Referencia Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Transportes y Movilidad Sostenible

Educación, Formación Profesional y Deportes

Vivienda y Agenda Urbana

Economía, Comercio y Empresa

Sanidad

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

SUPLEMENTO DE CRÉDITO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear, por importe de tres millones de euros, con la finalidad de reponer los equipos de control dosimétrico eléctricos para la vigilancia radiológica.

El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Concretamente, en situaciones de emergencia nuclear o radiológica, el citado Consejo es el responsable del control dosimétrico del personal interviniente -incluido personal propio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, UME, bomberos, sanitarios, apoyo logístico y Protección Civil-.

La diversidad de tareas con distintos niveles de riesgo radiológico exige disponer de sistemas dosimétricos avanzados, capaces de registrar en tiempo real y con precisión las dosis recibidas, a fin de sustentar la toma de decisiones operativas y garantizar la adecuada protección radiológica del colectivo de intervención.

En este contexto, existe la necesidad de reponer los dispositivos de control dosimétrico eléctricos, con un coste total de tres millones de euros, con el fin de garantizar la adecuada protección radiológica de dicho personal interviniente, respaldar la toma de decisiones funcionales y cumplir con los estándares internacionales.

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FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTOS DE LAS FF.AA. EN OPERACIONES DE PAZ

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 698.503.198,89 euros para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz.

Las diferentes misiones en las que participan las Fuerzas Armadas Españolas atienden a los tres grandes objetivos estratégicos siguientes: proporcionar estabilidad y seguridad; luchar contra el terrorismo; y disuadir y defender el territorio aliado.

Para hacer efectivos tales objetivos estratégicos, por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 se adoptaron una serie de acuerdos relacionados con la prórroga hasta finales de este año de una serie de operaciones. Algunas de ellas relacionadas con la participación de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil españolas en misiones fuera del territorio nacional; o con la participación en misiones de disuasión y defensa en el marco de fuerzas de la OTAN.

También se prorrogan actividades de seguridad cooperativa y bilaterales para fortalecer las capacidades de seguridad y prevenir conflictos en zonas de África, Oriente Medio o Iberoamérica.

Además, se fijan en 400 los observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares que puede desplegar España hasta el 31 de diciembre de 2026, a solicitud, en su caso, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para contribuir a misiones de diplomacia, gestión de crisis, de paz o de ayuda humanitaria, y atender a los compromisos que, en el marco multilateral, pueda adoptar España a la vista de la evolución de los procesos de paz en la Franja de Gaza.

Otro de los acuerdos contempla la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la autorización de posibles despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otras unidades de las Fuerzas Armadas ante situaciones de grave riesgo, catástrofes y calamidades u otras necesidades en apoyo a otras solicitudes bilaterales de naturaleza urgente en el marco de los intereses compartidos con países socios y aliados.

Por tanto, en aplicación del artículo 50.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la aprobación del Consejo de Ministros de la aplicación del Fondo de Contingencia.

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TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE LOS "50 AÑOS DE ESPAÑA EN LIBERTAD"

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 14,6 millones de euros, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para atender los gastos asociados al Comisionado para la celebración de los '50 años de España en libertad'.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática preceptúa a la Administración General del Estado a promover el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas, y específicamente la memoria de las mujeres, difundiendo lo sucedido.

El Real Decreto 1/2025, de 7 de enero, estipulaba la creación del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad, que a lo largo del 2025 ha organizado más de 600 actividades en todo el territorio español en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Secretaría de Estado de Política Territorial.

En 2026 se pretende afianzar las líneas de trabajo iniciadas en el ejercicio anterior, poniendo el foco especialmente en cómo este conocimiento del pasado puede ayudar a reforzar los valores democráticos, trabajando especialmente con la población joven. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo destacan:

• Convenios de colaboración con entidades públicas y privadas de ámbito nacional y local para actividades de debate, pensamiento y culturales por la democracia, con el fin de organizar múltiples actividades como congresos, ciclos de cine en filmotecas y festivales, jornadas, cursos, conferencias, talleres, encuentros nacionales e internacionales, publicaciones, etc.
• Programa de creación contemporánea y actos conmemorativos en torno al conocimiento de la guerra civil, la dictadura franquista y la promoción de la democracia, con múltiples formatos y en diferentes ciudades.
• Acciones de comunicación y nuevos formatos comunicativos.
• Exposiciones, entre ellas: 'Juventud, dictadura y democracia en los años 70' y 'Rumor ronco. Preguntas para futuros posibles'.
• Otras necesidades para la gestión de las actividades enumeradas.

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AUTORIZACIÓN A VARIAS CCAA A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REGLAMENTO GENERAL DE SUMINISTRO, COMERCIALIZACIÓN Y AGREGACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. La norma establece el régimen jurídico aplicable a estas actividades minoristas del sector eléctrico e incrementa los niveles de protección de los consumidores -especialmente los hogares y los consumidores vulnerables-, y su empoderamiento, puesto que aumenta las opciones para participar en los mercados de la electricidad, con nuevas modalidades de contratación y el marco normativo de referencia para la figura del agregador de demanda.

