La Moncloa
SUMARIO
Economía, Comercio y Empresa
- ANTEPROYECTO DE LEY de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- ACUERDO por el que se aprueba la adenda de cierre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- ACUERDO por el que se aprueba el Acuerdo Bilateral de reestructuración de la deuda entre el Instituto de Crédito Oficial y la República Socialista Democrática de Sri Lanka, firmado el 9 de abril de 2026, para la reestructuración de deuda por importe de 73.256.307,80 euros, derivada de créditos otorgados con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se modifican varias normas en el ámbito del sector financiero.
Trabajo y Economía Social
- ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión de una subvención de 50.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Andalucía.
- ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión de una subvención de 15.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Extremadura.
- ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión de una subvención de 45.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Canarias.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- REAL DECRETO por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C8, I2 y C31, I4). REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Real Decreto 534/2025, de 24 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la realización de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica destinadas a proyectos estratégicos de descarbonización.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en la contratación de las obras para la reparación y rehabilitación del aliviadero de la presa de Guadalén, afectada por el tren de borrascas de febrero de 2026, amparadas por el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por un importe de 3.000.077,03 euros.
- ACUERDO por el que se aprueba la tercera modificación de aspectos puntuales del plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2022, por el que se aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026.
- ACUERDO por el que se declaran instalaciones energéticas estratégicas los proyectos de generación de procedencia renovable y almacenamiento energético que sean adjudicatarios de los procedimientos para la concesión de capacidad de acceso de evacuación regulados en virtud de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en nudos de transición justa.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- ACUERDO por el que se toma conocimiento de la aprobación del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Guatemala 2026-2030 aprobado en el marco de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca de Cooperación.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población venezolana afectada por el terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026, por un importe máximo de 3.000.000 de euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un crédito a la Oficina Nacional de Saneamiento de Túnez, con cargo al Fondo Español de Desarrollo Sostenible, por un importe máximo de 25.000.000 de euros con garantía soberana de la República de Túnez, para la financiación del Proyecto de rehabilitación de la estación de depuración de aguas residuales Choutrana I.
- INFORME de la Estrategia de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de Integridad Pública.
- REAL DECRETO-LEY por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales.
- REAL DECRETO por el que se modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuanto a la anticipación de la jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.
- REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1463/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan las obligaciones del servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la Agencia EFE, S.M.E., S.A.U., y su compensación económica.
- REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos del Instituto de las Mujeres, O.A.
- ACUERDO por el que se declara "Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" el territorio afectado como consecuencia de las emergencias de protección civil acaecidas entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026.
- ACUERDO por el que se determina la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública.
- ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio por el que se constituye una organización intergubernamental para el desarrollo y la explotación de los servicios de información y los sistemas oceánicos digitales (Centro Internacional Mercator para el Océano).
- ACUERDO por el que se crea el Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático.
Defensa
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco de sostenimiento integral de radares y sistemas de ayuda a la navegación instalados en las plataformas navales de la Armada, por un valor estimado de 16.000.000 de euros.
Hacienda
- ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 204.393,32 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar las retribuciones del personal interino nombrado en la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
- ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito en el presupuesto de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, O.A., por importe de 1.692.760,17 euros y financiado con remanente de tesorería, para llevar a cabo diversas actuaciones relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 85.498.595,14 euros, y la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para atender medidas en materia agraria recogidas en el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, y en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.
- ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 33.786.648,63 euros, desde la sección 37, "Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales", al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con la finalidad de atender la financiación de infraestructuras tecnológicas y de ciberseguridad vinculadas a la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato centralizado de servicios de agencia de viajes, con un valor estimado máximo de 604.800.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato centralizado de servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales, con un valor estimado máximo de 369.601.372,22 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Corporación Radio Televisión Española, S.A., S.M.E., la celebración de un contrato cuyo objeto es el servicio de restauración en las sedes de la CRTVE en Madrid, y cuyo valor estimado asciende a 18.954.154,15 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona la celebración de un contrato de obras de construcción del edificio B de la fase 2 Dfactory Barcelona, por un valor estimado de 25.443.524,99 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la concesión de un aval en 2026 por un importe máximo de 67.000.000 de euros.
- ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio del Interior la tramitación de varios expedientes con cargo al artículo 20 "Arrendamientos y cánones".
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio del Interior llevar a cabo la tramitación de diversos expedientes de gasto relativos a la destrucción por eliminación térmica de sustancias estupefacientes intervenidas, entre otros.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior, con la finalidad de llevar a cabo diversas actuaciones para el correcto funcionamiento de los servicios con cargo al capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio del Interior la tramitación de varios expedientes de contratación con cargo al capítulo 6 "Inversiones reales" en la Secretaría de Estado de Seguridad.
- ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo diversas actuaciones relativas a "Arrendamientos y cánones".
- ACUERDO por el que se autorizan y modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al objeto de posibilitar el reajuste de anualidades de tres convenios suscritos con la Generalitat de Cataluña para llevar a cabo diversas actuaciones en materia de carreteras.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la tramitación anticipada de la convocatoria de las becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Comercio correspondientes al curso 2027-2028.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Sanidad el reajuste de anualidades del contrato de suministro de equipos para tratamiento de protonterapia y equipamiento electromédico.
- ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para afrontar nuevas necesidades en inversiones reales, en los programas 333A "Museos" y 335A "Música y danza", por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura.
- ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la tramitación de la prórroga del contrato para atender el servicio de cafetería y comedor en el edificio de su sede en Madrid en el año 2027.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal Agencia Espacial Española la contratación de servicios y suministros necesarios para su funcionamiento, así como para la realización de proyectos en el marco del Acuerdo de Asociación del Space Surveillance and Tracking.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado la tramitación de diversos expedientes de gasto con cargo al capítulo 6 "Inversiones reales".
- ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la convocatoria y concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la convocatoria de 14 becas de formación para el ejercicio 2027.
- ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Servicio Público de Empleo Estatal la tramitación de diversas convocatorias de formación en el trabajo.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado la tramitación de diversos expedientes de gasto con cargo al capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 14.03.122B.6, a fin de posibilitar la reprogramación financiera de diversos programas especiales de modernización del Ministerio de Defensa y el incremento de límites por el programa NASAMS.
- ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Hacienda la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 "Inversiones reales".
- ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria la tramitación de nuevos gastos en la aplicación presupuestaria 21.103.412M.6 "Inversiones reales".
Interior
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones en determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior.
- ACUERDO por el que se autoriza la contratación del suministro, en régimen de arrendamiento (renting), de 679 turismos tipo K nuevos, de los segmentos ligero (160), medio (369 SUV) y alto (150), con sus correspondientes kits policiales, y con kilometraje ilimitado, con destino a la Dirección General de la Policía, por un valor estimado de 19.219.020 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza el contrato de adquisición y suministro de uniformidad destinada a los integrantes de la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción, por un valor estimado de 17.185.000 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras, suministros y servicios necesarios para la implantación de la Policía Nacional en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), por importe de 800.000 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños estructurales que presentan los pilares de la planta baja y primera del bloque 2 de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, por importe de 877.657,60 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de material de protección con destino al Campo de Gibraltar, consistente en unidades básicas (UBS) de placas balísticas, chalecos de seguridad ciudadana, chalecos portaplacas y chalecos para unidades de investigación de la Dirección General de la Guardia Civil, por importe de 1.117.023,60 euros.
Transportes y Movilidad Sostenible
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de adaptación del espigón del Turia para atraque de cruceros en el puerto de Valencia, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por un valor estimado de 46.037.165,78 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de nuevos accesos a la ampliación sur, fase 2A, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por un valor estimado de 98.018.049,33 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras del cierre y habilitación del muelle de ribera del puerto de Granadilla, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por un valor estimado de 53.955.991,15 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras para la ejecución del proyecto del muelle adosado dique Reina Sofía Sur, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por un valor estimado de 45.323.902,19 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras para el refuerzo y rehabilitación de la estructura del viaducto del barranco de El Caballar, calzada derecha, en el vigente punto kilométrico 787+200 de la A-7 (anterior 441+500), provincia de Almería. Valor estimado del contrato 12.564.818,65 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de obras de los proyectos de construcción de prolongación de andenes, y mejora de la accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio, de las estaciones subterráneas de Laguna y Embajadores (Fase II) y tratamiento de la plataforma entre los puntos kilométricos 1+300 y 3+000, línea 920, tramo túnel de Atocha - Móstoles, línea C5 de la Red de Cercanías de Madrid. Valor estimado del contrato 44.294.455,44 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicio de control y eliminación de vegetación en líneas de alta velocidad gestionadas por la Subdirección de Operaciones de Alta Velocidad. Valor estimado del contrato: 13.591.600 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro y puesta en servicio de remotas y conversores de protocolo para instalaciones de electrificación, dos lotes. Valor estimado del contrato 13.782.112,94 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la modificación del contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de plataforma de la línea de alta velocidad Nogales de Pisuerga - Reinosa (lote 2), adjudicado a la Unión Temporal de Empresas denominada UTE Baipás Aguilar, con un importe adicional de 860.788,61 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 2 del contrato de suministro y mantenimiento de dos trenes auscultadores de ancho ibérico y un tren auscultador de ancho UIC, adjudicado a la unión temporal de empresas denominada UTE Stadler Rail Valencia, S.A.U., y MER MEC, S.P.A., con un importe adicional de 4.930.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la modificación del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo de instalaciones de seguridad y comunicaciones para la adaptación del bloqueo automático banalizado en el tramo San Cristóbal - Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín - Valencia Estació del Nord, adjudicado a la empresa Siemens Rail Automation, S.A.U., con un importe adicional de 1.776.212,52 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de mantenimiento, operación de red y renovación de los sistemas centrales core de red GSM-R, gestión centralizada de telecomunicaciones y sistema central de telemando de energía de la red de alta velocidad y de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R, telecomunicaciones fijas, VCA (videovigilancia, control de acceso y anti intrusión), infraestructura de operadores de telefonía móvil y telemando de energía de las líneas de alta velocidad: Madrid - Valladolid; Madrid - Barcelona - Frontera Francesa, ramal Zaragoza - Huesca y ramal Camp de Tarragona - La Boella; Madrid - Valencia y bifurcación Albacete - Albacete; Madrid - Sevilla, Córdoba - Málaga, y ramal La Sagra-Toledo. Valor estimado del contrato: 181.268.319,30 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 3 del contrato de obras de la autovía Lugo - Santiago, A-54, tramo: enlace de Melide (Sur) - enlace de Arzúa (Oeste), provincia de A Coruña. Importe: 6.946.134,31 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios motivados por los graves daños ocasionados el 11 de octubre de 2025 en la superestructura de la vía II, como consecuencia del descarrilo producido en el tramo Quintanapalla - Santa Olalla de Bureba, de la línea 100 Madrid Chamartín Clara Campoamor - Irún, por un importe de 9.471.000 euros.
Educación, Formación Profesional y Deportes
- REAL DECRETO por el que se establecen y suprimen determinados estándares de competencias profesionales de las familias profesionales Administración y Gestión; Agraria; Artes Gráficas; Edificación y Obra Civil; Energía y Agua; Industrias Alimentarias; Fabricación Mecánica; Textil, Confección y Piel; Seguridad y Medio Ambiente; y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las federaciones deportivas españolas, al Comité Olímpico Español y al Comité Paralímpico Español para el año 2026.
- ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria a la cuota de membresía del Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) del Consejo de Europa correspondiente al ejercicio 2026, por un importe global de 117.151,83 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la ejecución de inversiones en infraestructuras públicas de relevancia deportiva y de interés público durante el ejercicio 2026.
Industria y Turismo
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de ayudas para impulsar un plan de choque para la renovación de equipamiento en el sector de la hostelería.
- ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Ministerio de Industria y Turismo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para apoyar las labores del Comité de Turismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y para contribuir al cumplimiento de los objetivos previstos en su Programa de Trabajo 2025-26, por importe de 20.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la contribución española a la European Travel Commission correspondiente al ejercicio 2026, por importe de 86.767,67 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de un préstamo a la empresa Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A., para el desarrollo y lanzamiento del satélite de comunicaciones SPAINSAT NG III.
Agricultura, Pesca y Alimentación
Vivienda y Agenda Urbana
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de urbanización de las fases 1 y 2 y las conexiones exteriores necesarias de la actuación residencial Campamento, en Madrid.
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de alojamientos universitarios durante el ejercicio presupuestario 2026.
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de los contratos de concesión de obra para la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible licitados por CASA 47 Entidad Pública Empresarial en el marco del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
- ACUERDO por el que se autoriza la ejecución de una instalación de planta fotovoltaica para autoconsumo en el Palacio de la Zarzuela (Madrid).
Cultura
- ACUERDO por el que se autoriza a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, O.A., la celebración del contrato para la ejecución de obras de construcción de un Centro Integrado de 6+12+16+6 unidades (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) en la calle Cortadura del Valle (solar del Brull), en Ceuta, por un valor estimado de 26.425.836,08 euros.
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a diversas entidades.
Ciencia, Innovación y Universidades
- ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de Salud Carlos III la convocatoria, para el año 2026, de concesión de subvenciones para el mantenimiento de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT) de la Acción Estratégica en Salud (Líneas Estratégicas de Investigación en Salud 2024-2027), por importe de 55.000.000 de euros.
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- REAL DECRETO por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
- REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C13, I7). ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de junio de 2026, por el que se autoriza a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, E.P.E., a participar en la ampliación de capital de la sociedad Openchip & Software Technologies, S.L., (C-ECA2505261845) mediante la aportación de un máximo de 115.768.421,05 euros, que representará hasta el máximo del 39,99 % del capital social, modificando las condiciones suspensivas a las que quedó sujeta dicha inversión y ampliando el plazo para acreditar las mismas.
Juventud e Infancia
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto sobre los sistemas de acogimiento de niños, niñas y adolescentes.
ACUERDOS DE PERSONAL
Economía, Comercio y Empresa
- REAL DECRETO por el que se nombra director general del Tesoro y Política Financiera a D. PABLO JUAN SÁNCHEZ-BLANCO MANCERA.
- REAL DECRETO por el que se nombra Presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a Dª. CARLA MARÍA DÍAZ ÁLVAREZ DE TOLEDO
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la República de Letonia aD. RICARDO DÍEZ-HOCHLEITNER COUSTEAU
- REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la República de Panamá aD. MOISÉS MORERA MARTÍN .
- REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la República de Serbia a D. ANDER RUIZ DE GOPEGUI ARAMBURU.
- REAL DECRETO por el que se nombra embajadora de España en Ucrania a Dª. ADELA DÍAZ BERNÁRDEZ.
Inclusión, Seguridad social y Migraciones
- REAL DECRETO por el que se nombra director general del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social a D. ALBERTO LLORENTE ÁLVAREZ.
AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS
ASUNTOS GENERALES
Economía, Comercio y Empresa
REFORMA INTEGRAL DEL MARCO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata de una reforma para actualizar el marco español a un entorno cada vez más exigente en esta materia, marcado por la innovación tecnológica y financiera -como el creciente uso de criptoactivos- y esquemas cada vez más sofisticados por parte de redes delictivas internacionales.
