Referencia Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Transportes y Movilidad Sostenible

Agricultura, Pesca y Alimentación

Política Territorial y Memoria Democrática

Cultura

Economía, Comercio y Empresa

Igualdad

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

SUPLEMENTO DE CRÉDITO AL INJUVE PARA LOS PROGRAMAS ERASMUS+ Y CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto de Instituto de la Juventud (INJUVE), por importe de 11.083.047,27 euros, para financiar la convocatoria del Programa Erasmus+ (2021-2027) y del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (2021-2027) en el ejercicio 2026.

El Plan de Trabajo de la Comisión Europea para 2026 recoge una asignación para España de 31.503.986 euros para las ayudas del Programa Erasmus+ en el ámbito de la juventud y el deporte, y un total de 9.945.516 euros para las ayudas del Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES). Las subvenciones concedidas abarcan varios ejercicios presupuestarios, conforme a las normas que establece la Comisión Europea, resultando que, los proyectos subvencionados supongan compromisos de gasto plurianual para el INJUVE.

La anualidad del año 2026 de las convocatorias previstas presenta la siguiente distribución por conceptos e importes:

Contrastando el crédito disponible en el ejercicio 2026 con las necesidades previstas para la realización de la convocatoria correspondiente a dicho ejercicio, se pone de manifiesto que es necesario incrementar la dotación actual en unas cuantías de 9.020.270,26 euros y de 2.062.777,01 euros, respectivamente.

Por ello, se propone la modificación de crédito solicitada, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros.

Hacienda

USO DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 41.084.635,25 euros para atender gastos destinados a la prevención, investigación y persecución de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

La asignación del Fondo de Contingencia tiene por finalidad financiar una modificación de crédito, en concreto la incorporación de crédito en el Ministerio de Sanidad, destinado a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, por el citado importe.

Los recursos del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados están afectados a la realización de determinadas actuaciones fijadas en la propia ley, entre las que se encuentran la prevención de toxicomanías; asistencia y reinserción de drogodependientes; actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de delitos relacionados con el narcotráfico y cooperación internacional en la materia.

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES Y ANUALIDADES PARA AYUDAS EN EL MARCO DE LOS PLANES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la convocatoria y concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI).

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) es la encargada de la gestión de las convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Además de los compromisos pendientes de las nuevas convocatorias, se debe realizar el traspaso de los compromisos imputados en la aplicación 'Transferencias de capital' al Programa 'Transferencias internas', por resolución de convocatorias, en aplicación del artículo 7. Cuarta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2026, resultando los siguientes límites:

Actualmente, la AEI tiene previsto asumir compromisos relativos, entre otros, a la tramitación de convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, imputables en el Capítulo 7 'Transferencias de capital' del Programa 'Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica', según la siguiente distribución:

De acuerdo con lo anterior, los compromisos totales necesarios en la partida 'Transferencias de capital', son los siguientes:

Por lo expuesto, al superarse los límites y el número de anualidades autorizados a que se refiere el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como los autorizados en el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 2025, se ha solicitado una nueva autorización del Consejo de Ministros para elevar los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Transferencias de capital'.

Hacienda

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la guerra civil y de la dictadura.

Mediante Orden PCM/725/2020, de 27 de julio, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, en el marco de lo previsto por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

El importe de las ayudas de la convocatoria que se pretende aprobar para 2026 será como máximo de 1.212.000 euros, con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, imputándose al ejercicio 2026 el 75% del importe máximo de cada una de las partidas y al ejercicio 2028 el 25% restante, según el siguiente desglose:

En los presupuestos vigentes en 2026 no existe crédito inicial en alguna de las aplicaciones presupuestarias, por lo que, de conformidad con la Ley General Presupuestaria, se requiere la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto para la anualidad de 2028.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 22.03.000X.432, sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:

Al no existir crédito inicial en la citada aplicación presupuestaria en los presupuestos vigentes en 2026, de conformidad con la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto para las anualidades de 2027 y 2028.

Hacienda

AUTORIZADOS LÍMITES DE GASTO PARA SUBVENCIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE INUNDACIONES Y OTRAS INCLEMENCIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por las inundaciones y otras emergencias de Protección Civil acaecidas entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025 en varias comunidades autónomas.

Las comunidades afectadas son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia y Navarra.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local ha solicitado autorización para fijar los límites y el número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar la convocatoria de las citadas subvenciones.

El acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2025 establece un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular. Se determina que a los proyectos directamente relacionados con los siniestros que ejecuten los ayuntamientos, los cabildos y los consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, y de la red viaria de las diputaciones provinciales, de los cabildos y los consejos insulares o, en su caso, de las comunidades autónomas uniprovinciales, se les podrá conceder una subvención de hasta el 50% de su coste, excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios no personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.