La transformación hacia un modelo más sostenible y eficiente del sector energético, la evolución del marco regulatorio nacional y del europeo y la experiencia derivan en la necesidad de actualizar el marco del suministro y la comercialización de energía eléctrica. Con ello se cumple uno de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El decreto prohíbe, con carácter general, las llamadas telefónicas a los hogares para hacer publicidad o para prácticas de contratación cuando no las haya solicitado expresamente el consumidor con carácter previo o sea él quien llame a la compañía, reforzando y complementando las disposiciones de la legislación de telecomunicaciones y de atención a la clientela.

Cuando se produzca un cambio de precios derivado de una modificación de las condiciones del contrato, o de una nueva contratación, la empresa deberá presentar al consumidor, con carácter previo, un documento independiente del contrato que le resuma los efectos del cambio sobre su factura final e incluya una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.

Los hogares y Pymes -potencia contratada menor de 15 kW-, podrán rescindir sus contratos en cualquier momento, sin penalización, a menos que sea antes de la primera prórroga anual de un contrato a precio fijo en el mercado libre; y en este caso la penalización sólo podrá ser del 5% de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio como máximo. Si el cambio lo hace un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ningún tipo de penalización, tampoco en los servicios adicionales contratados junto al suministro eléctrico.

Se agilizan los plazos para los cambios de suministrador, que durarán 10 días como máximo, y en los arrendamientos de viviendas se permitirá que el PVPC se subrogue con la petición de cambio de nombre del contrato por parte del usuario efectivo de la energía que así lo acredite, libre de las cargas que pudiera haber contraído el titular anterior. Esta subrogación también se aplicará a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual que residan en la vivienda sin ser las titulares del contrato.

En el caso de que un consumidor con bono social quiera cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador, además de presentarle la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio, deberá recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de estas renuncias por parte de los consumidores vulnerables, para que puedan comprobarse.

El real decreto refuerza las vías de reclamación de los consumidores ante las empresas suministradoras. Éstas deberán disponer de un servicio gratuito de atención al cliente -como mínimo, digital- que se prestará de forma que haya constancia de la reclamación, queja o petición efectuada, incluyendo, en su caso, la transcripción de las comunicaciones telefónicas. Las reclamaciones y quejas deberán responderse en un plazo máximo de 15 días.

Las comercializadoras podrán disponer de un nuevo defensor del cliente, que emitirá resoluciones vinculantes para la empresa. La CNMC publicará qué compañías lo incorporan y podrá elaborar una guía con los principios y requisitos que deba cumplir. Se mantiene la opción de acudir a juntas arbitrales de consumo para resolver conflictos, donde corresponderá a las comunidades autónomas la resolución administrativa de las discrepancias.

El procedimiento de corte de suministro por impago se actualiza, al revisarse los gastos de desconexión y reconexión, o el precio de anulación y reposición de contratos, entre otros aspectos de protección general, como la prohibición de efectuar la interrupción en días festivos o en vísperas de festivos. El gestor de la red transporte deberá remitir al MITECO información sobre el número de cortes de suministro y sus razones cada tres meses.

El real decreto incluye la prohibición de cortar el suministro a los consumidores electrodependientes; y también que las comunidades autónomas y las entidades locales podrán prohibir la interrupción de suministro a los hogares acogidos al bono social que incurran en impago, al declararlos esenciales.

Se revisa el sistema de refacturación, tras los errores de lectura. Si el error es a favor del cliente, la empresa deberá devolver las cantidades indebidamente facturadas en la siguiente factura, aplicando los intereses correspondientes más un 1,5%; si es a favor de la comercializadora, el importe se prorrateará en tantos meses como los transcurridos desde el error, y con un tope de un año.

El consumidor podrá recurrir a distintas fórmulas para contratar el suministro de electricidad, optando por el mercado libre o, si cumple los requisitos, el PVPC. En el primero de los casos, se podrán firmar contratos de temporada, de duración inferior al año; también se podrá tener más de un contrato de electricidad de forma simultánea, con una o con varias comercializadoras, y acudir directamente al mercado mayorista, siempre que no coincidan en un mismo período de liquidación.

Todos los consumidores podrán disponer de dos potencias diferentes durante 12 meses, en función de sus necesidades de suministro. Podrán cambiar de una potencia a otra en períodos trimestrales, mensuales, diarios u horarios, según les convenga. La CNMC, en el ejercicio de sus competencias, determinará los precios y las condiciones de facturación aplicables a estas modificaciones.

La actualización del marco de la actividad de comercialización de electricidad incluye que aquellas sociedades con más de 200.000 clientes finales dispongan de ofertas de suministro con precios dinámicos, con el objetivo de aumentar el abanico de posibilidades de los consumidores. Se incorpora un aumento de los requisitos para ejercer la comercialización, junto con una serie de medidas cautelares para mejorar el funcionamiento del mercado.

Las empresas tendrán que comprar la energía equivalente al 100% del consumo estimado de sus clientes con carácter mensual, además de depositar las garantías que les correspondan. Se prohíbe el traspaso de clientes de un comercializador susceptible de ser inhabilitado a empresas vinculadas al mismo y se perderá la condición de comercializador si tras darse de alta en la actividad no se compra energía durante seis meses.

El real decreto establece los derechos, obligaciones y requisitos que debe cumplir la figura del agregador independiente en el ejercicio de su actividad. Los agregadores combinarán consumos o electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad, especialmente en los de balance, prestando servicios de respuesta de demanda.