El anteproyecto, aprobado en primera vuelta, se someterá ahora a audiencia e información pública antes de continuar su tramitación. La reforma persigue un doble objetivo: reforzar la arquitectura institucional con la creación de una autoridad especializada e independiente, y adaptar la normativa española al nuevo paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una autoridad única para supervisar, inspeccionar y sancionar
La principal novedad es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), una autoridad administrativa independiente que unificará competencias que hoy se reparten entre el SEPBLAC y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
ANIFI integrará las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá además competencias hasta ahora no atribuidas a ninguna autoridad, como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La nueva autoridad se convertirá también en el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), en línea con las mejores prácticas internacionales.
Con esta unificación se dota de mayor solidez al marco español y se refuerza la visibilidad del compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Financiación propia, sin coste para el contribuyente
ANIFI dispondrá de un sistema de financiación autónomo y sostenible que no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. Se nutrirá de una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa (fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego) y de un porcentaje limitado de las sanciones que imponga que destinará a financiar actividades de prevención y persecución del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo así como de cooperación internacional.
Para acelerar su puesta en marcha y bajo el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, la nueva autoridad se construirá sobre la estructura del actual FROB, aprovechando sus servicios operativos y su experiencia en el sector financiero.
Una normativa adaptada a los nuevos riesgos
La reforma actualiza también la normativa para adaptarla a los estándares europeos e internacionales. Entre las principales novedades, se incorporan nuevos sujetos obligados; se refuerza la transparencia sobre la titularidad real, con nuevas potestades de inspección y sanción del Registro Central; y se endurecen los requisitos de idoneidad, impidiendo que personas condenadas por blanqueo puedan ejercer como sujetos obligados o dirigirlos. Asimismo, se refuerza el control de los movimientos de efectivo.
Un modelo de resolución bancaria más simple y eficiente
La transformación del FROB permite además simplificar el modelo español de resolución bancaria. Las funciones de resolución ejecutiva se traspasan a las autoridades que ya ejercen la resolución preventiva -el Banco de España, para las entidades de crédito, y la CNMV, para las empresas de servicios de inversión-, de modo que exista una única autoridad de resolución para cada tipo de entidad, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Este traspaso se realiza garantizando la separación funcional respecto de la supervisión dentro de cada autoridad, para prevenir conflictos de interés, y preservando la participación del Ministerio de Economía en las decisiones con impacto presupuestario o sobre la estabilidad financiera.
Por su parte la participación del Estado en CaixaBank se seguirá gestionando desde BFA Tenedora de Acciones, que dejará de ser filial de FROB, pasando a ser una sociedad adscrita al Ministerio de Economía. BFA mantendrá su naturaleza de sociedad instrumental a la que se traspasarán también las acciones de Sareb y continuará ejerciendo sus derechos como accionista de la misma forma que hasta ahora, manteniéndose las obligaciones y condiciones de desinversión establecidas en el artículo 31 de la Ley 9/2012 de 14 de noviembre.
Economía, Comercio y Empresa
ADENDA DE CIERRE AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
El Consejo de Ministros ha aprobado la Adenda de Cierre al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de facilitar la ejecución y la evaluación final por la Comisión Europea, así como de optimizar la utilización de los recursos disponibles antes del 31 de agosto, fecha límite para la ejecución de estos fondos europeos.
Al igual que los países de nuestro entorno, el Plan de Recuperación se ha ido modificando mediante adendas que han actualizado sus contenidos, mejorado los procesos de seguimiento y verificación y adaptado el Plan a necesidades sobrevenidas, como la Dana de 2024.
La Adenda de cierre mejora la redacción de 121 hitos y objetivos y 101 medidas para dar mayor claridad al proceso evaluador y reducir cargas administrativas, aportando mayor seguridad jurídica, sin alterar los objetivos sustantivos de las reformas e inversiones. Las modificaciones incluyen, entre otros, la identificación precisa de elementos de verificación adecuados que permitan a la Comisión culminar su evaluación.
En particular, la Adenda incorpora los ajustes ya negociados con la Comisión respecto de 3 hitos vinculados al sexto desembolso cuya evaluación positiva quedó pendiente, precisamente, de esa mayor certidumbre acerca de los mecanismos de verificación. Estas modificaciones facilitan la adecuada evaluación de los hitos relativos a la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y los proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas.
Además, la Adenda realiza el ajuste definitivo del paquete de préstamos del Plan para optimizar el uso de los recursos y reducir el endeudamiento público previsto, en atención al contexto financiero más favorable que atraviesa la economía española.
En efecto, la mejora de las condiciones de financiación de la economía española ha reducido la ventaja financiera asociada a los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El diferencial de financiación respecto de la Comisión Europea, que en 2021 rondaba los 70 puntos básicos, hoy se ha reducido prácticamente a cero, haciendo menos interesante esta fuente de financiación.
Como parte de este esfuerzo, los recursos se adaptan a la demanda demostrada por las empresas y se concentran en las actuaciones más estratégicas, como el nuevo Fondo España Crece.
Trabajo y Economía Social
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La nueva norma fortalece la protección de quienes contribuyen a una cultura de integridad, transparencia y defensa del interés general en el ámbito laboral.
El texto recoge la prohibición de discriminación, directa o indirecta, para el empleo o, una vez iniciada la relación laboral, la nulidad del despido durante el periodo de prueba, la nulidad de las órdenes de discriminar y de las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia, la nulidad del despido por causas objetivas y la nulidad del despido por causas disciplinarias, cuando se produzcan con ocasión de una revelación o de la presentación de información o comunicación conforme a lo previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Se refuerzan las garantías de los trabajadores en el ámbito laboral, ampliando la protección actual circunscrita a garantizar la percepción de la indemnización prevista para el despido improcedente.
Protección ante reclamaciones
Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia contra las personas trabajadoras como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación o con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación relativas a infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Trabajo y Economia Social
PLANES INTEGRALES DE EMPLEO DE ANDALUCÍA, CANARIAS Y EXTREMADURA
El Consejo de Ministros ha aprobado las subvenciones con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para dotar los planes integrales de empleo de las comunidades de Andalucía, Canarias y Extremadura.
El Plan de Empleo de Andalucía contará con una subvención de 50.000.000 euros, el de Canarias estará dotado de 45.000.000 euros y el de Extremadura contará con 15.000.000 euros.
Estos planes integrales tienen como objetivo hacer frente al desempleo estructural que sufren estas tres comunidades pese a la evolución positiva del empleo en el último año.
Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución de estos planes, que podrán extenderse durante 2027, así como la aportación en 2026 citada para el Plan Integral de Empleo de Extremadura, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas.
Principales objetivos de los planes
Los planes enumerados tendrán, entre otros, los objetivos de:
- Generar empleo de calidad y riqueza: fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo para reducir la tasa de desempleo y aumentar la de empleo, mejorar el nivel de vida y conseguir más independencia, incrementando las oportunidades de acceso al mercado laboral.
- Mejorar la calidad del empleo: mejorar las condiciones laborales, alcanzar salarios justos y aumentar las oportunidades de desarrollo profesional, a la vez que el empleador mejore o consolide su posición en el mercado.
- Desarrollar la empleabilidad de la población activa: facilitar la adquisición, actualización y mejora de las aptitudes necesarias para el mercado laboral actual y futuro, a través de políticas activas de empleo renovadas y coordinadas, en su caso, con las de protección económica frente al desempleo.
- Fomentar la inclusión y diversidad: evitar la discriminación de los colectivos vulnerables que son prioritarios para garantizarles la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con independencia de la edad, el sexo, la raza, la discapacidad o cualquier otra circunstancia de carácter personal, familiar o social.
- Potenciar y consolidar los sectores estratégicos: identificados los sectores clave.
- Estimular la Transformación Digital: anticiparse y abordar los cambios tecnológicos que afectan al mercado laboral, preparando a las personas ocupadas, a quienes buscan empleo y a las empresas para una oferta y demanda emergentes.
- Mejora de los Servicios Públicos de Empleo: para alcanzar un nivel de excelencia adecuado a lo que necesitan las personas usuarias.
- Transparencia: impulso de mecanismos de transparencia que permitan hacer el seguimiento de los procesos de forma fácil y accesible.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN REDES ELÉCTRICAS Y CONTROL SOBRE LAS INVERSIONES
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que permitirá una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta el año 2030, acotando su destino, y establece los procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las empresas distribuidoras.
La inversión anual en las redes eléctricas con cargo al propio sistema eléctrico está limitada al 0,065% del PIB en el caso del transporte y al 0,13% del PIB en el caso de la distribución. Estos límites se han mostrado insuficientes a la hora de atender las necesidades de la transición energética y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas, como se ha puesto de manifiesto durante la elaboración de la Planificación de electricidad con horizonte 2030, actualmente en tramitación.
Senda creciente de inversiones anuales.
En consecuencia, se ha decidido incrementar el volumen de inversión en las redes hasta 2030, siguiendo una senda creciente, para facilitar la ejecución de los proyectos. Las cantidades previstas han crecido con relación al proyecto normativo sometido a pública audiencia, a resultas del proceso de elaboración de la Planificación.
En las redes de distribución se podrán invertir hasta 10.200 millones adicionales: 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030. En las redes de transporte se podrán invertir hasta 7.700 millones adicionales, en función de la Planificación que finalmente apruebe el Gobierno, que se distribuyen de la siguiente forma: 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.
Considerando también las inversiones permanentes, limitadas al PIB anual, el desembolso total en las redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones hasta el final de la década.
Al efecto tractor de estas inversiones sobre el conjunto de la economía -algunos estudios calculan que cada millón de euros dedicado a las redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo-, la conexión de nuevos usuarios permitirá repartir entre una mayor base los costes totales de las redes, rebajando con ello los peajes repercutidos en las facturas finales de los consumidores.
Destino de las inversiones incrementales en distribución
En el caso del transporte, el destino de las inversiones incrementales anuales estará identificado en la citada Planificación, pero en el caso de las inversiones en distribución, las cantidades adicionales quedan acotadas a las siguientes categorías:
- Demandas industriales, residenciales y de descarbonización del transporte.
- Hasta un 20% en control de tensión, telemando y telecontrol, observabilidad y ciberseguridad, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de los datos, entre otras ventajas ligadas a la seguridad.
- Hasta un 20% en inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas donde la demanda no está asegurada en los cinco años siguientes, que permitirán la conexión en zonas sin redes o con redes saturadas, y que se prevea aporten un efecto dinamizador de la demanda.
- Hasta un 10% en adaptación de las líneas a la normativa de protección de la avifauna.
- Hasta un 10% en resiliencia climática y afrontar fenómenos naturales adversos.
El real decreto también favorece que los gestores de las redes, en lugar de desarrollar una nueva línea, adquieran líneas privadas existentes -por ejemplo, de evacuación de generación- y la incorporen al sistema.
Más transparencia y control en los planes de inversión
La norma establece cómo deben elaborarse, tramitarse y justificarse los planes de inversión en las redes eléctricas, al objeto de incrementar la transparencia y el control del proceso de inversión en las infraestructuras y de reducir la incertidumbre sobre su ejecución. En el caso del transporte, a grandes rasgos se mantiene el vigente sistema de Planificación, pero hay cambios relevantes en el caso de la distribución.
Las compañías distribuidoras tendrán que someter sus planes de inversión a consulta previa; los agentes y administraciones podrán remitir sus propuestas y los planes, que serán públicos y accesibles por Internet, deberán indicar cómo se han considerado estas aportaciones. Además, las empresas deberán emitir informes de cumplimiento a año vencido, en el plazo de un mes, igualmente públicos y accesibles vía Web. De este modo, aquel que desee conectarse tendrá acceso a la información necesaria.
También se incluye un sistema de penalizaciones para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto, minorando el límite futuro de las compañías que hagan menos o más desembolsos de los previstos de forma reiterada.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
TERCERA MODIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE ELECTRICIDAD
El Consejo de Ministros ha aprobado la tercera Modificación de aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. La Modificación incluye actuaciones destinadas a seguir aumentando la resiliencia del sistema eléctrico y reducir los costes para los consumidores, las importaciones de energía y las emisiones de carbono; ligada a una inversión de 615 millones de euros, aportará un ahorro de unos 450 millones anuales.
Se atiende así a una solicitud del Operador del Sistema eléctrico -en línea con las recomendaciones de Entso-e y ACER-, al objeto de complementar y mitigar la aplicación del mecanismo de restricciones técnicas para controlar la tensión y amortiguar las oscilaciones, servicios que prestan fundamentalmente los ciclos combinados de gas. La Modificación permitirá sustituir el funcionamiento de estas centrales para estos fines por equipos integrados en la red que realizarán la misma labor de estabilización.
UN TOTAL DE 51 ACTUACIONES CENTRADAS EN LA PENÍNSULA
La Modificación recoge 51 actuaciones, entre las que destacan la incorporación de cuatro compensadores electrónicos (e-STATCOM, por sus siglas en inglés), de 20 reactancias y de ocho reactancias de núcleo controlado magnéticamente (denominadas MCSR en inglés, que permiten un control de tensión más preciso), así como la renovación total de cuatro reactancias.
Considerando que el coste medio de las restricciones técnicas a subir en 2025 fue de 165 €/MWh, se estima que los nuevos equipos permitirán ahorrar de 440 a 460 millones anuales, a lo que se añadirá la reducción de emisiones de efecto invernadero y las importaciones del combustible fósil consumido por las centrales de gas.
Tras esta tercera modificación, la inversión total correspondiente a la Planificación con horizonte 2026 asciende a 8.818 millones.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
DECLARACIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS ESTRATÉGICAS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se declaran "instalaciones energéticas estratégicas" los proyectos de generación renovable y de almacenamiento energético adjudicatarios de los procedimientos para la concesión de capacidad de acceso en los nudos de transición justa, regulados a partir de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, del sector eléctrico.
El Acuerdo, impulsado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del MITECO, se adopta al amparo del artículo 21 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.
UNA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA MÁS ÁGIL
La declaración otorga a estos proyectos la consideración de "proyectos energéticos preferentes", lo que supone una atención prioritaria por parte de las Administraciones intervinientes y la declaración de urgencia, por razones de interés público, de los procedimientos de autorización, de evaluación de impacto ambiental, de las resoluciones administrativas y de los recursos.
La medida se circunscribe a la agilización administrativa y no altera las exigencias sustantivas ni las garantías ambientales: los proyectos permanecen sujetos a la evaluación de impacto ambiental y a los controles ordinarios, sin rebaja del nivel de protección.
PROYECTOS CON COMPROMISOS SOCIOECONÓMICOS
Los nudos de transición justa cuentan con procedimientos que otorgan la capacidad de acceso a la red de transporte priorizando los proyectos que optimizan los beneficios socioeconómicos locales.
A diferencia del procedimiento general, estos procedimientos vinculan la asignación de capacidad a compromisos concretos de empleo, formación y actividad económica local. Se han articulado procedimientos de este tipo en nudos como Mudéjar 400 kV, Lancha 220 kV, Meirama 220 kV, La Pereda 220 kV y Narcea 400 kV. Los proyectos conectados en estos nudos, entre otros, podrán beneficiarse de esta declaración.
Con la declaración, se facilita un uso más eficiente de la red eléctrica, se favorece el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la seguridad de suministro, y se impulsa la reactivación económica y social de los territorios afectados por el cierre de centrales.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
MARCO DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ESPAÑA-GUATEMALA 2026-2030
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se toma conocimiento de la aprobación del marco de asociación para el desarrollo sostenible España-Guatemala 2026-2030 aprobado en el marco de la X reunión de la comisión mixta hispano-guatemalteca de cooperación.
