Referencia del Consejo de Ministros

20.9.2022

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Madrid

SUMARIO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

Hacienda y Función Pública

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • REAL DECRETO por el que se regula el uso de aeronaves motorizadas ultraligeras (ULM).
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de vigilancia y seguridad en Adif y Adif AV. Demarcación territorial Norte 2023-2024. Valor estimado del contrato 14.017.255,06 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación en el entorno del punto kilométrico 654+400 de la carrera N-420, debido a la rotura de un muro de contención, en el término municipal de Utrillas, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Teruel, por importe de 1.308.344,07 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación del puente sobre la A-5 en el punto kilométrico 126+250 en Talavera de la Reina, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Toledo, por importe de 1.520.995,42 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de sustitución del sistema de contención del viaducto de la calzada derecha situado en el punto kilométrico 108+650 de la autovía A-52, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Zamora, por importe de 2.500.912,65 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los desprendimientos de tierra de la pantalla discontinua de pilotes de la pérgola situada entre los puntos kilométricos 8+300 y 9+000 de la autovía B-40, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Barcelona, por importe de 836.221,09 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Centro Sismológico Internacional (ISC) para el año 2022, por importe de 11.300 libras esterlinas.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Comité de Frecuencias de Radioastronomía (CRAF) para el año 2022, por importe de 25.000 euros.
  • ACUERDO por el que se declara la reserva, a favor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de trece mil setecientos sesenta metros cuadrados (13.760 m²) de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, con destino a la regularización de la línea de ferrocarril 08-780 Santander - Bilbao La Concordia, en la ría de Rada, en Treto, en los términos municipales de Bárcena de Cicero y Voto (Cantabria).

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Sanidad

Derechos Sociales y Agenda 2030

Ciencia e Innovación

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para el desarrollo de proyectos de ciencia de excelencia.

Igualdad

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, I5). ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones a realizar en los centros de migraciones Casa de Madres, Colegio León y Casa del Mar (planta 6.ª) de las islas Canarias, por importe de 26.801.960,45 euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

Defensa

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

OBRAS DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA ANTE LA SEQUÍA

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras necesarias para garantizar el suministro y seguridad hídrica de varios municipios de Andalucía. Las actuaciones están ya en ejecución, con un presupuesto conjunto de más de 12,7 millones de euros, y darán servicio a más de 240.000 personas.

Entre las obras aprobadas se encuentra la interconexión de los embalses de La Colada (Guadiana) y Sierra Boyera (Guadalquivir), ambos en la provincia de Córdoba, con una inversión de 5.800.000 euros. El embalse de Sierra Boyera suministra el agua de abastecimiento humano a 24 municipios, con unos 79.000 habitantes, y se reparten entre la cuenca del Guadalquivir y la del Guadiana. A fecha actual La Colada se encuentra en situación de emergencia y, de no producirse aportaciones de importancia, solo se tendrían reservas de agua hasta el mes de octubre.

Asimismo, en la provincia de Córdoba darán comienzo las actuaciones destinadas para la reparación de equipos e infraestructura en el sondeo de Fuente de Alhama y la ejecución de un nuevo sondeo en el municipio de Priego de Córdoba, por un importe de 223.000€. El manantial suministra a las localidades de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Baena y Nueva Carteya, aunque en épocas de máxima aportación puede llegar abastecer a Espejo y Castro del Río e incluso aportar parte del caudal a los depósitos de Montilla.

Mejoras en la seguridad hídrica

También se ha dado luz verde al inicio de las obras destinadas a mejorar la garantía del abastecimiento en el sistema Colomera-Cubillas mediante los pozos de sequía en la comarca de la Vega de Granada, por un importe de 6.775.000 euros. Este subsistema proporciona agua de abastecimiento a más de 125.000 habitantes de la zona norte del área metropolitana de Granada.

De este modo, la disminución de precipitaciones de los últimos años, además de una bajada drástica en los niveles de los embalses de Cubillas y de Colomera, ha supuesto una reducción significativa en el caudal del manantial de Deifontes, siendo insuficiente para cubrir la demanda. A corto plazo, la situación del manantial obliga a recurrir a otra fuente de suministro para abastecer la zona.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado imponer a la empresa Explotaciones Agrarias Fuente Guadiana S.L., una sanción de 1.000.000,00 euros y la obligación de indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico por ejecución de obras y trabajos en zona de dominio público hidráulico del rio Guadiana sin autorización administrativa en el Término Municipal de Puebla de la Calzada, Badajoz.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y GUINEA EN SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Guinea relativo a la cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

Antecedentes

Este convenio responde a la preocupación de ambas partes de cooperar en el ámbito del combate de la delincuencia, especialmente en sus formas organizadas, y de colaborar en materia de lucha contra las acciones criminales, en particular contra el terrorismo, los delitos contra la vida y la integridad física, la detención ilegal y el secuestro, los delitos relacionados con el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal, los delitos económicos y fiscales y las nuevas formas de delincuencia.

Una vez autorizado por el Consejo de Ministros el 8 de marzo de 2019, la firma del acuerdo tuvo lugar en Madrid, el 29 de abril de 2019, por el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska Gómez, y en Conakry, el 19 de noviembre de 2019, por el ministro de Seguridad y Protección Civil de la República de Guinea, Alpha Ibrahima Keira.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 13 de febrero de 2020, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos de los apartados c) y e) del artículo 94.1 de la Constitución, debido a que el convenio afecta al derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española (apartado c) y toda vez que sus prescripciones inciden directamente sobre materias reguladas por ley en nuestro ordenamiento jurídico (apartado e).

Contenido

El convenio regula los aspectos más importantes que interesan en la cooperación en el ámbito del combate de la delincuencia, especificando con gran detalle los delitos a los que se extenderá la misma. Son especialmente relevantes las previsiones relativas a la lucha contra el crimen organizado, con referencia específica al terrorismo, así como la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Portuguesa y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Tratado.

