Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, martes 27 de julio de 2021

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • ACUERDO por el que se autorizan las contribuciones del Reino de España a la 18.ª reposición de recursos y a la reposición extraordinaria para la iniciativa de la condonación de la deuda de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y a la ampliación de capital de la Corporación Financiera Internacional, por importes de 206.790.000 euros y 136.040.000 dólares estadounidenses, respectivamente.
  • INFORME sobre la situación de la economía española 2021.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para el diseño, apoyo al licenciamiento, fabricación y suministro de un sistema de almacenamiento y transporte del combustible nuclear gastado de las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II, Almaraz (Unidades I y II), Vandellós II y Cofrentes, cuyo valor estimado asciende a 218.263.980 euros.
  • ACUERDO por el que se autorizan diecisiete contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional por un importe total de 1.011.725,43 euros‬.
  • ACUERDO por el que se aprueban las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura.

Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación

  • ACUERDO por el que se autoriza la percepción de cantidades, en concepto de compensación, al Instituto de Crédito Oficial por los gastos incurridos en 2020, con cargo a los recursos del Fondo para la Promoción del Desarrollo, por importe de 1.459.710,12 euros.
  • ACUERDO de autorización de contribución voluntaria de España a la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe (EU-LAC), por importe de 50.000 euros.

Defensa

  • REAL DECRETO por el que se modifica, para la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato del seguro de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas, y del contrato del seguro de responsabilidad civil de aviación para el Ministerio de Defensa, por un valor estimado de 13.098.800 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la contratación de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), por un valor estimado de 170.243.397,92 euros.

Hacienda y Función Pública

Interior

  • INFORME sobre el Anteproyecto de Ley sobre precursores de explosivos, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • REAL DECRETO por el que se modifican ciertos términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9.
  • REAL DECRETO por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del centro de emisores y centro de receptores de Vilagrassa (Lleida).
  • REAL DECRETO por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR, DME y centro de emisores y receptores de Cáceres (Cáceres).
  • REAL DECRETO por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR y DME de Hinojosa del Duque (Córdoba).
  • REAL DECRETO por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas asociadas a las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea presentes en las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid para el caso en que las instalaciones sean aerogeneradores.

Agricultura, Pesca Y Alimentación

  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el 31 de marzo de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Foral de Navarra el 31 de marzo de 2021.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • REAL DECRETO por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.
  • ACUERDO por el que se autoriza la firma del Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil.
  • ACUERDO por el que se autoriza el traspaso de las cantidades alojadas en las Cuentas de Donante TF073550, TF073551 y TF059098 en el Banco Mundial de las que es titular el Reino de España, para destinarlas al "Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples del Partenariado para la Implementación de Mercados" y a la "Facilidad Transformativa de Activos de Carbono" del Banco Mundial.
  • INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • ACUERDO por el que se aprueba el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género.

Cultura y Deporte

  • REAL DECRETO por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de consolidación de la iglesia del castillo de Montearagón en Quicena, Huesca, así como para la redacción de la memoria valorada y la dirección facultativa de estas, por un importe de 324.512,73 euros.

Sanidad

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de productos y servicios necesarios, en el ámbito de competencias atribuidas al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) por el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, que desarrolla y modifica la estructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, para atender a la COVID-19 en el periodo comprendido entre el 16 de julio y el 31 de diciembre de 2020.

Derechos Sociales y Agenda 2030

  • ACUERDO por el que se autoriza la primera propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito para la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 22.916.824,88 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para la reserva y ocupación de plazas del Programa de termalismo del IMSERSO.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención nominativa, consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinada a la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 30 millones de euros.

Ciencia e Innovación

  • ACUERDO por el que se autoriza al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P. (CIEMAT) el pago de las contribuciones a asociaciones, organizaciones y entidades internacionales de investigación, correspondientes al año 2021, por importe de 59.646,52 euros y 42.315,69 francos suizos.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato del servicio de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el marco de la iniciativa 3 del Plan de digitalización de la Seguridad Social por un periodo de veintisiete meses y un valor estimado de 73.237.326,24 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación, por procedimiento de emergencia, de los servicios necesarios para dar respuesta a la situación generada como consecuencia del ataque de ransomware en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por un importe total máximo de 863.148,18 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social, cofinanciadas por fondos de la Unión Europea, cuya cuantía asciende a 29.300.000 euros.

Universidades

  • REAL DECRETO de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ASUNTOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

Hacienda y Función Pública

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • REAL DECRETO por el que se nombra subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a D. ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ.

Política Territorial

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una norma cuyo objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Esta Ley es una de las reformas más importantes del Plan de Recuperación (Impulso a la pequeña y mediana empresa), destinadas a mejorar las condiciones para el desarrollo pleno de la actividad empresarial y reducir los eventuales incentivos a crear empresas en otros países.

Agilizar la creación de empresas

Con esta ley, el proceso para crear una empresa será mucho más fácil, con una reducción tanto del coste como del tiempo necesario para completarlo.

La medida más destacada para impulsar la creación de empresas es la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, eliminándose el mínimo legal de 3.000 euros. La regulación propuesta incluye ciertas salvaguardas para los acreedores y configura un régimen más flexible que el actual régimen de formación sucesiva, que se elimina.

Esta medida supondrá una reducción en el coste de creación de empresas, lo que promoverá la creación de nuevos negocios, permitirá emplear los recursos liberados en usos alternativos, alineando la normativa española con la de los países con regímenes más favorables para el emprendimiento.

Asimismo, en el marco del impulso a la digitalización, se promueve la creación de empresas de forma telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que permitirá reducir los tiempos de constitución y los costes registrales y notariales.

Medidas de lucha contra la morosidad

La norma incluye medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que constituye una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, especialmente pymes.

Como medida fundamental, la ley impulsa la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos entre ellas. Esta medida permitirá obtener información fiable y ágil para conocer los plazos efectivos de pago, requisito indispensable para poder reducir la morosidad de manera eficaz.

La implantación efectiva de la factura electrónica se facilitará con los recursos previstos para la digitalización de las pymes en el Plan de Recuperación. En particular, el Programa Digital Toolkit incluirá entre los productos y servicios subvencionables la factura electrónica.

Se incorporan también incentivos para la reducción de los períodos medios de pago, tanto a través de su valoración en el acceso a las subvenciones públicas, como mediante el refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.

Finalmente, se creará un Observatorio de Morosidad Nacional, que se encargará del seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito.

Mejor regulación y eliminación de obstáculos a la actividad económica

El Anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas para simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.

Con este objetivo se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia e incorporando al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una Comunidad Autónoma.

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para profundizar en la cooperación y confianza mutua entre las diferentes Administraciones Públicas y reforzar las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica.

Apoyo financiero al crecimiento empresarial

El Anteproyecto de Ley Crea y Crece incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el "crowdfunding" o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del "crowdfunding", la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.

Se incluyen un conjunto de modificaciones para el impulso de la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

Finalmente, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

TRASVASE TAJO-SEGURA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifican las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura (ATS). A partir de su entrada en vigor, tras su publicación en el BOE, el acuerdo permitirá una gestión más ordenada y estable del sistema del acueducto, con ventajas tanto para las cuencas cedentes como las receptoras.

El nuevo mecanismo responde a las recomendaciones científico-técnicas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y ha sido refrendado por la Comisión Central de Explotación del Trasvase y el pleno del Consejo Nacional del Agua. El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo una actualización de las tarifas de aprovechamiento del trasvase, de acuerdo a su carácter bienal establecido por la legislación vigente.

Los nuevos umbrales para la cesión de caudales atienden a un principio fundamental de equilibrio entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo y la estabilidad de los suministros hacia las cuencas beneficiarias del trasvase. Se trata de minimizar el riesgo de que el trasvase entre en situación de excepcionalidad hídrica y, en consecuencia, tenga que interrumpirse el aporte de caudales aguas abajo, como ha sucedido con frecuencia en los últimos años a medida que se agravan los efectos del cambio climático sobre el régimen de lluvias en nuestro país.

Las aportaciones medias del trasvase han ido cayendo de manera sostenida desde la década de los 80 y en los últimos años la cabecera del Tajo se ha encontrado casi la mitad del tiempo en situación hidrológica excepcional, lo que hace imposible realizar los envíos de agua. En 2017 el grifo del trasvase permaneció cerrado durante once meses seguidos por falta de caudal suficiente. Esto no se corresponde con el espíritu de la norma, que aboga por una explotación regular y estable de esta infraestructura.

Cuatro niveles

Según el Real Decreto, la cantidad mensual de hm3 trasvasables se establecerá en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el segura y 50 hm3 para el Guadiana) y de acuerdo con cuatro niveles que quedan establecidos en los siguientes parámetros:

Nivel 1: cuando las existencias sean iguales o mayores que 1.300 hm3 o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.400 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hm3, hasta el máximo anual.

Nivel 2: cuando las existencias conjuntas sean inferiores a los 1.300 hm3 (sin llegar a los volúmenes del nivel 3) y las aportaciones de los doce meses previos no lleguen a los 1.400 hm3. En ese caso, la Comisión Central de Explotación del ATS autorizará un desembalse mensual de 27 hm3.

Nivel 3: si el agua almacenada en ambos embalses de cabecera no supera a comienzos de cada mes los valores (en hm3) de la siguiente tabla:

OctNovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSep
613609605602597591586645673688661631

En este nivel, considerado de 'situación hidrológica excepcional', el órgano rector podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada una transferencia de hasta 20 hm3/mes.

