Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de la garantía del Estado a 31 obras que formarán parte de la exposición temporal "Picasso: materia y cuerpo", que tendrá lugar en el Museo Picasso Málaga desde el 8 de mayo de 2023 al 10 de septiembre de 2023, por un valor económico de 251.600.000 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C5, R1). REAL DECRETO por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
• REAL DECRETO por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético.
• REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa.
• REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de los trabajos de rehabilitación y puesta en servicio de la toma intermedia de la presa de Santomera 2022, T.M. Santomera (Murcia), por un importe máximo de 1.540.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la estabilización y sustitución del muro de contención de la parcela del Centro Meteorológico Territorial de Tenerife, por un importe máximo estimado de 535.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para paliar los daños ocasionados por el temporal de lluvia de noviembre de 2022 en el colector existente en el barranco del Mandor, por un importe máximo de 500.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras necesarias en el vaso del embalse de Castrovido (T.M. Salas de los Infantes, Burgos) para garantizar la seguridad aguas abajo de la presa, por un importe máximo de 3.800.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.
• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Moldavia y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Convenio.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Moldavia.

Justicia

• REAL DECRETO sobre promociones en la Carrera Fiscal.

Hacienda y Función Pública

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C24, R1). REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de retenciones.

Interior

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de subvenciones estatales anuales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.seis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de supresión de bloqueo telefónico en el tramo Guardo - Arija - Balmaseda. Valor estimado del contrato: 18.744.445,03 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de concesión de obras para la construcción y explotación del área de servicio de Altiplano, punto kilométrico 44+500 de la Autovía A-33, termino municipal de Yecla. Provincia de Murcia. Valor estimado del contrato: 92.321.293,75 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO por el que se reordenan orgánicamente los archivos históricos militares de la Armada.
• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa a D. JUAN IGNACIO MORRO VILLACIÁN.
  

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ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PLANES HIDROLÓGICOS 2022-2027

El Consejo de Ministros ha aprobado los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, un documento que define las líneas de actuación para gestionar los recursos hídricos en España desde ahora hasta el año 2027. Con la aprobación de estos planes culmina un largo proceso para modernizar la planificación hidrológica en España, en el que se han identificado y presentado soluciones frente a los principales problemas en la gestión del agua en nuestro país.

Así, los planes se han elaborado para dar respuesta a los desafíos del cambio climático, como los fenómenos extremos y las sequías e inundaciones. Del mismo modo, están completamente alineados con las políticas europeas como el Pacto Verde, el Plan de "Contaminación Cero" y con la nueva Directiva europea de calidad del agua para consumo humano. Estas medidas buscan mitigar el riesgo de inundaciones y sequías, contribuir a alcanzar los objetivos ambientales y proteger la biodiversidad al tiempo que se avanza en adaptación ante el cambio climático.

Para ello, se establecen más de 6.500 medidas dotadas con una inversión de 22.844 millones de euros, repartidas de la siguiente forma:

• Más de 10.600 M€, es decir, el 46,7% del total serán financiados por la Administración General del Estado.
• Casi 8.300 M€ (36,3%) correrán a cargo de las comunidades y ciudades autónomas.
• Más de 2.300 M€ (10,2%) serán financiados por las administraciones locales.
• El 6,7% restante, más de 1.500 M€, por otros agentes financiadores.

Entre estas inversiones, destacan algunas como los más de 6.600 M€ destinados a actuaciones de mejora del saneamiento y la depuración; los más de 2.200 M€ para mejora de los abastecimientos; más de 5.000 M€ que se invertirán a infraestructuras de regadío; más de 2.000 M€ para gestión del riesgo de inundación y casi 1.300 M€ para la restauración y conservación del Dominio Público Hidráulico.

Diferencias con la anterior planificación hidrológica

A diferencia de las planificaciones de primer y segundo ciclo, los nuevos planes definen caudales ecológicos para todas las masas de agua, determinando caudales mínimos y máximos, de forma que se aseguren la protección de las masas de agua, los ecosistemas y el territorio. Del mismo modo, se recogen las medidas necesarias para reducir las presiones ambientales que sufren las masas de agua, actuando sobre las actividades que las generan.