Teniendo en cuenta la estimación de plazos, está previsto que la convocatoria de ayudas se produzca a finales del primer trimestre de 2026, mientras que la resolución de asignación de las subvenciones así como el inicio de su ejecución presupuestaria se realizará en el segundo trimestre 2026, prolongándose esta última fase en los ejercicios 2027 a 2030, siendo necesario comprometer con cargo a ejercicios futuros una cuantía total de 26.685.178,79 euros, según se desprende del siguiente detalle:

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2025 ya se autorizaron los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por fenómenos meteorológicos de distinta naturaleza acaecidos entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025 en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Castilla La-Mancha, Cantabria, Extremadura, Aragón, Andalucía, Cataluña, La Rioja, Canarias, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Asturias, Navarra y Región de Murcia.

Dicha convocatoria, también, está financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 'Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. Declaraciones ZAGEPC 2025'. Por tanto, el detalle de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en dicha aplicación, sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:

Dado que dicha aplicación presupuestaria carece de crédito inicial para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a los que se refiere el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto en las anualidades de 2027 a 2030 de acuerdo con lo previsto en la citada Ley General Presupuestaria.

Trabajo y Economía Social

ESTATUTO DE PRÁCTICAS NO LABORALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de ley de prácticas no laborales.

Con esta norma queda delimitada la frontera entre las relaciones laborales y las actividades formativas, lo que aporta seguridad jurídica para las personas en prácticas y facilita la labor inspectora, que dispondrá de un régimen sancionador más riguroso con multas de hasta 225.018 euros en su grado máximo.

Garantías para las personas en prácticas no laborales

Las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o los determinados por los sistemas públicos de empleo. En caso contrario se presumirá una relación laboral.

También se considerará que existe una relación laboral si la persona en prácticas sustituye las funciones de una persona trabajadora o cuando el itinerario formativo y la actividad desarrollada en la empresa no están vinculados.

Las empresas deberán firmar un acuerdo o un convenio de cooperación con el centro formativo autorizado que recoja, entre otros aspectos:

• Duración máxima de los periodos de prácticas laborales
• Planes de formación individual con itinerarios formativos
• Adscripción a una persona tutora designada por la empresa en coordinación con la persona tutora del centro educativo.

Cada persona tutora podrá tener, como máximo, de modo simultáneo, a cinco personas en formación práctica, que serán tres en el caso de centros de trabajo de menos de treinta personas de plantilla.

El número de personas en formación práctica no podrá superar el veinte por ciento de la plantilla total del centro de trabajo.

Cualquier empresa podrá tener a dos personas en formación práctica no laboral, independientemente de su tamaño.

Derechos de las personas en formación práctica

Para evitar la discriminación económica, se prohíbe el acceso a la formación práctica mediante el pago. Además, se establece el derecho a la compensación de gastos.

Las personas en prácticas también tendrán derecho a acceder a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo.

Se reconoce el derecho a que se respeten los límites y descansos, incluidos días festivos y vacaciones, fijados en las normas legales y convenios colectivos que resulten aplicables a las personas trabajadoras que prestan servicios en la empresa.

Se deberá garantizar la compatibilidad de las prácticas con el resto de la actividad formativa en el centro de formación, así como, en su caso, siempre que la disponibilidad de la empresa lo permita, con la actividad laboral.

También se establece el derecho a la protección de la seguridad y salud frente el acoso, ya que la práctica formativa se desarrolla en el marco de la empresa o institución ajena al centro académico.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL ANEXO III DEL CONVENIO DE ROTTERDAM

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de las Enmiendas al Anexo III del Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, adoptadas el 9 de mayo de 2025.

El Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, fue adoptado el 10 de septiembre de 1998 y entró en vigor, con carácter general, el 24 de febrero de 2004. España lo firmó el 11 de septiembre de 1998 y fue ratificado el 2 de marzo de 2004.

Tiene por objeto promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en lo relativo al comercio internacional de productos químicos peligrosos a fin de proteger de la salud y el medioambiente.

Las modificaciones consisten en la inclusión de los siguientes productos químicos en el listado de los relacionados en el citado Anexo: se incorpora el plaguicida carbosulfán y el plaguicida extremadamente peligroso fentión.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDA AL ANEXO A DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se acepta la Enmienda al Anexo A del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptada el 9 de mayo de 2025 mediante Decisión SC-12/14.

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), fue aprobado en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, entrando en vigor el 17 de mayo de 2004. En España entró en vigor el 26 de agosto de 2004.

El Convenio persigue la limitación de la contaminación por COP, productos químicos que poseen ciertas propiedades tóxicas y que, contrariamente a otros contaminantes, son resistentes a la degradación, lo que los hace especialmente perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.