Antecedentes

En la XXXI Cumbre celebrada el 10 de octubre de 2020 en Guarda, los gobiernos de España y Portugal afirmaron su intención de actualizar y plasmar el rico y diverso entramado de los vínculos bilaterales a través de un Tratado de Amistad y Cooperación renovado, que responda a la creciente densidad y profundidad de las relaciones bilaterales y refleje en toda su amplitud su relación estratégica y multidimensional. Cumpliendo con este compromiso, ambos Gobiernos han negociado un Tratado de Amistad y Cooperación que renueva, sin llegar a derogarlo, el actualmente en vigor firmado el 22 de noviembre de 1977, reconociendo así su valor en la profundización de las relaciones bilaterales en democracia.

Una vez autorizado por el Consejo de Ministros el 26 de octubre de 2021, la firma del tratado tuvo lugar en Trujillo el 28 de octubre de 2021, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, con motivo de la celebración de la XXXII Cumbre Bilateral hispano-portuguesa.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 22 de diciembre de 2021, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos del artículo 94.1.a) de la Constitución, dado que dicho Tratado de Amistad y Cooperación constituye un tratado de carácter político.

Contenido

El texto del nuevo tratado contiene un preámbulo y seis títulos que establecen el marco de la relación bilateral de España y Portugal adaptado a la realidad del siglo XXI. El preámbulo recoge los principios en la que se asienta esta relación de amistad y cooperación, los fines que persigue, nuestro común compromiso en la construcción europea que encarna la Unión Europea, nuestra vocación atlántica que tiene como expresión la pertenencia en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, nuestras relaciones con África y el Mediterráneo y nuestra defensa del multilateralismo basado en el papel central de las Naciones Unidas.

El título I establece el marco general de las relaciones bilaterales, afirmando los principios y valores enunciados en el preámbulo y las áreas de diálogo y coordinación que ambos gobiernos se proponen profundizar.

El título II define los instrumentos de cooperación política y las estructuras de consulta y cooperación que vertebran las relaciones bilaterales. Por primera vez, se recoge en un convenio internacional la celebración de cumbres bilaterales anuales presididas por los jefes de gobierno, así como el establecimiento de una instancia de seguimiento de los compromisos asumidos en las cumbres. También en este nuevo tratado se prevé la celebración de reuniones anuales de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países, la cooperación parlamentaria y la promoción de mecanismos estructurados de diálogo entre ambas sociedades civiles e interlocutores sociales.

El titulo III trata sobre las diversas dimensiones de la cooperación bilateral. Entre ellas, destaca la cooperación transfronteriza como uno de los ejes fundamentales de la relación bilateral. En el tratado, ambos gobiernos se comprometen a dar continuidad a las herramientas existentes y a promover estrategias conjuntas de cooperación transfronteriza, señalando el papel de las entidades territoriales fronterizas, de las entidades de cooperación transfronteriza, de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Transfronteriza y, en particular, de la Comisión Hispano-Lusa para la Cooperación Transfronteriza que supervisa y evalúa la aplicación del Tratado de Valencia sobre Cooperación Transfronteriza de 3 de octubre de 2002.

Además, el título III examina las áreas de cooperación en materia de lenguas, educación y cultura; medio ambiente (en esta área ambos gobiernos se comprometen a impulsar los trabajos de la Comisión Internacional de Límites y de la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas de Albufeira de 30 de noviembre de 1998); conectividad; energía; ciencia y tecnología; economía; asuntos de Justicia, Interior y protección civil; salud pública; trabajo, empleo y política social, y en regiones ultraperiféricas.

En el título IV, los gobiernos de España y Portugal se comprometen a contribuir a la profundización de la Unión Europea, estableciendo mecanismos de coordinación bilateral, y a abordar los retos presentes y futuros de forma coordinada y mediante una interlocución continua.

En el título V, ambos gobiernos reconocen las posibilidades de acción conjunta a nivel multilateral, prestando especial atención a temas mundiales y a los marcos de cooperación regional de los que ambos son partes, destacando la Comunidad Iberoamericana de Naciones y otras instancias de cooperación en el Mediterráneo.

El Título VI recoge las disposiciones finales. Reconoce la validez de los citados Tratado de Amistad y Cooperación de 1977, del Convenio de Valencia sobre cooperación transfronteriza de 2002 y del Convenio de Albufeira y su protocolo adicional sobre aprovechamiento de recursos hídricos de las cuencas hidrográficas de 1998. Asimismo, prevé mecanismos de solución de controversias, revisión, vigencia, denuncia, entrada en vigor y registro del tratado que son habituales en convenios de su misma naturaleza.

Como marco general de las relaciones hispano-portuguesa, el texto negociado de Tratado de Amistad y Cooperación recoge declaraciones políticas y compromisos programáticos que no generan incremento del gasto público.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa la celebración del acuerdo marco para el suministro de gas natural, para obtener, entre otros, agua caliente sanitaria y calefacción en determinadas instalaciones del Ministerio de Defensa.

El acuerdo marco actual vence el 24 de enero de 2023, por lo que resulta necesario la celebración de un nuevo acuerdo marco que lo sustituya.

El Ministerio de Defensa dispone de 500 puntos de suministro aproximadamente y el mismo se formaliza mediante contratos suscritos por los Ejércitos, la Armada y el resto de centros directivos.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 38.732.805,93 €, y tendrá una duración de un año, con posibilidad de prórroga de un año más.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN BASES DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la reposición, mantenimiento y sostenimiento de los sistemas electrónicos de seguridad integrados en diversas bases, acuartelamientos y establecimientos (BAE) del Ejército de Tierra en territorio nacional y en los destacamentos españoles en zona de operaciones (Líbano, Irak y Letonia), por un valor estimado de 29.350.547,16 euros.

