Referencia Consejo de Ministros

10.11.2026

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La Moncloa

SUMARIO

Economía, Comercio y Empresa

  • REAL DECRETO por el que se regula la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Melilla.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los servicios de composición, edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de un máximo de 36.500.000 de tarjetas censales que se enviarán a los electores residentes en España con motivo de las Elecciones Generales de 29 de noviembre de 2026, en los términos y alcance previstos en el artículo 39 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por un importe máximo de 1.766.600 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se autoriza la inversión extranjera de Balenciaga Shipyard, S.L.U., en la unidad productiva española de Balenciaga, S.A.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Hacienda

Interior

  • ACUERDO por el que se desclasifica determinada documentación solicitada por don Miguel Angel Ruiz García al Ministerio del Interior.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de asistencia y soporte a los usuarios de las aplicaciones Capper, Capperadmin y Excusas que resultan necesarias para las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 132.450,23 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de kits de voto accesible que resultan necesarios para las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 818.159,65 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del acondicionamiento de espacios del Centro de Difusión Nacional de Resultados, situado en IFEMA, necesario para las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 686.675 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios especiales informáticos imprescindibles para la preparación y operación del dispositivo de supervisión y control de la plataforma de difusión de resultados provisionales que resultan necesarios para las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 30.250 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación y de actas de sesión y de escrutinio en la provincia de Alicante, con motivo de las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 282.169,07 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas e impresos electorales en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, con motivo de las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 194.028,67 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de dos declaraciones de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado, y el suministro de actas de escrutinio y de sesión en la ciudad de Ceuta, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe total de 20.733, 13 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de dos declaraciones de emergencia para la contratación del suministro de los impresos electorales, así como de papeletas de votación al Congreso y Senado de la provincia de Burgos para las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe total de 56.100 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado, y de actas de escrutinio y de sesión en la provincia de Girona, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 57.235,42 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas y actas en la provincia de Málaga, con motivo de las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 191.755,60 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado en la provincia de Lugo, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 40.131,92 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas votación al Congreso de los Diputados y al Senado en la provincia de Ciudad Real, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 35.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del contrato de suministro de papeletas en la provincia de Álava, con motivo de las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 29.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado, y de actas de escrutinio y de sesión en la provincia de Gipuzkoa, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe total de 135.702,89 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de diverso material electoral, incluyendo papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado, así como actas y otros impresos electorales en la provincia de Huesca, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 24.256,91 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de material electoral y del servicio de montaje, desmontaje, manipulado, empaquetado y traslado del mismo en la provincia de Valencia, con motivo de la celebración de las elecciones a Cortes Generales el 29 de noviembre de 2026, por un importe total de 612.955,88 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado, y de actas de escrutinio y de sesión en la provincia de Córdoba, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 83.850,50 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado en la provincia de León, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 75.308,88 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de tres declaraciones de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado, transporte del material y documentación electoral, y empaquetado de documentación electoral en la provincia de Zaragoza, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe total de 304.265,17 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado en la provincia de Jaén, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 47.031,49 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación, actas de sesión, de escrutinio y lista de votantes en la provincia de Lleida, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 54.450 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la confección de papeletas electorales en la provincia de Cáceres, con motivo de las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 32.466,72 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la elaboración y confección de papeletas del Congreso de los Diputados y Senado en la provincia de Huelva, con motivo de las elecciones a Cortes Generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 34.246,61 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado, y de actas de escrutinio y de sesión en la provincia de La Rioja, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 60.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación para el Congreso y el Senado destinadas a las mesas electorales de la provincia de Sevilla, con motivo de las elecciones generales a celebrar el 29 de noviembre de 2026, por importe de 301.912,71 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de actas de escrutinio y de sesión en la provincia de Las Palmas, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 28.956,45 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de dos declaraciones de emergencia para la contratación del suministro de papeletas de votación al Congreso de los Diputados y al Senado, y de actas de escrutinio y de sesión en la provincia de Asturias, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 278.628,08 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de diversos servicios y suministros en la Comunidad de Madrid, con motivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026, por importe de 1.739.230 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2026-2034.
  • ACUERDO por el que se modifica el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado PLISE-II Extraordinario 2026-2034 para su ejecución por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E. S.A., aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2026.

Transportes y Movilidad Sostenible

  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación del contrato, en régimen de Acuerdo Marco, de los servicios de control de la vegetación en líneas convencionales y de ancho métrico de la Red Ferroviaria de Interés General, lote 1, Subdirección de Operaciones Noroeste, adjudicado a la empresa Seanto, S.L., con un importe adicional de 3.294.424 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación del contrato, en régimen de Acuerdo Marco, de los servicios de control de la vegetación en líneas convencionales y de ancho métrico de la Red Ferroviaria de Interés General, lote 3, Subdirección de Operaciones Noreste, adjudicado a la UTE Control Vegetación Noreste, con un importe adicional de 2.058.120 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 2 del contrato, en régimen de Acuerdo Marco, de los servicios de control de la vegetación en líneas convencionales y de ancho métrico de la Red Ferroviaria de Interés General, lote 5, Subdirección de Operaciones Centro, adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción, S.A., con un importe adicional de 882.318 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 2 del contrato, en régimen de Acuerdo Marco, de los servicios de control de la vegetación en líneas convencionales y de ancho métrico de la Red Ferroviaria de Interés General, lote 2, Subdirección de Operaciones Norte, adjudicado a la unión temporal de empresas denominada UTE Aplinher-Sintra, con un importe adicional de 1.228.996,21 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de asistencia técnica para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y las obras de inversión en las líneas de red convencional incluidas en los ámbitos territoriales noreste y este, dos lotes. Valor estimado del contrato 16.237.652,48 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de perfilado de carril en líneas de alta velocidad en explotación. Valor estimado del contrato: 35.853.483,65 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 1 del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo para renovación de la señalización en la Red de Cercanías de Madrid - Zona Norte, adjudicado a la unión temporal de empresas denominada Señalización de Cercanías Madrid Norte, con un importe adicional de 3.576.880,81 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 1 del contrato de servicios para el mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado en las demarcaciones de Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Castilla-La Mancha y Extremadura, lotes 1 a 8, por importe de 42.146.297 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 1 del contrato de servicios para el mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado en las demarcaciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental, Galicia y Madrid, lotes 1 a 9, por importe de 48.254.559,72 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios de estabilización del talud situado entre los puntos kilométricos 120+849 al 121+389 de la línea de alta velocidad 030 Córdoba - Málaga, por un importe de 8.314.206,04 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de sostenimiento y restauración de la falla de talud por deslizamiento rotacional debido a la rotura de tubería de abastecimiento de agua en la línea 780 Bilbao La Concordia- Santander, tramo Astillero - Orejo, por un importe de 1.918.308 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria en el ámbito del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al Comité de Frecuencias de Radioastronomía (CRAF) para el ejercicio 2026, por importe de 25.000 euros.

Educación, Formación Profesional y Deportes

  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 19 de noviembre de 2026, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, y el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 19 de noviembre de 2026, en relación con el proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del sistema de formación profesional integrados en el sistema educativo, y por el que se regulan los centros asociados y los centros de segunda oportunidad en el Sistema de Formación Profesional y la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional.
  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 19 de noviembre de 2026, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos que establecen las especialidades de los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con las lenguas no oficiales que gocen de protección legal en las comunidades autónomas.
  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 19 de noviembre de 2026, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Consejo Superior de Deportes, aprobado por Real Decreto 460/2015, de 5 de junio.

Industria y Turismo

Política Territorial y Memoria Democrática

Vivienda y Agenda Urbana

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Ciencia, Innovación y Universidades

  • ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Nacional de la Cultura Científica y de la Innovación 2027-2030.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el pago de la contribución voluntaria a la organización internacional World Federation Technical Assessment Organisations (WFTAO), correspondiente a 2026, por importe de 480 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Polar Española 2026-2035.

Igualdad

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que se conceden cuatro suplementos de crédito, en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2026, a MAZ, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11, Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 10, Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72, y Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21.
  • ACUERDO por el que se conceden ocho suplementos de crédito, en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2026, a Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276, y Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en el Centro de Acogida de Protección Internacional de Mislata (Valencia), por importe de 233.782,14 euros.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Asociación Española de Normalización (UNE) destinada a impulsar la actividad de normalización y estandarización, así como el soporte a secretaría y acción internacional en comités, tanto en el ámbito de las tecnologías digitales y la digitalización, como de las telecomunicaciones e infraestructuras digitales.
  • ACUERDO por el que se acepta la renuncia de Radio Zaragoza, S.A., a una licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico en ondas medias (hectométricas) en Zaragoza (873 kHz), y se declara la extinción de dicha licencia.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

  • ACUERDO por el que se propone al Tribunal de Justicia de la Unión Europea candidato para ser nombrado abogado general a D. MANUEL LÓPEZ ESCUDERO

Hacienda y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Economía, Comercio y Empresa

CREACIÓN DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MELILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Melilla, culminando el procedimiento impulsado por el Gobierno de España para recuperar esta institución.

La creación de la Cámara permitirá restablecer una corporación de derecho público al servicio de las empresas y autónomos de Melilla, recuperando la representación institucional del tejido empresarial y garantizando la prestación de las funciones público-administrativas que establece la legislación básica de Cámaras de Comercio.

Entre sus principales funciones se encuentran los servicios de certificación, asesoramiento y formación, el apoyo a la internacionalización, la tramitación de programas públicos de apoyo empresarial y el mantenimiento del censo público de empresas.

Asimismo, la Cámara actuará como órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas en materias relacionadas con el comercio, la industria y los servicios.

La recuperación de la Cámara garantiza que las empresas melillenses dispongan de una estructura de representación y servicios camerales en igualdad de condiciones con las del resto del territorio nacional.

La nueva Cámara tendrá también un papel relevante en el acompañamiento al proceso de transformación económica de Melilla, contribuyendo a reforzar la competitividad de sus empresas y a favorecer la diversificación de su actividad productiva. En este contexto, su actividad estará orientada a apoyar especialmente a pymes y autónomos, así como a impulsar nuevas oportunidades vinculadas al turismo, la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento.

El proceso de recuperación se ha desarrollado en colaboración con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, que ha presentado un plan de viabilidad económica y ha asumido compromisos para garantizar la puesta en marcha y sostenibilidad de la institución. Entre ellos figuran la aportación de recursos económicos iniciales, la dotación de medios personales, la cesión de una sede y el apoyo administrativo e institucional.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DISPOSITIVO DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERIODO 2026-2028

El Consejo de Ministros ha autorizado el encargo a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) del servicio para el funcionamiento del dispositivo de preparación, prevención y extinción de incendios forestales durante el periodo 2026-2028, por un importe máximo de 105.847.627,72 euros.

El acuerdo garantiza la continuidad del servicio que presta el ministerio en apoyo a las comunidades autónomas en materia de preparación, prevención y extinción de incendios forestales. Este dispositivo está integrado por las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF), los Equipos de Prevención y Análisis de Incendios Forestales (EPAIF), el Programa Nacional de Preparación (PPIF) y el apoyo al Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF).

Este servicio forma parte del dispositivo más amplio del ministerio, que incluye también la contratación de medios aéreos de apoyo a la extinción y el mantenimiento y la operación, por parte del Ministerio de Defensa, de la flota estatal de aviones anfibios Canadair. Además, el MITECO continúa modernizando las instalaciones de las BRIF, con nuevas bases ya en funcionamiento y otras en construcción.

El encargo, distribuido en dos anualidades -54.249.929,01 euros en 2027 y 51.597.698,71 euros en 2028-, permitirá seguir implantando las mejoras desarrolladas en los últimos años, de acuerdo con la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales, y avanzar en la profesionalización del personal adscrito al dispositivo a través de TRAGSA. Todas las brigadas y equipos especializados tendrán continuidad durante todo el año.

Entre las principales novedades figura el refuerzo de la BRIF de Ruente, en Cantabria, que contará con una brigada adicional. En materia de prevención, se incrementarán los esfuerzos destinados a la concienciación y sensibilización de la población. Asimismo, en el ámbito de la preparación se impulsarán las actividades dirigidas a mejorar la coordinación entre administraciones cuando sea necesario compartir recursos.

En este último apartado destaca la incorporación de un curso de Dirección Técnica de Extinción (DTE), conforme a la recomendación técnica de competencias y formación aprobada por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF).

