Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, martes 30 de marzo de 2021

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con Las Cortes y Memoria Democrática

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para la financiación de las actuaciones necesarias para el desarrollo de un proyecto de ejecución de habilitación de accesos a las criptas del Valle, y medidas para la dignificación de los osarios y la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista reclamados por sus familiares.
  • REAL DECRETO por el que se reorganizan determinados organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y se modifica el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, y el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
  • REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
  • ACUERDO por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para el año 2021.

Derechos Sociales y Agenda 2030

  • ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Marco de Cooperación Interadministrativa, y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2021 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, por un importe total de 283.197.420 euros.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022.
  • ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del "Proyecto del Sistema de Saneamiento del Oeste de Tenerife. Bombeos e impulsiones de costa".

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Hacienda

Interior

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de rehabilitación de bovedillas del forjado de los edificios que componen el acuartelamiento de la Guardia Civil de Oviedo (Asturias), por importe de 1.502.662,63 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de ejecución del proyecto de instalación de un enclavamiento electrónico en Caldes de Malavella con control de tráfico centralizado (CTC) y del bloqueo automático banalizado con sus estaciones colaterales. Línea Barcelona a Portbou. Valor estimado del contrato 14.008.960,34 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector B-04. Barcelona. Valor estimado del contrato: 142.704.276,01 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector B-05. Barcelona. Valor estimado del contrato: 86.329.128,55 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector GI-04. Girona. Valor estimado del contrato: 137.183.641,81 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector L-05. Lleida. Valor estimado del contrato: 54.393.257,55 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector T-05. Tarragona. Valor estimado del contrato: 120.524.982,55 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector Z-04. Zaragoza. Valor estimado del contrato: 86.785.952,22 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo: Castellón - Vinaroz. Vía y electrificación. Valor estimado del contrato 76.771.606,54 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal - Murcia. Subtramo: Vinaroz - Vandellós. Vía y electrificación. Valor estimado del contrato 45.013.407,07 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de la remodelación de las estaciones de Parets del Vallés, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La Garriga (Barcelona). Vía y electrificación. Valor estimado del contrato 18.480.940,81 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro de traviesas monobloque de hormigón para las necesidades de obras y mantenimiento en la red ferroviaria de interés general. 6 lotes. Valor estimado del contrato 63.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de inicio de explotación comercial en líneas de alta velocidad. Lote 1: Zona Norte y Lote 2: Zona Sur. Valor estimado del contrato: 74.562.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de renovación de los circuitos de vía en la línea de alta velocidad Madrid - Sevilla y Ramal La Sagra - Toledo. Valor estimado del contrato: 25.680.462,73 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de Mejora de la plataforma y tratamiento ambiental de la carretera N-621 de León a Santander por Potes. Tramo: Castro Cillórigo - Panes. Desfiladero de La Hermida. Provincias: Cantabria y Asturias. Valor estimado del contrato 79.918.968,20 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños ocasionados en la línea 200 Madrid Chamartín a Barcelona Estación de Francia, en vía 2 entre los puntos kilométricos 637/800 y 637/822 (vía 2), el día 11 de octubre de 2020, por un importe de 238.350 euros.

Trabajo y Economía Social

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

Agricultura, Pesca y Alimentación

Política Territorial y Función Pública

  • ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da una nueva redacción al artículo 38.2 de la Ley modificada.

Cultura y Deporte

Ciencia e Innovación

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REAL DECRETO por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia a D. JOSÉ MANUEL MIÑONES CONDE

REAL DECRETO por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía a D. PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER

REAL DECRETO por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid a Dª. MARÍA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Derechos Sociales y Agenda 2030

REAL DECRETO por el que se nombra Secretario de Estado para la Agenda 2030 a D. ENRIQUE FERNANDO SANTIAGO ROMERO

Hacienda

REAL DECRETO por el que se nombra Presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a Dª. MARÍA BELÉN GUALDA GONZÁLEZ

Cultura y Deporte

REAL DECRETO por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de Deportes a D. JOSÉ MANUEL FRANCO PARDO


AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA DICTADURA FRANQUISTA ENTERRADAS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

El Consejo de Ministros, ha aprobado hoy, a propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 665.000 euros para la financiación de los trabajos de exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, que han sido reclamados por sus familiares y que están enterrados en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Este Real Decreto tiene como objetivo promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, tal y como recoge la Ley 52/2007 de 26 de diciembre.

Se pretende así dar respuesta a las reclamaciones particulares de los familiares que han solicitado la exhumación de los restos de sus allegados, así como dar cumplimiento a los pronunciamientos de diferentes organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzosas e Involuntarias de Naciones Unidas, parlamentos autonómicos y entidades locales.

Se estima que desde el año 1959 fueron trasladados, desde fosas comunes, restos humanos pertenecientes a víctimas de la Guerra Civil española para ser inhumados en las criptas del Valle de los Caídos. En total se calcula que se depositaron restos de más de 33.000 personas, provenientes de todas las provincias de España, en columbarios individuales y colectivos ubicados en las ocho cavidades adyacentes al crucero y a las capillas de la Basílica.

En la actualidad estas criptas no son accesibles, puesto que fueron tapiadas y permanecen cerradas desde el momento de las inhumaciones. Los análisis estructurales y los trabajos técnicos realizados entre los años 2017 y 2019, para conocer el estado del cerramiento y los interiores de las criptas, han permitido evaluar su estado. De este modo, en la actualidad se conocen los posibles puntos de apertura de las criptas, así como las condiciones necesarias para permitir el acceso a las mismas y los trabajos previos cuya ejecución resulta imprescindible para hacer posible la retirada de los restos humanos que han sido reclamados.

Las obras necesarias para permitir las exhumaciones no supondrán ninguna modificación urbanística y consistirán en hacer posible el acceso al interior de las criptas y en la ejecución de los trabajos necesarios para asegurar las condiciones de dignidad y respeto propio de un cementerio, la reparación y dignificación de los osarios, así como la seguridad y salud del personal que accederá a las mismas.

Durante la ejecución de las tareas arquitectónicas será necesaria la intervención de especialistas forenses o antropólogos, que determinarán la forma y medios para proceder a la retirada de los restos con las debidas garantías. También se encargarán de supervisar las obras con los adecuados criterios científicos y técnicos, con el objetivo de dejar los osarios en las adecuadas condiciones de dignidad propias de un lugar de descanso de restos humanos. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática será el órgano encargado de la dirección y coordinación de estos trabajos.

La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, actualmente titular del conjunto del Valle de los Caídos y que está gobernada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, le corresponde la ejecución de las obras.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REORGANIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto mediante el que se integran el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el CSIC, con el objetivo de mejorar la gestión y las capacidades científicas y de asesoramiento de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Estos tres organismos públicos mantendrán su nombre y actividades y tendrán la categoría de 'Centro Nacional'.

Tras las dificultades de gestión técnica y científica que han sufrido en los últimos años, estos OPIs verán multiplicadas sus capacidades organizativas y de actuación, aprovechando el régimen jurídico más flexible del CSIC y sus mayores capacidades para la gestión administrativa, científica y técnica. Esta integración está amparada por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que contempla la reorganización de los OPIs para que cumplan con los principios de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, rendición de cuentas y cooperación con el resto de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tras la integración, que impulsará significativamente la capacidad de asesoramiento experto en materias clave para el país, en especial en lo referido a política pesquera, agroalimentación o transición ecológica, el CSIC contará con una plantilla de más de 12.500 personas y un presupuesto anual de más de 1.100 millones de euros.