Se estima que los caudales de los ríos españoles se han reducido un 12% desde 1980. Para adaptarse a una realidad en la que el cambio climático reducirá la disponibilidad del agua, el texto plantea un cambio de tendencia en el uso de los recursos. En concreto, se reducen las asignaciones para los distintos usos pasando de los 28.000 hm3/al año que marcaba la anterior planificación a 26.800 hm3/al año, una medida orientada a garantizar el acceso equitativo al agua para todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, para diversificar las fuentes de obtención del recurso se dota de mayor protagonismo a la desalación, de forma que se garantiza el suministro y se equilibran las demandas y los requerimientos medioambientales.

Para fomentar la calidad del agua, se impulsan junto a las administraciones competentes, la mejora del saneamiento y la depuración parar subsanar retrasos acumulados por nuestro país en el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de aguas residuales. En la misma línea, se refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa, tal y como marca el Real Decreto de enero de 2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa provocada por los nitratos agrarios. Además, se contemplan medidas para luchar contra los contaminantes emergentes como microplásticos o antibióticos.

La nueva planificación también incide en la recuperación ambiental de los espacios fluviales y en reducir el riesgo de inundación, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, y también en la seguridad hídrica.

Garantizar el buen estado de las aguas

Estos planes junto con los de "Gestión del Riesgo de Inundación", aprobados por el Consejo de Ministros la semana pasada, y los "Especiales de Sequía", que se prevén aprobar durante este año, contemplan las principales medidas que permitirán alcanzar el buen estado de nuestras masas de agua y conseguir un alto grado de seguridad hídrica y, en definitiva, respetar el medio ambiente sin comprometer el desarrollo socioeconómico.

La siguiente fase de planificación finalizó en 2021, con la aprobación de los proyectos de planes hidrológicos que hacen frente a esos problemas. Ambas fases contaron con una amplia consulta y participación pública: nueve meses en el caso de los esquemas de temas importantes -en vez de los seis inicialmente previstos que fueron ampliados por causa de la pandemia- y seis meses en el caso de los proyectos de planes hidrológicos.

Los planes han sido informados por los consejos del agua y los comités de autoridades competentes de cada cuenca (entre el 29 de marzo y el 3 de mayo de 2022) y por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (27 de abril de 2022) y cuentan con sendos informes del Consejo Nacional del Agua (29 de noviembre de 2022) y del Consejo de Estado (19 de enero de 2023). En paralelo, los planes hidrológicos han sido sometidos a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, aprobada el 10 de noviembre de 2022.

Modernizar la gestión del agua

Los planes hidrológicos se complementan con otros instrumentos desarrollados por el MITECO como las "Orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático", el "Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia y Reutilización" (DSEAR), los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de segundo ciclo, los planes especiales de sequía, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, o el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, que modernizan y preparan la gestión del agua frente a desafíos futuros.

Por su parte, el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE) de Digitalización del ciclo del agua tiene, como principal objetivo, aumentar la eficiencia del uso del agua. Empleará las nuevas tecnologías y el "big data" para conseguir una información precisa y actualizada de los recursos de agua disponibles y las demandas en abastecimientos urbanos y en el regadío, mediante una inversión total de 3.060 M€.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CERTIFICADOS DE AHORRO ENERGÉTICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), una nueva herramienta para alcanzar los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE de un modo flexible y más eficaz.

La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, insta a los Estados Miembros a la creación de un mecanismo que permita asignar a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por menor, una cuota anual de ahorro energético en el ámbito nacional, según sus ventas, que en el caso español sólo se ha podido realizar hasta ahora en aportaciones financieras equivalentes al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

Al objeto de reforzar el volumen de ahorros exigidos por la Directiva y las actuaciones de eficiencia energética, el Gobierno ha aprobado un real decreto que establece el sistema de CAE, que permitirá a las empresas sujetas a cuota anual de ahorro energético sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al FNEE por un ahorro energético certificado, proveniente de las inversiones en eficiencia energética. Los CAE son una fórmula exitosa en otros países, como Francia, que ha conseguido multiplicar su capacidad de ahorro anual.

Las empresas podrán identificar medidas de ahorro según un Catálogo de actuaciones relativas a climatización, mejora de la envolvente, iluminación, movilidad, procesos industriales, etcétera, cuya ejecución permitirá obtener los CAE (un CAE equivale a 1 kWh ahorrado). Una orden ministerial aprobará este Catálogo próximamente.

Gestión del sistema

Una vez ejecutada la actuación de ahorro, la empresa presentará los resultados ante un verificador independiente, acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para que los valide. Después se registrarán en una plataforma electrónica operada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la comunidad autónoma donde se haya actuado expedirá los correspondientes CAE, con efecto en todo el territorio nacional.