El Marco de Asociación País España-Guatemala 2021-2024, prorrogado durante 2025, constituye el principal antecedente de planificación estratégica de la cooperación bilateral entre ambos países. Dicho marco centró sus esfuerzos en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, la promoción de una vida libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes, el fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos, incorporando además una destacada línea de cultura para el desarrollo. Tras la finalización de su periodo de vigencia, se ha elaborado el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Guatemala 2026-2030.
Su propósito es contribuir a las acciones del Estado guatemalteco para avanzar en la construcción de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente que permita reducir las desigualdades. Los esfuerzos de cooperación se centrarán en torno a tres resultados de desarrollo:
- Fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
- Promover los derechos humanos de las mujeres.
- Promover el desarrollo territorial sostenible.
El acuerdo se firmó en Madrid el pasado 9 de julio de 2026. Por Parte de Guatemala, firmaron el Excelentísimo Sr. D. Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, y la Excelentísima Embajadora Sra. María Luisa Ramírez Coronado, Viceministra de Relaciones Exteriores. Por parte de España, firmó la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN VENEZOLANA AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 24 DE JUNIO
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población venezolana afectada por el terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026.
El 24 de junio de 2026, dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela. El impacto ha afectado de manera severa a zonas densamente pobladas, especialmente en Caracas (incluyendo áreas como Altamira, Palo Grande, San Bernardino, Petare y Catia) y en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre. Las infraestructuras críticas, como el aeropuerto internacional Simón Bolívar, han sufrido daños relevantes, afectando el acceso logístico al país.
El 25 de junio de 2026, las autoridades venezolanas realizaron formalmente una solicitud de asistencia internacional a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
La ayuda humanitaria ha consistido en el envío del equipo START, el cual ofrece una respuesta sanitaria a través del hospital de campaña de nivel 1 de la AECID, y la adquisición de bienes de primera necesidad tales como materiales de cobijo. Tanto el hospital de campaña como el primer grupo de personal partieron el 1 de julio. El 12 de julio salió un segundo grupo que releva al primero.
Se prevé también el envío de material de construcción para refugios temporales para la población desplazada a raíz de los seísmos. Asimismo, una vez finalice el periodo de despliegue del equipo START se donarán medicamentos e insumos médicos.
El importe total de la actuación se ha presupuestado en un máximo de 3.000.000 de euros con cargo al Presupuesto de la AECID.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
CRÉDITO A LA OFICINA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE TÚNEZ, CON CARGO AL FONDO ESPAÑOL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito a la Oficina Nacional de Saneamiento de Túnez, con cargo al Fondo Español de Desarrollo Sostenible y con garantía soberana de la República de Túnez, para la financiación del "Proyecto de Rehabilitación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales Choutrana I".
El objetivo del Proyecto de Rehabilitación es rehabilitar y modernizar la Estación de Depuración de Aguas Residuales Choutrana I (EDAR), que es la mayor del país, situada en el corazón de la capital (Departamento de Ariana en el Gran Tunis). La intervención beneficiará de forma directa a 900.000 personas del área metropolitana de la capital garantizando un acceso a los servicios de saneamiento sostenibles y de manera indirecta toda la población de Grand Tunis, unos 2.900.000 habitantes, que también verán mejorado el estado ecológico de sus aguas costeras.
El Proyecto se desarrolla al amparo del Acuerdo Marco de Cofinanciación del Joint European Financiers For International Cooperation (JEFIC) con la participación de Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banco de Desarrollo alemán, KfW) que lidera la operación, y l'Agence Française de Développement (AFD), por lo que podría convertirse en un proyecto emblemático del enfoque «Team Europe» en el sector del agua en Túnez.
El coste total estimado, a expensas de definición final, es de 118.800.000 euros, de los que hasta un importe máximo de 25.000.000 de euros (21% del coste total estimado) aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mediante un crédito FEDES.
La operación propuesta es un crédito a Estado por un importe máximo de 25 millones de euros, tipo de interés fijo del 2,5% anual, plazo de amortización de 17 años, que incluirán 7 años de período de gracia. Adicionalmente, se firmará un contrato de garantía con el Ministerio de Economía y Planificación de Túnez que otorgará la garantía soberana al crédito.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
LEY ORGÁNICA DE INTEGRIDAD PÚBLICA
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma clave dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado en 2025 y que será la base para contrarrestar desde las Administraciones Públicas todo el ciclo de la corrupción. El texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
El objetivo de la ley es frenar la corrupción, con un sistema integral en el que se refuerza todo el ciclo, y abordar mejor la detección de conductas reprochables y la investigación de las mismas. A ello se sumarán las sanciones a quienes cometan esas infracciones y un mayor número de supuestos para que puedan ser perseguidos legalmente hasta que devuelvan las cantidades o recursos públicos sustraídos, con un refuerzo de la respuesta penal. Para ello, se endurecen las penas aplicables a las personas jurídicas, se amplían de cinco a siete años la prescripción de determinados delitos, se refuerza la valoración de la reparación económica para acceder al tercer grado y se mejora los instrumentos de localización, preservación y decomiso de activos.
El espíritu de la norma es garantizar que los recursos públicos se gestionen con honestidad, eficacia y al servicio del interés general. Para ello, además del refuerzo para detectar posibles grietas en la integridad del sistema, se apuesta por dar mayor protección a quienes informen de posibles irregularidades, además del endurecimiento de las sanciones a quienes sean declarados culpables y otras medidas coercitivas, como el refuerzo de la transparencia de la prohibición de contratar con la Administración si se cometen delitos en el ámbito de la contratación pública.
La ley ha sido enriquecida tras el trámite de audiencia e información pública, que ha permitido reforzar el diseño de instrumentos como la futura Agencia Independiente de Integridad Pública. También se han realizado cambios relevantes en lo que respecta a la regulación de las sociedades de capital o en la creación de unidades de auditoría interna. A esto hay que añadir la ampliación de delitos que impliquen la reparación económica de lo sustraído y la limitación del acceso a beneficios penitenciarios, incluyendo también delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, frustración de la ejecución vinculada a créditos públicos, alteración de precios en concursos y subastas públicas o corrupción en los negocios.
Esta Ley Orgánica cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado y se han incluido las observaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, entre otras las relacionadas con el catálogo de delitos que deben reformarse para que sus efectos sean más contundentes frente a los corruptos. Así, el proyecto llega al Congreso tras la participación de ministerios, comunidades autónomas, órganos constitucionales, entidades sociales y económicas y ciudadanía durante la consulta y la información pública. La norma cumple con las premisas establecidas en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Modificaciones legislativas
Bajo la premisa de combatir todo el ciclo de la corrupción se modifican diversas leyes, de las que seis son orgánicas, para dar un nuevo impulso a las buenas prácticas en determinados ámbitos sensibles. Se trata de las legislaciones que afectan al régimen electoral, a la financiación los partidos políticos, al régimen penitenciario, al Poder Judicial y a la protección de datos, junto a varios artículos del Código Penal.
El mayor efecto de estos cambios normativos será el desarrollo de una cultura de la integridad en el conjunto de las Administraciones. Los recursos empleados para que sea una realidad será el diseño de un marco estratégico con una periodicidad determinada y que se desarrollará en planes de acción. El uso de encuestas, el impulso a campañas institucionales y el aumento de la formación en integridad para empleadas y empleados públicos serán otras patas de esa cultura de la integridad.
En lo que respecta a la prevención, se desplegarán herramientas que ayudarán a detectar los posibles riesgos asociados a la gestión de recursos públicos. Todas ellas partirán de procedimientos de diligencia debida, que son los que identificarán, evaluarán o reportarán riesgos de fraude o corrupción. Una parte importante de estos serán los mapas de riesgos, el instrumento técnico que se anticipará a todos esos posibles problemas en la gestión, especialmente en la directa o la externalizada. Igualmente, deberá analizar las posibles influencias indebidas en materia de recursos humanos.
Otra reforma destacada para el control interno será el mayor peso de las unidades de auditoría interna obligatorias. Vinculadas al sector público empresarial y fundacional, será la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la que las controle a través de informes para su nombramiento y cese, además de ocuparse del establecimiento de contenidos mínimos comunes y la supervisión del sistema. Lo que supone dar más peso de gestión y seguimiento a un ámbito clave para garantizar las buenas prácticas.
Trazabilidad y publicidad en ámbitos sensibles
Pese a la amplitud de la ley, hay tres áreas que han resultado de especial interés para reforzar el control y la prevención de la corrupción: las sociedades mercantiles, la contratación pública y la financiación de los partidos políticos. Nuevos sistemas de publicidad y trazabilidad para conocer al detalle la actividad de quienes forman parte de esos sectores permitirán acceder a información verificable de una manera más ágil.
ejemplo, en el ámbito de las empresas, se buscará conocer quiénes están al frente de las mismas o cómo se han realizado transmisiones de las participaciones vinculadas a estas, que en ocasiones adolecen de publicidad registral suficiente. Las transmisiones y gravámenes de participaciones sociales deberán inscribirse obligatoriamente en una sección especial del Registro Mercantil. Podrán formalizarse mediante documento privado electrónico, documento judicial o administrativo, o por escritura pública de forma voluntaria.
En el ámbito de la contratación pública, se fomentarán medidas como la contratación centralizada, pliegos tipo, procedimientos estandarizados o las mesas de contratación más profesionalizadas. Se exigirá, por otro lado, un aumento de los datos contractuales publicados y una mayor justificación para la contratación de emergencia. En los contratos que se determinen por su especial riesgo, los pliegos deberán prever como condición especial de ejecución que determinadas empresas adjudicatarias que no sean pymes dispongan de un modelo de gestión de integridad y prevención de delitos. Por otro lado, cabe destacar también que podrán utilizarse pactos de integridad de adhesión voluntaria y mecanismos de monitorización.
Otra novedad destacada es la puesta en marcha de auditorías ciudadanas sobre la gestión pública. Bajo la tutela de la IGAE, existirá un sistema de participación para controlar la labor del sector público estatal, para el que también se realizarán informes y un seguimiento de las recomendaciones realizadas para mejorar la eficacia y eficiencia de las administraciones.
Partidos políticos
Aparte de la reforma de las leyes orgánicas del Régimen Electoral y de financiación de los partidos, las formaciones políticas afrontarán nuevas obligaciones o prohibiciones para desarrollar su labor. Todas ellas bajo el prisma del interés general y con el fin de fomentar la transparencia. Entre los cambios reseñables está la prohibición de financiarse a través de criptoactivos o el refuerzo de las restricciones y controles sobre la financiación procedente de Gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o vinculadas a ellos.
Otra novedad importante será la de no poder aceptar publicidad gratuita en entornos como las redes sociales. El objetivo es evitar que se produzcan actuaciones que puedan interferir en un desarrollo normal de los procesos electorales o la actividad política y parlamentaria del país por la influencia que puedan tener actuaciones de ese tipo. Además, se reformula el régimen sancionador sobre publicidad de donaciones o aportaciones y se distingue entre infracciones graves y leves en función del importe no publicado.
Buena parte de las novedades derivan de las aportaciones del Tribunal de Cuentas, contribuyendo con ello a un régimen más transparente y de mayor fiscalización de los partidos políticos.
Utilización de la tecnología
Con el fin de detectar patrones de corrupción en campos diferentes, como pueden ser las subvenciones, la contratación pública o los expedientes de gasto, se prevé un aumento del uso de la tecnología. Se utilizará para ello un sistema de prevención basado en la interoperabilidad, el cruce de bases de datos o los análisis a gran escala de información ingente. El 'big data' y la inteligencia artificial ofrecerán ventajas en ese sentido, junto a la generación de alertas tempranas.
Sin embargo, la Ley de Integridad establece que los algoritmos no podrán determinar quién es corrupto ni sustituir a los procedimientos administrativos para determinar una responsabilidad de ese tipo. Aun así, la futura Agencia Independiente de Integridad Pública contará con todas las herramientas tecnológicas disponibles para detectar esos riesgos sistémicos, con sujeción a las garantías de protección de datos, trazabilidad, auditoría algorítmica y supervisión humana previstas en la ley.
Agencia Independiente de Integridad Pública
La Agencia Independiente de Integridad Pública es el eje del nuevo sistema y, para poder abordar sus cometidos, contará con funciones que antes estaban dispersas y ahora se integrarán bajo su actividad. Se trata del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de IGAE, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Oficina de Conflictos de Intereses. Además, asume funciones vinculadas al Sistema de Integridad de la AGE y funciones de OIReScon directamente conectadas con la integridad en contratación pública. También asume múltiples funciones: en materia de estrategia, investigación administrativa, protección de informantes, grupos de interés, análisis de huella normativa contra la corrupción normativa, contratación pública, subvenciones, conflictos de interés, análisis de datos frente a la corrupción, sancionadora o formación e impulso de una cultura de integridad.
Su independencia ha sido reforzada tras el trámite de información pública, junto a las observaciones del Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo Fiscal. Además, su diseño se ha llevado a cabo en permanente diálogo con la OCDE, con el objetivo de que la Agencia esté en sintonía con las mejores prácticas internacionales en la materia. Para que esto sea una realidad, se clarifica aún más su autonomía orgánica y funcional, a la vez que se marca la línea que separa su labor preventiva, investigadora y sancionadora. Para darle aún más peso a esa independencia, el presidente o presidenta será elegido a través de una convocatoria pública abierta, y se exigirá una mayoría reforzada en el Congreso para confirmar su nombramiento.
Dentro de la misma, la protección al informante será un área determinante. A quienes adviertan de prácticas posiblemente fraudulentas en el ámbito público se les respaldará con medidas cautelares frente a posibles represalias, aparte de darle apoyo psicológico y financiero o indemnizaciones por posibles daños o lucro cesante. Las personas informantes tendrán acceso a información y asesoramiento independiente, asistencia ante las autoridades competentes, medidas cautelares frente a represalias y, excepcionalmente, apoyo financiero y psicológico.
Para hacerlo aún más efectivo, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para habilitar al Consejo General del Poder Judicial a especializar plazas y secciones de los Tribunales de Instancia y de las Audiencias Provinciales en delitos de corrupción y otras materias relacionadas.
Sanciones y recuperación de lo robado
En la esencia de todo el texto de la Ley de Integridad Pública está la recuperación de los recursos públicos detraídos por empresas o personas que realicen actuaciones corruptas, pero también se prevé que se les prohíba volver a acceder a los ámbitos en los que desplegaron esas malas prácticas. Esto se hace a través de una reforma en el Código Penal, por la que se endurecen hasta un máximo de 20 años la pena de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas del Estado, el acceso a contratos del sector público o beneficios en determinados tributos o en la Seguridad Social.
El proyecto refuerza el denominado `blacklisting´ mediante la imposición obligatoria, en determinados delitos, de la pena de inhabilitación para contratar con el sector público. Simultáneamente, se refuerza la publicidad del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas respecto de las prohibiciones de contratar vigentes.
Lo que se acompaña del aumento de plazos de prescripción hasta los siete años en los delitos contra la Administración pública, tal y como han solicitado el CGPJ y el Consejo Fiscal. Estos abarcan desde la alteración de precios en concursos y subastas públicas, la corrupción en los negocios, el blanqueo de capitales, la financiación ilegal de partidos hasta los delitos contra la Hacienda pública. También se contempla en este endurecimiento la prevaricación urbanística, los ataques al patrimonio histórico o el contrabando.
Y para fomentar esa recuperación de lo robado, se incluye la vinculación de retornar los fondos corrompidos para tener acceso a beneficios como el tercer grado penitenciario: se refuerza la valoración del cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias y de la reparación del daño, denegándose cuando el penado haya eludido su cumplimiento. Desde la Administración, se dará más peso a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que contará con una mejor gestión de bienes embargados y decomisados. Con la novedad de que podrá actuar antes de que esos objetos pierdan valor, en la línea de la última Directiva europea referida a este ámbito.