Derechos Sociales y Agenda 2030

DISTRIBUCIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AUTORIZACIÓN DE REPARTO DE CRÉDITOS DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2021 del nivel acordado de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, por un importe total de 283.197.420 euros.

Las variables y criterios que se utilizan para la distribución de fondos entre las CCAA se recogen en el Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, adoptado el pasado 15 de enero de 2021, por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En el Acuerdo se contempla una propuesta que incorpora los criterios de distribución con los siguientes porcentajes respecto al total de los fondos del nivel acordado:

  • Población potencialmente dependiente: 16%.
  • Atención efectiva a la población dependiente, principalmente a través de servicios profesionales: número de resoluciones de grado y nivel: 5%; número de personas beneficiarias con prestación: 24%; prestaciones de servicio efectivas: 20%; inversión autonómica en el SAAD: 2,5%; empleo relacionado con el SAAD: 2,5%.
  • Factores que influyen en el coste de la prestación de los servicios y posibilidad de financiarlos: superficie: 1,4%; dispersión: 0,5%; insularidad: 0,5%; mayor coste de los servicios: 4,9%; menor capacidad de pago de la población: 4,9%.
  • Cumplimiento de plazos de tramitación y reducción en la lista de espera: índice de agilidad administrativa: 5%; índice de personas pendientes de resolución: 5%; lista de espera a eliminar: 7,8%.

La aplicación de estos criterios conlleva el siguiente reparto territorial:

COMUNIDAD AUTONOMAIMPORTE ACORDADO%PARTICIPACIÓN
ANDALUCIA53.427.263,8618,8
ARAGÓN9.158.750,063,23
PRINCIPADO DE ASTURIAS7.723.367,472,73
ILLES BALEARS6.985.188,282,47
CANARIAS9.212.363,153,25
CANTABRIA6.324.788,962,23
C. LEÓN30.311.444,9010,70
C. LA MANCHA16.063.569,305,67
CATALUÑA45.752.957,4616,16
EXTREMADURA8.614.901,303,04
GALICIA19.728.345,776,97
COMUNIDAD DE MADRID34.743.540,4112,27
REGIÓN DE MURCIA8.149.961,502,88
LA RIOJA3.582.2461,26
COMUNIDAD VALENCIANA23.418.7318,27
TOTAL 283.197.420 € 100%

Asuntos Económicos y Transformación Digital

ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado mediante Real Decreto, a propuesta de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Política Territorial y Función Pública, el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que aborda la regulación global y unitaria del funcionamiento del sector público por medios electrónicos tanto en el ámbito interno de las Administraciones como en las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos y empresas.

El Real Decreto unifica en un mismo Reglamento el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos previstos en las dos leyes de cabecera en esta materia (la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Con ello, se logra una importante labor de sistematización y ordenación, con un notable esfuerzo de simplificación de conceptos técnicamente complejos.

El Reglamento profundiza en el objetivo de contar con una Administración Pública digital, moderna, accesible y personalizada a las necesidades de los distintos colectivos sociales. Este Real Decreto consolida la normativa relativa a servicios electrónicos a la ciudadanía y empresas, e impulsa el uso y los beneficios de la digitalización en la Administración.

Por ejemplo, facilitará el avance para que la ciudadanía no tenga que volver a aportar información de la que ya disponga la propia Administración, que pueda consultar las notificaciones en una dirección de notificaciones única y que pueda acceder a un punto único de información a través del PAGe (Punto de Acceso General electrónico).

El Reglamento dota a España del marco regulatorio imprescindible para afrontar los grandes desafíos que plantean la evolución de tecnologías disruptivas, su aplicación a la gestión de la información y la ejecución de políticas públicas, los nuevos modelos de relación de ciudadanos y empresas con las Administraciones Públicas y la reutilización eficiente de la información.

Su entrada en vigor, el próximo 2 de abril, eliminará definitivamente la superposición de regímenes jurídicos distintos y facilitará a ciudadanos, empresas y administraciones el desarrollo reglamentario básico en un solo texto, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica, que es uno de los objetivos de la norma.

Con la aprobación de este Reglamento se cumple una de las medidas para la transformación digital del sector público incluida en la Agenda España Digital 2025 y con una de la reformas que se contemplan en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para el primer semestre del año.

España cuenta con una posición muy favorable para abordar la transformación digital y, en lo que concierne a la Administración electrónica, está situada entre los países más avanzados de la Unión Europea, gracias al esfuerzo continuado de las Administraciones Públicas, según refleja el informe DESI de la Comisión Europea.

Principales objetivos

Este reglamento tiene cuatro objetivos principales. En primer lugar, mejorar la eficiencia de la Administración electrónica. Para ello, se facilita el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas; la obligatoriedad de relación electrónica de las personas jurídicas y de algunas categorías de personas físicas; y la tramitación electrónica de los procedimientos como actuación habitual de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones contarán con un archivo electrónico de expedientes que correspondan a procedimientos finalizados y todas las notificaciones se realizarán por medios electrónicos salvo que se trate de personas físicas no obligadas a ser notificadas electrónicamente.

El segundo objetivo es que tanto el funcionamiento electrónico interno de la administración como las relaciones de las Administraciones Públicas entre sí se realice electrónicamente. Esto implica la interoperabilidad como principio básico, determinar las condiciones e instrumentos de creación de sedes electrónicas, así como los supuestos de utilización de los sistemas de firma de sello o código seguro de verificación, y los propios sistemas de firma electrónica.

El tercer objetivo es el de incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las personas en la Administración Electrónica. Así, se desarrolla el funcionamiento del Punto de Acceso General electrónico (PAGe), y la Carpeta Ciudadana en el Sector Público Estatal. También se regula el contenido y los servicios mínimos a prestar por las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y el funcionamiento de los registros electrónicos.

En cuarto lugar, se busca disponer de servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles de modo que se pueda conseguir que la relación del interesado con la Administración sea fácil, intuitiva y efectiva cuando use el canal electrónico.

Impactos positivos

El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos incrementará la seguridad jurídica, así como la predictibilidad de la actuación de las Administraciones Públicas, contribuyendo a mejorar el servicio a los ciudadanos, la imagen institucional de España y la confianza.

El Real Decreto favorece también la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, dado que los medios electrónicos proporcionan una vía alternativa de comunicación con la Administración.

Asimismo, se refuerza la defensa de derechos individuales. Es el caso del derecho a un acceso rápido, eficaz y eficiente a los servicios públicos a través de los medios electrónicos; el de disponer de unos servicios web de calidad que sean útiles y satisfagan sus necesidades; el de recibir una información transparente y veraz; y, al mismo tiempo, el derecho a preservar la privacidad de los ciudadanos y sus datos personales.

El Reglamento tiene, además, un impacto ambiental positivo al reducir la huella de carbono de la tramitación tradicional en la que se emplea masivamente el papel, la impresión láser y la logística. Frente a esta tramitación tradicional, el presente Real Decreto propone eliminar el papel para la mayoría de los procesos administrativos, algo que permite eliminar la impresión y los procesos logísticos y su consiguiente impacto ambiental.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

FOMENTO DEL USO DE BIOCARBURANTES Y FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 2021 Y 2022

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el Real Decreto que fomenta el uso de los biocarburantes y regula los objetivos de venta o consumo para 2021 y 2022. La norma establece una obligación de penetración de biocarburantes sobre el total de ventas de combustibles en el transporte de un 9,5% para 2021 y de un 10% para 2022, en consonancia con los escenarios y objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023, donde se fija una cuota mínima de energía renovable en el transporte del 28% en 2030, lo que favorecerá la reducción de emisiones de gases efecto invernadero asociadas a este sector.