Nivel 4: cuando la cantidad de agua embalsada sea inferior a 400 hm3, en cuyo caso no habrá cesión alguna.

La principal modificación de la regla afecta al nivel 2, que hasta ahora fijaba en 38 hm3/mes el posible aporte de agua desde la cabecera del Tajo cuando se dieran las condiciones establecidas. A partir de ahora, el desembalse será de 27 hm3/m, lo que conllevará una mayor estabilidad al sistema y beneficios para todas las cuencas afectadas. La cedente, porque los embalses de Entrepeñas y Buendía dispondrán durante más tiempo de mayor volumen de agua almacenada, y las receptoras porque al racionar el agua que reciben mensualmente podrán mantener el flujo constante durante más tiempo sin interrupciones.

O lo que es lo mismo, recibirán menos agua al mes, pero un mayor número de meses que en la actualidad, de manera automática y siempre que se den las condiciones reguladas en el trasvase, lo que permitirá una mejor planificación para los usos de riego y otros.

Precedentes

No es la primera vez que cambian las reglas del ATS desde que fueron aprobadas las primeras, en 1997. En 2014, el entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente modificó todos los parámetros de la regla original, excepto el volumen de trasvase mensual en nivel 2, que se mantuvo en 38 hm3 a pesar del criterio en contra de los técnicos, partidarios de limitarlo a 30 hm3.

El acuerdo aprobado ahora busca adaptar una infraestructura crítica para el abastecimiento de tres millones de personas en Castilla-La Mancha, Murcia y Albacete a la realidad ineludible del cambio climático, de la alteración de los patrones de lluvias y, en suma, de una menor disponibilidad de agua.

Para contrarrestar este escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en el diseño de alternativas, duplicando la capacidad de generar agua desalada para usos agrícolas, la interconexión del sistema de desaladoras en una red conjunta de todo el Levante con mayor capacidad operativa, y un plan de apoyo a las energías renovables para rebajar el precio del agua desalada.

Nuevas tarifas

Junto a la modificación de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura, el Consejo de Ministros ha aprobado también las nuevas tarifas para el aprovechamiento del ATS.

El objetivo de las tarifas es recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación, así como la recuperación de las amortizaciones de las inversiones realizadas por el Estado. Su cálculo y elaboración se realiza según el procedimiento normalizado y reglado, y deben liquidarse anualmente a los usuarios del trasvase.

Las tarifas vigentes fueron aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017, entrando en vigor tras su publicación en el BOE de 17 de junio de ese mismo año. El cuadro de tarifas varía para cada grupo de usuarios del trasvase y tiene carácter bienal. Para fijarlas se ha trabajado con todos los colectivos implicados, representados en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo- Segura, donde han tenido la oportunidad de analizar y hacer observaciones que han sido incorporadas al texto definitivo hoy sancionado. Las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir de su publicación en el BOE.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

NUEVAS SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO

El Consejo de Ministros ha autorizado a Enresa la celebración de un contrato para el diseño, apoyo al licenciamiento, fabricación y suministro de un sistema de almacenamiento del combustible nuclear gastado para las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Vandellós II (Tarragona), cuyo importe máximo asciende a 220,08 millones de euros, IVA incluido.

En la actualidad, todas las centrales nucleares, a excepción de Vandellós II, disponen de un almacén temporal individualizado (ATI). Adicionalmente a las instalaciones ya existentes, es necesario dotar de nuevas capacidades de almacenamiento temporal, que estén operativas en 2026, a todas las centrales nucleares en operación, excepto a la de Trillo. Los nuevos ATI estarán basados en cápsulas metálicas soldadas y envolventes de hormigón.

La necesidad que se pretende satisfacer con el contrato es disponer de un sistema único que permita el almacenamiento en seco del combustible gastado que se genere en las centrales de Ascó, Cofrentes y Vandellós II a partir de 2026. En la central de Almaraz el nuevo sistema permitirá el inicio del vaciado de sus piscinas tras la parada definitiva de sus dos unidades, prevista en 2027 y 2028, para así poder iniciar su desmantelamiento.

Los nuevos sistemas de almacenamiento tendrán el mismo diseño para todas las centrales y serán objeto de un único proceso de licenciamiento, consiguiendo además ahorros por economía de escala y por el uso compartido de equipamientos auxiliares y repuestos, procedimientos comunes y formación.

Los nuevos ATI serán compatibles con cualquiera de las estrategias de almacenamiento temporal que se adopten en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, que actualmente se encuentra en tramitación. Llegado el momento, las cápsulas soldadas se trasladarán a un almacén centralizado.

Para poder implantar estas soluciones se necesitan cinco años desde el inicio de la licitación hasta que estén operativas en 2026, según el calendario previsto en la licitación.

El presupuesto base de licitación asciende a 181.886.650 euros, al que corresponden por IVA (21%) 38.196.196,50 euros, por lo que el presupuesto total del contrato asciende a 220.082.846,50 euros, IVA incluido.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Consejo de Ministros ha autorizado 17 contribuciones voluntarias a entidades internacionales por importe global de 1.011.725 euros. Estas contribuciones están destinadas a áreas de actividad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como la energía atómica, política forestal, gestión del agua, control de la contaminación atmosférica, protección de la biodiversidad, el acceso a la información y participación medioambiental o la red europea de agencias medioambientales.

Se trata de un segundo paquete que complementa el aprobado el pasado 18 de mayo por valor de 2,5 millones de euros para apoyar proyectos relacionadas con la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad a nivel internacional, asuntos forestales y legislación ambiental en la Unión Europea.

Contribuciones voluntarias

Esta nueva aportación supone casi un 20,9% del presupuesto del MITECO previsto para estas operaciones en el ejercicio de 2021. Las contribuciones voluntarias autorizadas hoy permitirán apoyar y participar en los siguientes organismos internacionales:

  • Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) por valor de 500.000 euros.

Política forestal

  • Instituto Forestal Europeo (EFI) por importe de 50.000 euros.
  • Comité de la FAO sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo - Silva Mediterránea (FAO - SILVA MEDITERRANEA) con una cuantía de 50.000 euros.
  • Proceso paneuropeo sobre protección de bosques (FOREST EUROPE), que asciende a 33.479 euros.
  • Programa de Cooperación Internacional para la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la Contaminación Atmosférica en los Bosques (ICP - FOREST) por valor de 4.781 euros.

Gestión del agua

  • Cuenca (REMOC) con una aportación de 75.000 euros.
  • Contribución a la Secretaría General de la UNESCO para la realización de actividades de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) por valor de 55.000 euros.
  • Sistema de Información de Agua en el Mediterráneo correspondiente al ejercicio 2019, año en que no pudo ser llevada a cabo, con una cuantía de 30.000 euros.
  • Contribución al Acuerdo sobre la Conservación de los cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua (MEDACES) por importe de 18.000 euros.

Protección de la atmósfera

  • Contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono correspondiente al ejercicio 2019, que no pudo ser llevada a cabo en ese año, por valor de 19.122 euros; y al ejercicio de 2021 con un importe de 19.221 euros.
  • Contribución voluntaria al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal que asciende a 72.972 euros.
  • Contribución voluntaria al Grupo de Trabajo en PRTR sobre Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la OCDE (PRTR - OCDE) por valor de 10.000 euros.
  • Protocolo UNECE/CEPE sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes con una cuantía de 10.000 euros.
  • Contribución voluntaria al Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente con un presupuesto de 5.000 euros.
  • Importe de la contribución voluntaria a la Red de Agencias de protección de Medio Ambiente Europeas (Red EPA) que asciende a 19.148 euros.
  • Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Estudio sobre la aceptación pública de las políticas de mitigación del cambio climático con un presupuesto de 40.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PROTOCOLO DE LUXEMBURGO SOBRE ELEMENTOS DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil.

Antecedentes

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) es una organización intergubernamental independiente de la que España es miembro, cuyo objetivo es estudiar las necesidades y los métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho privado y, en particular, el derecho comercial entre Estados y grupos de Estados y formular instrumentos, principios y normas de derecho uniformes para lograr esos objetivos.

En el seno de UNIDROIT se ha promovido el Convenio de Ciudad del Cabo, relativo a las garantías internacionales sobre elementos del equipo móvil, adoptado en 2001 ("Convención de Ciudad del Cabo"), que establece un régimen internacional para la creación, implementación y registro de garantías internacionales en categorías de equipos móviles de alto valor o particular importancia económica.

La Convención de Ciudad del Cabo, que se considera uno de los tratados de derecho comercial internacional más importantes desde el punto de vista económico, tiene como objetivo general facilitar la financiación y el arrendamiento eficientes de equipos móviles reduciendo los riesgos para los financiadores. Para ello, establece normas internacionales uniformes para la creación, ejecución, registro y prioridad de garantías reales en determinadas categorías de equipos móviles, de alto valor y de identificación única.

La Convención se aplica a categorías específicas de equipos móviles a través de cuatro Protocolos: El Protocolo sobre los elementos de equipo aeronáutico, adoptado junto con la Convención en 2001, es el Protocolo más ampliamente ratificado y ha tenido un gran éxito en la reducción del costo de la financiación de aeronaves en todo el mundo; el Protocolo ferroviario en 2007; el Protocolo espacial en 2012, y el Protocolo sobre elementos de equipo para la minería, la agricultura y la construcción (Protocolo MAC) de 2019.

