Referencia del Consejo de Ministros

17.12.2021

  • x: abre ventana nueva
  • Whatsapp: abre ventana nueva
  • Linkedin: abre ventana nueva
  • Enviar por correo: abre ventana nueva

Madrid

SUMARIO

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO de autorización de contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 27.500.000 euros.

Hacienda y Función Pública

Industria, Comercio y Turismo

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Política Territorial

Cultura y Deporte

  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C26, R1). Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY del Deporte.

Ciencia e Innovación

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Función Pública

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

El Consejo de Ministros ha autorizado la puesta en marcha de un sistema dinámico de adquisición de servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica, con un valor máximo estimado de 748 millones de euros.

Este sistema dinámico sustituirá al acuerdo marco anterior del año 2016. Su plazo de duración es de dos años, prorrogable por un máximo de otros tres años.

El ámbito subjetivo del sistema dinámico incluye a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades del sector público estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al sistema dinámico.

La adjudicación del sistema dinámico de adquisición se realizará mediante procedimiento restringido, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Se admitirán a todos los candidatos que cumplan los criterios de aptitud, que podrán optar por incorporarse al sistema dinámico de adquisición desde su inicio o a lo largo del período de vigencia del sistema.


Industria, Comercio y Turismo

FINANCIACIÓN PARA PROMOCIONAR EL TURISMO Y LAS PYMES EN LA PALMA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para regular la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención de 17,6 M€ para financiar actuaciones en la isla de La Palma en materia de promoción de turismo y de apoyo a las Pymes.

La dimensión y magnitud de la erupción volcánica de Cumbre Vieja, unida a la imprevisibilidad de la evolución y duración del fenómeno, justifican que el Gobierno lleve a cabo actuaciones, con la mayor celeridad posible, dirigidas a reforzar la economía de la isla de La Palma durante los próximos años.

Las ayudas se conceden con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico. Así, en materia de promoción turística, las actuaciones a realizar serán la puesta en marcha de una línea de incentivos especiales para la mejora de la conectividad aérea de La Palma en 2022 y un incentivo con bono turístico por importe de 300€. Esta partida para el turismo ascenderá a 4,6 M€.

En materia de dinamización de las Pymes, se apoyará la celebración del Starmus Festival-La Palma: La Isla de las Estrellas, la creación de una línea de apoyo al emprendimiento y a la creación de nuevas empresas. En total, se destinarán 13 M€ a este apartado.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

AYUDAS A DAMNIFICADOS POR CATÁSTROFES NATURALES EN DOCE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha aprobado declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil doce Comunidades Autónomas que en los últimos meses han sufrido inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos de distinta naturaleza.

El acuerdo abre la vía para que puedan solicitar ayudas públicas quienes hayan sufrido daños provocados por recientes inundaciones sufridas entre los pasados 20 y 24 de septiembre, en noviembre y este diciembre de 2021 en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, País Vasco y Murcia. También recoge un episodio de lluvias torrenciales en enero de 2020 y un tornado en agosto de 2020, ambos acaecidos en Illes Balears.

Asimismo, el acuerdo permitirá resarcir los daños provocados por diversos incendios forestales ocurridos desde el pasado mes de septiembre en las comunidades autónomas de Andalucía, Comunitat Valenciana, Extremadura e Illes Balears, así como un incendio acaecido en Córdoba (Alcaracejos) en agosto de 2021.

A fin de paliar los daños personales y materiales producidos, el acuerdo adopta una serie de medidas previstas la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil:

  • Ayudas económicas:
    • Por daños personales: fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente: 18.000 euros.
    • A particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad: el coste con un límite de 2.580 euros.
    • Por destrucción total de la vivienda habitual: el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros.
    • Por daños a la estructura de la vivienda habitual: el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 10.320 euros.
    • Por otros daños en la vivienda habitual: el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 5.160 euros.
    • Por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios: el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 9.224 euros.
    • A personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes: el importe total de los gastos.
    • A los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.
    • A corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables: entre el 50 y el 100 por ciento, según los casos.
  • Se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados).
  • Beneficios fiscales: El Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
  • Medidas laborales y de Seguridad Social: Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar bonificaciones laborales y exenciones de cuotas de Seguridad Social.
  • Ayudas a las corporaciones locales: El Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
  • Daños en infraestructuras públicas y dominio público: Todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

