Referencia del Consejo de Ministros

18.2.2022

SUMARIO

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se declara luto oficial con motivo del naufragio del barco pesquero Villa de Pitanxo en aguas de Terranova, Canadá.

Hacienda y Función Pública

  • ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por el Grupo Wamos.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Grupo Ferroatlántica, S.A.U.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Eurodivisas, S.A.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Técnicas Reunidas, S.A.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, con el objeto de extender la condición legal de persona con discapacidad a determinados pensionistas, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Proponentes: Derechos Sociales y Agenda 2030; Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Proponentes: Ciencia e Innovación, y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Derechos Sociales y Agenda 2030

Ciencia e Innovación

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Presidencia del Gobierno

LUTO OFICIAL POR EL NAUFRAGIO DEL PESQUERO VILLA DE PITANXO

El Consejo de Ministros ha declarado luto oficial desde las 00 horas hasta las 24 horas del día 21 de febrero de 2022, como testimonio del dolor de la sociedad española y en señal de condolencia con las familias y demás personas allegadas a los fallecidos y desparecidos en el naufragio del barco pesquero Villa de Pitanxo en aguas de Terranova, Canadá.

La bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada durante el periodo de luto oficial.

Hacienda y Función Pública

NUEVAS OPERACIONES CON CARGO AL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de cuatro nuevas operaciones de respaldo público temporal, por un importe total de 504,5 millones de euros, destinados a Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas S.A, y Grupo Ferroatlántica S.A.U.

Estas autorizaciones se producen después de que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas haya aprobado dichas operaciones.

Una decisión adoptada tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las empresas, del impacto que han sufrido por la COVID-19, del plan de viabilidad que ha presentado cada una de las compañías, así como de las perspectivas de evolución y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que van a recibir.

Las ayudas proceden del citado Fondo de Apoyo, una herramienta clave para proteger la actividad económica y el empleo mientras dure el impacto de la pandemia. Es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha, con una dotación de hasta 10.000 millones de euros.

Con estas cuatro nuevas operaciones, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas ha aprobado operaciones por valor de 2.040 millones de euros, un 38% del total de los 5.365,5 millones de euros solicitados.

Técnicas Reunidas, estratégica para el sector energético

De esta forma, el Consejo de Ministros ha autorizado una ayuda de 340 millones al grupo Técnicas Reunidas S.A., que se canalizará a través de un préstamo participativo por importe de 175 millones de euros y un préstamo ordinario de 165 millones.

En la tramitación del expediente se ha tenido en cuenta el carácter estratégico de Técnicas Reunidas como compañía española líder en la prestación de servicios de ingeniería al sector energético, con presencia en más de 50 países y dinamizadora del tejido productivo español por su capacidad exportadora en compañía de proveedores nacionales. A finales de 2020, el grupo daba empleo en todo el mundo a 7.458 trabajadores de unas 70 nacionalidades, de ellos 4.368 (casi el 60%) en España.

Wamos, agente clave en el sector turístico español

El Consejo de Ministros también ha autorizado la concesión de una ayuda de 85 millones de euros al Grupo Wamos. Esta ayuda se canalizará a través de un préstamo participativo por importe de 43,35 millones y un préstamo ordinario de 41,65 millones.

El Grupo Wamos es un grupo turístico integral que desarrolla su actividad en toda la cadena de valor del sector con tres líneas de negocios: las agencias de viajes, con Nautalia como una de las minoristas de mayor peso; los operadores turísticos Wamos Circuitos y Grupo Mapa, que sitúan al grupo como tercer operador de España; y la aerolínea Wamos Air, una de las principales aerolíneas españolas de largo radio y en cuanto a número de asientos disponibles. A diciembre de 2019, el grupo empleaba en España a un total de 1.747 personas.

Eurodivisas, estratégica por su impacto en el turismo

La ayuda autorizada para Eurodivisas S.A. asciende a 45 millones de euros, que se canalizarán a través de un préstamo participativo por importe de 26 millones de euros y otro ordinario de 19 millones.

El Grupo Global Exchange, conformado por la sociedad holding matriz Eurodivisas, S.A. y sociedades dependientes, y de Eurodivisas, S.A., se dedica a la prestación del servicio de cambio de moneda extranjera y reembolso del IVA. El grupo tiene un carácter estratégico tanto a nivel nacional como para el tejido productivo de Castilla y León, dado su impacto social y económico en este territorio. Global Exchange es líder nacional en el sector de su actividad y número dos del mundo en la prestación de servicios de cambio en aeropuertos internacionales. La plantilla del grupo ha ido creciendo en los últimos cuatro años, hasta llegar a casi 2.500 empleados a finales de 2019.