España ya es parte de la Convención de Ciudad del Cabo y del Protocolo aeronáutico, que son aplicables a las ventas y a los derechos de garantía constituidos tanto a nivel nacional como internacional sobre equipos aeronáuticos en los que o el vendedor o el deudor tengan su centro principal de intereses en España o en los que la aeronave se encuentre registrada en España.

En 2007, se adoptó el Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario, que crea un marco legal internacional para reconocer y regular las garantías de los prestamistas, arrendadores y vendedores que vendan bajo contratos de venta sujetos a condición, en los que cada uno de ellos se encuentra garantizado por material rodante ferroviario.

Este Protocolo se aplica a todo el material rodante (desde trenes de alta velocidad hasta tranvías) y creará para los acreedores un sistema internacional de reconocimiento y de prioridades respecto a las garantías. Dicho sistema se implementará a través de un registro mundial al que se podrá acceder las 24 horas diarias a través de internet. El registro creará, por primera vez, unos identificadores globales únicos para el material rodante, y permitirá a los financiadores inscribir sus intereses, así como facilitar a los posibles acreedores y compradores comprobar cualquier reclamación ajena respecto a los materiales que han sido financiados.

También creará un sistema común para la recuperación de activos en caso de incumplimiento o insolvencia del deudor, sujeto al interés público y será particularmente útil en relación con los materiales que traspasen fronteras, evitando las dificultades actuales de garantías creadas al impugnarse ante los tribunales de una jurisdicción distinta respecto a donde se encuentra el activo. Al mismo tiempo, también ayudará en la financiación local.

En diciembre de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión relativa a la aprobación -en nombre de la Unión Europea- del Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil.

El Protocolo afecta a competencias exclusivas de la Unión en materia de Política de Transportes. Así, la UE es parte del Convenio de Ciudad del Cabo y firmó y depositó el instrumento de aprobación del referido Protocolo, aunque haciendo una declaración relativa a las materias de su competencia, como ocurre en el caso de las reglas sobre competencia judicial internacional y sobre determinación de la ley aplicable a las obligaciones contractuales y a los procedimientos de insolvencia, al estar ya reguladas tales materias por normativa europea.

Para promover la adopción e implementación del Protocolo de Luxemburgo, UNIDROIT promovió la creación del Rail Working Group, agrupación sin ánimo de lucro que representa los intereses de la industria ferroviaria. A raíz de la adhesión de España al Protocolo aeronáutico, desde el Comité para España del Rail Working Group se impulsó que en España se implementara lo antes posible el marco legal internacional del ya articulado para la industria aeronáutica de nuestro país y que la adhesión al Protocolo Ferroviario de Luxemburgo haría extensible al material rodante ferroviario.

Los Estados que han ratificado o se han adherido al Protocolo Ferroviario hasta la fecha son Gabón, Luxemburgo, Suecia y la Unión Europea. Francia (2017), Alemania (2012), Italia (2007), Mozambique (2016), Suiza (2007) y Reino Unido (2016) han sido los otros países que han firmado el Protocolo de Luxemburgo.

A partir del 21 de enero de 2021, el Protocolo solo necesita una ratificación/adhesión adicional, junto con la emisión por parte de la Autoridad supervisora de un certificado que confirme que el Registro internacional está en pleno funcionamiento, para entrar en vigor.

Contenido

El texto del Protocolo de Luxemburgo consta de un preámbulo y 34 artículos estructurados en 6 capítulos.

El capítulo I, que se refiere a su ámbito de aplicación y a las disposiciones generales, incluye las definiciones de los términos empleados en el Protocolo; la aplicación del Convenio respecto al material rodante; la no aplicación de sus disposiciones; los poderes de los representantes; la identificación del material rodante ferroviario en el contrato, y la elección de la ley aplicable.

El capítulo II establece las medidas ante el incumplimiento de las obligaciones, prioridades y cesiones. Contiene la modificación de las disposiciones relativas al incumplimiento de las obligaciones; la modificación de las disposiciones relativas a las medidas provisionales pendientes de decisión definitiva; medidas en caso de insolvencia; asistencia en caso de asistencia, y disposiciones relativas al deudor.

El capítulo III regula las disposiciones relativas al sistema de inscripción de garantías internacionales sobre material rodante ferroviario. Engloba los artículos referidos a la autoridad supervisora y registrador; puntos de entrada designados, identificación del material rodante ferroviario a efectos de registro; modificaciones adicionales de las disposiciones relativas al registro; tasas de registro internacional, y avisos de venta.

El capítulo IV solo contiene un artículo dedicado a la Jurisdicción que se refiere a la renuncia a la inmunidad de jurisdicción.

El capítulo V se ocupa de las relaciones del Convenio de Ciudad del Cabo con otros convenios. Este Convenio prevalecerá, en caso de divergencia, sobre la Convención de UNIDROIT sobre arrendamiento financiero internacional, firmada en Ottawa el 28 de mayo de 1998, y sobre el Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980 en la versión del Protocolo de modificación de 3 de junio de 1999.

El capítulo VI recoge las disposiciones finales relativas a la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; las organizaciones regionales de integración económica que pueden llegar a ser parte del Protocolo; las previsiones para su entrada en vigor; su aplicación a las unidades territoriales que forman parte de algunos Estados; las declaraciones referidas al material rodante ferroviario para el servicio público; las disposiciones transitorias; las declaraciones relativas a determinadas disposiciones del Protocolo; las reservas y declaraciones en relación al Protocolo y la posibilidad de su retirada posterior; las declaraciones en virtud del Convenio, que también se han hecho en virtud del presente Protocolo, salvo que se manifieste lo contrario; las Declaraciones ulteriores que un Estado parte podrá formular; el procedimiento de retiro de declaraciones; el procedimiento para la denuncia, revisión o enmienda del Protocolo, y la designación y funciones del Depositario, que recaen en UNIDROIT.

La entrada en vigor para España se producirá el primer día del mes siguiente al último día de la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de depósito del instrumento de ratificación, de acuerdo con lo previsto en su Artículo XXIII.2, siempre que se haya depositado el certificado que confirme que el Registro internacional está plenamente operativo.

La ratificación del Protocolo por España no conlleva incremento del gasto público de ningún tipo, ni costes de personal adicionales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

COMPENSACIÓN AL ICO POR GASTOS DEL FONPRODE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la percepción de cantidades, en concepto de compensación, al Instituto de Crédito Oficial por los gastos incurridos en 2020, con cargo a los recursos del Fondo para la Promoción del Desarrollo, por importe de 1.459.710,12 euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, del FONPRODE y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), como agente financiero del Estado, gestiona y administra por cuenta del Estado las ayudas otorgadas con cargo al FONPRODE.

El artículo 14 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, establece que anualmente, con cargo al FONPRODE, previa autorización por acuerdo de Consejo de Ministros, se compense al ICO por los gastos en que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomienda. El artículo 53.6 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, indica que esta compensación será efectuada con cargo a los recursos del propio Fondo.

En la reunión del Comité Ejecutivo del FONPRODE del 27 de mayo de 2021 se acordó elevar al Consejo de Ministros la propuesta de autorización para que el ICO pueda percibir con cargo a los recursos del FONPRODE la cantidad de 1.459.710,12 euros en concepto de compensación de los gastos en que ha incurrido por la labor de administración y gestión de las operaciones del FONPRODE respecto al ejercicio 2020. Tras dicha autorización se abonará al ICO dicho importe.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA Y CARIBE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo de autorización de contribución voluntaria de España a la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe (EU-LAC), por importe de 50.000 euros.

La Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe (Fundación EU-LAC) fue creada en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe celebrada en Madrid en 2010. Su objetivo es promover el conocimiento mutuo y la participación de las sociedades civiles en la relación entre la UE y la CELAC. El 17 de mayo de 2019 adquirió el estatuto de organización internacional intergubernamental con la entrada en vigor de su Acuerdo Constitutivo.

España apoyó desde el inicio la creación de la Fundación EU-LAC y, desde entonces, ha sido uno de sus más firmes apoyos entre los Estados miembros, tanto desde el punto de vista político como económico.

En 2020 España presentó la candidatura de Leire Pajín Iraola para ejercer la Presidencia ad honorem de la Fundación. El nombramiento el pasado noviembre de la presidenta de la Fundación EU-LAC viene a completar la nueva arquitectura institucional de la organización y deberá contribuir a la definición estratégica del programa anual y multianual de la Fundación (2021-2024) en un escenario caracterizado por incertidumbres y dificultades que afectan a su financiación más allá de 2022, y las provocadas por el desarrollo de la pandemia.

Las labores actuales de la Fundación se organizan sobre un programa de trabajo anual (2021) y otro multianual (2021-2024) que aprueba su Consejo Ejecutivo, compuesto por todos los Estados miembros. Desde 2016, la Fundación se ha centrado en priorizar actividades del Plan de Acción UE-CELAC y ayudar a desarrollar así la asociación birregional.

En consecuencia, mediante este Acuerdo se autoriza la contribución de 50.000 euros de España a la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe correspondiente al año 2021.

Defensa

REGLAMENTO DE EVALUACIONES Y ASCENSOS EN LAS FUERZAS ARMADAS Y SOBRE EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE MILITAR DE CARRERA DE MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica, para la escala de oficiales enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería.