Los CAE registrados en la plataforma electrónica podrán liquidarse, contribuyendo a cumplir las obligaciones de ahorro de las empresas, o podrán comercializarse, permitiendo que otras empresas obligadas los adquieran y procedan a su liquidación para cumplir con sus obligaciones. Los sujetos obligados podrán operar directamente o contratar los servicios de empresas acreditadas, denominadas sujetos delegados. La plataforma electrónica permitirá inventariar a todos estos agentes y trazar las operaciones realizadas con los CAE durante sus tres años de vigencia.

SISTEMA DE CAE

Una orden ministerial en tramitación detalla las figuras del Sujeto Delegado, del Verificador del Ahorro de Energía y del Registro Nacional de CAE, alojado en la plataforma informática.

Rebaja la factura de los consumidores

El sistema favorece la inversión en tecnologías eficientes, reduce la factura energética de los consumidores y les permite obtener una contraprestación por este ahorro, desde el momento en que las comercializadoras de energía compran dicho ahorro a los propietarios de la instalación, inmueble o proceso en que se ejecuta la actuación que justifica la emisión de CAE. Esto es particularmente relevante en el ámbito industrial.

El sistema también libera de cargas burocráticas a los ciudadanos, desde el momento en que las asumen las empresas especializadas. Igualmente, disminuye el coste de las actuaciones de ahorro para la Administración y propicia que el país alcance los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE.

La normativa europea exige obtener un ahorro nacional de energía del 0,8% anual sobre el promedio de ventas de energía final de los años 2016, 2017 y 2018 hasta 2030, de modo que España debe alcanzar un ahorro acumulado de 37.206 ktep al final de la década, en comparación con el objetivo de 15.900 ktep de ahorro acumulado que hubo que alcanzar en el periodo 2014-2020.

Este incremento de la ambición de ahorro energético se traduce en mayores exigencias para los sujetos obligados, que ahora dispondrán de dos mecanismos para cumplir su obligación de ahorro: por una parte sus aportaciones económicas al FNEE, que en 2023 serán 235 millones de euros como mínimo -un 15% más que en 2022-, y por otra los CAE.

Plan +SE

La aprobación del sistema de CAE es una de las medidas previstas en el Plan +SE, relacionada con la aceleración en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: tal y como se informó a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial de Energía, se incrementa hasta el 5% el presupuesto que las administraciones regionales pueden destinar a la gestión de los programas de fomento del autoconsumo y la movilidad eléctrica (MOVES III).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y CABO VERDE SOBRE ACTIVIDADES REMUNERADAS DE FAMILIARES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

Este acuerdo trata de recoger y regular jurídicamente los legítimos intereses y expectativas de los familiares dependientes de los agentes diplomáticos, consulares y funcionarios administrativos acreditados en las Misiones diplomáticas de España en el exterior y del personal al servicio de las representaciones ante organizaciones internacionales en cuanto a actividades remuneradas se refiere.

La transformación social que España ha experimentado en las últimas décadas ha tenido también su reflejo en la figura de las parejas y familiares dependientes de los funcionarios del servicio exterior de España, evolucionando a un perfil diferente del tradicional. En su gran mayoría cuentan con una formación académica, titulación superior o universitaria, una preparación técnica y una experiencia laboral que no desean interrumpir, sino que, por el contrario, desean desarrollar mientras acompañan a su pareja en el desempeño de una misión oficial en el exterior. Para que estas legítimas aspiraciones puedan traducirse en la realidad y con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar, España ha ratificado acuerdos de esta naturaleza con treinta y tres Estados.

La firma del acuerdo por parte de España se produjo en Praia, el 29 de marzo de 2022, por María Dolores Ríos Peset, embajadora de España en Cabo Verde y Miryan Djamila Sena Vieira, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Cabo Verde, previa autorización del Consejo de Ministros del 25 de enero de 2022.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 26 de mayo de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al encontrarse encuadrado en el supuesto al que se refiere el apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución, puesto que el mismo recae en gran parte de su contenido sobre materias reservadas a ley.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y MOLDAVIA

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Moldavia y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Convenio.

Las negociaciones para la suscripción de un Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Moldavia comenzaron en el año 2011 a iniciativa de Moldavia. Tras sucesivos intercambios de textos, las negociaciones quedaron paralizadas y se reanudaron en 2018.

