Referencia del Consejo de Ministros

27.12.2022

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

Hacienda y Función Pública

Interior

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Educación y Formación Profesional

Industria, Comercio y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Política Territorial

Cultura y Deporte

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C24, R2). PROYECTO DE LEY de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C25, I1). ACUERDO de autorización de la contribución voluntaria al Programa IBERMEDIA contemplada en el Componente 25 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por importe total de 1.150.000 euros.

Ciencia e Innovación

  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 12 de enero de 2023, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal "Agencia Espacial Española".

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • REAL DECRETO sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023.
  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 590/2022, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema de Acogida de Protección Internacional.
  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
  • ACUERDO por el que autoriza la celebración del contrato de los servicios de carácter informático necesarios para la ejecución de los trabajos asociados al aseguramiento digital y ciclo de vida, el apoyo técnico a la oficina de procesos, a la oficina de automatización de procesos y a la oficina gestora de desarrollo gestionado y la ejecución de las inversiones requeridas en innovación para el ámbito de la calidad y gestión de procesos, por un periodo de veinticuatro o veintisiete meses, en función de la existencia o no de la fase de adquisición de conocimiento y preparación del servicio, con un valor estimado de 50.545.530,44 euros.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la realización de la campaña sobrevenida de publicidad institucional para informar de las modificaciones en la cotización de los autónomos.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en apoyo al desarrollo de las actividades realizadas por el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales en el ámbito de las pensiones, por un importe de 75.000 euros.

Universidades

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela a D. RAMÓN SANTOSMARTÍNEZ.

Industria, Comercio y Turismo

CONDECORACIONES

Defensa

Cultura y Deporte

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

MEDIDAS DE RESPUESTA A LA GUERRA DE UCRANIA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PALMA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de ahondar en el descenso de la inflación, y reforzar las medidas de apoyo para las familias y los sectores económicos más afectados.

Este Real Decreto-Ley da continuidad al Plan Nacional de respuesta a la Guerra de Rusia en Ucrania aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo, prorrogado y ampliado con normas posteriores, para reducir la inflación y adaptar la economía española al nuevo entorno económico, a la vez que refuerza una red de protección para los colectivos vulnerables y los sectores más afectados.

Las medidas adoptadas hasta el momento han sido eficaces, permitiendo cumplir los objetivos establecidos: desde el mes de agosto la tasa de inflación española se sitúa por debajo de la media europea y en el mes de noviembre España tiene la menor tasa de inflación armonizada, manteniéndose el crecimiento económico y la creación de empleo en un entorno internacional complejo, lo que pone de manifiesto la solidez de la economía española.

No obstante, la persistencia de la guerra continúa afectando al nivel general de precios, especialmente de ciertos bienes fundamentales como los alimentos, las materias primas y algunos bienes intermedios. Por ello, la voluntad del Gobierno es seguir adoptando medidas que permitan aliviar la situación de forma prioritaria de las familias y sectores más afectados, en línea con las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales.

El conjunto de medidas aprobadas permitirá cumplir estos objetivos de forma eficiente y equilibrada, manteniendo los principios de transformación digital y verde y de autonomía estratégica de la economía española, protegiendo a las familias y empresas y garantizando el cumplimiento de los objetivos fiscales y presupuestarios.

Con el fin de contener los precios y que la acción pública beneficie íntegramente a los consumidores y al conjunto de la población, los sectores correspondientes deberán repercutir el monto de las ayudas y bajadas fiscales en los precios de la cadena de producción, distribución o consumo.

Medidas para reducir los precios de los alimentos

Uno de los principales objetivos de las medidas adoptadas sigue siendo contener el incremento de los precios, especialmente de la energía y los alimentos. Con esta finalidad, se suprime el IVA de los productos frescos que tenían ya el tipo reducido y se reduce del 10% al 5% el del aceite y las pastas, lo que permitirá reducir el precio de alimentos básicos y de primera necesidad como el pan, la leche y las frutas y hortalizas, además de los mencionados. De esta forma se pretende aliviar la situación de las familias, de manera más intensa para aquellas de bajos ingresos que dedican una parte mayor de su renta a estos bienes. Esta bajada de impuestos se mantendrá hasta el 30 de junio o hasta que la inflación subyacente baje del 5,5%.

Adicionalmente, se prorroga durante todo 2023 la reducción del IVA de la electricidad y del impuesto especial sobre la energía eléctrica y se mantiene la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, para que los productores de electricidad puedan seguir ofertando precios más competitivos.

Tipo reducido para mascarillas y vacunas

Los recursos para la prevención y diagnóstico de la COVID-19 también continuarán con una tributación excepcional mientras se mantengan las políticas de protección de la población y lucha contra el virus. Uno de los artículos clave para ellos son las mascarillas quirúrgicas, cuyas entregas, importaciones y adquisiciones seguirán gravadas al 4% de IVA, tal y como viene ocurriendo desde 2020, durante el primer semestre de 2023.

Dado que las campañas de vacunación continuarán y que la COVID-19 sigue provocando contagios, este Real Decreto-ley incluye que tanto vacunas como pruebas diagnósticas mantengan un gravamen del 0%. Un conjunto de decisiones para continuar frenando al virus que acumulan varias prórrogas, y que estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2023.

Se amplía la protección a los colectivos vulnerables

El Real Decreto-Ley incluye también el mantenimiento de las principales medidas para proteger a las familias y colectivos vulnerables y garantizar el acceso a los suministros básicos.

Con este objetivo, se aprueban ayudas para seguir protegiendo a las familias, entre las que destaca un cheque de 200 euros para familias de clase media trabajadora destinado a compensar la subida de precios de la alimentación. Esta medida podrá aliviar hasta a 4,2 millones de hogares con rentas de hasta 27.000 euros anuales.

Asimismo, se prorroga para 2023 el incremento del 15% del importe del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas.

Se amplía también, hasta el 31 de diciembre de 2023, la prohibición del cortar los suministros básicos, luz, agua y gas, a consumidores vulnerables, a la vez que se mantiene para este colectivo el descuento en la factura eléctrica a través del bono social.

En materia de vivienda se prorroga la limitación al 2% del incremento del precio de los alquileres para todo 2023, se introduce una prórroga extraordinaria de las condiciones vigentes de los contratos de alquiler de hasta seis meses. También se amplía hasta el 30 de junio la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamiento para personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Deducción por maternidad

El Real Decreto-ley incorpora también una modificación legislativa para aclarar el derecho a seguir percibiendo la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a partir de 1 de enero de 2023, aun cuando alguno de los progenitores tuviera derecho al complemento de ayuda para la infancia respecto del mismo descendiente. De esta forma, se evita que el reciente cambio normativo llevado a cabo en esta materia perjudique a las familias que hasta ahora venían disfrutando de esa ayuda.

Ayudas para sectores y fomento del transporte público

La norma aprobada reemplaza la bonificación general de 20 céntimos por litro de gasolina por medidas más específicas dirigidas a fomentar el uso del transporte público y por ayudas a sectores más dependientes del uso de los carburantes, más expuestos a las fluctuaciones de precios.

Se extiende durante todo 2023 la gratuidad del transporte público estatal ferroviario y terrestre de cercanías, rodalíes y media distancia. El Estado bonificará el 30% del transporte público urbano e interurbano para todas aquellas Comunidades Autónomas o ayuntamientos que bonifiquen, a su vez, el 20% del precio.

Se prorrogarán durante todo 2023 las bonificaciones para transporte de viajeros por ferrocarril incluyendo la gratuidad en cercanías y media distancia. Asimismo, desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio, se amplía del 50% al 100% la bonificación del billete multiviaje de autobús para las líneas competencia del Estado.

Adicionalmente, se incluyen ayudas específicas para los sectores más dependientes de los precios de los carburantes como transporte, agricultura y pesca.

Para los transportistas que usen gasóleo profesional se establece una ayuda de 20 céntimos durante tres meses y de 10 céntimos por un periodo adicional de tres meses que se gestionará como devolución mensual por parte de la Agencia Tributaria.

Para los titulares de una autorización de transporte (autobuses, taxis, ambulancias, VTC y mercancías) se establece una ayuda directa por el consumo estimado para seis meses, que será de 300 a 3.690 euros.

Para el sector agrario se aprueba una ayuda extraordinaria y temporal hasta el 30 de junio para los titulares de explotaciones agrarias de hasta 20 céntimos por cada litro de gasóleo adquirido en 2022 y destinado exclusivamente al uso agrario por el que el beneficiario obtenga la devolución de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Para el sector de la pesca, se establece una ayuda directa a los pesqueros en función del caladero (nacional o internacional), la modalidad y la eslora del barco. Las ayudas irán desde 1.100 euros hasta 300.000 euros por barco.

También para ambos sectores se aprueban ayudas adicionales con el objetivo de reducir la incidencia en los precios de los alimentos del aumento de los costes de producción derivados del alza de precios de los fertilizantes. Para ello, se articula una ayuda directa por el uso de fertilizantes que se calculará por hectárea en función del tamaño de la explotación y del tipo de cultivo. Finalmente, se prorroga durante seis meses la exención de las tasas pesqueras.

Para las industrias gas intensivas se aprueba una línea específica, con una dotación de 500 millones de euros, dentro de la Línea de Avales de Ucrania gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la que las empresas gasintensivas dispondrán de préstamos con un aval de hasta el 90% para mitigar sus actuales problemas de liquidez y avanzar en la descarbonización y eficiencia energética de este importante sector, en línea con la puesta en marcha del nuevo PERTE de Descarbonización de la Industria. Además, se establece un esquema de ayudas directas por 450 millones de euros para aquellas empresas que han sufrido un mayor impacto de la subida del precio del gas, como las del sector cerámico.

Asimismo, se prorroga hasta el 30 de junio de 2023 la reducción del 80% de los peajes para los consumidores electrointensivos, para seguir garantizando la competitividad de esta industria. Se amplía también hasta junio el tope al precio del Gas Licuado del Petróleo y del gas butano, y se prorroga durante el invierno 2023-2024 la exención de los cánones de almacenamientos subterráneos del gas.

Medidas peajes autopistas

El Gobierno aprueba limitar al 4% la subida de los peajes de las autopistas en 2023.

El objetivo es mitigar el año que viene el alza de las tarifas del 8,4% por el IPC y el efecto de las revisiones extraordinarias en las autopistas: AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.

Medidas de apoyo para afectados por el volcán de La Palma

La norma aprobada incluye también diversas medidas para seguir ayudando a los ciudadanos y empresas afectados por la erupción del volcán de La Palma. En concreto, se mantiene la moratoria de préstamos hipotecarios y no hipotecarios para los afectados que la hubieran solicitado, limitada a seis meses.

Se prorrogan hasta el 30 de junio los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) derivados de las situaciones de fuerza mayor provocadas por la erupción del volcán, y se incluyen como posibles beneficiarios de las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual no solo a los propietarios sino a los titulares del usufructo sobre la vivienda.

Se prorroga a su vez la prestación para trabajadores autónomos hasta junio de 2023.

Apoyo a los afectados por incendios forestales

Los daños personales provocados por los incendios forestales del pasado verano en hasta 15 comunidades autónomas, las cuales fueron declaradas 'Zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil', recibirán respaldo a través de diversas medidas fiscales. Se trata de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Esto se ejecutará a través de la aprobación de beneficios fiscales, como la exención de cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ayudas.

A esto hay que sumar la reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia directa de los mencionados incendios. Una medida que tendría que ser autorizada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras los informes preceptivos presentados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Otras medidas económicas

Finalmente, el Real Decreto-Ley contempla otras medidas de ámbito económico dirigidas a garantizar la viabilidad y competencia de las empresas españolas.

Se prorroga durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024 la moratoria contable, es decir, la no consideración de las pérdidas sufridas en 2020 y 2021 como causa de disolución por pérdidas prevista en la Ley de Sociedades de Capital, con el objetivo de permitir que las empresas viables puedan disponer de un plazo suficiente y definitivo para normalizar su situación.

Finalmente, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones provenientes de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, que se aplica a las empresas cotizadas y no cotizadas cuando la inversión supera los 500 millones de euros y suponga una participación superior al 10% de la sociedad adquirida.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DESINVERSIÓN POR PARTE DEL FROB

El Consejo de Ministros el Acuerdo por el que se amplía el plazo de desinversión por parte del FROB de los instrumentos a los que se refiere el artículo 31.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Con este acuerdo, se prorroga hasta diciembre de 2025 la fecha límite para la venta de la participación que mantiene el FROB en la entidad Caixabank.

Esta ampliación persigue asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de recuperación de la participación del Estado y respondiendo así al objetivo último de proteger el interés general.

El proceso de desinversión debe tener en cuenta el contexto actual de incertidumbre y elevada volatilidad en los mercados, así como el potencial de la acción de Caixabank para seguir evolucionando de manera favorable, en un entorno de tipos de interés al alza.

Actualmente el FROB mantiene una única participación activa, que se inició en 2013 con la adquisición, a través de BFA, del 68,69% de Bankia. Tras la fusión por absorción por Caixabank, el FROB obtuvo una participación de 16,12% en el capital de Caixabank. Tras la finalización del programa de compra de acciones y la reducción de capital aprobada ayer por la entidad, esta participación se sitúa aproximadamente en el 17,3%.

Esta será la cuarta ampliación del plazo inicial de venta que se realiza. La primera se aprobó en diciembre de 2016, la segunda en 2018 y la última en febrero de 2021, con una extensión del plazo de desinversión hasta diciembre de 2023. Con el acuerdo de Consejo de Ministros se ampliará la fecha actual hasta diciembre de 2025.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

El Consejos de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, una revisión integral de la normativa española en esta materia alineada con los objetivos de la Unión Europea y que permitirá avanzar en la implantación de la economía circular y alcanzar los nuevos objetivos de reciclado de envases para 2025 y 2030.

Además de estos objetivos, este nuevo real decreto persigue transponer y aplicar la Directiva de la UE sobre envases de plástico de un solo uso; impulsar la prevención en la producción de residuos de envases y su reutilización y alcanzar los objetivos de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso establecidos en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y confirmar su cumplimiento, de cara al establecimiento del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR).

Asimismo, también se desarrolla el régimen de responsabilidad ampliada del productor para todos los envases y residuos de envases, de forma que los productores afectados asuman el coste total de la gestión de estos residuos, teniendo en cuenta que la financiación que aporten los productores debe hacerse con criterios de economía circular.

Al mismo tiempo, se establecerán mecanismos para incrementar la transparencia en la información de envases y residuos de envases, y un adecuado seguimiento y control de las obligaciones sobre puesta en el mercado de productos y gestión de sus residuos por parte de los productores de productos y organizaciones del sector.

Para ello se crea la sección de envases en el Registro de Productores de Producto, en el que todos los productores deberán inscribirse y al que deberán remitir anualmente información sobre la puesta en el mercado de envases, la gestión de sus residuos y la gestión financiera de los sistemas.

Durante su tramitación, el real decreto ha recibido observaciones por parte de los sectores y departamentos ministeriales implicados tras haber sido sometido a información pública, que han sido atendidas en amplio porcentaje y ha obtenido dictamen favorable del Consejo de Estado. Así, el documento está alineado con la normativa comunitaria en prevención y reutilización y es plenamente coherente con el grado de ambición del Reglamento comunitario en la materia. Del mismo modo, este paquete normativo forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con su aprobación se da cumplimiento completo al hito 178 del mismo.

Objetivos de prevención y reducción de residuos

Entre las principales novedades que presenta el texto final del real decreto se incluyen medidas orientadas a la prevención de residuos. Así, establece objetivos nacionales de carácter orientador, que no son aplicables de forma sectorial ni a un tipo específico de producto envasado. En cuanto a los objetivos cuantitativos de reducción coinciden con los establecidos en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aplicados a este flujo de envases, y marca un objetivo para 2030 de reducción del 20% para las botellas de plástico de un solo uso respecto a los niveles de 2022.

Fomentar la venta a granel de alimentos

Por su parte, los comercios minoristas de alimentación deberán adoptar las medidas necesarias para presentar a granel aquellas frutas y verduras frescas que se comercialicen enteras. Esta obligación no se aplicará a las frutas y hortalizas envasadas en lotes de 1,5 kilogramos o más, ni a las frutas y hortalizas que se envasen bajo una variedad protegida o registrada o cuenten con una indicación de calidad diferenciada o de agricultura ecológica, así como a las frutas y hortalizas que presentan un riesgo de deterioro o merma cuando se venden a granel, las cuales se determinarán por orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto.

Una vez publicada esta lista, los comercios dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar la venta de las frutas y hortalizas que no entren en estos supuestos.

Para fomentar la venta a granel de alimentos, especialmente en aquellos casos en los que el envase no aporta ningún valor añadido al producto, los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 metros cuadrados destinarán al menos el 20% de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables.

Aumento de envases reutilizables

En esta línea, también se han incluido medidas para fomentar el aumento de la proporción de envases reutilizables comercializados y de los sistemas de reutilización de envases de forma respetuosa con el medio ambiente y de conformidad con el Tratado de la UE, sin comprometer la higiene de los alimentos ni la seguridad de los consumidores.

Así, los comercios minoristas de alimentación que vendan a granel alimentos y bebidas deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables por parte de los consumidores, que serán los responsables de su acondicionamiento y limpieza. Estos recipientes podrán ser rechazados por el comerciante si están manifiestamente sucios o no son adecuados, quedando exentos de la responsabilidad por los problemas de seguridad alimentaria que se pudieran derivar de la utilización de los recipientes aportados por los consumidores.

La reutilización de envases de bebida en el canal doméstico implicará un ahorro de costes, derivado por un lado de la menor fabricación de envases de un solo uso, y por otro de la desaparición de los costes de gestión de los residuos cuya generación se ha evitado.

Promoción de reciclado y marcado

De acuerdo con la directiva europea, el real decreto también fomentará la utilización de materiales obtenidos a partir de residuos de envases reciclados. En este sentido, establece porcentajes recomendados de plástico reciclado en los envases para 2025 y 2030, que sí serán obligatorios, por mandato comunitario, en el caso de las botellas de plástico de un solo uso.

Por otro lado, la norma dispone las obligaciones de marcado a partir del 1 de enero de 2025, un planteamiento que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) trasladó a los envasadores en 2021 para facilitar su adaptación voluntaria. Cabe señalar que la simbología del marcado queda a libre criterio del productor. Por otro lado, queda prohibido el marcado de envases con las palabras «respetuoso con el medio ambiente» o cualquier otro equivalente que pueda inducir a su abandono en el entorno.

Responsabilidad ampliada del productor

En cuanto a la Responsabilidad ampliada del productor (RAP), este real decreto establece la ampliación de las obligaciones a los productores que pongan en el mercado envases comerciales e industriales, hasta ahora exceptuados según la Ley de Envases y Residuos de Envases. Además, implicará distintas adaptaciones para los Sistemas colectivos de la RAP (SCRAP) de envases domésticos constituidos hasta la fecha.

En concreto, en los casos de cumplimiento colectivo de las obligaciones del productor, la contribución deberá estar modulada para cada tipología de envases similares, teniendo en cuenta la naturaleza y cantidad de material utilizado en su fabricación, su durabilidad, que se puedan reparar, reutilizar y reciclar, su superfluidad, la cantidad de los materiales reciclados que contengan, la presencia de sustancias peligrosas u otros factores que afecten a la facilidad para la reutilización, al reciclado de los residuos de envases o a la incorporación de materiales reciclados, entre otros. Y se deberá establecer en las contribuciones financieras a afrontar por los productores una bonificación cuando el producto cumpla criterios de eficiencia, o bien una penalización cuando el producto incumpla estos criterios.

Asimismo, la norma dispone que los SCRAP en materia de envases domésticos financiarán, además de los costes de gestión de los envases recogidos separadamente, los costes derivados de los residuos de envases recuperados de la fracción resto, de la fracción inorgánica de los sistemas húmedo-seco (cuando no aplique la excepción prevista en la Ley 7/2022, de 8 de abril) y de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PLAN DIRECTOR DE RED DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DE ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE) y los Criterios mínimos comunes para su gestión. Este plan se desarrolla con el doble objetivo de facilitar el funcionamiento de la RAMPE, creada en 2010, y construir una red capaz de aportar valor añadido a los espacios que forman parte de ella en términos de conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Una red de áreas marinas protegidas capaz de cumplir con estos objetivos contribuirá a lograr un océano más resiliente al cambio climático. Este plan está alineado con las leyes de patrimonio natural y biodiversidad y de protección del medio marino, así como con la normativa de ordenación del espacio marítimo y las directivas europeas.