Con esta modificación se da a los oficiales enfermeros el mismo tratamiento que al resto de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, pasando a ser cinco años el tiempo mínimo de servicios para el ascenso de teniente a capitán (en lugar de nueve años como hasta ahora). Este plazo puede, por necesidades organizativas, reducirse en un año a propuesta de la persona titular de la Subsecretaría de Defensa.

Las necesidades operativas y organizativas de las Fuerzas Armadas han planteado la conveniencia de esta medida para acomodar los empleos a la creciente responsabilidad asumida por estos oficiales, facilitando el desarrollo de su carrera profesional para alcanzar antes empleos superiores.

Esta reducción de plazos se extiende también al personal de la antigua escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad existente en la derogada Ley 17/1999 y que no se integró en la nueva escala de oficiales enfermeros.

Defensa

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AVIACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración por el Ministerio de Defensa, del contrato de seguro de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas y del contrato de seguro de responsabilidad civil de aviación.

El plazo de vigencia de estos contratos comenzará el 1 de enero de 2022, o el día posterior a su formalización, si se produce después de la citada fecha, hasta el 31 de diciembre de 2022, con posible prórroga de 1 año adicional.

El valor estimado del contrato es de 13.098.800,00 €.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa la celebración del Acuerdo Marco para la contratación de la configuración, instalación y puesta en marcha de los distintos servicios e infraestructuras de telecomunicaciones que dan soporte a la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), por un valor estimado de 170.243.397,92 euros.

La contratación de estos servicios e infraestructuras que se dividen en ocho lotes, permitirá avanzar en la implantación de esta Infraestructura Integral que constituye uno ejes de la Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa.

Los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la I3D garantizarán la operatividad del Sistema de Mando y Control Militar, el cual se encuentra vinculado directamente con la Defensa Nacional y permitirán a todos los organismos, unidades (instalaciones, buques, aeronaves, vehículos, etc.) y a los usuarios del Ministerio de Defensa el acceso eficaz a los recursos de información de la Defensa, cualquiera que sea su situación geográfica, en todo momento, de forma segura, garantizando la interoperabilidad y la mayor eficacia en el empleo operativo de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la OTAN, de la UE y de las organizaciones internacionales en las que España participa.

Hacienda y Función Pública

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2021, correspondiente a la Administración del Estado, que asciende a un total de 23.491 plazas. Con esta cifra, la OEP 2021 es la mayor de la serie. Supera a la del ejercicio 2020, cuando ascendió a los 20.658 nuevos puestos.

La oferta incluye plazas para la Administración del Estado, Entes Públicos, personal docente del Ministerio de Educación, personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Administración de Justicia, personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el Consejo General del Poder Judicial.

A las 23.491 nuevas plazas aprobadas hoy por el Gobierno hay que sumar los Reales Decretos de Oferta de Empleo Público de Fuerzas Armadas (con un total de 1.920 plazas) y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (con 5.034 nuevos puestos) que ya obtuvieron la aprobación del Consejo de Ministros.

En total, por tanto, el número global de la Oferta de Empleo Público teniendo en cuenta todos los sectores, asciende a 30.445 para el año 2021, lo que supone un aumento del 8,5% respecto a la cifra del año anterior.

Se trata de la mayor oferta ordinaria de empleo público de la historia, ya que no incluye ofertas extraordinarias ligadas a Reales Decretos-leyes ni procesos de estabilización de interinos. La OEP para 2020 sumó un total de 28.055 plazas y la de 2019 sin procesos extraordinarios fue de 28.156.

De la OEP 2021 aprobada en este Consejo de Ministros, 13.982 plazas corresponden a nuevos ingresos (frente a las 11.149 de un año antes), mientras que la promoción interna asciende a las 9.509 plazas, cifra idéntica a la de 2020.

En conjunto con las ofertas aprobadas previamente para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los puestos de nuevo ingreso suman 19.308, mientras que los correspondientes a la promoción interna suponen 11.137 puestos.

Distribución de las plazas

A la Administración del Estado le corresponden 11.900 puestos de nuevo ingreso (un 27,6% más que en 2020) y 8.982 plazas de promoción interna, una cifra muy similar a la del ejercicio anterior. Ello hace un total de 20.882 plazas, que supone un ascenso de un 14% respecto a 2020 (18.323).

La oferta en los Entes Públicos es de 460 plazas, frente a las 256 de 2020. Los puestos en la Administración de Justicia aumentan un 1,1% respecto al año previo, hasta los 1.468, de los que 1.171 son de acceso libre. A ello hay que sumar que el Consejo General del Poder Judicial oferta cinco plazas de acceso libre, las mismas que en 2020.

La OEP 2021 incluye también 549 funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (cifra similar a la del ejercicio anterior); además de 60 puestos para personal funcionario para el Ministerio de Educación y Formación Profesional (un 27,7% más que en 2020); y otros 67 para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, frente a los 26 de un año antes.

En cuanto a los Reales Decretos previos de dotación de personal para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para las Fuerzas Armadas, en el caso de las primeras, con las 5.034 plazas, protagonizan la partida más importante de la OEP de este año; mientras que en el caso de las segundas, el número de puestos (1.920) crece un 3,39% respecto a los ofrecidos en 2020.

Reposición del 110% en los sectores prioritarios

El proyecto de OEP de 2021 se rige por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. Ello incluye una tasa de reposición de efectivos de un 115% en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de un 110% en los sectores considerados prioritarios y de un 100% en el resto.

La distribución de las plazas en este 2021 responde a la metodología que se empleó el año pasado por primera vez. Está basada en una planificación trienal y tiene una filosofía de "base 0", lo que implica que se parte de las necesidades actuales y de la previsión de necesidades futuras, sin que resulte una condición el número de plazas asignadas en el ejercicio anterior a cada cuerpo o escala y, por tanto, a cada departamento ministerial.

Para realizar esta Oferta de Empleo Público se ha analizado en detalle el comportamiento de cada cuerpo o escala en cuanto a plazas convocadas desde el año 2017, se ha evaluado el grado de ejecución de cada oferta, las solicitudes presentadas en cada uno de los procesos selectivos, la tasa de cobertura de las plazas convocadas, la movilidad en el cuerpo y también las peticiones de los departamentos ministeriales.

Oferta alineada con el Plan de Recuperación

En la elaboración de la OEP se ha tenido también en cuenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta manera, se ha realizado una labor de inserción de la oferta de empleo en las políticas palanca de reforma estructural contempladas en el documento, que es la principal guía de transformación del país en los próximos años y que obtuvo la máxima calificación por parte de Bruselas.

La OEP contempla que cerca de 14.000 plazas, un número prácticamente equivalente a las ofertadas de nuevo ingreso, se integrarán en las políticas palanca del Plan de Recuperación. Así, cerca de un 20% de las plazas, 2.781, alimentarán la dirección y la gestión de las políticas públicas, con objeto de mejorar su diseño, su evaluación y alcanzar unos resultados óptimos; un 11,81% de los puestos, 1.651, se integrarán en actividades ligadas a la transformación digital; 1.454, un 10,40%, a la modernización del sistema fiscal; 1.176 plazas, el 8,41%, a la reforma integral y modernización de la justicia; más de un 6% del empleo reforzará las políticas de cohesión social; y más de un 5%, tanto la I+D+i como la sanidad y la vigilancia de la salud o la construcción de infraestructuras y ecosistemas resilientes.

El objetivo que subyace es la creación de una Administración más moderna, más eficiente y más profesionalizada. Ello se refleja también en el impulso que adquiere este año la creación de puestos de trabajo vinculados a las actividades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En total, la oferta de este tipo de puestos crece un 37% respecto a la del año 2020, para alcanzar las 2.924 plazas. Destacan muy en particular los empleos relacionados con la estadística, que más que se duplican, mientras que los vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación suben un 35%, hasta los 1.330.

Hacienda y Función Pública

APROBACIÓN DEL TECHO DE GASTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo que fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2022, que asciende a 196.142 millones de euros.

Se trata de una cifra récord, similar a la del ejercicio anterior, cuando el techo de gasto se situó en 196.097 millones. El límite de gasto no financiero incluye la absorción de un nuevo paquete de fondos europeos, así como la transferencia de recursos adicionales para el resto de subsectores (Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

La aprobación del techo de gasto es un trámite esencial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio, que seguirán impulsando el crecimiento y la creación de empleo y apuntalando el Estado del Bienestar. Al mismo tiempo, permitirán una importante reducción del déficit público, en línea con el compromiso del Gobierno de avanzar hacia un horizonte de equilibrio presupuestario y saneamiento de las cuentas públicas.

De esta forma, después de los Presupuestos Generales de 2021, centrados en la recuperación económica y social tras la crisis de la COVID- 19, las cuentas públicas de 2022 pretenden consolidar el crecimiento económico y avanzar en el camino de la modernización estructural del país, incidiendo en la transición ecológica y tecnológica, la justicia social y económica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

Como ya ocurrió el año pasado, el Acuerdo de Consejo de Ministros también contempla el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. Esta medida se enmarca en la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda también para 2022. Ello permite dotar a los Estados de mayor flexibilidad para afrontar la recuperación.

El Gobierno solicitará de nuevo al Congreso de los Diputados que aprecie si en España concurren las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es el mismo trámite que se siguió el año anterior para suspender las reglas fiscales nacionales.

En cualquier caso, la ministra de Hacienda y Función Pública ha dejado claro que la suspensión de las reglas fiscales no implica una desaparición de la responsabilidad fiscal y presupuestaria del Gobierno, sino que se mantiene el compromiso con la reducción del déficit público.