Las modificaciones consisten en la inclusión en el Anexo A de la cinta impermeabilizante para mantas aislantes y revestimiento de la cubierta de aeronaves y los adhesivos de poliuretano y poliamida y recubrimientos de poliuretano para conjuntos estructurales, mecánicos, interiores y eléctricos, y sistemas de emergencia, propulsión, control ambiental y control de vuelo, en aeronaves.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL ANEXO A DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aceptan las Enmiendas al Anexo A del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptadas el 9 de mayo de 2025, mediante las Decisiones SC-12/9, SC-12/10 y SC-12/12.

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), fue aprobado en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, entrando en vigor, el 17 de mayo de 2004. En España entró en vigor el 26 de agosto de 2004.

El Convenio persigue la limitación de la contaminación por COP, productos químicos que poseen ciertas propiedades tóxicas y que, contrariamente a otros contaminantes, son resistentes a la degradación, lo que los hace especialmente perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.

Las modificaciones consisten en la inclusión en el Anexo A de los clorpirifos, plaguicidas con una serie de exenciones específicas. Asimismo, se añade una nueva parte XV al anexo para poner fin a la producción y uso de dichas sustancias; las parafinas cloradas de cadena media (PCCM), contemplando determinadas exenciones para su uso que afectan al empleo de PVC, aislamientos, adhesivos, pinturas y revestimientos o pirotecnia; los ácidos carboxílicos perfluorados de cadena larga, sus sales y compuestos conexos, con exenciones específicas relativas a determinados usos de semiconductores y piezas de vehículos a motor.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL SECRETARIADO DE LA UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la firma ad referendum del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

La Unión por el Mediterráneo (UpM) fue creada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en París el 13 de julio de 2008. Es la única organización o foro, al margen del sistema de las Naciones Unidas, que aglutina a todos los países ribereños o con proyección en el Mediterráneo, con un total de 43 países, incluidos Israel y Palestina. Su objetivo principal es profundizar la cooperación regional, fortalecer el diálogo y traducir su dimensión política en proyectos concretos con un impacto tangible en los ciudadanos.

En la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la UpM celebrada en Marsella el 3 y el 4 de noviembre de 2008, se estableció a España como país anfitrión. España y el Secretariado firmaron un Acuerdo de Sede el 4 de mayo de 2010.

El nuevo Acuerdo de Sede se firmó en los márgenes del X Foro Regional de la UpM celebrado en Barcelona el 28 de noviembre de 2025. Los firmantes fueron, por parte española, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y por parte de la UpM, el Secretario General de la UpM, Nasser Kamel.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN UCRANIANA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población ucraniana afectada por los ataques rusos contra infraestructuras energéticas esenciales, por un importe máximo de 1.000.000 de euros.

En el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM), el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) ha recibido numerosas solicitudes y actualizaciones de ayuda por parte de Ucrania. El 27 de enero se hizo un requerimiento, principalmente de generadores eléctricos.

Además, el pasado 23 de enero de 2026, ante el agravamiento de la situación energética y humanitaria del país, la Embajada de Ucrania en España solicitó a la AECID suministros de equipamiento energético prioritarios de gran potencia para poder restaurar los servicios básicos en las poblaciones más afectadas y paliar los daños en las infraestructuras energéticas esenciales.

La ayuda humanitaria ha consistido en la adquisición de seis generadores de alta potencia, ascendiendo el importe total de la actuación a 900.000 euros.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia.

La modificación actualiza la normativa incluyendo el derecho a una indemnización a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos y de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes.

La modificación de la Ley de Memoria Democrática amplía el periodo de reconocimiento en un año, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978.

Reconocimiento e indemnizaciones

El Real Decreto-ley, que se concreta en un artículo único y seis disposiciones finales, establece el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia y recoge el derecho a una indemnización, por cuantía de 250.000 euros, a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte.

Se establecen condiciones para el derecho a la indemnización, como la imposibilidad de recibirlas por parte de quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas. Se incluyen como perceptores hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad y subsidiariamente, si no existieran los anteriores, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona, siempre que, por los mismos hechos, no se haya recibido otra indemnización, sin perjuicio de las correspondientes actualizaciones.

Se añade la posibilidad de concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en caso de gran invalidez.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PROVISIÓN DE PLAZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA ESCALA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se aprueba la provisión anual de plazas para acceso a los centros docentes militares de formación de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil.

El dimensionamiento de la oferta se enmarca en las necesidades derivadas del Planeamiento de la Defensa y está orientada a garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas.