Una red ecológicamente representativa y conectada

Este plan pretende promover una red ecológicamente representativa y bien conectada, que contribuya a la conservación favorable de sus especies, hábitats y ecosistemas, y asegure la compatibilidad de los usos y actividades que se desarrollen en estos espacios con los objetivos de conservación.

Para ello y entre otras medidas, se analizarán potenciales corredores ecológicos y de conectividad, ya sea por demarcación marina o a escala regional y global. También se desarrollarán proyectos piloto de adaptación de artes pesqueras o se evaluarán las interacciones y el impacto tanto de actividades pesqueras como no pesqueras (recreativas y turísticas, fondeos y navegación, actividades portuarias, acuicultura, energías renovables, vertidos o extracción de arenas y otros minerales), entre otros.

Coordinación, transparencia y participación

Asimismo, el Plan Director asegurará el despliegue de instrumentos de planificación para todos los espacios marinos protegidos de la Red y promoverá un sistema de zonificación armonizado a partir de una serie de recomendaciones que se deberán elaborar de acuerdo con la Estrategia de biodiversidad de la Unión Europea de aquí a 2030.

El plan reforzará además los órganos de gestión y coordinación entre administraciones a través de mecanismos bilaterales o multilaterales, como el grupo de trabajo de biodiversidad marina en el seno de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, construyendo así una estructura de gobernanza sólida y basada en la transparencia y la participación.

Por otro lado, se busca promover el intercambio de información y la transferencia de conocimiento mediante formación y acciones de sensibilización.

Sistema de evaluación periódica y comité científico

El plan reforzará también los mecanismos para el cumplimiento de la normativa mediante la colaboración entre administraciones para el uso coordinado y compartido de medios de vigilancia, así como el seguimiento de las actuaciones: los instrumentos de gestión contarán con un sistema de evaluación periódica de sus resultados, basado en indicadores objetivos y cuantificables que permitan evaluar el grado de cumplimiento.

El plan establece además la creación de un comité científico que funcionará como órgano consultivo de las direcciones generales de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de las comunidades autónomas cuando estas así lo soliciten.

Criterios comunes para los diversos espacios de la red

Las directrices contenidas en el Plan Director están sustentadas en el mejor conocimiento científico disponible y orientan su aplicación a escala de cada espacio marino protegido que voluntariamente se incorpore a la RAMPE. Constituyen así un denominador común de la gran diversidad de espacios marinos protegidos que integran la Red.

Destacan el desarrollo de medidas para el control y erradicación de especies exóticas invasoras. También la especial atención a las especies en régimen de protección especial y/o amenazadas, y a los hábitats más vulnerables, amenazados o en declive, según el convenio OSPAR o el Catálogo español de hábitats en peligro de desaparición.

Los espacios marinos protegidos incorporados a la RAMPE deberán clasificarse en función de sus objetivos de gestión, de forma que sean homologables internacionalmente, adscribiéndose al menos a una de las categorías de gestión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En los espacios protegidos en los que la pesca sea compatible, se regulará de forma que se asegure su compatibilidad con los objetivos de conservación, su persistencia en el tiempo y el mantenimiento de los valores culturales que representa.

En esta misma línea, los planes, proyectos y actividades que se realicen en los espacios de la RAMPE deberán garantizar que no supondrán el deterioro de los hábitats naturales y de las especies, así como que no se producirán alteraciones que repercutan en los valores naturales que hayan motivado la designación de estos espacios.

Gestión integrada y acorde con los escenarios climáticos

Los objetivos de la RAMPE deberán considerarse tanto en los planes de ordenación espacial marítima como en otras políticas sectoriales con incidencia en el medio marino. A su vez, la gestión de los espacios de la RAMPE integrará los nuevos escenarios derivados del cambio climático, considerando en el diseño de actuaciones criterios de adaptación a sus efectos.

Tanto la elaboración del Plan Director como la definición de los Criterios mínimos comunes de gestión se ha diseñado en el marco del proyecto LIFE IP INTEMARES ("Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español") y de manera participada con las comunidades autónomas y los agentes económicos y sociales. Los Criterios mínimos comunes han sido aprobados, asimismo, por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Compromisos internacionales de España

La protección del mar ha adquirido en los últimos años una relevancia creciente en todo el mundo asociada a la mayor sensibilidad de gobiernos y ciudadanos ante el progresivo deterioro del medio marino, que se ha plasmado en la adopción de acuerdos, convenios y normas tanto a escala internacional como regional y estatal.

Entre los compromisos internacionales adquiridos por España destacan los derivados del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), en especial el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que incluye las conocidas "metas de Aichi". Concretamente, la meta 11 establece que para 2020 al menos el 10% de las zonas marinas y costeras de mayor valor ecológico deberían estar protegidas, un objetivo que puede considerarse superado en el conjunto del mar territorial español.

Asimismo, destaca el compromiso adquirido para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la integran, con especial referencia al ODS 14 "Vida Submarina".

Además, entre los objetivos de la Estrategia de biodiversidad de la Unión Europea de aquí a 2030 que nuestro país ha respaldado figura la protección del 30% de la superficie marina de la Unión para 2030, en línea con el objetivo del nuevo marco global para la Biodiversidad aprobado el pasado 19 de diciembre en la COP15 de Biodiversidad, en Montreal.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PLAN ESTRATÉGICO ESTATAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 2030

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad 2030 para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad.

Este plan, que asume los principios fundamentales del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y su visión a largo plazo de "Vivir en armonía con la naturaleza" adoptado en la COP15, constituye una herramienta clave de planificación a la hora de definir objetivos y acciones para frenar el deterioro de nuestros ecosistemas, a desarrollar en la próxima década por la Administración General del Estado.

Así, adelanta los compromisos de España en la materia en el ámbito internacional y de la Unión Europea, en especial los derivados del futuro Marco global sobre la biodiversidad para el periodo posterior a 2020 del citado Convenio, y de la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad 2030 "Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas", adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2020.

El Plan Estratégico cumple con lo establecido en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad aprobada en 2007 y con el componente 4 (Conservación de la biodiversidad terrestre y marina) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Su desarrollo conllevará dos paquetes de inversiones de apoyo directo a cargo de este instrumento, con un primer presupuesto estimado a 2025 de 4 millones de euros.

Líneas de actuación y principales medidas

Entre las líneas de actuación prioritarias del Plan, se incluye la mejora el conocimiento sobre biodiversidad para la elaboración de estrategias y políticas eficaces de conservación, así como para su mayor consideración e integración en las políticas sectoriales.

Para ello, entre otras medidas, se implantará a partir de 2022 un Sistema nacional de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad en España que permita la obtención de información y la evaluación continua del estado de conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, de tal manera que en 2030 ninguna especie o tipo de hábitat de interés comunitario tendrá un estado de conservación desconocido.

También se avanzará en la valoración económica de los servicios de los ecosistemas de España, mediante el desarrollo e inclusión de un sistema de contabilidad nacional del capital natural.

Por otro lado, el plan promueve el desarrollo e implantación de la infraestructura verde y la conectividad y restauración ecológicas, en línea con las distintas Estrategias aprobadas. En conjunto, hasta 2030, se restaurará un 15% de los ecosistemas degradados.

También avanza en la consideración de las interrelaciones entre el cambio climático y la biodiversidad, a través de políticas de mitigación y adaptación y de soluciones basadas en la naturaleza; refuerza la lucha contra la contaminación: acuática y terrestre, pero también lumínica, acústica y atmosférica.

En protección y conservación de la naturaleza, se marca el objetivo de que al menos el 30% de las especies y hábitats que en la actualidad no presentan un estado favorable alcancen ese estado o muestren una decidida tendencia positiva de aquí a 2030. Presta además una atención especial a la conservación de los polinizadores e impulsa acciones de prevención, alerta temprana, control y erradicación de especies exóticas invasoras.

El plan también contempla la integración de la geodiversidad y el patrimonio geológico en políticas sectoriales en materia de conservación del patrimonio natural, especialmente el patrimonio geológico de España más amenazado o en riesgo de desaparición. Para ello, se elaborará un Plan Nacional para Conservación del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad y se completará el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG).

En lo que respecta a espacios marinos protegidos, cabe señalar que se designarán nuevos espacios hasta alcanzar una protección del 30% de la superficie marina en 2030. Entre finales de 2023 y principios de 2024, se habrán declarado 8 nuevos espacios marinos protegidos Red Natura 2000.

Mantener y reforzar las acciones contra el delito ambiental es otra de las prioridades. También contribuir al crecimiento verde en España, favoreciendo la participación de todos los sectores de la sociedad e involucrando al sector privado y la sociedad civil; e intensificar acciones en materia de educación y comunicación sobre biodiversidad.

Diagnóstico y amenazas

El Plan Estratégico incluye un diagnóstico del patrimonio natural y la biodiversidad en España, uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea, y uno de los 25 enclaves con mayor biodiversidad del mundo. Alberga, según algunas estimaciones, más de 85.000 especies de animales, hongos y plantas. Esta cifra representa el 54% de las especies que habitan en Europa y cerca del 5% de las especies conocidas.

España es también uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que es posible encontrar mayores y más numerosas extensiones de territorio en un estado natural o seminatural. Alberga un total de 117 tipos de hábitats naturales de interés comunitario, lo que representa un 56% del total de los presentes en la UE.

La diversidad geológica del país también es muy variada, fruto de su evolución durante millones de años, que define los paisajes y ecosistemas que incluyen, junto a una gran variedad de ecosistemas terrestres, una muy destacada diversidad de tipos de humedales, así como una alta diversidad de ecosistemas marinos y costeros que incluyen zonas intermareales como playas, acantilados, sistemas dunares, marismas o estepas salinas.

España abarca cuatro regiones biogeográficas terrestres (Mediterránea, Atlántica, Alpina y Macaronésica) y tres regiones marinas (Atlántica, Macaronésica y Mediterránea). Esta diversidad biogeográfica ha favorecido el desarrollo de una gran diversidad de comunidades faunísticas y florísticas.

El plan también identifica las principales presiones y amenazas sobre el patrimonio natural y la biodiversidad: cambios de uso del suelo, incendios forestales, sobreexplotación de recursos naturales, desertificación y degradación de las tierras, efectos del cambio climático, aumento de especies tóxicas invasoras, contaminación o comercio ilegal de fósiles y minerales.

Participación pública

En su elaboración, este plan se ha sometido a consulta de las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla en el ámbito de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Posteriormente, se ha aprobado en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Además, se ha impulsado especialmente la participación y consulta de la comunidad científica, los agentes económicos y sociales, y las organizaciones sin fines lucrativos que persiguen los objetivos de la ley, y ha sido informado por Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ASISTENCIA TÉCNICA A LA ENTIDAD CIDR PAMIGA

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza la donación para asistencia técnica vinculada a la entidad CIDR PAMIGA, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 1.000.000 de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. La operación propuesta por este Acuerdo se enmarca en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE) y en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010.

En este acuerdo se propone la concesión de una donación vinculada a la entidad CIDR PAMIGA, con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 1.000.000 de euros, con las siguientes condiciones:

  • Tipo de operación: Donaciones para asistencias técnicas, contemplado en las operaciones financiables del artículo 2.3.c) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del FONPRODE.
  • Entidad receptora: facilidad de asistencia técnica a CIDR PAMIGA
  • Importe máximo: 1.000.000 de euros.
  • Objetivo: proporcionar asistencia técnica directa e indirecta a las Instituciones Financieras que financian las cadenas de valor agrícolas en África Occidental.

La entidad conocida como CIDR PAMIGA se constituye en diciembre de 2019, fruto de la fusión del Centro Internacional de Desarrollo e Investigación (CIDR, por sus siglas en francés), con más de 50 años de experiencia elaborando programas de desarrollo socioeconómico adaptados a los contextos locales y nacionales, y PAMIGA, institución con más de 15 años experiencia prestando servicios técnicos y financieros para asesorar y apoyar a las instituciones de microfinanzas participativas en África subsahariana.

En el marco de una futura operación de financiación reembolsable a CIDR PAMIGA, actualmente en fase de diseño, se ha detectado como oportunidad la promoción de actividades complementarias para proveer asistencia técnica, directa e indirecta, a las Instituciones de Microfinanzas (IMF) y/o los IMF/bancos que son socios de CIDR PAMIGA y su plataforma digital Wi-Agri, y que financian a mujeres en el ámbito rural y/o a los productores agrícolas a través de cooperativas, aumentando su impacto social y medioambiental.

Estas actividades se financiarían junto con otras instituciones de desarrollo que ya apoyan a CIDR PAMIGA, como la Agencia Francesa de Desarrollo.

El apoyo a CIDR PAMIGA se dividiría en dos componentes:

  • Componente A: Hasta 600.000 euros se destinarían a fortalecer a 250 cooperativas compradoras de anacardos (75.000 pequeños productores beneficiados) en Costa de Marfil con el fin de digitalizar su gestión para, por un lado, incrementar su eficiencia, hacerlas más transparentes y orientadas al pequeño productor; y, por otro lado, mejorar su acceso al mercado, a insumos más respetuosos con el medioambiente, a asesoramiento a distancia y a educación financiera.
  • Componente B: Hasta 400.000 euros para el desarrollo de un proyecto de apoyo a mujeres del ámbito rural incluidas en la plataforma Wi-Agri en Costa de Marfil. El programa beneficiaría a 45.000 mujeres (productoras o trabajadoras agrícolas) que participan en las cadenas de valor agrícolas, a fin de que puedan acceder a los servicios financieros de ahorro y crédito de la plataforma e impulsar sus actividades de producción y transformación agrícola.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010 y en el artículo 16.6 del citado Reglamento del FONPRODE, en la LI sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 15 de noviembre de 2022 se acordó, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, elevar al Consejo de Ministros la autorización para la concesión de la citada donación para asistencia técnica.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DONACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA A KUALI FUND

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la donación para asistencia técnica vinculada al vehículo de inversión de impacto KUALI FUND, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 2.000.000 de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. La operación propuesta por este Acuerdo se enmarca en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE) y en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010.

En este Acuerdo se propone la concesión de una donación para asistencia técnica vinculada al vehículo de inversión de impacto KUALI FUND, con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 2.000.000 de euros, con las siguientes condiciones:

  • Tipo de operación: Donaciones para asistencias técnicas, contemplado en las operaciones financiables del artículo 2.3.c) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del FONPRODE.
  • Entidad receptora: Facilidad de asistencia técnica del vehículo de inversión de impacto KUALI FUND.
  • Importe máximo: 2.000.000 de euros.
  • Objetivo: Brindar cooperación técnica a proveedores de servicios financieros (PSFs) y empresas innovadoras que reciban recursos de KUALI FUND.

KUALI FUND tiene como objetivo contribuir a la transformación de las economías de los países de América Latina y el Caribe (ALC) (mínimo 70% del Fondo) y la India (entre 20% y 30%), mediante el fomento de la adopción sistémica de las mejores prácticas climáticas por parte de proveedores de servicios financieros (PSFs), tales como pequeñas instituciones financieras, instituciones microfinancieras, cooperativas, otras instituciones financieras no bancarias y empresas FinTech.

Una parte esencial del valor añadido del KUALI FUND es la asistencia técnica. El impacto de las inversiones del vehículo de inversión de impacto se maximizará con el apoyo de una Facilidad de asistencia técnica (TAF, por sus siglas en inglés), que apoyará a las receptoras de financiación en la implementación de una estrategia verde, en la integración de riesgos y oportunidades verdes en sus sistemas y en el lanzamiento y expansión de productos y servicios verdes, entre otros.

La Facilidad de asistencia técnica (TAF), se estructurará de forma paralela al vehículo de inversión de impacto, y será gestionada por el propio gestor de KUALI FUND. La Facilidad se ha diseñado con un presupuesto total de entre 10.000.000 y 12.000.000 de euros. Además del FONPRODE, se espera que la TAF reciba financiación de la UE y del Fondo Verde para el Clima, para lo cual ya se están tramitando las respectivas peticiones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010 y en el artículo 16.6 del citado Reglamento del FONPRODE, en la LI sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 15 de noviembre de 2022 se acordó, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, elevar al Consejo de Ministros la autorización para la concesión de la citada donación para asistencia técnica.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO UNIVERSAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza la donación para asistencia técnica vinculada a la operación de crédito para la financiación del Programa de Saneamiento Universal en Localidades Costeras y Turísticas de la República Dominicana, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 2.000.000 de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. La operación propuesta por este acuerdo se enmarca en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE) y en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010.

En este acuerdo se propone la concesión de una donación para asistencia técnica vinculada a la operación de crédito para la financiación del Programa de Saneamiento Universal en Localidades Costeras y Turísticas de la República Dominicana, con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 2.000.000 de euros, con las siguientes condiciones:

  • Tipo de operación: donaciones para asistencias técnicas, contemplado en las operaciones financiables del artículo 2.3.c) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del FONPRODE.
  • Entidad receptora: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) de la República Dominicana.
  • Importe máximo: 2.000.000 de euros.
  • Objetivo: contribuir a la generación de capacidades para el saneamiento inclusivo y sostenible de localidades costeras de la República Dominicana, reforzar la capacidad institucional del INAPA y complementar las actuaciones financiadas en el marco del Programa de Saneamiento Universal en Localidades Costeras y Turísticas de la República Dominicana.

Mediante esta donación se pretende:

  • Financiar actuaciones complementarias muy necesarias no incluidas en el Programa de Saneamiento Universal en Localidades Costeras y Turísticas de la República Dominicana, en particular, un proyecto de conectividad de hogares vulnerables y edificios públicos (escuelas y centros de salud, entre otros), a través de la adecuación de instalaciones sanitarias con un enfoque de género y diversidad.
  • Financiar estudios de factibilidad para el saneamiento de dos localidades costeras y turísticas aún por determinar, previsiblemente en la franja costera de Boca Chica, con vistas a ampliar el alcance actual del Programa de Saneamiento Universal en Localidades Costeras y Turísticas de la República Dominicana en el medio plazo.
  • Reforzar la capacidad de la unidad de gestión que se conforme en el INAPA para la ejecución del Programa de Saneamiento Universal en Localidades Costeras y Turísticas de la República Dominicana, para garantizar la coordinación y coherencia de las actuaciones financiadas por la donación y aquéllas financiadas en el marco del programa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010 y en el artículo 16.6 del citado Reglamento del FONPRODE, en la LI sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 15 de noviembre de 2022 se acordó, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, elevar al Consejo de Ministros la autorización para la concesión de la citada donación para asistencia técnica.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ENTIDADES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autorizan contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 5.211.674,47 euros.

De acuerdo con sus prioridades políticas, España viene efectuando regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la lucha contra el terrorismo y el crimen internacionales.

Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza las contribuciones voluntarias de España a las siguientes organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por un importe global de 5.211.674,47 euros, con el siguiente desglose:

  • Contribución de 2.500.000 de euros a UNICEF para el Proyecto: Contextos humanitarios Ucrania y Afganistán (apoyo a las niñas). La agresión rusa representa una amenaza para la vida y el bienestar de los 7,5 millones de niños y niñas que viven en Ucrania y que arrastran graves traumas por la violencia que ven a su alrededor. Las armas explosivas en áreas urbanas pobladas y los remanentes de explosivos de guerra son un peligro para los niños en Ucrania. Más de mil niños han muerto o resultado heridos, según los informes que las Naciones Unidas han podido verificar, pero es probable que el número real de víctimas infantiles sea mucho mayor.

En el caso de Afganistán, el programa de acceso de las adolescentes a la formación docente (GATE) ofrece becas de dos años a candidatas a profesoras y ha ampliado el número de maestras en las escuelas. Por su parte, el programa de Aprendizaje acelerado (ALC) ofrece cursos diseñados específicamente para las adolescentes y jóvenes cuyas oportunidades educativas se vieron interrumpidas debido al conflicto, la distancia a la escuela, la falta de maestras o la falta de materiales y suministros de aprendizaje.