Los biocarburantes son combustibles líquidos o gaseosos utilizados para transporte producidos a partir de biomasa, es decir, de la fracción biodegradable de los desechos y residuos procedentes de la agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales.

Aliados para reducir las emisiones del transporte

El fomento de uso de biocarburantes en el transporte constituye una pieza clave de la transición energética para aumentar el uso de energías renovables en el transporte y reducir las emisiones de este sector. En el medio y largo plazo, la movilidad eléctrica constituye una alternativa sostenible a los vehículos con motor de combustión, mientras que los biocarburantes son una solución puente para aumentar el peso de las energías renovables en este sector.

La regulación vigente fija metas hasta 2020, por lo que resulta necesario marcar nuevas contribuciones mínimas de biocarburantes para alcanzar los objetivos estratégicos de descarbonización y neutralidad climática. Por este motivo, este Real Decreto continúa la senda existente de penetración de biocarburantes para que contribuyan, junto con la electrificación, a alcanzar la cuota de energías renovables en el transporte establecida por la normativa comunitaria para el año 2030.

El establecimiento de estas metas aporta certidumbre regulatoria y previsibilidad. Esto fomenta la inversión entre las empresas del sector, lo que estimulará la economía circular e impulsará nuevos proyectos vinculados a las energías renovables.

Este Real Decreto adelanta la transposición de ciertos aspectos clave de la Directiva Europea de Renovables en lo relacionado con las renovables el sector del transporte. Por este motivo el MITECO, anticipando esta situación, lanzó una consulta pública previa que finalizó el pasado 19 de junio de 2020.

Biocarburantes sostenibles

El aumento de la presencia de biocarburantes en el transporte ha de realizarse de manera sostenible, protegiendo la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Por este motivo, la norma establece una serie de limitaciones a los biocarburantes producidos a partir de materias primas de determinados orígenes. Así, el Real Decreto mantiene la contribución máxima para alcanzar el objetivo de renovables en el transporte del 7% de biocarburantes procedentes de cultivos alimentarios y forrajeros en el consumo final de la energía en los años 2021 y 2022, tal y como exige la Directiva de Energías Renovables.

Se trata de cultivos ricos en almidón, azucareros u oleaginosos producidos en suelos agrícolas como cultivo principal (excluyendo residuos, materiales lignocelulósicos y cultivos intermedios) cuya limitación persigue evitar un incremento de la demanda de terrenos para fines energéticos, lo que desviaría su principal fin como producto alimentario. Esta limitación se traduce en un porcentaje máximo del 7,2% que podrá ser contabilizado para cumplir con los objetivos de biocarburantes en el transporte del 9,5% y 10% en 2021 y 2022, respectivamente.

El texto transpone la previsión incluida en la Directiva con respecto a los biocarburantes con riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra, procedentes de cultivos alimentarios y forrajeros para los que se observe una expansión de la superficie de producción en tierras con elevadas reservas de carbono (bosques, humedales, turberas, etc.) de modo que, a partir del año 2022, no superen el nivel de consumo de estos mismos biocombustibles alcanzado en 2019. Una utilización excesiva de estos biocarburantes implicaría un riesgo elevado de aumento de emisiones de gases efecto invernadero.

En este sentido, el Ministerio fijará una senda para su reducción progresiva entre 2024 y 2030 mediante orden ministerial para que este tipo de biocarburantes dejen de utilizarse antes del fin de esta década. Además, mediante resolución se definirán cuáles son estos biocarburantes con arreglo a la normativa comunitaria y se establecerá el porcentaje máximo que podrán tener para el cumplimiento del objetivo de venta o consumo de biocarburantes regulados.

Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de los biocarburantes procedentes de aceite de cocina usado y grasas animales, el Real Decreto también fija el límite para el uso de estas materias primas en el 1,7%, tanto para el objetivo sobre el consumo final de la energía en el transporte establecido en la Directiva de Renovables, como para la contribución de estos biocarburantes en el objetivo de venta o consumo para 2021 y 2022. No obstante, tal y como permite la Directiva, este límite podrá aumentarse si se justifica la disponibilidad de materias primas, previa aprobación de la Comisión Europea.

Objetivo de biocarburantes avanzados

Con el fin de preparar la transición hacia los biocarburantes avanzados y reducir al máximo las consecuencias del cambio indirecto del uso de la tierra, este Real Decreto establece objetivos de penetración de biocarburantes avanzados: de carácter indicativo del 0,1% para 2021 y de carácter obligatorio del 0,2% para 2022. Estos biocarburantes proceden de materias primas que no compiten con los cultivos alimentarios como los residuos o las algas.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL OESTE DE TENERIFE

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados, que han sido sometidos a información pública, por las obras del Proyecto del Sistema de Saneamiento del Oeste de Tenerife. Bombeos e impulsiones de costa.

El objetivo de estas obras, encomendadas a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas España, S.A. (ACUAES), es adaptar todo el sistema de bombeos costeros para conducir el agua hasta la nueva estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales (ETBAR) de San Juan, desde donde se enviará para su tratamiento a la nueva estación depuradora-EDAR del Oeste, prevista para 105.744 hab-eq. La actuación cuenta con un presupuesto de más de 11 millones de euros y podrá ser cofinanciada con los fondos FEDER.

Este sistema de tratamiento y depuración está diseñado para cumplir todos los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, alcanzando una calidad del agua tratada que permita su reutilización.

El proyecto incluye actuaciones en cinco localizaciones costeras donde se concentra en la actualidad la recogida del saneamiento. Así, se renovarán las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) existentes en el Puerto de los Gigantes y Alcalá municipal y se construirán cuatro nuevas EBAR, tres de las cuales sustituirán a otras existentes (Puerto de Santiago, Punta Blanca y Municipal de San Juan) y una más de nueva planta situada en las afueras del núcleo de Alcalá, que será la encargada de vertebrar el sistema.

Además de esto se revisarán y repararán todas las impulsiones existentes instaladas recientemente por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), se continuará la impulsión del Puerto de Santiago, se instalarán las nuevas impulsiones de Alcalá y San Juan municipales y se construirá el aliviadero de la nueva ETBAR comarcal de San Juan, que se conectará con el emisario submarino de esta localidad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO CONTRA EL DOPAJE DEL CONSEJO DE EUROPA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento del texto enmendado del Anexo del Convenio contra el dopaje del Consejo de Europa, relativo a la lista de sustancias y métodos prohibidos de 2021.

El Convenio contra el dopaje se firmó el 16 de noviembre de 1989, en el seno del Consejo de Europa; y entró en vigor el 1 de marzo de 1990. Su objetivo es la reducción y posterior eliminación del dopaje en el deporte. En la actualidad, 52 Estados son Partes en este Convenio. España lo firmó ad referendum el 16 de noviembre de 1989 y lo ratificó el 20 de mayo de 1992, encontrándose en vigor para nuestro país desde el 1 de julio de 1992.