Esta declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil amplía el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de septiembre de 2021, que abrió el cauce legal para la concesión de ayudas a nueve comunidades autónomas para paliar los daños provocados por diversos episodios de incendios forestales o fuertes lluvias que provocaron inundaciones.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y RELANZAMIENTO ECONÓMICO DE LA PALMA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas complementarias, de carácter urgente, que permiten ampliar y agilizar las ayudas ya existentes para la reconstrucción y el relanzamiento de la economía en la isla de la Palma. También, ha aprobado un Real Decreto con una subvención directa a la Comunidad Autónoma de 17,5 millones de euros para el sector turístico y apoyo a PYME y ha aprobado, asimismo, un acuerdo para la construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).

El importe estimado de todas las medidas aprobadas hasta el momento para La Palma asciende a 399,7 millones de euros, de los cuales se han movilizado, en tres meses, 138 millones de euros.

Las medidas aprobadas hoy refuerzan, entre otras, las ayudas para vivienda, agricultores, ganaderos y trabajadores del mar.

Vivienda habitual

Se duplican las ayudas, aumentando el límite máximo de 30.000 a 60.000€. Son ayudas complementarias a las indemnizaciones que ya están recibiendo los afectados procedentes del Consorcio de Compensación de Seguros y también a las ayudas de otras administraciones territoriales, como el Gobierno de Canarias o el Cabildo de la Palma.

Además, para facilitar que las ayudas lleguen lo antes posible a los afectados, la Delegación del Gobierno en Canarias podrá conceder el pago de un anticipo a cuenta de hasta el 50% del importe máximo.

Agricultura y pesca

Nuevas ayudas por importe de 12M€ para compensar los daños causados por la actividad volcánica. En total, se movilizan 30,8M€ para el sector, de los cuales ya se ha abonado un anticipo de 13,5M€ a las seis organizaciones de productores de plátano, que integran a 2.947 personas.

Además, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación realizará campañas de publicidad institucional para promover el consumo de productos agrarios y pesqueros afectados por la erupción.

Cultura

Se concede una subvención al Instituto Canario de Desarrollo Cultural de 150.000 € para la financiación de actividades culturales y artísticas destinadas a la población afectada.

Materia tributaria

Se concede un aplazamiento de deudas hasta el 2 de mayo de 2022 para todas las declaraciones que tengan que presentarse antes del día siguiente a la entrada en vigor de esta norma.

Seguridad Social

Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar que no hayan podido faenar y reciban o hayan recibido ayudas no tendrán que pagar cuotas a la Seguridad Social hasta que puedan retomar su actividad.

El objetivo es que estos autónomos, aunque no accedan a las prestaciones extraordinarias de la Seguridad Social por estar recibiendo otras ayudas, no tenga que cotizar, al igual que los beneficiarios de la prestación por cese de actividad especial.

Líneas COVID

Para facilitar que las empresas de La Palma puedan acceder a estas líneas de financiación aprobadas con ocasión de la pandemia, se les elimina la obligación de tener que continuar con la actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Turismo y PYME

Se ha aprobado una subvención de 17,6M€ a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar actuaciones en materia de turismo y apoyo a las PYME de la isla, que se distribuyen en:

Plan para la recuperación del sector turístico (4,6M€) que incluye:

  • Incentivos especiales para la mejora de la conectividad aérea de La Palma en 2022. Permitirá subvencionar a las aerolíneas en los vuelos que operen a La Palma, ya sea desde España o desde el extranjero (1,3M€).
  • Campaña de promoción del turismo nacional (0,5M€).
  • Bono turístico de 300€ para consumo en la isla durante 2022 (inversión total 2,5M€, algo más de 8.300 bonos).
  • Gastos de gestión (0,3M€) .

Apoyo a pequeñas y medianas empresas: 13M€ para financiar medidas de dinamización empresarial de la isla:

  • Ayudas directas para crear nuevas empresas, ampliar establecimientos o capacidad productiva y diversificar la producción (10M€). Las beneficiarias tendrán que ser PYME con establecimientos en la isla y sus proyectos deberán mantenerse durante tres años.
  • Apoyo a la celebración del "Starmus Festival - La Palma: La isla de las estrellas", en su edición de 2022 (3M€). Es uno de los festivales astronómicos más importantes del mundo que reúne durante una semana a expertos en la exploración del espacio, la astronomía, la cosmología y la ciencia planetaria.