Los consumidores podrán contratar libremente los servicios de un agregador para que gestione su demanda de electricidad y obtener con ello un ahorro en la factura o algún otro tipo de contraprestación, con independencia de que mantengan un contrato con un comercializador para su abastecimiento.

Red Eléctrica, en tanto que Operador del Sistema (OS) dispondrá de dos meses para diseñar un Procedimiento de Operación relativo al modelo de agregación, y la CNMC tendrá tres meses para adaptar los ficheros de intercambio de información entre los distintos sujetos del sector eléctrico, que permitirán participar a los agregadores en los distintos mercados de la electricidad.

Una vez que el MITECO publique una orden ministerial con el modelo de agregación, se aplicará un modelo centralizado, con corrección de programa y con compensación. El OS se encargará de la corrección del programa de generación que provoque la actividad de los agregadores y, junto con OMIE, ejercerá de contraparte de compensación para las liquidaciones entre comercializadores y agregadores.

El real decreto actualiza el Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS) e incluye entre las funciones del OS la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales -respetando la confidencialidad de la información personal- para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad. El contenido particular de este datahub se desarrollará mediante orden ministerial.

Los consumidores podrán acceder a sus datos en todo momento de forma gratuita y podrán prohibir a su distribuidora la difusión de sus datos y el acceso a comercializadores o agregadores distintos a aquel con el que tengan contratado el servicio, cuando así lo señalen expresamente.

Los comercializadores, agregadores independientes y demás sujetos que usen la información del datahub deberán suscribir un código de conducta que seguirá las directrices de la CNMC y garantizar la confidencialidad de la información contenida en ellas.

Las comercializadoras dispondrán de cuatro meses desde la aprobación del real decreto para adaptarse a muchas de sus disposiciones; es el mismo plazo que tendrá la CNMC para remitir al MITECO un informe sobre la evolución de las prácticas irregulares en la actividad de comercialización. Incumplir las obligaciones de protección al consumidor podrá considerarse una infracción grave, asociada a sanciones que pueden alcanzar los seis millones de euros.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las mujeres y las niñas en la Ciencia.

En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, con el fin de reconocer el papel clave que las mujeres desempeñan en la comunidad científica y tecnológica, así como de subrayar la necesidad de adoptar iniciativas que contribuyan a eliminar la brecha de género y a promover la participación plena y efectiva de mujeres y niñas en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"Construir un país más justo, competitivo y preparado para los desafíos del futuro requiere aprovechar todo su talento, sin exclusiones ni desigualdades. En ese objetivo, la igualdad entre mujeres y hombres no es solo un principio democrático, sino una condición imprescindible para el progreso económico, científico y social.

El Gobierno de España sitúa esta convicción en el centro de su acción política, impulsando medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y a reforzar la presencia de las mujeres en los ámbitos STEM-ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-, llamados a desempeñar un papel decisivo en el desarrollo del país.

La brecha de género en las disciplinas STEM persiste tanto en la Unión Europea como en España. En el conjunto de la Unión Europea, según Eurostat, las mujeres representan en torno a un tercio de las personas graduadas en titulaciones STEM, con una presencia especialmente reducida en ámbitos clave como la ingeniería y las tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo con el Education and Training Monitor 2025 de la Comisión Europea, en 2023 las mujeres constituían en España el 28,6 % del alumnado universitario en estudios STEM, con grandes diferencias por ramas: cerca de la paridad en ciencias naturales y matemáticas, pero solo el 27,1 % en ingeniería y el 15,9 % en TIC, pese a ser mayoría en el conjunto del sistema universitario.

Los datos de empleo confirman que esta desigualdad se acentúa una vez finalizada la etapa formativa. Según Eurostat, en 2024 las mujeres representaban únicamente el 19,5 % de las personas especialistas en tecnologías de la información y la comunicación en la Unión Europea, uno de los sectores con mayor crecimiento y valor estratégico. En el caso español, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat muestran un patrón similar: la presencia de mujeres en el empleo TIC y en las ocupaciones científico-tecnológicas más especializadas se sitúa en torno a una quinta parte del total, a pesar de contar con niveles de formación equivalentes o superiores en el conjunto de la población universitaria.

Por su parte, el informe oficial Científicas en Cifras 2025, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, confirma que las mujeres representan aproximadamente el 39,6 % del personal investigador en España, pero su presencia desciende de forma significativa en las categorías superiores de la carrera científica y en los puestos de mayor responsabilidad, especialmente en el sector empresarial de I+D, lo que evidencia dificultades persistentes para su promoción y consolidación profesional. En lo que se refiere a los datos de mujeres inventoras, y según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., en las patentes presentadas en España el porcentaje de mujeres inventoras ha sido del 27,6%, haciendo que en el 34,9% de las patentes presentadas figure al menos una mujer inventora. Si bien estos datos destacan frente a los de países de nuestro entorno, aún queda un amplio margen de mejora.

Estos datos ponen de manifiesto que la brecha de género no se limita al acceso a la educación superior, sino que se intensifica en la transición hacia el mercado laboral y en el desarrollo de las carreras científicas y tecnológicas, evidenciando la persistencia de barreras estructurales que condicionan la permanencia, la promoción y el liderazgo de las mujeres en la ciencia y la tecnología.