Se amplían los supuestos en los que un juez o tribunal podrá acordar el decomiso sin condena cuando el proceso penal no pueda concluir con sentencia por determinadas circunstancias legalmente previstas. Además, se introduce el decomiso de patrimonio no explicado vinculado a actividades delictivas desarrolladas en el marco de una organización criminal, siempre mediante resolución judicial motivada. Alcanzar esta meta de recuperar los recursos públicos malversados se ejecutará a través de un mayor acceso a bases de datos y a la preservación de esos bienes. La colaboración internacional con oficinas dedicadas a la recuperación de activos, además del trabajo conjunto con la Fiscalía Europea, Europol y Eurojust facilitarán esta labor, a la cual contribuirá una futura Estrategia nacional de recuperación de activos.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
REAL DECRETO LEY QUE PERMITE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS LABORALES, EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que permite la adopción de medidas laborales, extraordinarias y urgentes, para personas trabajadoras afectadas por los incendios forestales que hayan requerido medidas restrictivas por parte de las autoridades como evacuaciones, limitaciones de acceso, confinamientos o similares.
Se podrán acoger las personas y empresas que cumplan los requisitos desde el 22 de julio hasta que concluya la campaña anual de peligro alto de incendios forestales del año 2026.
Las medidas de protección podrán aplicarse fuera de los municipios afectados siempre que los perjuicios alcancen a personas trabajadoras o empresas de fuera de esa localidad.
La adopción de cualquier medida desfavorable para la persona trabajadora derivada del ejercicio de los derechos previstos en este real decreto-ley será calificada como nula.
Prestación extraordinaria por emergencia extrema
Las personas trabajadoras tendrán derecho a suspender su contrato de trabajo y solicitar la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema. Podrán solicitar esta prestación las personas que:
- La imposibilidad de acceder al domicilio habitual como consecuencia de las órdenes de evacuación, de las restricciones de acceso o de cualesquiera otras medidas adoptadas por las autoridades competentes, en el marco de la situación de emergencia, cuando ello impida a la persona trabajadora recuperar los bienes o efectos personales indispensables para acudir al trabajo o desarrollar la prestación laboral, y siempre que resulte imposible realizar trabajo a distancia.
- La obligación de llevar a cabo labores de traslado, limpieza o acondicionamiento del domicilio habitual o de recuperación de enseres y otros efectos personales, hasta que se disponga de una solución habitacional estable y adecuada, así como la realización de los trámites para la obtención de documentos oficiales o públicos que solo puedan llevarse a cabo de manera presencial por parte de la persona trabajadora, cuando estas labores y trámites deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.
- La atención a los deberes de cuidado derivados de los incendios respecto del cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviviera con la persona trabajadora en el mismo domicilio.
Se incluyen en este apartado los cuidados derivados del cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza, cuando las personas residen en los municipios afectados o como consecuencia de los incendios que se produzcan en esos municipios.
Permiso por fallecimiento
Será de hasta cinco días hábiles desde el hecho causante hasta los cinco días hábiles siguientes al del sepelio.
Solicitud de la prestación extraordinaria
La solicitud de suspensión del contrato deberá ser comunicada por la persona trabajadora a la empresa de forma expresa, acompañando la documentación acreditativa de encontrarse en alguno de los supuestos que generan el derecho. La empresa, en su caso, expedirá el certificado de empresa y lo remitirá al Servicio Público de Empleo Estatal como máximo, al día siguiente de recibir dicha solicitud.
La prestación nacerá a partir del día de la fecha efectiva de la suspensión del contrato.
No se exigirá ningún período de cotización mínimo necesario para acceder a la prestación.
La duración de la prestación extraordinaria estará limitada un máximo de cuatro meses. No implicará, a ningún efecto, el consumo de las cotizaciones previamente efectuadas.
Suspensión extraordinaria de los plazos procesales
La disposición adicional segunda del real decreto-ley establece la suspensión de los plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio, ambos inclusive, en los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules.
La suspensión se aplica con las excepciones habituales previstas en la legislación procesal, entre ellas las actuaciones urgentes del orden penal, los procedimientos de tutela de derechos fundamentales y los procedimientos de protección de menores, que no se verán afectados. Además, la norma incorpora una cláusula final que faculta al juez o tribunal para acordar la práctica de cuantas actuaciones judiciales resulten necesarias con el fin de evitar perjuicios irreparables para los derechos de las personas afectadas.
Asimismo, los profesionales cuyo domicilio profesional o particular se encuentre en alguno de estos partidos judiciales podrán poner esta circunstancia en conocimiento del órgano judicial competente para solicitar, con carácter excepcional y de acuerdo con la legislación procesal, la suspensión de plazos o vistas cuando resulte procedente. De este modo, las personas afectadas podrán centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales.
Más protección para las personas y empresas afectadas
El real decreto-ley también permite a las personas y empresas afectadas por los incendios disponer de más tiempo para solicitar la declaración de concurso en caso de encontrarse en una situación de insolvencia. Y suspende temporalmente los plazos para reclamar derechos o iniciar determinadas actuaciones legales, evitando así que las dificultades provocadas por los incendios perjudiquen a las personas afectadas.
Estas medidas se adoptan en coordinación con los operadores jurídicos y atendiendo a las peticiones trasladadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Con ellas se refuerza la protección de las personas afectadas, se garantiza la seguridad jurídica y se procura que las consecuencias de los incendios forestales no limiten el ejercicio de sus derechos ni el acceso a la Justicia.
Medidas en materia de Seguridad Social
El real decreto-ley establece también medidas en materia de Seguridad Social, encaminadas a hacer frente a los impactos económicos y sociales originados por estos incendios forestales.
En primer lugar, atendiendo al especial impacto en su desarrollo profesional y económico que supone la paralización de su actividad, se establece la posibilidad de que, aquellos trabajadores autónomos que cesen total o parcialmente, de forma definitiva o temporal, en su actividad por las situaciones descritas en este real decreto-ley en los municipios afectados, puedan solicitar la prestación de cese de actividad sin que tengan que acreditar el requisito de periodo mínimo de cotización, ni la existencia de fuerza mayor.
En segundo lugar, las empresas titulares de códigos de cuenta de cotización con domicilio de actividad en los municipios afectados, que hayan visto o vean impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada, y a las que se les autorice un expediente de regulación temporal de empleo, podrán solicitar exenciones a la cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas o reducidas como consecuencia de los incendios a que se refiere este real decreto-ley.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
ANTICIPACIÓN DE LA JUBILACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD EN GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 45 POR CIENTO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía el acceso a la jubilación anticipada por razón de discapacidad a los afectados por 11 nuevas patologías generadoras de discapacidad. Esta medida, que se concreta en la ampliación del Anexo del Real Decreto 1851/2009, comprende nuevas patologías que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%. Se calcula que beneficiará en torno a 50.000 personas, que podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años debido a la patología que padecen.
Las nuevas patologías incluidas en el mencionado Anexo son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Parkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5. Además, se crea una nueva categoría de discapacidades, prevista en la letra j), bajo la denominación "Enfermedades sistémicas", con el fin de incluir en ella la esclerosis sistémica y la enfermedad renal crónica estadio G5.
Las personas trabajadoras con discapacidad que estén afectadas por estas patologías podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión siempre que cumplan los siguientes requisitos:
- Estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante.
- Acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45 por ciento.
En estos casos, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, que sirve para el cálculo del importe de la pensión de jubilación.
El nuevo Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DETERMINACIÓN DE LA SEDE FÍSICA DE LA AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN ZARAGOZA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para determinar el municipio de Zaragoza para albergar la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), en base al análisis del Ministerio de Sanidad en su informe de valoración de candidaturas, y tras la recomendación de la Comisión Consultiva para la determinación de las sedes del sector público institucional estatal.
Tras el análisis individualizado de cada uno de los requisitos en base a los criterios objetivos marcados por la Comisión Consultiva, se concluye que la candidatura mejor valorada es la de Zaragoza por ser la más completa, sostenida en un consenso institucional, político y social y en el papel que puede tener su elección como elemento vertebrador del conjunto del territorio.
Agencia Estatal de Salud Pública
La Ley 7/2025 crea la Agencia Estatal de Salud Pública y modifica la Ley 33/2011, General de Salud Pública, para que este organismo asuma el desarrollo y ejecución de las funciones técnicas del Ministerio de Sanidad en materia de vigilancia en salud pública.
Para la determinación de la sede se aplica el procedimiento previsto en el Real Decreto 209/2022, que establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la Comisión Consultiva para la determinación de las sedes, de forma que para la elección se siga un procedimiento objetivo y competitivo.
El 18 de noviembre de 2025, el Consejo de Ministros acordó iniciar el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública. Como en todos los procedimientos desarrollados previamente, la Comisión Consultiva aprobó el informe de criterios, que fue publicado en el BOE el 7 de diciembre de 2025.
Se han recibido ocho candidaturas: Junta de Castilla La-Mancha, que propone el Hospital Universitario de Toledo; Ayuntamiento de León, que propone el complejo Portillo; Junta de Andalucia, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada; Ayuntamiento de Barcelona, que propone el edificio Ramón Llul en el recinto de la Escuela Industrial; Ayuntamiento de Lugo, que propone el Pazo de Feiras e Congresos; Región de Murcia, que propone el Pabellón docente Virgen de la Arrixaca; Principado de Asturias, que propone el Edificio Calatrava en Oviedo; y Gobierno de Aragón, que propone el Pabellon de Aragón en Zaragoza.
En la valoración de las candidaturas se ha contado con el informe preceptivo del Ministerio de Sanidad, tal y como contempla el Real Decreto de desconcentración, que recoge un análisis y evaluación de todas las candidaturas presentadas, concluyendo que la candidatura que mejor valoración ha obtenido es la de la ciudad de Zaragoza, propuesta por el Gobierno de Aragón para albergar la sede en el Pabellón de Aragón.
Tal y como establece el artículo 6.7 del Real Decreto 209/2022, la Comisión Consultiva, una vez analizadas todas las candidaturas presentadas para albergar la sede física de la AESAP, ha elaborado y aprobado un dictamen, elevándolo al Consejo de Ministros.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS OCEÁNICOS DIGITALES
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio por el que se constituye una organización intergubernamental para el desarrollo y la explotación de los servicios de información y los sistemas oceánicos digitales.
Mercator Ocean International es una sociedad civil con sede en Toulouse (Francia), participada por diez organizaciones de cinco Estados europeos y cuya actividad principal es el desarrollo de servicios técnico-científicos relacionados con la oceanografía operacional como el desarrollo y operación del sistema Copernicus Marino por encargo de la Comisión Europea. España está representada en esta sociedad por Puertos del Estado.
En febrero de 2022 los cinco países participantes, a los que se unió Portugal, firmaron la Declaración de Brest en la que se plantea el interés en transformar la actual sociedad civil en un Organismo Intergubernamental. Dicha iniciativa fue apoyada también por la Comisión Europea.
En junio de 2025, en el marco de la United Ocean Conference celebrada en Niza, se aprobó la Declaración Lympia para el establecimiento de una Organización Intergubernamental que suceda a la actual sociedad civil y dedicada a la gestión digital del océano. Esta Declaración fue apoyada por doce países, entre los que se incluye España.
Entre los objetivos del Centro Internacional se incluyen la promoción de la investigación e innovación del océano, dotar a los Estados miembros de una plataforma de colaboración común, el diseño de un sistema oceánico digital que satisfaga las necesidades estatales, el desarrollo de un gemelo digital del océano que integre otros modelos estatales, así como la realización de programas de divulgación y formación.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
CREACIÓN DE UN PANEL CIENTÍFICO DE ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se creará un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático. Este grupo de trabajo proporcionará análisis independientes, rigurosos y multidisciplinares ante las necesidades planteadas por los departamentos del Gobierno y reforzará la integración del conocimiento experto en la toma de decisiones públicas.
El Panel Científico tiene entre sus funciones emitir informes de evidencia científica y propuestas de protocolos de actuación; responder preguntas para informar acerca de las políticas públicas en situaciones de normalidad y ante crisis y emergencias, así como elaborar escenarios futuros derivados del cambio climático con ejercicios de prospectiva.
Tras la aprobación del acuerdo, se lanza un proceso, abierto durante el verano, para la selección del personal científico de la estructura funcional. Se estima que en otoño el Panel pueda estar configurado y comience su actividad.
ESTRUCTURA DEL PANEL CIENTÍFICO
La gobernanza del Panel se articulará a través de una doble estructura: una organizativa-técnica (Comité) y otra funcional-ejecutiva (Consejo Científico). Así, el equipo de expertos quedará constituido de la siguiente manera:
- Comité: es el encargado de dirigir e impulsar los trabajos del panel, desarrollar el proceso selectivo de expertos/as científicos, y canalizar las peticiones de informes. Estará integrado por seis representantes provenientes de la Oficina Española de Cambio Climático; la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico; el Asesor Científico del MITECO, y la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del MICIU.
- Consejo científico: tiene entre sus funciones la realización de informes, estudios y asesoramientos. Estará conformado por 10 investigadores de reconocido prestigio provenientes de disciplinas vinculadas a la emergencia climática como ciencias del clima; cambio global y ecología; geografía y ordenación del territorio; ciclo hidrológico y recursos hídricos; agricultura sostenible y sistema alimentario; salud humana y cambio climático; costas y medio marino; ingeniería y tecnologías para la transición ecológica; derecho ambiental y climático; sociología ambiental y comunicación climática, y ciencias del comportamiento aplicadas a la transición ecológica.
Además, para maximizar la capacidad del Consejo Científico de responder a las distintas demandas que puedan plantearse, se contempla la posibilidad de incorporar a más investigadores/as de reconocida trayectoria bajo la figura de colaborador/a experto/a del panel, quienes serán consultados de manera preferente de acuerdo a sus especializaciones.
El Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático da cumplimiento al primer eje de la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentada en septiembre de 2025 y desarrollada mediante un proceso de participación con cerca de 4.000 aportaciones y 1.300 agentes implicados.
Hacienda
FONDO DE CONTINGENCIA PARA LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL ENCARGADO DE ATENDER A LOS AFECTADOS POR LA DANA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 204.393,32 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para financiar las retribuciones del personal interino nombrado en la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana para atender a los afectados por la DANA registrada a finales de 2024.
Dada la magnitud de los daños ocasionados y con la finalidad de impulsar la ejecución de las medidas que se adopten por la Administración General del Estado, así como efectuar un seguimiento de las mismas y facilitar la coordinación con las restantes entidades territoriales, resultó necesario efectuar el nombramiento de personas interinas en la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana realizándose, recientemente, un nuevo diferimiento de personal interino de los Cuerpos A2, C1 y C2 desde el mes de julio de 2026 hasta el 13 de noviembre de 2026, conforme al oficio remitido por la Dirección General de Función Pública al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de fecha 15 de abril de 2026.
En este sentido, y con objeto de hacer frente a las retribuciones básicas y complementarias del referido personal interino, la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio solicita un suplemento de crédito por importe de 204.393,32 euros.
Por ello, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por importe total de 204.393,32 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Hacienda
FONDO DE CONTINGENCIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AFECTADAS POR LA DANA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 85.498.595,14 euros y la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para atender medidas en materia agraria recogidas en el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA, y en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.