El Convenio contiene un Anexo que incluye la lista de las sustancias y de los métodos de dopaje prohibidos. El Grupo de Seguimiento actualiza la lista anualmente. Este Grupo de Seguimiento, previsto en el Artículo 10 del Convenio, está encargado de aprobar la lista de sustancias prohibidas y de realizar revisiones de estas clases farmacológicas de agentes de dopaje prohibidos y de los métodos de dopaje prohibidos por las organizaciones deportivas internacionales competentes.

En su 52ª reunión, celebrada en Estrasburgo el 7 de diciembre de 2020, el Grupo de Seguimiento presentó -en virtud del Artículo 11.1.b del Convenio- una versión enmendada del mismo que contiene la "Lista de sustancias y métodos prohibidos de 2021-Código Mundial Antidopaje". El texto incorpora las modificaciones necesarias para actualizar la lucha contra el dopaje a los últimos avances científicos y médicos en esta materia.

El texto enmendado, adoptado mediante el procedimiento simplificado previsto en el Convenio, entró en vigor el 1 de enero de 2021, sin necesidad de ninguna actuación posterior de los Estados Parte. Por lo tanto, en aplicación del Artículo 36.2.a) de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, procede una toma de conocimiento por el Consejo de Ministros, a efectos de incorporar dichas enmiendas al ordenamiento jurídico español, con la publicidad debida.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDA AL ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor del Protocolo de Enmienda del título del Acuerdo Europeo de 30 de septiembre de 1957 sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

El Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 en el seno de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), entró en vigor el 29 de enero de 1968 con la ratificación de cinco países, número mínimo necesario para ello. El ADR se modificó mediante un Protocolo de Enmienda al Artículo 14.3, hecho en Nueva York el 21 de agosto de 1975, entrando en vigor el 19 de abril de 1985. La adhesión de España se produjo el 22 de noviembre de 1972 y, en base a lo dispuesto en el Artículo 7.2 del ADR, entró en vigor para nuestro país el 22 de diciembre de 1972.

Por parte del Secretariado del Grupo de Trabajo (WP) 15, de la División de Transporte Sostenible de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, se propuso la eliminación de la palabra "europeo" del título del ADR, puesto que, actualmente cada vez son más los países firmantes del referido Acuerdo que pertenecen a ámbitos que no se limitan al entorno europeo. Por este motivo se ha creído conveniente la eliminación a la referencia "europea" en el texto del Acuerdo propiamente dicho y, para ello Portugal, que ostentaba la Presidencia del WP 15, propuso convocar una Conferencia de las Partes Contratantes coincidiendo con la 106ª sesión del Grupo de Trabajo de transportes de mercancías del Comité de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEE-ONU).

Mediante Notificación de las Naciones Unidas C.N.233.2019.TREATIES-XI.B.14, de fecha 31 de mayo de 2019, el Secretario General de Naciones Unidas, en su condición de depositario del Acuerdo ADR, comunicó que el 13 de mayo de 2019, la Conferencia de las Partes del ADR adoptó, por consenso, un Protocolo de enmienda que modifica el título del Acuerdo, de conformidad con el Artículo 13 del Acuerdo.

Según la comunicación C.N.606.2019.TREATIES-XI.B.14 del Secretario General de Naciones Unidas, de 4 de diciembre de 2019, al no haberse formulado objeciones y de conformidad con el Artículo 2 del Protocolo, la Enmienda al título del ADR se considera aceptada y ha entrado en vigor 1 de enero de 2021. El acrónimo actual "ADR" permanece sin cambios.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A LA RIOJA, CANARIAS Y ASTURIAS A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a varias Comunidades Autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo. En concreto, autoriza a La Rioja y Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo; y a Asturias, a formalizar operaciones a corto plazo.

Estas tres autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de La Rioja, ésta ha solicitado autorización para la refinanciación del préstamo firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas de 2019, mediante el compartimento Facilidad Financiera, por importe de 257,4 millones de euros, con la finalidad de conseguir ahorros de costes financieros.

Por su parte, Canarias ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 9,57 millones de euros, destinadas a refinanciar un préstamo de la sociedad mercantil VISOCAN, integrada en el conjunto de entes del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, con la finalidad de obtener mejores condiciones financieras.

Por último, Asturias ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un máximo de 5,2 millones de euros, que se destinarán a cubrir necesidades financieras a corto plazo en 2021 de entes dependientes que forman parte del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma.

Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2021.

Hacienda

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL "SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA S.M.E.M.P"

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se atribuye al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Aviación Civil, la tutela funcional de la Sociedad Mercantil Estatal "Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E.M.P".

Esta atribución responde a lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, dado que las competencias de dicho Departamento Ministerial guardan una relación específica con el objeto social de la citada Sociedad.

Además, recupera el régimen de adscripción establecido desde su creación y refuerza su vinculación con este Ministerio, a la vez que permite un mayor control sobre la Sociedad para una mayor eficacia y eficiencia.

En concreto, la Sociedad Mercantil tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

  • La formación de pilotos de aeronaves, tripuladas y no tripuladas, y la realización de las pruebas dispuestas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la obtención, renovación o homologación de sus licencias.
  • Entidad colaboradora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en los ámbitos previstos en la Ley de Seguridad Aérea.
  • Realización de actividades de transporte aéreo encomendadas por la Dirección General de Aviación Civil o por terceros.
  • La formación de controladores de tránsito aéreo; Técnicos de Mantenimiento y Tripulantes de Cabina de Pasajeros.
  • Actividades docentes de aviación deportiva.
  • Actividades de mantenimiento de aeronaves.

La sociedad mercantil estatal SENASA S.M.E. M.P. nace como entidad colaboradora de la Dirección General de Aviación Civil, para el ejercicio de las actividades de formación aeronáutica, y ha estado adscrita al antiguo Ministerio de Fomento hasta la pérdida de vigencia del Real Decreto 1475/2000, de 4 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica de dicho Departamento Ministerial.

El posterior Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, de estructura del Ministerio de Fomento ya no recoge esta adscripción dado que había entrado en vigor la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, según la cual la designación del Ministerio de tutela debe realizarse por Acuerdo del Consejo de Ministros. A falta de este acuerdo, el Ministerio de Hacienda pasó a desempeñar estas funciones.

Hacienda

VENTA DE LA PARTICIPACIÓN DE INFORMA EN LA SOCIEDAD LOGALTY

El Consejo de Ministros ha autorizado la venta de las acciones de las que es titular la Sociedad Mercantil Estatal INFORMA, filial de CESCE, en la sociedad LOGALTY, cuyo negocio principal consiste en la prestación de servicios de certificación digital en contratación y comunicaciones electrónicas.

En concreto, INFORMA enajenará acciones que representan el 49,99% de dicha sociedad, por un importe de 32.823.762,9 euros.

La operación de venta se ha llevado a cabo mediante un proceso ampliamente competitivo y abierto, siendo finalmente seleccionada la empresa GLOBAL ELOBEY, S.L.

LOGALTY no es un activo estratégico para INFORMA, de modo que sus planes de negocio a largo plazo no están vinculados a su participación en esa sociedad.

En este contexto, la operación de venta permitirá a INFORMA liberar recursos que actualmente destina a la gestión de LOGALTY y generar plusvalías que facilitarán la financiación de nuevos proyectos de inversión.

Esta operación se somete a autorización del Consejo de Ministros según lo establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, por superar el importe de la transacción los 10 millones de euros.