La oferta incluye 2.863 plazas de ingreso en centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales y suboficiales con la siguiente distribución:

• Para acceso directo se ofertan 1.256 plazas: 822 para el acceso a las escalas de oficiales, 336 para acceder a las escalas de suboficiales y 98 para militar de complemento a las escalas de oficiales.
• Se ofertan 1.607 plazas, lo que supone un 56% del total, con el objetivo de posibilitar la promoción interna en su carrera profesional de los militares mediante cambio de escala o de cuerpo: 308 plazas para promoción de militares de carrera a la escala de oficiales, 38 plazas para acceso a las escalas técnicas y la escala de oficiales enfermeros y 1261 plazas para promoción de militares de tropa y marinería para acceder a militares de carrera, lo que supera el 80% del total de plazas para promoción.
• Se ofertan 1.000 plazas para que militares de tropa y marinería y militares del complemento accedan a una relación de servicios de carácter permanente.
• Se fija una oferta de 500 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario.
• Se autoriza la convocatoria de 81 plazas de ingreso directo en el centro docente militar de formación para el acceso a la escala de oficiales de la Guardia Civil.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En el año 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En 2026, bajo el lema: "Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas", la comunidad internacional reafirma que la efectividad de los derechos depende de que puedan ejercerse y ser protegidos por sistemas de justicia accesibles, eficaces y libres de discriminación.

Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:

"Como cada 8 de marzo, el Gobierno de España muestra su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la garantía de su plena autonomía.

El 8 de marzo de 2026 se conmemora en un contexto internacional marcado por la persistencia de desigualdades entre mujeres y hombres, por el retroceso de derechos en algunos países y por el impacto especialmente grave que los conflictos armados siguen teniendo sobre las mujeres y las niñas. La situación en Afganistán, donde se han restringido de forma extrema derechos fundamentales, constituye uno de los ejemplos más alarmantes. Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, y el genocidio perpetrado contra el pueblo de Palestina ponen de manifiesto cómo los conflictos agravan las condiciones de vida de las mujeres y las niñas y profundizan las desigualdades existentes. Estos hechos evidencian que la protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un reto pendiente a escala global.

Tal y como ha señalado ONU Mujeres, ningún país ha alcanzado todavía la igualdad jurídica plena y, a escala mundial, las mujeres cuentan con aproximadamente el 64% de los derechos reconocidos a los hombres. Esta brecha limita su acceso a la propiedad, al empleo, a la autonomía económica, a la protección frente a la violencia y a la participación en la vida pública. Esta realidad interpela al conjunto de las democracias y recuerda que el acceso efectivo a la justicia es una condición indispensable para garantizar los derechos humanos y un indicador fundamental de la calidad democrática.

España ha construido, a lo largo de décadas de democracia, un marco normativo sólido y reconocido en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Este recorrido ha permitido consolidar derechos, reforzar garantías y situar la igualdad en el centro de la acción pública, como un elemento inseparable de nuestro modelo de convivencia democrática.

En los últimos años, el Gobierno de España ha continuado impulsando medidas dirigidas a reducir las desigualdades que aún persisten. La revalorización de las pensiones ha contribuido a mejorar la protección económica de millones de mujeres, especialmente de aquellas que accedieron al sistema en condiciones más desfavorables. La reforma laboral ha favorecido una reducción de la temporalidad promoviendo trayectorias laborales más estables, mientras que el incremento sostenido del salario mínimo interprofesional ha tenido un impacto especialmente positivo en sectores altamente feminizados. Asimismo, la extensión de los planes de igualdad, el refuerzo de los mecanismos de transparencia retributiva o el impulso de políticas públicas de corresponsabilidad, como la ampliación de los permisos iguales e intransferibles por nacimiento, están contribuyendo a mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Esta ampliación de permisos ha posibilitado, además, equiparar en derechos a las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, garantizando las mismas semanas de disfrute interrumpido de permisos retribuidos que las familias biparentales, saldando así una deuda histórica y reconociendo la diversidad familiar que de forma creciente presenta nuestra sociedad.

En paralelo, se han reforzado las actuaciones de la Inspección de Trabajo frente al acoso sexual y por razón de sexo. Por otro lado, se ha aprobado la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que supone un avance relevante para garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de representación política, institucional y económica. Su objetivo no es solo numérico, se trata de garantizar que las mujeres accedan a los espacios de decisión que les corresponden por mérito y capacidad.

En el ámbito de Ciencia, Innovación y Universidades se ha avanzado en la integración del principio de igualdad de género a través de la legislación aprobada recientemente en este sector, destacando la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, que modifica la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Esta nueva regulación incorpora medidas específicas orientadas a atraer el talento femenino hacia la investigación y la innovación, especialmente en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, así como a retenerlo y favorecer su desarrollo profesional para evitar que las investigadoras se vean obligadas a abandonar su carrera científica.

