Referencia del Consejo de Ministros

7.3.2023

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la reparación de daños producidos en el dominio público hidráulico del río Cabe a su paso por la zona de A Pinguela, Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo), por un importe máximo de 93.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

Hacienda y Función Pública

Interior

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 1 del contrato de obras Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la variante de la Safor. Provincia de Valencia. Importe: 3.955.069,33 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones acaecidas en diciembre de 2022 en Extremadura, subsanando la situación de grave peligro existente, en las provincias de Cáceres y Badajoz, por importe de 6.106.590 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de restablecimiento de la circulación, sostenimiento y estabilización en taludes del entorno del punto kilométrico 114+550 de la carretera N-230 (término municipal de Sopeira), subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Huesca, por importe de 444.456,98 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la estructura situada en la carretera N-IIA, P.K. 326+200 sobre el río Gállego, término municipal de Zaragoza, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Zaragoza, por importe de 640.258,53 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de sustitución y refuerzo de vigas del paso superior situado en el punto kilométrico 0+750 de la autovía P-11, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Palencia, por importe de 895.870,06 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aprobación del expediente de información pública y audiencia y definitiva del Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Nogales de Pisuerga - Reinosa.

Agricultura, Pesca y Alimentación

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Cultura y Deporte

Derechos Sociales y Agenda 2030

  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del día 16 de marzo de 2023, en relación con el Anteproyecto de Ley de Familias.

Igualdad

ACUERDOS DE PERSONAL

Defensa

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA

El Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) constituye el marco de la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas por carretera, y consta de 17 artículos y dos Anejos, adoptados por la UE mediante la Directiva 2008/68/EC:

  • El Anejo A contiene todas aquellas acciones necesarias para remitir una mercancía antes de realizar el transporte en sí mismo: clasificación de la mercancía, elección de los recipientes, generación de la documentación precisa, controles anteriores a la salida de la expedición, etc.
  • El Anejo B se refiere a la circulación del vehículo, conducción, elección del vehículo, elección de conductor y equipamiento, entre otros.

El ADR se actualiza cada dos años. Durante el período de vigencia del ADR anterior se realizan, por parte de las distintas partes contratantes del ADR, propuestas para adecuar el reglamento al avance de la ciencia y tecnología. Su aplicación solo será obligatoria a partir del 1 de julio de 2023; hasta ese día, el transporte se podrá seguir realizando conforme al ADR 2021.

Las principales novedades introducidas en el ADR 2023 son, entre otras, las siguientes:

  • Nuevas definiciones.
  • Cambios en algunas condiciones de transporte.
  • Nuevas materias (nuevos números ONU).
  • Nuevas disposiciones especiales para algunas materias.
  • Cambios en las instrucciones de embalaje de algunas materias.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperacíon

RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS Y PETROLEROS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2021 al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptadas mediante la Resolución MSC. 483(103).

El Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros se adoptó el 30 de noviembre de 2011 por el Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional (OMI). Adquirió carácter obligatorio en virtud del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS). La entrada en vigor de este Código, tanto con carácter general como para España, se produjo el 1 de enero de 2014. Regula materias relativas a la seguridad de los buques.

Estas enmiendas garantizan que se efectúe un examen a nivel adecuado de los planos y documentos de manera uniforme, con miras a reducir al mínimo los riesgos para el buque, la tripulación de éste y el medio ambiente, habida cuenta de la naturaleza de los productos transportados.

Las nuevas enmiendas fueron adoptadas el 13 de mayo de 2021 y aceptadas el 1 de julio de 2022, entrando en vigor el 1 de enero de 2023, de conformidad con el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio SOLAS. España no ha efectuado objeciones a estas Enmiendas.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EUROPEA PARA LA FINANCIACIÓN DE MATERIAL FERROVIARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la financiación de material ferroviario.

El 18 de marzo de 1957, España ratificó el Convenio relativo a la constitución de la Sociedad Europea para la Financiación de Material Ferroviario (EUROFIMA) y su Protocolo adicional, hechos en Berna el 20 de octubre de 1955, así como los Estatutos de la Sociedad, anexos al Convenio, que fueron adoptados por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1956.

Tanto el Convenio como el Protocolo se aplicaron provisionalmente, con carácter general y para España, desde el 30 de marzo de 1956, entrando en vigor para todos los Estados parte, incluida España, el 22 de julio de 1959 (BOE de 30 de noviembre de 1984).

El 4 de octubre de 2022, la Junta General Extraordinaria de accionistas de EUROFIMA modificó el texto del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad referida a la denominación de los ferrocarriles de Serbia: la razón social "Akcionarsko duštvo Železnice Srbije, Beograd" queda sustituida por "Joint Stock Company for Passenger Railway Transport "Srbija Voz", Belgrade".

Esta modificación entró en vigor en el momento de su adopción, el 4 de octubre de 2022.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS DEL CONVENIO CONTRA EL DOPAJE DEL CONSEJO DE EUROPA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento del texto enmendado del Anexo del Convenio contra el dopaje del Consejo de Europa, relativo a la lista de sustancias y métodos prohibidos de 2023.

El Convenio contra el dopaje se firmó el 16 de noviembre de 1989, en el seno del Consejo de Europa, entrando en vigor el 1 de marzo de 1990. Su objetivo es la reducción y posterior eliminación del dopaje en el deporte. Actualmente, 52 Estados son Parte en este Convenio.

España firmó el Convenio ad referéndum el 16 de noviembre de 1989 y lo ratificó el 20 de mayo de 1992, encontrándose en vigor para nuestro país desde el 1 de julio de 1992.

El Convenio contiene un Anexo que incluye la lista de las sustancias y de los métodos de dopaje prohibidos. Esta lista se actualiza anualmente por el Grupo de Seguimiento.

El Grupo de Seguimiento, en virtud del artículo 11.1b del Convenio, mediante procedimiento escrito realizado el 2 de noviembre de 2022, adoptó la versión enmendada del Convenio que contiene la lista de sustancias y métodos prohibidos de 2023.

El texto enmendado incorpora algunas modificaciones, ya vigentes e incluidas igualmente en el Anexo I de la Convención de la UNESCO contra el Dopaje en el Deporte (cuya última modificación entró en vigor el 1 de enero de 2022).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO MARCO DE COFINANCIACIÓN ENTRE INSTITUCIONES EUROPEAS DE COOPERACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agence Française de Développement, la Kreditanstalt fur Wiederaufbau y la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Con la formalización de este Acuerdo Marco de Cofinanciación, el objetivo por parte de la AECID es impulsar la cooperación reforzada entre las cuatro principales instituciones europeas de cooperación financiera (AECID, AFD, KFW y CDP) establecido en 2016 y ratificado en 2021 a través de la puesta en marcha de una plataforma de cofinanciación de operaciones públicas que financie proyectos de desarrollo en países de interés común.