Apuesta por la investigación y la ciencia

El Consejo de Ministros ha aprobado también la financiación del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) entre 2022 y 2028. Cada administración aportará 10,5M€, a razón de 1,5M€ anuales.

La PLOCAN es una de las infraestructuras incluidas en el Mapa de Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares aprobado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consiste en un conjunto de instalaciones y laboratorios experimentales, situados sobre el borde de la plataforma continental, desde los que se accede al océano profundo, utilizando toda clase de vehículos, para observar, producir, aprovechar recursos o instalar servicios.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas, proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante como un llamamiento a la conciencia global ante el aumento de los flujos migratorios.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobado hoy la siguiente declaración institucional con motivo del día internacional del migrante:

"Las migraciones son inherentes a la historia de la humanidad y hoy, más que nunca, presentan un carácter global.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones -Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020-, el volumen de personas migrantes internacionales ha alcanzado la cifra aproximada de 272 millones de personas en 2019 lo cual representa el 3,5% de la población mundial, mientras que en el año 2000 dicho volumen representaba el 2,8% de la población mundial. Así, y pese a que el número de personas migrantes internacionales en todo el mundo representa una proporción bastante reducida respecto a la población total, en los últimos años el número de personas migrantes internacionales ha crecido más rápidamente que la población mundial (estudio del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas de 2019).

La gestión de los crecientes desplazamientos se hace cada vez más compleja debido a una diversidad de factores tales como la inestabilidad política, las desigualdades sociales y económicas, los conflictos armados, las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático, las crecientes disparidades demográficas, el uso de rutas cada vez más peligrosas, el incremento de las redes de tráfico de seres humanos, el número de menores en los flujos migratorios, la desaparición de la tradicional distinción entre países de origen, tránsito y destino de personas migrantes, y el incremento del recurso a la protección internacional, entre otros factores.

Este carácter global de las migraciones supone importantes desafíos, así como oportunidades, que requieren de una mayor implicación, tanto a escala mundial como a escala europea. A nivel internacional, y tras años de esfuerzos, se aprobó en diciembre de 2018 el Pacto Global para la migración segura, ordenada y regular, que representa la consecución de un hito de innegable valor político en la historia del diálogo mundial sobre la migración. Por su parte, y con el fin de ofrecer una respuesta adecuada a las oportunidades y retos que implica la gobernanza y gestión de la migración, la Comisión Europea presentó, en septiembre de 2020, el proyecto de Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo europeo.

Dentro del marco constitucional y legal de nuestro país y en consonancia con la filosofía que impregna el Pacto Global, la política migratoria española se sustenta en el convencimiento de que las migraciones constituyen un factor positivo, que requieren de una gestión eficaz y ordenada y con un enfoque de derechos humanos que tenga en cuenta nuestros compromisos internacionales.

Mejorar la gobernanza del hecho migratorio constituye uno de los retos más actuales y necesarios de la agenda política de la comunidad internacional y un objetivo esencial para una sociedad como la española, que conoce de primera mano y por propia experiencia histórica las múltiples dimensiones de un desafío complejo que no admite respuestas simplistas. España seguirá haciendo aportaciones en este sentido en su política exterior y europea, entre otras acciones, impulsando la iniciativa europea "Team Europe" -propuesta por nuestro país- para las Rutas Atlántica y Mediterráneo Occidental y nuestra presidencia del Proceso de Rabat.

Es imprescindible avanzar en el impulso de políticas que fomenten la inclusión y que luchen de una manera eficaz contra el racismo y la discriminación racial, así como contra la perpetuación de los prejuicios y estereotipos que sufren las personas migrantes que llegan a nuestro país, y, en particular, de los colectivos más vulnerables, con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada y tolerante.

Del mismo modo, la lucha contra quienes promueven, amparan y se lucran con la migración irregular refuerza la necesidad de prevenir, combatir y erradicar las mafias y redes de tráfico de personas, así como la trata de seres humanos, prácticas que representan un ataque frontal a la dignidad humana.

La dimensión exterior de las migraciones exige el refuerzo constante de las políticas de colaboración y cooperación entre los países de origen, tránsito y los de destino, para abordar las causas profundas de la migración desde la asunción que la gestión del hecho migratorio contemporáneo es una tarea común de la comunidad internacional en su conjunto, no de categorías de estados en particular, y desde la convicción de que la diversidad y el intercambio de culturas forman parte de la historia y de la riqueza de España, y también de su presente.