  • Contribución de 1.711.674,47 euros al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el Proyecto: Iniciativa "Grain From Ukraine". El PMA es la mayor organización humanitaria del mundo, que salva vidas en emergencias, fomenta la prosperidad y apoya un futuro sostenible para las personas que se recuperan de conflictos, desastres y los efectos del cambio climático. Según datos del PMA, el número de personas que sufren una situación de inseguridad alimentaria aguda ha pasado de 145 millones en 2019 a 349 millones de personas en 2022.

Como muestra del compromiso de España con la búsqueda de soluciones a la crisis de inseguridad alimentaria, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación anunció el 26 de noviembre una contribución de 2.700.000 euros a la iniciativa "Grains From Ukraine". Esta cifra se suma al Plan de Choque contra la Emergencia Alimentaria dotado con 12,7 millones de euros (10 millones de AECID y 2,7 de SEAEG).

  • Contribución de 1.000.000 euros a Naciones Unidas para el Proyecto: Programa de Oficiales Profesionales Jóvenes de Naciones Unidas (JPO). La relación de España con las Naciones Unidas sobre el programa de JPO se rige por el Acuerdo Administrativo para la provisión de expertos asociados, hecho en Nueva York el 27 de junio de 2016, y por el Acuerdo para la provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes firmado en Nueva York el 15 de diciembre de 2021.

Uno de los objetivos de la Estrategia de Acción Exterior de España 2021-2024 es incrementar la presencia de España en el Sistema de las Naciones Unidas, tanto en materia de personal (funcionarios y altos cargos), como en su participación en órganos electivos e influir en la definición de las políticas.

El programa elegido apuesta por la formación de jóvenes profesionales en la gestión de las relaciones internacionales dentro del ámbito multilateral y como camino hacia su eventual contratación fija por parte del Sistema de las Naciones Unidas

Con el programa JPO, se persigue tanto contribuir al trabajo de la Secretaria General de Naciones Unidas con un aporte de capital humano español, como formar españoles en el Sistema para que a su vez mejoren sus posibilidades de optar a posiciones de particular interés para nuestra acción exterior.

Esta contribución permite financiar los costes imprevistos y sobrevenidos correspondientes a los 24 meses de los JPOs españoles que ya desempeñan sus funciones en los respectivos puestos.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DONACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA A LA ENTIDAD COMPAGNIE TRANSNATIONALE D'INVESTISSEMENT, CTI

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza la donación para asistencia técnica vinculada a la entidad Compagnie Transnationale d'Investissement, CTI (Grupo COFINA), con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 1.000.000 de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. La operación propuesta por este Acuerdo se enmarca en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE) y en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010.

En este acuerdo se propone la concesión de una donación para asistencia técnica vinculada a la entidad Compagnie Transnationale d'Investissement, CTI (Grupo COFINA), con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 1.000.000 de euros, con las siguientes condiciones:

  • Tipo de operación: donaciones para asistencias técnicas, contemplado en las operaciones financiables del artículo 2.3.c) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del FONPRODE.
  • Entidad receptora: apoyo en concepto de asistencia técnica a las entidades del Grupo COFINA.
  • Importe máximo: 1.000.000 de euros.
  • Objetivo: apoyo a la profundización financiera y las finanzas verdes a través de las entidades del Grupo COFINA en la región de África Occidental (Costa de Marfil, Senegal, Malí, Togo y Burkina Faso).

La Compagnie Transnationale d'Investissement S.A., con sede social en Abiyán (República de Costa de Marfil), está presente con el nombre comercial de Grupo COFINA (Compagnie Financière Africaine) en ocho países subsaharianos: República de Costa de Marfil, República de Senegal, República de Mali, Burkina Faso, República Togolesa, República de Guinea, República del Congo y República Gabonesa.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 11 de octubre de 2022, autorizó la concesión de un préstamo por importe de 10.000.000 de euros a la Compagnie Transnationale d'Investissement. Al respecto, en el marco de la financiación anterior, el Grupo COFINA ha solicitado la concesión de una línea de asistencia técnica para apoyar su actividad en dos áreas fundamentales:

  • la profundización financiera dirigida a mejorar el acceso de la financiación de la mujer y del sector agropecuario desde la transformación digital y
  • las finanzas verdes inclusivas, con el objetivo común de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en los países de África Occidental (Unión Monetaria de África del Oeste)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010 y en el artículo 16.6 del citado Reglamento del FONPRODE, en la LI sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 15 de noviembre de 2022 se acordó, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, elevar al Consejo de Ministros la autorización para la concesión de la citada donación para asistencia técnica.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

FORMACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2021 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar 1978 (Convenio de formación de 1978) y a la parte A del Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Código de formación), adoptadas respectivamente mediante las Resoluciones MSC.486 (103) y MSC.487 (103).

El Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio de formación de 1978), hecho en Londres en 7 de julio de 1978, entró en vigor el 28 de abril de 1984. Fue el primero en establecer prescripciones básicas relativas a la formación, titulación y guardia para la gente de mar a nivel internacional y ha sido enmendado en diversas ocasiones.

El 13 de mayo de 2021, en el transcurso de su 103º periodo de sesiones, el Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptó por Resolución MSC.486(103) las "Enmiendas de 2021 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar 1978 (Convenio de Formación de 1978)" y por Resolución MSC. 487(103) las "Enmiendas de 2021 a la parte A del Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Código de formación)".

Conforme a la Resolución MSC.486(103), se incorpora una definición específica del término "alta tensión", con el fin de hacer una aplicación correcta de las normas de competencia que contienen formación de "alta tensión". Por su parte, la Resolución MSC.487(103) subsana una inconsistencia del apartado 3.1 de la sección A-I/1 del Convenio de Formación por no incluir la mención al cargo de "oficial electrotécnico" como parte del elenco de oficiales con responsabilidad operacional a bordo. Ambas enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2023, conforme lo dispuesto en el artículo XII 1) a) ix) del Convenio de formación.

De acuerdo con los informes de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 14 de noviembre de 2022, la entrada en vigor de estas enmiendas debe ser sometida a una toma de conocimiento por el Consejo de Ministros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36.2.b) de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO GIGA EN BARCELONA

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración Interadministrativo entre la Administración General del Estado -a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación-, la Administración de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, relativo al establecimiento y la financiación del Centro Tecnológico del proyecto GIGA en Barcelona.

GIGA es una iniciativa global promovida conjuntamente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Unión Internacional para las Telecomunicaciones (UIT) para conectar todas las escuelas y centros educativos de todo el mundo a internet.

La falta de conexiones adecuadas a Internet impide el acceso a recursos educativos esenciales, amplía la brecha digital y agrava la exclusión y limita las oportunidades para los niños más vulnerables. Así, las alianzas mundiales resultan especialmente necesarias para construir la infraestructura física imprescindible para prestar servicios de Internet en zonas de difícil acceso (áreas rurales y remotas) y para las poblaciones desfavorecidas, así como para facilitar la inversión, inclusión e innovación que requieren los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El proyecto GIGA tiene por objeto abordar estos desafíos y conectar los 2,5 millones de escuelas no conectadas del mundo para 2030.

UNICEF, UIT, el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona han trabajado conjuntamente para establecer el Centro Tecnológico GIGA en Barcelona, cuya candidatura fue aceptada por ambas organizaciones en mayo de 2022.

Actualmente, España y la UIT y UNICEF están negociando los respectivos Acuerdos de Sede que darán cobertura jurídica al establecimiento del Centro Tecnológico GIGA en Barcelona. Hasta su conclusión, se ha previsto un régimen provisional para que el centro pueda estar operativo en este ejercicio.

Con carácter previo, es preciso concluir un convenio de colaboración interadministrativo, de conformidad con lo expuesto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el objetivo de formalizar los compromisos asumidos a nivel político por los Gobiernos de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para acoger el Centro Tecnológico de GIGA.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DONACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ENTIDAD JAIDA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la donación para asistencia técnica para la entidad JAIDA, S.A., con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 1.000.000 de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. La operación propuesta por este acuerdo se enmarca en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE) y en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010.

En este acuerdo se propone la concesión de una donación para asistencia técnica para la entidad JAIDA, S.A., con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 1.000.000 de euros, con las siguientes condiciones:

  • Tipo de operación: Donaciones para asistencias técnicas, contemplado en las operaciones financiables del artículo 2.3.c) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del FONPRODE.
  • Entidad receptora: Apoyo en forma de asistencia técnica a la entidad JAIDA, S.A.
  • Importe máximo: 1.000.000 de euros.
  • Objetivo: Creación de productos para financiar y apoyar los ecosistemas de cooperativas en el Reino de Marruecos y extensión de la actividad de JAIDA, S.A. hacia la financiación de la economía social y solidaria en Marruecos.

JAIDA S.A. es una sociedad financiera del sector microfinanciero marroquí que opera desde Rabat. Se constituyó en 2007 y se encuentra sujeta a la regulación y supervisión del Banco Central del Reino de Marruecos (Banque Al Maghrib). La sociedad viene desempeñando un papel clave en el apoyo a la inclusión financiera en el país.

En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 11 de octubre de 2022, se aprobó el Acuerdo que autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de 20.000.000 de euros a la entidad JAIDA, S.A.

En el marco de la financiación anterior, JAIDA, S.A. ha solicitado la concesión de una línea de asistencia técnica para la puesta en marcha de 2 proyectos:

  • Proyecto 1: Creación de productos para financiar y apoyar los ecosistemas de cooperativas en Marruecos.
  • Proyecto 2: Extensión de la actividad de JAIDA, S.A. hacia la financiación de la economía social y solidaria en Marruecos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010 y en el artículo 16.6 del citado Reglamento del FONPRODE, en la LI sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 15 de noviembre de 2022 se acordó, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, elevar al Consejo de Ministros la autorización para la concesión de la citada donación para asistencia técnica.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la donación para asistencia técnica vinculada a la operación de crédito para la financiación del Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 1.000.000 de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. La operación propuesta por este acuerdo se enmarca en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE) y en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010.

En este acuerdo se propone la concesión de una donación para asistencia técnica vinculada a la operación de crédito para la financiación del Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos (RSU) en el Gran Santo Domingo, con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 1.000.000 de euros, con las siguientes condiciones:

  • Tipo de operación: donaciones para asistencias técnicas, contemplado en las operaciones financiables del artículo 2.3.c) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del FONPRODE.
  • Entidad receptora: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) de la República Dominicana.
  • Importe máximo: 1.000.000 de euros.
  • Objetivo: Refuerzo de la capacidad institucional del MIMARENA como autoridad rectora de la política nacional y la regulación de la gestión de RSU.

Mediante esta donación se pretende:

  • Dar apoyo al MIMARENA en la elaboración del Reglamento de Aplicación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, en concreto en el ámbito del reciclaje inclusivo y llevar a cabo proyectos piloto de reciclaje con enfoque de género en al menos tres municipios.
  • Reforzar la capacidad de la unidad de gestión que se conforme en el MIMARENA para la ejecución del Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo para garantizar la coordinación y coherencia de las actuaciones financiadas por la donación y aquéllas financiadas en el marco del Programa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.c) de la citada Ley 36/2010 y en el artículo 16.6 del citado Reglamento del FONPRODE, en la LI sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 15 de noviembre de 2022 se acordó, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, elevar al Consejo de Ministros la autorización para la concesión de la citada donación para asistencia técnica.

Defensa

ADQUISICIÓN DE TERMINALES TÁCTICOS DE COMUNICACIONES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la adquisición de 41 nuevos terminales MIDS LVT BU2 (Multifunctional Information Distribution System, Low Volume Terminal, Block Upgrade Two) por un valor estimado de 16.400.000 €.

La adquisición de estos nuevos terminales se realiza a través de un programa en el que participa España, junto con Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia.

Estos terminales tácticos de comunicaciones avanzadas, seguras y no interferibles permiten intercambiar informaciones tácticas entre diferentes unidades o plataformas militares en misiones conjuntas o combinadas de la OTAN.

Defensa

ADQUISICIÓN DE PROYECTILES DE ARTILLERÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de proyectiles de artillería de 155 mmm modelo "Excalibur", por el Ejército de Tierra. Este modelo de proyectil es el adecuado para obtener la necesaria precisión en los fuegos de artillería, y se adquirirán 153 unidades de esta munición por un valor estimado de 20.000.000 €.

El contrato se celebrará con el Gobierno de Estados Unidos.

Defensa

ADQUISICIÓN DE PROGRAMA AVIÓN ENTRENADOR PARA LA FORMACIÓN DE PILOTOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de suministro para la adquisición del programa avión entrenador del Sistema de Enseñanza Integrado para la formación de pilotos en la Fase I de la enseñanza en vuelo para pilotos (tercer curso en la Academia General del Aire) por un valor estimado de 248.460.000,00 euros.

Con esta adquisición se pretende sustituir la flota de aviones entrenadores Pillan E-26 TAMIZ en servicio desde hace casi 35 años, por unidades del modelo de aeronave PC-21 (E.27), para garantizar una mayor seguridad en vuelo, mejorar la calidad de la enseñanza al realizarse en un mismo tipo de aeronave las distintas fases de enseñanza, y con sistemas de aviónica más modernas.

Defensa

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES MILITARES DE CARROS DE COMBATE Y BLINDADOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de suministro para la adquisición de munición como refuerzo de las capacidades militares de carros de combate y blindados por un importe de 94.158.892,26 euros.

Este contrato pretende asegurar la existencia de stock de material y municiones para garantizar la ejecución de todo tipo de operaciones.

Con ello se busca cumplir no sólo con las diferentes misiones que tienen encomendadas las diversas unidades del Ejército de Tierra y los planes de instrucción y adiestramiento correspondientes, sino también con los apoyos internacionales comprometidos por España en el escenario geopolítico actual.

Defensa

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ACORAZADOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de repuestos para vehículos acorazados del Ejército de Tierra, cuya adquisición es vital para atender las necesidades operativas de las unidades y mejorar la disponibilidad operativa para llevar a cabo las misiones asignadas. El valor estimado del contrato es de 54.219.447,81 €.

Hacienda y Función Pública

TRASPUESTA LA DIRECTIVA DAC 7 PARA LA INFORMACIÓN FISCAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley General Tributaria con el objetivo de hacer efectiva la trasposición de la Directiva UE 2021/514 -conocida como DAC 7-, relativa a la cooperación en el ámbito de la fiscalidad, que tiene como principal novedad la obligación de intercambiar información con los otros países de la UE obtenida a través de los operadores de plataformas digitales.

Con esta trasposición se mejora la cooperación administrativa en la Unión Europea y se amplía dicha colaboración a nuevos ámbitos, con el objetivo de abordar los desafíos que plantea la digitalización de la economía y ayudar a las administraciones tributarias a recaudar los impuestos de una forma mejor y más eficiente.

En este sentido, se establece una nueva obligación de información respecto de los operadores de las plataformas digitales.

De esta forma, la norma no sólo traspone la DAC 7, como se preveía en el texto inicial, sino que implementa, en un contexto de fortalecimiento de la cooperación internacional entre autoridades tributarias, el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el intercambio automático de información sobre la renta obtenida a través de plataformas digitales en el ámbito de la OCDE, que ya fue suscrito por España.

Asimismo, con esa novedad normativa se implementa el "Modelo de Reglas de comunicación de información por parte de operadores de plataformas respecto de los vendedores en el ámbito de la economía colaborativa y la economía de trabajo esporádico" de la OCDE, que tiene un contenido similar a la DAC 7 y que se empleará para facilitar el intercambio de información a raíz del citado acuerdo multilateral.

La trasposición de la DAC 7 y la implantación del Modelo de Reglas se efectúa a través de la modificación de la Ley General Tributaria.

Además, al margen del régimen de la nueva obligación de información de los operadores de plataforma, la trasposición de la DAC 7 genera la necesidad de modificar esta Ley General Tributaria en diferentes aspectos. Así, se regula el régimen de las inspecciones conjuntas y determinadas cuestiones concretas de la presencia de funcionarios de otros Estados miembros en España y viceversa, así como los controles simultáneos.

Asimismo, respecto de la obligación de información y de diligencia debida relativa a cuentas financieras y la obligación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, se impone a los intermediarios obligados el deber de comunicar a todo interesado que sea persona física que la información sobre dicho obligado será suministrada a la Administración tributaria.

La DAC 7

La directiva traspuesta recoge el mandato de facilitar el intercambio de información fiscal obtenida a través de estos operadores digitales. Dicha norma comunitaria tiene como objetivo mejorar el marco existente para el intercambio de información y la cooperación administrativa en la Unión Europea, así como ampliar dichos fines en ámbitos nuevos, con el propósito de abordar los desafíos que plantea la digitalización de la economía y ayudar a las administraciones tributarias a recaudar los impuestos de una forma mejor y más eficiente.

En particular, la DAC 7 determina el establecimiento de un nuevo intercambio de información entre los Estados miembros de la UE, centrado en la información obtenida a través de los operadores de plataformas digitales.

Obligación de informar para los operadores digitales

El nuevo intercambio de información exige cambios a nivel reglamentario, que se efectuarán mediante un real decreto que tiene por objeto establecer las normas y procedimientos de diligencia que deberán aplicar determinados operadores de plataformas digitales, así como regular las nuevas obligaciones de registro e información de dichos operadores.

De esta forma, la ley prevé las características generales de la obligación de información y su desarrollo se efectuará reglamentariamente a través de un real decreto, y de la correspondiente orden ministerial que aprobará el modelo de declaración.

En concreto, la norma establece para los denominados 'Operadores de plataforma obligados a comunicar información' tres tipos de obligaciones:

  • Normas y procedimientos que deberán aplicar los operadores sobre los 'vendedores' para la obtención de determinadas informaciones, a fin de cumplir con el suministro de información a la Administración tributaria.
  • Obligación de registro en el censo.
  • Obligación de suministro de información a la Administración tributaria.

La obligación de suministro de información se establece para, una vez obtenida dicha información, intercambiarla con los Estados miembros de residencia del vendedor al que se refieren los datos y, en el caso de arrendamiento o cesión temporal de uso de bienes inmuebles, al Estado miembro en el que estuviera situado el bien inmueble.

En concreto, los operadores deberán aplicar los procedimientos de diligencia debida en relación con determinadas informaciones de los 'vendedores' que estarán sujetos a la comunicación de dichos datos. Se deberán verificar los citados datos, alcanzando especial importancia el esclarecimiento de la residencia del vendedor. Una vez obtenida esta información por el operador, éste deberá suministrarla a la Administración tributaria española, y para ello el operador deberá estar registrado censalmente ante la misma.

Exentos de la obligación de informar

La trasposición contempla que algunos operadores de plataformas digitales están excluidos de esta obligación de informar.

Se trata de aquellos que puedan demostrar que la información ha sido comunicada por otros operadores y los considerados como 'operadores de plataforma cualificados externos a la Unión', es decir, aquellos registrados en jurisdicciones no europeas a los que les resulta de aplicación tratados o convenios internacionales en virtud de los cuales dicha información se remite a todos los Estados miembros.

El proyecto de también prevé un régimen sancionador específico para estas obligaciones de información.

Información que se debe comunicar

La nueva normativa apunta que el operador de plataformas digitales deberá comunicar diversos datos relativos a las actividades económicas, denominadas "actividades pertinentes", en las que medien los operadores a través de las plataformas digitales que gestionan, poniendo en contacto a los vendedores de bienes o prestadores de determinados servicios, denominados "vendedores", y los usuarios de dichas plataformas. En este caso, existen una serie de vendedores excluidos de esta información, como son las entidades consideradas administraciones públicas y las entidades cotizadas.

Asimismo, serán objeto de suministro de información aquellas actividades determinadas expresamente por la DAC 7 consideradas como "actividades pertinentes", que son las de arrendamiento y cesión temporal de bienes inmuebles y medios de transporte, servicios personales y venta de bienes.

Se deberán suministrar datos como la identificación de los propios operadores y vendedores; actividades desarrolladas por éstos; contraprestación satisfecha al vendedor e identificación de las cuentas utilizadas para el cobro de la misma; tributos, comisiones, tarifas y otras cuantías retenidas o cobradas por el operador, entre otros datos.

La declaración deberá ser objeto de presentación durante el mes de enero del año siguiente al que se refiere la información.

Inspecciones conjuntas

Otra de las novedades que recoge la ley es la regulación de las denominadas 'inspecciones conjuntas' a nivel europeo.