España ha continuado también fortaleciendo los instrumentos institucionales contra la violencia de género. La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha permitido actualizar y ampliar los compromisos existentes, reforzando la respuesta institucional. En esta misma línea, el impulso del Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y las iniciativas dirigidas a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital suponen avances relevantes en la prevención y protección frente a nuevas formas de violencia. Asimismo, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha fortalecido la organización del servicio público de justicia mediante una mayor especialización de los órganos judiciales, mejorando la atención a las víctimas y la eficacia de la respuesta institucional.

Estas políticas están teniendo efectos visibles. España ha alcanzado cifras récord de empleo femenino, con más de diez millones de mujeres ocupadas. Asimismo, los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2025, correspondientes al año 2023, sitúan la brecha salarial de género en el 15,7%, el valor más bajo de la serie histórica. Por su parte, la brecha salarial de género por trabajo a tiempo completo ha descendido más de 5 puntos desde 2018, situándose en 2023 en el 4,9%.

Este avance es visible también en el acceso de las mujeres a los espacios de responsabilidad. En 2025, las mujeres ocupaban el 47,6% de los altos cargos de la Administración General del Estado y el 40 % de los puestos en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35. Asimismo, en la actualidad, las mujeres representan aproximadamente un 32% de la Carrera Diplomática. Estas cifras reflejan un avance significativo hacia una presencia más equilibrada en los ámbitos institucional y económico.

Un compromiso sostenido que se refleja también en la posición que ocupa España en el contexto europeo. Según el Índice Europeo de Igualdad de Género, nuestro país se sitúa en el cuarto puesto entre los Estados miembros de la Unión Europea, 7,5 puntos por encima de la media comunitaria. España ha avanzado hacia la igualdad a un ritmo superior al del conjunto de la Unión. Destaca especialmente el progreso en el ámbito del poder y la toma de decisiones, donde España ha experimentado uno de los mayores avances, reflejo del impacto de las políticas públicas orientadas a garantizar una participación más equilibrada de mujeres y hombres. España se consolida, así, como uno de los países europeos con mayores avances en igualdad y evidencian la eficacia del marco institucional y normativo desarrollado en las últimas décadas.

Estos avances, sin embargo, no deben llevarnos a la complacencia. Persisten desigualdades que exigen mantener y reforzar el compromiso institucional con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es necesario seguir avanzando en corresponsabilidad y estabilidad laboral, condición indispensable para la igualdad efectiva, así como avanzar en un sistema público de cuidados. No podemos aceptar que los cuidados sigan penalizando de forma sistemática la trayectoria profesional de las mujeres. Del mismo modo, resulta imprescindible continuar fortaleciendo la coeducación, la protección de la infancia y la adolescencia y la respuesta frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.

En un contexto de transformación digital, las niñas y adolescentes se ven especialmente expuestas a nuevas formas de violencia machista, como el acoso digital, la violencia sexual, la difusión no consentida de imágenes íntimas o la generación de pornografía mediante sistemas de inteligencia artificial. Por ello, es imprescindible reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección, así como garantizar los debidos canales de denuncia, promoviendo su accesibilidad, tal y como recoge el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, además de impulsar la mejora de las competencias digitales y la formación relacionada con la ciudadanía digital.

Además, España debe mantener su firme compromiso con los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres y debe continuar promoviendo una acción exterior y de cooperación feminista coherente con estos principios, situando la igualdad de género en el centro su agenda internacional. La recién aprobada Estrategia de Cooperación Feminista de la Cooperación Española es una hoja de ruta clara para avanzar hacia un mundo más igualitario y por ende más justo. Y, en este contexto, España debe reiterar su compromiso con la protección y asistencia a colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres y niñas migrantes, y recordar la importante contribución que suponen las mujeres extranjeras a la sociedad española, así como las mujeres españolas residentes en el exterior.

Mediante esta Declaración, el Gobierno reconoce el papel imprescindible del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, protagonistas de los avances que han transformado de manera profunda nuestra sociedad y nuestra democracia. Su compromiso, su perseverancia y su capacidad de situar la igualdad en el centro del debate público han hecho posible la ampliación de los derechos que hoy consideramos irrenunciables. Gracias a ese esfuerzo colectivo, España es hoy un país referente en igualdad.

Y es que ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. La igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de justicia, es una condición esencial para el progreso colectivo, para la calidad de nuestras instituciones y para la fortaleza de nuestra convivencia.

La historia reciente de nuestro país demuestra que cada avance en los derechos de las mujeres ha supuesto, al mismo tiempo, un avance para el conjunto de la sociedad. Cuando las mujeres acceden en igualdad al empleo, a la educación, a los espacios de decisión y a una vida libre de violencia, se amplían los márgenes de la democracia y se fortalece el Estado de Derecho. Cuando avanzan las mujeres, avanza la democracia. Y avanzar en igualdad es, hoy y siempre, una tarea colectiva que interpela al conjunto de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto, como garantía de un futuro más justo, más libre y más igualitario para todas y todos".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE LOS SUCESOS DEL 3 DE MARZO DE 1976 EN VITORIA-GASTEIZ

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional de reconocimiento a las víctimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, con el siguiente texto:

"El 3 de marzo de 1976, hace 50 años, la ciudad de Vitoria-Gasteiz fue escenario de uno de los episodios más graves y trágicos de violencia institucional ocurridos en los inicios del proceso de transición hacia la democracia.