Se cumple así lo previsto en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre dichas instituciones europeas el 20 de octubre de 2021, que establecía el objetivo de avanzar hacia una plataforma de cofinanciación de proyectos públicos (Joint European Financiers for International Cooperation, JEFIC, designación dada a la asociación de estas cuatro instituciones).

En el caso de la AECID, la financiación se proporcionaría a través del Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE) mediante créditos a Estado y eventualmente asistencia técnica, que debería ser autorizada caso por caso, operación por operación, por Consejo de Ministros previa aprobación preliminar por el Comité Ejecutivo del FONPRODE (CEF), de acuerdo con la Ley 36/2010, de 22 de octubre, reguladora del FONPRODE.

Para el caso de cofinanciar un único proyecto o programa entre las cuatro instituciones (cabe la opción de que sean solo dos o tres las instituciones cofinanciadoras para un proyecto determinado), cada institución formalizaría su propio convenio de financiación con el prestatario, de forma independiente. A su vez suscribiría un acuerdo específico de cofinanciación con las restantes instituciones cofinanciadoras que marcará sus compromisos respectivos.

El Acuerdo Marco de Cofinanciación entre las cuatro instituciones (JEFIC) contiene siete anexos.

  • El Anexo 1 (Acuerdo de Cofinanciación Conjunta) recoge el modelo a suscribir en los casos de cofinanciación de una operación bajo la modalidad de cofinanciación conjunta, en la que la entidad líder prestaría una serie de servicios al resto de cofinanciadores por los que recibiría una remuneración.
  • El Anexo 2 (Acuerdo de Cofinanciación Paralela) recoge el modelo a suscribir en los casos de cofinanciación de una operación bajo la modalidad de cofinanciación paralela, en la que únicamente habría una coordinación entre cofinanciadores.

El Acuerdo Marco de Cofinanciación será aplicable y entrará en vigor en la fecha en que todas las partes lo hayan firmado, prevista para el día 17 de marzo de 2023. Su suscripción no genera directamente incremento del gasto público.

Defensa

ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD EN PALMA DE MALLORCA

El Consejo de Ministros ha autorizado al organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.) a enajenar, por el procedimiento de adjudicación directa, la propiedad denominada Cuartel de Artillería de Son Busquets, en Palma de Mallorca (Islas Baleares).

Dicha propiedad constituye una única finca catastral con una superficie total de 110.858 m2, sita dentro del núcleo urbano de la ciudad de Palma de Mallorca.

El adquirente es la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), y el importe de la enajenación asciende a 43.234.812 €.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA INVERSIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Secretaría General de Fondos Europeos la realización de diversos expedientes de gasto relativos al capítulo de inversiones reales.

El acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de mayo de 2022 aprobó un expediente de modificación de límites de compromisos de gasto plurianuales, autorizando para los ejercicios 2023 y 2024 unos compromisos de gasto por importes de 3.757.139,12 euros y 1.632.928,67 euros, respectivamente.

En la actualidad, la citada Secretaría General manifiesta la necesidad de llevar a cabo nuevos expedientes de gasto con la finalidad de cumplir las funciones asignadas a la Dirección General de Fondos Europeos.

Entre ellos se encuentran:

  • Contrato de asistencia técnica para la realización de los actos de comunicación de los Fondos Europeos, estando prevista la iniciación de dicho contrato en el primer trimestre de 2023.
  • Contrato de servicios para la preparación del Programa Interreg NEXT MID ATLANTIQUE 21-27 con Marruecos, estando prevista su iniciación en el primer trimestre de 2023.
  • Encargo a medio propio relativo al sistema de información del FEDER para el período 2021-2027, estando prevista su iniciación en abril de 2023.
  • Convenio con el Instituto de Estudios Fiscales para el diseño de una oferta formativa estructurada, y con visión a largo plazo, que permita desarrollar las capacidades y competencias relacionadas con la programación, seguimiento, gestión y control de los Fondos en el conjunto de las Administraciones Públicas, estando prevista su iniciación en julio de 2023.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:

2024 2025
Nuevas necesidades2.389.206,001.544.532,00
Compromisos ya adquiridos1.429.290,560,00

Hacienda y Función Pública

AMPLIACIÓN DE CESIÓN DE UN INMUEBLE A ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS EN ZARAGOZA

El Consejo de Ministros ha autorizado la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2070 del plazo para la cesión de uso de un inmueble de titularidad estatal situado en Zaragoza a favor de la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados (ATADES). Se trata de una asociación que tiene como fin principal la asistencia y tutela de las personas con discapacidad intelectual.

Esta asociación, que ostenta el carácter de 'asociación de utilidad pública', ha venido utilizando el citado inmueble, ubicado en la calle Octavio de Toledo, donde se sitúa el edificio del Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres, desde el año 1964.

En 2013 el Consejo de Ministros revisó el régimen de utilización del inmueble por ATADES y en marzo de ese año le otorgó una cesión gratuita de uso por un plazo de veinte años, conforme a lo previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que permite autorizar gratuitamente el uso de inmuebles estatales a asociaciones declaradas de utilidad pública para fines de utilidad pública o interés social.

La ampliación del plazo de la cesión que ahora se produce responde a la necesidad de ATADES de disponer por más tiempo del inmueble dado que este edificio ha tenido que ser demolido debido a su deficiente estado y construirse de nuevo. De esta forma, la cesión debe ser por un periodo suficiente que le permita amortizar el nuevo activo, dado el esfuerzo inversor que, para una entidad sin ánimo de lucro, ha supuesto acometer este proyecto.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DE DEUDA A BALEARES

El Consejo de Ministros ha autorizado a Baleares a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo, por un importe máximo de 650 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta comunidad autónoma ha solicitado autorización para formalizar operaciones a corto plazo por el citado importe, con el fin de cubrir desfases transitorios de tesorería de la Administración General en 2023, por importe de 450 millones de euros, y de la Agencia Tributaria balear, por importe de 200 millones de euros.

Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2023.

Hacienda y Función Pública

SUPLEMENTO DE CRÉDITO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por importe de 3.283.616,26 euros, con el objeto de financiar la dotación destinada al pago de estudios y trabajos técnicos.