Ferroatlántica, una metalúrgica con gran arraigo territorial

El Consejo de Ministros también ha autorizado la concesión de una ayuda de 34,5 millones de euros al Grupo Ferroatlántica S.A.U. Dicha financiación se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 17,6 millones y otro ordinario de 16,9 millones de euros.

La actividad de Grupo Ferroatlántica S.A.U (sociedad española filial 100% de Ferroglobe PLC) se desarrolla en el sector metalúrgico, siendo el grupo uno de los mayores productores mundiales de silicio metal y ferroaleaciones a base de silicio y manganeso, y que atiende a una base de clientes de todo el mundo. Cuenta con notable arraigo en los territorios donde está implantada y el empleo y su incidencia en las economías regionales le dan carácter estratégico. A diciembre de 2019 daba empleo a 338 personas en España.

Estas nuevas operaciones del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial se suman a las ya autorizadas para Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs y Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles y Grupo Abades.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SALDO DE COMPENSACIÓN DE LIQUIDACIÓN A ACESA

El Consejo de Ministros ha aprobado el saldo de compensación de liquidación de las actuaciones realizadas en cumplimiento del convenio entre la Administración General del Estado y la sociedad concesionaria ACESA para la modificación de determinados términos de la concesión de las autopistas Barcelona - La Jonquera, Barcelona - Tarragona, Montmeló - El Papiol y Zaragoza - Mediterráneo, aprobado por el Real Decreto 457/2006.

A la vista del incremento sustancial del tráfico viario en la autopista AP-7 que se venía produciendo en los años anteriores a la aprobación del real decreto, así como por los reiterados problemas de congestión de vehículos que se producían en épocas y tramos determinados de la autopista, y con objeto de una mejor prestación del servicio público, se procedió a la aprobación del citado convenio que contemplaba que la sociedad concesionaria se haría cargo de realizar las siguientes actuaciones:

•Ampliación a un tercer carril por calzada en el tramo Enlace Mediterráneo - Vilaseca/Salou.

•Ampliación a un tercer carril por calzada en los tramos Maçanet-Fornells de la Selva y Medinyá-La Jonquera.

•Ampliación a un tercer y cuarto carril por calzada en el tramo Fornells de la Selva-Medinyá y la construcción de los enlaces de Fornells, Medinyá y Sant Gregori.

•Implantación de un sistema de peaje cerrado en el tramo Martorell-Vilaseca/Salou

La concesión finalizó el 31 de agosto de 2021, tras analizar la propuesta de liquidación presentada por la sociedad concesionaria, se ha calculado el saldo de compensación de liquidación, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo interpretativo, al objeto de proceder a su abono dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la concesión, según establece el convenio.

El saldo de compensación de liquidación asciende a 1.069,9 millones de euros. De ellos, 505,5 millones de euros corresponden a la inversión ejecutada, 143,5 millones de euros corresponden al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación.

Derechos Sociales y Agenda 2030

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, en materia de maltrato animal.

Ante la necesidad de reforzar la protección penal de los animales y con el ánimo de ofrecer herramientas de lucha más adecuadas contra el maltrato y abandono animal, se modifica el articulado relacionado con la protección de los animales de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El delito de abandono de animales fue incluido en el Código Penal en 1995 y modificado posteriormente en el año 2003, pese a ello, se entiende necesario modificar y proporcionar las penas del mismo con la finalidad de que suponga una medida que impida su reincidencia y garantizando la inhabilitación para la tenencia de animales.

La modificación del Código Penal en lo relacionado con los delitos contra los animales que recoge este anteproyecto de ley supone la actualización de la norma penal a la reclamación justificada por la sociedad actual, que exige a la administración una adecuada respuesta ante delitos de especial rechazo social y que sitúan a nuestro país en la media de los países de nuestro entorno en lo referente a los delitos contra seres dotados de sensibilidad como son los animales.

Siguiendo los pasos de los legisladores alemán y británico se incluye en nuestro ordenamiento jurídico la expresión "animal vertebrado", que sustituye y amplía la lista tasada de animales protegidos por el actual Código Penal. De este modo, no únicamente los animales domésticos, domesticados, o que convivan con el hombre verán su integridad física y emocional salvaguardada por la norma penal, sino que a ellos se añaden los animales en libertad y salvajes. Sin duda, este cambio enmienda una de las más evidentes carencias del tipo actual, que deja fuera de su ámbito de aplicación supuestos como los recientemente ocurridos en los que algunas personas se dedican a lesionar, maltratar, ahogar, atropellar e incluso acabar con la vida de jabalíes y otros animales salvajes por el mero disfrute personal. Que estas conductas sean atípicas va en contra de nuestra evolución como sociedad sensibilizada con cuanto le rodea.