Tasas de referencia de 2022

Derivado de la suspensión de las reglas fiscales, los objetivos de estabilidad se han sustituido por unas tasas de referencia del déficit público.

El Gobierno estima que el déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas se situará en 2022 en el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone una reducción de 3,4 puntos respecto al 8,4% previsto para 2021. Se trata una de las mayores disminuciones del déficit de la serie histórica. Un comportamiento positivo debido a la reactivación de la economía, con motivo del buen ritmo de vacunación y la recuperación de los niveles de empleo.

De esta forma, siguiendo esta línea de consolidación de las cuentas públicas, el déficit pasará del 11% del PIB alcanzado en 2020 -derivado de las políticas de protección de rentas y apoyo al tejido productivo, especialmente pymes y autónomos, frente a la pandemia- al 5% en 2022. Es decir, en dos años el déficit público se reducirá en más de un 50% y se situará en menos de la mitad de lo marcado en 2020.

La mejora de la economía, la reactivación del consumo y de la inversión y la creación de empleo son los elementos que permitirán que el déficit público se reduzca de forma notable y, al mismo tiempo, se mantenga un límite de gasto no financiero ambicioso.

Referencias por subsectores

Analizando la tasa de referencia por subsectores, para la Administración Central se estima un déficit del 3,9% en 2022, lo que supone una significativa reducción respecto al 6,3% previsto para 2021. En cualquier caso, el Estado asume la mayor parte del coste de la pandemia, como ya ocurrió el año pasado, mediante transferencias de recursos adicionales con el objetivo de garantizar liquidez para el resto de subsectores.

La tasa de referencia para las Comunidades Autónomas se situará en el 0,6%, una décima por debajo de la cifra de 2021 (0,7%). El apoyo financiero de la Administración Central a las comunidades autónomas ha sido clave y ha permitido que durante la pandemia hayan recibido los mayores recursos de su historia. Las Entidades Locales mantendrán su tasa de referencia de equilibrio.

Por su parte, la tasa de la Seguridad Social se cifra en 0,5%. Ello supone una mejora respecto a lo anunciado inicialmente a Bruselas (0,8%). Esta mejora se debe a que la aportación del Estado a la Seguridad Social será superior a lo previsto inicialmente. En concreto, el límite de gasto del Estado incorpora una transferencia de 18.396 millones para el sistema de la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 32,1% en relación con el año anterior. Parte del esfuerzo que se ha destinado en los últimos años en la protección de rentas se reorientará a reforzar el sistema de pensiones.

Techo de gasto

En cuanto al límite de gasto no financiero aprobado por el Consejo de Ministros para 2022, se situará en 196.142 millones de euros, cifra similar a la de 2021, cuantificada en 196.097 millones.

De esta forma, el techo de gasto se mantendrá en unos niveles históricos, que permitirán establecer las bases para unos Presupuestos Generales del Estado que consolidarán la recuperación y potenciarán el crecimiento económico, fortaleciendo los servicios públicos e impulsando el cambio de modelo productivo que este país necesita, apoyándose en los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En ese sentido, si se descuentan los recursos procedentes de la UE, el techo de gasto se cifra en 169.787 millones de euros, un 0,7% más que el año anterior. Así, el gasto propiamente del Estado se incrementa ligeramente.

En relación con los fondos comunitarios, el techo de gasto para 2022 incorporará 26.355 millones de euros de los fondos europeos, de los que 25.622 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 733 millones al REACT. Hay que tener en cuenta que el grueso de los fondos REACT EU son recursos para las comunidades autónomas que no se incluyen en el techo de gasto. Hacienda asignó 8.000 millones en 2021 y 2.000 millones en 2022 para las comunidades de los fondos REACT.

El límite de gasto no financiero (169.787 millones), sumado a los fondos europeos (26.355 millones), dan lugar a un límite de gasto no financiero aprobado por el Consejo de Ministros y que se sitúa en 196.142 millones.

Estos recursos ayudarán a elaborar unos Presupuestos que permitirán consolidar la recuperación, la creación de empleo, blindar el Estado del Bienestar y construir un país más justo, más cohesionado y más moderno.

Hacienda y Función Pública

NUEVO ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para el suministro de equipos audiovisuales, con un valor máximo estimado de 28 millones de euros.

Este nuevo acuerdo marco sustituirá al anterior de 2016. Su plazo de duración es de dos años, prorrogable por un máximo de otros dos años.

El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en el ámbito estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al acuerdo marco.

El acuerdo marco está dividido en dos lotes, sistemas audiovisuales, y videocámaras y cámaras fotográficas portátiles.

La adjudicación del acuerdo marco se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la LCSP, evaluándose las ofertas mediante criterios objetivos de calidad y medioambientales.

Interior

NUEVA REGULACIÓN DE LOS PRECURSORES DE EXPLOSIVOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley sobre precursores de explosivos, una norma que debe sustituir a la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, en vigor, para incorporar a la legislación nacional lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1148, de 20 de junio de 2019, del Parlamento Europeo y el Consejo, sobre comercialización y utilización de precursores de explosivos.

Si bien dicho reglamento es de aplicación directa desde el pasado 1 de febrero de 2021, es necesario adaptar la normativa interna española a las nuevas medidas reguladas en el mismo.

Los precursores de explosivos son sustancias legales -ácido nítrico, nitrato amónico, etc.- que se utilizan en la composición de numerosos productos como fertilizantes, herbicidas, pesticidas, conservantes, de limpieza, desinfectantes, champús y pasta de dientes, entre otros, pero que también pueden utilizarse para la fabricación casera de explosivos.

El Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros incluye nuevas medidas para reforzar el control de los precursores de explosivos restringidos. La principal consiste en que los operadores económicos deben comunicar al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad cada venta de precursores de explosivos restringidos a particulares titulares de una licencia en vigor en un plazo no superior a cinco días desde que se formalizó la venta.

Además, el plazo para que operadores económicos, particulares y usuarios profesionales comuniquen al CITCO las sustracciones y desapariciones de precursores, así como las transacciones sospechosas, se reduce de las 48 horas actuales a solo 24.

El régimen de infracciones y sanciones se mantiene con multas desde 601 euros a 30.000 o 60.000 euros y sanciones adicionales de suspensión de las actividades o de revocación de la licencia con la prohibición de volver a obtenerla por un plazo determinado.

El Anteproyecto cuenta con el informe favorable de todos los ministerios con competencia en la materia, así como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Agencia Española de Protección de Datos. Tras su paso por el Consejo de Ministros, y antes de volver en segunda vuelta, el Ministerio de Interior tramitará su aprobación por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, recabará el informe preceptivo del Ministerio de Política Territorial y el dictamen del Consejo de Estado

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

BONIFICACIONES DE LA AP-9

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de bonificaciones de la autopista del Atlántico AP-9, que contempla la mayor rebaja de la historia. El nuevo esquema incentivará el uso de la infraestructura, la principal vía de comunicación y desarrollo económico de Galicia, con el objetivo mejorar la seguridad y reducir la congestión y los índices de siniestralidad en las carreteras que ofrecen condiciones de recorrido más estrictas.

El nuevo Real Decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, permitirá que 15 millones de tránsitos anuales vean eliminado o reducido su peaje gracias a que introduce descuentos y bonificaciones en los 219,6 kilómetros que unen Tui y Ferrol.

Hasta ahora sólo se podían hacer viajes sin abonar peajes en los 36,6 kilómetros de las circunvalaciones que son gratuitos, en los 14,2 km con bonificaciones (peajes en sombra) y en los 61 km de la provincia de Pontevedra que ya tenían la vuelta en el día gratuita de lunes a sábado para vehículos ligeros, siempre y cuando se pague con telepeaje (111,8 km en total).

Con la nueva normativa, se implementan una serie de medidas de bonificación de peajes a los vehículos ligeros que circulen por la AP-9 en condiciones de habitualidad, con el objetivo de reducir el coste que para la gran mayoría de usuarios supone la utilización de esta infraestructura.

Así, una de las grandes diferencias con los descuentos previos es que se amplía del día natural a las 24 horas el plazo para realizar el viaje de vuelta y que se suman los domingos y festivos.

Además, se añaden nuevas bonificaciones para los vehículos pesados.

Nuevas bonificaciones

Vehículos ligeros

  • Gratis todos los trayectos de vuelta que se realicen en un plazo máximo de 24 horas. La bonificación del 100% del camino de regreso al punto de origen se aplicará todos los días de la semana, incluido festivos. El recorrido de vuelta debe ser igual al de ida.
  • Bonificación adicional del 50% del recorrido de ida para aquellos usuarios que realicen, en un plazo máximo de 24 horas, dos recorridos iguales (con el mismo origen y destino) y de sentido contrario dentro del tramo Puxeiros (Vigo)-Tui y viceversa, en días laborables y festivos.
  • Gratuidad en el acceso desde Redondela. Bonificación del 100% (origen/destino Rande-Vigo), para los que realicen recorridos de ida y vuelta (mismo origen y destino y sentidos contrarios) en el plazo máximo de 24 horas entre ellos, en días laborables y festivos.
  • Recurrencia. Rebaja del 20% del importe pagado en todos los recorridos realizados en un mes, a contar desde el recorrido inicial, para aquellos vehículos que realicen más de 20 viajes en dicho periodo. Se contabilizará como un desplazamiento el conjunto de recorridos realizados en un mismo día y en un mismo sentido de circulación, cualesquiera que sean las entradas y salidas parciales registradas dentro del mismo.