Durante el año 2023 el CIS debe afrontar la elaboración de encuestas de, al menos, dos procesos electorales de gran envergadura y magnitud. Uno es el relativo a los comicios autonómicos y locales que se celebrarán el 28 de mayo y otro, el relativo a las elecciones generales que están previstas como consecuencia del fin de la legislatura en el cuarto trimestre del año.

Con la finalidad de garantizar la representatividad y la adecuación de las encuestas, los tamaños muestrales son elevados y su trabajo de campo debe ser realizado en un período acotado y no excesivamente prolongado en el tiempo.

La realización de las entrevistas se realiza por parte del CIS a través de un encargo a medio propio con la empresa TRAGSATEC. Dicho encargo finaliza su vigencia el 29 de mayo, debiendo ser adendado con fecha 1 de marzo para incrementar el número de entrevistadores, y debiendo tramitarse, a su vez, un nuevo encargo que rija desde el 30 de mayo y permita alcanzar también el número de entrevistadores necesario para realizar adecuadamente las encuestas electorales.

En consecuencia, se autoriza la modificación de crédito solicitada, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros.

Interior

PROTECCIÓN CONTRA EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES

El Consejo de Ministros ha aprobado el catálogo de normas de seguridad básicas a cumplir para proteger a la población contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, que suelen ir vinculadas a las emergencias de carácter nuclear.

Este catálogo concluye la transposición de la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo Europeo de 5 de diciembre de 2013 e integra en la legislación nacional cuestiones operativas y técnicas relativas a la fijación de los niveles de referencia de contaminación por radiaciones ionizantes, las pautas de actuación en esos supuestos, la preparación de la respuesta ante una emergencia de esas características y los sistemas de gestión de los recursos materiales y humanos destinados a proteger a la población.

Esta incorporación se produce en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), aprobado por el Gobierno el 15 de diciembre de 2020, previsto para las emergencias de interés general y que a su vez integra tanto los planes territoriales previstos cuando las emergencias se presentan en el territorio de una comunidad autónoma o de una entidad local como los planes especiales referidos a emergencias derivadas de riesgos con gran incidencia y peligrosidad, entre los que se incluyen el riesgo nuclear y el radiológico.

En la elaboración y tramitación de estas normas se han tenido en cuenta los informes elaborados por el Consejo Nacional de Protección Civil y el Consejo de Seguridad Nuclear; por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de Sanidad y de Política Territorial, así como el elaborado por la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC).

Agricultura, Pesca y Alimentación

SUBVENCIONES PARA LA REPOSICIÓN DE GANADO EN EXPLOTACIONES AFECTADAS POR LA VIRUELA OVINA Y CAPRINA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la repoblación de las explotaciones de ovino y caprino para producción de leche, de carne o reproducción mixta en las que se ha tenido que sacrificar el ganado como medida de emergencia por el brote de viruela ovina y caprina.

El proyecto tiene como finalidad garantizar la sanidad animal y el mantenimiento de la actividad productiva en las explotaciones afectadas por la enfermedad, cuando se ha decreto el vaciado sanitario de las mismas. Estas ayudas a la repoblación posibilitarán la reanudación de la actividad.

Hasta el momento se han detectado 26 brotes de viruela ovina y caprina, 13 en Andalucía y otros tantos en Castilla-La Mancha y ha sido preciso sacrificar 45.676 animales (42.601 en Castilla-La Mancha y 3.075 en Andalucía).Las indemnizaciones previstas en el ordenamiento jurídico para compensar el sacrificio obligatorio decidido por la autoridad competente han ascendido a 5 millones de euros, pagados al 50 % por el Estado y por las comunidades autónomas afectadas.

La reposición de animales en las explotaciones supone un coste adicional para el ganadero en función del precio de mercado concreto de los animales. Para el pago de estas nuevas ayudas a la repoblación, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas un máximo de dos millones de euros entre los ejercicios de 2023 y 2024.

Por ello, el Gobierno ha considerado preciso establecer una línea de subvenciones estatal para compensar dicho coste adicional y asegurar, de este modo, la viabilidad de las explotaciones. Esta actividad ganadera genera importantes externalidades positivas, tales como el aseguramiento de unos niveles de renta equitativos entre los diferentes territorios y a fijación de la población en el medio rural.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que modifica el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación y que transpone la Directiva 2021/2118 del seguro de automóviles. El texto se publicará próximamente en audiencia pública para recoger las aportaciones de todos los operadores económicos.

El anteproyecto de Ley incluye las nuevas disposiciones de la Directiva europea e incorpora asimismo mejoras en el sistema de valoración de daños personales causados por accidentes de tráfico que incrementarán y reforzarán la protección de las víctimas.

La transposición de la Directiva europea del seguro de automóviles amplía y clarifica los vehículos que deben disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil, aclarando el tipo de aseguramiento del que deben disponer los vehículos agrícolas y/o industriales. Asimismo, se amplía el concepto de "hecho de circulación" cubierto por el seguro para incluir la protección de las víctimas independientemente del terreno en el que se esté utilizando el automóvil y de si está parado o en movimiento.

Adicionalmente, se amplían las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que se hará cargo de la indemnización de las víctimas cuando la aseguradora esté en procedimiento concursal o liquidación, sea española o extranjera.

Por otro lado, el proyecto normativo incorpora mejoras adicionales en el sistema de valoración de las indemnizaciones, tanto en el procedimiento como en la cuantía. En primer lugar, se introducen cambios para agilizar el procedimiento de pago, tratando de conseguir un acuerdo rápido y justo para las víctimas, de acuerdo con el principio de reparación íntegra, evitando en lo posible recurrir a la vía judicial. En segundo lugar, se mejoran sustancialmente las indemnizaciones, proponiendo que se actualicen automáticamente de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo. Esta mejora se une a la aprobada recientemente en el Real Decreto 907/2022 en el que se aumentaban las indemnizaciones por lucro cesante y mantiene el sistema plenamente actualizado y con los mayores niveles de protección.

Estas mejoras cuentan con el respaldo y consenso de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, entidades aseguradoras y expertos en seguros y responsabilidad civil.

Asimismo, en el anteproyecto de Ley se encomienda a una comisión de expertos la realización de un estudio que valore la conveniencia y, en su caso, características de un seguro obligatorio para cubrir los daños a terceros causados por los nuevos vehículos de movilidad personal.