Antes de alcanzar la etapa universitaria, las estadísticas muestran que la brecha de género ya está presente en las trayectorias educativas. En el curso 2023-2024, las alumnas representaban el 53,7% del alumnado total, pero su presencia en el Bachillerato de Ciencias se reducía al 48,4%, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En el caso de la Formación Profesional de carácter tecnológico, la participación femenina continúa siendo minoritaria.

La aparición temprana de estas desigualdades pone de relieve que las decisiones educativas están condicionadas por factores socioculturales que operan desde las primeras etapas del sistema educativo y fuera de él. Por ello, resulta imprescindible reforzar la presencia de referentes femeninos en las disciplinas científicas y tecnológicas, así como garantizar su adecuada incorporación en los libros de texto y en los materiales educativos utilizados en educación primaria y secundaria. Del mismo modo, es necesario actuar sobre los espacios de educación informal -entornos digitales, actividades extraescolares, ocio tecnológico y cultural- donde se construyen expectativas, intereses y autopercepciones que influyen de forma decisiva en las elecciones académicas posteriores.

Abordar la brecha de género en la ciencia exige, por tanto, una intervención temprana y sostenida que permita erradicar los prejuicios y estereotipos de género que aún persisten en el ámbito educativo y científico, y que se proyectan más adelante en la investigación y en el empleo. Solo de este modo será posible eliminar los sesgos estructurales que dificultan el acceso, la permanencia y la progresión de las mujeres en la carrera científica e investigadora, y garantizar que el talento femenino pueda desarrollarse plenamente a lo largo de todo el itinerario educativo y profesional.

Ante estos desafíos, el Gobierno de España ha desplegado y continúa desarrollando líneas de actuación estructurales, en coherencia con los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de las políticas europeas en materia de igualdad. Estas actuaciones se alinean con la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020-2025, actualmente en su fase final de implementación, así como con la Garantía Infantil Europea, que busca combatir la exclusión y pobreza infantil al considerarse ésta una barrera en el desarrollo académico, y que incorpora de forma transversal la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación desde las primeras etapas de la vida.

En el plano internacional y europeo, España participa de manera continuada en la integración de la perspectiva de género en las políticas de ciencia e innovación de la Unión Europea, en particular a través del Programa Marco Horizonte Europa (2021-2027) y del Espacio Europeo de Investigación, de conformidad con el Pacto por la Investigación y la Innovación en Europa. Asimismo, España contribuye activamente a estos trabajos mediante su participación en los foros especializados de la Unión Europea, incluido el Standing Working Group on Gender, Research and Innovation, impulsando la igualdad efectiva como principio estructural del sistema europeo de I+D+I. Además, en el ámbito latinoamericano, forma parte de la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y de Género, que tiene por objeto reducir brechas de género, potenciar el rol de la mujer en la innovación y compartir buenas prácticas. Finalmente, la recientemente aprobada Estrategia de Cooperación Feminista de la Cooperación Española establece que se promoverán "actuaciones destinadas al fomento del acceso de niñas, mujeres jóvenes y adultas a la educación y formación técnico profesional, especialmente en ámbitos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (disciplinas STEM) y las transiciones digital y verde".

En el ámbito estatal, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027 consolidan la perspectiva de género como eje transversal, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las fases de la I+D+I. De forma complementaria, el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 establece las prioridades y objetivos de la acción pública en materia de igualdad y refuerza el compromiso con la ciencia y la innovación, promoviendo la presencia de mujeres en los ámbitos científico-tecnológicos y abordando las desigualdades de género que persisten en la carrera investigadora.

Garantizar la igualdad efectiva en la ciencia y la innovación no es solo una exigencia de justicia social, sino una condición imprescindible para el progreso científico, el desarrollo económico y la calidad democrática de nuestro país. Avanzar hacia un sistema científico basado en la igualdad de oportunidades y en el aprovechamiento pleno del talento constituye una responsabilidad compartida y un compromiso firme y permanente de los poderes públicos".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN "ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL"

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se declaran zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la Península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que han provocado daños en numerosas comarcas de catorce comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta.

Son 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) durante ese periodo que obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil. De manera excepcional, el acuerdo incluye determinados sucesos acaecidos en Galicia y Ceuta aun cuando la situación operativa comunicada al CENEM no superó la fase de preemergencia o situación operativa 0.

Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 se han producido, en distintas partes del territorio nacional, fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas. Este periodo ha estado marcado por una persistente inestabilidad atmosférica caracterizada por la sucesión de lluvias intensas, viento fuerte, nevadas, descensos térmicos y fenómenos costeros, en ocasiones asociados a borrascas de impacto significativo.

El acuerdo recoge, en el mismo periodo, otras emergencias de protección civil como incendios forestales, incendios e incidentes industriales y químicos y accidentes en el transporte de mercancías que también requirieron de la activación de los correspondientes planes autonómicos y la adopción de medidas de protección a la población y a los bienes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el acuerdo recoge una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior.

Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.

Además, se podrán adoptar las siguientes medidas:

• Beneficios fiscales: exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
• Medidas laborales y de Seguridad Social.
• Ayudas a las corporaciones locales: ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
• Daños en infraestructuras públicas y en el dominio público: se podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.
• En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, previo acuerdo del órgano de contratación conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.
• Se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de estas obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Las ayudas recogidas en el acuerdo son subsidiarias a las que puedan adoptar las comunidades autónomas y las entidades locales en ejercicio de sus competencias.