Hacienda

ADQUISICIÓN DE COMPROMISOS DE GASTO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA CONTRATAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA SUS APLICACIONES Y PORTALES WEB

El Consejo de Ministros ha acordado la modificación de los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que permitan a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, poder contratar asistencia técnica para sus aplicaciones y portales web.

La adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros aprobada en Consejo de Ministros servirá para la contratación de la asistencia técnica para el soporte, mantenimiento y evolución de las aplicaciones y de los portales web del Ministerio del Interior, cuyo expediente se inició en el ejercicio 2020, por tramitación ordinaria y anticipada y procedimiento abierto, y estructurado en dos lotes.

El coste del contrato asciende a 4.472.160 euros (IVA incluido), correspondiendo al lote 1 la cuantía de 3.265.257,6 euros y al lote 2 la cuantía de 1.206.902,4 euros.

El plazo de vigencia del contrato será de 3 años, desde el 1 de enero de 2021 o desde su firma si ésta es posterior. Actualmente, el contrato del lote 2 está firmado. En cuanto al lote 1, el límite de compromiso máximo a adquirir está repartido a razón de 2.008.368,31 euros en 2022; 1.040.805,7 euros en 2023; y 247.856,4 euros en 2023.

La citada Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad desarrolla, explota y mantiene un conjunto de aplicaciones informáticas que dan soporte al ejercicio de competencias propias de la Dirección General de Política Interior. Esta labor se ve intensificada mediante la aplicación del Plan de Transformación Digital del Ministerio del Interior, que tiene como objetivo implantar los servicios de administración electrónica y la adaptación de los sistemas existentes para dar cumplimiento a las leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público.

En la práctica, el Plan de Transformación supone la transición de la actual tramitación y relación con los ciudadanos en papel a un modelo íntegramente electrónico. Y ello requiere que los sistemas, aplicaciones y portales web del Ministerio del Interior tengan que ser actualizados y adaptados a los nuevos requerimientos técnicos, legales y funcionales.

Interior

GESTIÓN DEL VOTO POR CORREO EN LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha acordado encargar al operador postal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E., en su condición de prestador del servicio postal universal, la gestión del voto por correo en las elecciones a la Asamblea de Madrid convocadas para el próximo 4 de mayo.

Ante la necesidad de contar con esta herramienta con la suficiente antelación en caso de otras convocatorias que pudieran producirse durante 2021, este acuerdo tendrá validez para cualquier otro proceso electoral que pueda convocarse durante este año.

El artículo 22.5 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, prevé que "el Gobierno podrá imponer al operador designado para prestar el servicio postal universal otras obligaciones de servicio público, cuando así lo exijan razones de interés general (…) o sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales".

Con este apoyo legal, al acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros recoge las obligaciones consideradas como necesarias para el normal desarrollo de las elecciones que se convoquen durante 2021, referidas al voto por correo de electores residentes en España, de electores residentes ausentes y de electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional, del personal interno en centros penitenciarios, envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral, la recogida de la documentación electoral en las mesas y los envíos de propaganda electoral que realicen las candidaturas.

Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana

CINCO CONTRATOS PARA LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AP-2 Y AP-7 EN CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la celebración de cinco contratos para la conservación y explotación de sectores de la Red de Carreteras del Estado en Cataluña, con un valor estimado conjunto de 541 millones de euros.

Las autopistas de peaje AP-2 Zaragoza - El Vendrell y AP-7 Tarragona - La Jonquera, que suman 375 km en Cataluña, finalizarán sus contratos concesionales el 31 de agosto de 2021. Tras su reversión al Estado, Mitma pasará a gestionarlas directamente a través de su programa de conservación y explotación de carreteras, a cuyo efecto se contratan los servicios necesarios en los 6 sectores en que pasan a integrarse: 5 de ellos en Cataluña y 1 en Aragón.

Los sectores señalados en Cataluña son los siguientes:

  • Sector Girona nº4:
    • AP-7, tramo La Jonquera (antigua frontera con Francia) - Vidreres (del p.k. 0,000 al p.k. 85,000).
    • Áreas de servicio: La Jonquera, Empordà y Gironès (AP-7).
  • Sector Tarragona nº5:
    • AP-2, del P.K. 181,130 al P.K. 232,500.
    • AP-7, del P.K. 207,269 al P.K. 258,500.
    • Áreas de servicio: Penedès, Medol, Altcamp (AP-7) y Montblanc (AP-2).
  • Sector Lleida nº5:
    • AP-2, del límite de provincia de Huesca, p.k. 120+550, al límite de provincia de Tarragona, p.k. 181+130.
    • Áreas de servicio: Lleida y Garrigues (AP-2).
  • Sector Barcelona nº4:
    • AP-7, del P.K. 85,00 al P.K. 147,422.
    • Áreas de servicio: La Selva, Montseny y Vallès (AP-7).
  • Sector Barcelona nº5:
    • AP-7, del P.K. 147,422 al P.K. 207,269.
    • B-30 (calzadas laterales de AP-7), del P.K. 0 al 11,430.
    • Áreas de servicio: Bellaterra y Porta Barcelona (AP-7).

Además, el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 23 de marzo, autorizó la celebración de un contrato de servicios para la gestión del Centro de Gestión de Vialidad y Operaciones de carreteras de Granollers, con un valor estimado de 19,36 millones de euros, que tiene por objeto la centralización de comunicaciones, gestión del tráfico, incidencias, mantenimiento y vialidad, así como coordinación de operaciones de los 5 sectores de conservación anteriores.

Características del nuevo modelo de conservación

Para los cinco sectores citados, Mitma ha establecido un nuevo modelo de conservación que persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos; incluyendo:

  • Ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, incluyendo actuaciones como:
    • Permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles.
    • Vigilancia y atención accidentes e incidentes.
    • Vialidad invernal.
    • Servicio de control de túneles y comunicaciones.
    • Mantenimiento de instalaciones.
    • Establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial.
    • Mantenimiento de los elementos de la carretera con los niveles de calidad más próximos posibles a los deseables, en función de las prioridades y recursos disponibles.
  • Proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía.
  • Explotación de los elementos funcionales de las carreteras: áreas de servicio existentes.

Se separan de forma expresa los gastos e ingresos del contrato, estableciendo, de un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación, y pequeñas obras) y, de otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

IMPLANTACIÓN DEL ANCHO ESTÁNDAR EN EL TRAMO CASTELLÓ-VANDELLÒS DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), las obras para la implantación del ancho estándar en el tramo Castelló-Vandellòs del Corredor Mediterráneo con una inversión superior a los 121 millones de euros.

Las obras de vía y electrificación se dividen en dos contratos, uno para el tramo Castelló-Vinaròs, con un valor estimado de 76.771.606,54 euros, y el otro para el tramo Vinaròs-Vandellòs, con un valor estimado de 45.013.407,07 euros, ambos importes sin IVA. En los dos contratos, el plazo de ejecución estimado es de 18 meses.

De acuerdo con el compromiso del Gobierno, se trata de una de las actuaciones de mayor relevancia para el desarrollo del Corredor Mediterráneo como eje estratégico para el fomento del transporte por ferrocarril y el desarrollo socioeconómico del arco mediterráneo y su área de influencia.