También ciertos aspectos de la presencia de los funcionarios españoles en otros Estados, y a la inversa, así como de los controles simultáneos. De esta forma, la normativa define el concepto de inspección conjunta y establece que, con carácter general, la regulación aplicable será la española propia del régimen de las actuaciones de inspección, salvo que las actuaciones se desarrollen fuera de España, en cuyo caso, se aplicarán las disposiciones del Estado miembro donde se desarrollen.

Ello nunca implicará que los funcionarios españoles que actúen en ese otro Estado miembro puedan ejercer competencias no conferidas conforme a la normativa española.

Asimismo, para facilitar el desarrollo práctico de las inspecciones conjuntas, la Administración tributaria española y los Estados Miembros participantes deberán acordarlas y coordinarlas previamente, para lo cual se nombrará a un representante de la Administración española.

También se regulan las especialidades en este tipo de actuaciones y se deberá elaborar un informe final que recogerá las conclusiones de la inspección, que deberá tenerse en cuenta en posteriores procedimientos tributarios seguidos por la Administración tributaria española.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADO EL REGLAMENTO DEL IRPF PARA ADAPTARLO A LAS NUEVAS MEDIDAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica el Reglamento del IRPF en materia de retenciones e ingresos a cuenta para adaptarlo a las medidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que han sido aprobados por el Parlamento la semana pasada y serán los terceros de la legislatura que entrarán en vigor en tiempo y forma el 1 de enero, algo que no ocurría desde mediados de la pasada década.

En concreto, las cuentas públicas del próximo año elevarán, a partir de su entrada en vigor, la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo y el umbral a partir del cual resulta aplicable.

De esta forma, como consecuencia de esta medida, se incrementará el salario bruto anual a partir del cual se empieza a pagar el IRPF, desde los 14.000 euros anuales vigentes en la actualidad hasta los 15.000 euros anuales recogido en los PGE. Dicho incremento de la reducción se extiende a contribuyentes con una retribución bruta anual de hasta 21.000 euros, cifra que equivale al salario mediano en España. Es decir, este incremento de la reducción beneficia a la mitad de los asalariados.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 29.300.000 euros al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para apoyar la política industrial del sector de la automoción en Cataluña, en concreto al sector del vehículo eléctrico.

La Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha solicitado la citada transferencia de crédito.

En concreto, el objetivo es la implementación de programas de apoyo a proyectos de automoción vinculados al desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado, que faciliten a los fabricantes de vehículos el desarrollo de dicho ecosistema, y que cumplan criterios que avancen hacia la transición verde y la innovación del sector.

El Gobierno considera que España debe ser capaz de movilizar inversiones suficientes para el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos, como palanca esencial necesaria para seguir manteniendo su pujanza en este sector y no perder lo que sería equivalente a un 22% de la producción total de vehículos en 2018.

Tradicionalmente, Cataluña ha ocupado una posición líder en el sector de los vehículos comerciales, industriales, autobuses y autocares dentro de España.

Existe una necesidad de acelerar la descarbonización promoviendo un cambio radical en el sector de automoción, así como de intensificar los apoyos en una región de alto impacto que contribuirá de forma relevante a la consecución de ese objetivo.

Interior

MEJORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL DE EXTRANJEROS DE CARTAGENA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la ampliación de declaración de emergencia para la contratación de diversos suministros y servicios, y para la implementación modular de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en el puerto de Cartagena (Murcia), por importe de 1.771.163,80 euros. De esta forma, el Ministerio del Interior invertirá tal importe para trasladar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) a una nueva ubicación y mejorar la calidad de sus instalaciones.

El actual CATE de Cartagena nació gracias a una partida presupuestaria de 3.822.000 euros para mejorar los dispositivos de gestión de la llegada de inmigrantes, ya que en este tipo de instalaciones policiales se realizan las primera actuaciones de identificación y asistenciales.

No obstante, los terrenos sobre los que asienta este CATE se han visto afectados por un nuevo plan urbanístico que impide mantener la ubicación inicial, por lo que va a ser trasladado a una finca del término municipal de Cartagena perteneciente al Ministerio de Defensa, que ha cedido su uso al Ministerio del Interior.

Para realizar este traslado, la Secretaría de Estado de Seguridad ha ampliado la declaración de emergencia de la inversión inicial a otros 1.771.163,80 euros, partida que permitirá trasladar las instalaciones modulares hasta la nueva ubicación, ampliarlas con nuevos módulos y contratar los suministros y servicios necesarios para disponer de un centro donde acometer las funciones de identificación y asistenciales en las mejores condiciones.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE CARRETERAS 2018-2027 CON CANARIAS

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la firma de la segunda Adenda al Convenio 2018-2027 en materia de carreteras entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el Gobierno de Canarias. El nuevo texto incrementa un 22,7% el importe del convenio, suscrito en diciembre de 2018, hasta los 1.473 millones de euros, reajusta las anualidades de los pagos y modifica las actuaciones a financiar con los fondos.

A través de este convenio, el Gobierno de España se compromete a una aportación plurianual para la construcción de carreteras en la comunidad autónoma de Canarias entre 2018 y 2027. Dicho documento fue modificado por una primera Adenda rubricada el 18 de diciembre de 2019, para ajustar las anualidades a una planificación más realista de la ejecución de inversiones en el tiempo.

A continuación, el detalle de las modificaciones que introduce la segunda adenda:

  • Se incrementa la financiación a aportar por MITMA durante la vigencia del Convenio 2018-2027, para asumir el déficit de financiación derivado del Convenio 2006 por la parte que se encuentra pendiente de ejecutar a 31 de diciembre de 2022, que supone un importe de unos 273 millones de euros que se suman al presupuesto original del acuerdo de 1.200 millones de euros.
  • Se redistribuyen los remanentes derivados de la inversión no ejecutada de las anualidades 2020, 2021 y 2022 en las anualidades 2024, 2025, 2026 y 2027.
  • Se modifica el listado de actuaciones objeto de financiación, que incluye obras como las mejoras de seguridad en el Túnel de Los Roquillos en Hierro, la circunvalación Carrizal-Ingenio-Agüimes o la segunda fase de la remodelación del enlace GC-1 Ingenio (Las Puntilla-Burrero), en Gran Canaria; el acceso viario al Puerto de Gran Tarajal desde Cuchillete, en Fuerteventura; la variante de Vallehermoso, en La Gomera; la segunda fase del tramo La Grama -Aeropuerto - San Simón, en La Palma; la mejora conexión con Hospital de Lanzarote desde Circunvalación Arrecife, en Lanzarote, o la conexión con Puerto de los Cristianos, en Tenerife.
  • Se incorpora un nuevo anexo que contemple las actuaciones incluidas en el anterior Convenio de carreteras de 2006 cuya inversión se ejecute a partir del 1 de enero de 2023, en términos de obligaciones reconocidas.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MANTENIMIENTO DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ESTE

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar, a través de ADIF, los servicios de mantenimiento y premantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Este, en más de 450 kilómetros (km), en el ámbito de las bases de Requena y Monforte del Cid, en la Comunidad Valenciana.

El valor estimado del contrato asciende a 60,75 millones de euros (sin IVA), incluyendo posibles prórrogas, y cuenta con un plazo de ejecución inicial de cuatro años, entre 2023 y 2027. Con estas actuaciones se contribuye a la óptima conservación de las instalaciones ferroviarias, la seguridad de las circulaciones, la fiabilidad y el confort de los viajeros.

El contrato incluye el mantenimiento de los siguientes tramos con parámetros de alta velocidad: Torrejón de Velasco-València Joaquín Sorolla, Albacete-Alacant, Bifurcación Murcia-El Reguerón, El Reguerón-Murcia del Carmen, Bifurcación Vinalopó-Monforte del Cid, Bifurcación Joaquín Sorolla-Bifurcación Jesús (situada a la entrada de la estación Joaquín Sorolla).

También comprende los tramos, en la actualidad sin explotación, Bifurcación Xàtiva-Xàtiva, Xàtiva-Bifurcación La Teja, Bifurcación La Teja-Bifurcación La Oliva y Bifurcación La Teja-Bifurcación Aguaverde.

En todos ellos, se prevé el mantenimiento de los elementos de infraestructura y superestructura de la traza general, vías de apartado y secundarias, ramales de conexión, bases de mantenimiento, cambiadores de ejes y otras instalaciones.

Labores de conservación y mantenimiento

Las tareas e instalaciones objeto del contrato son las siguientes:

  • Superestructura: tanto vía sobre balasto como vía en placa.
  • Infraestructura: explanaciones, viaductos, túneles y otras estructuras.
  • Aparatos de vía: tanto desvíos como aparatos de dilatación en sus distintos tipos.
  • Bases de mantenimiento: edificios e instalaciones auxiliares.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MODERNIZACIÓN SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ALGECIRAS-ZARAGOZA A SU PASO POR CIUDAD REAL

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar, a través de ADIF, un contrato por 18,2 millones de euros para renovar la señalización de un nuevo tramo de la red ferroviaria convencional, el comprendido entre Herrera de la Mancha y Manzanares, de la Línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, a su paso por Ciudad Real.

Este trazado, de 13,7 km, forma parte de la autopista ferroviaria Algeciras (Cádiz)-Zaragoza que ADIF articula con diferentes proyectos para adecuar el recorrido al tipo de trenes que prestan estos servicios.

Su optimización también mejorará la conexión entre Madrid y Jaén, junto a las diferentes actuaciones que se acometen en la red ferroviaria de esta provincia andaluza, y contribuirá a impulsar el transporte ferroviario en tren, uno de los principales objetivos para avanzar en la descarbonización y sostenibilidad del transporte y la movilidad.

Además, el proyecto completa los trabajos que ADIF lleva a cabo para renovar la infraestructura, la vía y la electrificación en el trazado entre Alcázar de San Juan y Manzanares, ya contratadas por 45,3 millones de euros.

Renovación de señalización en red convencional

La instalación del sistema de Bloqueo Automático Banalizado (BAB) garantiza la distancia entre trenes, a través de señales, reforzando así la fiabilidad y la capacidad de circulación de la infraestructura.

Su implantación entre Herrera de la Mancha y Ariza se suma a las ya promovidas en otros tramos de la red convencional, como el que une Ariza y Calatayud (Zaragoza), también autorizado en el Consejo de Ministros, o la recientemente contratada entre Socuéllamos (Ciudad Real) y La Gineta (Albacete), de la línea Alcázar de San Juan-Albacete-Alicante.

ADIF tiene asimismo en contratación su instalación en varios tramos de diferentes líneas de la red de ancho métrico del País Vasco y Cantabria.

Bloqueo Automático Banalizado (BAB)

El sistema para garantizar la distancia entre trenes BAB permite la máxima operatividad en ambos sentidos en líneas de doble vía. Así, maximiza la capacidad de circulación, especialmente ante incidencias en una de las vías, frente al sistema que sustituye -el Bloqueo Automático en Vía Doble (BAD)-, que otorga un sentido de circulación preferente y restringe la capacidad de una vía.

La instalación de este sistema conlleva renovar todas las instalaciones de seguridad asociadas a la señalización: enclavamientos, sistemas de detección y protección de tren, señalización fija y luminosa e integración en el Centro de Control de Tráfico Centralizado.

Este trabajo contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9: promoción de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.

Financiación Europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN EN TÚNELES DE ALTA VELOCIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar, a través de ADIF, el contrato para la gestión integral de las instalaciones de protección civil en túneles de varias líneas de Alta Velocidad del centro y noroeste peninsular, con un valor estimado del contrato, incluyendo posibles prórrogas, de 13,4 millones de euros (sin IVA).

El contrato, con un plazo de ejecución de 48 meses, contempla el mantenimiento de las instalaciones de protección y seguridad de los túneles de las líneas Chamartín-Torrejón de Velasco, Madrid-Valladolid-León, Venta de Baños-Burgos y Olmedo-Zamora-Pedralba, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y operatividad.

En concreto, el contrato comprende las instalaciones de alumbrado, extinción de incendios, sistema integral de seguridad electrónica y sistemas de aireación/presurización en galerías y salidas de emergencia.

Asimismo, está previsto el mantenimiento de las instalaciones de señalización y balizamiento de emergencia, puertas de acceso a salidas de emergencia, oficinas, almacenes, galerías, cuartos y locales técnicos y sistemas de ventilación/extracción en oficinas, locales y salas técnicas.

Igualmente, se incluye la gestión integral de las instalaciones de sistemas de ventilación/sobrepresión en túneles, distribución de energía, sistemas de bombeo y sistemas de comunicaciones de emergencia, entre otras.

El contrato también prevé cualquier ampliación que se produzca en las instalaciones, debido a la puesta en servicio de nuevas líneas o tramos ferroviarios que tengan conexión directa con los tramos inicialmente contemplados o a cambios funcionales en esos tramos. Estas ampliaciones no podrán superar el 15% de kilómetros de túneles respecto al total incluidos en el contrato.

(tunel)

Tunel Chamartín-Atocha

Estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que persigue el fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SERVICIO AÉREO DE SALVAMENTO MARÍTIMO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de prestación del servicio aéreo de Salvamento Marítimo, sociedad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), por un valor estimado total de 270 millones de euros con un plazo de ejecución de 5 años desde la formalización del contrato.

El contrato incluye la prestación del servicio aéreo de Salvamento Marítimo desde 3 bases de aviones (Santiago de Compostela, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria), 7 bases donde se utilizan helicópteros de tipo mediano (Gijón, Santander, Reus, Palma de Mallorca, Valencia, Almería y Jerez) y 4 bases donde se utilizan helicópteros medianos y de gran porte (A Coruña, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife).

Además, recogerá entre los principales servicios la operación, el mantenimiento, repuestos para unidades, equipos de tierra como la compra de utillajes y del combustible.

Servicio aéreo rápido y eficaz

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima tiene encomendada la prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de control y ayuda del tráfico marítimo y de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino. Para poder cumplir con dichos objetivos, necesita de un conjunto de medios con los que poder atender cualquier emergencia que se produzca a lo largo de los 7.880 kilómetros de costa y en el millón y medio de kilómetros cuadrados de área de responsabilidad SAR asignada a España.

Este contrato permitirá mantener un servicio aéreo rápido y eficaz que opere y conserve las unidades, de forma que se garantice una respuesta inmediata, las 24 horas del día, los 365 días del año, en toda la zona de responsabilidad de salvamento que la sociedad tiene asignada.

(aviones)

(helicoptero)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA PARA CERCANÍAS ENTRE COLMENAR VIEJO Y SOTO DEL REAL

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a licitar, a través de ADIF, el contrato para señalizar el tramo entre Colmenar Viejo y Soto del Real, que formará parte de la prolongación de la línea C-4B de Cercanías de Madrid.

Esta actuación, que contempla una inversión estimada de 12,2 millones de euros (sin IVA), incluye la redacción del proyecto, la ejecución de las obras, así como las pruebas y puesta en servicio de las instalaciones de seguridad correspondientes a los aproximadamente 10 km de línea férrea entre ambos municipios, actualmente en desuso, que se pretende recuperar para el servicio de Cercanías.

El contrato, incluido en el Plan de Cercanías de Madrid y financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con un plazo de ejecución de 32 meses, de los que ocho corresponden a la redacción del proyecto y 24 meses a las obras y pruebas. El proyecto comprende las instalaciones de control, mando y señalización, energía y obra civil necesaria.

El objetivo de esta actuación es adecuar las instalaciones de señalización y telecomunicaciones existentes, así como disponer de nuevos sistemas y señales adaptados a las necesidades requeridas por la circulación de los trenes de Cercanías.

Apuesta por la mejora de la movilidad en Madrid

La línea C-4B de Cercanías finaliza actualmente en Colmenar Viejo, desde donde parte una línea en desuso que enlaza con Soto del Real. Adif ya ha licitado por importe de 25,4 millones de euros, las obras para recuperar y optimizar esta infraestructura y que pueda incorporarse a la red de Cercanías.

Con esta iniciativa se mejora y fomenta el transporte por ferrocarril mediante el impulso de la movilidad en el entorno metropolitano de la capital, facilitando la reducción de los tiempos de viaje, la optimización de la funcionalidad y la capacidad de la red, así como el aumento de la conectividad con otros modos de transporte.

Por otra parte, ADIF también ha licitado recientemente el contrato de asistencia para el control y vigilancia de las obras, tanto de la extensión de la línea entre Colmenar Viejo y Soto del Real como de la adecuación de las instalaciones de seguridad, que incluye trabajos previos a la ejecución de las obras, durante las mismas y para su puesta en servicio.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), en especial a sus metas 9.1 (desarrollar infraestructuras fiables) y 9.4 (modernizar la infraestructura).

(estacion)

Financiación Europea

Las actuaciones en infraestructura, vía y línea aérea de contacto de la ampliación de la red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real, así como de asistencia para el control y vigilancia de las obras y de afecciones a las instalaciones de seguridad cuentan con financiación europea a través del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU".

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CÁLCULO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA AUTOPISTA AP-7

El Consejo de Ministros ha aprobado la primera resolución del cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de la autopista de peaje AP-7 Circunvalación de Alicante, gestionada por Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) desde abril de 2018. Así, una vez concluido el trámite de audiencia, analizadas las alegaciones presentadas y obtenido el informe favorable de la Abogacía del Estado, se ha fijado en 306,9 millones de euros la compensación a abonar a la concesionaria Ciralsa por la liquidación de la infraestructura, que revirtió al Estado tras declararse en concurso de acreedores.

Al importe a pagar por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en esta fase, a cuenta de la liquidación final de la resolución definitiva, debe agregarse el interés correspondiente, según lo establecido en el Acuerdo de Interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de abril de 2019, y matizado en alguno de sus apartados por varias sentencias del Tribunal Supremo.

Cálculo

Siguiendo lo indicado en el citado Acuerdo de interpretación, se ha determinado que la RPA reconocida de esta autopista asciende a 320.802.865 euros. El importe es el resultado de la suma de la RPA por obras (276.622.329 euros) y por expropiaciones (77.843.370 euros), descontado el valor de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoración, la "perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad" (18.094.329,17 euros) y minorando las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración (15.568.504,77 euros).

Sobre la RPA reconocida se han de retener provisionalmente los importes para hacer frente expropiaciones pendientes de pago, de las que pueda tener que hacerse cargo la Administración, incluyendo las indemnizaciones previsibles por la reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesión de aprovechamientos urbanísticos. En esta fase la cifra asciende a a 18.870.598 euros.

Estas cantidades no son aún definitivas, y serán revisadas en las Resoluciones Complementaria y Definitiva, que se determinarán cada seis meses para tener en cuenta las situaciones pendientes de expropiaciones, motivo por el cual se ha retenido parte de la Responsabilidad Patrimonial calculada.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana continúa con la tramitación de los expedientes de cálculo de la RPA del resto de autopistas que se encuentran en fase de liquidación.

Concesión y liquidación

La autopista AP-7 Circunvalación de Alicante, fue adjudicada mediante Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero, a una agrupación de empresas que crearon la sociedad concesionaria "Ciralsa". Esta sociedad se declaró en concurso voluntario ordinario el 21 de junio de 2013, abriéndose la fase de liquidación el 14 de junio de 2017.

El contrato de concesión fue resuelto por acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 20 de julio de 2018, ordenándose al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tramitara el expedientes de liquidación del contrato, con la debida cuantificación del valor de la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MODERNIZACIÓN SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ALGECIRAS-ZARAGOZA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar, a través de Adif, un contrato para la renovación de la señalización de un nuevo tramo de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. En concreto, está previsto invertir otros 27,3 millones de euros (sin IVA) en la modernización 39,6 kilómetros (km) de la red ferroviaria convencional entre Ariza y Calatayud (Zaragoza).

Esta actuación sucede a la autorizada por el Gobierno este mismo mes de diciembre para también modernizar la señalización de la línea entre Guadalajara y Ariza, con lo que se completa la renovación de este sistema en todo el trazado de 188 km de red convencional entre Guadalajara y Calatayud, con una inversión global de unos 85 millones de euros.

Se trata de una línea que forma parte de la autopista ferroviaria Algeciras (Cádiz)-Zaragoza que Adif articula con diferentes proyectos para adecuar el recorrido al tipo de trenes que prestan estos servicios. Además, una parte también se incluye en la conexión entre Madrid y Soria, donde se aborda la renovación integral entre Torralba y la capital soriana.