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, el acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas.

La aprobación definitiva de estas medidas y ayudas queda condicionada a la acreditación de los daños producidos en los procedimientos que se tramiten ante los departamentos ministeriales competentes por razón de la línea de ayuda, incentivo o medida de recuperación.

Han sido declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por las siguientes emergencias:

Transportes y Movilidad Sostenible

CIERRE Y HABILITACIÓN DEL MUELLE DE RIBERA DEL PUERTO DE GRANADILLA, TENERIFE

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla de la Autoridad Portuaria de Tenerife por 39,7 millones de euros (IGIC no incluido).

El puerto de Granadilla es el último puerto de nueva planta construido en España dentro de los puertos de interés general, con el objetivo de operar de forma complementaria al puerto de Santa Cruz de Tenerife, completando de esta forma el servicio portuario al conjunto de la isla de Tenerife. Está diseñado para recibir buques de gran calado y operaciones logísticas a gran escala e incluye también un área industrial anexa, lo que le convierte en un nodo logístico clave en el Atlántico.

La obra autorizada permitirá construir los 543,3 metros de longitud que faltaban para concluir los 1.045 metros del muelle de Ribera, permitiendo el pleno funcionamiento del puerto de Granadilla.

En concreto, el tramo que resta por ejecutar es el comprendido entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada del tramo final situado al sur, y se ejecutará con 11 cajones de hormigón armado de 48,25 metros de eslora cimentados a la cota -18 metros y sendos cierres de hormigón sumergido de 5,78 m de longitud.

Las obras correspondientes a este proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, consensuado con Puertos del Estado, bajo la línea de inversión denominada 'Cierre y habilitación del muelle de Ribera', dentro de las inversiones del puerto de Granadilla. Asimismo, la actuación cuenta con financiación parcial procedente de fondos europeos FEDER 2021-2027.

Desde 2025 hasta 2029 se contempla una inversión de más de 600 millones de euros en los puertos canarios del sistema portuario de titularidad estatal para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de estas infraestructuras. De esta cuantía, 255 millones se destinan a los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, donde precisamente uno de los principales proyectos en marcha es el cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla.

Imagen general del puerto de Granadilla

Educación, Formación Profesional y Deportes

NUEVOS CERTIFICADOS PROFESIONALES

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de cuatro nuevos certificados profesionales vinculados a las artes gráficas, la hostelería, la docencia y el mantenimiento de ascensores.

En concreto, se ha aprobado la creación del curso de especialización de Grado Medio de maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, así como los certificados profesionales en instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte; el certificado en habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional; y el certificado profesional en ilustración técnica.

El curso de especialización en Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, de la familia de Hostelería y Turismo, cuenta con 300 horas, permitirá a quien lo curse realizar actividades de corte y loncheado de jamón y paleta curados, así como servicios de cata de jamón y paleta curados.

El certificado profesional en Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, de 720 horas, permitirá desarrollar las labores de instalación y el mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.

Por su parte, el certificado profesional en habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional, de 510 horas, hará que quien supere pueda programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas para la habilitación docente en los grados A, B y C dentro del Sistema de Formación Profesional, en cualquiera de sus modalidades, ya sea presencial, semipresencial y virtual. Sus titulados podrán elaborar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los diferentes itinerarios formativos y salidas profesionales existentes en el mercado laboral propios de su especialidad, impulsando la calidad docente, asegurando la actualización didáctica y la competencia digital.

Por último, el certificado en Ilustración técnica, de 500 horas, permitirá a sus titulados planificar proyectos de ilustración, así como elaborar productos para proyectos de ilustración. Un certificado que se dirige a ilustradores técnicos, gestores de proyectos de ilustración, ilustradores arquitectónicos, diseñadores gráficos especializados, modeladores 3D, diseñadores CAD e ilustradores editoriales.

Sanidad

APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes con el fin de reforzar su papel institucional en el Sistema Nacional de Salud. El texto reconoce por primera vez su singularidad jurídica y su función como agentes clave en la defensa de los derechos e intereses de pacientes, familiares y personas cuidadoras.

Esta norma responde a la demanda de un marco legal específico que regule la participación de estas entidades como actores activos en la construcción del Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora, su actividad se enmarcaba en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, sin que existiera una normativa diferenciada.

El anteproyecto ha contado, por ahora, con las aportaciones de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes, la Alianza General de Pacientes, la Federación Española de Enfermedades Raras, la Federación Española de Diabetes y la Confederación Salud Mental España, cuyas contribuciones han sido incorporadas durante su elaboración.

El texto se inspira, además, en referentes internacionales consolidados en materia de participación de pacientes y gobernanza sanitaria, alineándose con modelos europeos. En este sentido, destaca el concepto de democracia sanitaria desarrollado en Francia, donde las organizaciones de pacientes participan en instancias clave como la Alta Autoridad de Salud; el modelo del Reino Unido, en el que el Servicio Nacional de Salud tiene la obligación de contar con grupos de participación de pacientes integrados en su funcionamiento ordinario; y la experiencia alemana, donde las organizaciones de pacientes participan, aunque sin derecho a voto, en el Comité Conjunto Federal encargado de decidir sobre las prestaciones y coberturas del sistema sanitario.