Nuestro país ha pasado de contar con apenas un millón de extranjeros en el año 2000 a los casi seis millones de residentes actuales (cifras a 30 de junio de 2021, según estadísticas del Observatorio Permanente de la Inmigración) una realidad que convive con la evidencia de que dos millones seiscientos mil españoles residen a día de hoy en el exterior.

La migración ordenada y segura proyecta oportunidades y beneficios que contribuyen al desarrollo, no sólo económico, sino también a la consolidación y difusión de los valores democráticos. A este respecto, la contribución de la migración para los países de procedencia va más allá del mero aporte económico para su tierra de origen, y cristaliza también en transferencia de conocimientos, el refuerzo del capital humano, y a su contribución en los ámbitos social y cultural, entre otras cuestiones.

Igualmente, y frente al relato de quienes anteponen las amenazas a los beneficios del fenómeno migratorio, es preciso reiterar que una migración regular, ordenada y segura representa una oportunidad para mitigar los desequilibrios demográficos de las sociedades más envejecidas, así como para impulsar el crecimiento económico -ya sea por la capacidad emprendedora de las personas migrantes o porque ocupan puestos de trabajo en los sectores con escasez de mano de obra- y contribuir así a la prosperidad de las sociedades.

En un tiempo marcado por la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, es preciso poner de relieve el papel de la población migrante en España en este periodo, con una contribución decisiva en sectores estratégicos y servicios esenciales para afrontar la mayor crisis sanitaria que ha enfrentado nuestra sociedad en el último siglo.

De igual forma y desde una perspectiva de género, es indispensable enfatizar el papel de las mujeres migrantes, que representan casi el 48% del total de la población migrante, de acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 de la OIM. Es necesario seguir avanzando en la superación de los obstáculos, problemáticas y barreras específicas a las que se enfrentan las mujeres migrantes y seguir articulando, además, medidas de protección con el fin de reducir su exposición a situaciones específicas que no deben tener cabida en nuestra sociedad y que incrementan de forma dramática su vulnerabilidad.

El Gobierno de España reitera su compromiso con la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva, desde el reconocimiento de las migraciones como un factor decisivo para las sociedades de origen y de acogida, y reafirma su determinación por alcanzar los objetivos marcados en este ámbito en la Agenda 2030, tanto en lo relativo a la reducción de las desigualdades como en lo relativo a derechos laborales y trabajo decente, así como en el impulso de políticas migratorias bien planificadas y gestionadas.

Es preciso avanzar en una respuesta que concilie solidaridad y responsabilidad en la gestión de las migraciones, teniendo en cuenta su dimensión global desde un enfoque europeo con perspectiva de derechos humanos, así como consolidar instrumentos y foros de diálogo internacionales. Desde ellos, es indispensable seguir fomentando, en estrecha cooperación con los países vecinos, el diseño de proyectos orientados a favorecer la capacitación y el aprovechamiento, tanto en origen como en destino, de perfiles profesionales de diversa cualificación para crear oportunidades y construir sociedades más cohesionadas. En un momento como el actual, con profundos cambios propiciados por la transición ecológica o la digitalización, la movilidad internacional en sectores estratégicos representa una alternativa clara para afrontar desafíos como los que plantean el reto demográfico o la necesidad de cubrir las demandas de nuevos sectores emergentes.

Asimismo, el Gobierno de España expresa la importancia de la política de inclusión de las personas migrantes en la sociedad, en consonancia con el impulso creciente de las iniciativas a nivel internacional y europeo en este sentido, para lo cual se trabaja en la elaboración de un Marco Estratégico de ciudadanía, inclusión y contra el racismo y la xenofobia que vendrá, entre otros aspectos relevantes, a incorporar las recomendaciones realizadas a España por los principales organismos internacionales y europeos, en los ámbitos de prevención del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia".

Política Territorial

INFORMES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE COOPERACIÓN EN 2019 Y 2020

El Consejo de Ministros ha recibido los Informes sobre la actividad de los Órganos de Cooperación en 2019 y 2020, que se publican en la Web del Ministerio de Política Territorial.

Los informes analizan la información sobre la actividad de los órganos de cooperación, especialmente las Conferencias Sectoriales, a lo largo de los años 2019 y 2020 y los elabora anualmente el Ministerio de Política Territorial con datos del Registro Electrónico de Órganos y la información proporcionada por las propias Conferencias Sectoriales. El análisis de los informes es cuantitativo y también cualitativo al valorar la información.