El Real Decreto-ley 7/2024 recogió un conjunto articulado de medidas para hacer frente a las consecuencias de dicho fenómeno atmosférico, previendo medidas en materia agraria, que incluyen una ayuda para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas, y también medidas de recuperación del potencial productivo a través de la restauración de explotaciones agrarias afectadas.
El ámbito de aplicación de estas medidas se extendió por el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, a las producciones, parcelas, explotaciones agrarias y elementos afectos a las mismas de la provincia de Valencia que, habiendo sido gravemente afectados por la DANA, no se encuentren localizadas en el término de los municipios previstos en el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre.
Actualmente, se han detectado necesidades adicionales de crédito imprescindibles para el cierre de las actuaciones derivadas de la DANA en materia agraria.
Por un lado, la diversidad de fuentes originarias de datos, la existencia de miles de parcelas y las incidencias en la información comunicada por los interesados, entre otros factores, han dado lugar a un proceso que, en su fase final, ha puesto de manifiesto la existencia de tres grupos de parcelas no contemplados en las valoraciones de necesidades realizadas hasta la fecha. Los dos primeros grupos corresponden a parcelas pendientes de reparación directa por TRAGSA, con un coste estimado de 35.500.000 euros, mientras que el tercero está integrado por parcelas cuyos titulares deben ser incluidos entre los beneficiarios de las ayudas directas, por un importe de 10.250.000 euros.
Por otra parte, durante la ejecución de las obras de reparación de TRAGSA se han detectado necesidades no previstas en las memorias valoradas iniciales, derivadas de ajustes técnicos, condiciones sobrevenidas y nuevos requerimientos imprescindibles para la correcta realización de los trabajos, que exigen la dotación de crédito adicional para la terminación de las reparaciones en ejecución por importe de 39.748.595,14 euros.
Por lo tanto, para dar cumplimiento a dichas medidas, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por importe total de 85.498.595,14 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA.
Hacienda
CONTRATO CENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato centralizado para la prestación de los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel para los Ministerios, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y Organismos del sector público estatal.
Dentro de los servicios postales, los servicios de notificaciones administrativas y judiciales incluyen aquellos envíos que se utilizan para comunicar actos o resoluciones administrativas y judiciales y en los que las Administraciones tienen establecido normativamente un procedimiento tasado, con requisitos específicos para los intentos de entrega, que deben gozar de garantía de veracidad y fehaciencia.
El ámbito subjetivo del contrato incluye aquellas entidades del Sector Público Estatal que requieren estos servicios para su gestión ordinaria (Ministerios, Organismos, Agencias, Servicios comunes y Entidades gestoras de la Seguridad Social).
El presupuesto de licitación del contrato, IVA incluido, en función de los envíos estimados para el periodo de 24 meses es de 372.681.383,66 euros.
El contrato centralizado de notificaciones da continuidad al suscrito en 2023, y que se encuentra actualmente en vigor hasta el próximo 30 de noviembre de 2026.
El plazo de vigencia del nuevo contrato de notificaciones será de 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de diciembre de 2026, al finalizar el actual.
Hacienda
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona la celebración de un contrato de obras de construcción del Edificio B de la fase 2 Dfactory Barcelona, por un valor estimado de 25.443.524,99 euros.
El DFactory Barcelona es un proyecto estratégico impulsado por el Consorcio para crear un ecosistema de innovación y desarrollo de la industria 4.0, orientado a la atracción de empresas, talento, tecnología e inversiones en la Zona Franca de Barcelona. La actuación se considera necesaria para completar el complejo DFactory y reforzar su capacidad de atracción de empresas, talento e inversiones.
El contrato tiene por objeto la ejecución del edificio B y cuenta con los informes y trámites preceptivos favorables.
Hacienda
AUTORIZACIÓN AL PRINCIPADO DE ASTURIAS A OTORGAR GARANTÍAS
El Consejo de Ministros ha autorizado Al Principado de Asturias a otorgar garantías por un importe máximo de 67 millones de euros durante 2026.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado al Principado a conceder un aval en garantía de un contrato de financiación a formalizar entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias (CADASA) por el citado importe.
El objetivo de dicho aval es la financiación del Plan de Inversiones del Consorcio.
Analizadas la naturaleza, características y finalidad de la operación garantizada, así como las condiciones de la garantía, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LÍMITES PARA INVERSIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al Ministerio del Interior la tramitación de varios expedientes de contratación con cargo al Capítulo 6 'Inversiones reales' en la Secretaría de Estado de Seguridad.
La Secretaría de Estado manifiesta la necesidad de tramitar varios expedientes de contratación para los ejercicios 2027 y 2028, relativos a obras de construcción en el Centro Tecnológico (CETSE) El Pardo, al sistema de firma cualificada remota APPMIDNI, a 30 antenas fijas de detección antidrones (SIGLOIII) y al Plan de Seguridad Campo de Gibraltar 2027, entre otros.
El detalle por importes y anualidades de los referidos expedientes, sumados a los compromisos ya existentes en la citada aplicación presupuestaria 'Inversiones reales' se muestra a continuación:
| 2027 | 2028 | |
| Nuevas necesidades | 17.377.990,20 | 9.578.593,59 |
| Compromisos ya adquiridos | 74.031.205,96 | 26.183.560,07 |
| Límite de compromiso máximo a adquirir | 91.409.196,16 | 35.762.153,66 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para la anualidad 2027.
Hacienda
REAJUSTE DE VARIOS CONVENIOS CON LA GENERALITAT DE CATALUÑA SOBRE CARRETERAS
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan y modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al objeto de posibilitar el reajuste de anualidades de tres convenios suscritos con la Generalitat de Cataluña para llevar a cabo diversas actuaciones en materia de carreteras.
La Disposición adicional centésima vigésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 establece lo siguiente:
- El Estado y la Generalitat de Cataluña suscribirán un convenio para la ejecución de actuaciones de mejora de la conectividad de la AP2 y AP7. La aportación plurianual por parte del Estado prevista en el citado convenio alcanzará un total de 250 millones de euros.
- El Estado y la Generalitat de Cataluña suscribirán un convenio para la ejecución de Plan de actuaciones en el Eje Pirenaico, con una aportación plurianual por parte del Estado que alcanzará un total de 260 millones de euros.
El 19 de noviembre de 2024 se firmó el convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Administración de la Generalitat de Cataluña, para la ejecución de actuaciones de mejora de la conectividad de la AP-2 y la AP-7, en el que se recogía una inversión total de 250 millones de euros.
El convenio establece que corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la financiación íntegra del coste de las actuaciones hasta el máximo previsto, que se hará efectiva mediante transferencia a la Administración de la Generalitat. Actualmente, los compromisos máximos de gasto de los años 2027 a 2031, son los resultantes del acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 5 de marzo de 2024.
El 11 de junio de 2026 se reunió la comisión de seguimiento del convenio. Dado el ritmo de ejecución de las actuaciones objeto del mismo, se aprueba un reajuste de las anualidades vigentes a fin de adaptarlas a las previsiones reales de ejecución.
Asimismo, con fecha 19 de noviembre de 2024 se celebró el convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Administración de la Generalitat de Cataluña para la ejecución del Plan de actuaciones en el Eje Pirenaico (N-260) en el que se recogía una inversión total de 260 millones de euros.
El convenio establece que corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la financiación íntegra del coste de las actuaciones hasta el máximo previsto, que se hará efectiva mediante transferencia a la Administración de la Generalitat de Cataluña. Actualmente, los compromisos máximos de gasto de los años 2027 a 2033, son los resultantes del acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 30 de abril de 2024.
De igual modo, el 11 de junio de 2026 se reunió la Comisión de Seguimiento del convenio. Dado el ritmo de ejecución de las actuaciones objeto del mismo, se aprueba un reajuste de las anualidades vigentes a fin de adaptarlas a las previsiones reales de ejecución.
Además de ello, el 19 de noviembre del año 2024 se firmó también el convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Administración de la Generalitat de Cataluña para la redacción de los estudios y proyectos, la financiación y la ejecución de las obras de la ronda Nord de los sistemas urbanos de Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallès. Éste preveía una inversión de 200 millones de euros.
El convenio establece que la financiación de las actuaciones será íntegramente asumida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Actualmente, los compromisos máximos de gasto son los resultantes del acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 27 de febrero de 2024.
Finalmente, con fecha 11 de junio de 2026 se reunió la Comisión de Seguimiento del convenio. Dado el ritmo de ejecución de las actuaciones objeto del mismo, se aprueba un reajuste de las anualidades vigentes a fin de adaptarlas a las previsiones reales de ejecución, quedando aquellas fijadas como sigue:
Por lo expuesto, conforme al artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la aprobación del Consejo de Ministros para autorizar y modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.
Hacienda
CONVOCATORIA DE BECAS FULBRIGHT DEL CURSO 2027-2028
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la tramitación anticipada de la convocatoria de las Becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Comercio correspondientes al curso 2027-2028.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa tiene suscrito un convenio con la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América para la convocatoria de becas de formación en Estados Unidos, de 28 de noviembre de 2024.
Por su parte, las bases reguladoras para la convocatoria de dichas becas se aprueban mediante la Orden ECM/1134/2024, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas Fulbright por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
En aplicación de dichas bases reguladoras, se convocan dos becas para el curso 2027-2028, una en el ámbito de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y otra en el ámbito de la Secretaría de Estado de Comercio.
Con respecto a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el borrador de convocatoria prevé, para el curso 2027-2028, una beca con una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga por un año. La dotación máxima anual de cada beca de estudios ascenderá a 89.969 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 'Becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa'.
Por su parte, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Comercio, el borrador de convocatoria prevé para el curso 2027-2028 una beca con una duración inicial de 12 meses, que en ningún caso podrá superar la fecha límite de 31 de diciembre de 2028. La dotación máxima anual de la beca de estudios ascenderá a 89.969 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 'Becas Fulbright de Comercio'.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pretende publicar la convocatoria de estas becas de manera anticipada en julio de 2026, de modo que se dicte la resolución de adjudicación de las becas en noviembre de 2026, lo que permitirá que la Comisión Fulbright pueda orientar y apoyar a los becarios en todos los trámites necesarios para el acceso a la universidad seleccionada.
En consecuencia, y teniendo en cuenta los compromisos asumidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, como consecuencia de la prórroga de una de las becas concedidas por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de la anterior convocatoria 2026-2027, el total de compromisos de gasto a adquirir con cargo a las referidas aplicaciones presupuestarias, según nivel de vinculación, para el ejercicio 2027, es de 179.938 euros para la beca de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (contando con el año de prórroga); y 89.969 euros para la beca de la Secretaría de Estado de Comercio.
Dado que los referidos compromisos, para el ejercicio 2027, superan los límites a los que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para modificar dichos límites.
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA EL REAJUSTE DEL CONTRATO DE EQUIPOS DE PROTONTERAPIA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Sanidad el reajuste de anualidades del contrato de suministro de equipos para tratamiento de protonterapia y equipamiento electromédico.
El 19 de octubre de 2021 se suscribió un Convenio entre, por una parte, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías competentes en materia de salud de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias y Madrid, y, por otra parte, la Fundación Amancio Ortega Gaona, para la colaboración en la implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud. El Convenio prevé la incorporación de diez equipos de radioterapia de protones ubicados estratégicamente en centros públicos de todo el territorio nacional para dar cobertura a todos los pacientes de la sanidad pública española necesitados de estos tratamientos.
El Ministerio de Sanidad, de conformidad con la cláusula tercera del Convenio, coordinará el proceso de puesta en marcha, siendo el encargado de adquirir los equipos de protonterapia y complementarios necesarios para la aplicación de este tratamiento en el Sistema Nacional de Salud, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
El suministro de los equipos mencionados se imputa a la aplicación presupuestaria 'Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios', tramitado a través de la licitación de un contrato plurianual, con un presupuesto base de licitación de 271.000.000 euros (IVA incluido), cuyo contrato se firmó entre la Secretaría de Estado de Sanidad y la empresa Ion Beam Applications S.A. con fecha 2 de diciembre de 2022. Previamente a la firma de este contrato, el Consejo de Ministros aprobó el día 9 de mayo de 2022 la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.
Debido a diferentes circunstancias tales como la situación ocasionada por la guerra de Ucrania, la interposición de recursos e impugnaciones sufridas en algunos procesos de licitación y adjudicación de los proyectos y obras, y a retrasos en el desarrollo del proyecto en algunas Comunidades Autónomas, el cronograma previsto en la instalación de los equipos de protonterapia y el calendario de pagos previstos en el periodo 2023-2025 se ha visto alterado, siendo preciso revisar en los ejercicios 2023, 2024 y 2025 los compromisos de gasto autorizados para esta actuación mediante diferentes Acuerdos del Consejo de Ministros.
Con motivo de las últimas actualizaciones realizadas en el ejercicio 2026, se han producido nuevamente una serie de retrasos en los respectivos proyectos de algunas de las Comunidades Autónomas que ocasiona la necesidad de modificación en la previsión de la implantación de los equipos de protonterapia y equipamiento electromédico y, a su vez, de la fecha de pagos a realizar a la empresa adjudicataria. El detalle del nuevo calendario de pagos previsto en las anualidades 2027, 2028 y 2029, es el siguiente:
| Gasto Autorizado | Reajuste | Nueva Anualidad | |
| 2027 | 107.370.200,00 € | -37.468.500,00 € | 69.901.700,00 € |
| 2028 | 63.398.800,00 € | 6.158.900,00 € | 69.557.700,00 € |
| 2029 | 0,00 € | 31.309.600,00 € | 31.309.600,00 € |
Por lo expuesto, al superarse en los ejercicios 2027, 2028 y 2029 los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para elevar los límites de compromisos máximos de gastos en la mencionada aplicación.
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MODIFICACIÓN DE LÍMITES PARA PROYECTOS DE LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 108 sexies de la ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Espacial Española la contratación de servicios y suministros necesarios para su funcionamiento, así como para la realización de proyectos en el marco del acuerdo de asociación del 'Space Surveillance and Tracking'.
Real Decreto 158/2023, de 7 de marzo, se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Agencia Espacial Española, como agencia de las previstas en el artículo 84.1.a).3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios y con autonomía funcional y de gestión, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al Ministerio de Defensa.
Según se recoge en la documentación justificativa que acompaña el expediente, la citada Agencia Estatal debe acometer una serie de actividades necesarias para su funcionamiento ordinario que implican licitaciones y prórrogas de contratos y encargos, con impacto económico en ejercicios futuros.
Por otro lado, el 28 de abril de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban el Reglamento (UE) 2021/696, por el que se crea el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y por el que se deroga la Decisión nº 541/2014/UE, y que establece la Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST, por sus siglas en inglés) como un subcomponente esencial para mantener la continuidad de los componentes del Programa (Copérnico y Galileo) y sus contribuciones a las políticas de la Unión Europea.
En este contexto, se suscribió el Acuerdo de Asociación de SST, con fecha 11 de noviembre de 2022, donde España actúa como coordinador, que tiene por objeto crear una asociación y establecer los mecanismos de cooperación para la ejecución de las actividades del subcomponente SST en el período 2023-2027, y que, tras la modificación de 12 de abril de 2026, se ha ampliado a 19 Estados Miembros, así como su validez hasta 31 de diciembre de 2030.