Reconocimiento legal e interlocución institucional

Las organizaciones de pacientes han transitado desde modelos centrados en la autoayuda hasta desempeñar un papel activo en la elaboración de políticas de salud. Sin embargo, el ordenamiento jurídico estatal carecía de una norma que reconociera esta evolución y su carácter específico.

El anteproyecto establece un marco jurídico que garantiza su participación en los órganos de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, así como en el diseño de estrategias, planes y programas que inciden en la salud de la ciudadanía.

Derechos de las organizaciones y obligaciones de la AGE

El nuevo texto reconoce a estas entidades el derecho a acceder a información pública relevante, participar en la elaboración de políticas sanitarias, así como en las estrategias y planes del Sistema Nacional de Salud, acceder a financiación pública mediante criterios transparentes y recibir formación continua para su fortalecimiento institucional. Además, fija que las organizaciones de pacientes deberán guiarse por los principios de transparencia, prevención de conflictos de interés y rendición de cuentas.

Medidas de impulso a la participación: Mesa para la participación y Censo estatal

La norma recoge la Mesa para la Participación de los Pacientes, como espacio estable de diálogo con la Administración General del Estado, y el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes, que tendrán su desarrollo normativo correspondiente.

Ambas herramientas serán clave para fortalecer la interlocución institucional de la AGE con estas organizaciones. Además, se incluyen medidas de fomento como el impulso a la formación para facilitar el acceso a convocatorias públicas de ayudas y la promoción de su papel en la equidad en salud.

El anteproyecto contempla una excepcionalidad para las organizaciones que representan a pacientes con enfermedades raras. Debido a su naturaleza, desde el Ministerio de Sanidad se establecerán requisitos específicos y proporcionales para su inclusión en la ley en un plazo de tres meses desde su entrada en vigor.

Sanidad

APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY DE GESTIÓN PÚBLICA E INTEGRIDAD DEL SNS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios. El texto normativo establece un marco jurídico que refuerza el carácter universal, equitativo, transparente y de calidad del SNS, alineado con los principios de sostenibilidad y buen gobierno.

El texto reconoce como principios fundamentales del SNS la universalidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad, solidaridad, participación y colaboración. Su aplicación alcanza a todos los centros, servicios y establecimientos del SNS, reforzando el papel de las administraciones públicas en su titularidad y gestión.

La gestión directa se define como la prestada:

• Por la propia administración sanitaria competente.
• A través de entidades del sector público institucional estatal, autonómico o local.
• Mediante consorcios sanitarios constituidos entre varias administraciones o entidades públicas, cuya regulación se detalla en el artículo 5 del texto.

Gestión indirecta: carácter excepcional y evaluación previa

El anteproyecto limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales, permitiéndola solo cuando:

• No sea posible la prestación directa.
• Se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia.
• Se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Se establece un procedimiento de evaluación previa obligatorio para estos casos, que incluye:

• Una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria.
• El análisis por un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta, compuesto por personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y de la sociedad civil.
• La publicación obligatoria del informe y resolución en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica de la administración sanitaria.
• En el caso de concesiones de servicios, será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.

Además, la ley elimina definitivamente fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.

Regulación específica de los consorcios sanitarios

El régimen jurídico de los consorcios sanitarios queda establecido en la ley, incluyendo:

• Adscripción obligatoria a una administración sanitaria.
• Sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y control de cuentas.
• Auditoría obligatoria de las cuentas anuales.
• Regulación del personal, que podrá ser funcionario, estatutario o laboral, según su procedencia.

Los consorcios compartirán el régimen contable, presupuestario y de control de la administración a la que estén adscritos.

Buen gobierno, control y rendición de cuentas

El texto incorpora una serie de medidas destinadas a reforzar el control institucional y la evaluación permanente de la gestión sanitaria:

• Las comunidades autónomas y el INGESA deberán dotar a sus centros de instrumentos de buena gobernanza.
• Se establecerán indicadores comunes de salud y calidad acordados en el seno del Consejo Interterritorial del SNS.
• Las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio.
• Se prevé la externalización de auditorías, siempre que se garantice la incompatibilidad entre la entidad auditora y la auditada para evitar conflictos de interés.

Evaluación de experiencias y asesoramiento técnico

El anteproyecto establece:

• La elaboración, en el plazo de un año, de un informe de evaluación de las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997, por un grupo de personas expertas en economía de la salud, gestión sanitaria y sistemas de salud.
• El asesoramiento técnico de la Alta Inspección del SNS a las administraciones que deseen revertir servicios previamente externalizados.

El anteproyecto deroga la Ley 15/1997, de 25 de abril, y modifica el artículo 67 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Igualmente, se introduce una cláusula en la Ley de Contratos del Sector Público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, aplicándose la nueva normativa a los procedimientos futuros.

Sanidad

ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados y se determinan los márgenes correspondientes a su distribución y dispensación. La norma establece el marco para la financiación y fijación de precios de estos productos, adaptándolo a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y valor clínico.

El Real Decreto sustituye y deroga la normativa vigente desde 1996, desarrolla un sistema de financiación selectiva con criterios homogéneos para la inclusión, modificación y exclusión de productos sanitarios en la prestación farmacéutica y refuerza al sector, favoreciendo su desarrollo industrial y la implantación de políticas y planes de investigación e innovación.