El dispositivo mantiene también su capacidad de colaboración y apoyo internacional. España continuará participando en misiones de asistencia a otros países a través del equipo de expertos en evaluación y asesoramiento en incendios forestales (FAST), coordinado por el MITECO en colaboración con las comunidades autónomas y el Ministerio del Interior, y del módulo de bomberos forestales de las BRIF. Ambas capacidades están certificadas en el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE GESTIÓN DIRECTA DE CONSTRUCCIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ENTRE MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, Y LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de la modificación número 5 del Convenio de Gestión Directa entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España S.A.(ACUAES), que actualiza las actuaciones encomendadas a esta sociedad estatal, regulariza la inversión y adapta los esquemas de financiación a las necesidades actuales de los proyectos.

La modificación incorpora ocho nuevas actuaciones, cinco de ellas declaradas de Interés General del Estado y tres sin esta declaración. Entre estas últimas figuran actuaciones de saneamiento y depuración en el Valle de la Orotava (Tenerife), el aprovechamiento de aguas regeneradas de la EDAR de Buenos Aires y el saneamiento y depuración del municipio de Barreiros (Lugo). Asimismo, se revisan las condiciones económicas y financieras de otras 18 actuaciones y se eliminan total o parcialmente seis actuaciones o subactuaciones de la encomienda.

La modificación actualiza también la participación de ACUAES en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En concreto, se incorporan dos nuevas actuaciones a la financiación europea: el colector de la Universidad de Cáceres y la terminación del abastecimiento al Condado, ramal sur, tramo 1, en Bollullos Par del Condado (Huelva). Además, se actualizan los importes de otras cuatro actuaciones y se reorganiza la financiación de los proyectos incluidos en la componente 5 del Plan, que comprende actuaciones de saneamiento, depuración, abastecimiento, reutilización y restauración de ecosistemas fluviales.

En conjunto, la modificación número 5 supone una reducción de 433,2 millones de euros en los desembolsos de capital previstos para el periodo 2025-2038 respecto a la modificación anterior del convenio. Las aportaciones de capital contempladas ascienden a 116,7 millones de euros. Asimismo, se prevé la transferencia a ACUAES de 7,4 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar las actuaciones incorporadas y actualizar la dotación de otros proyectos.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CONVENIO DE GESTIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de la tercera adenda al segundo Convenio de Gestión Directa de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), que actualiza las actuaciones encomendadas a esta sociedad estatal, revisa sus importes y adapta su esquema de financiación a los cambios introducidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre las novedades, la adenda incorpora dos nuevas actuaciones declaradas de interés general: el abastecimiento al área metropolitana de La Laguna y la aducción general del abastecimiento urbano del Valle de Güímar, en Tenerife. Asimismo, revisa los importes de distintas actuaciones en función del grado de avance de los proyectos y actualiza los fondos destinados a cubrir las pérdidas derivadas del suministro de agua desalada para riego durante los periodos 2023-2025 y 2026-2029.

La modificación adapta también la financiación de las actuaciones inicialmente vinculadas al PRTR a la Adenda de Simplificación aprobada por el ECOFIN el 13 de enero de 2026. Se mantiene la financiación europea para siete proyectos de la inversión 2 de la componente 5, con una dotación conjunta de 51 millones de euros, entre ellos las ampliaciones de las desaladoras de Torrevieja y Águilas. Para otras actuaciones, como las desaladoras de Tordera II (Girona) y Foix (Barcelona), se establece un nuevo esquema financiero basado en fondos propios de ACUAMED y nuevo endeudamiento.

La adenda contempla aportaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante ampliaciones de capital por un importe total de 1.262,7 millones de euros, distribuidos entre 2023 y 2031, así como transferencias para subvenciones de explotación por valor de 206,4 millones de euros para el periodo 2027-2029.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para cooperación internacional al desarrollo sostenible por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Este Real Decreto tiene por objeto regular la concesión de subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo sostenible a las entidades que se reseñan a continuación, por concurrir razones de interés público, institucional y social:
  • A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
  • A la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS).
  • A la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).
  • A la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).
  • A Comisiones Obreras (CCOO).
  • A la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS).
  • A la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
  • A la Confederación Empresarial Española de la Economía Social.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MATERIAL ELECTORAL DESTINADO A LAS REPRESENTACIONES DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR PARA LAS ELECCIONES GENERALES DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de recepción, almacenamiento, clasificación y empaquetado de material electoral (sobres y papeletas), destinado a las representaciones de España en el exterior para la celebración de elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, por importe de 80.226,63 euros.

Convocadas las elecciones al Congreso de los Diputados y Senado para el domingo 29 de noviembre de 2026, tras la disolución de ambas Cámaras, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, sobre el ejercicio del voto por las personas que residen en el extranjero, la administración consular garantizará la disponibilidad de papeletas oficiales de voto en los centros de votación que se habiliten, adecuadamente publicitados, así como suficientes sobres de votación y los medios informáticos necesarios para la descarga del resto de la documentación precisa para votar durante los días habilitados para la votación presencial.

Al no disponerse de medios en el plazo necesario para la recepción, almacenaje, clasificación y empaquetado del material electoral destinado a las representaciones de España en el exterior, se considera necesario proceder a la contratación mediante tramitación de emergencia, al amparo del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La tramitación de emergencia se fundamenta en la necesidad de actuar de manera inmediata para garantizar la disponibilidad en fecha del material electoral en los centros de votación en el exterior para el ejercicio del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos, recogido como derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución Española.

En consecuencia, se ha procedido a la declaración de emergencia del expediente de contratación para el servicio de recepción, almacenamiento, clasificación y empaquetado de material electoral (sobres y papeletas), destinado a las representaciones de España en el exterior para la celebración de elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, por importe de 80.226,63 euros (21% IVA incluido).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDAS A ECUADOR PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA "SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN SECTORES RURALES"

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 4.800.000 euros al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Portoviejo en Ecuador, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del programa "Saneamiento sostenible en sectores rurales consolidados del Cantón de Portoviejo. Ecuador".

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 creó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) dirigido a financiar actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, tendentes a promover y mejorar el acceso de la ciudadanía de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento.

En la sesión del Comité Ejecutivo del FCAS celebrada el 4 de mayo de 2026 se aprobó una aportación de 4.800.000 euros al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Portoviejo en Ecuador, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del programa "Saneamiento sostenible en sectores rurales consolidados del Cantón de Portoviejo. Ecuador".

El objetivo general del programa se focaliza en mejorar las condiciones de acceso y calidad de los servicios de saneamiento para la población rural del Cantón de Portoviejo. Para ello se procurará la dotación de infraestructura y servicios sostenibles y de calidad, la promoción de cambios de hábitos en el uso del agua y en las prácticas de higiene y saneamiento, así como el fortalecimiento del prestador público para una gestión sostenible de los servicios.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

SE APRUEBA EL REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES CON AYUDAS PARA LOS AFECTADOS POR LA DANA ADAM

El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para dar respuesta a los daños provocados por la DANA Adam los días 18 y 19 de octubre de 2026.

La norma incluye medidas urgentes, por importe de 182,2 millones de euros, para los afectados por dicho fenómeno meteorológico, incluyendo medidas agrícolas, tributarias y de ayudas al comercio, turismo y hotelería, que afectó especialmente el litoral mediterráneo, sur de Valencia y norte de Alicante, con extensión a otras zonas, incluidas Islas Baleares.

También se incluyen iniciativas fiscales y financieras para garantizar los recursos necesarios para la reconstrucción de los municipios afectados, así como beneficios fiscales para los afectados. En esta línea, el Decreto contempla la posible financiación de los gastos extraordinarios derivados de la DANA Adam, mediante la asignación en 2026 y 2027 de recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, como ya se hizo con la DANA de 2024.

Esta fórmula también se aplica para los municipios afectados, de manera que se habilita la posibilidad de asignar en 2027 recursos para cubrir gastos derivados de la catástrofe con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Además, dentro de las medidas dirigidas a las Entidades Locales afectadas por esta DANA, se prevé habilitar el destino del superávit presupuestario de 2025, 2026 y 2027 de los Ayuntamientos afectados por esta catástrofe para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Dichas inversiones deben tener una relación directa con los daños ocasionados por el siniestro, tanto si tienen por finalidad su reparación como la prevención de futuros daños derivados de fenómenos similares.

Por otro lado, el Real Decreto-ley establece un régimen excepcional en la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de modo que, a efectos de la valoración del cumplimiento de las reglas fiscales, se tendrán en cuenta de forma separada los gastos extraordinarios que realicen las Entidades Locales en respuesta a los daños causados por esta DANA. Es decir, los gastos realizados para mitigar los efectos de esta catástrofe no computarán a los efectos de las reglas fiscales.

Igualmente, los Consistorios afectados estarán exentos en 2026 y en 2027 de la obligación de formular un plan económico-financiero ante posibles incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto que se hayan producido o se puedan producir en las liquidaciones de presupuestos de 2025 y de 2026, respectivamente. Tampoco se aplicará ninguna medida coercitiva por un eventual incumplimiento de dichas reglas fiscales.

Las medidas llegan después de que la semana pasada el Consejo de Ministros declarase zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por 45 episodios adversos registrados en nueve comunidades autónomas, entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre de 2026. Dicha declaración permite a los distintos ministerios articular medidas destinadas a contribuir a paliar los perjuicios ocasionados.

Agrupadas por sector, las ayudas se clasificación del modo siguiente:

Ayudas extraordinarias al sector agrícola

Las medidas de apoyo para el sector agrario afectado por la dana Adam alcanzan los 88,7 millones de euros.

En concreto, se autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar las actuaciones para la recuperación por emergencia de los caminos agrícolas de uso público e infraestructuras colectivas de riesgo que hayan resultado dañadas por las fuertes lluvias, teniendo dichas actuaciones consideración de obras de emergencia.

La norma recoge también ayudas directas para todos los agricultores con póliza de seguro agrario que hayan sufrido daños por la dana Adam. Se les abonará hasta el 70 % del coste de la póliza -el máximo que permite la normativa comunitaria-, así como los daños no cubiertos por la indemnización del seguro agrario, la denominada franquicia.

Las ayudas estarán exentas de tributación. Además, se arbitran medidas de financiación, extendiendo los plazos y el ámbito de la línea DANA/ICO-MAPA-SAECA, para que los afectados puedan solicitar créditos con una ayuda a fondo perdido equivalente al 15 % del principal, quedando además exentos del coste del aval.

Obras de reparación y refuerzo de las plantillas de emergencias climáticas

De su lado, se destinan 74,5 millones de euros para actuaciones de reparación, protección y mejora, impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En detalle, se dirigen 70 millones de euros a obras en las costas de la Comunitat Valenciana, encaminadas a reparar mediante obras de emergencia de los daños causados, en el dominio público marítimo-terrestre. Además, la norma permite destinar parte de esos recursos a nuevas actuaciones para aumentar la resiliencia del litoral valenciano frente a futuros temporales y a los efectos del cambio climático, dentro del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa.

Otros 3 millones de euros son para la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de reparar los daños producidos en cauces y en infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal afectadas por la dana, y 1,5 millones de euros para la Confederación Hidrográfica del Segura, para la reparación de cauces, ramblas e infraestructuras hidráulicas afectadas, incluidos los daños en drenajes de las infraestructuras del postrasvase.

Subvenciones al comercio, turismo y hostelería y medidas tributarias

En cuanto a las medidas dirigidas al comercio minorista, al sector turístico y a la hostelería, el importe máximo de la subvención directa concedida a la Cámara de España será de 15 millones de euros.

La cuantía de la ayuda por establecimiento afectado será de 5.000 euros para autónomos y de 10.000 euros, cuando la destinataria final sea una pequeña o mediana empresa o una entidad sin personalidad jurídica.

Medidas fiscales

Asimismo, igual que se hizo con la DANA registrada a finales de octubre de 2024, se aprueban varias medidas de carácter fiscal para aliviar la carga tributaria de los afectados. En concreto, se conceden exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2026 cuando afecten a los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA Adam.

Ello contempla, además, la posibilidad de que los contribuyentes que ya hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias puedan solicitar la devolución de las cantidades ingresadas.

Esos beneficios fiscales establecidos en el IBI y el IAE serán compensados por el Estado para evitar pérdidas de ingresos en las Entidades Locales afectadas.

En materia fiscal además se prevén también reducciones fiscales especiales para las explotaciones y actividades agrarias afectadas. En concreto, en el IRPF se establece una reducción en los índices de rendimiento neto dentro del método de estimación objetiva (tributación por módulos) y en el régimen simplificado de IVA, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.

Este Real Decreto-ley, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, contempla que las ayudas públicas, tanto las procedentes del Gobierno central como las aprobadas por Comunidades Autónomas y Entidades Locales, estarán exentas de ser declaradas en el IRPF.