Todas las bonificaciones y descuentos se aplicarán a los vehículos que utilicen el telepeaje como medio de pago.

De esta forma, gracias a este Real Decreto, serán gratuitos 8,4 millones de tránsitos que los vehículos ligeros realizan al año en vías de pago, frente a los 3,5 millones. En este sentido, se espera alcanzar los 10 millones tránsitos gratuitos en 2028.

Vehículos pesados

  • Descuento del 20% del importe del peaje en todos los recorridos.
  • Gratuidad en el acceso desde Redondela: bonificación del 100% de los recorridos internos en el tramo Redondela-Vigo (origen/destino Rande-Vigo), incluido el acceso al puerto de Vigo.

Las bonificaciones para los vehículos pesados se aplicarán sin ningún tipo de condiciones, ya que están disponibles todos los días de la semana (laborales y festivos) y para cualquier sistema de pago de peaje.

Una medida histórica

El esquema de bonificaciones que contempla el proyecto de Real Decreto no sólo no tiene precedentes en nuestro país, sino que es el mayor de la historia en una autopista en Galicia y en España, y supondrá unos 2.300 millones de euros hasta el final de la vida de la concesión en 2048.

Los descuentos se compensarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no con incrementos de las tarifas o ampliación del periodo de concesión. En esta línea, si la partida anual asignada no se agota abonando las bonificaciones, el Real Decreto abre la puerta a que el remanente se destine a reducir la cuenta de compensación de la concesionaria Audasa.

Agricultura, Pesca y Alimentación

NUEVA ORDENACIÓN DE GRANJAS AVÍCOLAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SANIDAD ANIMAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, que suponen una mejora en las condiciones de sanidad animal y medioambientales. Se trata de una profunda revisión de la normativa vigente hasta la fecha para el sector avícola de carne, que databa del año 2005, y de la incorporación a la misma del sector avícola de puesta, que hasta el momento no contaba con una norma de ordenación específica.

La elaboración de este nuevo Real Decreto se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto. El objeto es la adaptación de la norma a los nuevos retos sociales, económicos, productivos y medioambientales de la producción avícola.

El sector avícola es un sector de gran importancia en nuestro país y altamente tecnificado, que en los últimos años ha ido evolucionando y diversificando su producción ante las demandas de la sociedad y la evolución de la normativa, originándose un sector muy diverso y con múltiples especificidades.

Las principales novedades que recoge la norma se articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente, relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.

En este ámbito, la norma introduce la obligatoriedad de que las granjas dispongan de un plan de gestión es estiércoles, para evitar la contaminación del aire y de los suelos, y que formará parte de un plan de gestión ambiental individualizado para cada granja.

La nueva norma introduce también medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes, en particular de amoniaco, y de efecto invernadero. Así, cada graja deberá disponer, de manera individualizada, de un registro las emisiones y las técnicas utilizadas para su reducción ("mejores técnicas disponibles").

Cabe destacar también la consolidación del marco normativo actual en materia de bienestar animal, para lo que se establecen requisitos horizontales en materia de formación, se incorporan recomendaciones de bienestar animal para aquellas especies que no cuentan con normativa específica de la UE y se exige un plan individual para cada granja, que evalúe los potenciales riesgos para el bienestar de los animales.

Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de explotación, que será el responsable de asesorar sobre los aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.

Por otra parte, para mejorar y garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la norma, se introduce la obligación de contar con un sistema integral de gestión en la granja, donde queden recogidos los distintos planes y protocolos implantados en la misma en ámbitos sanitarios, de limpieza, mantenimiento de las instalaciones, bienestar animal, gestión de estiércoles o de distintos residuos, formación y control de antibióticos, entre otros aspectos.

La publicación de este nuevo Real Decreto permitirá establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán en gran medida su posición competitiva tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

CATÁLOGO DE MEDIDAS URGENTES DEL PLAN DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros ha aprobado el catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género. Este conjunto de busca avanzar hacia la erradicación de las violencias estructurales contra las mujeres con la implicación del conjunto de la sociedad de forma directa.

En este sentido, se proponen un conjunto de medidas encaminadas a la sensibilización de la sociedad, del entorno de las víctimas de violencia machista, buscan también detectar de forma temprana la violencia en servicios públicos de proximidad, apoyar la autonomía de las mujeres para que rompan con la violencia, proteger a los niños y las niñas frente a la violencia y reforzar la protección y la seguridad de las víctimas en riesgo, con y sin denuncia.

15 medidas

El catálogo de medidas urgente del Plan de Mejora y Modernización Contra la Violencia de Género, consta de 15 medidas destinadas a los objetivos antes mencionados:

1.- Elaboración y difusión de campañas a lo largo de todo el año, en el marco de la acción sostenida temporal de las medidas de concienciación y sensibilización para la erradicación de la violencia de género.

2.- Promover acuerdos de colaboración con las grandes proveedoras de servicios en línea para prevenir y actuar frente a los perfiles que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Promover el adecuado tratamiento de las noticias y de la información sobre violencia de género que se ofrece por los distintos medios de comunicación y evitar que la publicidad ofrezca una imagen "cosificadora de la mujer".

3.- Promoción de los programas de rehabilitación de los condenados por violencia de género, en aras a cumplir la finalidad rehabilitadora de la pena y lograr la reinserción social de los penados.

4.- Elaboración de un instrumento validado estandarizado para facilitar la detección de la violencia de género en los servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud que será objeto de una implantación progresiva en todo el territorio del Estado.

5.- Formación específica en la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista de los equipos profesionales involucrados en la atención integral y recuperación de las víctimas de violencia de género de atención primaria y hospitalaria (Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, Matronas, Trabajo Social, Urgencias, Salud mental y Toco-Ginecología), así como de la red de centros de Servicios Sociales, del ámbito educativo y de la Inspección de Trabajo y de los servicios consulares españoles en el extranjero.

6.- Implantación de una ventanilla única de violencia de género en la red de Servicios Sociales de Base y en colaboración con las administraciones públicas competentes, incluyendo las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos, según los estándares de accesibilidad, adaptabilidad y no discriminación, para centralizar la intervención y el acompañamiento social y garantizar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas y supervivientes de violencia de género. Entre ellos la reparación y el acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas para informar sobre sus derechos y acompañar en el procedimiento: pensiones y prestaciones de orfandad, apoyo psicológico preferente, becas, duelos; y la canalización de las demandas de las víctimas y supervivientes de violencia de género a las ayudas económicas, de vivienda y en relación a sus derechos laborales.

7.- Elaboración del primer Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género, dirigido al ámbito judicial, de familia, servicios sociales y servicios especializados.

8.- Impulso de la entrada en el sistema VIOGEN de los Servicios Sociales de Base y de los Servicios de Atención especializada, autonómicos y municipales, con el fin de proporcionar una información cercana y actual sobre de la víctima y el entorno fundamental para la eficacia de la valoración y actualización del riesgo.

9.- Elaboración de una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para promover y asegurar la máxima difusión del Protocolo Cero: herramienta dirigida a valorar los testimonios de familiares e integrantes del entorno social de una víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección adecuados, no condicionados a la interposición de denuncia previa.

10.- Realización de una acción formativa conjunta por los ministerios de Interior e Igualdad, masiva y multidisciplinar, que tenga las características de curso reglado, certificado, obligatorio, dirigido a todas y todos los agentes de los cuerpos policiales que tengan contacto con víctimas de violencia de género, con especial atención a las Unidades de Seguridad Ciudadana.

11.- Potenciación del papel de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, como punto focal en los territorios, a través de una circular y de acciones de formación e intercambio entre ellas.

12.- Mejora del Servicio ATENPRO, ampliando las posibilidades actuales de alta sin denuncia en el servicio y dando difusión al mismo entre los diversos agentes sociales como servicios de atención a víctimas de violencia de género, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, la policía judicial, los juzgados, los centros de atención primaria, hospitales, las oficinas de atención a las víctimas, recursos especializados, ONGs o asociaciones de mujeres.

13.- Introducción en todos los sistemas de gestión procesal utilizados por la Administración de Justicia de la comunicación automatizada de las órdenes de protección, así como de las resoluciones judiciales que las modifiquen, a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

14.- Elaboración de una Guía para la actualización y mejora de los Protocolos de Coordinación y Actuación Interinstitucional dirigidos a las instituciones y poderes del Estado en base al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica (2011) y a la normativa en violencia de género recientemente aprobada.

15.- Refuerzo de la formación especializada para la prevención, detección, actuación y sensibilización en violencia de género, dirigido a los equipos profesionales que están en contacto directo e indirecto con las víctimas y supervivientes de violencia de género, así como con sus hijos e hijas.

Cultura y Deporte

COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTATUTO DEL ARTISTA

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista, que dotará a este colectivo de un marco jurídico estable adaptado a las particularidades del desempeño artístico.

Este órgano colegiado interministerial está adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte. Estará integrado por vocales del Ministerio de Hacienda; Ministerio de Educación y Formación Profesional; Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Ministerio de Universidades. Está previsto que en septiembre se convoque la primera reunión.

Entre otras funciones, la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista realizará seguimiento y formulación de propuestas que sirvan de base a la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo y ejecución del Estatuto del Artista; impulsará y coordinará las actuaciones de los órganos concernidos de la Administración General del Estado; y estudiará las propuestas elaboradas por los grupos de trabajo.