Se celebraron tres rondas negociadoras. La primera tuvo lugar en Madrid en noviembre de 2019, a instancia de Moldavia. A continuación, se celebró una segunda ronda en Chisinau en marzo de 2020 y por último una reunión por videoconferencia en abril de 2021, alcanzándose un acuerdo definitivo sobre la redacción del convenio y el acuerdo administrativo para su aplicación.

La firma de este convenio por parte de España se produjo en Madrid, el 21 de julio de 2022 por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá Belmonte, y por el ministro de Trabajo y Protección Social de Moldavia, Marcel Spatari., previa autorización del Consejo de Ministros del 14 de junio de 2022.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 10 de noviembre de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Convenio requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al encontrarse encuadrado en el supuesto al que se refiere el apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución, puesto que el mismo recae en gran parte de su contenido sobre materias reservadas a ley.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

APLICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y MOLDAVIA

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se toma conocimiento del Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Moldavia.

Los Acuerdos Administrativos son aquellos cuya celebración se contempla en un Tratado o Convenio internacional, del que derivan, y no requieren la tramitación prevista en la Ley 25/2014 para los Tratados Internacionales. No obstante, se pueden elevar para toma de conocimiento por parte del Consejo de Ministros, si su importancia o alcance lo aconsejan.

Este acuerdo administrativo se encuentra contemplado en el artículo 29 del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Moldavia y constituye un instrumento práctico para su adecuada aplicación.

Se firmó en Madrid el 21 de julio de 2022, al mismo tiempo que el Convenio del que trae causa. Los firmantes fueron el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá Belmonte, y el ministro de Trabajo y Protección Social de Moldavia, Marcel Spatari.

En cuanto a su contenido, el acuerdo se estructura en un preámbulo y 18 artículos, en los que se establece el procedimiento para aplicar las disposiciones del Convenio de Seguridad Social.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADO EL REGLAMENTO DEL IRPF PARA EL ESTATUTO DEL ARTISTA

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se modifica el reglamento del IRPF para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de retenciones. Se trata de dos medidas consensuadas en la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Estatuto del Artista y destinadas a las personas con rentas más bajas de este colectivo al reducir las retenciones que soportan.

En concreto, la primera medida consiste en la reducción del 15% al 2% del tipo mínimo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo que deriven de una relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

En segundo lugar, se reduce el tipo de retención del 15% al 7% en relación con las actividades económicas desarrolladas por los artistas. Para ello será necesario que el artista hubiera obtenido en el período impositivo anterior unos rendimientos íntegros de tales actividades inferiores a 15.000 euros y que estos representen su principal fuente de renta, entendida esta última como más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio.

Desarrollo del Estatuto del Artista

La aprobación de estas medidas supone un paso más en el desarrollo del Estatuto del Artista. Un proceso que comenzó en septiembre de 2018, cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el informe de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista.

Para dar cumplimiento a las recomendaciones del citado informe, mediante el Real Decreto 639/2021, se creó y reguló la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista, como órgano colegiado, con participación de todos los departamentos con competencias en la materia, a fin de lograr el impulso y coordinación de las actuaciones precisas para satisfacer las peticiones parlamentarias.

En dicha Comisión se analizaron diversas propuestas fiscales y se han acordado las dos medidas en materia de retenciones e ingresos a cuenta aprobadas hoy mediante la modificación del Reglamento del IRPF.

Interior

SUBVENCIONES A PARTIDOS POLÍTICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto entre los distintos partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados de los 52.704.140 euros consignados los Presupuestos Generales del Estado para 2023, aprobados por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, en concepto de subvención para atender sus gastos de funcionamiento ordinario.

Esta cantidad, de idéntica cuantía a la de los años anteriores, se distribuye en función de los resultados obtenidos en las elecciones al Congreso 10 de noviembre de 2019. Un tercio se reparte en proporción al número de escaños obtenidos por cada partido político y los dos restantes según todos los votos obtenidos en las elecciones.

Según este mecanismo legal, las subvenciones que corresponden a los partidos políticos representados en el Congreso en este ejercicio de 2023 son las siguientes:

El artículo 3.Seis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, establece que si alguna de estas subvenciones supera la cuantía de 12 millones de euros, el conjunto del reparto requerirá de acuerdo de Consejo de Ministros para autorizar su concesión.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA FERROVIARIA BILBAO-LEÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar, a través de ADIF, el contrato para modernizar las instalaciones de seguridad del tramo Guardo-Arija-Balmaseda, en la línea de ancho métrico Bilbao-León.