Medidas para otras catástrofes meteorológicas

En este Real Decreto-ley también se incluyen diversas medidas relativas a otras catástrofes meteorológicas anteriores. En concreto, se recoge la prórroga para 2027 de una serie de mecanismos financieros destinados a paliar los efectos de la dicha DANA registrada en octubre de 2024, así como de otras inundaciones registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que afectaron especialmente a Extremadura.

De esta forma, excepcionalmente el próximo año, el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, contemplados en el Fondo de Financiación a CCAA, para cubrir los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad en respuesta a la catástrofe de 2024. Se trata de un mecanismo que ha permitido ese año asignar 1.300 millones a la Comunitat Valenciana para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la DANA, mientras que en 2024 y 2025 se asignaron 3.064 millones, de los que la Generalitat utilizó algo más de 1.700 millones.

Por último, también se podrán asignar en 2027 recursos de los citados mecanismos de financiación a Extremadura para atender los gastos extraordinarios derivados de los fenómenos meteorológicos registrados entre finales de 2025 e inicios de 2026.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO-LEY CON MEDIDAS URGENTES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD FERROVIARIA Y AMPLIAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector.

La norma busca dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales a través de cuatro objetivos: precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y extender la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones.

Clarificación del tiempo de conducción de los maquinistas

El proyecto aprobado precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción. A estos efectos, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.

Asimismo, se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista. Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.

La modificación contempla adicionalmente el cómputo de los periodos de los tiempos de conducción del maquinista realizados en otras redes diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General. Por ejemplo, para trabajos realizados por personal que, además de disponer de licencia de conducción, cuente con las habilitaciones de operador de vehículos de maniobras o de operador de maquinaria de infraestructura.

Asimismo, en los supuestos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo de conducción computará simultáneamente y de la misma manera para ambos.

Refuerzo de las facultades de supervisión e inspección de la AESF

El proyecto propone que toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Además, las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando resulte necesario para desarrollar una actuación de supervisión.

Esta medida permitirá a la Agencia desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad directamente supervisada o a otra entidad ferroviaria.

La cultura justa, eje de la seguridad en la operación ferroviaria

Otro de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, mediante la creación de un capítulo específico que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal.

El nuevo marco permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de las personas informantes. Asimismo, se establece que no se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación.

La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el objetivo de evitarlas o limitarlas. Estas medidas podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes.

Además, se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad. Esta protección no será aplicable en los supuestos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave.

Extensión de la protección social al personal ferroviario

El Real Decreto-ley extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General.

Esta medida permite garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.

Adicionalmente, se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores, conforme al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento contará con participación sindical.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CREACIÓN DEL DEFENSOR DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSPORTE COLECTIVO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Esta nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares, dando continuidad en el tiempo al trabajo de todos los que intervienen tras un accidente.

El Defensor será una figura diferenciada dentro del Ministerio, con rango de subsecretario. Este rango le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos. Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades.

El Gobierno ha colaborado con las asociaciones de víctimas y ha incorporado al Real Decreto la misión que ellas propusieron: la protección efectiva de los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas y sus familiares, el acceso a la información, la atención integral y el acompañamiento y seguimiento de los procesos relacionados con los accidentes.

El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas. Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades. Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley.

Estructura

Se creará una Oficina del Defensor/a, con rango de Dirección General, que prestará el apoyo técnico y de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas; un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, que lo asesorará de forma directa. El Defensor o Defensora será nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Ámbito de actuación y funciones

El Defensor/a actuará en los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús. Podrá extender su labor a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración con las administraciones competentes en cada territorio.

El Real Decreto aprobado define a la víctima de forma amplia, no sólo quien fallece, desaparece o resulta herido; sino también quien sufre daños psicológicos, sus familiares y allegados y las personas que dependían de ella, en la medida en que el accidente les afecta directamente.

Sus funciones se organizan en diez bloques, desde la coordinación institucional y capacidad de intervención hasta las competencias y garantías para el ejercicio de sus funciones. Entre ellas destacan:

  • Interlocución: será el interlocutor de referencia de las víctimas y sus familiares ante todas las administraciones, organismos y entidades implicadas. La atención a las víctimas se prolongará a medio y largo plazo, también cuando se desmontan los dispositivos de emergencia.
  • Coordinación: establecerá un marco común para una respuesta coordinada, con información clara y asesoramiento continuado. Colaborará además en la elaboración de protocolos de asistencia tras un accidente, con especial atención a las personas vulnerables.
  • Información y asesoramiento: orientará sobre derechos y cómo ejercerlos, ayudas disponibles, reclamación de daños, acceso a la justicia gratuita y derechos económicos, y facilitará el apoyo emocional y terapéutico.
  • Cooperación con la investigación técnica: colaborará de forma particular con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), respetando su independencia.
  • Colaboración con las asociaciones de víctimas y con otras instituciones dedicadas a la atención a las víctimas.
  • Transparencia y rendición de cuentas: elaborará informes sobre la atención prestada en cada accidente y las reclamaciones recibidas, y un código de buenas prácticas con las asociaciones de medios de comunicación para el tratamiento ético de la información sobre estos accidentes.
  • Capacidad de requerimiento: podrá requerir a órganos, organismos y administraciones la información necesaria para ejercer sus funciones.

Las asociaciones de víctimas formarán parte activa, consultiva y permanente en todas sus funciones, a través de un grupo de trabajo. El objetivo es trabajar con las víctimas y no solo para ellas.

El Defensor no sustituye a ningún organismo, respetará la independencia de la AITAT y la función de los órganos judiciales, así como las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en sanidad, servicios sociales y transporte. Cuando deba actuar en esos ámbitos, lo hará mediante instrumentos de cooperación entre administraciones.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MODIFICACIÓN DE LAS AYUDAS A LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que refuerza el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos y mejora los mecanismos de apoyo dirigidos a los sectores industriales con mayor exposición a los costes energéticos y al riesgo de fuga de carbono.

La norma modifica el Real Decreto 1106/2020 y el Real Decreto 309/2022 con el objetivo de incrementar la eficacia de las ayudas existentes, simplificar los requisitos administrativos y reforzar la competitividad de la industria electrointensiva.

Entre las principales novedades destaca la incorporación como coste subvencionable la contribución de este tipo de consumidores al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE), un gasto que soportan directamente o de forma indirecta las empresas con un elevado consumo eléctrico.

Asimismo, el texto, entre otras medidas, elimina el requisito de consumo eléctrico mínimo en horario valle para acceder a la condición de consumidor electrointensivo al objeto de facilitar la flexibilidad del sistema eléctrico y la competitividad industrial, y suprime otras exigencias de contratación de energía a plazo y de remisión de informes periódicos, reduciendo así las cargas burocráticas para las empresas beneficiarias.

La reforma persigue mantener la utilidad de los mecanismos de apoyo en un contexto de reducción de determinados cargos eléctricos, garantizando que las ayudas sigan siendo efectivas para los sectores industriales más expuestos a la competencia internacional.

Se prevé que el nuevo marco podría permitir una ayuda máxima de hasta 76 millones de euros en 2027, en función de la disponibilidad presupuestaria de cada convocatoria.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CREACIÓN DEL REGISTRO PREVISTO EN EL CONVENIO DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1974 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, por el que se crea en España el Registro Previsto en el Convenio de 12 de noviembre de 1974 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1974 y España se adhirió al mismo el 20 de diciembre de 1978.

El Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, creó el registro previsto en dicho Convenio.

Cuando se promulgó el Real Decreto en 1995, la gran mayoría de lanzamientos de satélites se realizaban por parte del Estado o con una significativa participación del mismo. Con los avances en el sector espacial en los últimos años, se ha incrementado sustancialmente los potenciales lanzamientos de objetos al espacio ultraterrestre, incidiendo en el funcionamiento del Registro Español.

Asimismo, con el avance de la técnica y fruto de la experiencia adquirida, se ha constatado que los datos que se aportan con las solicitudes de inscripción de objetos lanzados al espacio ultraterrestre son insuficientes para la identificación inequívoca, precisando ampliar el conjunto de los datos y parámetros previstos en el Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, para nuevas solicitudes de inscripción.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA 2026-2033

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social para el periodo 2026-2033, un instrumento que permitirá incorporar de forma progresiva y sistemática criterios ambientales en la contratación pública y aprovechar su capacidad para impulsar la transición ecológica.

La contratación pública representa aproximadamente el 11,5 % del PIB y cerca del 25 % del gasto público, por lo que constituye una herramienta estratégica para orientar la actividad económica hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. El nuevo Plan pretende aprovechar este potencial para reducir las emisiones, mejorar la adaptación al cambio climático, favorecer la economía circular y estimular el desarrollo de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.

Entre sus objetivos figura que, al término de su vigencia, en 2033, se valore la incorporación de al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito. El Plan amplía, además, su alcance respecto al anterior, vigente entre 2018 y 2025, al incorporar a las entidades públicas empresariales y las agencias estatales, junto con la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

La huella de carbono, un nuevo criterio

Una de las principales líneas de actuación del Plan se dirige a impulsar la descarbonización de la contratación pública. Para ello, contempla la elaboración de una base de datos centralizada de materiales de construcción que recopile los factores de emisión de los productos constructivos que representen, al menos, el 70 % del volumen medio de obra pública estatal.

Asimismo, promoverá la utilización progresiva de la huella de carbono de productos y servicios como condición especial de ejecución o criterio de adjudicación en aquellos contratos en los que resulte viable. En este contexto, se estudiará la posibilidad de crear un registro o repositorio estatal de huella de carbono de producto que reúna valores verificados y normalizados para categorías prioritarias.

El Plan también prevé identificar y difundir proyectos de referencia que permitan validar y facilitar la integración gradual de estos criterios en los procedimientos de contratación. El propósito es avanzar hacia una contratación en la que la huella de carbono pueda convertirse en un parámetro objetivo y comparable para orientar las decisiones de compra e inversión pública.

Adaptación climática en las grandes inversiones

El nuevo marco incorpora también una línea específica para promover la adaptación al cambio climático y la resiliencia climática en los contratos públicos. Se trata de que las inversiones y los servicios públicos no solo contribuyan a reducir las emisiones, sino que estén preparados para mantener su funcionalidad ante los impactos climáticos presentes y futuros.

Entre las medidas previstas figura la identificación de las categorías de contratos especialmente expuestas a riesgos climáticos y la promoción de prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución que permitan reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras, obras y servicios.

En particular, se desarrollará una herramienta metodológica específica, denominada "test climático", para facilitar la incorporación de criterios de adaptación en las prescripciones técnicas de los grandes contratos de obras, concesiones de obras y de servicios, así como en los contratos de servicios para la redacción de proyectos. Esta línea se completará con la identificación y difusión de proyectos de referencia que permitan trasladar buenas prácticas y facilitar la incorporación de la resiliencia climática a la contratación pública.

Economía circular

El Plan apuesta asimismo por utilizar la capacidad de compra de las administraciones para acelerar la transición hacia una economía circular, reducir la generación de residuos y mejorar el aprovechamiento de los recursos y las materias primas secundarias.

Para ello, promoverá la utilización del coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación en aquellas categorías de contratos que dispongan de metodologías armonizadas o herramientas de cálculo reconocidas. Este enfoque permitirá tener en cuenta, además del precio inicial, los costes asociados al uso de los bienes durante toda su vida útil, incluido el consumo energético.

También se impulsarán medidas para prolongar la vida útil de los bienes públicos y favorecer su reparación, reutilización y remanufactura. En los contratos de obras y concesiones de obra pública se fomentará, además, la incorporación de materiales reciclados y materias primas secundarias. Con estas medidas, la contratación pública podrá contribuir a orientar la demanda hacia productos y soluciones más duraderos, reparables y reutilizables, al tiempo que se reduce la dependencia de materias primas y se refuerza la autonomía estratégica.

Rehabilitación energética y descarbonización de los edificios públicos

Otra de las líneas específicas del Plan se centra en la descarbonización y la transición energética del parque inmobiliario público. Para avanzar en este objetivo, se elaborarán guías prácticas y herramientas que faciliten la preparación de los contratos destinados a la rehabilitación energética de edificios, la electrificación de los consumos y el despliegue de energías renovables.

El Plan contempla también la elaboración de modelos de pliegos y la identificación, difusión y transferencia de proyectos de referencia y buenas prácticas. Estas actuaciones permitirán facilitar a los órganos de contratación la incorporación de criterios ambientales en las intervenciones sobre los edificios públicos y favorecer la reducción de sus emisiones a lo largo de su vida útil.