En el contexto de un generalizado movimiento reivindicativo social y huelguístico, que afectó a gran parte del Estado español, en Vitoria-Gasteiz se produjo un amplio conflicto laboral de las principales industrias de la ciudad con miles de trabajadores en huelga, quienes solían celebrar asambleas para debatir y decidir colectivamente sus reivindicaciones. Así, aquella tarde del 3 de marzo de 1976, miles de personas se habían reunido en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio obrero de Zaramaga, para participar en una asamblea conjunta en el marco de la tercera huelga general convocada en apoyo a los trabajadores movilizados.

Sin que constara incidente previo que lo justificara, las fuerzas policiales rodearon el templo e intentaron impedir la celebración de la asamblea. Tras la negativa de los reunidos a abandonar el recinto, se ordenó el desalojo. La Policía armada lanzó botes de humo en el interior de la iglesia, un espacio cerrado y abarrotado, provocando escenas de asfixia, angustia y pánico. Quienes intentaban salir eran recibidos con cargas y golpes. En el exterior, en medio de la confusión y la tensión, la Policía armada comenzó a efectuar disparos con munición real.

La consecuencia directa de esa actuación fue la muerte de cinco trabajadores -Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32; y Bienvenido Pereda, de 30. Asimismo, decenas de personas resultaron heridas, veintiséis de ellas por impacto de bala, y muchas otras fueron atendidas por lesiones y contusiones. La gravedad de los hechos causó una profunda conmoción en todo el país y dejó una herida duradera en la sociedad alavesa, vasca y española.

Aquella movilización formaba parte de un movimiento obrero que, en un contexto de ausencia de libertades sindicales y políticas, había logrado construir espacios propios de participación y deliberación colectiva a través de las asambleas. Todo ello se desarrollaba en un clima de violencia, generado para sofocar cualquier forma de protesta en la calle. En ese marco represivo se inscriben también los sucesos posteriores: durante las huelgas convocadas en solidaridad con Vitoria, se produjeron dos muertes más, una en Tarragona y otra en Basauri. Las reivindicaciones salariales y laborales se entrelazaban con una aspiración más amplia de dignidad, derechos y reconocimiento. No se debe olvidar, que la lucha obrera fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades y a la consolidación de un sistema democrático basado en el pluralismo, la negociación colectiva y el respeto a los derechos sociales.

Las víctimas del 3 de marzo de 1976 han sido reconocidas y reparadas por las instituciones vascas y estatales. Así, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diócesis de Vitoria acordaron crear una Fundación y ubicar en la iglesia de San Francisco de Asís el Centro Memorial de las Víctimas del 3 de marzo de 1976, a la que el Gobierno de España ha aportado 600.000 euros mediante la aprobación del Real Decreto 1067/2025, de 26 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma del País Vasco destinada a la realización de las obras en la Iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga, Vitoria-Gasteiz, para su conversión en el Memorial de las Víctimas del 3 de marzo de 1976.

Asimismo, el Gobierno de España ha rendido homenaje en varias ocasiones a las víctimas en el monolito situado junto a la iglesia de San Francisco de Asís y ha declarado Lugar de Memoria el templo en que se produjeron los citados hechos, mediante el Acuerdo de 12 de febrero de 2026, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, (BOE de 23 de febrero de 2026). Durante décadas, los familiares de las víctimas y la Asociación de Víctimas han mantenido viva la memoria de lo sucedido, reclamando verdad, justicia y reparación.

En esta Declaración Institucional, el Gobierno de España expresa su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares. Asimismo, condena la actuación desproporcionada de la Policía armada en aquellos lamentables hechos y reconoce el sufrimiento y el dolor padecido por las víctimas y sus familiares, y la trascendencia histórica de lo sucedido.

El Gobierno de España reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de Memoria Democrática, convencido de que la consolidación de nuestra democracia exige asumir de manera honesta ante las víctimas, la sociedad alavesa, vasca y española, los dolorosos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 y garantizar que nunca más el ejercicio de derechos fundamentales y laborales sea respondido con violencia.