En la actualidad las BAE del Ejército de Tierra en España y las zonas de operaciones de Líbano, Irak y Letonia están dotados de sistemas de seguridad en sus instalaciones, cuya correcta operatividad implica unas acciones continuas de mantenimiento y reposición de elementos, en función de su antigüedad, para evitar su obsolescencia y con ello mantener unos niveles adecuados de seguridad en las instalaciones y para su personal.

Su plazo de vigencia será de dos años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años adicionales.

Defensa

ADQUISICIÓN URGENTE DE EQUIPAMIENTO DE RADIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la adquisición de equipos de radio definidos por software (SDR) de V/UHF destinados a las unidades de las Fuerzas Armadas, por un valor estimado de 29.752.066,11 euros.

Este contrato permitirá a las Fuerzas Armadas cumplir con sus obligaciones, especialmente las derivadas de los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN y de los nuevos escenarios de despliegue en las zonas de operación que estos conllevan, en contextos como la situación de conflicto en Ucrania y en general con la situación en toda la frontera europea con Rusia, y que requieren una respuesta inmediata para garantizar que sus transmisiones y comunicaciones tácticas se realicen en modo seguro de información en tiempo real de voz, datos y posicionamiento satisfaciendo las necesidades de capacidad, seguridad, interoperabilidad y soberanía de los medios de transmisiones frente a las nuevas amenazas (cibernéticas y derivadas del desarrollo de la guerra electrónica).

El contrato comprende la adquisición del equipamiento en formato de radios portátiles y para su instalación en vehículos, incluyendo sus accesorios y los medios de instalación, aplicativos de gestión y de configuración necesarios para su puesta en servicio en zonas de operaciones.

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN PARA BECAS DE FORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, O.A. (INTA), pueda financiar la convocatoria de becas de formación de 2022 así como la actualización de convocatorias anteriores.

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, ha solicitado, con base en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, autorización para modificar los límites establecidos en la aplicación presupuestaria 'A familias e instituciones sin fines de lucro', cuya dotación inicial a nivel de vinculación, en el presupuesto de 2022 es de 990.000 euros, con la finalidad de adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para financiar la convocatoria de becas de formación de 2022 así como la actualización de convocatorias anteriores.

El estatuto del INTA, aprobado por Real decreto 925/2015, de 16 de octubre, establece en su artículo 7.2 que corresponde al Instituto, entre otras funciones, la formación de personal científico y técnico en los ámbitos de su competencia y, en su caso, mediante la colaboración con universidades y empresas, así como la impartición de cursos de perfeccionamiento, prácticas y actividades de investigación, para becarios propios y ajenos, contribuyendo a su formación, cualificación y potenciación de sus capacidades.

Por otra parte, la cuantía individual de las becas, tanto las dirigidas a graduados, licenciados o ingenieros, como las dirigidas a titulados en formación profesional de grado superior, se pretenden incrementar para la próxima convocatoria que se publicará en septiembre de este año.

Todo ello, supone un incremento en los créditos a comprometer para el ejercicio 2023, cuya cuantía se eleva a 562.256,48 euros, que sumado a los 409.125 euros ya comprometidos de convocatorias de becas anteriores para el ejercicio 2023, supone un importe total de 971.381,48 euros. Por su parte, la anualidad de 2024 se eleva a 447.602,37 euros.

Por todo lo anterior, el INTA expone la necesidad de disponer de compromisos de crédito para el ejercicio 2023, en la citada aplicación presupuestaria 'A familias e instituciones sin fines de lucro'.

Hacienda y Función Pública

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALES DE TV Y RADIO Y DE EMISIÓN EN TDT DE RTVE

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de los servicios necesarios para el transporte de señales de televisión y radio, y de emisión en TDT de la Corporación RTVE en todo el territorio nacional.

Los servicios contratados permitirán la codificación, multiplexado, transporte, distribución y difusión de los múltiplex de TDT asignados a RTVE (RGE-1 y RGE-2). También incluirán la gestión, supervisión, monitorización y soporte de los servicios incluidos.

Para acometer este servicio se requiere la contratación de empresas especializadas, que dispongan de los medios y recursos necesarios para conseguir el servicio más adecuado para CRTVE.

La adjudicación de los contratos se realizará mediante procedimiento abierto, tras su licitación pública.

La contratación se estructura en dos lotes:

  • Lote 1: cabeceras de TDT y radio.
  • Lote 2: servicio de emisión de TDT.

El valor estimado de la contratación asciende a 323.464.844,98 euros, para cinco años de contrato. Este importe también contempla una eventual modificación del 20%.

Su inicio se prevé para junio de 2023.

Contrato de emisión de radio en FM

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de los servicios necesarios para la emisión de radio en Frecuencia Modulada de la Corporación RTVE en todo el territorio nacional. Los servicios contratados permitirán el transporte y la difusión de la programación de radio.

Para acometer este servicio se requiere la contratación de empresas especializadas, que dispongan de los medios y recursos necesarios para conseguir el servicio más adecuado para CRTVE.

La adjudicación de los contratos se realizará mediante procedimiento abierto, tras su licitación pública.

La contratación se estructura en dieciséis lotes, cada uno de ellos se corresponde con una Comunidad Autónoma.

El valor estimado de la contratación asciende a 35.881.813,84 euros, para cinco años de contrato. Este importe también contempla una eventual modificación del 10%.

Su inicio se prevé para junio de 2023.

Hacienda y Función Pública

SUBVENCIÓN PARA ENSERES DE PRIMERA NECESIDAD PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN EN LA PALMA

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito en el Ministerio del Interior para financiar la concesión directa de una subvención a la comunidad autónoma de Canarias para la adquisición de enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, por un importe de 6.500.000 euros.

El 19 de septiembre de 2021 tuvo lugar una erupción volcánica en la isla de La Palma, en la zona de Montaña Rajada, en el término municipal de El Paso. La gravedad de los daños materiales producidos, así como la incidencia que tuvo sobre la actividad económica, hicieron necesaria la aprobación de normas excepcionales.