Tanto el Ministerio Fiscal como algunos juzgados y tribunales han hecho alusión a lo leves que resultan las penas tipificadas para estos delitos. Por ello no es de extrañar la indignación de la sociedad española, que está reclamando contundencia frente a este tipo de conductas execrables y también una mayor aplicación del concurso real de delitos en los casos en los que las acciones de maltrato afectan a varios animales.

Existe una sensación de impunidad generalizada ante el maltrato animal, las penas poco efectivas ante dichas acciones y la dificultad real de establecer mecanismos de salvaguarda de los animales víctima del maltrato, tanto en la tramitación de los procesos judiciales como al finalizar los mismos, hacen necesarios la revisión del articulado y los mecanismos de protección de los animales en el marco del Código Penal.

La diferencia importante entre las tipologías de maltrato hacia los animales hace también necesario ampliar los agravantes para facilitar al poder judicial establecer condenas diferenciadas entre los posibles casos de maltrato y que estas sean más acordes y ajustadas.

Se incorporan al delito diferentes agravantes en virtud de diferentes utilizaciones de los animales en los contextos de otras violencias, como por ejemplo la violencia de género o intrafamiliar, destacando la violencia instrumental que se realiza con animales especialmente en el ámbito de la violencia de género para coaccionar, mayoritariamente a mujeres, e imposibilitar las vías de emancipación ante dichas situaciones de violencia contra las mismas. Por todo ello, en esta reforma, se propone que, además de suponer una agravante del delito si la violencia es ejercida sobre los animales, se articulen herramientas judiciales que permitan cambiar la titularidad de manera previa a la resolución judicial.

Será castigado con la pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales el que, fuera de las actividades legalmente reguladas y sin estar amparado en las leyes u otras disposiciones de carácter general, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal vertebrado lesión física o psíquica que requiera objetivamente para su sanidad tratamiento veterinario.

Cuando se cause intencionadamente la muerte de un animal vertebrado, se impondrá la pena de prisión de 12 a 24 meses o multa de 18 a 24 meses, además de la pena de inhabilitación especial de uno a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Si las lesiones producidas no requiriesen tratamiento veterinario serán castigadas con una pena de multa de 1 a 3 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre a su cargo en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de 1 a 6 meses y de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Derechos Sociales y Agenda 2030

ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN, DERECHOS Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales.

Las circunstancias actuales de integración de los animales en la sociedad y la heterogénea normativa autonómica sobre protección y bienestar de los animales de compañía silvestres en cautividad establecen la necesidad de una normativa básica para todo el territorio nacional en materia de protección y bienestar animal.

Este anteproyecto pretende integrar, coordinar y clarificar en una única norma de rango legal el régimen jurídico en materia de tenencia y convivencia responsable con animales, lucha contra el abandono y maltrato de animales que viven en el entorno humano, impulsar la actuación coordinada de los poderes públicos en favor del fomento de la protección y bienestar animal y establecer un sistema de información centralizado en materia de protección animal como instrumento de colaboración con todas las entidades y administraciones públicas en el desempeño de sus competencias de protección y bienestar animal.

El anteproyecto articula mediante distintos instrumentos de coordinación el ejercicio de las respectivas competencias de las comunidades autónomas y entes locales en materia de protección y bienestar animal.

Pretende implementar mecanismos legales con el fin de prevenir el alto grado de maltrato y abandono de animales en nuestro país, estableciendo un marco general de protección y bienestar animal para todo el territorio nacional.

Uno de los objetivos fundamentales es racionalizar, simplificar y dotar de coherencia al régimen jurídico de la protección animal estableciendo unas obligaciones comunes para todos los ciudadanos que sean titulares o responsables de animales de compañía o silvestres en cautividad, con independencia de su lugar de residencia, así como criterios homogéneos respecto al trato con animales abandonados, extraviados, desamparados o urbanos.

La tenencia responsable de animales de compañía es uno de los puntos fundamentales del anteproyecto, que se vuelca en introducir un nuevo concepto de integración de los animales en la sociedad y tenencia responsable en los ámbitos de convivencia, sanidad y respeto por los derechos de los animales.

La demanda social de establecer con carácter general la política de sacrificio cero para todo tipo de animales incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, contemplándose excepciones a dicha política, exclusivamente por criterios veterinarios, de seguridad o de salud pública, viene acompañada de una serie de medidas para conseguir el abandono cero, fundamental para el éxito de los objetivos que se pretenden alcanzar.