El contrato, con un valor estimado de 18,74 millones de euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de 22 meses, incluye la redacción del proyecto constructivo y la realización de las obras, así como las pruebas y puesta en servicio de las instalaciones de seguridad.

El objeto del contrato es equipar las instalaciones de seguridad y comunicaciones con la tecnología necesaria para sustituir el actual bloqueo telefónico del tramo Guardo-Arija-Balmaseda por bloqueos automáticos regulados por telemando desde el Puesto de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Miranda de Ebro. Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de la línea, la regularidad de las circulaciones y la fiabilidad de las instalaciones.

El proyecto contempla, entre otras actuaciones, el diseño de todas las instalaciones de seguridad necesarias como enclavamientos, sistemas de detección de tren y de protección del tren, telecomunicaciones, señalización, energía, pasos a nivel, etc., así como las actuaciones en vía y catenaria que correspondan.

Automatización de toda la línea Bilbao-León

El contrato de supresión de bloqueos telefónicos entre Guardo y Balmaseda se suma al proyecto del tramo Guardo-La Asunción (León), adjudicado por un importe cercano a los 20 millones de euros (con IVA) y actualmente en ejecución, donde también se están renovando todas las instalaciones de seguridad y se están sustituyendo los bloqueos telefónicos por bloqueos automáticos para regular la circulación por telemando e incrementar los niveles de fiabilidad de las instalaciones.

Gracias a estas dos actuaciones, ADIF conseguirá automatizar toda la línea de ancho métrico Bilbao-León. Estas acciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONCESIÓN DE ÁREA DE SERVICIO EN AUTOVÍA A-33

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de concesión de obras para la construcción y explotación del área de servicio de Altiplano, en el punto kilométrico 44+500 de la Autovía A-33, en el término municipal de Yecla (Murcia).

El valor estimado del contrato asciende a 92,3 millones de euros (sin IVA).

La puesta a disposición de los terrenos realizada el pasado 20 de octubre de 2022, era el último requisito necesario para comenzar los trámites para la licitación del contrato de concesión, lo que implicaba su autorización por parte del Consejo de Ministros.

El Área de Servicio del Altiplano se ubicará a ambos márgenes del km 44,50 de la autovía A-33 y contará con una estación de servicio, venta de lubricantes y repuestos frecuentes, puntos de recarga de vehículos eléctricos, tienda, cafetería, restaurante, área infantil, merendero, zonas verdes y aparcamientos, entre otras funciones.

La preparación de la licitación del contrato de concesión va en paralelo a la ejecución del tramo final de la autovía A-33, entre Yecla (Murcia) y Caudete (Albacete) asegurando que los usuarios cuenten con los servicios esenciales para su comodidad y seguridad.

Esta autovía se convertirá en la alternativa más rápida y de mayor ahorro de combustible entre Valencia y Murcia, especialmente para vehículos pesados, al contar un excelente trazado y una pendiente optimizada.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AUTORIZACIONES DE VIÑEDO DE LA NUEVA PAC

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica la normativa nacional vigente sobre el potencial de producción vitícola, al objeto de adaptarla a las novedades introducidas en el sistema de autorizaciones de viñedo por la nueva Política Agraria Común (PAC).

Esta adaptación permitirá mantener el crecimiento ordenado del potencial vitícola de España, ya que introduce mejoras en el procedimiento de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones, entre otras cuestiones, mediante el ajuste del criterio de prioridad relativo a las pequeñas y medianas explotaciones. A partir de ahora se tendrá en cuenta solo la superficie de viñedo de la explotación, en lugar de la superficie agraria total de la explotación.

Además, se modifican las puntuaciones de dicho criterio para priorizar a las solicitudes de medianas explotaciones vitícolas, con el objeto de favorecer a los proyectos con mayor viabilidad y perdurabilidad en el tiempo, que garanticen una mejor salida de su producción en el mercado.

La nueva legislación añade como excepción de la aplicación del sistema de autorizaciones de viñedo el establecimiento de colecciones de variedades de vid para la conservación de recursos genéticos. La comercialización de la producción de estas colecciones queda expresamente prohibida.