Finalmente, se incluye una modificación de la Ley 20/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras para mejorar las facultades de control por el supervisor de la idoneidad de las personas que dirigen una aseguradora e introduce la posibilidad de exigir planes preventivos de recuperación de entidades.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA GARANTIZAR LA REPRESENTACIÓN PARITARIA EN ÓRGANOS DE DECISIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, que tiene como meta cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas basado en garantizar a las mujeres y niñas las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.

Esta iniciativa continúa la senda trazada por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incorporó el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres. Y traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas, con lo que España asume una posición de liderazgo a la hora de incorporar a su ordenamiento las normas y recomendaciones internacionales relativas a la igualdad de género.

La nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en el ámbito político. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las listas cremallera (candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.

También traslada al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.

Y en el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.

La representación equilibrada se extiende a la sociedad civil

Además, el anteproyecto de ley incorpora el mencionado principio de representación equilibrada a distintos ámbitos de la sociedad civil, especialmente el empresarial. Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).

Sin embargo, con la nueva norma, los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra de negocios de más de 50M€ o un activo superior a 43M€ deberán tener una composición acorde con este principio, de modo que el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo. Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo.

En ambos tipos de sociedades se establece la obligación de velar por que la alta dirección también cumpla este principio y deberá detallarse en la memoria la situación al respecto. En el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.

Por último, el principio de representación equilibrada deberá cumplirse también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo. Y también deberá cumplirse en tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquéllas.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ESTATUTO DE LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Espacial Española. Este organismo público, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Defensa, servirá para coordinar las actividades en torno al ámbito espacial, tanto desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico como del uso del espacio en ámbitos como la seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización o las comunicaciones.

En el estatuto se recogen las reglas fundamentales relativas a la organización y régimen de funcionamiento de la Agencia Espacial Española y se regula la organización administrativa precisa para dar lugar al cumplimiento de sus funciones y competencias.

Los objetivos de esta Agencia Estatal serán contribuir a la Seguridad Nacional, posicionar la ciencia, la innovación y la tecnología relacionada con el espacio en la excelencia europea e internacional, promover y dinamizar el sector industrial espacial nacional, así como contribuir a los objetivos de seguridad y defensa en relación con el espacio marcados por la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional y la Directiva de Defensa Nacional.

También estará dirigida a garantizar la coordinación para maximizar la eficiencia y eficacia de los recursos financieros disponibles para la seguridad, investigación, innovación, tecnología, desarrollo, industria y programas en el ámbito espacial, ejercer la representación nacional en los distintos foros internacionales del ámbito espacial, dando coherencia a los intereses de los distintos ministerios y apoyándoles en los distintos foros espaciales internacionales con representación nacional.

Además, pretende contribuir a las políticas espaciales de los organismos internacionales de los que España es miembro, ejecutar los programas espaciales y planes que determine la Estrategia Espacial Nacional, promover y coordinar laboratorios y establecimientos técnicos dedicados al desarrollo tecnológico en el sector espacial, establecer convenios con otros organismos públicos o entidades privadas para orientar el desarrollo de la actividad espacial, fomentar la investigación en el ámbito espacial, asegurar la publicación de trabajos científicos en la materia y elaborar una propuesta de anteproyecto de Ley del Espacio.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

MEDIDAS PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN GRANJAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que compila varias modificaciones de normas ya en vigor y crea algunas nuevas herramientas con el fin de mejorar el bienestar animal en las granjas y facilitar los controles oficiales que llevan a cabo las autoridades competentes. Para ello, se crea formalmente la mesa nacional de coordinación sobre bienestar y protección de los animales y se establece la existencia de un centro nacional de referencia para el ámbito ganadero y acuícola.

Tras la resolución de un procedimiento público de participación de entidades interesadas para ser designadas centro de referencia en bienestar animal en 2021, se valoró la candidatura del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Catalunya (IRTA), en consorcio con la Universidad Autónoma de Barcelona, que se nombra mediante esta norma por un plazo de dos años.

El decreto aprobado modifica varias normas en vigor en materia de transporte de animales y de sacrificio.

Además, se modifican las normas mínimas para la protección de cerdos, con el fin de mejorar las condiciones de las granjas y el manejo de los animales, para lo que se establecen requisitos más específicos que los actuales, y adaptados al actual conocimiento científico. En concreto, hay nuevos valores en lo relativo a la densidad máxima de animales en las granjas, y nuevas condiciones respecto de su alimentación, agua, comederos, condiciones ambientales de las mismas y a la disponibilidad para los animales de material manipulable. El fin último es disminuir la necesidad de practicar el corte de colas de los cerdos. Las granjas ya existentes dispondrán de dos años para realizar las adaptaciones necesarias.

A fin de asegurar que se mejoran los procesos internos de las granjas, se extiende la obligación de disponer de un plan de bienestar animal a todas las explotaciones a partir de cierto tamaño. El veterinario de explotación elaborará este plan, adaptado a cada granja, completando la herramienta que ya existe en las granjas de porcino intensivo y de avicultura. Los titulares de las granjas dispondrán de 4 años para disponer de dicho plan.

Así mismo, se modifican todos los reales decretos sobre protección de animales en las granjas (el relativo a condiciones generales, y los de cría de terneros, gallinas ponedoras, cerdos y pollos de carne), a fin de adecuados a la normativa comunitaria en aspectos formales, como los relativos a los informes de los resultados de los controles y otros aspectos técnicos administrativos.

Esta nueva norma forma parte del paquete legislativo de acompañamiento del plan estratégico para la aplicación en España de la Política Agraria Común (PAC) y supone un refuerzo de la normativa de bienestar animal, desde distintos aspectos de la coordinación administrativa y de la operativa en las propias granjas, de manera complementaria a la reciente modificación sobre la normativa de sanidad y protección en el transporte (Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre).

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA Y DEL GESTOR ENAIRE

El Consejo de Ministros ha aprobado mediante Real Decreto la modificación del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y el nuevo Estatuto de la entidad pública empresarial Enaire, gestor nacional de navegación aérea.

El desarrollo del marco normativo del Cielo Único Europeo ha supuesto importantes cambios para los prestadores de los servicios de navegación aérea, que en la actualidad están sujetos a certificación por la autoridad nacional de supervisión de cada Estado miembro, conforme a requisitos fijados a escala europea. En el caso de los servicios de tráfico aéreo, se encuentran además sujetos a designación en régimen de exclusividad dentro de bloques específicos de espacio aéreo.