Por este motivo, el Real Decreto 820/2021, de 28 de septiembre, por el que se aprueba la concesión directa a la comunidad autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la isla de La Palma, preveía una transferencia por un importe de 5.000.000 euros para la concesión de ayudas económicas para la adquisición de enseres de primera necesidad a las familias afectadas por la pérdida o daño que imposibilitara el disfrute de su vivienda habitual.

La extraordinaria duración de la emergencia, cuyos efectos se prolongan en la actualidad, ha puesto de manifiesto la insuficiencia de esta cantidad para financiar la adquisición de enseres de primera necesidad por parte de las personas afectadas por la erupción, por lo que resulta necesario aprobar una nueva subvención con la que se completaría el marco de ayudas de la Administración General del Estado a los afectados directos de la erupción volcánica para reposición de enseres.

Para ello, el real decreto por el que se aprueba la concesión directa a la comunidad autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), aprueba una nueva dotación y transferencia a la comunidad autónoma de Canarias por un importe de 6.500.000 euros para garantizar que la concesión de la ayuda para adquisición de enseres cubra a todas las familias afectadas.

Hacienda y Función Pública

NUEVO SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE SOFTWARE DE SISTEMAS, DESARROLLO Y APLICACIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un sistema dinámico de adquisición de suministro de software de sistemas, desarrollo y aplicación con un valor máximo estimado de 2.646.000.000 euros.

Este nuevo instrumento de racionalización tiene sus antecedentes en los lotes 1 y 2 del Acuerdo Marco 10/2018 de suministro de sistemas y elementos de comunicaciones y en los lotes 3 y 4 del Acuerdo Marco 13/2018 de suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura. Este sistema dinámico tendrá un papel relevante en las adquisiciones de los organismos públicos para impulsar las medidas de ciberseguridad, la inteligencia artificial, la analítica del dato y para el avance de la transformación digital de las administraciones públicas para mejorar los servicios dirigidos a los ciudadanos y a los operadores económicos.

El ámbito subjetivo del sistema dinámico incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades del sector público estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al acuerdo marco.

La adjudicación del sistema dinámico se realizará mediante procedimiento restringido, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, seleccionándose a las empresas que ofrezcan las mejores soluciones técnicas, acrediten compromisos de protección del medio ambiente, desarrollen proyectos innovadores y avancen en la igualdad entre hombres y mujeres.

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES EN LA INFANCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 50 millones de euros desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la formación en competencias digitales básicas en la infancia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MAETD), ha incoado expediente de transferencia de crédito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la formación en competencias digitales básicas en la infancia por el citado importe.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, incluye el componente 19, inversión 1, 'Acciones de capacitación para la ciudadanía digital' y se concreta en la actuación 'Capacidades digitales para la lucha contra la pobreza infantil'.

En concreto, el objetivo 288 consiste en la formación de 2.600.000 ciudadanos en competencias digitales. Dentro de dicho objetivo se persigue que 950.000 sean niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, objeto de la lucha contra la pobreza infantil.

Con fecha 8 de septiembre de 2022, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de las actuaciones integradas en el PRTR.

Según la cláusula segunda de dicho Acuerdo, el Proyecto de Competencias Digitales para la Infancia (CODI) tiene como meta tratar de alcanzar a unos 950.000 niños, niñas y adolescentes, entre los 10 y 17 años entre los cuales se priorizará la participación de los perfiles anteriormente descritos.

Con esta transferencia de crédito por importe de 50 millones desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se pretende por tanto su financiación para que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales pueda ejecutar las acciones referenciadas en el Plan de Recuperación.

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Defensa el sostenimiento común de la flota de helicópteros NH-90, del submarino S-80 y del vehículo de combate (VCR) 8x8.

La financiación de cada uno de los programas anteriores es la que se detalla a continuación:

Programa20232024
Sostenimiento NH-907.924.72112.307.721
Fase arranque ACV S-804.000.0003.641.793
Fase arranque ACV VCR 8X82.706.8652.166.198
Total 14.631.586 18.115.712

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE CARRETERAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-Ley 26/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para permitir al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana llevar a cabo diversas actuaciones en materia de carreteras.

El objetivo de tramitar nuevos expedientes de gasto es cumplir los hitos 88 y 94 del Plan de Recuperación. Entre las actuaciones a realizar, se pueden citar proyectos para intervenciones en la red no básica en diferentes modos de transporte y obras para hacer la Red de Carreteras del Estado más segura con arreglo a la normativa nacional y europea, tales como obras de mejora de cerramientos y señalización para reducir la probabilidad de atropello de fauna salvaje, ejecución de actuaciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios más vulnerables como peatones y ciclistas, acción contra el ruido, digitalización e implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte en carriles BUS-VAO.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes', sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:

2023202420252026
Nuevas necesidades46.063.334,9028.164.645,5744.103.318,4177.801.630,29
Compromisos adquiridos101.505.608,84113.886.514,5058.894.115,865.565.474,46
LÍMITE DE COMPROMISO MÁXIMO A ADQUIRIR 147.568.943,74 142.051.160,07 102.997.434,27 83.367.104,75

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE USO DE LAS AERONAVES ULTRALIGERAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se regula el uso de aeronaves motorizadas ultraligeras (conocidas como ULM), que ha contado también con la participación del sector.

Mediante este real decreto se adapta la normativa nacional a la realidad de los diseños y de las operaciones con las aeronaves ULM actuales, que no establecía previsión alguna respecto a los límites en cuanto al peso máximo en vacío, lo que supone que paulatinamente se haya ido produciendo un estrechamiento de los márgenes entre dicho peso en vacío y la masa máxima de despegue (conocida como MTOM).

Se trata, por tanto, de un real decreto de carácter eminentemente técnico, que utiliza la facultad conferida a los Estados miembros por el Reglamento (UE) 2018/1139 para excluir del ámbito de aplicación de la normativa europea a determinadas aeronaves motorizadas ultraligeras (aviones y helicópteros) de hasta 600-650 kg de MTOM, teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (CIAIAC) al respecto.