Seis líneas de actuación y 22 medidas

El Plan se estructura en seis líneas de actuación y 22 medidas, que incluyen también el desarrollo de capacidades y la puesta a disposición de herramientas prácticas para facilitar su aplicación por parte de las unidades promotoras y los órganos de contratación.

Entre otras actuaciones, se prevé reforzar la formación de los empleados públicos, crear una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público para intercambiar conocimientos y experiencias y transformar el actual Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva que facilite la consulta y utilización de criterios ambientales.

La gobernanza corresponderá a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, que contará con el apoyo de un Grupo de Trabajo Permanente que se reunirá al menos cuatro veces al año. La ejecución se concretará mediante programas anuales de trabajo que identificarán las actuaciones, los responsables y los hitos previstos.

El seguimiento se apoyará en indicadores, en el análisis de los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y en el desarrollo progresivo de herramientas automatizadas e inteligencia artificial para analizar la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público y reducir las cargas administrativas. Asimismo, transcurridos tres años desde su aprobación, se elaborará una evaluación intermedia para valorar los avances y proponer posibles mejoras.

El Plan, elaborado conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Hacienda, da continuidad al marco de contratación pública ecológica iniciado en 2018 y adapta sus instrumentos a los nuevos objetivos y exigencias ambientales nacionales y europeas.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS SISTEMAS CANADAIR

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el apoyo logístico de la flota de aeronaves Canadair CL-215 (UD.13), CL-415 (UD.14) y CL-515 en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio.

Mediante este nuevo Acuerdo Marco, con una vigencia de cuatro años y por un valor estimado de 38 400 000 euros, que sustituye al vigente Acuerdo Marco próximo a finalizar, se garantiza el suministro de repuestos de célula y la asistencia técnica de apoyo en servicio para estas aeronaves, del modelo CL-215 y CL-415 y CL-515 que constituyen un activo esencial en la extinción de los incendios forestales.

Defensa

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE DE INTELIGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de la Orden de Ejecución para el diseño y construcción de un buque de inteligencia.

Esta Orden de Ejecución, por un valor estimado de 591.272.899 €, permitirá la contratación del diseño y construcción del Buque con NAVANTIA, S.A., S.M.E, una vez que finalice la fase de definición o ingeniería previa del mismo y que también ha realizado esta empresa.

El plazo para la entrega y la recepción del Buque será de 74 meses desde la formación de la Orden de Ejecución, tras su autorización por el Consejo de Ministros.

La construcción de este nuevo Buque permitirá a la Armada mantener, actualizándola y mejorándola, su capacidad para realizar operaciones de guerra electrónica incorporando los últimos avances en buques de similares características.

Defensa

MODERNIZACIÓN DE MEDIA VIDA DE LOS BUQUES CAZAMINAS CLASE 'SEGURA'

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de una orden de ejecución para la modernización de media vida de los buques cazaminas de la clase 'Segura'.

Esta actuación permitirá actualizar las capacidades de estos buques y adaptar sus sistemas a los nuevos riesgos y amenazas surgidos desde su entrada en servicio, manteniendo sus plataformas actuales. La modernización resulta necesaria debido a la degradación y obsolescencia de determinados componentes, que pueden afectar a su fiabilidad y disponibilidad operativa.

El valor estimado de la orden de ejecución asciende a 527.300.000 euros.

Defensa

MODERNIZACIÓN DE MEDIA VIDA DE LOS BUQUES DE ASALTO ANFIBIO CLASE 'GALICIA'.

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de una Orden de Ejecución para la modernización de media vida de los dos buques de asalto anfibio de la clase 'Galicia'.

Esta actuación permitirá actualizar los sistemas de comunicaciones, combate y navegación, así como otros elementos de la plataforma y de apoyo a las operaciones anfibias, que presentan un importante grado de obsolescencia. Asimismo, se contempla la adaptación de los buques a los nuevos escenarios operativos, incluida la posible integración de vehículos no tripulados y la mejora de sus capacidades de ciberdefensa.

El valor estimado de la Orden de Ejecución asciende a 594.809.784,71 euros.

Defensa

NUEVO BUQUE HIDROGRÁFICO OCEÁNICO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de la orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque hidrográfico oceánico.

La necesidad de este nuevo buque se fundamenta en el mantenimiento de capacidades esenciales para las Fuerzas Armadas y su contribución a la acción del estado.

Esta orden de ejecución se llevará a efecto por NAVANTIA en la Unidad de Producción del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, situada en la Bahía de Cádiz.

El valor estimado de la orden de ejecución es de 345.091.314 euros.

Defensa

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE BUQUES DE SUPERFICIE DE LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de una Orden de Ejecución Abierta para la modernización y el desarrollo evolutivo de las unidades de superficie de la flota de la Armada.

Esta actuación garantizará la disponibilidad operativa y el adecuado sostenimiento de los buques de la Armada, mediante la ejecución de trabajos de mantenimiento, modernización y actualización de sus sistemas y equipos. En particular, comprende actuaciones sobre los buques de asalto anfibio de la clase 'Galicia', los buques de aprovisionamiento de combate de las clases 'Patiño' y 'Cantabria', y los buques de acción marítima de la clase 'Meteoro'.

El valor estimado de la Orden de Ejecución asciende a 209.807,000 €.

Defensa

SOSTENIMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS SUBMARINOS DE LA SERIE S-80

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de una Orden de Ejecución para el programa de modernización y desarrollo evolutivo de los submarinos de la serie S-80.

Esta actuación tiene como finalidad garantizar la operatividad y la evolución tecnológica continua de los submarinos S-80 en servicio, así como de las instalaciones y sistemas necesarios para asegurar su sostenimiento. La complejidad técnica de estas unidades exige una adaptación permanente a los avances tecnológicos y un mantenimiento que permita alcanzar los máximos niveles de disponibilidad y fiabilidad.

El valor estimado de la Orden de Ejecución asciende a 2.373.613,000 €.

Defensa

CONTRATO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL MISIL DE CRUCERO TAURUS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la modernización del misil de crucero TAURUS (MLR/MLU-II).

El objetivo de esta contratación es realizar la segunda modernización de la actual flota de misiles de crucero TAURUS, con el fin de extender su operatividad más allá de 2040.

El contrato tendrá un valor estimado de 65.000.000 euros, distribuidos en 6 anualidades.

Defensa

CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL PARA EL PROGRAMA TAURUS NEO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de servicios de capacitación de la industria nacional para el programa TAUROS NEO.

Este programa es un programa europeo para desarrollo, modernización y adquisición de una nueva generación de misiles de crucero aire-tierra de largo alcance.

El TAURUS es un misil de crucero lanzado desde aeronaves, diseñado para atacar objetivos terrestres de alto valor, incluso cuando están protegidos por defensas aéreas o estructuras reforzadas, sin necesidad de introducir el avión lanzador en el espacio aéreo defendido por el adversario.

El valor estimado del contrato es de 480.000.000 €.

Defensa

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSA AÉREA DE ALTA MOVILIDAD Y ALTAS PRESTACIONES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones.

El objetivo de esta contratación es capacitar a las unidades de defensa antiaérea y antimisil de las Fuerzas Armadas para ser desplegadas, dando cobertura defensiva total contra amenazas de tal naturaleza.

El contrato tendrá un valor estimado de 3.396.694.214,88 euros, distribuidos en diez anualidades.

Defensa

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS CONTRA SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado la celebración del contrato para la adquisición de sistemas contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS), para satisfacer la necesidad de las Fuerzas Armadas para hacer frente a las amenazas que representa el empleo hostil de los UAS, tanto en territorio nacional como fuera de él.

Los UAS representan una amenaza para la defensa nacional y de las operaciones. Por lo tanto, las FAS deben estar preparadas para contrarrestarla, de ahí la necesidad de la celebración del presente contrato.

El valor estimado del contrato es 1.450.345.037,19 €.

Defensa

CONTRATO PARA EL DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MISIL DE LANZAMIENTO SUBMARINO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para el desarrollo, integración y adquisición de misil de lanzamiento submarino.

Esta contratación permitirá dotar a los submarinos S-80 de determinadas capacidades, de acuerdo con las necesidades operativas de la Armada que, además, responden a las directrices de la OTAN.

El contrato tendrá un valor estimado de 792.000.000 euros, distribuidos en 9 anualidades.

Defensa

CONTRATO PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NH90

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la modernización y desarrollo evolutivo de los helicópteros NH90.

Con este contrato se asegurará la operatividad y las necesarias actualizaciones de estas aeronaves, mediante su sostenimiento integral, de sus equipos y sus componentes.

Este contrato será adjudicado a Airbus Helicopters España como contratista principal en el programa modernización y desarrollo evolutivo NH90.

El valor estimado del contrato es de 996.000.000 euros.

Hacienda

AUTORIZADA UNA TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA AYUDAR A LOS TITULARES DE PÓLIZAS DE SEGURO DE LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR LOS INCENDIOS DE 2026

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de seis millones de euros, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para financiar las ayudas de concesión directa para apoyar a los titulares de pólizas contratadas en el marco del sistema de seguros agrarios combinados por los daños producidos sobre la actividad agraria por los incendios acaecidos en el año 2026.

Para paliar las consecuencias de los incendios, el Consejo de Ministros ha aprobado, con fecha 20 de octubre de 2026, un Real Decreto que regula una línea de ayudas de carácter excepcional destinada a las explotaciones agrarias afectadas por los incendios acaecidos en el año 2026 cuyos titulares hayan suscrito pólizas del seguro agrario combinado y hayan resultado indemnizables por este riesgo, con el fin de complementar una parte adicional del coste de la prima y subvenir las pérdidas adicionales asociadas a dichos fenómenos.

En concreto, el Real Decreto contempla un mecanismo de apoyo directo a los productores primarios afectados por tales incendios, de modo que los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan presentado daños por incendios puedan recibir una ayuda directa y extraordinaria para paliar sus efectos. Las ayudas se modulan en función del tipo de producción con el fin de compensar tanto los daños no cubiertos por el seguro agrario, teniendo en cuenta las franquicias y demás condiciones previstas en la póliza, como aquellos perjuicios que no se limitan a los aspectos susceptibles de aseguramiento, sino que atienden a efectos indirectos y generales.

En la memoria se manifiesta que estas necesidades tienen carácter ineludible e inaplazable ya que es necesario proceder a la concesión de esta ayuda en el ejercicio 2026 con el fin de paliar los daños sufridos en este año, así como contribuir de forma urgente a la recuperación de las infraestructuras agrícolas y ganaderas, de tal forma que sea posible recuperar la capacidad productiva de los bienes afectados por los incendios y no se vea comprometida la viabilidad económica de las explotaciones.

Hacienda

SE AUTORIZA A LA FNMT A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COSPELES PARA MONEDA CIRCULANTE DE UN EURO

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Entidad Pública Empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) la contratación, mediante acuerdo marco, del suministro de cospeles (discos de metal dispuesto para ser acuñado en la fabricación de las monedas) para la acuñación de moneda circulante de un euro, con un importe estimado de 42 millones de euros (IVA excluido).

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es la única entidad habilitada para acuñar moneda circulante en España, de acuerdo con las necesidades establecidas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de conformidad con el Banco de España en la Comisión de Moneda.

Con el fin de poder cumplir esta labor oficial, la FNMT-RCM necesita disponer de un instrumento que agilice y racionalice la adquisición de cospeles conforme a unas necesidades que son cambiantes.

El volumen de emisión ha aumentado en los últimos años y, en concreto, ha mantenido una cantidad considerable de acuñación de monedas de 1 euro que se ha incrementado tras la última revisión de junio para 2026, y con una previsión inicial de este facial de 127 millones de unidades, con posibilidades de aumento para 2027.

Asimismo, dada la situación de los mercados de materias primas en general, y metales en particular, se considera apropiado tramitar un acuerdo marco que permite una mayor racionalización y agilidad en el sistema de adquisiciones de esta materia prima, evitando interrupciones en el suministro que pudieran afectar a los compromisos existentes.

En este contexto, el Consejo Rector de la FNMT-RCM ha acordado elevar al Consejo de Ministros, para su autorización, la iniciación de un expediente de contratación de un acuerdo marco para el suministro de los cospeles para la fabricación de moneda circulante de un euro por un valor estimado de 42 millones de euros (sin IVA), con una duración de 24 meses desde su formalización y sin posibilidad de prórroga.

Hacienda

SE AUTORIZA LA TRAMITACIÓN DE DOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), organismo público adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la tramitación de dos expedientes de contratación de servicios de toma y análisis de muestras.