Su creación da respuesta a las peticiones parlamentarias sobre la fiscalidad del sector, la protección laboral y de Seguridad Social, y la compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.

Se trata de una de las reformas enmarcadas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contribuirá a impulsar el sector cultural, mejorando las condiciones laborales de sus trabajadores y mitigando las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19.

Composición y funciones

La presidencia de la Comisión corresponde al titular del Ministerio de Cultura y Deporte y contará con una vicepresidencia primera, que corresponde al titular de la Secretaría General de Cultura, y una vicepresidencia segunda, que corresponde al titular de la Subsecretaría de Cultura y Deporte.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir representantes de otros departamentos ministeriales, y de otros organismos o administraciones, asociaciones, entidades y organizaciones empresariales y sindicales. También podrá invitarse a personas expertas y a personas representantes de la sociedad civil. Está prevista la creación de grupos de trabajo para facilitar la consecución de sus objetivos.

Cultura y Deporte

OBRAS DE EMERGENCIA EN LA IGLESIA DEL CASTILLO DE MONTEARAGÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de emergencia de las obras de la iglesia del Castillo de Montearagón en Quicena (Huesca). Igualmente, se ha dado luz verde a la redacción de la memoria y la dirección facultativa de las mismas. La iniciativa supone una inversión total de 324.512,73 euros.

Esta nueva intervención está motivada por el empeoramiento del estado en el que se encontraba el Castillo cuando se iniciaron las obras de consolidación y restauración para garantizar la estabilidad de los muros perimetrales y la correcta evacuación de las aguas pluviales. Inicialmente, se colocaron fisurómetros en las principales grietas para valorar su evolución durante los trabajos en el castillo. La conclusión fue que la apertura de la grieta la está motivando el empuje de la cubierta que provoca la separación de los muros de apoyo en su coronación, comprometiendo la estabilidad del conjunto, problema que se agrava los días de lluvia.

El Castillo de Montearagón fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931. Su titularidad es estatal y está afectado al Ministerio de Cultura y Deporte.

Derechos Sociales y Agenda 2030

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CRÉDITOS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial de un crédito de 22,91 millones destinado a apoyar la atención a los niños y niñas migrantes no acompañados. Por un lado, se financiará la acogida de los niños, niñas y adolescentes llegados a Canarias por parte de otras comunidades autónomas. Por otro, se apoyará a aquellas comunidades y ciudades autónomas que han atendido a un número mayor de niños, niñas y adolescentes durante el segundo semestre de 2020.

Derechos Sociales y Agenda 2030

SUBVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LAS PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES EN CANARIAS

El Consejo de Ministros ha alcanzado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión de una subvención nominativa consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de 30 millones de euros para la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales en la comunidad autónoma de Canarias. Este programa tiene como objetivo la reducción de la pobreza y de la exclusión social en el archipiélago canario. Parte de estos fondos se destinarán también a adaptar las prestaciones gestionadas por los servicios sociales a la situación derivada de la crisis sanitaria, contribuyendo a la creación de empleo y a la innovación en la respuesta a los usuarios y usuarias.

Derechos Sociales y Agenda 2030

PROGRAMA DE TERMALISMO DEL IMSERSO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para la reserva y ocupación de plazas del Programa de Termalismo del IMSERSO. El IMSERSO iniciará la tramitación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de 77 contratos de servicios de reserva y ocupación de plazas, que engloban un total de 100 establecimientos termales. Como ejes principales del programa se encuentra la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, así como la promoción del envejecimiento activo, la mejora de la salud y la prevención de la dependencia y, en segundo lugar, favorecer la creación y mantenimiento del empleo en este sector, contribuyendo con ello a paliar la estacionalidad.

Universidades

CREACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establecerá las bases para garantizar la calidad en la enseñanza universitaria. Esta medida, de carácter retroactivo, hará que las universidades, ya sean públicas o privadas y de modalidad presencial, virtual o híbrida, tengan que adaptarse a los requerimientos de calidad establecidos para todo el sistema universitario.

Las principales modificaciones son:

1.- Las universidades deberán disponer de una oferta académica mínima de diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado y deberán estar representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

2.- El estudiantado de grado y dobles grados será, como mínimo, el 50% del total del estudiantado oficial. En el caso de que el porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el conjunto de Másteres oficiales sea superior al 50% del total del estudiantado oficial, se establece en un 35% el límite mínimo de estudiantes de grado y dobles grados oficiales con relación al total del estudiantado oficial.

3.- Los estudiantes matriculados en formación continua no podrán superar en dos veces el número de estudiantes matriculados en títulos oficiales.

4.- Las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a un programa o programas propios de investigación. Asimismo, se establece una cifra mínima de publicaciones científicas y/o patentes, así como de proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional que deberán solicitar y obtener.

5.- Las universidades deberán tener sistemas internos de garantía de calidad y, en este sentido, los Másteres de formación permanente deberán contar con el informe favorable previo de dicho sistema interno.

Universidades

SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESI-LIENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de forma directa de subvenciones a las universidades públicas españolas con enseñanza oficial de grado y posgrado, por un importe total de 76,85 millones de euros distribuidos en el período 2021-2022.

Estas ayudas van dirigidas a fomentar la inversión en infraestructuras, desarrollos tecnológicos y proyectos de innovación docente para mejorar los recursos académicos en digitalización; reducir la brecha digital del personal académico y del estudiantado; impulsar proyectos de innovación digital interuniversitarios de carácter estratégico e interdisciplinar, e impulsar la formación digital, con el objetivo de alcanzar un incremento en el "Índice de digitalización universitario" de, al menos, un diez por ciento respecto a 2019.

Universidades beneficiarias, cuantías concedidas y distribución anual
Entidad beneficiaria 2021 2022
A Coruña 993.860,50 € 168.668,90 €
Alcalá 1.097.143,60 € 186.197,10 €
Alicante 1.409.492,00 € 239.206,00 €
Almería 752.624,10 € 127.728,50 €
Autónoma de Barcelona 2.146.550,60 € 364.292,90 €
Autónoma de Madrid 1.762.536,00 € 299.121,40 €
Barcelona 3.013.436,70 € 511.412,80 €
Burgos 427.843,60 € 72.609,60 €
Cádiz 1.240.983,50 € 210.608,30 €
Cantabria 629.697,40 € 106.866,50 €
Carlos III de Madrid 1.135.231,90 € 192.661,10 €
Castilla-La Mancha 1.494.150,50 € 253.573,50 €
Complutense de Madrid 4.047.326,20 € 686.875,00 €
Córdoba 1.020.718,10 € 173.226,90 €
Extremadura 1.161.651,10 € 197.144,70 €
Girona 812.794,90 € 137.940,10 €
Granada 2.940.620,40 € 499.055,10 €
Huelva 616.823,80 € 104.681,60 €
Illes Balears (Les) 791.468,20 € 134.320,70 €
Jaén 832.661,00 € 141.311,60 €
Jaume I de Castellón 753.879,10 € 127.941,40 €
La Laguna 1.129.074,50 € 191.616,10 €
La Rioja 268.774,00 € 45.613,90 €
Las Palmas de Gran Canaria 1.000.198,10 € 169.744,40 €
León 608.310,70 € 103.236,90 €
Lleida 584.243,90 € 99.152,50 €
Málaga 1.978.900,10 € 335.840,70 €
Miguel Hernández de Elche 746.067,90 € 126.615,80 €
Murcia 1.755.443,60 € 297.917,80 €
Oviedo 1.290.134,80 € 218.949,90 €
Pablo de Olavide 694.309,10 € 117.831,80 €
País Vasco 2.665.475,40 € 452.360,00 €
Politécnica de Cartagena 336.733,00 € 57.147,20 €
Politécnica de Catalunya 1.663.968,60 € 282.393,50 €
Politécnica de Madrid 2.045.114,20 € 347.078,00 €
Politècnica de València 1.672.408,70 € 283.825,90 €
Pompeu Fabra 996.781,00 € 169.164,50 €
Pública de Navarra 510.313,50 € 86.605,70 €
Rey Juan Carlos 2.536.374,20 € 430.450,10 €
Rovira i Virgili 805.517,30 € 136.705,00 €
Salamanca 1.454.673,60 € 246.873,90 €
Santiago de Compostela 1.426.056,80 € 242.017,30 €
Sevilla 3.375.106,90 € 572.792,10 €
València ( Estudi General) 2.745.117,10 € 465.876,00 €
Valladolid 1.278.823,50 € 217.030,10 €
Vigo 1.115.226,60 € 189.266,00 €
Zaragoza 1.935.359,70 € 328.451,20 €
TOTAL 65.700.000,00 € 11.150.000,00 €

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón.-

Dª ROSA MARÍA SERRANO SIERRA

Ha sido senadora en la XIII y en la XIV legislatura, donde, entre otros cargos, ha sido secretaria primera de la Comisión de Asuntos Exteriores, portavoz de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico y viceportavoz de la Comisión de derechos de la familia, la infancia y la adolescencia. También ha ocupado el cargo de tercera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Huesca, donde ha desempeñado los puestos de presidenta de la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, presidenta de la Comisión Informativa de Derechos Sociales e Igualdad, delegada del Servicio de Barrios Rurales del Área de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, delegada del Servicio de Vivienda del Área de Derechos Sociales e Igualdad, presidenta del Consejo Sectorial de Autonomía Personal, presidenta del Consejo Ciudadano y presidenta del Consejo de las Niñas y de los Niños.