La aplicación efectiva del régimen de peso máximo al vacío no será enteramente aplicable hasta la adopción de la orden ministerial de aeronavegabilidad de ULM, en fase de elaboración, por lo que se establece un régimen adicional y transitorio que trata de evitar dejar en tierra a las aeronaves que no cumplan los límites de peso máximo en vacío.

Por otra parte, se incluyen en el ámbito de aplicación del régimen de ULM los autogiros motorizados de hasta 600 kg de MTOM, excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1139, y hasta ahora no contemplados en este ámbito de la normativa nacional.

Otras cuestiones que aborda este real decreto

Además, con este real decreto se abordan otras cuestiones de carácter técnico, como la exclusión del ámbito de aplicación del régimen de ULM de las aeronaves cuyo peso total al despegue, descontado el peso del piloto, sea inferior a 70 kg, la modificación del límite de altura al que pueden operar los ULM, pasando de los 300 m actuales a una altitud de presión máxima de 3000 m, pudiendo operar entre 3.000 y 4.000, durante un período inferior a 30 minutos, así como que se contemplan los vuelos de introducción que pueden realizar las escuelas de vuelo para promocionar su actividad y la práctica de vuelo recreativo.

Por último, por razones de seguridad jurídica y dado que la introducción de estas modificaciones exigía la modificación del Real Decreto 2876/1982 por el que se regula el registro y uso de aeronaves de estructura ultraligera, y de la Orden de 24 de abril de 1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero, que ya habían sido objeto de diversas modificaciones, se ha optado por elaborar un texto refundido en el que se integra el régimen vigente, actualizado, con las modificaciones señaladas.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REBAJA DEL IVA DEL GAS NATURAL AL 5% PARA TODOS LOS CONSUMIDORES Y OTRAS MEDIDAS ENERGÉTICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con varias medidas de ámbito energético, como la rebaja del IVA desde el 21% hasta el 5% en los suministros del gas natural, pellets, briquetas y leña, con un ahorro para los consumidores de unos 210 millones de euros; la posibilidad de que la cogeneración abandone temporalmente su régimen retributivo regulado, de modo que se le aplique el Mecanismo Ibérico; y la creación de un nuevo servicio de respuesta activa de la demanda que aumentará la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico.

La rebaja del IVA del 21% al 5%, tipo mínimo autorizado por la legislación comunitaria, beneficiará a todos los suministros de gas natural, incluidos los destinados a las calderas de las comunidades de vecinos. Hasta el 31 de diciembre de 2022 se aplicará el tipo reducido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, facilitando el acceso a este fundamental suministro ante la llegada del invierno y proporcionando un ahorro estimado de 190 millones a los consumidores.

La reducción impositiva también se aplicará a pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción, cuyos precios se han incrementado considerablemente con la cercanía del invierno. Proporcionará un ahorro estimado en 19,4 millones a los consumidores.

La rebaja del IVA en el gas natural y los otros biocombustibles se añade a la potente rebaja fiscal aprobada progresivamente por el Ejecutivo sobre la electricidad, que ha dejado el IVA también en el 5%, ha situado en el 0,5% el tipo del Impuesto sobre la Electricidad y ha suspendido el impuesto al 7% a la generación, con una incidencia económica que supera los 10.000 millones.

Reactivación de la cogeneración

Las instalaciones de cogeneración utilizan un combustible (principalmente gas natural, pero también otros combustibles líquidos o biomasa) para producir simultáneamente electricidad y calor útil para los procesos industriales.

La situación de precios en los mercados energéticos ha provocado la parada de la producción de más de la mitad de la potencia instalada de cogeneración en España en el mes de agosto. Esto afecta muy negativamente a los sectores industriales más intensivos en calor, pero, además, supone una pérdida de eficiencia energética de la economía, ya que la energía que no produce la cogeneración es sustituida por otras soluciones técnicas (ciclos combinados y calderas de gas) que presentan un rendimiento energético global inferior.

Para solucionar este problema, las instalaciones de cogeneración podrán renunciar temporalmente a su régimen retributivo regulado, de modo que entren en el ámbito de aplicación del Mecanismo Ibérico y perciban el ajuste que cobran las centrales térmicas de gas. Esta renuncia, temporal, podrá solicitarse mientras el Mecanismo Ibérico esté vigente.

Una central de cogeneración produce calor y electricidad a la vez de un modo más eficiente que si se genera calor por un lado y electricidad por otro, obteniendo un ahorro de energía primaria que ronda el 10%. Por lo tanto, la vuelta a la operación de las centrales de cogeneración paradas aportará un ahorro que puede alcanzar el 1,2% de la demanda diaria de gas en el mejor escenario.

Esta medida se añade a otras aprobadas previamente para apoyar a la industria electrointensiva y gasintensiva, como la exención del 80% en el pago de los peajes, la maximización de la compensación por el coste del CO2 repercutido en la electricidad, los avales públicos para la firma de contratos de suministro de energía a largo plazo o los pagos directos a las empresas. En conjunto, las ayudas suman más de 1.000 millones este 2022.

Respuesta activa de la demanda

El real decreto-ley también crea un nuevo servicio de respuesta activa de la demanda que aumentará la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico. Permitirá resolver, con la máxima eficacia técnica y el menor impacto medioambiental posible, las situaciones de desvíos importantes entre la generación y el consumo que se presenten en el periodo horario inmediatamente anterior al del suministro, o incluso en la propia hora de suministro. Este servicio podrá ser prestado por la demanda a cambio de ingresos económicos otorgados mediante subastas de periodicidad anual.

Red Eléctrica, en tanto que Operador del Sistema, gestionará el nuevo servicio y lanzará la subasta anual, en la que podrán participar todas las unidades de demanda -comercializadoras y consumidores directos- mayores de 1 MW. La primera subasta se celebrará muy próximamente, porque el nuevo servicio debe estar operativo antes del próximo 1 de noviembre, con vistas a la temporada invernal.