El objetivo es, así, reforzar la fiabilidad y capacidad de la infraestructura para contribuir a potenciar el transporte ferroviario de mercancías en nuestro país. No en vano, el Gobierno tiene el objetivo de duplicar la cuota de mercado del modo ferroviario dentro del transporte terrestre.

Renovación de señalización en red convencional

La instalación del sistema de Bloqueo Automático Banalizado (BAB) garantiza la distancia entre trenes, a través de señales, reforzando así la fiabilidad y la capacidad de circulación de la infraestructura.

Su implantación ente Guadalajara y Calatayud se suma a las que ADIF está promoviendo en otros tramos de red convencional, como el que une Herrera de la Mancha y Manzanares (Ciudad Real), también autorizado en el Consejo de Ministros, o la recientemente contratada entre Socuéllamos (Ciudad Real) y La Gineta (Albacete), de la línea Alcázar de San Juan-Albacete-Alicante.

ADIF tiene asimismo en contratación su instalación en varios tramos de diferentes líneas de la red de ancho métrico del País Vasco y Cantabria.

Bloqueo Automático Banalizado (BAB)

El sistema para garantizar la distancia entre trenes BAB permite la máxima operatividad en ambos sentidos en líneas de doble vía. Así, maximiza la capacidad de circulación, especialmente ante incidencias en una de las vías, frente al sistema que sustituye -el Bloqueo Automático en Vía Doble (BAD)-, que otorga un sentido de circulación preferente y restringe la capacidad de una vía.

La instalación de este sistema conlleva renovar todas las instalaciones de seguridad asociadas a la señalización: enclavamientos, sistemas de detección y protección de tren, señalización fija y luminosa e integración en el Centro de Control de Tráfico Centralizado.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9: promoción de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.

Educación y Formación Profesional

NUEVO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del certificado de profesionalidad de Dinamización de actividades recreativas en parques de aventura en altura de la familia profesional de Actividades físicas y deportivas.

Se trata de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de cualificación, con una duración de 330 horas. Las competencias básicas incluyen el acompañamiento y guía de los usuarios durante las actividades en los parques de aventura en altura, así como la asistencia en caso de accidente o emergencia.

Los certificados de profesionalidad constituyen la oferta de grado C, descrita en la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Articulados en hasta tres niveles de competencia profesional y 26 familias, acreditan determinadas competencias para el desarrollo de una actividad laboral y se obtienen superando todos los módulos que lo componen o a través del reconocimiento de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

Con este nuevo certificado se amplían las ofertas diseñadas por el Ministerio (32 de las cuales son de nueva creación) dentro de la estrategia modernizadora de la Formación Profesional puesta en marcha por el Gobierno, que se enmarca en el Componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con el certificado aprobado, el sistema cuenta con un total de 585 certificados de profesionalidad.

Industria, Comercio y Turismo

MODIFICACIÓN DE LAS AYUDAS A LA PALMA POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica la concesión directa a la comunidad autónoma de Canarias de una subvención para la financiación de actuaciones en materia de promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

Se busca continuar implementando las medidas previstas en el Real Decreto 1112/2021, para hacer frente a la dimensión y magnitud de la catástrofe natural, provocada por la erupción el día 19 de septiembre de 2021, en la zona de Montaña Rajada de la isla de la Palma, lo cual justifica que la Administración General del Estado siga llevando a cabo actuaciones, con la mayor celeridad posible, dirigidas a reforzar la economía de la isla de La Palma durante los próximos años.

Entre las modificaciones, destaca la de clarificar los incentivos a la conectividad, el importe del bono turístico que pasa de 300€ a 250€, así como la ampliación de su plazo de ejecución en 2 años. En último término, se regula la posibilidad para que por parte de la comunidad autónoma de Canarias se pueda destinar hasta el 50% de la línea de apoyo al emprendimiento y a la creación de nuevas empresas (dotada con 10M€) para crear una línea de ayudas directas durante los ejercicios 2022 y 2023, que irá dirigida a compensar, las pérdidas soportadas por las pymes y personas trabajadoras autónomas en la isla de La Palma como consecuencia de las erupciones volcánicas, con ciertas condiciones.

Se espera que la norma tenga un impacto económico positivo en materia de promoción del turismo en la Isla de la Palma (Santa Cruz de Tenerife) y de la dinamización de las PYMES.

Industria, Comercio y Turismo

APROBACIÓN DEL PERTE DE DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial, cumpliendo con un compromiso de apoyar a la industria en su transición hacia modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente y contribuir al objetivo de neutralidad climática en 2050.

El proyecto prevé una inversión pública de 3.100 millones de euros que van a permitir movilizar hasta 11.800 millones de euros de inversión total. Las inversiones en descarbonización y modernización de la industria manufacturera impulsadas a través de este PERTE permitirán incrementar la competitividad del sector en alrededor de un 10% y supondrá la creación de unos 8.000 empleos. Además, se prevé una reducción de las emisiones que podría alcanzar los 13 millones de toneladas de CO2 al año.

De esta forma, este PERTE contribuirá a modernizar la industria española para afrontar con éxito la transición ecológica apostando por el fomento del uso de energías renovables, la reducción del consumo de gas natural en la industria, la protección del medio ambiente y el avance hacia la economía circular.

Esta prioridad del Gobierno está alineada con la Estrategia Industrial Europea y con el Plan REPowerEU para ahorrar energía, producir energía limpia y diversificar nuestros suministros de energía. También responde a la planificación que se está impulsando tanto en términos de inversiones a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como de agendas y reformas como el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de descarbonización a largo plazo 2050. Finalmente, el PERTE se engloba dentro del Plan +Seguridad Energética (Plan +SE) como parte de las medidas del Plan para mitigar el impacto en los precios de la energía, proteger a los consumidores y avanzar en una reducción estructural de la dependencia energética exterior, englobándose en el apoyo a la cadena de valor de la transición energética.

Objetivos del PERTE

El PERTE de descarbonización industrial tendrá los siguientes objetivos:

1.Descarbonización de los procesos de producción, permitiendo la viabilidad de las industrias en el medio y largo plazo.

2.Mejora de la eficiencia energética, mediante la incorporación en las industrias de las mejores tecnologías disponibles e implantación de sistemas de gestión energética.

3.Mejorar la competitividad del sector manufacturero. La industria manufacturera deberá hacer frente a un importante reto de reducción de emisiones y, para seguir siendo competitiva, será imprescindible apoyar las inversiones en descarbonización.

4.Promover la seguridad energética de España. La industria manufacturera es responsable del 30% del consumo de gas natural en España (del 59% si se excluye la generación de electricidad), por lo que la disminución de este consumo será fundamental para garantizar la seguridad energética de España.

5.Fomentar el uso de energías renovables. De esta manera será posible reducir las emisiones a la vez que se contribuirá a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

6.Fomentar la mejora del medioambiente apoyando la utilización de los subproductos y la valorización de los residuos para integrarlos en otros procesos y así reducir el impacto medioambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida.

7.Creación de empleo de alto valor añadido. La descarbonización de la industria estará acompañada por una mayor formación de los profesionales que tendrán las capacidades necesarias para poder implementar las tecnologías menos contaminantes.

Líneas para la descarbonización

El PERTE se basa en cuatro medidas transformadoras. En primer lugar, ayudas de actuación integral para la descarbonización, que incluye ayudas a la descarbonización de fuentes de energía con la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno; gestión energética integral de procesos industriales; reducción del uso de recursos naturales o la captura de carbono, entre otras líneas de actuación.

En segundo lugar, el PERTE recoge una línea de ayudas a empresas manufactureras participantes en el IPCEI sobre la cadena industrial del hidrógeno de origen renovable. En tercer lugar, se incluye el estudio y evaluación del desarrollo de un fondo de apoyo a los contratos por diferencias de carbono y realización de proyecto piloto.

Finalmente, se incluye una línea de apoyo al desarrollo de nuevas instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas. El objetivo es el apoyo de posibles proyectos de inversión de especial efecto tractor para instalaciones industriales que usen la mejor tecnología en descarbonización de sus sectores.

Además de las cuatro medidas transformadoras anteriores, que constituyen el núcleo del PERTE, existen medidas facilitadoras entre las que se incluyen las de carácter normativo, carácter formativo, fomento de la I+D+i, el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, fomento de la financiación a través del ICO, Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, Fondo Nacional de Eficiencia Energética, Activa Industria, 4.0, etc.

Los beneficiarios de este PERTE son los sectores de la industria manufacturera entre los que destacan los sectores de fabricación de productos minerales no metálicos (incluyendo cerámica, cemento, vidrio, entre otros), industria química, refino de petróleo, metalurgia y fabricación de papel y pasta de papel. A estas se suman las grandes instalaciones de combustión en otros sectores, con especial relevancia en la industria de alimentación y bebidas.

Las actuaciones previstas se ejecutarán entre los años 2023 a 2026, si bien los proyectos podrían finalizar posteriormente.

Distribución del presupuesto

La financiación vinculada a la línea de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera del PERTE descarbonización industrial será de 2.300 millones de euros, de los cuales 800 millones tendrán la forma de subvención y 1.500 millones se articularán en forma de préstamo, a ejecutar desde el año 2023 en adelante.

La financiación vinculada a la línea de ayudas a empresas participantes en el IPCEI de Hidrógeno será de 450 millones de euros en forma de subvención a ejecutar en el año 2023.

La financiación vinculada al estudio del fondo de apoyo a los contratos por diferencias de carbono y realización de un proyecto piloto será de 100 millones de euros.

La financiación vinculada al desarrollo de instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas consistiría en 150 millones en subvención y 100 millones en préstamos.

Gobernanza del PERTE

La multiplicidad de instrumentos en este PERTE requiere de un marco de gobernanza para maximizar las oportunidades de colaboración, la identificación de sinergias y el adecuado seguimiento del funcionamiento e impacto de los instrumentos.

Para ello, se articula un grupo de trabajo interministerial liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También se constituirá la Alianza del PERTE descarbonización industrial, un espacio de participación e interlocución con el sector privado que facilite la generación de sinergias para profundizar en la consecución de los objetivos de este PERTE.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CONTROL E INSPECCIÓN CONTRA LA PESCA ILEGAL

El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera lectura, el anteproyecto de ley de modernización del control y la inspección, y la lucha contra la pesca ilegal, para revisar y modernizar los sistemas de control e inspección como garantía del cumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC). Asimismo, con esa iniciativa se busca reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y clarificar y modernizar el régimen de infracciones y sanciones en materia pesquera.

La norma se articula con el objetivo de disuadir las operaciones de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para lo que se incluirán medidas para identificar a los infractores nacionales y para comprobar las actividades de aquellos que tengan relación con buques de terceros países que faenen fuera de las aguas comunitarias.

De igual forma, se pretende asegurar que los productos de la pesca importados en España y los exportados desde nuestro país hayan sido capturados con respeto a las medidas internacionales de conservación y ordenación, y que no proceden de la pesca ilegal.

Como novedad, la nueva norma establece la regulación, por separado, de planes de control e inspección anuales, e incluye las acciones a realizar para implementar la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías en los esquemas de control. También lleva a cabo una regulación más clara de las facultades de los servicios de inspección, las posibles colaboraciones con otras administraciones públicas y las obligaciones de los operadores del sector relativas al ejercicio de la pesca marítima.

Otra novedad del anteproyecto es la flexibilización del régimen sancionador y la armonización con el resto de los sistemas de cumplimiento de los Estados miembros de la Unión Europea. A través de esta reforma se contempla una nueva tipificación de las infracciones, introduciéndose un elemento de flexibilización en la tipificación de las conductas infractoras, mediante el establecimiento de una serie de criterios siguiendo así el sistema planteado en la reforma del Reglamento de Control en curso.

Tras la aprobación en primera lectura, el anteproyecto se verá enriquecido con las aportaciones de los distintos ministerios, las comunidades autónomas y el Consejo de Estado, así como de las organizaciones representativas de los sectores implicados. Posteriormente, el texto se consultará con el sector pesquero y se abrirá trámite de audiencia pública para que cualquier interesado pueda participar en la elaboración del proyecto, antes de su aprobación en Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.

Este anteproyecto de ley forma parte del paquete legislativo con el que el Gobierno pretende fijar los principios rectores de la política pesquera de los próximos años. Se suma al Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, actualmente en fase de tramitación parlamentaria en el Senado, y se complementará con una tercera ley destinada a la digitalización y ordenación del sector y la comercialización.

Agricultura, Pesca y Alimentación

ORDENACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula, por primera vez, la estructura del Registro General de la Flota Pesquera. La norma refleja las competencias y obligaciones de las comunidades autónomas y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con respecto al registro de buques de pesca y buques auxiliares, con el fin de garantizar la existencia, a nivel nacional, de un único registro que se constituye como uno de los principales elementos de la ordenación pesquera.

Además, el nuevo real decreto flexibiliza los requisitos, en lo relativo a la necesidad de aportar capacidad, para permitir la entrada de nuevos barcos en el registro o para la modernización de buques ya existentes. Todo ello con la finalidad de facilitar al sector estos trámites, haciéndolos más adaptables a las nuevas necesidades. La Política Pesquera Común regula la capacidad de pesca de los Estados miembros a través de la limitación de su capacidad medida a través de su potencia (medida en toneladas de arqueo bruto o gt), como medida para garantizar la sostenibilidad de la actividad.

Adicionalmente, el decreto establece un nuevo sistema de gestión de la capacidad, por el cual el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cederá capacidad pesquera para la construcción o modernización de buques con la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad y confortabilidad, así como la seguridad y la eficiencia energética de las embarcaciones.

El nuevo real decreto también mejora la gestión del establecimiento de puerto base de los buques de pesca, para lo que aclara los criterios para la autorización de los cambios de éste y agiliza el procedimiento de las autorizaciones temporales de uso de puertos distintos al base.

Con este real decreto se establece un nuevo marco normativo, claro y ágil, en el que se incorporan nuevas herramientas de ordenación y se flexibilizan las existentes con el objetivo de facilitar la adaptación de la flota pesquera a las nuevas necesidades del sector.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PROYECTO DE LEY DEL CINE Y DE LA CULTURA AUDIOVISUAL

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, así como solicitar su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. La norma, que se contempla dentro del 'Plan España, Hub Audiovisual de Europa', pretende impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; además de establecer tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

El principal de sus objetivos es fortalecer toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial, con especial atención a los sectores independientes por constituir elementos esenciales de la diversidad cultural. Asimismo, trata de dar respaldo a los autores y autoras, y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. También pretende impulsar mecanismos que mejoren la competitividad de las empresas y profesionales en el entorno internacional.

Tiene, además, la intención de garantizar la defensa de la competencia en el mercado audiovisual, la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales, así como el adecuado ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares. Y aborda la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual de una manera más amplia y acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital.

Para ello, la normativa se adapta a los profundos avances y transformaciones que ha experimentado el sector desde que entró en vigor la Ley actual en 2007, alineándose con la normativa europea en la materia. En este período, se han incorporado nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión, propios de un mercado global y de una sociedad caracterizada por la cultura y la economía digital. En el título de la ley se ha incorporado el concepto de 'cultura audiovisual' junto al de 'cine', al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales. Por lo tanto, se deja constancia, ya en el título, de la intención de ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad y adecuación del sector de la cinematografía y la cultura audiovisual a las transformaciones de la actualidad, el Consejo de Ministros estima necesaria la aprobación y entrada en vigor con la mayor celeridad posible. Así, la futura ley se adapta a las nuevas dinámicas del sector audiovisual, creando instrumentos que respondan a las necesidades, avances y retos de creadores, industria y públicos. Esta ley, junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, son reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo objetivo es fortalecer el tejido empresarial, mejorar el clima de inversión y consolidar a España como plataforma de inversión audiovisual y país exportador de productos audiovisuales.

Compromiso con la producción independiente

La ley busca apoyar y fomentar la diversidad cultural, esencial para un ecosistema audiovisual rico, diferenciado y competitivo de forma global. En este sentido, el proyecto de ley destaca por su compromiso con los sectores independientes y la autonomía creativa, y mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector. La definición aplica a las medidas de fomento del audiovisual que recoge el texto, que asimismo hace hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará mayoritariamente a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la ley de Comunicación Audiovisual.

De forma general, el proyecto de ley subraya la necesidad de ayudas públicas capaces de impulsar todos los aspectos del audiovisual. Se considera necesario apoyar todas las fases de creación y promoción de un proyecto (escritura, desarrollo, pre-producción, distribución…), así como se incide en apoyar también la exhibición; la internacionalización; la organización de festivales, premios, mercados y eventos profesionales; los proyectos de investigación, alfabetización cinematográfica y audiovisual y creación de audiencias; las actividades de formación; los nuevos formatos, nuevas tecnologías y actividades de I+D+i; o la conservación del patrimonio.

También como novedad, la ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.

Diversidad, igualdad y accesibilidad

El fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano se amplía a las lenguas reconocidas estatutariamente por las comunidades autónomas. Para el reconocimiento de la nacionalidad española se incluyen no solo las lenguas oficiales, sino también por primera vez, estas lenguas, así como las lenguas de signos españolas reconocidas legalmente. Se incluye, adicionalmente, como requisito para obtener la nacionalidad, el respeto a la jurisdicción y a la legislación española en materia de propiedad intelectual.

En lo referente al apoyo a las salas de cine, todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales.

El proyecto de ley presta especial atención a la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas. Por ejemplo, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas, pasa ahora a ser una obligación recogida en la ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción. Adicionalmente, se incluye que el ICAA a través de la Filmoteca Española, adoptará iniciativas destinadas a visibilizar la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

También se mantiene la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo): pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.

En su apuesta por un cine y un audiovisual universal, igualitario y accesible, la norma protege especialmente los colectivos con dificultades de acceso por discapacidad. Será requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad. Las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que les sea aplicable. También se incluye la obligación de cumplir con las condiciones de accesibilidad universal en la exhibición cinematográfica, al tiempo que plantea una mejora en la Filmoteca Española en la accesibilidad para la difusión de las obras cinematográficas.

Protección del patrimonio audiovisual

La ley incide en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Para ello, se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como integrante del Patrimonio Histórico Español. La Filmoteca Española se califica como Bien de Interés Cultural (BIC). Además de contemplar la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual, determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.

Creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual

En favor de la cooperación público-privada, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma. Se trata de una herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual. Compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones de los sectores, de la administración estatal, autonómica y local, y vocales de reconocido prestigio, abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias, entre otras.

Como novedad, se establece la obligación específica del ICAA de elaborar y publicar periódicamente un plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual, así como informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados y las estadísticas y estudios sobre la actividad del sector que se estimen necesarios y de interés para la ciudadanía.

Por otro lado, se incluye la declaración por parte de las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual (plataformas) de los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición. En esta segunda vuelta se ha concretado que la posterior regulación reglamentaria del sistema será la que determine los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados, y que se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

APLICACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete legislativo compuesto por ocho reales decretos que regulan la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo de programación 2023-27 y que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Con estos ocho nuevos reales decreto se completa el entramado legislativo necesario para implementar el plan estratégico nacional para la aplicación de la nueva PAC en España que le Comisión Europea aprobó el pasado 31 de agosto.

Las normas aprobadas se suman a la ley que regula el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas, que aprobó el Congreso de los Diputados el 15 de diciembre, y a los reales decretos de intervenciones sectoriales que se publicaron el pasado mes de octubre (frutas y hortalizas, vitivinícola y apícola).

La nueva PAC es una herramienta fundamental para asegurar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería españolas y de los territorios rurales donde se asientan. Los agricultores y ganaderos españoles recibirán en torno a 7.150 millones de euros anuales de ayudas procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Seis de los ocho decretos aprobados regulan cuestiones ligadas directamente con la gestión de las ayudas establecidas en el plan estratégico de la PAC. Los otros dos reales decretos (nutrición sostenible de suelos y uso sostenible de fitosanitarios) son de carácter regulatorio de la actividad agraria, de forma que, si bien no afectan a las ayudas de la PAC, sí contribuyen directamente a los objetivos establecidos en el plan estratégico y, por lo tanto, forman parte igualmente de su paquete normativo.

En total, el paquete legislativo de la PAC está formado por la ley y 18 reales decretos, de los que ya se han aprobado 15. Los tres que están pendientes de publicación se refieren a penalizaciones, potencial vitícola y bienestar animal, y no condicionan la entrada en vigor del plan estratégico.