Ha sido también secretaria territorial de Huesca en la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores en Aragón, sindicato al que ha estado vinculada durante más de diez años. Anteriormente, trabajó en la empresa privada en el sector servicios.

Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno.-

Dª JUDIT ALEXANDRA GONZÁLEZ PEDRAZ

Nacida en 1979 en Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en el 2006.

Hasta su nombramiento era secretaria general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ha sido subdirectora de Cooperación y Coordinación Territorial en el Ministerio de Justicia (2018-2020). Asimismo, ha ocupado puestos de responsabilidad en la secretaría general de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda (2016-2018) y en la Agencia Española de Protección de Datos (2012-2016). Con anterioridad ha sido subdirectora general de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (2009-2012) y asesora en el Gabinete del secretario de Estado de Justicia (2008-2009).

Director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.-

D. JOSÉ ALARCÓN HERNÁNDEZ

Nacido en Madrid el 21 de octubre de 1973. Es Licenciado en Derecho, experto en relaciones con la Unión Europea, asesor y gestor. Especialista en Derecho administrativo con amplia experiencia en derecho ambiental, de la energía y extranjería. Ha ocupado durante una década puestos directivos en la Administración y ha coordinado el Gabinete jurídico del Grupo parlamentario socialista en el Senado. Tiene el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública y el Máster en Derecho de la Energía. Fue también coordinador del Gabinete Jurídico en el Senado del Grupo Socialista, asesor en políticas migratorias en el Congreso de los Diputados, Grupo Socialista, asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración, asesor jurídico en la Secretaría de Políticas Sociales y Migratorias de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y coordinador de Programas en La Fundación Españoles en el Mundo

Ha sido director general de Migraciones y Encomienda de la Orden del Mérito Civil en 2020.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.-

D. LUIS MANUEL CUESTA CIVÍS

Es diplomático de carrera desde 1993. Ha sido secretario general de Política de Defensa, de 2007 a 2012, embajador de España en Tanzania, Burundi, Ruanda y la Comunidad de África Oriental, de 2012 a 2015, y desde el 1 de abril del 2019 era embajador representante permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, con sede en Viena.

Con anterioridad fue consejero de Promoción Cultural en la AECI, experto en el PNUD en Nueva York y ha estado destinado en las embajadas de España en Bogotá, Roma -donde fue gobernador alterno de España ante el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola - y en la REPER-OSCE en Viena, como representante adjunto para los asuntos Político-Militares, de 2015 a 2019. Ha sido también consejero diplomático del ministro de Defensa, de 2005 a 2007.

Habla español, catalán, francés, inglés e italiano y tiene la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica y la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco y es Comendador de la Orden del Mérito Civil, Comendador de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana y Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa.

Defensa

Jefe del Mando Aéreo de Combate.-

D. FRANCISCO GONZÁLEZ-ESPRESATI AMIÁN

Nació en Córdoba el 10 de septiembre de 1959 y finalizó sus estudios en la Academia General del Aire en 1984 con la promoción 36, obteniendo el empleo de teniente.

Piloto de caza y ataque, ha estado destinado en Unidades como Ala 11 (Valencia), Ala 15 (Zaragoza) como piloto instructor, probador y exhibidor en el EF-18. Como experiencia en organismos internacionales, cabe destacar su destino en el Mando Conjunto de la OTAN en Lisboa y en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas CAOC8 de la OTAN en Torrejón de Ardoz.

Tras ejercer la jefatura del Ala 15 en Zaragoza fue designado como jefe de la Base Aérea de Torrejón y posteriormente como jefe del Centro de Operaciones Aéreas del Mando Aéreo de Combate. Tras ascender a general de división es nombrado segundo jefe y jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate. El general González-Espresati tiene más de 3.000 horas de vuelo de las que más de 2.000 son en EF-18. Está casado y tiene tres hijos.

Hacienda y Función Pública

Secretaria de Estado de Función Pública.-

Dª LIDIA SÁNCHEZ MILÁN

Nacida en Málaga el 14 de febrero de 1964, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Es funcionaria de los Cuerpos Superior de Administradores Generales y de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía.

Ha sido presidenta y directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, desde febrero de 2020 hasta la actualidad.

Directiva pública profesional con más de 33 años de experiencia, en el ámbito de la Función Pública ha desempeñado, de 2012 a 2019, el cargo de secretaria general para la Administración Pública y, de 2010 a 2012, el de directora general del Instituto Andaluz de Administración Pública, ambos de la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha desempeñado los cargos de secretaria general de Políticas Culturales y secretaria general técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. También ha desempeñado los cargos de secretaria general de la Delegación de Cultura, coordinadora general de la Delegación del Gobierno, jefa del servicio de Juego y Espectáculos Públicos, jefa del Departamento de Régimen Jurídico de Industria, Energía y Minas y negociado de Personal Funcionario.

Ha sido consejera de Imprenta de Billetes S.A. (IMBISA) y patrona en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y así como vocal del Consejo de la Agencia Tributaria de Andalucía, y miembro en los patronatos de la Alhambra y Generalife y de la Fundación Museo Picasso de Málaga.

Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.-

Dª ISABEL PARDO DE VERA POSADA

Nacida en Lugo en 1975, es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña (julio 2001).

Tras trabajar en el sector privado de la ingeniería y consultoría de proyectos de infraestructuras ferroviarias y de carreteras, ingresa en Adif a través de la Oferta de Empleo Público en el año 2007. Desde aquel momento y hasta 2015, desempeña puestos sucesivos de Dirección de Obra, jefa de Infraestructuras y gerente de Área en la construcción de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Al término de ese año, solicita una excedencia en Adif y es nombrada directora de Movilidad e Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra.

En junio del año 2016 se reincorpora al ente ferroviario como número dos de la entidad, compatibilizando el cargo de directora general de Explotación y Construcción de Adif con el de directora general de Adif Alta Velocidad, cargos que ha desempeñado hasta que en junio de 2018 es nombrada presidenta de ambas entidades públicas, responsabilidad que ha venido desempeñando desde entonces.

Presidenta de ADIF.-

Dª MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en 1993, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2006), y tiene un Máster en Dirección Estratégica Internacional por la UPM (2016).

Tras trabajar durante cinco años en una empresa de ingeniería, se incorporó a la Unidad de Proyectos del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en enero de 1998, primero como técnico y desde 2001 como jefa de Área.

En 2005, tras la creación de ADIF, pasa a ser directora de Proyectos de Alta Velocidad, y desde 2007, directora de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Grandes Proyectos de Alta Velocidad. En 2013 pasó a la plantilla de ADIF-AV como responsable del área de Coordinación Técnica. En 2016 vuelve al ámbito de los proyectos.

Desde 2018 es directora general de Planificación Estratégica y Proyectos en ADIF, responsable de la estrategia de la empresa, la planificación funcional de la red, los proyectos de infraestructura y arquitectura de toda la red, y las relaciones Internacionales.

Desde 2009 es profesora del Máster de Túneles de AETOS/UNED, e imparte clases en distintos máster universitarios y en cursos de la Universidad de Verano, en la UPM y en la Universidad Europea de Madrid. Es miembro del Comité Editorial y de Redacción de la Revista de Obras Públicas del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.-

D. ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ

Nacido en Madrid en 1983. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster oficial en Intervención de la Administración en la Sociedad por la UNED, habiendo completado formación con distintos programas cursados en IESE-Universidad de Navarra, LSE-London School of Economics and Political Science, Middlesex University London o el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Ha desarrollado labor investigadora en el marco del Programa de Doctorado en Derecho y Políticas Públicas de la UAM, con la preparación de una tesis sobre la dimensión constitucional del acceso a información pública. Ha participado como ponente en diferentes cursos y conferencias en el INAP, la AECID, el Ministerio de la Presidencia, las Delegaciones del Gobierno, o la Escuela Nacional de Administración Pública de Colombia, sobre gestión y dirección pública.

En la Administración General del Estado ha desempeñado distintos puestos en el ámbito de los Ministerios de Sanidad, Asuntos Exteriores y Cooperación, y Hacienda y Administraciones Públicas. Entre 2014 y 2018, desempeñó el puesto de subdirector general de la Inspección de servicios de la Administración Periférica del Estado en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Durante 2018 y 2019, fue director general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior. Entre enero de 2020 y febrero de 2021 fue subsecretario de Sanidad. Actualmente desempeñaba el puesto de subsecretario de Política Territorial y Función Pública. Está en posesión de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Política Territorial

Subsecretario de Política Territorial.-

D. IGNACIO DE LOYOLA DE DOMINGO VALENZUELA.

Nacido en Madrid en 1980. Licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2009, habiendo desempeñado desde entonces puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo o el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Entre agosto de 2018 y enero de 2020, asumió el puesto de subdirector general de la Inspección de Servicios de la Administración Periférica del Estado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, habiendo desempeñado con anterioridad la subdirección adjunta de este órgano desde 2014. Desde enero de 2020 a febrero de 2021 fue secretario general técnico del Ministerio de Sanidad, ejerciendo, en el ámbito del Departamento, las competencias de coordinación de la tramitación normativa, preparación de los órganos colegiados del Gobierno, instrucción y propuesta de resolución de recursos administrativos, relaciones con la Administración de Justicia y coordinación de las relaciones internacionales. Desde febrero de 2021 a julio de 2021 desempeñó el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Ha organizado y participado como ponente en acciones formativas en materia de subvenciones, régimen disciplinario, así como transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

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