Productos incluidos en la financiación

Para que un producto sanitario pueda ser financiado debe pertenecer obligatoriamente a una de las cuatro categorías generales previstas en la norma: materiales de cura; productos sanitarios destinados a la aplicación de medicamentos; productos sanitarios para la recogida de excretas y secreciones; y utensilios destinados a la protección o reducción de lesiones o malformaciones internas.

Dentro de estas categorías, los productos sanitarios se clasifican en dos grandes grupos en función del tipo de aportación del usuario.

• Los productos sujetos a aportación del usuario en función de su renta, entre los que se incluyen artículos de uso común como algodones, gasas, vendas y esparadrapos; apósitos y parches oculares; tejidos elásticos para la protección de lesiones o malformaciones; absorbentes para la incontinencia urinaria y otros sistemas relacionados, además de bragueros, suspensorios, irrigadores y sus accesorios.
• Los productos con aportación reducida, destinados a cubrir necesidades crónicas o específicas. En este grupo se encuentran, entre otros, los aparatos de inhalación -como cámaras, inhaladores e insufladores-; sondas y bolsas de recogida de orina, con sus correspondientes colectores y accesorios; productos de ostomía, como bolsas de colostomía, ileostomía y urostomía, junto con sus accesorios, apósitos y sistemas de irrigación; así como cánulas de traqueotomía, laringectomía y filtros.

Requisitos para la financiación pública

Los productos sanitarios que pueden ser financiados con cargo a la prestación farmacéutica del SNS deben cumplir una serie de requisitos específicos:

• Fabricación seriada: Solo se financian productos fabricados en serie que tengan el marcado CE y cumplan con la regulación vigente.
• Prohibición de publicidad: El producto no puede ser objeto de publicidad dirigida al público general.
• Prescripción: Deben requerir receta médica u orden de dispensación para ser financiados.

La financiación pública no es automática y requiere una resolución administrativa expresa de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La empresa ofertante deberá estar previamente inscrita en el registro correspondiente.

El procedimiento incorpora una evaluación técnica y económica que valora la utilidad clínica, la comparación con alternativas disponibles, el coste-efectividad y el impacto presupuestario para el Sistema Nacional de Salud, así como la información de precios en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Principales novedades del nuevo sistema

La norma permite la incorporación de nuevos ofertantes y productos sanitarios a la prestación farmacéutica del SNS, fomentando con ello la competitividad y el acceso de los pacientes a la innovación en este tipo de productos sanitarios.

También crea un marco jurídico que se asemeja más al de los medicamentos, aportando las condiciones necesarias de trasparencia y seguridad jurídica al sector de los productos sanitarios y donde hay que destacar la intervención de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos como órgano que fija los precios de financiación de estos productos sanitarios.

El Real Decreto establece una obligación expresa de garantía de suministro para los productos sanitarios financiados. Frente a la situación anterior, en la que no existía una regulación tan específica y pormenorizada en este ámbito, la nueva norma exige a las empresas ofertantes asegurar el abastecimiento una vez que el producto se pone en el mercado. Además, se habilita de forma expresa la sustitución por productos de similares características en casos excepcionales de desabastecimiento, garantizando la continuidad de los tratamientos.

Por último, la norma introduce un cambio estructural en la retribución de la cadena de suministro mediante la fijación de márgenes de distribución y dispensación, siendo cuantías fijas para los productos de mayor precio. Este cambio favorecerá también la disponibilidad de estos productos en todo el territorio, con independencia del lugar donde resida el paciente.

Calendario de implementación

La norma entrará en vigor el 1 de julio de 2026. No obstante, se ha establecido un calendario escalonado entre 2026 y 2028 para la inclusión de nuevos productos, revisión de precios de los ya incluidos y aplicación de los márgenes según el tipo de producto (empezando por bolsas de orina y cánulas en 2026, y finalizando con productos de ostomía en 2028).

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE GARANTIZA LA ACCESIBILIDAD EQUITATIVA A BIENES Y SERVICIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. El real decreto-ley modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para incorporar un límite máximo de precios en situaciones de emergencia con carácter extraordinario.

El objetivo de esta modificación legislativa es reforzar la protección de las personas consumidoras ante posibles abusos en este tipo de situaciones de emergencia.

El real decreto-ley establece que, cuando se declare una situación de emergencia, el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación. Además, si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto en esos 30 días previos fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para limitar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.

La limitación de precios se podrá activar bien junto a una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, o también en otros supuestos como accidente, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias, y se determinará mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

El acuerdo del Consejo de Ministros deberá precisar una fecha de inicio y fin para los servicios o productos afectados, y la referencia aplicable para limitar precios. La normativa habilita al Consejo de Ministros para imponer a los comercializadores una obligación de informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos. Garantiza que la limitación de los incrementos de precios se mantenga vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia.

Así mismo, el real decreto-ley incorpora criterios de flexibilidad para no tensionar la oferta. De esta forma, se permitirán incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes, o si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando esto no suponga un aumento de márgenes para el operador.

El texto contempla que, para bienes o servicios con marcada estacionalidad, se puede tomar como referencia el precio del mismo periodo en el año anterior, actualizado conforme al IPC.

La normativa hace constar que los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador.