Real decreto de gobernanza

El Real Decreto por el que se regula la gobernanza del plan estratégico de la PAC en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y FEADER establece la estructura administrativa y los procedimientos que permitirán la correcta ejecución del plan. La norma identifica a las unidades responsables y establece las funciones de los órganos de gobernanza del plan estratégico nacional (autoridades competentes y de gestión, organismo pagador y de certificación), al tiempo que da cobertura a la estructura descentralizada de gobernanza que operará en el ámbito autonómico.

Adicionalmente, este real decreto regula otros organismos como el Comité de seguimiento del plan estratégico y la Red Nacional de la PAC, que contribuyen al seguimiento de los resultados y a la difusión del plan. En ellos se da cabida al conjunto de interesados en el plan, y el Órgano de coordinación del sistema de conocimiento e innovación en agricultura, que interviene en la mejora de la interrelación en el ámbito de la innovación y la formación agroalimentaria.

También es objeto de este real decreto la coordinación interadministrativa para la gestión financiera de los fondos FEAGA y FEADER, así como para la ejecución de una serie de procedimientos en relación con la Unión Europea (UE), entre los que destacan, por su novedad y trascendencia, el examen bienal del rendimiento que llevará a cabo la Comisión Europea y la tramitación de las eventuales solicitudes de modificación del plan estratégico que se presenten para su aprobación.

Finalmente, el real decreto incluye disposiciones relativas a la gestión de instrumentos financieros como mecanismo de financiación en condiciones favorables que facilita el crédito en el sector primario.

Real decreto de intervenciones del plan estratégico, requisitos comunes y solicitud única

El Real Decreto sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del plan estratégico de la PAC, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control, regula las intervenciones en forma de pagos directos: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus pagos complementarios (pago redistributivo y pago a jóvenes agricultores y agricultoras), las ayudas asociadas y los ecorregímenes. Los ecorregímenes, que son una de las principales novedades de la nueva PAC, remunerarán a las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente mediante compromisos anuales voluntarios.

El texto define los beneficiarios, los requisitos y condiciones aplicables para su concesión, así como las asignaciones financieras y los importes unitarios planificados mínimo y máximo para cada una de las intervenciones, y la forma de calcular la ayuda.

Además, en este real decreto se regulan los requisitos comunes que afectan a todas las intervenciones del plan estratégico, como es el caso del de agricultor activo, y las definiciones relevantes para estas ayudas. Igualmente se establecen todas las disposiciones relativas al sistema de solicitud única del sistema integrado de gestión y control.

Real decreto de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad

El Real Decreto sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la PAC establece la normativa reguladora de la conversión de los derechos de pago básico actuales en los nuevos derechos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que estarán vigentes para el periodo de aplicación 2023-2027.

Este texto regula igualmente el nuevo modelo de 20 regiones que sirve de base para el cálculo del valor de los derechos, a lo largo de toda la programación, así como las disposiciones relativas a la reserva nacional y las cesiones de derechos.

Real decreto de condicionalidad reforzada

El Real Decreto por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social, establece el conjunto de obligaciones que deben cumplir los beneficiarios para poder percibir las ayudas de la PAC establecidas por superficie y animales, en el marco de los pagos directos, el FEADER y el Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

La condicionalidad reforzada establece requisitos en materia de medio ambiente, cambio climático, salud pública, sanidad vegetal y bienestar animal. Así, el real decreto incluye la relación de requisitos legales de gestión, que son obligaciones establecidas en la legislación de la UE, y desarrolla a nivel nacional 10 buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM), con el fin de contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible, atendiendo a los desafíos medioambientales y climáticos y la nueva arquitectura medioambiental de la PAC.

Respecto de la condicionalidad social, en el real decreto se establece el procedimiento a seguir, a partir de 2024, entre las administraciones involucradas con el objeto de conseguir una agricultura socialmente sostenible mediante una mayor concienciación en cuanto a las normas que afectan a las condiciones laborales, la seguridad y la salud de los trabajadores, así como las relativas a la utilización de los equipos de trabajo.

Real decreto de gestión de las intervenciones

El Real Decreto por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del plan estratégico y otras ayudas de la PAC desarrolla todos los aspectos del control que hasta ahora se regulaban en la normativa europea y que, con la nueva PAC, que aplica el principio de subsidiariedad en el marco del nuevo modelo de rendimiento, debe diseñar cada el Estado miembro. Todo ello respetando el principio de proporcionalidad y con el doble objetivo de proteger los intereses financieros de la UE y prevenir el fraude, y de reducir la carga administrativa para la administración y para los beneficiarios. Se incluyen para ello medidas de simplificación en la gestión, fundamentalmente mediante la modernización de las herramientas de control.

Real decreto del SIEX

El Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), regula los dos principales componentes de este sistema: el registro autonómico de explotaciones agrícolas (REA) y el cuaderno digital de explotación agrícola (CUE). El decreto fija el contenido mínimo de dichos componentes, así como el papel de las distintas autoridades competentes, los procedimientos para su cumplimentación y para la puesta a disposición de las herramientas informáticas necesarias y la interoperabilidad con las herramientas comerciales.

El SIEX tiene como objetivo crear un sistema, gratuito para los ciudadanos, que permita la integración de la información existente en los distintos registros de las administraciones competentes en materia agraria para avanzar en la simplificación de trámites para agricultores y ganaderos y en la digitalización del sector agrario. El desarrollo y aplicación del SIEX cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta herramienta contribuye al cumplimiento parcial y a la implementación de la inversión sobre "Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado" de "Modernización de las administraciones públicas" recogidos en el Plan de Recuperación y en el cual el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa en su cogestión con otros departamentos ministeriales.

Para la entrada en vigor de las obligaciones de este real decreto se establece un periodo transitorio, de manera que las explotaciones de menor tamaño no deberán cumplimentar sus datos en el CUE hasta el 1 de julio de 2024.

Real decreto de nutrición sostenible de suelos

Este real decreto responde al compromiso del Gobierno de avanzar en la fertilización racional de los cultivos, con el objetivo estratégico de aumentar o mantener la productividad de los suelos agrarios, a la vez que se disminuye el impacto ambiental de la aplicación de productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o materia orgánica, en línea con los objetivos de la Estrategia Europea De la Granja a la Mesa. Esta norma constituye una de las reformas contempladas en la "Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero" y comprometida por el Gobierno dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Como elemento central se establece la necesidad de tener en cuenta todas las actividades que aportan nutrientes a los cultivos, ya sea de forma intencionada o no, y las posibles vías por las que se pueden perder, buscando aportar sólo los nutrientes necesarios en el momento, cantidad, forma y lugar adecuados. Ello permitirá disminuir la emisión a la atmósfera de amoniaco, así como de gases con efecto invernadero y prevenir la contaminación de aguas por nitratos. Así, el proyecto de real decreto propone realizar un planteamiento global, que permita abordar consideraciones parciales de cada una de las diferentes fuentes de nutrientes y sus procesos en los suelos agrarios para optimizar su uso y reducir su impacto ambiental.

La norma establece buenas prácticas de fertilización, como son los requisitos generales de épocas de abonado, instrucciones respecto al apilamiento temporal de estiércoles o limitaciones al uso de la urea. Además, dispone medidas de mitigación según el tipo de material utilizado y dispone la necesidad de que los agricultores elaboren un plan de abonado, así como de que dispongan de un cuaderno de explotación electrónico y cuenten con asesoramiento técnico para una correcta aplicación de los fertilizantes. Destaca el cálculo de un balance de nutrientes que permita la elaboración de dicho plan, teniendo en cuenta todas las entradas y salidas de nutrientes en el suelo. El MAPA pondrá a disposición de los agricultores las herramientas necesarias para la implementación de algunas de las nuevas obligaciones como son el cuaderno digital o programas informáticos de recomendación de abonado.

Real decreto de uso sostenible de fitosanitarios

Con este real decreto se da un paso más en la estrategia en favor de un uso sostenible de los productos fitosanitarios en la que la agricultura española lleva tiempo avanzando, con la gestión integrada de plagas como elemento básico para conseguir el objetivo de reducción del impacto de éstos.

Este real decreto establece el libro electrónico de explotación, que permitirá conocer el uso de productos fitosanitarios con detalle y casi en tiempo real. Esta información detallada y cercana será clave para la toma de decisiones y permitirá enfocar los esfuerzos en el uso sostenible de los fitosanitarios solo en aquellos cultivos y explotaciones en donde sea necesario. De esta forma se evitará solicitar esfuerzos innecesarios a los agricultores que estén mejor alineados en esta filosofía de uso sostenible y gestión integrada de plagas.

Se trata de un modelo innovador en Europa que va a permitir además que los agricultores su nivel de riesgo de uso y de riesgo de productos fitosanitarios y compararlo con los niveles medios del país. Esta información debe ser clave para su toma de decisiones y para corregir de manera rápida las desviaciones.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REGULACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Con esta regulación, los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes, que superen los valores límite de contaminantes regulados, deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible, que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo, entre otras, el establecimiento de zonas de bajas emisiones.

Por ello el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) elaboró, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), unas Directrices para la creación de ZBE, con objeto de que las Entidades Locales pudieran emplearlas como guía para diseñar e implantar estas áreas. Estas Directrices fueron presentadas el pasado 19 de noviembre de 2021.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que recoge el establecimiento de estas zonas, se entiende por ZBE el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.

El desarrollo del real decreto aprobado define objetivos concretos y cuantificables en el ámbito de las zonas de bajas emisiones, que puedan ser convenientemente monitorizados y evaluados, y establece los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas en aspectos clave como extensión, la delimitación o las condiciones de acceso, aportando seguridad jurídica a particulares y empresas mediante una legislación homogénea en todo el territorio nacional.

Aspectos clave

Las ZBE deberán contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático y se velará porque las medidas asociadas al cumplimiento de estos fines promuevan el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el impulso del cambio modal y la promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte. Todo ello resultará en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de vida urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro, y fomentando la movilidad activa y la recuperación del espacio público.

Respecto a los objetivos de calidad del aire, los proyectos de ZBE deben comportar una mejora respecto de la situación de partida, y, en todo caso, asegurar el cumplimiento de los valores legislados. Además, el real decreto apunta, como fin último, al cumplimiento con la versión actualizada de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire, publicadas en 2021, que basándose en el conocimiento científico disponible, recoge los niveles de calidad del aire recomendados para la protección de la salud pública.

Con respecto a los objetivos de mitigación del cambio climático, las entidades locales deberán definir objetivos para 2030 medibles y cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en las ZBE, de modo coherente con los objetivos establecidos en el PNIEC, en particular, con el objetivo de reducción de la utilización del vehículo privado motorizado frente al resto de modos de transporte.

Siempre que se garantice el cumplimiento de los objetivos mencionados, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, tales como vehículos con los cuales se presten servicios públicos básicos, entre otros, servicios de emergencias o recogida de basuras.

La norma prevé también la necesidad de coordinación y cooperación permanentes entre administraciones, singularmente en los territorios insulares, áreas metropolitanas y en atención a la distribución urbana de mercancías. Asimismo, recoge la necesidad de facilitar medidas de participación de los diferentes agentes sociales y de señalizar las zonas de bajas emisiones.

Además, este real decreto establece que las entidades locales faciliten la instalación de puntos de recarga o suministro de combustibles limpios como el hidrógeno y puedan introducir medidas complementarias dentro del sector de la edificación, medidas para la sustitución de sistemas de calefacción, rehabilitación energética eficiente y fomento de sistemas de climatización sin emisiones. Del mismo modo, se podrán incorporar intervenciones en zonas urbanas de carácter adaptativo, como las orientadas a atenuar el efecto de isla de calor o el aumento de zonas verdes urbanas con especies adaptadas.

Por último, se prevé el régimen sancionador aplicable, remitiendo a la normativa de tráfico a estos efectos y un periodo transitorio de cuatro años para la adaptación a la nueva norma de los proyectos de ZBE establecidas con anterioridad a su entrada en vigor.

Participación pública

El texto del real decreto se ha sometido a participación pública entre el 21 de abril y el 13 de mayo de 2022. Se han recibido comentarios y propuestas procedentes de 157 particulares, asociaciones, empresas y entes públicos. También ha sido sometido al trámite de audiencia a comunidades autónomas, entidades locales y entidades representativas de sectores afectados, desde el 26 de abril hasta el 17 de mayo de 2022. Y se han recabado los informes de los ministerios concernidos.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ORDENACIÓN DE GRANJAS BOVINAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, que hasta ahora no contaban con una normativa nacional que regulase su ordenación sectorial, como sí ocurre con otros segmentos ganaderos como el porcino o el aviar. Este nuevo real decreto permite establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta en materia de bienestar animal, de bioseguridad y medioambiental, y apostando decididamente por un modelo de ganadería familiar.

El sector bovino ocupa la segunda posición por detrás del sector porcino en cuanto a importancia económica de las producciones ganaderas. La producción de leche y carne de vacuno representa más del 30% de la producción final ganadera en España.

La evolución del sector en los últimos años, su importante componente social y su elevada profesionalización e internacionalización, unidos a los nuevos retos en materia medioambiental, de bioseguridad y de bienestar animal, han hecho necesario el desarrollo de una normativa básica estatal que reúna todos estos aspectos. Además, los retos planteados en el marco de la nueva Política Agraria Común 2023-2027, y los desafíos del Green Deal y de las estrategias De la Granja a la mesa y de biodiversidad de la Unión Europea, justifican la necesidad de esta normativa.

La elaboración de esta ordenación se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto. Su objetivo es la adaptación del sector a los nuevos retos sociales, económicos, productivos y medioambientales de la producción bovina.

Para ello, y atendiendo al principio de proporcionalidad de toda norma, se establece una diferenciación entre los requisitos para las granjas de nueva instalación y las ya existentes. Estas últimas dispondrán de un período transitorio para el cumplimiento de determinados requisitos cuando ello sea necesario, así como de diferencias derivadas de su aptitud productiva.

El decreto clasifica las granjas en diferentes categorías en función de su tamaño, al objeto de modular las exigencias en los distintos ámbitos de actuación de la norma. El objetivo es que el grueso de las granjas ya existentes de carácter familiar no vea comprometida su competitividad en términos de costes adicionales.

Con el objetivo de conseguir un desarrollo armónico y ordenado del sector, basado en la sostenibilidad en todas sus acepciones y el mantenimiento del tejido productivo en el medio rural, evitando la deslocalización, se establece una capacidad máxima para las granjas de nueva instalación establecida en 850 unidades de ganado (el equivalente a unas 725 vacas de leche, por ejemplo).

Política Territorial

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón; y del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, de la Junta de Andalucía por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras.

Ambas normas tienen por objeto extender la aplicación de la revisión excepcional de precios prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, a otros contratos y a otros supuestos no contemplados en el mismo, ya que la normativa estatal solo permitía "únicamente en los supuestos que se contemplan en este Real Decreto-ley", una revisión excepcional de los precios de los contratos de obras del sector público, con la posibilidad de que las comunidades autónomas aplicaran la medida sí así lo acordaban.

Estas dos comunidades autónomas, adicionalmente, crean nuevos supuestos de modificación de los contratos no previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).

Se invoca el artículo 161.2 de la Constitución Española en ambos recursos a fin de obtener la suspensión de los preceptos impugnados, considerando también que no sólo se plantea una lesión competencial sino el riesgo de infringir el Derecho de la Unión Europea.

Normativa estatal incumplida

Las dos comunidades autónomas incumplen el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras y la Orden HFP/1070/2022, de 8 de noviembre, por la que se establece la relación de otros materiales cuyo incremento de coste deberá tenerse en cuenta a efectos de la revisión excepcional de precios de los contratos de obras prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.

Se trata de normativa estatal sobre modificaciones contractuales que es formal y materialmente básica, es decir, competencia del Estado.

Diferencia entre ambos recursos

En el caso del Decreto-ley 3/2022 de Aragón los preceptos que se impugnan extienden la revisión de precios, que la normativa básica únicamente admite para los contratos de obras, a los contratos mixtos, en la parte relativa a la obra, y a los contratos de servicios y suministros necesarios para la ejecución de obra pública. Además, amplía el periodo que se tendrá en cuenta para determinar los contratos a los que se aplica dicha revisión de precios, y extiende su aplicación a supuestos de incremento del coste de materiales, que no están contemplados en el Real Decreto-ley 3/2022.

En el Decreto- ley 4/2022 andaluz, los artículos que se impugnan contemplan la aplicación de la revisión precios a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras públicas, y a los contratos con certificación en 2021, aun cuando no estuvieren en ejecución a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2022, siempre que no se encuentren liquidados en dicha fecha. Además, extiende en su artículo 5 la aplicación de la revisión a otros supuestos en que el desequilibrio se produce como consecuencia del incremento de otros materiales, aludiéndose, con carácter expreso, al "incremento del coste de todos los materiales, excepto la energía", excediéndose así de los enumerados en el marco básico establecido al efecto.

Se considera que ambas normativas autonómicas vulneran el orden constitucional de distribución de competencias, que atribuye al Estado la regulación básica en materia de contratación (art. 149.1.18ª CE), al introducir una excepción a la aplicación de los principios de "pacta sunt servanda" y "riesgo y ventura del contratista", recogidos en los artículos 189 y 197 de la LCSP, ambos de carácter formal y materialmente básico. Cualquier excepción a su aplicación tendrá el mismo carácter materialmente básico, por lo que la competencia para establecer y regular tales excepciones sólo puede corresponder al Estado, conforme a la competencia exclusiva que en materia legislación básica de contratos tiene atribuida por el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española.

El Real Decreto-ley 3/2022, al establecer una revisión excepcional de precios cuando concurran determinadas circunstancias, regula una excepción a la aplicación de los principios "de riesgo y ventura del contratista" y de "pacta sunt servanda", de modo que cuando no concurran dichas circunstancias se aplicará la regla general. Por tanto, cuando el Real Decreto-ley autoriza a las CCAA para que puedan aplicar la excepción prevista, en ningún caso puede entenderse que las está habilitando para que puedan establecer otras excepciones más allá de las previstas en el mismo.

Negociaciones

Las negociaciones se iniciaron con Aragón en mayo y finalizaron en noviembre y con Andalucía en junio, terminando en octubre. En ambos casos, se celebraron los correspondientes grupos de trabajo y la Administración General del Estado mandó propuestas de acuerdo final. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se alcanzó un acuerdo. Ante la falta de acuerdo, una vez terminadas las negociaciones, se solicitó dictamen del Consejo de Estado, que ha sido favorable en ambos casos.

Como ministerio sectorial afectado, sólo ha participado en las negociaciones el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Problemas similares con otras comunidades autónomas resueltos

La revisión de precios en materia de contratación pública ha sido una materia que ha dado lugar a distintos procedimientos del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) dado que han sido varias las comunidades que han regulado esta cuestión.

Los acuerdos finales totales alcanzados en el seno del 33.2 LOTC son los siguientes (5 ya firmados y cerrados y uno pendiente únicamente de firma):

-GALICIA. Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

-EXTREMADURA. Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022.

-EXTREMADURA. Decreto Ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica.

-EXTREMADURA. Decreto Ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales.

-NAVARRA. Decreto Ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

-ILLES BALEARS. Decreto-ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania. Este último está aún pendiente de firma por ambas partes pero se ha cerrado ya la redacción definitiva del mismo.

Cifra global de conflictividad (acuerdos alcanzados) en esta legislatura.

En cómputo global, desde el inicio de la XIV Legislatura se han alcanzado un total de 134 acuerdos finales totales y 11 acuerdos finales parciales (con independencia de que el acuerdo de inicio se haya firmado o no en la presente Legislatura), haciendo un total conjunto de 145 acuerdos finales firmados en el seno del 33.2 LOTC.

Respecto a los recursos en esta legislatura, se han interpuesto 17 recursos por Presidencia del Gobierno (19 si se contaran estas dos propuestas) y 1 conflicto positivo, es decir, 18 impugnaciones por parte del Estado.

Las comunidades autónomas por su parte han interpuesto 10 recursos y 3 conflictos positivos (en total, 13 impugnaciones).

En concreto, en materia de revisión de precios, se van a interponer recursos contra Andalucía y Aragón pero se han alcanzado los 6 acuerdos finales totales señalados en el seno del artículo 33.2 de la LOTC.