La normativa aprobada por el Consejo de Ministros incluye otras medidas que facilitarán el crecimiento de la generación renovable. Por ejemplo, establece nuevos criterios más flexibles para determinar la capacidad de las redes de transporte, que podrá variar en cuestión de meses, días y horas, respetando siempre los límites térmicos de la instalación. O agiliza y simplifica trámites administrativos para los proyectos de generación, como los relativos a la identificación de las empresas legal, económica y técnicamente capaces, o las consultas entre distintas administraciones públicas.

Sanidad

ACUERDOS DE PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN PARA CCAA E INGESA

El Consejo de Ministros ha aprobado los acuerdos por los que se autorizan las propuestas de distribución territorial de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y el INGESA, con cargo a los capítulos IV y VII del presupuesto de gastos del ministerio de sanidad, para el marco estratégico de atención primaria y comunitaria, en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), por importe de 85.301.000 euros y 87.124.000 euros, respectivamente.

Ambos asuntos fueron informados en la CDGAE del pasado día 5 de septiembre.

Plan de acción de atención primaria y comunitaria 2022-2023:

Dentro de las reformas para la renovación y ampliación de la capacidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la primera reforma es el Fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria (C18.R1).

Dicha reforma consiste en desarrollar y ejecutar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC), aprobado y publicado en 2019, haciendo partícipes a todos los agentes de interés, siendo el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, el elemento principal de dicha reforma e incluyéndose como primer hito del PRTR en 2021.

Tras un proceso de reflexión participativo con comunidades autónomas, Sociedades Científicas, Colegios Profesionales y Asociaciones de Pacientes, el citado Plan se aprobó en el seno del CISNS el 15 de diciembre de 2021, habiendo sido informado en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre. La aprobación de ese plan supuso el cumplimiento del hito CID nº 273 del PRTR.

Tal y como recoge el texto del componente 18 del PRTR, la implementación de dicha reforma 1, en el caso de aquellas acciones que requieran financiación, podrá sufragarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En los PGE para 2022 está prevista la dotación presupuestaria de las transferencias a las comunidades autónomas objeto de estos acuerdos, por importes de 85.301.000 euros y 87.124.000 euros, respectivamente.

Dentro de las reformas para la renovación y ampliación de la capacidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) contempladas en el PRTR, la primera reforma es el Fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria (C18.R1).

Dicha reforma consiste en desarrollar y ejecutar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC), aprobado y publicado en 2019, haciendo partícipes a todos los agentes de interés, siendo el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, el elemento principal de dicha reforma e incluyéndose como primer hito del PRTR en 2021.

Estas transferencias se destinarán a varias acciones del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, del siguiente modo:

Objetivos/Acciones del Plan de AcciónPresupuestosPartida presupuestaria
Ejecución Ministerio SanidadTransferencia CCAA
Objetivo 3. Aumentar la capacidad de resolución.
3.2. Identificación de los procedimientos diagnósticos que deben ser realizados en Atención Primaria y adquisición del equipamiento diagnóstico y de la formación necesaria.87.124.000 € 26.07.313B.750
3.3. Optimización de los procesos administrativos que se realizan en Atención Primaria para conseguir la necesaria agilidad operativa en el desarrollo de los mismos.85.301.000 € 26.07.313B.456
Objetivo 8. Fomentar la Calidad Asistencial y la práctica basada en la evidencia científica.
8.1. Implementación de las recomendaciones de "no hacer" en AP pertenecientes al proyecto "Compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España" según la actual metodología establecida entre Guía Salud y el Ministerio de Sanidad.
8.2. Implementación íntegra de las recomendaciones recogidas en las Estrategias de Salud del SNS que se refieran a este ámbito asistencial dedicando los recursos necesarios para tal fin.
8.3. Impulso a la mejora continua de la interoperabilidad de las historias de salud digitales autonómicas como principal elemento de intercambio de información entre profesionales de distintos ámbitos asistenciales al menos entre AP y atención hospitalaria.
Objetivo 9. Reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención en Atención Primaria de Salud.
9.1. Desarrollo de una Estrategia de Salud Comunitaria a nivel de CCAA.
9.4. Enlace a herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios en la Historia de Salud Digital.

Marco normativo

Mediante estos acuerdos de Consejo de Ministros, se autorizan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria, dos propuestas de distribución, según criterios objetivos aprobados por el Pleno del CISNS en su reunión del día 20 de julio de 2022, de los créditos correspondientes al ejercicio económico 2022, por importe de 85.301.00 euros y 87.124.000 euros, destinados al MAPyC. Con posterioridad a las presentes autorizaciones, en el seno del CISNS, se aprobará la distribución resultante entre las comunidades autónomas y el INGESA.

Contenido de losACM´s

  • Criterios de distribución (comunes en ambos ACM´s):

Los fondos se distribuirán a todas las comunidades autónomas (excepto el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra) y a las ciudades de Ceuta y Melilla (a través del INGESA), conforme a los siguientes criterios, aprobados por el Pleno del CISNS en su reunión del pasado 20 de julio de 2022, propuestos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), atendiendo a los datos de 2020:

PESOS AIReF VARIABLES
Población total 30,0%
Superficie 1,8%
Dispersión 0,6%
Insularidad 0,6%
Población protegida equivalente 7 grupos 38,0%
Población mayor de 65 años 8,5%
Población entre 0 y 16 años 20,5%
  • Al aplicar estos criterios de reparto, las distribuciones de créditos resultantes a las comunidades autónomas y al INGESA para el ejercicio 2022 son las siguientes:

1.Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de los créditos (Capítulo IV) gestionados por las comunidades autónomas y el INGESA para el Marco Estratégico de Atención Primaria, en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento al CISNS, por importe de 85.301.000 euros.