A partir de ahora, se permitirá la transferencia de autorizaciones en el caso de la disolución de una explotación de titularidad compartida. Y también queda prohibida la comercialización de la producción de una plantación de viñedo sin autorización hasta el momento de su arranque.

Asimismo, fruto del proceso de actualización y mejora normativa se han introducido nuevas disposiciones y se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas.

Este real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, pero las modificaciones en el criterio de prioridad de pequeña y mediana explotación vitícola, se aplicarán de forma retroactiva a las solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones que se presenten entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2023.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ARCHIVOS HISTÓRICOS MILITARES DE LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha aprobado la reordenación de los archivos históricos militares de la Armada, con la finalidad de garantizar una actuación homogénea sobre el patrimonio documental custodiado y mejorar la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía, optimizando su gestión mediante la utilización más eficiente de las instalaciones archivísticas y de los demás recursos de que disponen.

La experiencia de gestión acumulada y el volumen documental custodiado han hecho necesaria la reordenación de estos archivos que actualmente se gestionan y custodian en dos archivos nacionales: el Archivo General de la Marina "Álvaro de Bazán" y el Archivo del Museo Naval.

Conforme a esta reorganización, el Archivo del Museo Naval pasa a denominarse Archivo Histórico de la Armada, integrando en el mismo las finalidades, funciones y recursos materiales y personales del Archivo General de la Marina "Álvaro de Bazán".

El Archivo Histórico de la Armada resultante de esta integración, como archivo estatal y nacional integrado en el Sistema Archivístico de la Defensa será el único Archivo nacional de la Armada, ejerciendo la totalidad de funciones de archivo histórico de la Armada, mediante dos sedes: la sede "Álvaro de Bazán" en la localidad del Viso del Marqués (Ciudad Real) y la sede "Juan Sebastián de Elcano" (Madrid). Sus fondos documentales estarán integrados por los fondos del extinto Archivo General de la Marina "Álvaro de Bazán", por los fondos del hasta ahora Archivo Nacional del Museo Naval, excepto los referidos a la gestión de las piezas del Museo Naval y a su devenir histórico, que permanecerán en éste custodiados por su archivo de gestión y los fondos donados expresamente al mismo y por los fondos históricos del Archivo General del Cuartel de la Armada.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

CALIDAD DEL AIRE Y EPISODIOS DE ALTA CONTAMINACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para impulsar la prevención y control de la calidad del aire. Un texto legislativo enmarcado en la protección y vigilancia de la calidad del aire que realiza el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO) y que se complementa con iniciativas lanzadas anteriormente como el Plan de Salud y Medioambiente o el Índice de Calidad del Aire.

Este nuevo acuerdo recoge un nuevo Plan Marco de Acción a corto plazo para episodios de alta contaminación, en el que se establecen nuevos umbrales y establece actuaciones homogéneas para todas las administraciones, en caso de superación de dichos umbrales.

Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mala calidad del aire provoca aproximadamente 3.000 muertes por partículas PM2.5, 6.000 por NO2 y 1.800 por Ozono (O3). Por ello, el objetivo principal de este real decreto es proteger la salud pública frente a una mala calidad del aire y evitar picos de contaminación. Para ello, establece un marco de actuación común para las diferentes administraciones públicas en caso de episodios de alta contaminación.

Se busca conseguir un mejor control de la contaminación atmosférica reduciendo la concentración de partículas y dióxido de nitrógeno especialmente en las grandes ciudades, los lugares donde la calidad del aire está particularmente deteriorada.

El fin último es proteger la salud pública frente a una mala calidad del aire y evitar picos de contaminación, evitando para ello que se alcance el umbral de alerta establecido en la legislación y, en consecuencia, reduciendo el número de ocasiones en que se superen los valores límites. Del mismo modo, se proporcionará a los ciudadanos información sobre los niveles de alerta por contaminación y las actuaciones a poner en marcha en cada uno de los escenarios de polución.

Emisiones industriales

En paralelo, también se modifica el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación para lograr la adecuada difusión de las resoluciones administrativas de las autorizaciones ambientales integradas, fomentando así el eficaz conocimiento por parte del público

Al mismo tiempo, se modifica el plazo del procedimiento de revisión de las autorizaciones ambientales integradas en coherencia con el plazo de concesión y el plazo del procedimiento simplificado de modificación sustancial establecidos de acuerdo con el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.