En el marco de dicho Acuerdo de Asociación, la citada Agencia Estatal ha suscrito, junto con los organismos asociados, y como coordinadora del proyecto, varios acuerdos de subvención con la Comisión Europea para la realización de una serie de proyectos, cuyo detalle viene recogido en la documentación adjunta. Para el desarrollo de tales proyectos, la mencionada Agencia Estatal debe acometer una serie de actividades que implican, entre otras, una serie de licitaciones y prórrogas de contratos de servicios, así como de encargos a medios propios, con impacto económico en ejercicios futuros, cuyos importes por proyectos y anualidades, se recoge en el siguiente cuadro (importe en euros):
| 2027 | 2028 | |
| HE21-22 TOP5 | 461.000,00 | |
| EUSST 2023-26 SpaceReg | 5.389.170,99 | 2.961.983,78 |
| HE2324 TOP1 | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 |
| HE2324 TOP2 | 600.000,00 | 400.000,00 |
| HE2324 TOP4 | 4.980.000,00 | 3.320.000,00 |
| HE2324 TOP5 | 600.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL | 13.830.170,99 | 8.281.983,78 |
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta los compromisos ya adquiridos, los compromisos totales necesarios en la partida 'Investigación y desarrollo tecnológico-industrial', según nivel de vinculación, son los siguientes (importe en euros):
| 2027 | 2028 | 2029 | |
| Compromisos adquiridos: | 304.471.807,42 | 521.466,32 | 23.525,00 |
| Compromisos por adquirir: | 18.648.169,18 | 9.534.681,18 | 0,00 |
| Compromisos totales: | 323.119.976,60 | 10.056.147,50 | 23.525,00 |
Por lo expuesto, al superarse los límites autorizados a que se refiere el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se solicita autorización del Consejo de Ministros para elevar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la anualidad de 2027, en la aplicación presupuestaria 'Investigación y desarrollo tecnológico-industrial', según nivel de vinculación.
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EN EL MARCO DE LOS PLANES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 108 sexies de la ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la convocatoria y concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI).
La Agencia Estatal de Investigación es la encargada de la gestión de las convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
Además de los compromisos pendientes de las nuevas convocatorias, se debe realizar el traspaso de los compromisos imputados en la aplicación 'Transferencias de capital' al Programa 'Transferencias internas', por resolución de convocatorias, en aplicación del artículo 7. Cuarta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2026.
La Agencia Estatal de Investigación tiene previsto asumir compromisos relativos, entre otros, a la tramitación de convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, imputables en el Capítulo 7 "Transferencias de capital" del programa 'Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica", según la siguiente distribución:
| CONVOCATORIA | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | TOTAL |
| PID2026 | 140.000.000 | 115.000.000 | 220.000.000 | 225.000.000 | 700.000.000 | ||
| JDC2026 | 21.000.000 | 21.000.000 | 19.000.000 | 61.000.000 | |||
| PTA2026 | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 10.000.000 | |||
| RYC2026 | 44.000.000 | 46.000.000 | 48.000.000 | 50.000.000 | 52.000.000 | 240.000.000 | |
| PTQ2026 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 20.100.000 | |||
| DIN2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | ||
| PTR2026 | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | ||||
| FPU2026 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 128.000.000 | ||
| RYC2025 (ajuste) | -412.490 | -412.490 | 232.180 | 296.400 | 296.400 | 0 | |
| Total necesidades | 174.587.510 | 226.687.510 | 331.232.180 | 336.296.400 | 52.296.400 | 52.000.000 | 1.173.100.000 |
De acuerdo con lo anterior, los compromisos totales necesarios en la partida 28.303.463B.7 "Transferencias de capital", según nivel de vinculación, son los siguiente:
| Compromisos adquiridos | Compromisos por adquirir | Compromisos totales | |
| 2027 | 547.520.497,85 | 174.587.510,00 | 722.108.007,85 |
| 2028 | 503.016.844,77 | 226.687.510,00 | 729.704.354,77 |
| 2029 | 273.166.057,24 | 331.232.180,00 | 604.398.237,24 |
| 2030 | 62.990.600,00 | 336.296.400,00 | 399.287.000,00 |
| 2031 | 23.168.600,00 | 52.296.400,00 | 75.465.000,00 |
| 2032 | - | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 |
Por lo expuesto, al superarse los límites y el número de anualidades autorizados a que se refiere el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como los autorizados en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2026, se solicita una nueva autorización del Consejo de Ministros para elevar los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Transferencias de capital'.
Hacienda
CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN DE LA CNMC
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la convocatoria de 14 becas de formación para el ejercicio 2027.
La CNMC considera que estas becas son una herramienta especialmente útil para que personas con titulaciones relacionadas con el ámbito del derecho, la economía, el periodismo y la ingeniería, puedan ampliar sus conocimientos, conocer más profundamente las competencias y funciones que realiza la Comisión y adquirir experiencia en tareas propias de su ámbito de actuación.
La Resolución de 15 de junio de 2026 de la CNMC establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión.
De acuerdo con el borrador de Resolución de la CNMC, para el ejercicio 2027, se tiene previsto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, un total de 14 becas de formación, con una duración de 12 meses, de enero a diciembre de 2027, y una asignación bruta mensual por persona beneficiaria de 1.240 euros, lo que supone un importe total de 208.320 euros.
Asimismo, el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social (cuota empresarial) supone una cuantía total de 11.032,56 euros, de la que corresponden 10.113,18 euros al ejercicio 2027 y 919,38 euros al ejercicio 2028.
Por tanto, estas becas suponen un coste total de 219.352,56 euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 'Becas de la CNMC'.
Por tanto, de acuerdo con el importe de la convocatoria puesto de manifiesto y dado que el crédito inicial en la aplicación presupuestaria 'Becas de la CNMC' es de 220.000 euros, se ha superado el límite de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros aplicable al ejercicio 2027, establecido en la Ley General Presupuestaria, por lo que se ha solicitado al Consejo de Ministros el aumento del mismo.
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CONVOCATORIA POR PARTE DEL SEPE DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la tramitación de diversas convocatorias de formación en el trabajo.
Este acuerdo viene motivado por el hecho de posibilitar al Servicio Público de Empleo Estatal la tramitación de las convocatorias de formación en el trabajo destinadas a autónomos, a trabajadores por cuenta ajena y a mejorar la capacitación en el ámbito del diálogo social y la negociación.
En este contexto, hasta final del ejercicio se van a realizar gastos de carácter plurianual y/o trámite anticipado para el año 2027 por un total de 228.300.000 euros, según el siguiente desglose:
- Convocatoria para personas trabajadoras autónomas: 2.300.000 euros.
- Convocatoria de diálogo social 2026: 26.000.000 euros.
- Convocatoria para personas ocupadas 2026: 200.000.000 euros.
Por su parte, a 15 de julio de 2026, la cifra de retenciones de crédito de carácter plurianual o con carácter anticipado para el año 2027 asciende a la cantidad de 123.683.085,27 euros.
Partiendo de los nuevos compromisos a adquirir y teniendo en cuenta la existencia de retención de crédito en el año 2027, se obtiene el siguiente cuadro de necesidades totales (importe en euros):
| 2027 | |
| Crédito retenido a 15/07/2026 | 123.683.085,27 |
| Nuevas necesidades | 228.300.000,00 |
| TOTAL NECESIDADES | 351.983.085,27 |
De cuanto antecede, y al objeto de que el SEPE pueda llevar a cabo la tramitación de diversas convocatorias de formación en el trabajo en la referida aplicación presupuestaria, se ha solicitado que se modifiquen los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la anualidad de 2027, conforme se establece en la Ley General Presupuestaria, de forma que el compromiso máximo a adquirir en 2027 ascienda a 351.983.085,27 euros.
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LÍMITES PARA LA REPROGRAMACIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS ESPECIALES DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar la reprogramación financiera de diversos programas especiales de modernización del Ministerio de Defensa.
Los programas especiales de modernización tienen una gran relevancia para la base industrial y tecnológica de la defensa, contribuyendo a la generación de empleo cualificado en las distintas regiones de España, requieren de una contratación, ejecución y seguimiento específicos, y absorben un gran volumen de recursos financieros que se materializan en compromisos adquiridos con empresas nacionales e internacionales en el ámbito de la cooperación. Los planes industriales asociados a cada programa hacen de la industria de defensa un sector innovador y generador de empleo, con presencia en todas las regiones de España.
Este acuerdo cubre la reprogramación financiera de diversos programas especiales de modernización sin que suponga un aumento del coste total.
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA PERMITIR AL FEGA LA TRAMITACIÓN DE INVERSIONES
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la tramitación de nuevos gastos en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales'.
Este Organismo Autónomo justifica su propuesta en la necesidad de continuar durante el ejercicio 2026 los trabajos de adaptación del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) de España al periodo de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, así como de renovar las ortofotografías e incorporar la nueva información que refleje las modificaciones originadas en el territorio por la ejecución de obras civiles u otras actuaciones que lleven a cabo las Administraciones públicas.
El FEGA no dispone de los medios humanos y materiales necesarios para acometer dichas tareas, por lo que resulta necesario realizar el siguiente encargo, cuyo detalle por anualidades e importes es el siguiente (importes en euros):
| 2026 | 2027 | TOTAL | |||
| Actualización de recintos por renovación ortofoto en SIGPAC 2026/2027 | 1.110.553,35 | 3.582.452,02 | 4.693.005,37 |
Con cargo a la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', el FEGA ya tiene iniciados expedientes de los que se derivan compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. Estas nuevas necesidades sumadas a los compromisos ya adquiridos son los siguientes (importes en euros):
| 2027 | |
| Crédito retenido | 23.397.607,19 |
| Nuevas necesidades | 3.582.452,02 |
| Total necesidades | 26.980.059,21 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales' para la anualidad de 2027.
Transportes y Movilidad Sostenible
LICITACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL ESPIGÓN DEL TURIA PARA ATRAQUE DE BARCOS DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE VALENCIA
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de la adaptación del espigón del Turia para atraque de barcos de pasajeros en el puerto de Valencia, con una inversión de más de 46 millones de euros (IVA no incluido).
El Espigón del Turia se encuentra entre las dársenas de Unión Naval de Levante (UNL), al norte, y del Turia, al sur, en el puerto de Valencia. Tiene una longitud de 536 metros al norte y 372 metros al sur, y un ancho de 150 metros, siendo su calado variable entre 9 y 11 metros.
La actuación aprobada tiene por objeto la adaptación de este espigón para atraque de barcos de pasajeros, mediante la habilitación de dos nuevos atraques con calado y longitud suficientes para este tipo de tráficos, la dotación del equipamiento portuario adecuado y el dragado de las dársenas que rodean el espigón. En particular, el proyecto autorizado permitirá reemplazar dos de los tres atraques que han quedado en desuso por las obras del Muelle de Contenedores en la Terminal Norte.
Una vez adecuado el muelle, se prevé la licitación de una nueva terminal para pasajeros que permitirá reforzar la capacidad y la calidad de las instalaciones para este tipo de tráfico.
A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Valencia bajo la línea de inversión denominada 'Adecuación atraques - Espigón Turia'. Las obras correspondientes al proyecto no cuentan con financiación externa.
Ese Plan de Inversiones 2025-2029 contempla actuaciones en el puerto de Valencia por más de 900 millones de euros, de los que 628 millones de euros se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda, como el aprobado.
Al impulso a la sostenibilidad se destinarán 171,5 millones de euros, especialmente para la electrificación de los muelles (OPS), dentro del compromiso del sistema con puertos más verdes. Además, están previstas inversiones por más de 76 millones de euros para la mejora de los accesos viarios y ferroviarios que incrementen la conectividad del puerto, y 14 millones para actuaciones puerto-ciudad.
Los puertos del Estado en la Comunidad Valenciana son los terceros en volumen de inversión, con 1.250 millones de euros, según el plan 'Horizonte 2030' para el sistema portuario de titularidad estatal.
Imagen aérea del puerto de Valencia.

Transportes y Movilidad Sostenible
NUEVOS ACCESOS VIARIOS A LA AMPLIACIÓN SUR DEL PUERTO DE BARCELONA
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de los nuevos accesos viarios a la ampliación sur del puerto de Barcelona por un valor estimado de 98 millones de euros (IVA no incluido).
Esta obra permitirá la construcción de un gran nudo viario que conectará los futuros nuevos accesos con la red interna del puerto en su ampliación sur, mejorando la movilidad y la capacidad operativa de esa zona.
La ampliación sur del puerto de Barcelona, en ejecución, y que ha sido posible gracias al desvío de la desembocadura del río Llobregat, incluye una serie de actuaciones. Entre las realizadas destaca el dique sur, la terminal de contenedores BEST, la estación ferroviaria de expedición y recepción en el muelle Prat y la red viaria de acceso al dique sur.
El elemento principal del proyecto aprobado consiste en un nuevo nudo viario que permitirá la adecuada articulación entre la red viaria del puerto de Barcelona y la futura nueva autovía de acceso al puerto. Este nudo viario, a desarrollar sobre la antigua desembocadura del río Llobregat, constituirá la infraestructura viaria más importante del puerto y deberá ser compatible con el significativo nudo ferroviario que se desplegará en el antiguo cauce.
El proyecto aprobado contempla una gran rotonda elevada con tres ramales: el de conexión con la nueva autovía, el de conexión con la ampliación sur y el que permitirá el acceso a las instalaciones portuarias situadas al norte de la antigua desembocadura. El proyecto también tiene por objeto facilitar el futuro cruce bajo la infraestructura ferroviaria de diversas redes de servicios, para lo cual se ha proyectado una galería de servicios.
A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Barcelona bajo la línea de inversión denominada "Nuevos accesos a la ampliación Sur. Fase 2A".
Ese Plan de Inversiones 2025-2029 de Puertos del Estado contempla actuaciones en el puerto de Barcelona por más de 1.200 millones de euros, de los que 858 millones de euros se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda. El segundo capítulo en importancia es el de los accesos viarios y ferroviarios, como el aprobado, que incrementará la competitividad del puerto, y a los que se prevé destinar más de 250 millones de euros.
Al impulso a la sostenibilidad se destinarán 93 millones de euros, especialmente para la electrificación de los muelles (OPS), dentro del compromiso del sistema con puertos más verdes. Además, están previstas inversiones de 13,5 millones de euros para actuaciones puerto-ciudad.
Imagen del puerto de Barcelona.

Recreación del nuevo acceso: nudo viario.

Transportes y Movilidad Sostenible
CIERRE Y HABILITACIÓN DEL MUELLE DE RIBERA EN EL PUERTO DE GRANADILLA
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla de la Autoridad Portuaria de Tenerife por 53,9 millones de euros (IGIC no incluido).
Esta licitación supone una modificación, al alza, del valor estimado inicial del contrato, al declararse desierto el concurso el pasado 27 de abril de 2026 por ausencia de concurrencia.
El puerto de Granadilla es el último puerto de nueva planta construido en España dentro de los puertos de interés general, con el objetivo de operar de forma complementaria al puerto de Santa Cruz de Tenerife, completando de esta forma el servicio portuario al conjunto de la isla de Tenerife. Está diseñado para recibir buques de gran calado y operaciones logísticas a gran escala e incluye también un área industrial anexa, lo que le convierte en un nodo logístico clave en el Atlántico.
La obra que se autoriza permitirá construir los 543,3 metros de longitud que faltaban para concluir los 1.045 metros del muelle de Ribera, permitiendo el pleno funcionamiento del puerto de Granadilla.
En concreto, el tramo que resta por ejecutar es el comprendido entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada del tramo final situado al sur, y se ejecutará con 11 cajones de hormigón armado de 48,25 metros de eslora cimentados a la cota -18 metros y sendos cierres de hormigón sumergido de 5,78 metros de longitud.