La CELAD iniciará, en el presente ejercicio presupuestario, la tramitación de la prórroga para 2027 del contrato de prestación del servicio de toma de muestras para los controles antidopaje en competición, por importe de 371.157,17 euros. Esta prórroga resulta necesaria para garantizar la continuidad de los controles previstos en el plan de distribución presentado ante la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y su fecha de inicio viene determinada por el vencimiento del contrato vigente, el 17 de noviembre de 2026.

Asimismo, se tramitará anticipadamente, mediante procedimiento abierto, la contratación del servicio de análisis de muestras procedentes de los controles antidopaje, por importe de 200.872,10 euros, con fecha de inicio para el 1 de febrero de 2027. Esta contratación responde a las limitaciones temporales de la capacidad operativa del Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid durante 2026, que obligaron a recurrir a laboratorios externos acreditados o aprobados por la AMA. Su finalidad es garantizar la continuidad del análisis de las muestras obtenidas en los controles.

A fecha de elaboración del presente expediente, constan créditos retenidos por importe de 1.664.833,22 euros para el ejercicio 2027, de 102.163,11 euros para el ejercicio 2028 y de 21.838,67 euros para el ejercicio 2029.

Los nuevos compromisos que deben atenderse en el ejercicio 2027, derivados de los dos expedientes de contratación citados, ascienden a un total de 572.029,27 euros.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que en la aplicación presupuestaria citada se supera para 2027 el límite previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público por lo que se solicita el aumento de dicho límite, según el detalle expuesto en la propuesta, de acuerdo con el siguiente resumen:

18.303.336ªCrédito retenidoNuevas necesidadesNuevo límite solicitado
Año 20271.664.833,22572.029,272.236.862,49
Año 2028102.163,110,00102.163,11
Año 202921.838,670,0021.838,67

Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se somete el presente Acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros en los términos previstos en la propuesta.

Hacienda

AUTORIZADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA FORMALIZAR UN CONVENIO SOBRE EL CENTENARIO DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 1929 DE BARCELONA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo la formalización de un convenio de colaboración con el Consorcio Centenario de la Exposición Internacional de 1929.

El 11 de diciembre de 2023, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y Fira Internacional de Barcelona suscribieron un Protocolo de colaboración y constituyeron posteriormente el Consorcio Centenario de la Exposición Internacional de 1929. BCN2029, entidad encargada de la gestión y ejecución de las actuaciones vinculadas a la celebración de dicho evento.

Asimismo, el 20 de junio de 2025 se formalizó la participación de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR), en los actos conmemorativos del Centenario de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 mediante la suscripción del denominado protocolo general.

Con posterioridad, y con el fin de definir el marco de cooperación, ordenar la participación del departamento y respaldar el desarrollo de las iniciativas contempladas en el programa conmemorativo del Centenario, el MINTUR y el Consorcio han promovido la tramitación de un convenio de colaboración.

Las actuaciones previstas en dicho convenio tienen por objeto la concepción, promoción, ejecución y divulgación de medidas dirigidas a fortalecer la dimensión tecnológica, empresarial, territorial e internacional del programa MONJUÏC'29, como mecanismo para la valorización y proyección del legado de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.

Los compromisos asumidos por las partes, establecidos en las cláusulas tercera, cuarta y quinta del convenio, incorporan obligaciones económicas para el Ministerio de Turismo con efectos hasta el año 2029, de acuerdo con el siguiente desglose (importes en euros):

Anualidad Importe

2027 500.000

2028 750.000

2029 1.750.000

TOTAL 3.000.000

Dado que la aplicación 'Al Consorcio Centenario de la Exposición Internacional 1929' carece de dotación inicial a nivel de vinculación en el presupuesto vigente para el año 2026, de conformidad con la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

Hacienda

AUTORIZADA LA MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE GASTO PARA REPROGRAMAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SATÉLITE NG III

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la reprogramación de anualidades del programa SATCOM SPAINSAT NG para cubrir la fabricación, lanzamiento, pruebas y entrada en operación del satélite NG III.

El 11 de julio de 2019 se firmó el contrato administrativo especial de la Administración con HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A. para la adquisición de las nuevas capacidades ubicadas en los satélites SPAINSAT NG I y II, estando prevista la entrada en servicio en 2023 y su finalización en 2037.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2020 y el 20 de mayo de 2025, el Consejo de Ministros autorizó la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros.

Ello permitió al Ministerio de Defensa, en primer lugar, reprogramar las anualidades de dicho contrato, cambiándose la planificación inicial (de 2023 a 2037) al período comprendido entre los años 2024 a 2040 y, en segundo lugar, modificar el plan de pagos del contrato administrativo especial referido por el retraso en la entrada en operación del SPAINSAT NG I al 1 de julio de 2025 y del SPAINSAT NG II al 1 de marzo de 2026.

En la actualidad se va a proceder a la fabricación, lanzamiento, pruebas y entrada en operación del satélite NG III, que cumple con todos los requisitos definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Expediente "Renovación de la capacidad de comunicaciones por satélite de la actual constelación de satélites SPAINSAT y XTAR-EUR" y estará compuesto por un satélite Geoestacionario sobre la misma plataforma EUROSTAR NEO de los satélites SPAINSAT-NG I y II, si bien presenta algunas evoluciones tecnológicas, tras haber pasado más de 10 años desde que se ofertaron los satélites NG I y II.

En línea con lo anterior, se requiere una financiación adicional por importe total de 361.084.423,01 euros, con el siguiente desglose por anualidades:

AñoReprogramación satélites anteriores

Satélite

SPAINSAT NG III

Financiación

adicional

2027-41.931.941,27 -41.931.941,27
2028-41.931.941,27 -41.931.941,27
2029-41.931.941,27 -41.931.941,27
2030-41.931.941,27 -41.931.941,27
2031 18.392.706,1318.392.706,13
2032 18.392.706,1318.392.706,13
2033 18.392.706,1318.392.706,13
2034 18.392.706,1318.392.706,13
2035 18.392.706,1318.392.706,13
2036 18.392.706,1318.392.706,13
2037 18.392.706,1318.392.706,13
2038 18.392.706,1318.392.706,13
2039 29.879.418,4629.879.418,46
2040-46.265.924,6676.464.418,4630.198.493,80
2041 67.106.590,5467.106.590,54
2042-5.424.788,2764.977.706,1359.552.917,86
2043 64.977.706,1364.977.706,13
2044 64.977.706,1364.977.706,13
2045 64.977.706,1364.977.706,13
Total-219.418.478,01580.502.901,02361.084.423,01

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta los compromisos asumidos por el Ministerio de Defensa, los importes totales de los compromisos de gasto a adquirir con cargo a la aplicación presupuestaria 'Arrendamientos y cánones', según nivel de vinculación, para los ejercicios 2027 a 2045, pasan a ser los que se detallan a continuación:

AñoCompromisos ACM 20/5/2025Reprogramación satélites anteriores

Satélite

SPAINSAT NG III

Total Compromisos
2027106.480.000,00-41.931.941,27 64.548.058,73
2028103.152.500,00-41.931.941,27 61.220.558,73
202993.170.000,00-41.931.941,27 51.238.058,73
203093.170.000,00-41.931.941,27 51.238.058,73
2031115.875.145,83 18.392.706,13134.267.851,96
2032170.367.495,83 18.392.706,13188.760.201,96
2033202.154.700,00 18.392.706,13220.547.406,13
2034202.154.700,00 18.392.706,13220.547.406,13
2035202.154.700,00 18.392.706,13220.547.406,13
2036202.154.700,00 18.392.706,13220.547.406,13
2037202.154.700,00 18.392.706,13220.547.406,13
2038202.154.700,00 18.392.706,13220.547.406,13
2039190.667.987,67 29.879.418,46220.547.406,13
2040190.348.912,33-46.265.924,6676.464.418,46220.547.406,13
204186.279.554,17 67.106.590,54153.386.144,71
204231.787.204,17-5.424.788,2764.977.706,1391.340.122,03
2043 64.977.706,1364.977.706,13
2044 64.977.706,1364.977.706,13
2045 64.977.706,1364.977.706,13

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se somete este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros en los términos previstos en la propuesta.

Hacienda

SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE DEFENSA CONTRATACIONES EN EL CENTRO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de permitir al Ministerio de Defensa la tramitación de diversos expedientes de contratación del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) es el órgano directivo dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa al que le corresponde la planificación, desarrollo, programación y gestión de las políticas relativas a los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones (CIS/TIC), la transformación digital, la gestión de datos, información y conocimiento y la seguridad de la información, así como la supervisión y dirección de su ejecución.

Asimismo, le corresponde la provisión segura de los servicios de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) y de las actuaciones de ciberseguridad para la protección de esta infraestructura y de la información que procesa y gestiona.

Con el fin de consolidar la seguridad en los CIS/TIC, a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberataques, en línea con la nueva y recientemente publicada Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa y con la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, resulta necesario atender el Acuerdo Marco de Ciberseguridad de la I3D y los contratos basados que se prevé ejecutar en el primer trimestre de 2027, cifrado en 18 millones de euros para 2027.

Teniendo en cuenta las nuevas necesidades referidas anteriormente y los compromisos ya asumidos por el Ministerio de Defensa, el total de compromisos de gasto a adquirir con cargo a la aplicación 'Inversiones reales' para el ejercicio 2027, según nivel de vinculación, son los que se detallan a continuación (en euros):

2027
Compromisos adquiridos56.715.904,00
Nuevas necesidades18.000.000,00
Compromisos totales74.715.904,00

Por todo ello, dado que se superan los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros de la anualidad 2027.

Hacienda

SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA, AFECTADAS POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ejecución de las medidas de recuperación de la capacidad productiva en Andalucía y Extremadura, afectadas por diversos fenómenos meteorológicos.

Estas medidas de recuperación están recogidas en el artículo 12 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las citadas comunidades autónomas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 10 de febrero de 2026, acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los distintos territorios afectados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura ha supuesto una primera respuesta a la situación provocada por la catástrofe.

Concretamente, el artículo 12 recoge las medidas de recuperación de la capacidad productiva a través de la restauración de caminos e infraestructuras asociadas y recuperación de comunidades de regantes afectadas.

Para financiar estas medidas en materia agraria, se aprueba un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por importe de 600 millones de euros que tiene naturaleza de ampliable e incorporable.

Como consecuencia de la gran extensión de los terrenos afectados, de la magnitud y gravedad de los daños, y teniendo en cuenta que el ritmo de ejecución debe acoplarse a la actividad económica y social de la zona, se estima que las actuaciones de emergencia tendrán una duración de 24 meses, abarcando las anualidades de 2026, 2027 y 2028.

Dada la extensión territorial de los daños que deben valorarse y las necesidades de organización de dichas valoraciones, el inicio de las actuaciones se ha visto retrasado hasta el mes de noviembre de este ejercicio. En consecuencia, la distribución prevista del gasto es la siguiente (importes en euros):

Previsión de ejecución en 2026: 8.444.099,61 euros.

Previsión de ejecución en 2027: 387.262.731,83 euros.

Previsión de ejecución en 2028: 204.293.168,56 euros.

TOTAL: 600.000.000 euros.

Dado que dicha aplicación presupuestaria carece de crédito inicial, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en las anualidades de 2027 y 2028 de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

Hacienda

SE AUTORIZA A A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO LA FINANCIACIÓN DE DIVERSAS INVERSIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil la financiación de diversas actuaciones a través de su Capítulo 6 'Inversiones reales'.

Gran parte de la actividad inversora de este Organismo Autónomo se desarrolla en el marco de convenios interadministrativos, fundamentalmente con entidades locales. En el programa 'Gestión e infraestructuras del agua' se incluyen convenios referidos a la restauración y recuperación ambiental de cauces y márgenes, y otras actuaciones en infraestructuras hidráulicas.

De esta forma, se ha realizado una revisión pormenorizada de la situación de cada convenio y contrato aprobado o en trámite, así como el análisis de las necesidades futuras, y a partir de este análisis se ha definido un nuevo calendario de ejecución para los convenios que así lo requieren.

Por otra parte, el desarrollo de otras actuaciones propias, derivadas del desarrollo del programa de medidas del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Miño-Sil, hace necesaria la puesta en marcha de nuevos proyectos, ya de forma directa, ya a través de la firma de nuevos convenios de colaboración.

El detalle de todas estas actuaciones viene recogido en la documentación aportada al expediente.

En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', según nivel de vinculación, es la siguiente (en euros):

2027202820292030
Compromisos adquiridos15.433.185,1412.031.013,1710.048.524,220,00
Compromisos por adquirir4.367.581,268.315.660,03773.017,202.316.745,52
Compromisos totales19.800.766,4020.346.673,2010.821.541,422.316.745,52

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria descrita, para las anualidades de 2027, 2028 y 2029.