Los proyectos tienen por objetivo implantar el ancho estándar mediante el cambio de ancho de vía en este tramo de alrededor de 150 km de longitud, pasando del actual de 1.668 mm a 1.435 mm. Las obras comprenden las operaciones necesarias en plataforma, superestructura y electrificación. Se pretende así garantizar en todo momento la adecuada prestación, capacidad, estabilidad y fiabilidad de los tráficos de viajeros y mercancías.

Tramo Castelló-Vinaròs

La implantación de vía doble en ancho estándar en este tramo se realizará tanto en las vías generales como en vías de apartado, adaptando las instalaciones para la correcta explotación de la longitud de tren estándar interoperable (750 m). Para ello, se instalarán vías con una longitud útil de 750 m en las estaciones de Les Palmes, Torreblanca, Santa Magdalena de Pulpis, y Benicarló-Peñíscola y Vinaròs.

En la fase 1, correspondiente con los trabajos previos, se realizarán actuaciones en vía, mediante la ampliación de la plataforma para la ejecución de las vías de apartado de 750 m, la reposición de servicios afectados y la ampliación del drenaje, la ejecución de la nueva superestructura con materiales polivalentes y otros trabajos de obra civil, como la adaptación de la báscula dinámica de Les Palmes al ancho estándar.

También se llevarán a cabo actuaciones en estructuras, entre las que figuran la protección de las pilas de un paso superior, la reposición de las pantallas acústicas en la estación de Benicàssim, la ampliación de un paso inferior de carretera y para peatones en la estación de Torreblanca, mientras que en Vinaròs se ejecutará un nuevo andén y un paso inferior entre andenes.

Además, se construirán nuevas rampas a final de andén en las estaciones de Les Palmes, Benicàssim, Oropesa del Mar, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, Benicarló-Peníscola y Vinaròs, la prolongación del andén en Oropesa del Mar con nueva señalización de borde andén (franja amarilla de seguridad y pavimento de botones).

Por su parte, en la estación de Vinaròs se demolerá el muelle existente en la vía 3, se construirá un nuevo andén entre las vías 3 y 5 de 210 m de longitud, así como un nuevo paso inferior de prolongación del existente del andén 1 al andén 3, con una nueva embocadura y dotado de ascensores.

Respecto a la electrificación, se adaptarán las instalaciones para ser compatibles a una futura alimentación de 25 kV y se realizarán nuevas cimentaciones, el izado de nuevos postes y pórticos, la colocación de nuevo hilo de contacto, así como la renovación y montaje de otros elementos del sistema, manteniéndose la tensión actual en catenaria a 3KV CC.

Una vez finalizada la primera fase, la plataforma ferroviaria tendrá la configuración funcional final y se dará paso a la fase 2, consistente en el cambio de ancho de vía en las vías generales y de apartado y cambio de ancho de aparatos, sustitución de cruzamientos fijos por cruzamientos móviles en vía general.

Además, se ampliará el ancho de andén en las estaciones de Les Palmes, Benicàssim, Oropesa del Mar, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, Benicarló-Peñíscola y Vinaròs. Excepto en Les Palmes, en el resto de estas estaciones, se ejecutará una nueva pieza de borde de andén.

Tramo Vinaròs-Vandellós

En esta actuación, además del cambio de ancho en las vías generales y de apartado, también se realizará una actuación similar en el ramal de Tortosa.

Al igual que en el tramo anterior, en la primera fase se realizarán actuaciones en vía, mediante la ampliación, la reposición y ampliación del drenaje, la ejecución de la nueva superestructura con materiales polivalentes, y otros trabajos en estructuras entre las que figuran la protección de las pilas de un paso superior.

En estaciones se ejecutarán nuevas rampas a final de andén en las estaciones de Ulldecona, L'Aldea-Amposta y L'Ametlla de Mar, y vías de apartado de 750 metros en Ulldecona y L'Ametlla de Mar. Respecto al sistema de electrificación, alimentada igualmente a 3kV en CC, se realizarán trabajos similares a los del tramo anterior.

Además, se ampliará el ancho de andén en las tres estaciones anteriormente mencionadas, con la ejecución de nuevas piezas de borde de andén en una longitud de 200 m. Además, se colocarán andenes provisionales anexos a los existentes en las estaciones L'Aldea-Amposta y L'Ametlla de Mar. En la estación de Tortosa, al ser terminal, estas operaciones se llevarán a cabo en toda la longitud existente del andén.

De forma análoga, una vez finalizada la primera fase, la plataforma ferroviaria tendrá la configuración funcional final y se procederá a la fase 2 mediante el cambio de ancho de vía en las vías generales y de apartado y la adecuación de los aparatos de vía.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que tiene entre sus metas la construcción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

Fondos europeos

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO EN LA ESTACIÓN DE CALDES DE MALAVELLA (GIRONA)

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el proyecto de instalación de un enclavamiento en la estación de Caldes de Malavella (Girona), situada en la línea de ancho convencional Barcelona-Portbou.

El presupuesto de licitación asciende a 14.008.960,34 euros (IVA no incluido) y el plazo de ejecución estimado es de 32 meses.

El objetivo de esta actuación es la modernización de las instalaciones de seguridad de Caldes de Malavella y la implantación de un Bloqueo Automático Banalizado (BAB) entre Maçanet-Massanes, Caldes de Malavella y Girona Mercaderies. El BAB es un equipamiento que permite la circulación en vía doble indistintamente por cualquiera de las vías y sentido con plenas garantías de seguridad.

De este modo, se instalará un enclavamiento electrónico en Caldes de Malavella (sistema que gestiona las instalaciones), para dar los servicios y funciones requeridas, tanto para esta estación como para los tramos de línea con sus estaciones colaterales.

La finalidad es conseguir una mayor operatividad y flexibilidad en la gestión de la explotación ferroviaria, aumentar la capacidad de la línea y la regularidad en la circulación de trenes, incrementar la fiabilidad de las instalaciones, incluso con un aumento de la velocidad comercial, y disminuir la probabilidad de incidencias y el tiempo de reparación de las mismas. También se pretende aumentar la fiabilidad de las comunicaciones entre el Control de Tráfico Centralizado (CTC) y las estaciones.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Descripción de los trabajos

Entre las principales operaciones, destacan la instalación en Caldes de Malavella de un nuevo sistema de enclavamiento de tecnología electrónica y de última generación y la construcción de nuevos edificios técnicos tanto en esta estación como en Sils y Riudellots de la Selva.

Asimismo, se adaptarán los enclavamientos de las estaciones colaterales y en Caldes de Malavella se colocará también un mando local de tipo videográfico.

De forma paralela, se instalarán señales luminosas en los trayectos colaterales para adaptarse al nuevo plan de explotación con régimen de BAB y se renovarán los circuitos de vía por otros más modernos y con mejores prestaciones.

También se integrará el nuevo enclavamiento electrónico de Caldes de Malavella, así como los bloqueos asociados en el sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC), se instalarán nuevos elementos de campo, balizas del sistema ASFA Digital (Anuncio de Señales y Frenado Automático), y se realizará un nuevo tendido de cableado.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AP-2 EN ARAGÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la celebración de un contrato para la conservación y explotación en carreteras del Estado en Aragón, con un valor estimado de 86,8 millones de euros.

La autopista de peaje AP-2 Zaragoza-El Vendrell, que suma 102 km en Aragón, finalizará su contrato concesional el 31 de agosto de 2021.