Cincuenta años después de aquellos hechos, el Gobierno de España considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Vitoria-Gasteiz y del conjunto de la sociedad alavesa, vasca y española, y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

ACUERDO ESPAÑA-EGIPTO PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Árabe de Egipto para el intercambio y la protección de información clasificada en el ámbito de la Defensa. (MPCM)

El Acuerdo, entre España y Egipto, tiene por finalidad garantizar la protección de la información clasificada generada o intercambiada entre las Partes, o por personas físicas o jurídicas bajo la jurisdicción de cualquiera de las Partes.

La firma del Acuerdo tiene por objetivo la preservación de los intereses de España en sus relaciones internacionales. Dependiendo de la materia, el intercambio de información puede afectar a la seguridad o a los intereses nacionales, por lo que es necesario que esta información ostente un grado de clasificación y esté sometida a procesos especiales de utilización y manejo para preservar su integridad.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO

El Consejo de Ministros ha aprobado ocho adendas de prórroga y modificación de convenios para la ejecución de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la convocatoria de 2020.

El objetivo de las adendas a los convenios es ampliar su plazo de ejecución para facilitar la continuidad de la ejecución de los Planes de Sostenibilidad en destino y, en algunos casos, modificar las actuaciones previstas.

Las modificaciones de los convenios comprenden la prórroga por un plazo de 1 o 2 años, en función de cada caso, para completar la ejecución y justificación de las actuaciones, modificando el plazo total de ejecución desde la entrada en vigor del convenio. Además, se modifican los anexos que recogen las actuaciones y su distribución económica, sin que ello altere la cuantía total del PSTD.

Las adendas no generan nuevas obligaciones económicas ni para el Estado ni para ninguna de las partes implicadas, ya que no suponen una nueva aportación económica a estos destinos. Las aportaciones de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) previstas en los convenios se realizaron en 2020.

Los ocho Planes de Sostenibilidad Turística cuyos convenios se modifican con esta adenda afectan a los siguientes destinos:

Transportes y Movilidad Sostenible

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA R-2

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación, por un valor estimado de 21 millones de euros (IVA no incluido), de un contrato de obras para rehabilitar 45 kilómetros de firme de la autopista R-2, entre el aeropuerto de Torrejón (Madrid) y Taracena (Guadalajara).

El tramo de actuación, que atraviesa la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara, comienza en el semienlace de conexión con la autovía M-50, en el kilómetro 17 de la R-2, y discurre en dirección noreste hasta conectar con la A-2, en el kilómetro 61,630 de dicha vía.

En este tramo de la R-2 se localizan cinco enlaces completos, un semienlace, dos playas de peaje troncales, cuatro playas de peaje laterales, dos vías de servicio (uno en cada calzada) y 24 pasos de mediana. En los trabajos a desarrollar se incluyen todos estos elementos existentes a lo largo del tramo de actuación.

Descripción de los trabajos

Los trabajos consisten en el fresado y reposición de la capa de rodadura con mezcla bituminosa discontinua, al objeto de aumentar la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando su período de vida útil.

Adicionalmente, se ha proyectado la reposición de la señalización horizontal y los elementos de balizamiento. También se llevará a cabo la restitución de las espiras de las seis estaciones de aforo existentes en el tramo y de las juntas de dilatación de algunas de las estructuras situadas en el ámbito de actuación.

Actuación clave dentro del Plan de Inversiones de SEITT

Esta obra se enmarca en el plan de inversiones de la Sociedad Estatal de infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), dotado con 455 millones de euros. El objetivo de este plan es devolver a un estado óptimo de funcionamiento las autopistas revertidas al Estado, tales como las radiales R-2, R-3, R-4, R-5, y otras como la AP-36, AP-41, AP-7 en Alicante y Cartagena, y la M-12, así como los tramos libres gestionados por la entidad, como la M-50.

El plan incluye intervenciones en ocho áreas prioritarias: rehabilitación de firmes, túneles, estructuras, señalización, Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y de peaje, reducción de ruido, iluminación y mejoras de capacidad. La rehabilitación de firmes representa el 50,8% del presupuesto total.

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA EL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la ampliación de la convocatoria de ayudas, por importe de 25.000.000 de euros, destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E., (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias.

Se han aprobado las bases de las líneas de financiación por 100 millones de euros para los sectores agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectados por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocará las dos líneas de ayudas para facilitar el acceso a la financiación especial, por 75 millones de euros, del Instituto de Crédito Oficial-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (ICO-MAPA-SAECA), así como a la obtención de avales de SAECA, por 25 millones de euros.

El objetivo es que los solicitantes de estas ayudas puedan beneficiarse de ambas líneas simultáneamente.

La línea ICO-MAPA-SAECA es una ayuda en régimen de concesión directa, que consiste en la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, no reembolsable, para fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones del sector.