Hacienda

SE AUTORIZA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CCAA AFECTADAS POR DIVERSAS EMERGENCIAS ENTRE MARZO Y JULIO DE 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por las emergencias de protección civil de distinta naturaleza acaecidas entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 en diversas comunidades autónomas.

Dichas comunidades son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Asturias.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local ha sido el centro directivo que ha solicitado autorización para fijar los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. Declaraciones ZAGEPC 2026', a fin de posibilitar la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por las emergencias de protección civil de distinta naturaleza acaecidas entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026, no existiendo crédito inicial en el presupuesto aprobado para 2023, prorrogado para el año 2026.

El acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de julio de 2026 establece un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de la zona siniestrada.

Teniendo en cuenta la previsión de plazos, está previsto que la convocatoria de ayudas se produzca en el cuarto trimestre de 2026, mientras que la resolución de asignación de las subvenciones, así como el inicio de su ejecución presupuestaria se realizará en el ejercicio 2027, prolongándose esta última fase hasta el ejercicio 2031. La convocatoria tendrá un importe total máximo de 18.560.253,09 euros con el siguiente detalle de compromisos anuales:

Año Importe en euros

2027 6.496.088,58

2028 4.640.063,27

2029 2.784.037,96

2030 2.320.031,64

2031 2.320.031,64

TOTAL 18.560.253,09

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de junio de 2026 ya se autorizaron límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por las emergencias de protección civil de distinta naturaleza acaecidas entre el 10 de febrero y el 30 de marzo de 2026 en las Comunidades Autónomas de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País Vasco, Asturias y Región de Murcia.

Dicha convocatoria, también está financiada con cargo a la misma aplicación presupuestaria. Por tanto, el detalle de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en dicha aplicación, sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:

Años

Compromisos

anteriores

(ACM 23/06/2026)

Nuevos compromisosTotal
202760.403.735,486.496.088,5866.899.824,06
202844.134.842,854.640.063,2748.774.906,12
202927.865.950,202.784.037,9630.649.988,16
203025.062.849,162.320.031,6427.382.880,80
203125.987.872,502.320.031,6428.307.904,14
TOTAL183.455.250,1918.560.253,09202.015.503,28

Dado que dicha aplicación presupuestaria carece de crédito inicial para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a los que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto en las anualidades de 2027 a 2031 de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

Hacienda

SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE TRANSPORTES LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CARRETERAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de permitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo diversas actuaciones en materia de carreteras.

Con el fin de poder dar cumplimiento a los objetivos para el año 2026 de la Dirección General de Carreteras resulta imprescindible iniciar la licitación y prorrogar una serie de actuaciones que permitan mantener el tráfico en toda la Red de Carreteras del Estado en unas condiciones de seguridad vial, calidad y nivel de servicio adecuado, así como preservar el patrimonio viario de la pérdida de valor derivada de su uso y obsolescencia.

De esta forma, entre 2027 y 2042 se llevarán a cabo reajustes de obras, reajustes de servicios, reajustes de convenios, además de modificados de obras, reprogramaciones de contratos y también obras y servicios nuevos que se deben licitar.

Partiendo de los nuevos compromisos de gasto necesario señalados y teniendo en cuenta las retenciones de crédito ya existentes, se obtienen las siguientes necesidades de compromisos de gasto para ejercicios posteriores:

Compromisos de gasto202720282029203020312032
Crédito retenido745.323.522,57633.940.475,46590.530.197,23364.731.201,34237.739.775,2950.647.186,92
Nuevas actuaciones26.622.783,2638.022.538,4639.524.091,28224.905.853,60198.170.125,6145.751.430,16
Total compromisos gasto771.946.305,83671.963.013,92630.054.288,51589.637.054,94435.909.900,9096.398.617,08
Compromisos de gasto203320342035203620372038
Crédito retenido39.755.171,3440.431.009,2641.118.336,4141.817.348,1342.528.243,0543.251.223,18
Nuevas actuaciones14.141.577,6614.381.984,7414.626.478,5914.875.128.8715.128.005,9515.385.ñ181,82
Total compromisos gasto53.896.749,0054.812.994,0055.744.815,0056.692.477,0057.656.249,0058.636.405,00
Compromisos de gasto2039204020412042
Crédito retenido43.986.493,9844.734.264,3745.494.746,8733.131.834,21
Nuevas actuaciones15.646.730,0215.912.724,6316.183.241,8828.146.151,54
Total compromisos gasto59.633.224,0060.646.989,0061.677.988,7561.277.985,75

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para los años 2027 a 2030 y el número de anualidades de 2031 a 2042.

Hacienda

SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA EN CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo diversas actuaciones en el sector ferroviario.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Sector Ferroviario, ha solicitado dicha modificación en la aplicación presupuestaria 'A la Generalitat de Catalunya para la ejecución de intercambiadores entre la red ferroviaria de interés general y la red autonómica', a fin de llevar a cabo diversas actuaciones en el sector ferroviario.

Con fecha de 25 de noviembre de 2025 se firmó el convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Administración de la Generalitat de Cataluña y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la ejecución de dos intercambiadores entre la Red Ferroviaria de Interés General y la Red de la Generalitat de Cataluña, en desarrollo de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

El objetivo principal es la mejora de la funcionalidad de la línea 02-246 Castellbisbal (Agujas Rubí) - Mollet Sant Fost, sobre la que se presta el servicio de Rodalies de Cataluña R8, entre Martorell y Granollers sin pasar por la ciudad de Barcelona, para que se convierta en una línea vertebradora del transporte público entre las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental.

Para ello, se ejecutarán los dos nuevos intercambiadores siguientes:

  • Nuevo intercambiador con la estación de Hospital General de la línea S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña.
  • Nuevo intercambiador con la estación de Volpelleres de la línea S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña.

De acuerdo con el convenio, la ejecución de las actuaciones por parte de la Generalitat de Cataluña se estima en un máximo de 20 millones de euros, siendo su financiación asumida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En este contexto, el 19 de octubre de 2026 se ha reunido la comisión de seguimiento del convenio para reajustar las anualidades del mismo, según las siguientes anualidades e importes:

Año2025202620272028Total
Nuevas anualidades MITMS (€)500.000-17.000.0002.500.00020.000.000

Al no estar contemplada esta aplicación en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para el año 2026, fue necesaria su creación durante el presente ejercicio, y con tal fin, el 17 de febrero de 2026 se autorizó una transferencia de crédito por importe de nueve millones de euros.

Asimismo, actualmente los compromisos máximos de gasto de los años 2027 y 2028 son los resultantes del acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 1 de julio de 2025.

A la vista de cuanto antecede, la Dirección General del Sector Ferroviario ha incoado el presente expediente de solicitud de autorización para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros con el detalle que se recoge a continuación:

Año Compromiso máximo a adquirir

2027 17.000.000

2028 2.500.000

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicita autorización del Consejo de Ministros destinada a elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en las anualidades 2027 y 2028.

Hacienda

SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE INDUSTRIA EL ENCARGO Y LA REPROGRAMACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS DE AYUDAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo acometer y reprogramar diversos encargos para la gestión de diversos programas de ayudas.

El 28 de abril de 2026, al amparo de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros autorizó los límites vigentes de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria citada. Dichos límites estaban asociados a cuatro encargos destinados al apoyo en la gestión de diversos programas de ayudas, con el detalle que se muestra a continuación (importes en euros):

Objeto del contrato (compromisos existentes)Año
2027
Encargo para seguimiento de proyectos de inversión industrial (REINDUS).843.566,65
Encargo seguimiento ejecutivo PERTES.456.221,32
Adenda Encargo seguimiento ejecutivos PERTES.1.368.390,00
Encargo Programa AUTO+.3.669.411,00
Total6.337.588,97

Sin embargo, conforme ha avanzado la ejecución de los distintos programas y encargos, la Dirección General de Programas Industriales (DGPI) ha efectuado una nueva evaluación del grado real de ejecución de los encargos, ajustando las previsiones inicialmente contempladas. Como consecuencia, se han redistribuido las anualidades previstas y se han suprimido determinadas actuaciones que se habían estimado necesarias en un primer momento.

Asimismo, para la gestión del PLAN REINICIA AUTO+, la DGPI suscribió un convenio de colaboración con TRAGSATEC cuya conclusión estaba prevista para octubre del año 2026. No obstante, los trabajos de análisis, comprobación y validación están requiriendo un plazo superior al inicialmente estimado, lo que hace preciso formalizar un nuevo encargo que permita dar continuidad durante el ejercicio 2027 a las labores de tramitación, revisión y cierre de los expedientes que permanezcan pendientes.

Al objeto de satisfacer los reajustes y las necesidades expuestas anteriormente, se precisa elevar los límites plurianuales para atender los encargos que se reflejan a continuación (importes en euros):

Objeto del contrato (necesidades actualizadas)Año
2027
Encargo para seguimiento de proyectos de inversión industrial (REINDUS).365.512,96
Encargo seguimiento ejecutivo PERTES.1.245.813,16
Encargo para Programa Auto +.4.948.710,24
Encargo para Plan Reinicia AUTO +.598.399,47
Total7.158.435,83

Dado que la aplicación 'Material, suministros y otros', carece de dotación inicial a nivel de vinculación en el presupuesto vigente para el año 2026, de conformidad con el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria se solicita autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros por valor de 7.158.435,83 euros para 2027.

Hacienda

AUTORIZADA LA MODIFICACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLAR INVERSIONES EN CARRETERAS EN PLASENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de permitir a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo diversas actuaciones en materia de carreteras.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General Carreteras, ha solicitado autorización para modificar dichos límites en la aplicación presupuestaria 'A la Junta de Extremadura para adecuación N-630A (Tramo: Av. de España y Av. Martín Palomino. Plasencia)', que cuenta con un crédito inicial de 500.000 euros, a fin de llevar a cabo diversas actuaciones en materia de carreteras.

El Real Decreto 1085/2025, de 3 de diciembre, regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Extremadura para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia.

El 27 de diciembre de 2025, el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible dictó resolución para la concesión de dicha subvención, cuyo importe máximo asciende a seis millones de euros, con la siguiente distribución de anualidades:

Año20252026Total
Importe (€)500.0005.500.0006.000.000

No obstante, el 28 de septiembre de 2026, la Dirección General de Carreteras recibió comunicación, por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la imposibilidad de justificar el importe correspondiente al pago de la anualidad de 2025, por encontrarse en curso el procedimiento de licitación de las obras.

Debido a dicha imposibilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 del mencionado Real Decreto, se suspendió el segundo de los pagos hasta la correcta justificación de la ejecución del primero. Por tal motivo, la Junta de Extremadura solicitó, con base en lo establecido en el artículo 9.3, la adaptación de las anualidades vigentes sin aumentar el plazo de ejecución, que continúa siendo hasta el 31 de diciembre de 2028.

Como consecuencia de lo anterior, se ha dictado una resolución del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se modifican las anualidades previstas en el artículo 9.1 del Real Decreto 1085/2025, de 3 de diciembre, con la citada distribución:

Año202520262027Total
Importe (€)500.0000,005.500.0006.000.000

De esta forma, las necesidades de compromisos de gasto para ejercicios posteriores, en concreto para 2027, es de 5,5 millones de euros.

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado autorización del Consejo de Ministros destinada a elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la anualidad de 2027.

Interior

DESCLASIFICADA LA DOCUMENTACIÓN POLICIAL RELACIONADA CON EL ASESINATO EN LA MANIFESTACION PRO-AMNISTIA DEL 23 DE ENERO DE 1977

El Consejo de Ministros ha desclasificado la documentación existente en los archivos de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relacionados con el asesinato de Arturo Ruiz García, estudiante y albañil de 19 años asesinado en Madrid el 23 de enero de 1977 por un grupo ultraderechista, documentación que será entregada a su familia en los próximos días.

La desclasificación y entrega de estos documentos fue solicitada al Ministerio del Interior por Miguel Angel Ruiz García, hermano de la víctima que también presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el que reclama información sobre los presuntos autores del crimen, huidos de la Justicia desde entonces.

El contenido y naturaleza de dicha documentación había sido clasificada de forma genérica como 'secreto' por dos acuerdos del Consejo de Ministros adoptados en noviembre de 1986 y en febrero de 1996, que otorgaron esa categoría a todo lo relacionado con la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información policiales, en especial los relacionados con la lucha antiterrorista.

El Ministerio del Interior considera que por la naturaleza y contenido de la información disponible y el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos no concurren razones de seguridad pública que impidan proceder a la desclasificación de la documentación solicitada por don Miguel Ángel Ruiz García y ponerla a su disposición".