En el caso de Enaire, el nuevo Estatuto supone una adaptación de las funciones y competencias tras más de veinticinco años desde la creación de la entidad.

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, modificó la denominación de la entidad pública empresarial, para denominarse Enaire, y confirmó el ejercicio de las competencias que actualmente ostenta en materia de navegación y espacio aéreo y, adicionalmente, la coordinación operativa nacional e internacional de la red nacional de gestión del tráfico y otras relacionadas con los usos para la gestión eficiente del espacio aéreo, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios.

Por todo lo anterior, ha sido necesario aprobar un nuevo Estatuto de la entidad pública Enaire, adaptándolo a sus actuales funciones y competencias, así como a la normativa de la Unión Europea de aplicación. También ha sido necesario modificar el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para asumir nuevas funciones.

Aplicación de la normativa europea

El nuevo Estatuto de Enaire pone fin a las funciones aeroportuarias que se realizaban conforme a la Ley 18/2014, de 15 de octubre. También pone fin a otras funciones de órgano sustantivo (con capacidad decisoria) en el diseño del espacio aéreo que, en coherencia con la norma europea, no debe continuar ejerciendo como proveedor de servicios de navegación aérea.

Estas competencias se atribuyen a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que asume también las funciones de órgano sustantivo en materia de evaluación ambiental de los proyectos aeroportuarios, dadas sus competencias generales sobre este tipo de infraestructuras.

Modificación del Estatuto de AESA

El Real Decreto modifica así el actual Estatuto de AESA y, además de las nuevas funciones indicadas anteriormente, concreta su condición como autoridad competente para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los términos establecidos en la normativa de la Unión Europea.

También especifica su competencia en los aeropuertos civiles de competencia de la Administración General del Estado para la supervisión, inspección y sanción de las obligaciones derivadas de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, asumiendo adicionalmente la condición de órgano sustantivo respecto de los proyectos relativos a dichos aeropuertos.

Además, la modificación del Estatuto de AESA atribuye expresamente a la Agencia las funciones que corresponden al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la aviación civil.

Acerca de AESA

AESA es el organismo del Estado, adscrito a la Secretaría de Estado de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que vela para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España.

La Agencia tiene las misiones de supervisión, inspección y ordenación del transporte aéreo, la navegación aérea y la seguridad aeroportuaria. Evalúa los riesgos en la seguridad del transporte y tiene potestad sancionadora ante las infracciones de las normas de aviación civil.

AESA trabaja para que se cumplan las normas de seguridad en el transporte aéreo en España, para promover el desarrollo, establecimiento y aplicación de legislación aeronáutica nacional e internacional de seguridad aérea y protección a los pasajeros.

Además, se encarga de impulsar e implantar la cultura de seguridad en el sector y proteger los derechos de los usuarios y los profesionales, con el objetivo de lograr un transporte aéreo seguro, eficaz, eficiente, de calidad, respetuoso con el medio ambiente, accesible y fluido.

Acerca de Enaire

Enaire es el gestor nacional de la navegación aérea en España. Como empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria y Palma, así como de las aproximaciones a todos los aeropuertos del país.

Además, 45 torres de control aéreo reciben los servicios de comunicación, navegación y vigilancia de Enaire y 21 aeropuertos cuentan con sus servicios de control de aeródromo, entre ellos los de mayor tráfico del país.

Enaire es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo y participa en la Alianza A6, coalición para la modernización del sistema de gestión de tráfico aéreo de los proveedores de navegación aérea responsables de más del 80% del tráfico aéreo europeo. También es miembro de otras alianzas internacionales para el impulso del cielo único europeo como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, iTEC, CANSO y OACI.

Enaire, como agente responsable identificado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la implantación en España del sistema U-space, a través de su plataforma digital, prestará los servicios comunes de información (CISP), esenciales para la prestación de servicios U-space a drones y la Movilidad Aérea Urbana en interacción con los servicios locales de tránsito aéreo y que permitirán la convivencia segura de todo tipo de aeronaves.

Enaire ha obtenido la mayor calificación en el indicador clave de rendimiento en seguridad aérea a escala europea. Además, cuenta con el Sello EFQM 500 por su gestión segura, eficiente, innovadora y sostenible de los servicios de navegación aérea.

(Enaire)

Sala del Centro de Control de ENAIRE en Sevilla

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

INFORME SOBRE EL BALANCE DE LA ACCIÓN POLÍTICA Y NORMATIVA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE IGUALDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un informe sobre el balance de la acción política y normativa del Gobierno en materia de igualdad en la XIV Legislatura.

En este balance se recaban datos a partir de las memorias de impacto normativo en materia de género, se deduce que un total de 255 normas aprobadas entre enero de 2020 y febrero de 2023 han tenido un impacto positivo a la hora de reducir la desigualdad entre mujeres y hombres. Esto implica que una de cada cuatro normas impulsadas por el Consejo de Ministros ha sido elaborada con un enfoque feminista.

Medidas que han sido beneficiosas para toda la sociedad española, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, han supuesto un avance mayor para las mujeres. Así, un informe independiente elaborado por los agentes sociales a partir de datos del INE muestra cómo desde 2018 la brecha salarial se ha reducido casi seis puntos (del 26,5% al 20,9%). Del mismo modo, medidas como la subida de las pensiones, el aumento de las becas o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital tienen un perfil de beneficiario mayoritariamente femenino.

El balance de acción normativa del Gobierno destaca además el enfoque transversal que ha aplicado el Gobierno a la hora de impulsar las normas y acciones más relevantes de la legislatura. En este sentido, el importe consignado al Ministerio de Igualdad en los PGE-2023 ha alcanzado su cifra más alta conocida, 573M€, un 9% más que en 2022. Esta cantidad se entiende sin perjuicio de la dotación presupuestaria consignada a otras políticas que, de forma transversal, contribuyen a la igualdad de género, como se refleja a lo largo del informe.

Por otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dotado de hasta 140.000 millones de euros, incorpora toda una serie de medidas orientadas a elevar la tasa de empleo femenino; mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración; elevar el potencial educativo; avanzar en la igualdad de oportunidades; y reducir la brecha digital. Además, el Consejo de Ministros aprobó, en su sesión del 31 de mayo de 2022, el PERTE de economía social y de los cuidados, que va a contribuir a poner en valor y reforzar políticas y actuaciones en sectores con una representación mayoritaria de mujeres.

Un enfoque integral: empleo, conciliación, violencia contra las mujeres o representación, entre otros.