Las obras correspondientes a este proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife bajo la línea de inversión denominada 'Cierre y habilitación del muelle de Ribera', dentro de las inversiones del puerto de Granadilla y cuentan con financiación parcial procedente de fondos europeos FEDER 2021-2027.
Ese Plan de Inversiones 2025-2029 de Puertos del Estado contempla actuaciones en los puertos de Tenerife por más de 250 millones de euros, de los que 175 millones de euros se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda.
Al impulso a la sostenibilidad se destinarán 47,5 millones de euros dentro del compromiso del sistema con puertos más verdes. Además, están previstas inversiones por más de 20 millones de euros para actuaciones puerto-ciudad.
Los puertos del Estado en Canarias son los quintos en volumen de inversión, con más de 600 millones de euros previstos en el periodo 2025-2029, según el plan 'Horizonte 2030' para el sistema portuario de titularidad estatal.
Imagen del puerto de Granadilla.

Transportes y Movilidad Sostenible
LICITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE ADOSADO AL DIQUE REINA SOFÍA SUR, EN EL PUERTO DE LAS PALMAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de la construcción del muelle adosado al dique Reina Sofía sur, en el puerto de Las Palmas, por un valor estimado de 45,3 millones de euros (IGIC no incluido).
Esta obra permitirá al puerto ganar 335 metros de línea de atraque con 20 metros de calado y 16.000 metros de explanada, destinado principalmente a mercancía general. El nuevo muelle se situará se sitúa en prolongación de la alineación del dique existente al sur.
A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas bajo la línea de inversión denominada "Muelle Adosado dique Reina Sofia Sur'" dentro del epígrafe denominado "Ampliación Reina Sofía" y pueden ser parcialmente financiadas con fondos europeos.
Ese Plan de Inversiones 2025-2029 de Puertos del Estado contempla actuaciones en el puerto de Las Palmas por más de 350 millones de euros, de los que 286 millones de euros se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda. Al impulso a la sostenibilidad se destinarán 41,5 millones de euros dentro del compromiso del sistema con puertos más verdes y casi 15 millones para reforzar la seguridad. Además, están previstas inversiones por 5,8 millones de euros para la mejora de los accesos que incrementen la conectividad del puerto, y 3,3 millones para actuaciones puerto-ciudad.
Los puertos del Estado en Canarias son los quintos en volumen de inversión, con más de 600 millones de euros destinados a mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento, según el plan 'Horizonte 2030' para el sistema portuario de titularidad estatal.
Dique Reina Sofía sur en el puerto de Las Palmas.

Transportes y Movilidad Sostenible
CONTRATO DE OBRAS DE REFUERZO Y REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO DEL BARRANCO DE EL CABALLAR
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de obras de refuerzo y rehabilitación del viaducto del Barranco de El Caballar, ubicado en el kilómetro 787,2 de la A-7, en la provincia de Almería. El valor estimado del contrato es de unos 12,6 millones de euros (IVA no incluido).
El objeto de las actuaciones es aumentar la vida útil del viaducto que da servicio a la calzada izquierda sentido Barcelona, así como mejorar su comportamiento estructural evitando el riesgo de rotura frágil en los elementos metálicos del tablero. Asimismo, se aumentará el nivel de seguridad global frente a las sobrecargas y se controlarán mejor los desplazamientos transversales debido al viento y a la acción sísmica.
Las intervenciones propuestas para ello son las siguientes:
- Inspección y reparación de soldaduras.
- Refuerzo de la estructura metálica (nudos de las celosías y diagonales).
- Sustitución de apoyos y juntas de dilatación.
- Fresado del firme, impermeabilización del tablero, mejora del drenaje y reposición de aglomerado.
- Limpieza general de paramentos con chorro de arena.
- Aplicación de pintura de protección en paramentos.
- Ejecución de topes transversales.
- Ejecución de dos pasarelas de inspección.
- Instalación de un sistema de iluminación ornamental mediante luminarias tipo LED.
Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 161,90 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Transportes y Movilidad Sostenible
CONTRATO PARA PROLONGAR LOS ANDENES DE LAS ESTACIONES SUBTERRÁNEAS DE EMBAJADORES Y LAGUNA
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, a través de Adif y por un importe estimado de 44,29 millones de euros (IVA no incluido), del contrato para prolongar los andenes de las estaciones subterráneas madrileñas de Embajadores y Laguna en la línea C-5 de Cercanías Madrid para adaptarlos a los nuevos trenes de 200 metros. Asimismo, el contrato también contempla la mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de ambas estaciones.
EL proyecto que ha recibido luz verde incluye el tratamiento de la plataforma ferroviaria a lo largo de 2,7 kilómetros entre ambas estaciones de la línea C-5 de Cercanías.
Esta actuación, incluida en el Plan de Cercanías de Madrid, es una de las recogidas en el Plan de Actuación de la C-5 que tiene por objetivo modernizar la línea, aumentar su capacidad y mejorar la accesibilidad. Esta línea registra el mayor volumen de pasajeros de las Cercanías de Madrid y el pasado año fue utilizada por 72 millones de personas.
El Plan de Actuación de la C-5 cuenta con una inversión total de 1.350 millones de euros. De ese total, unos 650 millones de euros corresponden a Adif, que ejecuta 28 actuaciones para la mejora de la infraestructura, y 700 millones a Renfe, fundamentalmente para la compra de nuevos trenes y la construcción y adecuación de talleres.
Laguna: 4 salidas de emergencia y 2 ascensores
En concreto, el contrato contempla que en la estación de Laguna los andenes se prolonguen 30 metros en el lado Móstoles, y alcanzando los 210 metros, para adaptarse a los nuevos trenes de Renfe, de mayor longitud (200 metros) y capacidad.
Además, para aumentar la accesibilidad se construirán dos nuevos ascensores en el vestíbulo, inmediatamente antes del paso de las canceladoras, que conectarán con los andenes. Actualmente existe un ascensor que conecta la calle con el vestíbulo, pero no llega a los andenes.
Con el fin de mejorar las condiciones de evacuación y ventilación, se ejecutarán cuatro salidas de emergencia, dotadas de las instalaciones de protección civil y seguridad necesarias, de las cuales dos tendrán salida al Parque de la Cuña Verde, otra a la calle de la Alhambra y la cuarta a la calle Quart de Poblet.
Adif construirá también un pozo de ventilación y las pertinentes instalaciones de protección contra incendios. Asimismo, instalará un nuevo sistema de detección automática de incendios y de calor y se ampliarán los detectores de alarma.
También se construirán cuatro escaleras de emergencia (dos por andén, de 1,70 metros de anchura) que comunicarán los andenes directamente con la calle.
Embajadores: ampliación de andenes y mejora de la evacuación
Por su parte, en la estación de Embajadores, Adif abordará una nueva fase de las actuaciones de mejora de la evacuación y la ventilación, que ultima actualmente, y que han permitido la sectorización de la caverna de andenes mediante la creación de cuatro vestíbulos de independencia presurizados; la implantación de zonas de refugio para las personas con movilidad reducida; y la sustitución de la central de detección y de las centrales de extinción existentes.
En esta segunda fase, se construirán cuatro nuevas salidas de emergencia, dotadas de todas las instalaciones necesarias y presurizadas, sectorizadas con vestíbulos de independencia y provistas con refugios para personas de movilidad reducida. De esta forma, se pasará de cuatro a ocho puntos de evacuación desde andenes.
También se ampliarán los andenes en una longitud de 30 metros, con sus correspondientes instalaciones de electricidad, alumbrado normal y de emergencia, sistema anti-intrusión y CCTV, megafonía, extintores y sistemas de alarma. En el resto de los andenes se instalarán luminarias de emergencia, extintores móviles, pulsadores y sirenas de alarma, también se renovarán los pavimentos.
Los nuevos sistemas e instalaciones de protección se integrarán en la red actual de gestión y control de incendios y en la red de protección y gestión centralizada de instalaciones de la estación. Al mismo tiempo, se instalará nueva señalética de evacuación y protección contra incendios y se reconfigurará la actual.
Actuaciones en la plataforma ferroviaria
Asimismo, el contrato contempla también el tratamiento de la plataforma ferroviaria entre los puntos kilométricos 1/300 y 3/000 del túnel que enlaza las estaciones de Embajadores y Laguna.
En concreto, entre los puntos kilométricos (pp.kk.) 1/450 y 1/950 y los pp.kk. 2/420 y 2/500 se renovará el balasto, las traviesas y las sujeciones. Además, en varios puntos del trazado se repararán fisuras en la contra bóveda y se procederá a su refuerzo e impermeabilización. También se dispondrán nuevos colectores centrales con arquetas y conexiones transversales tanto a las cunetas laterales como a los pozos de bombeo.
Asimismo, se procederá a la limpieza de cunetas y la ejecución de nuevas cunetas laterales para facilitar el drenaje y se impermeabilizará la zona central de la plataforma.
Estas obras contribuyen al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como son el 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y el 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); y podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Imágenes de la estación de Embajadores.

Imágenes de la estación de La Laguna

Transportes y Movilidad Sostenible
CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN VÍAS DE ALTA VELOCIDAD
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de control y eliminación de la vegetación en líneas de alta velocidad con un valor estimado de 13,5 millones de euros (IVA no incluido).
El contrato autorizado prevé las actuaciones necesarias para eliminar la vegetación y prevenir los efectos negativos que su presencia puede provocar en la infraestructura. Por ejemplo, puede afectar a las propiedades del balasto; a drenajes e instalaciones ferroviarias de señalización, seguridad y telecomunicaciones; así como a la visibilidad de las circulaciones. Además, de esta forma se minimiza el riesgo de incendio en el perímetro de la infraestructura.
El tratamiento para la eliminación de la vegetación se realizará con tren herbicida, cuya acción abarca tanto la plataforma como cunetas y márgenes. Esta solución se utilizará en vías generales, ramales de conexión, vías de apartado y en estaciones, bases de mantenimiento, Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) y edificios técnicos, así como cualquier otra instalación asociada a la explotación ferroviaria.
La actuación con tren herbicida se complementará con trabajos manuales y mecánicos no fitosanitarios que incluyen desbroces, talas y podas en las zonas requeridas.
Activo el Plan de Prevención contra incendios de Adif
Adif pone en marcha todos los años el Plan de Prevención contra Incendios en la vía y en sus proximidades, en el que se enmarca la contratación de los servicios de control y eliminación de vegetación tanto en líneas de alta velocidad como en las de ancho convencional y ancho métrico.
El Plan se mantiene activo desde el 1 de junio con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el riesgo de incendio en los más de 15.000 kilómetros de red ferroviaria de líneas de ancho estándar, ibérico y métrico.
Este plan anual tiene por objeto la colaboración de forma activa, coordinada y dinamizadora entre Adif y las empresas ferroviarias en la reducción de riesgos de incendios, definiendo las acciones preventivas y correctivas necesarias.
Además de las actuaciones de limpieza química y mecánica para eliminar la vegetación en vías e instalaciones, el plan incluye medidas específicas para los trabajos con riesgo de incendio que se desarrollan en la vía.
Asimismo, contempla el refuerzo de la vigilancia del paso de trenes por estaciones, especialmente en las líneas de alto riesgo y en zonas próximas a espacios naturales protegidos o áreas ambientalmente vulnerables, y la colaboración permanente con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y con las administraciones competentes en materia de protección civil y prevención de incendios forestales.
Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que promueve infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.
Transportes y Movilidad Sostenible
RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED FERROVIARIA CONVENCIONAL
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, a través de Adif y por un valor estimado de 13,7 millones de euros (IVA no incluido), de un contrato para proveerse de nuevos equipamientos que optimicen la gestión centralizada y el control remoto de las instalaciones de electrificación de la red ferroviaria convencional desde los Centros de Regulación de Circulación (CRC).
Además de la adquisición de estos dispositivos, el contrato autorizado contempla su puesta en servicio en todos aquellos puntos de la red ferroviaria que lo requieran, en el marco de la progresiva modernización y renovación de las instalaciones de electrificación para incrementar su fiabilidad y robustez.
El contrato se divide en dos lotes que comprenden, por un lado, los ámbitos centro y noroeste, con un valor estimado de unos 7,3 millones de euros (IVA no incluido); y, por otro lado, las zonas este y noreste, por importe de unos 6,5 millones de euros.
Optimización de la gestión centralizada y el control remoto
La renovación de estos elementos permitirá optimizar la gestión centralizada y el control remoto de las instalaciones que proporcionan energía eléctrica a la catenaria y la señalización ferroviaria. Concretamente, esta actuación comprende la renovación de remotas y conversores de protocolo en Adif, equipos técnicos que resultan esenciales para la monitorización y gestión telemandada (por control remoto, desde los CRC) de las instalaciones que alimentan de energía eléctrica tanto la catenaria (subestaciones, centros de transformación) como la señalización ferroviaria.
En este sentido, las remotas se encargan de transmitir las informaciones captadas en los elementos que forman las instalaciones eléctricas a los CRC, así como de enviar a dichos elementos las órdenes emitidas por los CRC. Por su parte, los conversores de protocolo permiten que toda esta información se transmita de forma homogénea y estandarizada a través de la red ferroviaria.
Este contrato contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.
Imágenes de catenarias.

Transportes y Movilidad Sostenible
CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN DE RED Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS CENTRALES DE LA RED GSM-R
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, a través de Adif, del contrato de servicios de mantenimiento, operación de red y renovación de los sistemas centrales de la red GSM-R, así como la gestión centralizada de telecomunicaciones y el sistema central de telemando de energía de toda la red de alta velocidad durante un período de 48 meses. El valor estimado asciende a 181,26 millones de euros (IVA no incluido) con posibles prórrogas.
El contrato autorizado contempla también los servicios de mantenimiento, operación de red y renovación de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R, las telecomunicaciones fijas, los sistemas de videovigilancia y control de accesos, así como la infraestructura de operadores de telefonía móvil.
Asimismo, incluye el sistema de telemando de energía de las siguientes líneas de alta velocidad: Madrid-Valladolid; Madrid-Barcelona-Frontera francesa, ramales Zaragoza-Huesca y Camp de Tarragona-La Boella; Madrid-Valencia y Bifurcación Albacete-Albacete; y Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y ramal La Sagra-Toledo.
El sistema de telecomunicaciones GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railways) es el sistema estándar de transmisión por radio escogido por las principales compañías ferroviarias europeas que permite la comunicación entre los trenes y el Centro de Regulación de la Circulación. Respecto al telemando de energía, es el sistema que tiene como finalidad el telecontrol y supervisión del sistema de catenaria y del sistema de distribución de energía.
Instalaciones y sistemas
En concreto, el contrato autorizado incluye, entre otras, el mantenimiento y renovación de las siguientes instalaciones y equipos de telecomunicaciones, sistemas de energía e infraestructuras:
- Equipos centrales de GSM-R (el sistema que proporciona los servicios para la comunicación mediante telefonía entre las circulaciones y el puesto de mando). Se trata de, por ejemplo, el subsistema radio, subsistema de conmutación, sistemas de operación y mantenimiento, etc.
- Equipos y sistemas de gestión centralizada de las telecomunicaciones: sistemas de gestión y supervisión, sistemas básicos de seguridad, etc.
- Sistema centralizado de telemando de energía, que permite el control remoto en tiempo real de los aparatos relacionados con el suministro, transporte y consumo de energía eléctrica: servidores y equipos de comunicaciones, puestos de operación y respaldo, etc.
