los cauces de colaboración técnica y financiera para la ejecución de las obras, y se fija la aportación económica del Ministerio, que ascenderá a 3.652.681 euros en tres anualidades.
Por su parte, la Comunidad de Regantes La Vega de San Antonio, financiará igualmente los trabajos y destinará para ello 3.887.137 euros. También se encargará de aportar los proyectos técnicos necesarios, así como de tramitar y obtener las licencias administrativas y permisos que se requieran para la correcta ejecución de las obras.
Conforme el texto del Convenio, las obras deberán iniciarse con la mayor brevedad posible, en un plazo máximo de dos meses desde la firma del Convenio, y tendrá que finalizar antes del plazo de dieciocho meses desde la suscripción del mismo.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CONVENIO PARA INSTALACIÓN DE REGADÍOS EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE UTIEL-CAMPORROBLES (VALENCIA)
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad de Regantes Las Cuevas financiarán las obras de instalación de regadíos para riego de auxilio de vid en los municipios de Utiel - Camporrobles, en Valencia, de acuerdo con los términos recogidos en un Convenio de Colaboración, cuya firma ha sido autorizada en Consejo de Ministros.
El presupuesto para la ejecución de las obras ascenderá a 13.157.560 euros, de los cuales el Ministerio destinará 6.577.098 euros para acometer, entre otros trabajos, las instalaciones electromecánicas, embalses, cabezales de riego y centros de transformación. La Comunidad de Regantes, por su parte, aportará los 6.580.461 euros restantes para la instalación de la red de riego primaria y secundaria, la automatización y la mejora de caminos.
De acuerdo con los términos del Convenio, la Comunidad de Regantes deberá igualmente aportar los proyectos técnicos necesarios para la realización de las obras, que deberán finalizar en un plazo máximo de veinticuatro meses desde la firma del Convenio.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
CONDICIONES PARA INSTALADORES O REPARADORES
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
El Consejo de Ministros ha aprobado mediante Real Decreto la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO5 con el objetivo de lograr una mayor calidad en la instalación o reparación de instalaciones de productos petrolíferos líquidos que garantice la seguridad de las personas, bienes y medio ambiente, y establezca las apropiadas condiciones técnicas para un correcto funcionamiento de las instalaciones mediante una adecuada cualificación profesional. La nueva reglamentación pretende, complementariamente, evitar el intrusismo que pueda producirse en la ejecución de estos trabajos.
Enmarcada en lo establecido por la Ley de Industria en cuanto a los Reglamentos de Seguridad se refiere, la nueva Instrucción Técnica Complementaria se aprueba por el Gobierno, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencias legislativas sobre Industria puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de empresas radicadas en su territorio.
La nueva reglamentación establece que, tanto los titulares de carné de instalador autorizado de productos petrolíferos líquidos, como los titulares de carné de calefacción y agua caliente sanitaria emitidos por la Administración competente y las empresas instaladoras o reparadoras autorizadas, podrán seguir trabajando con las mismas condiciones durante dos años a partir de la fecha de publicación de este Real Decreto. Al cumplimiento de ese plazo deberán cumplir los requisitos indicados en la Instrucción Técnica Complementaria que se aprueba hoy.
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
REQUISITOS PARA LOS CENTROS DE RECARGA
DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS
El Consejo de Ministros ha aprobado la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP18 con el objetivo de adaptar la correspondiente Directiva europea, que contempla los requisitos a cumplir por los equipos de presión en cuanto al diseño, fabricación y certificación de la conformidad y que deja al ámbito de la reglamentación nacional los requisitos exigibles en cuanto a condiciones de instalación y mantenimiento de dichos equipos.
En los últimos meses la utilización de los equipos respiratorios autónomos ha experimentado un gran crecimiento, tanto en actividades de submarinismo, como en actividades de superficie, por lo que han aparecido en toda la geografía nacional, tanto en las zonas de costa como en tierra adentro, una gran cantidad de centros de recarga que, al amparo del vacío reglamentario existente, carecían de las condiciones óptimas para su adecuado funcionamiento.