Las ayudas tienen un límite equivalente al 15 % del principal del préstamo o de 15.000 euros de ayudas acumuladas para las operaciones de un mismo cliente. Además, para obtener la subvención el interesado deberá contar con un aval de SAECA. Una vez publicada la convocatoria de estas ayudas en el Boletín Oficial del Estado, el plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027, que permitirá formalizar operaciones hasta el 31 de enero de 2028.

Respecto a la línea de subvenciones para obtener los avales de SAECA, se financia el importe total de la comisión del aval para los préstamos que soliciten los beneficiarios y la comisión de estudio del aval.

Estas líneas de financiación forman parte del plan de ayudas extraordinarias por 2.874,1 millones de euros aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros para ayudar al sector agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectado por el tren de borrascas.

Política Territorial y Memoria Democrática

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO AL PAÍS VASCO

El Consejo de Ministros ha aprobado cinco reales decretos de traspaso de funciones y servicios al País Vasco, tras los acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, en su reunión del pasado 16 de enero de 2026.

Concretamente, los reales decretos se refieren a las siguientes materias:

Ampliación de medios patrimoniales traspasados a la comunidad autónoma del país vasco por el Real Decreto 2557/1985, en materia de seguridad e higiene en el trabajo

El País Vasco asume la titularidad de la restante superficie del edificio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sede del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria ubicado en Barakaldo (Bizkaia). El Centro Nacional de Verificación de Maquinaria se reserva el derecho de uso por tiempo indefinido de los espacios que sean necesarios de los ocupados actualmente en el edificio traspasado, con la finalidad de seguir ejerciendo sus funciones.

Modificación de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar traspasados al país vasco por el Real Decreto 667/2020

El País Vasco asume las funciones relativas a los procedimientos administrativos sobre el derecho a la prestación; supervisión y control del cumplimiento de requisitos; función interventora; ordenación y pago de las prestaciones; reintegro de prestaciones indebidamente percibidas; relación con entidades financieras; representación y defensa en juicio; y las restantes funciones de carácter ejecutivo atribuidas al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Comunidad Autónoma ejercerá las funciones necesarias para la gestión del régimen económico del Seguro Escolar.

Traspaso de los medios patrimoniales y personales adscritos a la gestión de la protección por desempleo

El País Vasco asume la gestión de la protección por desempleo de nivel contributivo y asistencial en su ámbito territorial, dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad. Se traspasan inmuebles, locales y el personal que ejerce las funciones traspasadas.

Traspaso de los medios personales adscritos a la gestión de las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva y del subsidio por nacimiento y cuidado de menor de naturaleza no contributiva

Se traspasan los medios personales adscritos a la gestión de las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva y del subsidio por nacimiento y cuidado de menor de naturaleza no contributiva. Concretamente, se traspasa la gestión de las prestaciones familiares de la Seguridad Social y del subsidio especial por nacimiento en su modalidad no contributiva, a que se refieren los artículos 351 y 181 y 182 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. El País Vasco asume también los medios personales adscritos a la gestión de estos servicios.

Traspaso de funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación del Estado sobre salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales correspondientes al litoral vasco

Se traspasan las funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación del Estado sobre salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales correspondientes al litoral vasco. Continuarán en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) la legislación y el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia de salvamento marítimo; la negociación y celebración de instrumentos y la representación en ámbitos internacionales; la aprobación del Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino, así como de los planes estatales de contingencias; las directrices de coordinación de la actuación de los distintos medios capaces de realizar operaciones de búsqueda y salvamento de vidas humanas y de lucha contra la contaminación marina; el sistema de control de tráfico marítimo; la dirección y coordinación de las operaciones de salvamento marítimo cuando tales operaciones requieran de una dirección nacional; y la dirección de las operaciones de lucha contra la contaminación marina. La AGE y la Comunidad Autónoma del País Vasco mantendrán vías de cooperación en materia de salvamento marítimo.

Igualdad

INFORME SOBRE VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del informe "La igualdad en el espacio digital es una condición indispensable para la calidad democrática", elaborado desde el Ministerio de Igualdad.

El informe destaca que la violencia digital contra las mujeres no es un fenómeno marginal, sino estructural. Además, concluye la existencia de una amplia prevalencia de denuncias relacionadas con la violencia digital contra las mujeres, especialmente entre aquellas con voz pública como políticas, periodistas y activistas, con una finalidad disciplinadora orientada a su silencio y a la erosión de la calidad democrática.

De acuerdo al informe, el mecanismo de agresión se articula mediante algoritmos que premian la polarización y conducen al abandono del espacio digital por parte de las mujeres.

Ante esta situación, el informe propone una hoja de ruta basada en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la regulación de plataformas y la educación preventiva.

BIOGRAFÍAS

Hacienda

Director general del Catastro

D. JESÚS PUEBLA BLASCO

Cultura

Secretario general Técnico