Informe 2019

Consta de cuatro capítulos:

  • El primer capítulo recoge la descripción de los órganos de cooperación Estado- Comunidades Autónomas e incorpora cuadros de las conferencias sectoriales y otros órganos, con indicación de su constitución y con referencia a su reglamento interno.
  • El segundo capítulo recoge las novedades en el sistema de órganos de cooperación en 2019, año con actividad relativamente escasa por la interinidad del Gobierno y por los procesos electorales en varias comunidades autónomas.
  • El tercer capítulo detalla la actividad de las conferencias sectoriales: número de reuniones y comparación de los últimos cinco años, indicando los órganos más activos.
  • El cuarto capítulo detalla las funciones de las conferencias sectoriales tal y como aparecen recogidas en la Ley 40/2015

El informe se complementa con cuadros y gráficos que reflejan los datos del informe.

Informe 2020

Modifica por completo la estructura tradicional de estos informes y consta solo de dos capítulos, con un exhaustivo análisis detallado y cualitativo del giro que se ha puesto de manifiesto en la cogobernanza a raíz de la crisis sanitaria.

  • El primer capítulo recoge la descripción de los órganos de cooperación e incorpora cuadros de las conferencias sectoriales y otros órganos, con indicación de su fecha de constitución y la referencia de su reglamento interno. Recoge las novedades durante este peculiar año en relación con el funcionamiento del sistema de cooperación y se avanza en la definición de Cogobernanza, término esencial en todo este período, se explora asimismo el papel desarrollado por la Conferencia de Presidentes, la aparición de las Conferencias Intersectoriales y las conferencias transversales u horizontales. Todos estos elementos refuerzan el sistema de cooperación, al tiempo que afianzan estructuras que llevan funcionando casi cuarenta años.
  • El segundo capítulo detalla la actividad de las conferencias sectoriales en 2020: se analiza el número de reuniones, con un incrementado notable hasta triplicar la media de encuentros de años anteriores y se hace referencia a los cuatro últimos años.

Se incluyen asimismo cuadros en los que se reflejan los datos expuestos a lo largo del informe, así como un anexo con el orden del día de todas las Conferencias Sectoriales.

Relevancia de las Conferencias Sectoriales en 2020

Las reuniones de las conferencias sectoriales se han multiplicado por tres en 2020, lo que demuestra la importancia de la cooperación y la cogobernanza ese año. En 2017 hubo 59 reuniones, 65 en 2018 y 49 en 2019. En 2020, primer año de la pandemia, fueron 169.

La Conferencia de Presidentes, integrada por el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se había reunido desde su creación en 2004 en solo seis ocasiones. En 2020, primer año de la pandemia, hubo 17 reuniones, tres veces más que las celebradas en toda su historia anterior.

En 2020 se crearon tres nuevas conferencias sectoriales: Conferencia Sectorial de Agenda 2030, Conferencia Sectorial de Reto Demográfico y Conferencia Sectorial del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Las dos primeras de carácter transversal, con el objetivo de establecer cauces de cooperación y también de coordinación. Al finalizar 2020, el número de conferencias sectoriales se elevaba a 42.

En 2020, la Conferencia Sectorial de mayor actividad fue, por razones evidentes, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), órgano de cooperación que se había reunido solo una vez en 2016, dos en 2017, cuatro en 2018 y cinco en 2019. Las reuniones del CISNS en 2020 fueron 82. También ha sido intensa la actividad de las comisiones o grupos de trabajo dependientes de este órgano, en particular, la Comisión de Salud Pública, la Ponencia de Vacunas o la Ponencia de Alertas.

Política Territorial

INFORME 2020 SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIO

El Consejo de Ministros ha recibido el "Informe sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración General del Estado en el territorio" correspondiente a 2020, dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 73.1.b.4º de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El informe recoge una visión global sobre el funcionamiento de los servicios integrados que se prestan a los ciudadanos desde las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, incluyendo como novedad, sobre informes anteriores, las actuaciones para dar respuesta a la pandemia de la Covid-19 y continuar ofreciendo a la ciudadanía un servicio cercano y de calidad, ya que las Delegaciones del Gobierno permanecieron siempre abiertas y garantizaron la atención a la ciudadanía.