El informe presentado analiza la labor normativa a partir de diferentes ejes con un gran impacto sobre la igualdad entre mujeres y hombres: empleo; conciliación y corresponsabilidad; violencia contra las mujeres; protección social; representatividad, participación y buen gobierno; educación y formación; vivienda; salud; y política exterior.

Entre las medidas más relevantes de la legislatura, destacan las siguientes:

  • En materia de lucha contra la violencia contra las mujeres, el informe pone de manifiesto que el Gobierno ha cumplido con lo comprometido en el Pacto de Estado para la Violencia de Género, incrementando sus fondos año tras año, hasta alcanzar los 140,2M€ en 2023. Asimismo, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, tiene como objeto la protección integral de este derecho y la erradicación de todas las violencias sexuales, mediante el diseño y la implementación de políticas públicas de sensibilización, prevención, atención temprana y sanción, entre otros.
  • En materia de empleo, la reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre), está logrando afrontar uno de los principales retos del mercado de trabajo en España, la temporalidad, que tiene una naturaleza altamente feminizada. Además, la Ley 3/2023, de 29 de febrero, de empleo, señala al colectivo de mujeres con baja cualificación como grupo prioritario al que brindar políticas activas de empleo y recualificación.
  • Por su parte, destacan también los esfuerzos por reducir la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito de la investigación y las tecnologías, entre otras, con la aprobación de la Ley de Ciencia (Ley 17/2022, de 5 de septiembre), que refuerza la transversalidad de género en las políticas de desarrollo científico de España, o con la reforma del sistema educativo, que contribuye a avanzar en la participación equilibrada de ambos sexos en estas áreas de conocimiento (Leyes Orgánicas 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; y 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional).
  • En cuanto a la protección de la salud, el informe subraya el impacto positivo de la Ley Orgánica 1/2023 por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta norma no solo ha vuelto a reconocer el derecho de las mujeres de entre 16 y 18 años y de las mujeres discapacitadas a interrumpir su embarazo sin el permiso de sus progenitores y tutores, sino que ha puesto el foco en el cuidado, la prevención y el tratamiento de la salud sexual y menstrual. En este sentido, se señala también que los PGE-2023 han reducido el tipo impositivo del IVA, del 10% al 4%, a todos los productos relacionados con la menstruación.
  • Por último, el compromiso del Gobierno con la lucha por la igualdad de género trasciende también las fronteras españolas, como demuestran la Estrategia de Política Exterior Feminista o la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que mandata a los poderes públicos que dirijan la cooperación exterior hacia la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres.

En definitiva, el informe constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas acerca de todos los avances en materia de igualdad emprendidos en esta legislatura, marcada por el compromiso de todos departamentos ministeriales. Y permite constatar que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un auténtico principio transversal que se aborda en todas las iniciativas que aprueba el Consejo de Ministros en las que pueda tener cabida, con el fin de contribuir a alcanzar una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de actividad.

Cultura y Deporte

OBRAS DE EMERGENCIA EN LAS FACHADAS DEL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

El Consejo de Ministros ha acordado la ejecución de obras de emergencia en las fachadas exteriores del Museo Nacional de Escultura (Valladolid). Las obras están presupuestadas en un total de 1.137.156 euros, distribuidos en 1.024.190,4 euros en el año 2023 y 112.965,6 euros en 2024, y con un plazo de ejecución de 10 meses.

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), ha considerado necesaria la intervención inmediata en la totalidad de las fachadas exteriores del edificio debido a que, en las cornisas y elementos decorativos más expuestos, se aprecian numerosas fisuras y grandes pérdidas de material.

La intervención consiste en la estabilización de los elementos que presentan riesgo de desprendimiento en las cresterías, cornisas y elementos escultóricos de la fachada principal y en la fachada lateral del Museo Nacional de Escultura, incluyendo la portada principal y las fachadas exteriores de la capilla de San Gregorio. Igualmente, la intervención contempla la posibilidad de actuar sobre paramentos y zócalos si se detectara alguna patología adicional.

El edificio del antiguo colegio o convento de San Gregorio, sede principal del Museo Nacional de Escultura (Valladolid), es un inmueble de titularidad estatal adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

Igualdad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, que fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1977, con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad.

El Gobierno de España muestra su firme compromiso con un país feminista, con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como con las políticas públicas que resuelvan las desigualdades materiales, simbólicas y de valor que enfrentan las mujeres.

Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:

"España se consolida, año tras año, como un país feminista, gracias al impulso de la sociedad y de un gobierno que da pasos firmes para que la igualdad de género sea la piedra angular de la transformación social, y materializa este compromiso en el reconocimiento de derechos y en el desarrollo de políticas públicas.

La magnitud de los retos y desafíos que como sociedad internacional y como país afrontamos hoy sólo puede abordarse desde una salida inclusiva, resiliente y en clave de género. Con esa convicción, España abordó la recuperación de la crisis provocada por la pandemia, la inestabilidad causada por las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis climática que requiere de medidas urgentes para hacerle frente.

Estos últimos años han servido para demostrar que una transición justa y con perspectiva de género, articulada desde ese compromiso en clave feminista y que incide en todas las dimensiones que la reacción ante las diferentes crisis requiere, no solo es posible, sino que resulta imprescindible para evitar el sufrimiento y mejorar la vida de las personas.

Prueba de ello son los retos presentes que continúan siendo prioridades en la agenda de las políticas de igualdad de nuestro país. En primer lugar, la violencia contra las mujeres, aspecto en el que España ha abanderado iniciativas legislativas que, durante las dos últimas décadas, han sentado los pilares para la edificación de una arquitectura estatal e internacional de recursos para todas las víctimas de todas las violencias machistas. Los últimos avances normativos para la erradicación de la violencia sexual, en cumplimiento de lo mandatado por las organizaciones internacionales y, especialmente, por la ciudadanía, sitúan de nuevo a nuestro país en la vanguardia para la construcción de sociedades y de vidas libres de violencia contra las mujeres. La aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual va a suponer el despliegue por todo el territorio de centros de crisis 24 horas con servicios de asistencia psicológica, jurídica y social que van a permitir acompañar a las víctimas de violencias sexuales desde un enfoque integral. Dicha ley reconoce la condición de víctimas de violencias sexuales a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa, y como efecto de dicho reconocimiento, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, otorga a las mujeres extranjeras víctimas de violencia sexual la misma protección que la prevista para las víctimas de violencia de género.