Lo que hace esta Instrucción Técnica Complementaria es, precisamente y por motivos de seguridad, regular de una forma general las operaciones de recarga de las botellas, para lo que establece una serie de requisitos para la instalación de dichos centros, sometiéndolos a un régimen de autorización, así como a unas revisiones periódicas.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CREADA LA CONSEJERÍA DE TURISMO EN IRLANDA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Consejería de Turismo de la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Irlanda.
El objeto de esta Oficina, con sede en Dublín, será el de promover el turismo de Irlanda hacia España, apoyar la comercialización de destinos y de productos turísticos españoles y propiciar la implantación en ese país de empresas turísticas españolas.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO PARA EVALUACIÓN GENÉTICA
EN LAS ESPECIES BOVINA, OVINA Y CAPRINA
Se designará un Laboratorio Nacional de Referencia para cada una de las especies ganaderas objeto del control de Rendimiento Lechero
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la normativa básica para la coordinación y funcionamiento del control oficial del Rendimiento Lechero en ganado bovino, ovino y caprino, consistente en la comprobación sistemática de la cantidad de leche producida y sus componentes, cuya finalidad es la valoración genética de los reproductores, a través de los esquemas de selección aprobados para las diferentes razas.
En el texto hoy aprobado se determina la composición de la Comisión Nacional de Control Lechero, máximo órgano de coordinación, en el que, además de responsables del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, y de las Asociaciones y Organizaciones de ganaderos reconocidas oficialmente para la gestión de los Libros Genealógicos, podrán entrar a formar parte los Directores de los Laboratorios Nacionales de Referencia.
También se redefinen las funciones de esta Comisión Nacional que deberá analizar los resultados globales del Control Lechero Oficial, velando por el cumplimiento de la normativa comunitaria y de las normas establecidas por el Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal (ICAR). Igualmente, deberá analizar las ayudas que se establezcan en materia de Control Lechero Oficial y de supervisar la estructura y funcionamiento de las Bases Informáticas que contengan los datos de cada raza de aptitud lechera reconocida.
Centros Autonómicos de Control Lechero
El Real Decreto establece la constitución de un Centro Autonómico de Control Lechero en cada Comunidad Autónoma, que actuará como unidad de coordinación y gestión del Control Lechero Oficial en el ámbito autonómico, asumiendo así y ampliando los cometidos de los núcleos de control que hasta ahora venían funcionando.
Estos Centros contarán necesariamente con la participación de las Organizaciones y Asociaciones de ganaderos oficialmente reconocidas, que, a instancias de las Comunidades Autónomas, podrán hacerse cargo de su gestión.
Entre otras funciones estos Centros Autonómicos deberán asesorar y prestar apoyo técnico a los titulares de las explotaciones, facilitando los medios necesarios para su ejecución, así como autorizar el ingreso en el Control Lechero Oficial de las explotaciones propuestas por las Organizaciones y Asociaciones.
Formarán también parte de sus cometidos la gestión de los datos recogidos en el Control Lechero y la coordinación con los Laboratorios Autonómicos para la remisión de las muestras de leche.
Otra importante función de estos Centros Autonómicos será el nombramiento de los controladores autorizados, que serán los técnicos responsables de la ejecución de las tareas de Control Lechero Oficial orientado a la selección genética, en las explotaciones que tengan asignadas, con animales inscritos en los libros genealógicos que participan en los programas de selección .
Laboratorios Nacionales de Referencia
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación designará un Laboratorio Nacional de Referencia para cada una de las especies bovina, ovina y caprina de aptitud lechera, cuyo cometido será coordinar los métodos de análisis de leche mediante la realización periódica de pruebas de comparación y contrastación con los Laboratorios Autonómicos de Control Lechero, a los que prestarán su apoyo técnico y formativo.
Los Laboratorios Nacionales participarán en la Red de Laboratorios de Referencia del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal, encargándose de divulgar las propuestas e informes adoptados en ese marco entre los Laboratorios Autonómicos.
Bases Informáticas del Control Lechero
Con objeto de poder disponer de toda la información referente al Control Oficial de Rendimiento Lechero para la selección genética en las especies bovina, ovina y caprina, cada Organización o Asociación de ganaderos oficialmente reconocida para la gestión de los Libros Genealógicos creará una base informática de Control Lechero para la raza que gestionen, en la que se integrará y analizará toda la información cuantitativa y cualitativa procedente de los Centros Autonómicos de Control Lechero, datos que estos Centros recibirán de la ejecución en campo del Control Lechero y de los laboratorios de análisis.