El informe se desglosa en cinco áreas temáticas:

1.- Atención a los ciudadanos. A lo largo de 2020 se atendieron 2.299.742 consultas, dato que consolida un año más a las Oficinas de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno como un centro de referencia y de atención de calidad entre los ciudadanos. La mayor parte de las consultas, un 38,25%, están relacionadas con Extranjería, con un ascenso importante de la vía electrónica.

Una vez superada la primera fase de la pandemia, se habilitó el servicio de Cita Previa registrándose importantes resultados: Oficinas de Información y Atención al Ciudadano (271.920 citas), Alta Inspección de Educación (53.113 citas), Sanidad y Agricultura (1.092 citas), Trabajo e Inmigración (4.591 citas), y Derechos ciudadanos (632 citas).

2.- Control sanitario en fronteras y otras actuaciones relacionadas.

En 2020, los Servicios Médicos de las Áreas de Sanidad y Política Social han atendido 2.125 incidencias sanitarias en frontera, 1.405 asociadas al COVID-19. Estos datos suponen un aumento del 80% de actividad respecto al año anterior.

Asimismo, han realizado 14.800 actuaciones en los ámbitos de control sanitario del tráfico internacional de cadáveres, importación y exportación de muestras biológicas y control higiénico-sanitario de los medios de transporte internacional, aumentando un 100% los certificados y controles con respecto a 2019.

Los Servicios de Inspección Sanitaria en frontera han realizado en 2020 el control sanitario y fitosanitario en 763.479 partidas en el tráfico internacional de mercancías, manteniendo los niveles de 2019, garantizando así el abastecimiento de productos básicos incluso durante la vigencia del estado de alarma.

3.- Protección ciudadana y derechos ciudadanos.

Se celebraron dos procesos electorales en cuya organización han participado las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno: las elecciones al Parlamento del País Vasco y las elecciones al Parlamento de Galicia, ambas el 12 de julio de 2020.

Se recepcionaron 243.986 kilos de droga en los depósitos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, un 20% menos que en 2019. La cantidad de droga destruida ha sido de 207.322 kilos, una media mensual de 17.277 kilos destruidos.

En el ámbito de Protección Civil, han instruido expedientes de concesión de subvenciones derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. En 2020 se gestionaron 7.360 expedientes de concesión de subvenciones. De ese conjunto de expedientes tramitados, 1.453 resultaron en la concesión de la ayuda, con un importe global de 13.017.328,25 de euros, y, de ellas, el 88% fueron resueltas por Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

En 2020, las Unidades de Violencia sobre la Mujer han participado en 3.089 reuniones de carácter institucional, dato que supone más del doble de las registradas en 2019. Respecto a los informes elaborados, en 2020 se han registrado 5.492, más del doble que el año anterior, y un total de fichas de seguimiento de casos de violencia de género de 55.677, un 7,6 % más.

El 25 de septiembre de 2020 el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública firmaron un acuerdo para el refuerzo de las tareas desempeñadas por las Unidades de Coordinación y las Unidades de Violencia sobre la Mujer en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en las Direcciones Insulares en la lucha contra todas las formas de violencia de género, que contempla el impulso de la formación, sensibilización y prevención.

En cuanto a las Quejas y Sugerencias, en 2020 han recibido las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones y Direcciones Insulares 1.152 quejas y 52 sugerencias. Por primera vez, desde 2014, desciende el número de quejas, rompiendo la tendencia de crecimiento ininterrumpido. La mayoría de ellas se distribuyen entre el 53,73% en las Oficinas de Extranjería, el 29,77% en los servicios no integrados, o el 7,47% en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano y Registro.

Las Altas Inspecciones de Educación han tramitado durante 2020 un total de 85.968 solicitudes de homologaciones y convalidaciones de títulos y estudios extranjeros universitarios y no universitarios, de títulos españoles y de equivalencias de títulos españoles, un 32,44% menos que en 2019, cuando se tramitaron 127.245 solicitudes.

En las catorce Delegaciones y Subdelegaciones de aquellas provincias donde no existe Gerencia Territorial de Justicia se han resuelto en 2020 un total de 49.694 expedientes de asistencia jurídica gratuita, un derecho que la Constitución Española reconoce a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos. Esta cifra representa un 12% menos de solicitudes que en el 2019.

4.- Economía y desarrollo social.