España se mantiene firme en su compromiso con los más exigentes estándares y referencias internacionales en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, mostrando así su firmeza en esta tarea con la ratificación de los principales instrumentos, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), así como a través de la adhesión a los acuerdos globales, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la propia Agenda 2030 y, por último, mediante el impulso de los principales instrumentos de la Unión Europea en materia de igualdad de género. Nuestro país pasa de los compromisos a la acción, a través de políticas públicas innovadoras y consecuentes, como el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, con el que se pretende abordar todas las formas de trata de seres humanos más allá de una respuesta penal, o el Plan Camino, el primer plan de inserción para mujeres víctimas de trata y explotación sexual, dotado con más de 200 millones de euros, que materializan la voluntad de abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, tal y como establece el citado Convenio de Estambul, que confiamos sea ratificado en breve por la Unión Europea.

Este compromiso exige seguir profundizando y trabajando con todos los recursos posibles para erradicar la violencia machista, que, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde el año 2003 ha asesinado a 1.190 mujeres, de las cuales ocho solo en el inicio de 2023. La violencia machista se ha cobrado también la vida de 49 personas menores de edad y 390 se han quedado huérfanos y huérfanas desde que se computan datos en nuestro país. Frente a esta problemática, España se compromete con todas las instituciones, agentes, y herramientas posibles, a través de una Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas (2022-2025) renovada, que pone el acento en la coordinación entre administraciones e instituciones, con una necesaria mirada desde los derechos humanos y la interseccionalidad, a fin de blindar los derechos de las víctimas a la atención y a la reparación de esas violencias, incluyendo la atención a las mujeres españolas víctimas de violencia en el exterior. Asimismo, se apuesta por reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para dotar a los territorios de los fondos necesarios para desplegar las políticas públicas en toda su capacidad. Para ello, nuestro país ha comprometido un presupuesto histórico, con una partida en políticas contra las violencias machistas que llega a los 320 millones de euros, un 56% del total de las políticas de igualdad de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, lo que constituye un aumento del 217% de las mismas y supone siete veces más recursos de promedio que los destinados durante el período 2011-2018. A este refuerzo en recursos se le suma una apuesta por la formación de todos los agentes implicados y la sensibilización de toda la sociedad para la prevención de las violencias machistas, donde juega un importante papel la educación sexual.

En el plano laboral, año tras año, las estadísticas ponen de manifiesto que las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en todos los ámbitos siguen existiendo en todos los países y que la igualdad avanza de forma lenta en la mayoría de los países del mundo, y, desgraciadamente, retrocede de forma dramática en otros. En el contexto español, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2020 el 13,2% de las mujeres sufrían retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos. Además, el 36,6% de las mujeres no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos. Las estructuras patriarcales hacen que las mujeres tengan peores condiciones de partida para vivir sus vidas y que sufran las peores consecuencias en los contextos de crisis. Las mujeres concentran en España las tres cuartas partes del empleo a tiempo parcial, y la casi totalidad de quienes trabajaron a tiempo parcial para disponer de más tiempo para cuidar a personas dependientes fueron mujeres. Cuatro de cada cinco personas que piden una excedencia por cuidados familiares son mujeres, y la maternidad sigue penalizando a las mujeres en el empleo.

Las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, pese a mostrar una positiva tendencia a la baja, con una reducción de 2,7 puntos en la brecha retributiva, se mantienen en cifras insostenibles. Las mujeres cobraron de media en 2020 un 18,72 % menos que los hombres, según la Encuesta de Estructura Salarial. Estos datos muestran una realidad incontestable, que las mujeres siguen sosteniendo los cuidados, imprescindibles para la vida, que permiten y habilitan que todo lo demás sea posible, a costa del pleno ejercicio de sus derechos. De hecho, la presencia de mujeres se concentra en las ramas de actividad de los hogares, sanitarias y servicios sociales, el 77,2%, y educación el 68,1%; todas ellas esenciales para el desarrollo y mantenimiento de la sociedad, donde se concentran las mayores brechas retributivas. Y su presencia retrocede en las áreas relacionadas con la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, con las previsibles consecuencias tanto laborales como relacionadas con la transmisión de sesgos de género en el desarrollo de dispositivos de inteligencia artificial, androcentrismos en los algoritmos y la perpetuación de las brechas de género.

La extraordinaria subida del salario mínimo interprofesional en un 46,76% respecto a 2018, la ratificación del convenio 189 de la OIT, que reconoce los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, la aprobación del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, sobre planes de igualdad, y del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva, así como de la reducción de los contratos temporales y la precariedad provocada por la reforma laboral, empiezan a tener efecto en la reducción de la tasa de temporalidad y la brecha de género en el mercado laboral, que ha descendido en 2,7 puntos en los últimos dos años. Asimismo, la puesta en marcha del Plan Corresponsables, como primera política pública que pone a disposición bolsas de cuidados para menores de 16 años, la inversión histórica en educación infantil de 0 a 3 años, el Plan de Choque de la Dependencia o el Anteproyecto de Ley de Familias, redundan en la apuesta feminista del Gobierno de España por el fortalecimiento de los servicios públicos que han de garantizar el derecho universal al cuidado, desde un enfoque de género, de derechos humanos y de corresponsabilidad.

Para avanzar en la eliminación de las brechas retributivas y lograr una igualdad plena en todos los ámbitos es prioritario que el Estado reconozca el valor social y económico de los cuidados, asuma la corresponsabilidad respecto a los mismos y traduzca esa corresponsabilidad en servicios públicos, medidas en el ámbito laboral, en el uso del tiempo, en la dignificación de las y los trabajadores del sector y en la ampliación de los permisos y de las necesidades que estos atienden, de modo que permitan reconciliar la vida y los cuidados que la sostienen con el ámbito laboral.

Por ello, es necesario seguir avanzando en la aplicación de políticas públicas feministas que aborden la redistribución de los trabajos, los tiempos y la riqueza, y a ello está contribuyendo el pleno desarrollo del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, aprobado hace un año, que recoge la agenda política en materia de igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025). Definir y reconocer el cuidado como un derecho humano, desplegando todos los servicios públicos y medidas necesarias para garantizar, proteger, respetar y promover este derecho, y garantizar las condiciones para hacerlo efectivo; la plena incorporación de la educación sexual como contenido transversal de nuestro sistema educativo y el desarrollo de políticas activas en este ámbito, así como impulsar medidas para promover la presencia de las mujeres en la economía digital o la verde, son retos urgentes e ineludibles.