El real decreto-ley complementa la modificación legislativa realizada en noviembre de 2024 para prohibir las subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia de protección civil. La medida supuso cambiar el artículo 20.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y afectó a aquellos servicios o productos en los que no pueda fijarse con exactitud el precio de una oferta comercial debido a que ofrecen precios personalizados de forma automatizada como, por ejemplo, el uso de vehículos VTC o el alquiler de un alojamiento de forma online.

En estos supuestos, el cambio normativo aprobado a finales de 2024 prohibió los incrementos del precio final de venta en «contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora», es decir, cualquier situación que pueda ser calificada como emergencia de protección civil, en los términos regulados en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

REVISIÓN 2025 DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe sobre la Revisión 2025 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. El documento está compuesto de 100 metas que tienen como objetivo reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y medioambiental de España se aborde garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial, y se acelere, a su vez, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta estrategia incluye políticas adaptadas a las administraciones españolas y amplía los objetivos fijados a nivel internacional en 75 de las 100 metas incluidas. Entre los principales objetivos, destacan acciones como reducir la pobreza y la desigualdad e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos. Además, se incluye la adopción de una prestación universal por crianza con el fin de reducir la pobreza infantil.

Una prestación universal por crianza

El objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.

Triplicar la inversión pública en vivienda

Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda, triplicando para ello la inversión pública en este área, con un aporte de 7.000 millones de euros hasta 2030. De esta forma, se busca alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en cuatro años. La estrategia también plantea incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. En esta línea, el documento señala la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones públicas. Asimismo, se señala la necesidad de priorizar el acceso a jóvenes a la vivienda con el fin de reducir su edad de emancipación.

Mayor igualdad de género e independencia energética

Entre las 100 metas de esta estrategia se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género, estableciendo el objetivo de reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030 y de reducir también el porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres, alcanzando el 55% respecto a los hombres. Se plantea también la necesidad de aumentar la tasa de actividad femenina del 5% con respecto a 2015 y de integrar a un mayor número mujeres en profesiones científicas y de investigación.

Por otro lado, con esta estrategia se apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, fija más recursos para emergencias derivadas de la adaptación a fenómenos extremos climáticos. En paralelo, busca potenciar el turismo verde y de interior y una mayor economía social, con más vertebración social y territorial de España.

Cuatro retos de país

Las 100 metas que se incluyen en esta estrategia se integran en cuatro retos de país son objetivos cuantificables y asociados a indicadores cuantitativos, para poder mejorar la capacidad de seguimiento y reforzar la transversalidad y la coherencia en las políticas públicas. Estos cuatro retos son:

• Reto 1: Un estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad. Este eje refuerza las políticas de protección social y redistribución, y los servicios públicos. Entre sus objetivos se destacan la reducción de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), con especial atención a la pobreza infantil, el refuerzo del acceso efectivo a las prestaciones asistenciales como el IMV, la garantía del derecho a la vivienda, la mejora del acceso a la educación y la salud, y la protección de los colectivos más vulnerables.
• Reto 2. Un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental. Este punto impulsa una transformación profunda del modelo productivo, orientada a la sostenibilidad y la creación de empleo digno. Entre sus metas se encuentra la descarbonización de la economía y el avance hacia un modelo de producción y consumo basado en la economía circular, la lucha contra la pobreza energética, el impulso de la innovación y las industrias de valor añadido. También incluye medidas para avanzar en la fiscalidad verde, la movilidad sostenible y la digitalización, así como mejoras en materia de empleo, especialmente a las personas con discapacidad.
• Reto 3. Una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática. Algunos de sus objetivos son la adaptación territorial y social al cambio climático, la protección del medio ambiente y de los ecosistemas a través de medidas como revertir la pérdida de la biodiversidad o la creación de infraestructuras para actuar frente a emergencias climáticas, la revitalización del medio rural y la respuesta al reto demográfico, y la promoción de territorios más resilientes y sostenibles.
• Reto 4. Vidas libres, iguales y en comunidad. Con este eje se sitúan los derechos humanos y la igualdad estructural en el centro de la acción pública. En este sentido, destacan objetivos como el avance efectivo en la igualdad de género, la erradicación de las violencias machistas, la lucha contra todas las formas de discriminación y los discursos de odio, la mejora de la inclusión social de las personas migrantes y la garantía del acceso a la cultura como derecho fundamental.

La Estrategia se completa con un sistema de integral de coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible coordinadas, coordinadas por los diferentes ministerios competenciales para garantizar su cumplimiento a través de la coherencia normativa, el alineamiento presupuestario, el análisis y la evaluación o la rendición de cuentas. Con la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible se refuerza el compromiso con la justicia social y se garantiza el bienestar de las generaciones presentes y futuras, en línea con el principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. El documento también reafirma el apoyo de las estrategias y políticas públicas españolas al sistema internacional multilateral dirigido por Naciones Unidas.

Esta nueva estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, ha contado con un proceso colaborativo en el que han participado todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil y entidades del ámbito académico y del sector privado.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Delegado del Gobierno en Ceuta

D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ TRIANO

Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Dª. BLANCA BREÑOSA SÁEZ DE IBARRA

Licenciada en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, así como en la Comisión Europea, contando con una amplia experiencia en materias de migración, asilo, relaciones internacionales y elaboración y tramitación normativa, tanto de Derecho Nacional como comunitario.

Asimismo, ha sido Consejera de Migraciones en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas y ha trabajado en la Comisión Europea, en la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, en calidad de experta nacional destacada.