La puesta en marcha de un plan de choque para el pago del justiprecio y la aceleración del pago de intereses de demora de los Jurados Provinciales de Expropiación, ha propiciado desde el año 2012 hasta la actualidad una reducción próxima al 90% en el número de expedientes de fijación de justiprecio atrasados. De esta forma, de los 23.335 expedientes sin resolver acumulados en 2012, se ha pasado a 3.434 a 31 de diciembre de 2020.

Las Delegaciones del Gobierno en Illes Balears y Canarias han tramitado en las Áreas de Fomento 6.493 solicitudes de ayudas al transporte de mercancías para Canarias e Islas Baleares. En 2020 ha sido la Delegación del Gobierno en Canarias la que ha presentado cerca del 94% de las solicitudes de ayuda. Este sistema de compensaciones persigue abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre islas, y entre Canarias y Baleares y la Península u otros territorios de Estados miembros de la UE y de los estados firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

5.- Gestión y mayor eficiencia de los medios.

La inversión realizada en 2020 en obras y proyectos de mejora del patrimonio inmobiliario de Delegaciones y Subdelegaciones ha sido de 4.363.104,90 euros. El Plan de Obras se basa en cuatro ejes de actuación, priorizando la seguridad, la optimización de espacios, la rehabilitación integral, la eficiencia energética y la accesibilidad; sin olvidar la restauración del patrimonio.

Asimismo se ha ido renovando el parque móvil con vehículos híbridos y se han tomado diversas medidas para reforzar el personal en aquellas áreas con mayores necesidades para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Por último, el informe reúne información sobre los servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno (servicios que dependen directamente de sus respectivos Ministerios), con una breve descripción de su organización y datos relativos a su funcionamiento en 2020. Se trata, entre otros, de los servicios prestados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, las Gerencias Territoriales de Justicia, las Demarcaciones de Carreteras, las Confederaciones Hidrográficas, las Delegaciones de Economía y Hacienda, las Jefaturas Provinciales de Inspección de las Telecomunicaciones o las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

Cultura y Deporte

NUEVA LEY DEL DEPORTE

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Deporte. Se trata de una propuesta legislativa impulsada a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) en cuya elaboración han participado los diferentes ministerios vinculados a la práctica deportiva, comunidades autónomas, federaciones deportivas, sindicatos y los distintos agentes públicos y privados del ecosistema deportivo español.

El nuevo texto, pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, busca actualizar la vigente ley de 1990 y adaptar el marco jurídico del deporte a un entorno mucho más complejo, desarrollado y profesionalizado que el de hace tres décadas.

Entre sus principales novedades, la propuesta de Ley reconoce expresamente el derecho a la actividad física y al deporte como actividades esenciales; promueve la igualdad y la inclusión en todos los niveles; dota de seguridad y estabilidad a las distintas figuras de personas deportistas; actualiza el modelo de las diferentes entidades; y unifica las funciones públicas y privadas de las organizaciones deportivas, regulando, entre ellas, las competencias del propio Consejo Superior de Deportes. Además de la dimensión social, incluye también aspectos como la transición ecológica y la innovación digital en el sector.

El deporte como derecho

El artículo 2 del proyecto recoge una de las grandes novedades de la Ley: la consideración del deporte como actividad esencial y el derecho a la práctica deportiva. Según se establece, ambos deben ser objeto de tutela por los poderes públicos, dotándolos de la posibilidad de poner en marcha planes y políticas orientadas al fomento de la práctica deportiva, además de fijar las condiciones mínimas de seguridad en los recintos deportivos y programas de colaboración con federaciones.

La seguridad, junto a la igualdad, la coordinación entre administraciones, el respeto al medio ambiente y el juego limpio son, de hecho, los principios de ordenación deportiva del nuevo texto, que tiene como objetivo permitir el acceso al deporte al mayor número de personas, atendiendo especialmente las necesidades de los colectivos con un mayor riesgo de exclusión.

Igualdad, eje prioritario

El proyecto de Ley parte de la premisa de que el deporte no puede ser considerado un sector exclusivamente masculino que vete el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Para ello, establece medidas para que las entidades -públicas y privadas-, equilibren la presencia de mujeres sus órganos directivos, como la obligación de federaciones y ligas profesionales de realizar un informe anual en materia de igualdad, y de contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos y acoso sexual o por razón de sexo, entre otras.

El texto también promueve la igualdad en la visibilidad de los eventos deportivos masculinos y femeninos en los medios, velando además para que la representación mediática de las mujeres esté libre de cosificación sexual y de estereotipos sexistas.