Tras su reversión al Estado, Mitma pasará a gestionarla directamente a través de su programa de conservación y explotación de carreteras, a cuyo efecto se contratan los servicios necesarios en los 7 sectores que en que pasan a integrarse: 6 de ellos en Cataluña y 1 en Aragón.

El sector de carreteras en Aragón es el nº4 de Zaragoza, que incluye:

  • AP-2, Tramo: Alfajarín - límite provincia Huesca/Lleida, entre los PP.KK. 18,126 y 120,550.
  • Áreas de servicio: Pina, Monegros y Fraga (AP-2).

Características del nuevo modelo de conservación

Para este sector, Mitma ha establecido un nuevo modelo de conservación que persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos; incluyendo:

  • Ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, incluyendo actuaciones como:
    • Permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles.
    • Vigilancia y atención accidentes e incidentes
    • Vialidad invernal.
    • Servicio de control de túneles y comunicaciones.
    • Mantenimiento de instalaciones.
    • Establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial.
    • Mantenimiento de los elementos de la carretera con los niveles de calidad más próximos posibles a los deseables, en función de las prioridades y recursos disponibles.
  • Proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía.
  • Explotación de los elementos funcionales de las carreteras: áreas de servicio existentes.

Se separan de forma expresa los gastos e ingresos del contrato, estableciendo, de un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación, y pequeñas obras) y, de otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma.

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

REMODELACIÓN DE ESTACIONES PARA LA DUPLICACIÓN DE VÍA DEL TRAMO PARETS DEL VALLÈS-LA GARRIGA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el contrato de obras de remodelación de las estaciones de Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y La Garriga.

Este contrato cuenta con un valor estimado de 18.480.940,81 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución estimado de 28 meses.

Las actuaciones se enmarcan en los trabajos previos a la próxima duplicación de vía de la línea en el tramo Parets del Vallès-La Garriga, que permitirá absorber un mayor número de circulaciones, mejorando la fiabilidad y eficacia de la explotación ferroviaria, lo que redundará además en una reducción de los tiempos de viaje.

Características de las actuaciones a realizar

El proyecto de remodelación comprende las actuaciones en vía y electrificación, y los principales trabajos consistirán en la prolongación, ampliación y recrecido de los andenes hasta alcanzar los 210 metros de longitud útil y 68 cm sobre la cota de cabeza de carril. Esto permitirá la parada de trenes tipo CIVIA de 5 coches en doble composición.

También se sustituirán los pasos peatonales entre andenes tipo strail existentes por otros inferiores adaptados a personas de movilidad reducida, dotados de núcleos de acceso de escaleras y ascensores, aumentando así la seguridad de la explotación ferroviaria y la de los viajeros.

Otra de las actuaciones previstas consistirá en la adecuación de las playas de vías de las estaciones a la nueva configuración funcional del proyecto de duplicación, levantando los aparatos de vía que queden en desuso y colocando los que resulten necesarios para el paso de unas vías a otras.

Igualmente se renovará la superestructura de vía en el ámbito de actuación y se llevará a cabo la adecuación del sistema de electrificación a la nueva configuración y disposición de vías.

Estas actuaciones contribuyen al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano; y al ODS 11 que, entre otras metas, persigue proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos.

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

SUMINISTRO DE TRAVIESAS MONOBLOQUE DE HORMIGÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el contrato de suministro de traviesas monobloque de hormigón para las necesidades de obras y mantenimiento de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), con un valor estimado de contrato de 63 millones de euros (IVA no incluido).

Este contrato no sólo prevé el suministro de las propias traviesas de hormigón, sino también de las sujeciones que las componen y de las suelas correspondientes, si fuera necesario. Asimismo, se contemplan las distintas tipologías de carril y métricas de vía para cubrir el mayor abanico de posibilidades existentes en la RFIG.

Esta contratación se realizará en régimen de pedido abierto, sin compromiso de compra en firme, de modo que la provisión de traviesas dependerá de las necesidades detectadas en cada momento.

Las traviesas monobloque de hormigón tienen un único bloque de hormigón y armadura de acero en su interior. Por lo general su peso oscila entre los 290 y los 350 kilogramos, y su longitud entre 2,20 y 2,60 metros.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible y por el Mecanismo "Conectar Europa" (CEF).

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

SERVICIOS DE INICIO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL EN LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de inicio de explotación comercial en líneas de Alta Velocidad, con un valor estimado del contrato de 74.562.000 euros (IVA no incluido) y con un plazo de ejecución de 36 meses.

El inicio de la explotación comercial consiste en la reanudación del servicio de la circulación comercial de trenes tras la interrupción por cada una de sus vías durante la banda de mantenimiento, tiempo dedicado a las actividades diarias de conservación y mantenimiento de las infraestructuras. Este procedimiento es obligatorio en las líneas de Alta Velocidad aptas para circular a velocidades superiores a 220 km/h.

El objetivo de las circulaciones de inicio es asegurar que las infraestructuras y sus diferentes sistemas están aptos para la circulación a alta velocidad y que no existen defectos no detectados antes de la apertura de la línea. Asimismo, este procedimiento debe confirmar el correcto funcionamiento de la catenaria y del subsistema de control, mando y señalización y la estabilidad de la vía tras la ejecución de trabajos de mantenimiento o renovación.

La circulación de inicio debe realizarse considerando los parámetros generales de fiabilidad, disponibilidad, y mantenibilidad, así como las condiciones y planes de mantenimiento de la línea, y podrá llevarse a cabo mediante el primer tren del día.

Este contrato contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

RENOVACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LA LAV MADRID-SEVILLA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif Alta Velocidad, el contrato para la renovación de los circuitos de vía de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla, incluyendo el ramal La Sagra-Toledo, por un importe de 25.680.462,73 euros (IVA no incluido).

El contrato, que tiene una duración de 30 meses, incluye la redacción del proyecto, la ejecución de las obras, las pruebas y la puesta en servicio de todos los subsistemas de señalización (sistemas de detección del tren).

Los circuitos de vía son los sistemas eléctricos o electrónicos que permiten detectar la presencia de un tren en un tramo concreto de vía.

La actuación abarca el diseño y definición de las instalaciones de seguridad necesarias, concretamente sistemas de detección de tren (circuito de vía, integración en el enclavamiento, así como el sistema de ayuda al mantenimiento, la obra civil necesaria para el tendido de nuevos cables, e instalación del nuevo equipamiento), la redacción del proyecto constructivo de las citadas instalaciones, la ejecución de las obras, las pruebas necesarias y la puesta en servicio de las instalaciones proyectadas.

Todos estos trabajos deben llevarse a cabo manteniendo la explotación comercial de la LAV Madrid-Sevilla, la primera de alta velocidad construida en España, y sin generar repercusión alguna sobre la misma.

El objetivo de esta actuación, que se enmarca en los trabajos de mejora integral previstos para la LAV Madrid-Sevilla, es dotar de mayor capacidad y regularidad a la línea, al tiempo que se renuevan las instalaciones, mejorando su disponibilidad y fiabilidad.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Fondos europeos

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020. Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS DE MEJORA DE LA CARRETERA N-621 EN EL DESFILADERO DE LA HERMIDA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de obras de "Mejora de la plataforma y tratamiento ambiental de la carretera N-621 de León a Santander por Potes. Tramo: Castro Cillorigo - Panes. Desfiladero de la Hermida", en Asturias y Cantabria.

El valor estimado del contrato (importe total del mismo sin incluir el IVA) es de 79,9 millones de euros.