Cultura y Deporte

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, así como su remisión a las Cortes Generales.

El objetivo del proyecto, cuya tramitación se inició por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de julio, es la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos como un organismo autónomo de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esta iniciativa se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una reforma a llevar a cabo dentro del proyecto de 'Refuerzo de los derechos de autor y derechos conexos' del Componente 24, relativo a la 'Revalorización de la Industria Cultural'.

La finalidad es reforzar la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual de manera eficaz, mejorando la estructura actual. Los derechos de autor y los derechos conexos son el sistema normativo clave sobre el que se sustentan el tejido de empresas y profesionales que configuran las industrias culturales y creativas, uno de los principales activos del sector cultural español.

Tramitación de urgencia

Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia para agilizar al máximo su aprobación, haciendo uso de la posibilidad prevista en los correspondientes artículos de los Reglamentos del Congreso y del Senado.

El acuerdo considera la importancia de garantizar la entrada en vigor de este proyecto de Ley en el menor plazo posible, tanto por su relevancia para el sector de la cultura, como por el avance de la tecnología digital.

De este modo, una vez aprobada la ley, durante el año 2023 podrán aprobarse los estatutos del organismo y dar cumplimiento a los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Necesaria modernización

En los últimos años, la actividad relacionada con la propiedad intelectual ha experimentado una constante expansión provocada por varias razones.

Por una parte, Internet y las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación pública y de reproducción de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos Por otra, la digitalización y la transformación de los usos de obras y prestaciones protegidas se están acompañando de nuevas formas de vulneración de estos, dando lugar a nuevas estrategias de piratería que aprovechan la combinación de funcionalidades que ofrecen las redes sociales.

Además, las plataformas de emisión en directo 'streaming' han revolucionado el consumo de contenido audiovisual y musical protegido por derechos de autor y derechos conexos, creando nuevos entornos de difusión de las creaciones culturales que exigen una adaptación constante de la legislación y de las herramientas al servicio de la protección de los mencionados derechos y de la promoción del sector basado en los mismos

Como consecuencia, el Estado ha ido sumando nuevas competencias de gran calado, como un mayor ámbito de supervisión y control de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual, las funciones de autoridad nacional en el ámbito de las obras huérfanas o las nuevas funciones de las secciones Primera y Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, como el procedimiento de bloqueo directo de las web 'piratas'.

Por otro lado, la actividad normativa europea e internacional también se ha multiplicado y España necesita tener una mayor y mejor presencia en los foros multilaterales de decisión en materia de propiedad intelectual.

Sector estratégico

La propiedad intelectual constituye un pilar fundamental de las Industrias Culturales y Creativas, que aportan un 3,4% al PIB nacional, según la Cuenta Satélite de la Cultura. El sector cultural constituye un sector estratégico de desarrollo social y económico, así como una herramienta de cohesión social y de proyección de una imagen positiva de España en el mundo.

Por ello, el Gobierno de España ha incluido a las Industrias Culturales entre las 10 políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por su capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo y por su efecto transformador de nuestro modelo productivo, hacia un ecosistema social y económico más verde, más digital, más cohesionado e igualitario.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES Y PRESTACIONES PÚBLICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto sobre la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2023. La subida, efectiva desde el 1 de enero, supone un incremento del 8,5% con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado.

Este aumento del 8,5% para 2023 es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada hace un año y acordada con los interlocutores sociales. De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

Con esta subida, el aumento de la pensión media de jubilación es de 107 euros al mes o de 1.500 euros al año y se situará en 1.367 euros mensuales. Para una pensión media de viudedad, el aumento será de 66 euros al mes o 930 euros al año. La pensión mínima para los hogares unipersonales se fija en 10.963,40 euros anuales (frente a los 10.103,80 de 2022) y de 13.526,80 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2022, era de 12.467 euros).

El Gobierno también ha acordado el incremento de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que será, de manera extraordinaria, del 15%, tal y como se dispone en el Real Decreto-Ley de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

El coste de la revalorización al 8,5%, estimado para el conjunto de 2023, es de 13.600 millones de euros. Si se añade la subida del 15% de las pensiones no contributivas y del IMV, esta cifra asciende a 14.500 millones de euros.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Mediante este real decreto se introducen cambios en determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal (IT) en los primeros 365 días de su duración, con el fin de agilizar trámites y eliminar obligaciones burocráticas que prolongan innecesariamente los procesos, lo que supone un importante beneficio para empresas, trabajadores y para los propios facultativos de los Servicios Públicos de Salud.

Así, en lo relativo a los partes médicos de bajas y altas, solo se entregará una copia a la persona trabajadora; se elimina tanto la segunda copia, como la obligación a la persona trabajadora de que sea ella quien que entregue esta copia en la empresa, entidad gestora o mutua. La comunicación entre las entidades emisoras y el INSS será telemática, evitando trámites que pueden resultar gravosos para personas que están en situación de incapacidad temporal y aprovechando las posibilidades de mejorar la eficacia y la eficiencia que brindan los avances en digitalización y tecnologías de la información.

Además, se aclara que, en los procesos de IT, los facultativos del Servicio Público de Salud, de la empresa colaboradora o de la mutua podrán fijar plazos de revisión médica inferiores a los señalados en el Real Decreto, en función de la evolución del proceso. Se trata así de evitar dudas interpretativas propiciadas por la redacción actual de la norma.

Universidades

ACTUALIZACIÓN DE LAS AYUDAS PARA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la ampliación de la cuantía destinada a la convocatoria de tramitación anticipada de ayudas para Formación del Profesorado Universitario correspondiente al año 2022 (FPU2022), integrada en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Movilidad del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener el Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 1.302.301,21 euros

Con este acuerdo se amplía en 1.302.301,21 euros el importe destinado a la convocatoria de ayudas para Formación del Profesorado Universitario correspondiente al año 2022, de conformidad con el artículo 10.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Esta actualización contempla la compensación del 1,5% en las retribuciones de los empleados públicos para el año 2022, lo que resulta en un importe total destinado a la convocatoria de .101.110.321,81 euros.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Director del Gabinete de la vicepresidenta p rimera del Gobierno

D. ANDRÉS VALVERDE ÁLVAREZ

Es letrado asesor del Banco de España desde el año 2016. Previamente, fue técnico de dicho organismo. Desde su incorporación en el Banco de España, en el año 1994, su experiencia profesional se ha centrado en la protección de los clientes bancarios, siendo su primer destino el Servicio de Reclamaciones. En el año 2014, desempeñó el puesto de Responsable de unidad, primero en el Servicio de Reclamaciones y, a partir de 2013, en el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.

Posteriormente, en el año 2014, pasó a desarrollar su actividad en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía y Competitividad, en concreto, en la Subdirección General de Legislación y Política Financiera, asesorando sobre normativa financiera y participando en distintas negociaciones, talleres y seminarios celebrados por la Comisión europea y el Consejo, en materias relaciones con la protección de los clientes financieros.

En el año 2021, se incorporó al Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, asesorando en materia económica y de digitalización.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

D irectora g eneral de Servicios

Dª. MARTA MARTÍNEZ GUERRA

Natural de Vitoria-Gasteiz (1985), es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Finance and Economic Policy por la Universidad de Londres (Reino Unido) y Executive Master en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2012.

Desde diciembre de 2020 venía desempeñando el puesto de directora del Gabinete Técnico de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde realiza labores de coordinación de la negociación e implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Anteriormente, desde 2016, ha sido vocal asesora de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en la Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la UE y en la Subdirección General de Legislación y Política Financiera, siendo responsable de la negociación de normativa comunitaria y nacional en materia financiera.

Asimismo, ha ocupado puestos técnicos en la Secretaría General Técnica y en la Dirección General de Política Económica, todo ello en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela

D. RAMÓN SANTOS MARTÍNEZ

Diplomático de carrera (1986). Desde noviembre de 2021, ocupa el cargo de encargado de Negocios en Venezuela. Ha sido embajador de España en Panamá (2015 - 2019), en Bolivia (2008 - 2012) y ha estado destinado en las Embajadas de España en Washington, Bruselas-UE y Quito.

En el Ministerio, ha desempeñado, entre otros, los puestos de embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y Asuntos Multilaterales de Iberoamérica, subdirector general de Países de la Comunidad Andina, subdirector general de países del MERCOSUR y Chile, subdirector general de Cooperación con Países de América Central y Caribe, y jefe de Gabinete del Secretario General de la AECID. Fue enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en Bolivia, en diciembre de 2019.

Es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y en Sociología. Master en Derecho Constitucional y Ciencia Política.

Industria, Comercio y Turismo

Secretario g eneral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

D. FRANCISCO ANTONIO BLANCO ÁNGEL

Nacido en Gijón en 1969, y actualmente senador por Asturias, es licenciado en Administración y Dirección de Empresa y Doctor en Economía por la Universidad de Oviedo. La mayor parte de su vida profesional ha transcurrido dedicada a la docencia y a la investigación académica.

Fue profesor asociado en la Universidad de Oviedo de 1993 a 1997, año en el que obtuvo una plaza como profesor titular de Economía Aplicada en esa misma universidad, a la que aún permanece vinculado. Durante esos años, su actividad docente e investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la Economía Pública, habiendo publicado diversos trabajos académicos sobre la sostenibilidad y los efectos redistributivos del sistema de pensiones, el control del endeudamiento de los gobiernos subcentrales, la descentralización fiscal o las políticas de investigación y desarrollo en la Unión Europea.

Entre 2007 y 2011 fue director general económico financiero del Ayuntamiento de Gijón, siendo responsable de las áreas de Presupuestos, Fiscalidad, Contabilidad y Patrimonio. De 2011 a 2015 fue concejal en el Ayuntamiento de Gijón, cargo que compatibilizó con sus tareas como profesor.

En 2015 fue nombrado consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, y en 2019 fue elegido senador en la decimotercera y decimocuarta legislatura, cargo en el que ha permanecido hasta la fecha. Como senador ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Además, ha ocupado distintos cargos en diversas instituciones vinculadas al Principado de Asturias, como los de presidente del Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias, la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural y la Sociedad de Promoción Exterior. También ha desempeñado el cargo de vicepresidente de la Sociedad Regional de Promoción y ha sido miembro de los consejos de administración de PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) y del Puerto de Gijón.

Cultura y Deporte

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a personas y entidades de la cultura.

Han sido galardonados la Academia de España en Roma, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, la cantante Concha Buika, el actor Karra Elejalde, el productor musical Jesús López, la cocinera María José San Román, la artista de circo Miss Kay, la periodista Rosana Torres, la montadora Teresa Font, el artista Carlos León, la actriz Carmen Elías, la Orquesta sinfónica de acordeones de Bilbao, el arquitecto Patxi Mangado, la Ganadería Miura, el cantautor Luis Pastor, el gestor cultural y ex ministro José Guirao, el escritor Manuel Rivas, el director teatral Mario Gas, la pintora Mirazo, el diseñador de artesanía Tomás García Alía, la coreógrafa Rocío Molina, la escuela Taller de Músics, la escritora Rosa Montero, la cantante María Jiménez, el Grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), el pintor Pedro Cano, el actor Javier Cámara, la cantaora Lole, la conservadora Carmen Muro, el músico Santiago Auserón, la conservadora de arte Carmen Giménez, el productor musical Gay Mercader y el cantante Víctor Manuel.

Este galardón distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Academia de España en Roma

Fundada en 1873 durante la I República por Emilio Castelar, la Academia de España en Roma cumple 150 años en 2023. Su actividad está ligada a las prácticas artísticas y a los intercambios académicos, trazando sus líneas de actuación entre residentes, actividades culturales y conjunto monumental. Su objetivo primordial es contribuir a la formación artística y humanística de creadores, restauradores e investigadores, logrando así una mayor presencia cultural española en Italia, un mejor entendimiento de las culturas de ambos países y una mayor vinculación cultural entre Europa y Latinoamérica.

Augusto Ferrer-Dalmau Nieto

Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964) es un pintor español de estilo realista y academicista, especializado en pintura de historia y de batallas. Creador de la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (Sevilla) y ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos, entre ellos la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz al Mérito Militar.

María Concepción Balboa Buika (Concha Buika)

Concha Buika (Palma de Mallorca, 1972) es una cantante ecuatoguineana-española. En el año 2001 lanzó su primer disco 'Mestizüo', un disco que va desde el jazz al soul hasta llegar al flamenco. Después llegaría 'Buika', en 2005, y la trilogía 'Mi niña Lola', en 2006, con la que consiguió el Disco de Oro. Publicó 'Niña de Fuego', en 2008 y con 'El último trago' en 2009 rindió un homenaje a Chavela Vargas en su 90 cumpleaños, consiguiendo en 2010 un Grammy Latino al Mejor Álbum Tradicional Tropical. Ha colaborado en proyectos cinematográficos poniendo voz a bandas sonoras como en 'La piel que habito', de Almodóvar. En 2013 estrenó su primera película como productora, 'De la Soledad al Infierno', basada en un cuento de su libro 'A los que amaron a mujeres difíciles y acabaron por soltarse'. Ha publicado una docena de álbumes y ha trabajado con infinidad de artistas, entre ellos Niño Josele, Maritza, Bebo & Chucho Valdés, Luz Casal, José Luis Perales, Seal, Armando Manzanero, Nelly Furtado o Javier Limón.

Carlos Elejalde Garay (Karra Elejalde)

Karra Elejalde (Vitoria-Gasteiz, 1960) es actor, director de cine y guionista. Aprendió arte dramático durante sus estudios de Formación Profesional. En 1987 debutó en el mundo del cine con la película 'A los cuatro vientos'. Desde entonces, ha sido un habitual en películas de directores vascos como Julio Medem, Álex de la Iglesia o Juanma Bajo Ulloa. Ha trabajado también con otros relevantes directores como Fernando Colomo, Icíar Bollaín, Emilio Martínez-Lázaro o Alejandro Amenábar, entre otros. Destacan sus papeles en 'Airbag', 'Ocho apellidos vascos' o 'Mientras dure la guerra'. Ha conseguido dos Premios Goya por 'También la lluvia' (2010) y 'Ocho apellidos vascos' (2015). Guionista y director de dos de sus películas: 'Torapia' (2004) y 'Año mariano' (1999).

Jesús Antonio López Jérez

Jesús López (Ferrol, A Coruña, 1955) es un productor musical, reconocido internacionalmente, innovador y pionero de la industria de la música latina. Durante más de cuatro décadas ha trabajado con los artistas más relevantes de la industria de la música latina, identificando talentos y movimientos musicales como La Movida Madrileña, Radio Futura, Nacha Pop, Alaska y Dinarama o Molotov. Es responsable de operaciones de Universal Music Group para el mercado mundial de habla hispana y portuguesa. Está detrás de éxitos tan importantes como 'Macarena', de Los Del Río; 'La Camisa Negra', de Juanes; 'Bailando', de Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno y Gente de Zona; 'Mi Gente', de J. Balvin y Willy William; o 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

María José San Román Pérez

María José San Román (Valladolid, 1955) es una cocinera que combina la innovación con la tradición mediterránea en sus recetas en su restaurante Monastrell, en Alicante, donde lleva más de 20 años al frente y con el que tiene una estrella Michelin desde 2013. Defensora de la dieta mediterránea, de la cocina alicantina, del arroz, del azafrán, del aceite de oliva virgen extra y de la sostenibilidad en los ingredientes. Trabaja por fomentar la igualdad en los fogones de los grandes restaurantes a través de la asociación, de la cual es presidenta, Mujeres en gastronomía (MEG). Dedica su tiempo a la investigación en torno a productos propios de la gastronomía española, como el azafrán. Junto con su marido, José Perramón, ha formado el Grupo Gourmet, un proyecto gastronómico que nació en el año 1975 y que sigue en evolución continua, cosechando un exitoso camino en la oferta hostelera alicantina: Asador La Vaquería, Taberna del Gourmet y su terraza, Tribeca Music Bar y el reciente despacho de pan San Román.

Graziella Galán Bueno (Miss Kay)

Graziella Galán, conocida artísticamente como 'Miss Kay' o 'La farfalla rossa', es una artista de circo multidisciplinar, especializada en acrobacia y trapecio. Reconocida por ser la primera mujer en el mundo en realizar la técnica de la mosca humana en el siglo XX, que consiste en caminar cabeza abajo suspendida por los pies a alturas de unos 15 metros del suelo. Es también de las pocas trapecistas del siglo XXI que no usa mecánica (loncha) de seguridad en sus actuaciones. Es Premio Villa de Madrid 2007 en la categoría de Actividad Circense Circo Price, por su actuación en el espectáculo Navidades en el Price con su número de altura. Así como Premio Zirkòlika a la Trayectoria, en 2021, por sus 40 años dedicados al arte circense.

Rosana Torres Reinés

Rosana Torres Reinés (Valencia, 1953) es una periodista española especializada en temas culturales y ligada al diario El País desde 1978 y también a la Guía del Ocio de Madrid desde 1977. Ha dedicado sus esfuerzos al mundo de la literatura infantil y, en especial, al teatro infantil. En Televisión Española condujo diversos espacios dedicados a las Artes Escénicas, labor que años más tarde continuaría en Telemadrid, con un espacio de divulgación de la actualidad teatral, cinematográfica y cultural de la capital. Ha sido Premio Nacional de Literatura a la labor de crítica en 1980, Premio Caché a la mejor periodista del año en 1990, Premio Ágora Especial por su apoyo a la Artes Escénicas, Premio Internacional Paco Rabal de Periodismo Cultural y obtuvo el Alfiler de la Corbata de Valle-Inclán, concedido por los autores españoles por su defensa de la dramaturgia española contemporánea.

Teresa Font Guiteras

Teresa Font (Barcelona, 1956), es una de las montadoras más relevantes del cine español. Ha trabajado en títulos como 'Juana la Loca', 'Libertarias', 'Celos', 'El día de la bestia', 'Jamón, jamón', 'Días contados', 'El rey pasmado', 'Muertos de risa', 'La enfermedad del domingo', 'El hombre que mató a Don Quijote', 'Dolor y gloria' y 'Madres paralelas' o la serie de televisión 'Los jinetes del alba'. Tiene dos Premios Goya por 'Días contados' en 1994 y 'Dolor y Gloria' en 2019. Su formación como montadora es autodidacta y procede de ver películas, tanto durante su estancia en Londres como de vuelta a Barcelona en la Filmoteca de Catalunya.

Carlos León Escudero

Carlos León Escudero (Ceuta, 1948) es un artista del expresionismo abstracto. Está vinculado en los años 70 al movimiento francés Supports-surfaces, corriente que introdujo en España. Su arte ha estado siempre ligado al expresionismo abstracto. Su obra está presente en numerosas colecciones privadas y públicas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Colección Ayuntamiento de Barcelona, la Comunidad de Madrid, la Fundación Helga de Alvear, el Museo Bellas Artes de Bilbao, el Center of Contemporary Art de Cleveland en EE. UU., la Fundació la Caixa, el MUSAC de León o el Patio Herreriano de Valladolid, entre otros. Ha recibido los Premios Arte y Mecenazgo de La Caixa y el Cultural de la Comunidad de Madrid en la categoría de Artes Plásticas, en 2016, y el Premio Artista del Año de la Universidad de Nebrija en 2021.

Carme Elías i Boada

Carme Elías (Barcelona, 1951) es una actriz de teatro, cine y televisión. Obtuvo el Premio Goya a la mejor interpretación femenina por su papel en 'Camino' (2008). En 2021 recibió el Premio Gaudí de Honor y en 2019 fue reconocida como Miembro de Honor de La Acadèmia del Cinema Català. Ha sido Premio María Guerrero en la categoría de mejor interpretación femenina por La gaviota (2003), Premio de la Cinematografía de la Generalidad de Cataluña como mejor actriz por 'Pont de Varsòvia' (1990), Premio Margarida Xirgu en la categoría de mejor interpretación femenina más relevante de la temporada barcelonesa por 'El dret d'escollir' y 'Lorenzaccio' (1987/1988).

Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao

La Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao fue fundada en 1963 por Josu Loroño. Maestro de varias generaciones de músicos que llevó el acordeón, en aquella época un instrumento poco conocido y más ligado a la música popular, a lo más alto de la música culta. Dirigida actualmente por Amagoia Loroño Zuzendaria, esta orquesta es una referencia indiscutible en su género, un patrimonio artístico de primera fila de la ciudad de Bilbao. La orquesta se caracteriza por la originalidad y calidad de los arreglos y adaptaciones de su amplio y variado repertorio, que abarca diferentes estilos de música, configurando programas del gusto del público que disfruta de la música de siempre.

Francisco Mangado Beloqui (Patxi)

Patxi Mangado (Estella, Navarra 1957) es un arquitecto con una obra extensa. En sus edificios prima la utilidad y funcionalidad. Sus grandes obras son el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, más conocido como Baluarte; el Museo de Arqueología en Vitoria, que le valió ganar varios premios entre los que destaca el Premio Copper de Arquitectura en 2009 (del Instituto Europeo del Cobre); el Auditorio Municipal de Teulada en 2011 en Alicante, un revolucionario edificio que combina las cristaleras para mantener las vistas del mar y la protección ante el sol para evitar un calentamiento del edificio; y el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, con el que ganó el Premio Nacional de Arquitectura en 2017; sin olvidar el Pabellón de España para la Expo de Zaragoza del 2008, en el que plasma su arquitectura y su estilo, siendo su obra más premiada hasta la fecha.

Ganadería Miura (Eduardo y Antonio Miura)

Miura es una ganadería de toros de lidia cuyas reses pastan en la finca Zahariche, en la localidad de Lora del Río (Sevilla) y que pertenece a la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Su origen se remonta a mediados del siglo XIX y su antigüedad data de 1849, cuando presentaron una corrida completa en la plaza de toros de Madrid, el 30 de abril de ese año. La Ganadería Miura posiblemente sea la ganadería de toros más legendaria de la historia de la Tauromaquia. Especialmente destacable es la fidelidad de esta casa a sus orígenes, puesto que, a lo largo de su trayectoria casi bicentenaria, ha mantenido invariable un encaste singular asociado a valores como la bravura, la emoción y belleza del toro de lidia.

Luis Pastor Rodríguez

Luis Pastor (Berzocana, Cáceres, 1952) es un cantautor español. Emigrado a Madrid a principios de los años setenta del pasado siglo, descubrió pronto su vocación como cantante y su vínculo con la poesía, que ha mantenido a lo largo de toda su carrera, adaptando a poetas como Miguel Hernández. Su trabajo musical le ha acercado tanto al teatro como a la televisión, de la que nació su disco Coplas del ciego y ha colaborado con artistas como Pablo Guerrero, Raimundo Amador, José Saramago o Montxo Armendáriz. Luis Pastor creó también su propio sello musical, Flor de Jara, y ha incorporado el portugués en sus composiciones.

José Guirao Cabrera (José Guirao)

José Guirao Cabrera (Pulpí, Almería, 1959 - Madrid, 2022) fue gestor cultural y experto en arte español, relacionado con la escena vanguardista española desde la década de 1990. Fue director general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía desde 1988 a 1993 y director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura de 1993 a 1994. En 1994 fue nombrado director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde lideró la ampliación del museo. En 2018 fue nombrado ministro de Cultura y Deporte, cargo que desempeñó hasta enero de 2020. Desde su salida del Ministerio, dirigió la Fundación Montemadrid, puesto que había ocupado desde la creación de la entidad en 2013, hasta su nombramiento como ministro, y de cuyo centro sociocultural, La Casa Encendida, fue responsable entre 2001 y 2013. En septiembre de 2021 fue nombrado comisario de la Celebración Picasso 1973-2023, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento el 11 de julio de 2022.

Manuel Rivas Barrós (Manuel Rivas)

Manuel Rivas Barrós (A Coruña, 1957) es uno de los escritores gallegos con mayor proyección internacional. Miembro de la Real Academia Gallega, su obra (que abarca casi todos los géneros literarios) ha sido traducida a múltiples idiomas. Ha recibido numerosos premios por, entre otros, 'Un millón de vacas' (Premio de la Crítica española 1990); 'En salvaxe compaña' (Premio de la Crítica en Gallego, 1994) el libro de relatos '¿Que me queres, amor?' (Premio Torrente Ballester y Premio Nacional de Narrativa, 1996) y 'O lápis do carpinteiro' (Premio de la Crítica española y Premio de la sección belga de Amnistía Internacional, 1998). Asimismo, es autor de 'Os libros arden mal' (2006) por la que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica en Gallego y el Premio Libro del Año, considerada como una de las grandes obras de la literatura gallega. Sus obras han sido llevadas al cine en varias ocasiones.

Mario Gas Cabré (Mario Gas)

Mario Gas Cabré (Montevideo, 1947) es un actor, actor de doblaje, director de cine y director teatral. Es una de las figuras más relevantes de las artes escénicas de España. Ha dirigido más de cincuenta obras de teatro. Ha trabajado de director escénico de producciones operísticas cómo 'La Traviata' o 'Un ballo in maschera' de Giuseppe Verdi; 'Madama Butterfly' de Giacomo Puccini y 'L'elisir d'amore' de Gaetano Donizetti. En su faceta como actor de cine destacan más de treinta películas, con algunos directores como Jaime Camino, Vicente Aranda, Bigas Luna, Luis García Berlanga, Félix Rotaeta, Ventura Pons o Josep María Forn. Fue director del Teatro Español de Madrid entre 2004 y 2012.

Mercedes Mariño (Mirazo)

Mercedes Mariño (Las Palmas de Gran Canaria) es un pintora y escultora española. Diplomada en Ciencias Empresariales y educada en una familia de pintoras, Mirazo recibió clases en Gran Canaria, centrándose en el mundo de la plástica. En 1989 comienza a profundizar en la pintura y posteriormente estudia en la Escuela Superior de Arte de Las Palmas. Desde 1990 se dedica exclusivamente al arte. Además de pintura y escultura ha realizado obra gráfica, tanto en grabados como en xilografía. Investiga y trabaja diferentes técnicas para aplicarlas a sus obras, generalmente agrupadas en series. Las primeras estaban dedicadas a los deportes autóctonos canarios, en las que estudiaba la figura humana. En sus obras aparecen personas y paisajes, predominando siempre la conexión del hombre con el mar. Algunas de sus series más destacadas y comentadas por los críticos son 'La vela latina', 'Estar en el mundo', 'Fragmentos', 'Lúdica', 'Atlántica' o 'Maridaje'.

Tomás García Alía

Tomás García Alía (Toledo, 1964) es un diseñador y promotor de la artesanía española, referente en el ámbito de la arquitectura y el diseño español de las últimas décadas. Al frente del estudio Caramba ha desarrollado una sólida carrera internacional. Su compromiso en defensa de la artesanía lo ha convertido en embajador de la cerámica de Talavera, declarada recientemente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y embajador en España de la Fundación Michelangelo, de fomento de la artesanía en Europa. En 2020 fue el impulsor de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, constituida para defender la dimensión cultural, artística e histórica de nuestro patrimonio artesano, y la importancia medioambiental, laboral, turística y económica de la artesanía.

Rocío Molina Cruz (Rocío Molina)

Rocío Molina (Málaga, 1984). Coreógrafa iconoclasta, ha acuñado un lenguaje propio cimentado en la tradición reinventada de un flamenco que respeta sus esencias y se abraza a las vanguardias. Con veintiséis años logró el Premio Nacional de Danza por "su aportación a la renovación del arte flamenco y su versatilidad y fuerza como intérprete capaz de manejar con libertad y valentía los más diversos registros". Y con veintiocho, triunfó en el New York City Center con la representación de 'Oro viejo'. Desde 2014 es artista asociada al Théâtre National de Chaillot, en París, donde estrenó en 2016 'Caída del Cielo'. Ha recibido numerosos galardones, entre otros el premio a la mejor bailarina contemporánea (2019) y premio especial (2016) de los Dance National British Awards o el Premio León de Plata de la Danza de la Bienal de Venecia de 2022.

Taller de Músics

Fundada en 1979 en Barcelona, es una escuela pionera en la enseñanza del jazz y la música moderna. Ofrece un programa de preparación dirigido a estudiantes con perfil heterogéneo, incluyendo a los estudiantes con formación clásica que quieran preparar el acceso al Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en el ámbito del jazz y la música moderna o el flamenco. Su espíritu inquieto, activista y comprometido trasciende las aulas para dar lugar a orquestas y formaciones, producciones y management de artistas, ediciones discográficas, festivales, programaciones, proyectos de inclusión social, investigaciones, creaciones propias, además de la sala de conciertos Taller de Músics 24. En sus aulas se han formado artistas como Miguel Poveda, Mayte Martín, Juan Perro, Salvador Sobral o Rosalía.

Rosa Montero Gayo

Rosa Montero Gayo (Madrid, 1951) es escritora y periodista, Premio Nacional de las Letras 2017. Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País. Muchos de sus libros han recibido importantes premios nacionales e internacionales y su obra se ha traducido a más de veinte idiomas. Entre los más destacados se encuentran, 'La hija del caníbal' (Premio Primavera de Novela en 1997), 'La loca de la casa' (Premio Grinzane Cavour 2005, Italia, y Premio Roman Primeur 2006, Francia), o 'Los tiempos del odio' (Premio Violeta Negra Occitanie 2020, Francia). Asimismo, ha recibido reconocimientos a distintas facetas de su trayectoria, como el Premio Nacional de Periodismo (1980); el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid (2005); el Premio de la Crítica de Madrid (2014); o el Premio José Luis Sampedro (2016), entre otros.

María Jiménez Gallego (María Jiménez)

María Jiménez (Sevilla, 1950) es cantante, bailaora y actriz. En 1976 publicó su primer disco que incluía rumbas, tangos, bulerías, boleros, rancheras y baladas de Silvio Rodríguez, Lolita de la Colina o Amancio Prada. En 1978 lanzó 'Se acabó', cuyo primer sencillo se convirtió en un éxito en España y México, gracias a la letra desenfadada sobre una mujer harta de una situación de maltrato. Durante los años ochenta siguió grabando y lanzando álbumes. En 2001 colaboró en la canción 'La lista de la compra' con el grupo La cabra mecánica que consiguió llegar a lo más alto de la lista de Los 40 Principales. En 2022 publicó el disco 'Donde más duele (Canta por Sabina)' que versiona las canciones de Joaquín Sabina.

Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS)

Es la unidad de la Guardia Civil encargada, entre otras misiones, de la búsqueda y rescate de personas o de la localización y recuperación de objetos en el medio acuático. España, como firmante de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático desde 2005, ha de velar por la protección de estos bienes patrimoniales, y el papel del Grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil es fundamental, siendo claves también en la lucha contra el tráfico ilícito y contra la expoliación del patrimonio cultural subacuático. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se encuadra dentro de la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, creada en 1981.

Pedro Cano Hernández (Pedro Cano)

Pedro Cano (Blanca, Murcia, 1944), pintor. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo, entre otros, a profesores como Antonio López García y Juan Barjola. En 1969 consiguió una beca por oposición para pasar tres años en la Academia de España en Roma. Ha expuesto en numerosas salas públicas y privadas en Europa y América y posee obra en el Museo Vaticano, en la Galleria degli Uffizi en Florencia y en el Meadows Museum en Dallas. En diciembre de 2008 se construye la fundación Pedro Cano, en Blanca (Murcia), un lugar para exponer y divulgar las obras del pintor y lugar de conferencias, publicaciones y exposiciones, en general de actividades relacionadas en especial con la pintura y el arte contemporáneo, que rodea al mundo de Pedro Cano. De Pedro Cano han escrito personalidades como Alfonso Pérez Sánchez, Maurizio Calvesi, Predrag Matvejevich, Juan Manuel Bonet y Lorenza Trucchi.

Javier Cámara Rodríguez (Javier Cámara)

Javier Cámara (Albelda de Iregua, La Rioja, 1967) es actor. En 1991 debutó en el teatro. En televisión comenzó con la serie '¡Ay Señor, Señor!' (1994-1995) y, después de participar en 'Torrente: el brazo tonto de la ley' (1998), se dio a conocer definitivamente por su papel en las siete primeras temporadas de la serie '7 vidas' (1999-2001). Actuó en 'Lucía y el sexo' (2000) y posteriormente trabajó a las órdenes de Almodóvar en 'Hable con ella' (2002), consagrándose como uno de los actores más populares de España. A la multitud de películas en las que ha participado se suman siete nominaciones a los Goya. Su primera estatuilla la consiguió en 2014 con la película de David Trueba 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y la segunda en 2016 por 'Truman', por la que también obtuvo en 2015 la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián.

Dolores Montoya Rodríguez (Lole)

Lole Montoya (Sevilla, 1954), hija de la cantaora y bailaora Antonia Rodríguez Moreno 'La Negra', y del bailaor Juan Montoya, llevó desde siempre el flamenco en la sangre. Siendo muy niña se inició en el mundo artístico cantando y bailando en noches de tablao. En 1973 Lole se unió a Manuel Molina Jiménez (Manuel) y formaron el dúo conocido como Lole y Manuel. Realizan numerosos trabajos discográficos durante más de dos décadas entre los que destacan 'Lole y Manuel', 'Nuevo día', 'Pasaje del agua', 'Romero verde', 'Alba con alegría' y 'Casta'. Tanto en sus letras como en sus declaraciones públicas el dúo defiende la cultura gitana además de compartir créditos con Raimundo Amador ('Pata Negra'), Álvaro Jero ('Dulce Venganza') o Manolo Marinelli ('Alameda'). En solitario ha publicado 'Liberado', 'Ni el oro ni la plata' y 'Metáfora', título también de uno de los temas incluidos en este trabajo, cuyo autor es Alejandro Sanz.

Carmen Muro García

Carmen Muro García (Sobrarbe, Aragón) ha sido hasta su jubilación, en junio de 2022, la responsable de química del departamento de Conservación y Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Su labor científica, formativa y divulgativa en el ámbito especializado de la conservación preventiva y la restauración de arte contemporáneo la han convertido en una referencia para las nuevas generaciones de restauradores en este ámbito. Formó parte de proyectos destacados del museo como Gigapixel, un espacio web que permite explorar obras de la colección con resolución ultra-HD, o el diseño y elaboración de un Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias.

Santiago Auserón Marruedo (Santiago Auserón / Juan Perro)

Santiago Auserón (Zaragoza, 1954). Músico, compositor, cantante. Fue fundador del grupo Radio Futura, formado por su hermano Luis Auserón, Enrique Sierra y Herminio Molero. El grupo se convirtió en uno de los fundamentales de la movida madrileña. Crearon canciones tan míticas y exitosas como 'Divina', 'La estatua del jardín botánico' o 'Enamorado de la moda juvenil'. Tras grabar seis discos entre 1980 y 1992 Santiago Auserón deja la banda. En 1993 comienza una nueva etapa como Juan Perro, marcada por un eclecticismo que funde el son cubano, la música africana, el jazz o el blues, entre otros. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado un importante trabajo como investigador de las relaciones entre filosofía y música, tema al que ha dedicado varias publicaciones.

Carmen Giménez Martín

Carmen Giménez Martín (Casablanca, 1943) es conservadora de arte y está considerada una de las máximas autoridades en la producción artística de Picasso. Titulada en Historia del Arte por la École du Louvre, ha ocupado importantes cargos institucionales en el ámbito de la política cultural de España, impulsando los proyectos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Picasso de Málaga y el Museo Guggenheim Bilbao. Dirigió el Museo Picasso de Málaga entre 2003 y 2004 y fue, durante varios años, conservadora de Arte del siglo XX en el Salomon R. Guggenheim Museum de Nueva York. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Academia Scientiarum et Artium Europaea de Salzburgo, del International Council de Berlín y del Patronato del Museo Nacional del Prado.

Lluís Jordi Mercader Aguilar (Gay Mercader)

Gay Mercader (Barcelona, 1949) es el promotor musical español que durante más de 40 años ha traído a España a las grandes estrellas del pop y el rock mundial. En 1973 fundó la empresa Gay & Company. Organizó el primer concierto de los Rolling Stones, que fue todo un acontecimiento y que puso a España en el mapa de las grandes giras de conciertos de artistas como Bob Dylan, AC/DC o The Cure, entre otros muchos. A lo largo de su carrera ha organizado cerca de 3.400 conciertos.

Víctor Manuel San José Sánchez (Víctor Manuel)

Victor Manuel (Mieres del Camino, Asturias, 1947). Cantante, productor musical y cinematográfico. Es uno de los grandes autores musicales en España, con una intensa trayectoria artística y cultural. Sus canciones, que pretenden ser poemas musicalizados, hablan comúnmente de la vida rural, la libertad, el amor y la justicia, adentrándose de este modo en el género de la canción protesta o la trova surgidas en los años 60-70. Sus primeros éxitos musicales tuvieron lugar a finales de los años sesenta marcados por su compromiso social y político. En la década de los ochenta consolidó su éxito. Ha tenido una frutífera colaboración profesional con Ana Belén, así como con multitud de importantes figuras de la canción como Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o Pablo Milanés, entre otros. Ha publicado una treintena de álbumes entre los que destacan 'Soy un corazón tendido al sol', 'Tiempo de Cerezas', 'Qué te puedo dar', 'A dónde irán los besos', 'Vivir para cantarlo', 'El hijo del ferroviario', 'Para la ternura siempre hay tiempo' o 'Casi nada está en su sitio', así como diversas compilaciones y colaboraciones. Ha llevado a cabo también producción cinematográfica, con obras como 'Divinas palabras', 'Bajarse al moro' o 'El mar y el tiempo', de directores como Fernando Colomo, José Luis García o Fernando Fernán Gómez.

Defensa

La Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. a:

General de División del Cuerpo de la Guardia Civil, D.CARLOS CRESPO ROMERO

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. IGNACIO OJEDA GONZÁLEZ-POSADA

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. JUAN CARLOS OLALLA SIMÓN

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. CÉSAR GARCÍA DEL CASTILLO

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. FRANCISCO CÉSAR GARCÍA-ALMENTA ALONSO

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. FRANCISCO JOSÉ GALLARDO VERGARA

General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar Dª MªBEGOÑA ARAMENDÍA RODRÍGUEZ DE AUSTRIA

General de Brigada Farmacéutico del Cuerpo Militar de Sanidad D. ALEJANDRO ZAMANILLO SAINZ

General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad D.ALBERTO HERNÁNDEZ ABADÍA DE BARBARÁ

General de División del Ejército de Tierra de la República Portuguesa SR. JOÂO PEDRO RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO

D. PABLO ARELLANO PARDO

D. JUAN JESÚS TORRES CARBONELL

D. JOSÉ ANTONIO MAYORAL MURILLO

La Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco a

Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. LUIS CEBRIÁN CARBONELL

General de División del Cuerpo de la Guardia Civil, D. FERNANDO MORA MORET

Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. ALEJANDRO CUERDA LORENZO

Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. JUAN BAUTISTA PÉREZ PUIG

Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. IGNACIO PAZ GARCÍA

Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. FRANCISCO JOSÉ ASENSI PÉREZ

General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. JAIME MONTERO FERNÁNDEZ DE BOBADILLA

Vicealmirante de la Marina Australiana,SR. MICHAEL JOSEPH NOONAN

Dª MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO

DªMARÍA DE LA CONCEPCIÓN ORDIZ FUERTES

La Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a:

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio

D. ANDRÉS ENRIQUE MALDONADO GARCÍA

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, D. FERNANDO CARRILLO CREMADES

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, D. ALFONSO MARÍA REYES LEIS

General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio, D. RAFAEL GÓMEZ BLANCO

La Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a :

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D.RAMÓN DE MEER MADRID.

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D LUIS JESÚS FERNÁNDEZ HERRERO.

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, D. SANTIAGO ALFONSO IBARRETA RUIZ.

General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire y del Espacio, D. JESÚS REVALIENTE LÓPez.

General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, D.MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ARIAS.

General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada, D.CARLOS BENÍTEZ GIMÉNEZ.

Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D.VICENTE CUQUERELLA GAMBOA.

General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, D. MANUEL GARCÍA ORTIZ.

General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Dª MARÍA BEGOÑA ARAMENDÍA RODRÍGUEZ DE AUSTRIA.

General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. PEDRO DE LA PISA PÉREZ DE LOS COBOS.

Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. FERNANDO JOSÉ SUÁREZ FONSECA.

Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D.IGNACIO CUARTERO LORENZO.

General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, D ANTONIO CORTÉS RUIZ.

Más información