En respuesta a esta solicitud, el Consejo de Ministros ha desclasificado oficios y atestados policiales relacionados con quienes en su día fueron señalados como posibles responsables del atentado contra Arturo Ruiz, los ultraderechistas Jose Ignacio Fernández Guaza, Jorge Cesarsky Goldenstein, Ángel Sierra Sanchez y Stefano Delle Chiae.

Interior

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS POLICIALES

El Consejo de Ministros ha acordado elevar hasta los 731 millones de euros la programación del presupuesto ordinario que el Ministerio del Interior destinará a mejorar las infraestructuras policiales en un periodo que se amplía hasta 2034.

El acuerdo modifica la anterior programación aprobada por el Gobierno en diciembre de 2025 y que ascendía a 262,8 millones de euros para acometer 130 proyectos hasta 2029.

Con el nuevo presupuesto, que crece en 468 millones de euros respecto del original (un 177 por ciento más), la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad ha proyectado un conjunto de 302 proyectos de construcción, reforma, mejora, ampliación, rehabilitación o mejora de la eficiencia energética de comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil.

Como en la anterior ocasión, estas 302 obras serán consideradas 'de interés general', lo que permitirá tramitarlas por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, lo que impedirá que se vean paralizadas, dificultadas o retrasadas por el planeamiento urbanístico o por las competencias municipales en materia de intervención en la edificación y uso del suelo. Las actuaciones podrán comenzar un mes después de ser comunicadas a la administración competente aunque carezcan de la correspondiente licencia municipal.

302 actuaciones programadas

De las 302 intervenciones programadas, la Secretaría de Estado de Seguridad financiará con cargo a sus presupuestos 33 de ellas, con una inversión superior a los 101,8 millones de euros.

Entre ellas, destacan la construcción de nuevas comisarías de Policía en Alcantarilla (Murcia), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Gandía (Valencia) o una residencia en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), así como nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Los Yébenes (Toledo), Santanyí (Mallorca) o la construcción nuevos equipamientos en el Centro Adiestramiento Específico de Montaña de Candanchú (Huesca).

Por su parte, la Dirección General de la Policía asume cien actuaciones por un importe de 164,4 millones de euros financiados con sus propios presupuestos. Entre los proyectos incluidos destacan la construcción de nuevas comisarías en Almería, Marín (Pontevedra), Valdebebas y Vicálvaro (Madrid), Jaca (Huesca), Medina del Campo (Valladolid), así como la rehabilitación de la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y la construcción nueva sede del Centro Universitario de Formación de Policía Nacional en Ávila.

La Dirección General de la Guardia Civil impulsarán 87 proyectos por importe de 174,7 millones de euros con cargo a sus propios presupuestos, entre las que se incluyen la construcción de nuevos acuartelamientos en Vera (Almería), Villarrobledo (Albacete), Benavente (Zamora), Algeciras (Cádiz), Calahorra (La Rioja), Cáceres, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga), así como un nuevo depósito de municiones en Valdemoro (Madrid).

Por último, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, asume 79 obras con una inversión total superior a los 298,8 millones de euros.

Entre ellas figuran nuevas dependencias de Policía Nacional en Jaca (Huesca) y el distrito Nervión de Sevilla, así como nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en Miguelturra (Ciudad Real) en Mijas y en la ciudad de Málaga.

1.600 millones

Los 731 millones de euros de inversión en infraestructuras policiales aprobados por el Consejo de Ministros se suman a los 900 millones que financia el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado Extraordinario 2026-2034 (PLISE II) aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo.

Para ese periodo, el Ministerio del Interior contará por tanto con más de 1.600 millones de euros para inversión en mejora de infraestructuras policiales, a los que hay que añadir otros aportes financieros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), El Programa de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV) de la Unión Europea, así como el régimen de ayudas previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), en vigor desde el pasado mes de mayo.

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación administrativa del II PLISE que habilita a la Secretaría de Estado de Seguridad para revisar y modificar los presupuestos de cada uno de los proyectos si fuese necesario, siempre que estos cambios no modifiquen el marco financiero que sustenta el plan, una medida que agilizará la ejecución de las obras.

Industria y Turismo

AJUSTE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE HELICÓPTEROS TIGRE MKIII

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Real Decreto 1009/2022, regulador de la concesión directa de un préstamo a Airbus Helicopters España para el desarrollo del programa de los helicópteros Tigre MKIII. La modificación responde al ajuste en la ejecución del programa y permite acompasar el calendario de los libramientos de financiación a las necesidades reales del proyecto.

La norma mantiene inalterado el importe total de la financiación, que asciende a 707,5 millones de euros, si bien redistribuye las anualidades previstas hasta 2030. Asimismo, amplía las circunstancias que permiten solicitar modificaciones en la orden de concesión o en los plazos de ejecución, incluyendo causas sobrevenidas, cambios en los acuerdos suscritos para el desarrollo del programa y supuestos de fuerza mayor.

Esta actuación se enmarca en la colaboración entre el Ministerio de Industria y Turismo y el Ministerio de Defensa para impulsar programas estratégicos de modernización y desarrollo de capacidades de interés para la defensa, un ámbito reforzado mediante el Protocolo General de Actuación firmado por ambos departamentos en marzo de 2026.

La modificación aprobada no tiene impacto presupuestario, ya que no altera el volumen total de financiación comprometido, sino únicamente su distribución temporal.

Política Territorial y Memoria Democrática

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA PRECEPTOS DE LA LEY 5/2026, DE MEDIDAS FISCALES, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y DE ORGANIZACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA

El Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que promueva recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley 5/2026, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana.

El Gobierno invoca la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española, para la suspensión de algunos de los preceptos impugnados de la Ley autonómica.

Fundamentos jurídicos del recurso

De los doscientos artículos de la Ley 5/2026 se impugnan dieciséis, agrupables en cinco bloques:

1º) Principio de «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda y prestaciones sociales

Los preceptos condicionan el acceso a la vivienda protegida, a la función social de la vivienda y a la renta valenciana de inclusión a periodos mínimos de residencia o empadronamiento (de cinco, diez o quince años, incluso de los ascendientes). Se estima que vulneran los artículos 14, 9.2, 13.1, 47 y 139 DE LA Constitución Española (CE) así como el artículo 149.1.1ª y 149.1.2ª de la Carta Magna, al contradecir los artículos 13, 14 y 32 de la LEY LOEX (conocida oficialmente como Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la Ley 15/2022 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no superar el juicio de proporcionalidad y al producir discriminación indirecta, afectando además a las víctimas de violencia de género. Se invoca igualmente el límite del poder de gasto autonómico y la contradicción con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Los artículos 44, 132 y 140 de la citada Ley se impugnan íntegramente y parcialmente los artículos 43, 45 y 46.

Desde el punto de vista de la compatibilidad de las medidas con el Derecho de la Unión, se advierte también que la Comisión Europea aborda esta cuestión en respuestas dadas a dos preguntas formuladas en el Parlamento Europeo respecto del principio de prioridad nacional, con esta advertencia: "Los residentes de larga duración de la UE tienen garantizada la igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de acogida en una serie de ámbitos enumerados exhaustivamente en el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, como las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social y los procedimientos para acceder a la vivienda. En este contexto, el Tribunal de Justicia de la UE ha aclarado que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido en el artículo 4 de dicha Directiva."

Por otro lado, la Ley valenciana excluye a los residentes que no sean de larga duración en el municipio o Comunidad Autónoma, aun siendo de nacionalidad española.

2º) Obligación de mantener el rostro descubierto

-Artículos 74, 89, 131, 157, 184 y 191 (ocultación del rostro e identificación visual). Los preceptos establecen, en los ámbitos del transporte, la función pública, la sanidad, la convivencia educativa, las policías locales y los espectáculos públicos, un régimen de identificación visual y de restricción de prendas que ocultan el rostro, con denegación de acceso, expulsión y sanción.

Motivos: se vulnera el artículo 81.1 de la CE, al afectar al ejercicio de la libertad religiosa (artículo 16 CE), materia reservada a ley orgánica; falta de proporcionalidad de la medida; invasión de la competencia estatal en materia de seguridad pública (149.1.29ª CE), en relación con el artículo 104.2 CE; y lesión de los artículos 14, 15 y 43 CE y de la competencia estatal en materia de sanidad (149.1.16ª CE), en relación con el artículo 3.2 de la Ley General de Sanidad y el artículo 15 de la Ley 15/2022, por el efecto disuasorio del acceso a centros sanitarios y de la cuantía de las sanciones. Los artículos 74, 89 y 131 se impugnan en su integridad; los artículos 157, 184 y 191, en algunos apartados.

3º) Igualdad de las personas lgtbi en el ámbito educativo

-Artículo 52 (igualdad de las personas LGTBI en los centros educativos). Modifica los apartados 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 24 de la Ley 23/2018, sustituyendo mandatos imperativos («incluirán», «integrarán», «organizarán») por previsiones potestativas, supeditando en algún caso la inclusión a la petición del consejo escolar y eliminando las referencias expresas a las personas LGTBI, las familias y los colectivos. Contradice la normativa básica dictada al amparo de los artículos 149.1.1ª y 149.1.30ª CE. Se reconoce que la referencia genérica a la igualdad en el nuevo apartado 5 es constitucionalmente admisible, siendo el reproche la supresión del programa de educación sexual que incluía la diversidad sexual, familiar y de género. Se invoca, como canon interpretativo (art. 10.2 CE), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General n.º 13 de su Comité.

4º) Derechos de la infancia y la adolescencia

-Artículo 143.Uno (derecho a la vida de los «no nacidos»). Al extender a los no nacidos la protección del «derecho a la vida» en el artículo 8 de la Ley 26/2018, el precepto atribuye una titularidad que, conforme a la doctrina constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 53/1985, 212/1996, 116/1999 y 44/2023), el artículo 15 CE reserva a los nacidos, pues la vida prenatal es un bien jurídico constitucionalmente protegido y no un derecho fundamental; altera el régimen de la personalidad jurídica (artículos 29 y 30 del Código Civil); y puede obstaculizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la legislación estatal, vulnerando los artículos 149.1.1ª y 149.1.16ª CE y afectando a la dignidad y la integridad de la gestante menor de edad (artículos 10.1 y 15 CE). Se impugna únicamente el inciso «no nacidos y».

-Artículo 151 (menús alternativos). La limitación de la obligación de ofrecer menús alternativos a las razones médicas, con supresión de las religiosas o culturales, produce una discriminación indirecta por razón de religión contraria al artículo 14 CE, a los artículos 2 y 4 de la Ley 15/2022 (149.1.1ª CE) y al artículo 10.2 del Real Decreto 315/2025 (149.1.16ª CE).

5º) Proyectos estratégicos de energías renovables

-Artículo 71 (proyectos energéticos prioritarios). Al permitir que el Consell declare «prioritarios» proyectos de generación o almacenamiento cuya aprobación corresponde a la Administración del Estado, y anudar a dicha declaración la tramitación de urgencia, la vinculación de los informes posteriores y la exención de reglas de ocupación del suelo, el inciso impugnado altera procedimientos estatales y predetermina las funciones del órgano sustantivo y ambiental estatal, vulnerando los artículos 149.1.13ª, 149.1.23ª y 149.1.25ª CE.

Política Territorial y Memoria Democrática

INFORME ACTUALIZADO DE LA SITUACIÓN EN CEUTA 10/11/2026

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe actualizado sobre la situación en la ciudad de Ceuta, a fecha de 10 de noviembre de 2026.

El domingo 8 de noviembre se desocupó el dispositivo de Poniente, en el recinto portuario, trasladando a 370 adultos a los centros de Loma Colmenar y Los Rosales y a 100 menores al dispositivo de Levante, también en el recinto portuario. A los 100 menores hay que sumar otros 204 menores, en total 304 menores no acompañados, que tienen que ser reubicados en el resto de dispositivos que la Administración General del Estado dispone en Ceuta, hasta que la ciudad autónoma tenga suficientes recursos para ellos, para lo que se le ha exigido la mayor celeridad.

Por otro lado, en este dispositivo de Levante, donde pernoctaban 800 personas, ayer, lunes 9, se procedió a trasladarlas al CATE para iniciar los procedimientos de identificación y triaje, devolución o protección internacional. La labor se desarrolló ayer y en las primeras horas de hoy martes, 10 de noviembre, finalizando el traslado de las personas que quedaban en dicho dispositivo.

De este modo, las dos parcelas del puerto han quedado desalojadas y se procederá al desmontaje de ambos dispositivos en el puerto de Ceuta.