(ingesa)

2.Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de los créditos (Capítulo VII) gestionados por las comunidades autónomas y el INGESA para el Marco Estratégico de Atención Primaria, en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento al CISNS, por importe de 87.124.000 euros.

POBLACIÓN AJUSTADA SEGÚN AIReFPorcentaje de participación de cada Comunidad Autónoma respecto al totalDistribución de crédito CAPÍTULO VII
Andalucía 8.257.331,0018,5516.162.931,43 €
Aragón 1.417.068,003,182.773.774,35 €
Asturias 1.083.397,002,432.120.645,45 €
Baleares 1.160.150,002,612.270.882,07 €
Canarias 2.220.553,004,994.346.518,97 €
Cantabria 590.292,001,331.155.439,83 €
Castilla y León 2.608.044,005,865.104.995,35 €
Castilla-La Mancha 2.132.288,004,794.173.748,72 €
Cataluña 7.596.899,0017,0714.870.199,29 €
Comunidad Valenciana 4.910.494,0011,039.611.819,82 €
Extremadura 1.118.305,002,512.188.974,50 €
Galicia 2.911.073,006,545.698.145,48 €
Madrid 6.537.736,0014,6912.796.989,57 €
Murcia 1.477.918,003,322.892.882,37 €
La Rioja 328.044,000,74642.114,59 €
INGESA-Ceuta 78.925,000,18154.488,10 €
INGESA-Melilla 81.460,000,18159.450,11 €
Total 44.509.977 100 87.124.000,00 €

Derechos Sociales y Agenda 2030

SUBVENCIÓN A CANARIAS, CEUTA Y MELILLA PARA LA ATENCIÓN A MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el se regula la concesión directa de una subvención a la comunidad autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla para la atención y acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en el año 2022.

El artículo 1 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 establece que corresponde a este departamento ministerial la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de cohesión social, de adolescencia y juventud, familia, de protección del menor y de la atención a las personas dependientes o con discapacidad.

Por su parte, el artículo 2.2 del citado real decreto establece, entre otras funciones de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la protección y promoción de la infancia y la promoción y defensa, desde una perspectiva integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, en el ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado. En su artículo 3.1 establece que le corresponde a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, en el ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado y en cooperación con las comunidades autónomas, el impulso, análisis, elaboración, coordinación y seguimiento de los programas de actuación en materia de prevención y protección de la infancia en riesgo, desprotección o conflicto social.

El respeto al principio del interés superior del menor incorporado en los tratados internacionales, en especial en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y en la normativa interna, exige la protección y atención de las personas menores extranjeras no acompañadas que se hallen en el territorio español por parte de los servicios de protección de la infancia dependientes de las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, en virtud de las competencias previstas en el artículo 148.1 de la Constitución Española.

Debido a su situación geográfica, la comunidad autónoma de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ven afectada por una mayor presión migratoria que otros territorios del Estado español al ser un punto de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa. Entre los inmigrantes que acceden a su territorio se encuentra un número notable de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

En los últimos años el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a los servicios de protección de estos territorios, que son frontera exterior de la Unión Europea, ha llevado a tener que aumentar las previsiones y recursos disponibles en estos servicios. Según el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados tutelados o acogidos por los servicios de protección a 31 de diciembre de 2021 en la comunidad autónoma de Canarias era de 2399, en la ciudad de Ceuta de 921 y en la ciudad de Melilla de 441 lo que supone para los servicios de protección de ambas ciudades un gran esfuerzo económico en el conjunto de sus respectivas políticas presupuestarias.

Por ello, por razones de interés público, social y humanitario, se ha considerado necesaria la concesión directa a dichas administraciones públicas, con carácter excepcional, de subvenciones para la acogida de los niños, las niñas y los adolescentes migrantes no acompañados.

Las actuaciones subvencionables serán aquellas destinadas a la atención inmediata y acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, así como todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida su escolarización, inclusión social o su formación e inserción profesional.

El importe de las subvenciones es de 15.000.000 de euros para la comunidad autónoma de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con cargo al presupuesto del año 2022 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, aplicación presupuestaria 29.04.231G.450. A la Comunidad Autónoma de Canarias le corresponderán 6.000.000 de euros y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 4.500.000 de euros a cada una de ellas.

Igualdad

"PLAN CAMINO" PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se aprueba el Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución (2022-2026), "Plan Camino".

La trata de mujeres y niñas constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres indisolublemente unida a la prostitución, pues esta constituye el objetivo principal de la trata con fines de explotación sexual.

A pesar de los grandes avances que estamos realizando como país -pues España es un referente internacional en la lucha contra la violencia machista- las víctimas de trata, de explotación sexual y las mujeres en situación de prostitución enfrentan graves obstáculos para el ejercicio de sus derechos humanos. Muchas mujeres han llegado a estas situaciones (y se mantienen en ellas) por falta de una alternativa real y viable para cubrir sus necesidades y las de las personas a su cargo. Otras son víctimas de la trata y de la explotación sexual, y se encuentran en situaciones de grave riesgo, en las que su integridad y su vida están amenazadas.

Frente a esta realidad, el Gobierno ha avanzado en el plano normativo y de políticas públicas. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual consolida un marco de derechos para las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de proxenetismo. A su vez, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, consagra en su artículo 47 una acreditación administrativa a efectos de los derechos socio-asistenciales para las víctimas de trata y explotación sexual, con independencia de la denuncia, adoptada por acuerdo en Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 2022.

Por último, el Gobierno ha adoptado, como política pública estratégica frente a todas las formas de trata de personas, el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, coordinado por el Ministerio del Interior.

Para hacer operativas las obligaciones derivadas de este nuevo marco normativo y de implementación de políticas públicas, el Ministerio de Igualdad, en coordinación con el resto de departamentos ministeriales implicados ha elaborado el Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución (2022 - 2026), "Plan Camino".