A esta base informática tendrá acceso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la consulta del total de los datos de las explotaciones; los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, para los datos sobre las explotaciones ubicadas en su ámbito territorial, y los ganaderos, para la información sobre su explotación.
Ayudas públicas al Control Lechero Oficial
La nueva normativa contempla un régimen de ayudas para hacer frente a los gastos que genera el control lechero oficial, con objeto de que no suponga una merma en la rentabilidad de las explotaciones.
El importe máximo de la subvención por cada lactación finalizada y válida será de diez euros por bovino, y cinco euros tanto por ovino como por caprino.
Existe la posibilidad de que las Comunidades Autónomas complementen estas ayudas procedentes de la Administración General del Estado.
JUSTICIA
CONCEDIDA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA AL
JUGADOR DEL JOVENTUT GUSTAVO BARRERA
El Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad por carta de naturaleza al uruguayo Gustavo Javier Barrera Castro, jugador del Club de Baloncesto Joventut de Badalona.
Barrera Castro, conocido en el mundo del baloncesto por el sobrenombre de "Panchi", nació en Uruguay el 6 de abril de 1985, por lo que esta misma semana ha cumplido 20 años de edad, y reside en España desde septiembre de 2002. Es una de las piezas claves en la estructura del equipo catalán, con reconocido talento para la distribución del juego. Entre sus méritos para concurrir a la opción de nacionalidad española, hay que destacar su plena integración profesional y social en España.
EDUCACIÓN Y CIENCIA
HOMOLOGADOS SIETE TÍTULOS DE SEIS UNIVERSIDADES
El Consejo de Ministros ha acordado homologar siete títulos de las Universidades de Córdoba, Girona, León, Miguel Hernández de Elche, Rovira y Virgili y Politécnica de Valencia. Los planes de estudio de estas titulaciones fueron autorizados por sus respectivas Comunidades Autónomas y homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria.
Los títulos homologados hoy son:
Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo de Ponferrada, adscrita a la Universidad de León.
Ingeniero Aeronáutico, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Córdoba.
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona.
Licenciado Biotecnología, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Girona.
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
CONVENIO CON GUYANA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
RECIPROCA DE INVERSIONES
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República Cooperativa de Guyana para la promoción y protección reciproca de inversiones.
Tiene por finalidad el establecimiento de un marco jurídico que recoja las condiciones necesarias para favorecer las inversiones entre ambos países y establezca las medidas necesarias para la protección de las mismas.
Las inversiones cubiertas por el Convenio son, entre otras, la propiedad de bienes muebles e inmuebles así como otros derechos reales tales como hipotecas y prendas; acciones, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades; derechos derivados de todo tipo de aportaciones monetarias que tengan un valor económico asociado con una inversión; derechos de propiedad intelectual e industrial, y derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgadas por la ley o en virtud de un contrato, incluida la explotación de recursos naturales.
Respecto a la protección de inversiones se establece en el Convenio que se concederá en todo momento un tratamiento justo y equitativo y plena protección y seguridad jurídica a las inversiones realizadas por inversores de un país en el territorio del otro.
Se establecen, asimismo, los principios de tratamiento nacional o de nación más favorecida, y se prohibe la nacionalización o expropiación de las inversiones de cualquiera de los países en el territorio del otro, salvo por causa de utilidad pública, con arreglo al debido procedimiento legal.
FOMENTO
Secretaria General de Infraestructuras
Dª JOSEFINA CRUZ VILLALÓN.
Nacida el 18 de diciembre de 1949 en Huelva, es Doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla.
Ha sido Directora del Departamento de Geografía Humana y Secretaria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Desde abril de 2004 era Directora General de Planificación y Coordinación Territorial del Ministerio de Fomento.
Director General de Planificación y Coordinación Territorial
D. CASIMIRO IGLESIAS PÉREZ.
Nacido el 4 de febrero de 1959 en Vigo, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Superior de Madrid y pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
Después de desempeñar diferentes puestos en la empresa privada, fue Director Técnico en la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y Director Técnico en la Subdirección General de Planeamiento de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Desde junio de 2004 era Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.