Datos destacados a 10/11/2026

  •  MAYORES: Identificaciones y triajes a 6.569 personas
  •  MENORES: 3.668 en recursos de la ciudad autónoma

• Número de triajes de menores desde el 30 de julio: 474

  • RETORNOS: desde el 10 de agosto (expulsiones, devoluciones y retornos voluntarios): 16.116
  • AYUDAS AUTÓNOMOS Y PYMES: 1.352 ayudas concedidas. Suman 11,74 millones

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

AYUDAS A LAS FAMILIAS VULNERABLES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para ampliar la protección a las familias con más necesidades de apoyo a la crianza como son las familias monomarentales, las familias numerosas con pocos recursos económicos y las familias con una persona progenitora con una discapacidad y más de un hijo.

Se trata de una norma que va a beneficiar a más de 760.000 familias, cerca de 3 millones de personas, y que supondrá destinar más 820 millones de euros al año para estas familias.

La norma supone importantes ayudas para las familias monoparentales, también conocidas como monomarentales ya que, en España, más del 80% de estas familias son encabezadas por mujeres. Y se ha querido poner el foco en ellas, incluyendo medidas específicas de apoyo y protección, ya que los datos señalan que son las que tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Es lo que señaló la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2025), que los hogares integrados por una persona adulta con hijos o hijas presentan una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) del 50,6 %, casi el doble que el conjunto de la población (25,7 %).

Así, el Real Decreto-ley establece qué unidades familiares pueden ser consideradas como monoparentales, incluyendo no solo a quienes crían en solitario, sino también determinadas situaciones de guardia exclusiva, violencia de género o ausencia prolongada de uno de los progenitores. El objetivo es superar la actual fragmentación normativa y garantizar un reconocimiento homogéneo en todo el territorio nacional.

Por tanto, esta normativa crea un título oficial para familias monomarentales que reconozca su especial vulnerabilidad y que garantice una protección específica. Esta acreditación será válida ante cualquier administración o entidad pública o privada y permitirá acreditar esta condición para optar a los beneficios asociados en cualquier parte de España que consistirán en acceso prioritario a beneficios, ayudas y medidas de apoyo públicas; a medidas específicas en empleo, vivienda pública, conciliación y protección social; o a exenciones y bonificaciones de las administraciones públicas.

Además, la nueva norma supone, que las familias monomarentales con dos o más hijos vean equiparados los beneficios de su título al que tienen las familias numerosas, al considerar que las personas progenitoras con más de un hijo a cargo asumen mayores responsabilidades de crianza y cuidados. Asimismo, esta equiparación se traducirá en descuentos importantes en transporte público o mayor acceso a becas, entre otras medidas, tal y como disfrutan las familias con un título de numerosa.

Vivienda y Agenda Urbana

SE AUTORIZA LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 62 VIVIENDAS ASEQUIBLES EN EL CUARTEL DE INGENIEROS DE VALÈNCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, por parte de CASA 47, del contrato de ejecución de las obras de edificación de un bloque de 62 viviendas destinadas a alquiler asequible en la actuación residencial Cuartel de Ingenieros de València.

La Entidad Estatal de Vivienda podrá iniciar de forma inmediata los trámites para la licitación del contrato, cuyo valor estimado se ha fijado en 13.430.813,78 euros, impuestos excluidos, y será publicado próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El edificio, proyectado sobre la parcela P2 de la actuación, de 1.007 metros cuadrados, constará de tres fachadas exteriores, ocho plantas sobre rasante y dos plantas de sótano para aparcamiento y espacios comunes. Se prevé la construcción de 2 viviendas de un dormitorio, 48 de dos dormitorios y 12 de tres dormitorios, incluyendo cuatro de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Esta actuación prevé ejecutar las obras de edificación incorporando soluciones que combinan calidad arquitectónica, eficiencia energética y elementos de industrialización de la construcción.

Igualdad

IV PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

El Consejo de Ministros ha aprobado el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (IV PEIEMH), una hoja de ruta que el Gobierno considera esencial para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres hasta 2029.

El IV PEIEMH da continuidad a los anteriores planes estratégicos de igualdad, consolida los avances alcanzados e incorpora nuevas respuestas ante las formas de desigualdad y discriminación que han adquirido especial relevancia en los últimos años.

El plan se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: gobernanza y acción política; economía, empleo y reorganización de los cuidados; derechos efectivos para las mujeres; y lucha contra la violencia machista. Estos ejes se concretan a su vez en 16 líneas de intervención, 34 objetivos específicos y más de 750 medidas, que permiten trasladar las prioridades de igualdad a actuaciones concretas en los distintos ámbitos de la Administración General del Estado.

En cumplimiento del mandato establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el plan establece un marco común para orientar y coordinar la actuación de los departamentos ministeriales e incidir en la incorporación de la igualdad de forma transversal al conjunto de las políticas públicas.

El IV Plan Estratégico responde a dos grandes prioridades: consolidar y reforzar las políticas públicas de igualdad desarrolladas en los últimos años y avanzar en nuevas respuestas institucionales frente a los desafíos emergentes y las nuevas formas de desigualdad y discriminación contra las mujeres. Entre las principales novedades destacan:

  • Inteligencia artificial sin sesgos de género. El plan prevé incorporar la perspectiva de género sobre la regulación, supervisión y evaluación de los sistemas de inteligencia artificial, con auditorías para detectar y prevenir sesgos discriminatorios que puedan reproducir o amplificar las desigualdades.
  • Respuesta frente a la misoginia digital. Refuerza la prevención y la actuación institucional ante las nuevas formas de violencia machista en los entornos digitales y los discursos de odio antifeministas que contribuyen a normalizar la discriminación y la violencia contra las mujeres.
  • Reconocimiento de la violencia política contra las mujeres. Por primera vez, el plan aborda específicamente esta forma de violencia y contempla respuestas frente a las estrategias de intimidación, acoso y silenciamiento dirigidas contra las mujeres que participan en la vida pública y política, para proteger su libertad de expresión y el ejercicio de sus derechos democráticos.
  • Igualdad frente al cambio climático. Aborda los impactos diferenciados del cambio climático sobre mujeres y hombres, incorpora la perspectiva de género en la transición ecológica, y promueve la participación y el liderazgo de las mujeres en los procesos de transformación económica, social y medioambiental.
  • Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el plan pretende impulsar el reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Constitución.

Junto a estas novedades, el plan refuerza las políticas de cuidados y conciliación, impulsa la autonomía económica de las mujeres y contempla actuaciones para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y combatir todas las formas de violencia machista.

El IV Plan incorpora una memoria económica que estima en 22.611 millones de euros los recursos del presupuesto público estatal con impacto de género vinculados a las medidas previstas para el periodo 2026-2029.

La estimación incluye actuaciones y programas de los distintos ministerios, así como prestaciones de la Seguridad Social con impacto de género. No supone la creación de nuevos programas de gasto, sino que identifica y ordena recursos ya destinados a políticas que contribuyen a la igualdad efectiva. Esta información permitirá mejorar la transparencia y la trazabilidad presupuestaria, así como vincular los recursos a los objetivos del plan y evaluar sus resultados.

Nueve de cada diez euros de esta estimación se destinan a impulsar la igualdad económica, el empleo y la reorganización social de los cuidados. Por su parte, más de 1.280 millones de euros corresponden a actuaciones de prevención, atención y reparación de las violencias machistas.

La elaboración del IV PEIEMH ha contado con la participación de los ministerios, a través de sus Unidades de Igualdad, y de organizaciones feministas y agentes sociales. En concreto, el Consejo de Participación de las Mujeres ha canalizado buena parte de las aportaciones de la sociedad civil mediante un grupo de trabajo específico, que se ha reunido periódicamente desde diciembre de 2025.

El proceso se ha completado con encuentros con asociaciones de mujeres celebrados en Madrid, Sevilla y Valencia. El Consejo de Participación de las Mujeres emitió un informe favorable al plan el pasado 26 de octubre.

El IV PEIEMH establece también un modelo de gobernanza y evaluación compartido, con la participación de los departamentos ministeriales, el Consejo de Participación de las Mujeres y la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. El objetivo último es reforzar el seguimiento de las medidas y la rendición de cuentas sobre los compromisos adquiridos.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

ACUERDO por el que se propone al Tribunal de Justicia de la Unión Europea candidato para ser nombrado abogado general

D. MANUEL LÓPEZ ESCUDERO

Manuel López Escudero es jurista especializado en Derecho de la Unión Europea, es catedrático de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea en la Universidad de Granada desde 2007, tras haber ocupado cátedras en las universidades de Cantabria y Almería. Cuenta con más de tres décadas de trayectoria académica e investigadora, ha dirigido la Revista de Derecho Comunitario Europeo y ha sido titular de cátedras Jean Monnet.

Desde 2015 es letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el gabinete del Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona.

Hacienda y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

D. JOSÉ JAVIER DE MANUELES MUÑOZ

Funcionario de carrera desde el año 2002. Técnico de Administración General en la Administración Local (Grupo A1).

Desde el año 2002 hasta el año 2005 ocupo el puesto de asesor jurídico en el Área de Secretaría, asumiendo a partir del año 2006 la jefatura del Área de Gestión Administrativa y Contratación Pública, todo ello en el Ayuntamiento de Almendralejo. Desde el año 2015 hasta el año 2019 ejerzo la jefatura del Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura; siendo a partir de 2019 cuando me incorporo como letrado a la Abogacía General de la Junta de Extremadura. Desde el año 2021 hasta la actualidad, soy miembro y presidente de la Comisión Jurídica de Extremadura, que además de ser el órgano consultivo superior de la comunidad autónoma, actúa como Tribunal encargado del conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación en el dicho ámbito.

He participado como ponente en numerosos cursos, jornadas y congresos relacionados con la contratación pública como, entre otros, «Jornadas Nueva Ley de Contratos del Sector Público. 2018», «Obras en el Sector Público. 2019», «Nueve meses de plataforma de contratación del sector público. Aventuras y desventuras. 2019», «Curso de la Ley Contratos del Sector Público. 2021», «II Congreso Autonómico de Contratación Pública. Experiencias y retos de la nueva contratación pública. 2019» y «La transparencia en la contratación del sector público. 2024»; organizados por instituciones tales como la Escuela de Administración de Extremadura, la Universidad de Valladolid, la Diputación de Badajoz o la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.


Vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Dª. ESPERANZA MACARENA SAIZ RAMOS

Funcionaria perteneciente al Cuerpo Superior, especialidad jurídico-administrativa, Grupo A, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde 1993. Grado consolidado: nivel 30.

Cuenta con más veintitrés años de experiencia profesional especializada en el ámbito de la contratación pública, desarrollada íntegramente en el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha desempeñado puestos de diferente responsabilidad en las principales áreas de la contratación pública, realizando funciones de asesoramiento jurídico, elaboración de disposiciones normativas, redacción de pliegos, informes, resoluciones y, en general, todo tipo de documentos contractuales. Ha formado parte de mesas de contratación, desempeñando las funciones de vocal y presidenta, y ha ejercido responsabilidades de dirección y supervisión en materia de contratación pública, participando activamente en todas las fases del ciclo contractual, desde la planificación y preparación de los expedientes hasta la tramitación, adjudicación, ejecución y gestión de los contratos públicos.

Desde 2019, desempeña todas las facultades inherentes a la condición de órgano de contratación junto con otras directamente vinculadas a la actividad contractual de la Consejería arriba citada, de la Administración de la JCCM y del sector público institucional. Preside la Junta Central de Contratación y participa como vocal en el Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública, contribuyendo al diseño y desarrollo de iniciativas estratégicas de alcance nacional en este ámbito.

Asi mismo ha participado en numerosas actividades de DOCENCIA relacionada con la contratación pública; entre ellas: Máster de Contratación Pública organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en las ediciones de 2023, 2024, 2025 y 2026; ocho ediciones del curso de formación organizado por la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha (EAR) sobre la sobre la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, con más de 80 horas impartidas; tres ediciones (2018-2019) del curso de contratos de servicios sociales sobre las funciones de control y ejecución de los responsables de la contratación, con más de 45 horas impartidas; coordinación y docencia, entre 2012 y 2015, de varios cursos sobre técnicas de racionalización de la contratación y contratación centralizada, sobre el recurso especial y sobre las Directivas comunitarias de 2014; participación en cursos de postgrado de especialización en Derecho de la Contratación Pública de la UCLM (2012 y 2013) y en seminarios sobre cuestiones de contratación pública; coordinación de diez cursos de contratación pública en ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y docencia, en este mismo ámbito de actuación, en catorce cursos sobre contratación pública.