Todo este avance en derechos exige una perspectiva interseccional que contemple las diferentes desigualdades y discriminaciones para dar una respuesta diligente y coherente a las mismas. A través de la misma se ha podido avanzar teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres y las necesidades y demandas que existen en sus contextos, como la especial situación de las mujeres migrantes, desplazadas, víctimas de trata de seres humanos o en situación de especial vulnerabilidad. Así, las mujeres con discapacidad han visto por fin materializarse en España una reivindicación histórica del colectivo, la eliminación de las esterilizaciones forzosas que atentaban contra su autonomía y sus derechos sexuales y reproductivos y su reconocimiento como una forma de violencia contra las mujeres.

Este recorrido normativo y político se refleja en los datos que avalan el trabajo que está realizando nuestro país en materia de igualdad: España sigue estando entre los diez estados con mayor igualdad entre hombres y mujeres de la Unión Europea. El último Índice Europeo de Igualdad de Género, publicado en 2022, con datos del año 2020, ofrece una imagen sobre el estado y la evolución de la igualdad de género, así como un análisis del impacto de las políticas de igualdad en cada país, y sitúa a nuestro país en sexta posición, con 74,6 puntos, por encima de la media europea (68,6 puntos), y con una mejora de 0,9 puntos respecto al año anterior.

Frente a los avances feministas y su aceleración en los últimos tiempos, España tampoco es ajena a la ofensiva reaccionaria que atraviesa Europa y que cuestiona los logros obtenidos para la igualdad entre mujeres y hombres, la validez de estas políticas y el trabajo en defensa de los derechos de las mujeres. Frente a estos posicionamientos que socavan las democracias, España continúa fortaleciéndose en derechos. Así, la recientemente aprobada Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, no solo blinda el aborto libre, seguro y gratuito, sino que amplía el enfoque para incorporar al ordenamiento jurídico nuevos derechos sexuales y reproductivos, como los relativos a salud menstrual, a la anticoncepción o a la propia educación sexual, poniendo el acento en la importancia de que la educación sexual sea un derecho y que, por tanto, constituye una obligación del Estado garantizarla.

Por ello, este 8 de marzo reiteramos el compromiso del Gobierno de España con la inclusión efectiva de la educación sexual en todas las etapas educativas. La educación es una herramienta clave para avanzar en igualdad; para sensibilizar y transmitir valores basados en los derechos humanos, la igualdad de género, la autonomía corporal, la diversidad; para el cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas, que son la base de la reproducción de las violencias; y para la identificación y las acciones preventivas frente a amenazas tales como la discriminación, el abuso y las violencias sexuales.

Del mismo modo, la recién aprobada Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que reconoce el derecho a la autodeterminación de género, avanzando en la despatologización, atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y garantizando también el acceso a técnicas de reproducción asistida y la filiación para mujeres lesbianas y bisexuales, que podrán inscribir a sus hijos e hijas como propios sin necesidad de estar casadas, es otra muestra de que avanzando en derechos feministas avanzamos todas las personas. Todas estas políticas han sido diseñadas desde y con la participación activa de la sociedad civil y de los movimientos feministas, como garantía de un proceso de empoderamiento social y colectivo que no deje a nadie atrás.

En el plano internacional, el año 2023 supone el refuerzo de la internacionalización de las políticas feministas de nuestro país, a través no solo de una ambiciosa agenda exterior feminista, o la aprobación de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, que reconoce el compromiso con la cooperación feminista, sino también de la asunción de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año. España apuesta por las alianzas internacionales, regionales y comunitarias para reforzar las agendas comunes y compartidas de la igualdad. Buena prueba de ello es su activa participación en los diferentes instrumentos que brinda la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en lo relativo a la incorporación del enfoque de género en la lucha contra el cambio climático, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, el Foro Generación Igualdad, o la Alianza Global por los Cuidados y en todos aquellos espacios donde está presente la cooperación española. En la 67 Comisión de los Derechos de la Mujer de Naciones Unidas (CSW), que se celebra estas semanas en la ciudad de Nueva York, España se suma al debate sobre los retos de futuro que suponen la innovación y el cambio tecnológico, y sobre la educación en la era digital como herramienta para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Nuestro país también ha situado entre sus prioridades las relaciones con América Latina y toda la región Iberoamericana, especialmente a través de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde participó recientemente en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, en la que se abordó la sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género; participando asimismo en la IV Conferencia Iberoamericana de Género, preparatoria de la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Santo Domingo el 24 y 25 de marzo. En ese mismo compromiso de vecindad, nuestro país ha sido anfitrión de la V Conferencia Ministerial de Igualdad de la Unión por el Mediterráneo, donde los países participantes se comprometieron a reforzar el papel de las mujeres en la sociedad en respuesta a las crisis regionales.

Hoy, ante nosotros y nosotras se presenta la oportunidad de hacer de la agenda de esta España feminista una prioridad en Europa. La futura Presidencia española llevará la impronta de este compromiso y de sus resultados, y con esa convicción, nuestro país incidirá en los logros y desafíos pendientes en materia de violencia sexual, de cuidados, de derechos sexuales y reproductivos, de derechos LGTBIQ y de igualdad étnico-racial y cultural, con perspectiva de género. Nuestro país continuará así su marcha con la convicción de que un país feminista en marcha puede contribuir también a una Europa feminista como una casa común de derechos y libertades."

BIOGRAFÍAS

Defensa

Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio

D. FERNANDO DE LA CRUZ CARAVACA

Nace el 1 de agosto de 1959. Obtiene el empleo de teniente en 1982. Ha desempeñado su actividad profesional como piloto de caza y ataque y ha pasado por varias unidades del Ejército del Aire; Ala 12, Ala 14, Ala 11, Ala 15, en esta última como jefe de Unidad. Ha participado en numerosos ejercicios y operaciones nacionales e internacionales como en la campaña de Kosovo, donde fue jefe de Escuadrón en el destacamento del Ejército del Aire en Aviano (Italia). Ha prestado servicios en agencia NETMA (Munich), encargada de la gestión del programa Eurofighter y en Afganistán, donde en diferentes etapas ha sido segundo jefe y jefe de la Base de Apoyo Avanzado de Herat. Ha sido jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Aire, jefe del Mando Aéreo de Canarias. En junio de 2020 fue nombrado comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas CAOC-TJ. También ha realizado numerosos cursos nacionales y extranjeros y tiene un máster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid.

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