En cuanto a las deportistas, la nueva Ley busca reducir la merma de derechos de las mujeres al quedar embarazadas -tales como la pérdida del voto en asambleas, la dificultad para conciliar y la reincorporación tras la maternidad- manteniendo el voto en las asambleas generales y conservando sus derechos como deportistas de alto nivel una vez transcurrido este periodo.

La nueva Ley también atiende específicamente los derechos de las personas LGTBI en dos sentidos: eliminando cualquier clase de discriminación y promoviendo que el acceso y la práctica deportiva se realice siempre con pleno respeto al principio de igualdad.

Deporte más inclusivo

El texto aprobado por el Gobierno avanza asimismo en la promoción del deporte inclusivo y el practicado por personas con discapacidad. Entre otras medidas, la ley promueve la integración de todas las personas deportistas bajo la misma federación, haciendo obligatorio que las diferentes modalidades deportivas pasen a englobarse bajo una única federación cuando así lo haya hecho la respectiva federación internacional. Para estos casos, establece una representación ponderada en los órganos de gobierno de las federaciones integradas.

De esta forma, la nueva Ley trata de hacer crecer el deporte inclusivo, garantizar la participación de deportistas con discapacidad en competiciones internacionales, consagrar la igualdad de este colectivo e ir de la mano del movimiento deportivo internacional.

Regulación de deportistas y entidades

El proyecto de Ley regula también el estatus, derechos y obligaciones de las personas deportistas, piedra angular de la nueva norma. Establece, entre otras cosas, la definición de deportista profesional -dado de alta en el correspondiente régimen y que percibe ingresos por su práctica deportiva habitual- y no profesional -el que realiza su actividad dentro de una entidad, pero sin categoría profesional-, y la de deportista de alto nivel y de alto rendimiento (el primero calificado por el CSD y el segundo, por las Comunidades Autónomas).

Como derechos, destacan los aspectos relativos a la representación y participación, la cobertura de salud, un sistema de permisos y licencias en el ámbito escolar y laboral y el acceso a estudios y convenios con empresas y centros educativos para garantizar una carrera deportiva estable. Por su parte, los deberes de los deportistas están principalmente orientados al juego limpio, la lucha contra el fraude y la necesidad de proyectar una imagen positiva.

Respecto a los cambios en las obligaciones de las entidades deportivas, la nueva Ley elimina la obligación de transformación en Sociedad Anónima deportiva para participar en competiciones profesionales y se opta por un modelo libre; y desaparece la obligatoriedad del aval bancario del 15% del presupuesto de gasto, pudiendo establecer los clubes el porcentaje de aval que crean oportuno.

En el ámbito de las ligas profesionales, el texto establece medidas de gobernanza y transparencia, y la obligación de contar con mecanismos de control económico.

Ciencia e Innovación

CONSORCIO DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de la cuarta modificación al convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de las Islas Canarias para la creación del Consorcio de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). En virtud de esta modificación, el Gobierno compromete 10,5 millones de euros a PLOCAN entre 2022 y 2028. En concreto, se prevé que su inversión anual alcance los 1,5 millones de euros a partir del próximo año, una cantidad que duplica a la destinada en 2021, que fue de cerca de 741.000 euros. Esta contribución también supone aumentar un 74% la media de financiación aportada en los últimos diez años por la Administración General del Estado, de 859.000 euros.

Este acuerdo, que contempla que el Gobierno canario aporte otros 10,5 millones de euros, ayudará a reforzar y mejorar la infraestructura de PLOCAN y permitirá dar continuidad a la colaboración iniciada en 2007 entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Canarias para el diseño, construcción, equipamiento y explotación de la PLOCAN.

El objetivo de la Plataforma Oceánica de Canarias es permitir la realización de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de vanguardia en el ámbito marino y marítimo. La infraestructura permite el acceso y la utilización eficiente del océano con las mayores garantías medioambientales, suministrando laboratorios científicos, vehículos, bancos de ensayo y, en general, medios técnicos e infraestructuras localizados en el entorno marino PLOCAN.

PLOCAN es una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) de localización única que forma parte del Mapa de ICTS vigente. Asimismo, el Banco de Ensayos de PLOCAN actúa como nodo de la ICTS "Infraestructura Distribuida de Ingeniería Marítima y Oceánica" (MARHIS). Las ICTS son instalaciones, recursos o servicios necesarios para desarrollar investigación de vanguardia y de máxima calidad, así como para la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación.

Más información