Para conseguir el abandono cero y el éxito de los objetivos planteados en el anteproyecto, se establecen algunas medidas fundamentales, como el control y registro de la cría y venta de animales de compañía mediante criterios orientados a evitar la sobreexplotación, la cría y venta incontrolada, y fomentar la educación y formación de la sociedad para evitar la proliferación de abandonos.

El anteproyecto, además, establecerá mecanismos orientados a reducir el maltrato y mejorar el funcionamiento de profesionales y colectivos relacionados con los animales de compañía, como la limitación de la utilización de animales en eventos públicos, la regulación de las entidades de protección animal o de los profesionales del comportamiento o el establecimiento de algunas formaciones mínimas para ejercer las distintas actividades.

Uno de los puntos más significativos del anteproyecto es el establecimiento de un listado positivo de animales de compañía, que regulará qué animales pueden ser objeto de esta definición y, por tanto, de la convivencia en los hogares.

Por último, el anteproyecto establecerá las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección animal, teniendo como objetivo, además, facilitar la función inspectora y de vigilancia para prevenir las situaciones de maltrato animal y racionalizar, homogeneizar y dotar de proporcionalidad al régimen de infracciones y sanciones en materia de protección animal.

Ciencia e Innovación

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que pretende fortalecer las capacidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia del conocimiento. Además, la norma introduce reformas para dotar de más recursos, derechos y oportunidades al personal investigador y lograr una carrera profesional pública más estable en el ámbito de la I+D+I.

Esta reforma, que ahora inicia su trámite parlamentario como proyecto de ley, está orientada a cumplir tres demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras, reducir los trámites burocráticos de la gestión de la I+D+I y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+I, alineada con los objetivos de la Unión Europea. Para ello, la reforma incluye un compromiso por ley para que la financiación pública en I+D+I, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación, aumente regularmente con el objetivo de alcanzar el 1,25% del PIB en 2030.

A raíz de la recesión económica de la década pasada se produjo una reducción muy acusada de la capacidad para retener y atraer el talento investigador en España. Se estima que entre 2011 y 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores e investigadoras y un elevado número de personas se vieron obligadas a establecer su carrera fuera de España. Además, las capacidades del sistema de I+D+I público en España están amenazadas por el envejecimiento del personal investigador y por las discontinuidades y retraso en la entrada al sistema para las personas jóvenes.

Para hacer frente a estos retos, la norma introduce reformas en la carrera científica, dirigidas a reducir la precariedad, dar estabilidad a los investigadores e investigadoras y atraer talento. Una de estas reformas es la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas. Este nuevo contrato indefinido, que está alineado con la reforma laboral y recoge las singularidades del sistema, no está sujeto a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

Asimismo, se establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo. En concreto, la norma diseña una senda más segura con un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo certificado R3. Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.

La reforma de ley también dota de nuevos derechos laborales a los investigadores e investigadoras de nuestro país, como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.

En esta línea, la norma, que nace tras un proceso de escucha y diálogo, busca definir una carrera más segura para todos los colectivos del sistema de I+D+I y recoge una batería de medidas para estimular la atracción y movilidad de talento. Entre ellas, los quinquenios del personal de investigación de los OPIS evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta este momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.

Además, el personal investigador sanitario es reconocido en la reforma de ley como personal investigador del Sistema de Ciencia y se mandata a las comunidades autónomas para que incorporen categorías específicas de investigadores en las plantillas estables de los hospitales públicos. Asimismo, se mandata a las administraciones públicas para que incorporen de forma estable investigadores al sistema nacional de salud con categorías específicas y también se mandata para que el personal laboral e investigador pueda tener una carrera profesional en función de sus méritos.

Por otra parte, el personal técnico adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas. La norma también reconoce y retribuye por primera vez la figura de tecnólogo o tecnóloga en el Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Otro de los ejes del anteproyecto de ley está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios. En concreto, la justificación de subvenciones se realizará en forma de cuenta simplificada y la comprobación será por muestreo, sin que resulte precisa la verificación de la totalidad de ayudas concedidas. Las administraciones públicas podrán conceder directamente subvenciones a proyectos ya evaluados positivamente por otros agentes públicos del sistema. Además, se facilita el pago de cuotas de participación en proyectos y organismos internacionales.

La norma también está orientada a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, creando nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.

Otros mecanismos que regula la ley son la compra pública de innovación y el permiso a las administraciones públicas de invertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.

La norma también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.

Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual. También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, la necesidad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I. En este sentido, se garantizará la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes concilian. Además, se reconoce el papel fundamental de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la corresponsabilidad.

La reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la seguridad nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.

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