Garantías financieras

El Real Decreto 208/2022 sobre garantías financieras en materia de residuos desarrolló el régimen jurídico a tener en cuenta para aplicar las garantías financieras exigidas por la normativa que regula la gestión de residuos.

Al haber surgido dudas sobre la aplicación concreta de su artículo 3.3, respecto de la determinación de la garantía financiera que corresponde a los gestores de residuos, en el ámbito de la responsabilidad ambiental, se ha procedido a su clarificación. Adicionalmente se han revisado los criterios para para determinar el importe de la fianza para ciertas instalaciones de tratamiento y almacenamiento de residuos, y para los gestores de residuos de construcción y demolición y de escorias siderúrgicas.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto 1221/92, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, que simplifica y facilita la adscripción, cesión y enajenación de inmuebles que son propiedad de la Seguridad Social pero que no están siendo utilizados por ninguna de las entidades gestoras y servicios comunes del sistema. El objetivo es promover un uso más eficiente del patrimonio de la Seguridad Social.

La Seguridad Social tiene un patrimonio extenso, heterogéneo, distribuido por toda España y, en ocasiones, infrautilizado. Según la auditoría interna elaborada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 1.028 inmuebles, que comprenden desde edificios hasta solares, pasando por locales, fincas rústicas y naves o garajes, están vacíos. Esto genera gasto público para su mantenimiento (vigilancia, reparaciones, tributos…), además de que, en algunos casos, se trata de edificaciones en el centro de las ciudades que, por su estado de infrautilización, no sólo no prestan servicios públicos a la ciudadanía, sino que además deterioran el entorno urbano.

Para contribuir a remediar esta situación, y a la vez velar por el patrimonio de la Seguridad Social, el Gobierno ha realizado ya cambios en la Ley General de la Seguridad Social (introducidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023), que se desarrollan ahora con la reforma del Real Decreto de patrimonio.

La nueva normativa amplía la adscripción de bienes inmuebles de la TGSS, hasta ahora sólo prevista para las entidades que forman parte de la Seguridad Social, a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público, sin perder la titularidad de estos. Así, se reducen los plazos de tramitación, porque se podrán acordar las adscripciones de forma directa, sin necesidad de acudir al procedimiento -más largo- de cesión de uso. En todo caso, también se agilizan los procedimientos en el caso de la cesión de uso, al fijar el plazo máximo para la tramitación en 90 días y al mejorar y precisar la regulación sobre los inmuebles que son susceptibles de cesión, los potenciales beneficiarios de la misma, su finalidad y el sistema de extinción y revocación de la cesión. Las administraciones o entidades a las que sean adscritos o cedidos los inmuebles tendrán que garantizar su empleo en fines de utilidad pública.

En materia de enajenación de inmuebles, se homologa la regulación a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, menos restrictiva que la que existía para la Seguridad Social. Así, en línea con la ley de patrimonio, se incrementa el número de supuestos en los que se puede acudir a la adjudicación directa y se flexibiliza el procedimiento a seguir en caso de subasta pública, permitiendo reducir el tipo de licitación en subastas sucesivas.

Este nuevo real decreto dispone, además, la elaboración de un plan de optimización del patrimonio de la Seguridad Social que evalúe las necesidades presentes y futuras de las entidades del sistema en materia de edificios e inmuebles y defina si los que no sean necesarios son susceptibles de cesión o enajenación. También analizará las inversiones necesarias para la mejora y mantenimiento del patrimonio, la revisión de los gastos en los que se incurre para su control y reducción, el seguimiento de los procesos de adscripción y cesión y las actuaciones en materia de supervisión e inspección para certificar el uso correcto de los inmuebles adscritos o cedidos.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa.

D. JUAN IGNACIO MORRO VILLACIÁN

Nacido en Valladolid en 1962, es licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 1992.

Entre otros, ha sido embajador de España en la República de Corea desde 2018 a 2022, director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos de 2017 a 2018 y subdirector general de No Proliferación y Desarme desde 2014 a 2017.

Anteriormente, estuvo destinado como consejero en las Embajadas de España en Pekín y en la Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York. Previamente fue jefe de gabinete del subsecretario y jefe adjunto del Gabinete del secretario de Estado de la Unión Europea. Igualmente, ocupó el cargo de cónsul en Ginebra, secretario de Embajada en Moscú y Seúl y jefe de área en la Subdirección General de África del Norte Ministerio de Asuntos Exteriores.