Este Plan supone un impulso de la acción política para reforzar la atención a los contextos de prostitución, como escenarios complejos en los que las mujeres pueden transitar por diferentes situaciones de explotación y de violación de derechos humanos, articulando actuaciones en los siguientes ámbitos fundamentales:

  • Mejorar la información disponible sobre la magnitud de la trata, la explotación sexual y la prostitución, lo que incluye un mapa con información cuantitativa y cualitativa sobre la realidad de estas mujeres y niñas.
  • Desincentivar la demanda de trata, explotación sexual y prostitución, a través de la educación y las acciones de sensibilización en sectores diana, como el turismo, el ocio o el deporte, dirigidas especialmente a adolescentes y hombres adultos.
  • Promover la detección multi-agencia de la trata y la explotación sexual, a través de la formación y proporción de herramientas a todas las y los profesionales del ámbito social, sanitario, o educativo.
  • Consolidar el sistema de acreditación de las víctimas, sin necesidad de denuncia o de haber culminado el procedimiento de identificación formal, como primer paso para el acceso a derechos socio-asistenciales, incluida la atención sanitaria, y como medida de impulso de la identificación formal.
  • Garantizar la autonomía económica y habitacional de las víctimas, que les permita dejar atrás los escenarios de explotación, y proporcionar itinerarios de salida de la prostitución, con alternativas reales de vida.
  • Facilitar el acceso al Sistema Público de Salud con especial relevancia en la atención primaria y los servicios de salud sexual y reproductiva.
  • Proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, mediante la articulación institucional de carácter integral y multidisciplinar de medidas de atención y recuperación, sensibilización y prevención, autonomía económica y habitacional, sanción a los responsables y goce de otros derechos.
  • Impulsar el acceso a la regularidad documental para las mujeres extranjeras víctimas de trata, explotación sexual o mujeres en contextos de prostitución con indicadores de vulnerabilidad extrema, como vía fundamental para iniciar y consolidar el proceso de salida y emancipación de la situación de explotación.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Director del Departamento Digital de la Secretaría de Estado de Comunicación

D. FERNANDO MORALES JIMÉNEZ

Nacido en Madrid en 1975, es licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Humanidades por la Universidad de Castilla la Mancha. Además tiene el Diploma de Estudios Avanzados en Historia por la Universidad Carlos III de Madrid.

Antes de incorporarse al equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación, trabajaba como Principal Manager de Estrategia y responsable editorial de los podcast en el equipo de Comunicación de BBVA, donde llegó en 2015 para lanzar su portal corporativo www.bbva.com.

También trabajó durante quince años en Mediaset, siempre relacionado con proyectos digitales e informativos, diez de esos años como redactor jefe de las webs informativas (Informativos Telecinco y Noticias Cuatro).

Del mismo modo, ha trabajado como profesor universitario en la Universidad Nebrija y ha dado numerosas charlas y conferencias en universidades y escuelas de negocios sobre temas ligados a la innovación y la transformación en redacciones y organizaciones empresariales.

Directora de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora

Dª. CAROLINA RODRÍGUEZ ARIAS

Carolina es licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo y es especialista en dirección y gestión de comercio exterior por la Universidad de Santiago de Compostela. Asimismo, ha sido becada por el Instituto Galega de Promoción Económica (IGAPE) y destinada en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat (Marruecos).

Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el sector público. En abril de 2020, se incorpora al equipo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora con el fin de diseñar y coordinar actuaciones para el desarrollo de la Estrategia España Nación Emprendedora.

En su etapa anterior, estuvo vinculada a la dinamización del capital riesgo en España, a través de la Empresa Nacional de Innovación - Enisa (2013-2020). Previamente, trabajó en atracción de inversión extranjera a España en lnvest in Spain y en promoción de inversiones españolas en el exterior en ICEX.

Defensa

Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada

D. RICARDO ATANASIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1979 y recibió su despacho de alférez de navío en 1984. Ha realizado, entre otros, el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y las Especialidades Complementarias de Piloto Naval de Aeronaves y Electrónica.

Ha sido comandante del Grupo de Acción Naval 2, de la Flotilla de Aeronaves, del petrolero de flota "Marqués de la Ensenada", del patrullero "Vigía" y del patrullero-cañonero "Barceló".

Entre sus destinos destacan, entre otros, jefe del Cuartel General (CG) de la Flota, jefe de la División de Logística del EMA, jefe de la Sección de Operaciones del CG de la Flota, standing NRF Group 2 (SNMG-2), REPER de España ante la UE, 9ª Escuadrilla de Aeronaves y la corbeta "Diana".

Está en posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco, de cinco Cruces al Mérito Naval con distintivo blanco, de la Cruz de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y ha obtenido diversas condecoraciones internacionales.

Jefe del Mando Aéreo General

D. JULIO NIETO SAMPAYO

Obtuvo el empleo de teniente en 1986 como número 1 de la 38 promoción de la Academia General del Aire (AGA). Ha sido miembro de la Patrulla Águila, en los puestos de líder y jefe de patrulla.

Piloto de caza y ataque cuenta con más de 4.800 horas de vuelo, principalmente en aviones C-101, F.18 y Eurofighter, ha pasado por diferentes unidades del Ejército del Aire; Ala 11 (Morón), donde ha sido responsable de la gestión del mantenimiento de los sistemas C-101 y F-18 en una primera etapa y posteriormente responsable del mantenimiento y operación del Eurofighter; Ala 14 (Albacete), donde ha realizado el Mando Unidad.

En su paso por el Mando de Apoyo Logístico, ha sido director de la Oficina de Enlace del Programa Eurofighter y posteriormente jefe de Sistemas de Aviones de Caza y Sistemas Tripulados Remotamente.

Tras su paso por el Estado Mayor del Aire como jefe de la División de Operaciones y ascender a general de división es nombrado segundo jefe del Mando Aéreo de Combate y jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate.

Asimismo, ha estado destinado en la academia de la USAF (EEUU) en dos ocasiones; como instructor de vuelo y posteriormente como profesor de lengua española.

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