- Telecomunicaciones móviles GSM-R: infraestructura de casetas, torres/baliza, equipamiento radio, etc.
- Telecomunicaciones fijas: redes de fibra óptica y cable, redes de voz, redes de datos, etc.
- Infraestructura de casetas de túnel.
- Instalaciones de seguridad y autoprotección: videovigilancia, control de acceso, antiintrusión, etc.
- Otras instalaciones en túneles: megafonía, interfonía, redes de comunicaciones, etc.
- Infraestructura para operadores de telefonía móvil: red de fibra óptica, infraestructura de casetas de operadores, torres, etc.
- Telemando de energía: remotas, redes de datos para telemando, etc.
En concreto, el contrato abarca actividades de mantenimiento preventivo (ejecutado a intervalos determinados o de acuerdo con unos criterios prescritos), mantenimiento predictivo (basado en la monitorización del funcionamiento y los parámetros de los elementos) y mantenimiento correctivo (subsanación de averías).
Además de los servicios de mantenimiento y operación, el contrato contempla la ejecución de obras relacionadas directamente con el mantenimiento, como actuaciones de mejora (que permiten la disminución del coste de mantenimiento, ahorro energético, etc.) o renovaciones, incluyendo aquellas orientadas a la actualización tecnológica.
Estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.
Industria y Turismo
REAL DECRETO QUE REGULA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN HOSTELERÍA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas para impulsar un plan de choque de renovación del equipamiento del sector de la hostelería.
La hostelería constituye la principal actividad turística de España: concentra el 40 % de las empresas vinculadas al turismo y el 60 % del empleo del sector. El coste de la energía es uno de los principales factores que condicionan su rentabilidad, una situación agravada por el actual contexto geopolítico y que afecta especialmente a las pequeñas empresas y microempresas.
En este contexto, la renovación del equipamiento por soluciones más eficientes permitirá reducir el consumo energético y mejorar la competitividad de los establecimientos. Entre las actuaciones subvencionables figuran la sustitución de electrodomésticos y maquinaria por modelos de mayor eficiencia energética, la incorporación de materiales sostenibles o la implantación de herramientas digitales para optimizar el consumo.
El plan de choque está dotado con 15 millones de euros y permitirá reducir los costes fijos de las empresas hosteleras y el consumo energético a escala nacional.
Las ayudas podrán solicitarse desde la entrada en vigor del real decreto hasta el 30 de septiembre de 2026. Se concederán una única vez por establecimiento, con una cuantía de entre 5.000 y 11.000 euros, IVA excluido.
Industria y Turismo
CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA PARA APOYAR LAS LABORES DEL COMITÉ DE TURISMO DE LA OCDE
El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución voluntaria de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para apoyar las labores del Comité de Turismo de la OCDE y para contribuir al cumplimiento de los objetivos previstos en su Programa de Trabajo 2025-26, por importe de 20.000 euros.
La OCDE es una organización internacional cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social en el mundo, fomentando la prosperidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible. En el ámbito de las políticas turísticas, el trabajo de la OCDE pone de relieve la importancia del turismo como motor de crecimiento económico, sostenible e inclusivo.
El Programa de Trabajo del Comité de Turismo de la OCDE para 2025-2026 prioriza el seguimiento y la evaluación de políticas turísticas basadas en evidencia para lograr un mejor desempeño turístico, el apoyo al desarrollo de un turismo sostenible e inclusivo, y el refuerzo de la resiliencia del turismo y la adaptación a las transiciones digital y sostenible.
El presupuesto ordinario del Comité de Turismo se complementa con contribuciones voluntarias periódicas para elaborar un Programa de Trabajo adecuado y ambicioso, del que todos los países pueden beneficiarse. Estas contribuciones representan alrededor del 90% del presupuesto básico del Comité.
Industria y Turismo
CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION
El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución correspondiente al ejercicio 2026, por importe de 86.767,67 euros para el sostenimiento de la European Travel Commission (ETC), asociación internacional sin ánimo de lucro responsable de promocionar el destino turístico "Europa" en mercados turísticos extraeuropeos.
La ETC, de la que España es miembro fundador, se ha convertido en socio prioritario de la Unión Europea para la promoción de Europa como destino turístico, recibiendo subvenciones de seis o siete millones de euros al año para desarrollar acciones de promoción en diversos mercados y la ejecución de acciones de investigación en materia de inteligencia de mercados. Las organizaciones nacionales de turismo miembros de la ETC pueden presentar proyectos cofinanciables con dichos fondos; de ahí la gran importancia de que cumplan con la obligación del pago de la cuota.
La pertenencia a la ETC ayuda a España, por un lado, a penetrar en mercados lejanos, lo que contribuye a diversificar y desestacionalizar nuestro mercado turístico, y por otro, a influir en la política turística comunitaria.
Industria y Turismo
TRAMITACIÓN URGENTE DEL PRÉSTAMO A HISDESAT PARA EL DESARROLLO Y LANZAMIENTO DEL SATÉLITE SPAINSAT NG III
El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación administrativa urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del real decreto por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de un préstamo a la empresa Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A., para el desarrollo y lanzamiento del satélite de comunicaciones SPAINSAT NG III.
El SPAINSAT-NG III es el tercer satélite de la nueva generación de satélites españoles de comunicaciones gubernamentales y militares seguras, operados por Hisdesat. Su misión consistirá en proporcionar comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas, organismos del Gobierno y países aliados autorizados.
El lanzamiento de este satélite se enmarca dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa puesto en marcha en el año 2025 como respuesta al contexto geopolítico internacional. Dicho plan contempla medidas como el lanzamiento de nuevos Programas Especiales de Modernización.
En el marco del acuerdo de colaboración suscrito el 25 de marzo de 2026 entre el Ministerio de Industria y Turismo y el Ministerio de Defensa, se formalizará en 2026 la financiación del programa SPAINSAT NG III mediante la concesión directa del préstamo que se regulará a través de un real decreto.
La urgencia se justifica en la necesidad del diseño, desarrollo, fabricación, integración, pruebas, lanzamiento y pruebas de aceptación en órbita del satélite de comunicaciones gubernamentales SPAINSAT-NG III, que sustituirá al SPAINSAT-NG II tras sufrir este daños irreparables poco después de su lanzamiento.
Agricultura, Pesca y Alimentación
PLAN DE IMPULSO AL SECTOR PRIMARIO CANARIO
El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas destinado a impulsar la competitividad, sostenibilidad y modernización del sector primario de Canarias, con una inversión total de 23,1 millones de euros.
El acuerdo regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias, que será la encargada de desarrollar el Plan de Impulso al Sector Primario mediante distintas líneas de ayudas e inversiones. El plan combina 17,9 millones de euros en subvenciones directas para dotar de liquidez al sector y 5,2 millones en inversiones estratégicas en infraestructuras hídricas y formación.
Esta iniciativa responde a las especiales circunstancias que afronta el sector en el archipiélago, marcadas por la insularidad, la fragmentación territorial, el incremento de los costes de producción, la presión sobre los recursos hídricos y los efectos de la inestabilidad climática. El objetivo es apoyar la actividad productiva, garantizar el abastecimiento alimentario y contribuir al mantenimiento del empleo y la población en las zonas rurales y costeras de las islas.
Las actuaciones previstas incluyen cinco líneas de apoyo, con ayudas para respaldar las producciones agrarias locales, compensar el incremento de los costes de insumos, modernizar las infraestructuras de las cofradías de pescadores y promover inversiones en transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas. También se financiarán proyectos de mejora y modernización de regadíos, orientados a una gestión más eficiente del agua y a la adaptación al cambio climático, con actuaciones previstas en las islas de La Palma y El Hierro.
El plan contempla también inversiones para la actualización de las escuelas marítimo-pesqueras de Canarias, reforzando la formación especializada y favoreciendo el relevo generacional en un sector estratégico para la economía y la cohesión territorial del archipiélago.
Las actuaciones financiadas podrán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Con estas medidas, se reafirma el compromiso con el desarrollo del sector primario canario, impulsando su modernización y capacidad de generar riqueza y empleo en las islas.
Ciencia, Innovación y Universidades
CONVOCATORIA 2026 IMPACT
El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria 2026 IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología) por importe de 50 millones de euros entre 2026 y 2030, que gestionará el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
El programa IMPaCT se articula en tres ejes complementarios: Medicina Predictiva (cohorte IMPaCT), que estudia un gran grupo representativo de la población española para identificar factores de riesgo y anticipar la aparición de enfermedades; Ciencia de Datos, que integra y proporciona herramientas para analizar datos clínicos, genómicos y ambientales para generar conocimiento útil para la investigación y la práctica clínica; y Medicina Genómica, que incorpora análisis complejos del genoma en pacientes con enfermedades raras sin diagnóstico.
La convocatoria 2026 tiene como objetivo mantener la infraestructura IMPaCT, operativa desde el 2021, para implementar de forma efectiva la Medicina Personalizada de Precisión en el Sistema Nacional de Salud, orientando la investigación y la innovación hacia los problemas de salud de la población española.
Además, generará capacidad de análisis de datos que permita una respuesta científica coordinada e inmediata ante retos de salud pública, impulsará innovación dirigida a la eficiencia y la sostenibilidad el sistema sanitario, y potenciará la participación y liderazgo de España en proyectos, programas, plataformas e infraestructuras internacionales de investigación.
Las entidades e instituciones que podrán ser beneficiarias de esta convocatoria son las que realizan o gestionan actividades de I+D+I en Biomedicina y Ciencias y Tecnologías de la Salud, como los institutos de investigación sanitaria acreditados, las entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al Sistema Nacional de Salud, los Organismos Públicos de Investigación, las universidades y otros centros de I+D.
La infraestructura IMPaCT se ha impulsado en el marco del PERTE para la Salud de Vanguardia, un programa de inversiones que tiene como objetivo mejorar la salud de la población a través de la ciencia y la innovación. Dentro de este PERTE se recoge como un elemento estratégico el impulso a la Medicina Personalizada de Precisión, que se basa en la integración de información genética, molecular, clínica y otras fuentes de datos, para identificar el riesgo individual de desarrollar enfermedades, anticiparse a su aparición y aplicar medidas preventivas o tratamientos específicos adaptados a cada persona.
Resultados de IMPaCT
- IMPaCT Cohorte: Es una iniciativa que prevé llevar a cabo un seguimiento de 200.000 personas durante 20 años, en 50 centros de atención primaria repartidos por toda España, con el objetivo de comprender y mejorar la salud de la población española. Hasta el momento, ha establecido 51 nodos repartidos en las 17 comunidades autónomas. Se han reclutado a más de 37.000 participantes en la cohorte, y se espera alcanzar 200.000 pacientes y 2 millones de muestras recogidas. IMPaCT cohorte ha desarrollado también una estructura de gobernanza para integrar a todos los nodos de las comunidades autónomas, un plan estratégico, protocolos y varios estudios adicionales.
- IMPaCT Data se centra en el desarrollo de una plataforma digital sostenible que proporciona medios para la integración y gestión federada de datos clínicos y moleculares. Esta plataforma proveerá un entorno de análisis de datos avanzado y seguro, con altas capacidades computacionales necesarias en medicina de precisión. Hasta ahora ha desarrollado recomendaciones, estándares y buenas prácticas para la recogida, armonización e integración de datos procedentes de la historia clínica electrónica, datos genómicos e imágenes médica.
- IMPaCT-Genómica realiza estudios genéticos de alta complejidad, orientados a contribuir al diagnóstico de enfermedades raras y otras enfermedades sin diagnóstico de forma equitativa en todo el territorio. Además, atiende las necesidades de análisis genéticos de la cohorte poblacional IMPaCT. Durante este tiempo, ha establecido una red coordinada de centros para facilitar el acceso equitativo, en todo el Sistema Nacional de Salud, a estudios genómicos de alta complejidad, especialmente en enfermedades raras, cáncer hereditario y tumores de origen genético. Hasta la fecha, más de 2.000 pacientes de toda España han tenido acceso a estudios genómicos de alta complejidad. En el ámbito de las enfermedades raras de base genética, el reanálisis de exomas y la secuenciación del genoma completo han permitido alcanzar aproximadamente un 30 % de nuevos diagnósticos en pacientes que llevaban una media de 11 años sin diagnóstico. Asimismo, el programa ha obtenido resultados informativos en el 6 % de los casos de cáncer hereditario y resultados potencialmente útiles para orientar el tratamiento en el 28 % de los tumores primarios de origen desconocido.
BIOGRAFÍAS
Economía, Comercio y Empresa
Director general del Tesoro y Política Financiera
PABLO JUAN SÁNCHEZ-BLANCO MANCERA
Presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB
CARLA MARÍA DÍAZ ÁLVAREZ DE TOLEDO
Desde febrero de 2024 ha ejercido como directora general del Tesoro y Política Financiera en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Empezó su carrera administrativa en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en la Subdirección General de Financiación y Gestión de la Deuda Pública.
Posteriormente, entre enero 2015 y enero 2021 fue subdirectora general de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, en la Secretaría General del Tesoro. También ha sido consejera en el Banco Europeo de Inversiones y en el Fondo Europeo de Inversiones.
Entre enero de 2021 y febrero de 2024 ha sido directora de Resolución en el FROB, responsable de impulsar y coordinar las competencias de resolución encomendadas al FROB en relación a entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como la representación y coordinación de la posición española en los foros internacionales de resolución en la Junta Única de Resolución, la Autoridad Bancaria Europea o el Consejo de Estabilidad Financiera.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Embajador de España en la República de Letonia
D. RICARDO DÍEZ-HOCHLEITNER COUSTEAU
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece a la Carrera Diplomática.
Actualmente ejerce como Director de Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en los Gabinetes de los Secretarios de Estado para la Unión Europea, de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, así como ha desempeñado el cargo de Subdirector General de Diplomacia Pública y, en el Ayuntamiento de Madrid, Director General de Promoción Exterior.
Como destinos en el exterior, ha ocupado los siguientes puestos: Segunda Jefatura en la Embajada de España en El Salvador, Experto Nacional Destacado en la Comisión Europea. También ha estado destinado en el Servicio Europeo de Acción Exterior y en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
Embajador de España en la República de Panamá
D. MOISÉS MORERA MARTÍN
Actualmente ejerce como Director de Programación del Consorcio de la Casa de América de Madrid.
Ha desarrollado su carrera administrativa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ha estado destinado en El Salvador, Sudán del Sur, Venezuela, Marruecos e Italia. También ha ejercido como Subdirector General Adjunto para Oriente Medio; Jefe de Área de Relaciones Económicas con Iberoamérica; Director Adjunto del Gabinete del Subsecretario y Jefe de Servicio de Viajes y Visitas Oficiales.
Embajador de España en la República de Serbia
D. ANDER RUIZ DE GOPEGUI ARAMBURU
Embajadora de España en Ucrania
Dª. ADELA DÍAZ BERNÁRDEZ
Inclusión, Seguridad social y Migraciones
Director general del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social
D. ALBERTO LLORENTE ÁLVAREZ
Ha desempeñado puestos de letrado de la Administración de la Seguridad Social en direcciones provinciales y servicios centrales de entidades de la Administración de la Seguridad Social. En la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social ha sido letrado asesor y jefe de la Unidad de Asesoramiento Jurídico, ocupando, en los últimos años, el puesto de director.
Asimismo, ha sido director del gabinete del Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, habiendo participado, como ponente, en numerosos cursos y jornadas en materia de Seguridad Social, en diferentes ámbitos y universidades, y siendo autor de diversas publicaciones de carácter jurídico.