La carretera N-621 es la única vía de acceso desde la cornisa cantábrica hacia los valles de Camaleño, Liébana y Picos de Europa. A partir de la localidad de Potes, la carretera encara el puerto de San Glorio, a través del cual se accede a la provincia de León. Tiene un tráfico medio de 2.500 vehículos diarios, llegando a triplicarse en puntas durante los meses de verano debido al alto interés natural y paisajístico de la zona.

El objetivo de esta actuación es resolver y garantizar la accesibilidad en la zona, además de asegurar la continuidad de la circulación y mejorar la seguridad vial, todo ello salvaguardando los altos valores ambientales del entorno. Con ello, se coadyuva al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que Mitma está comprometido.

Características técnicas

El proyecto consiste en la mejora e integración ambiental de la carretera N-621 entre los P.K. 154,5 (Castro Cillórigo, Cantabria), y P.K. 174,5 (Panes, Asturias), en una longitud de 17,2 km que corresponden al paso por el desfiladero de La Hermida, en paralelo al curso del río Deva. Su trazado se ubica por tanto en Cantabria (11 km) y Asturias (9 km). El proyecto afecta a los términos municipales de Cillorigo de Liébana, Peñarrubia, Tresviso y Peñamellera Baja.

La carretera cuenta actualmente con 174 curvas de radio menor a 100 m, de las cuales 11 tienen incluso menos de 25 m. Con esta actuación, se pretende aumentar la seguridad y confort de los usuarios configurando una plataforma de dos carriles de 3 m de anchura, arcenes de 1 m, cunetas de 0,50 m y 0,50 m más para los sistemas de contención. Para ello, es necesario la construcción de 1.175 metros de estructuras laterales apoyadas, 2.556 metros de muros y 9.261 metros de voladizos.

También se reforzarán los sistemas de protección de la calzada contra desprendimientos de rocas de las laderas del desfiladero, se mejorarán de los sistemas de contención contra la caída de vehículos al río, y se crearán nuevas zonas de estacionamiento y descanso. Asimismo, se mejora la señalización, el balizamiento y el drenaje

Todas estas actuaciones complementarán las obras que actualmente desarrolla Mitma en la N-621, consistentes en el ensanche y mejora de su trazado en varios tramos, incluyendo los 4 puentes que existen sobre el río Deva, hasta ahora ortogonales al cauce del río.

Todas las actuaciones se han proyectado teniendo en cuenta el singular entorno natural atravesado, procurando la adecuada integración paisajística y ambiental del proyecto.

Otras actuaciones recientes de Mitma en la zona

El contrato que hoy se autoriza complementa el alcance de las obras de rectificación de curvas de escasa anchura que actualmente desarrolla Mitma entre los PPKK 155+600 y 171+200 de la N-621. Estas consisten en el ensanche y mejora de su trazado en unos 2.900 metros de longitud, incluyendo los 4 puentes que existen sobre el río Deva, hasta ahora ortogonales al cauce del río.

Esta actuación cuenta con un presupuesto vigente de 7,82 millones de euros, habiéndose ejecutado obra por valor de 4,1 millones de euros desde junio de 2018.

Adicionalmente, Mitma ha destinado desde junio de 2018 más de 4,5 millones de euros a conservación y explotación de la carretera N-621 en Cantabria, acometiendo varias obras cuya finalidad principal es la mejora de la seguridad frente a los desprendimientos y caída de agua en la calzada, en el tramo del desfiladero de La Hermida.

(estructura

Secciones tipo. Estructuras laterales apoyadas

(derecho) (izquierdo)

Secciones tipo. Muros (voladizos)

Secciones tipo. Voladizos

(mapa)

(montaña)

(mapa2)

Agricultura, Pesca y Alimentación

PRÓRROGA DE LAS AUTORIZACIONES PARA PLANTACIONES DE VIÑEDO

El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

Con esta modificación el Gobierno adapta la normativa nacional a las flexibilidades introducidas por el reglamento transitorio de la PAC en materia de autorizaciones de plantaciones de viñedo con el fin de ayudar a los viticultores a afrontar las dificultades derivadas de la Covid-19.

Así, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2021 la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación que caducaban en 2020 y se da la posibilidad a sus titulares de renunciar a las mismas sin ser penalizados.

Del mismo modo, se amplía el plazo para presentar solicitudes de conversión de derechos de replantación hasta el 31 de diciembre de 2022, se prolonga la vigencia de las autorizaciones de conversión hasta el 31 de diciembre de 2025 y se amplía la vigencia de los derechos de replantación que caduquen en esta campaña y siguientes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Estás modificaciones introducidas en la normativa de autorizaciones tienen como finalidad prolongar la caducidad de éstas ante la dificultad por parte de los viticultores de acometer las plantaciones y replantaciones en plazo por razón de la pandemia.

Con estos cambios de la normativa nacional también se flexibilizan algunos controles y se actualiza el listado de variedades autorizadas de uva de vinificación en España.

El real decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE, a excepción de las modificaciones relativas a las autorizaciones de nueva plantación y de replantación que se aplican con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020.

Las autorizaciones de viñedo constituyen la herramienta legal para el crecimiento controlado de la superficie de producción de uva de vinificación en todo el territorio de la Unión Europea.

Política Territorial y Función Pública

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE GALICIA 8/2021, QUE MODIFICA LA LEY DE SALUD AUTONÓMICA

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley de Galicia 8/2021, que modifica su ley de salud autonómica.

La norma establece medidas preventivas dirigidas a proteger la salud pública en las que introduce restricciones y limitaciones a los Derechos Fundamentales. Así, establece medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento en domicilio, internamiento en centro hospitalario o aislamiento o internamiento, o la posibilidad de obligar a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención de la enfermedad, como la vacunación.

La norma a impugnar reproduce los artículos segundo y tercero de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Los derechos fundamentales solo se pueden recoger en una ley orgánica y como tal debe ser dictada por el legislador estatal.

El Gobierno ha tomado esta decisión siguiendo el pronunciamiento del Consejo de Estado, después de que le solicitara un dictamen con carácter urgente.

El plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo de 2021.

La impugnación ante el Tribunal Constitucional producirá la suspensión del apartado recurrido. El Tribunal tendrá un máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.

Cultura y Deporte

LAS SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA COMO MANIFESTACIÓN REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, ha declarado a las Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Las Sociedades Musicales Valencianas conforman un extraordinario fenómeno asociativo presente en el territorio de la Comunitat Valenciana, generando a su vez espacios de relación intergeneracional.

Desde sus orígenes hasta el día de hoy, la música de banda encuentra su máxima expresión, diversidad y grado de desarrollo en la Comunitat Valenciana, ejerciendo de influencia al resto de España e incluso a nivel internacional.

Las bandas de música, sus centros educativos y las Sociedades Musicales que las sustentan representan una aportación importantísima al mundo rural, dado que suponen una puerta abierta a la cultura, la educación y la creatividad para población.

Aunque el entorno de las bandas de música ha sido en el pasado tradicionalmente masculino, el protagonismo creciente de las mujeres es uno de los cambios que mejor ilustra el proceso de adaptación y expansión del movimiento.

Las Sociedades Musicales suponen un recurso para el desarrollo local, tanto a través del turismo como de las industrias culturales y demás elementos materiales imprescindibles para su desarrollo. Además, los recursos que generan revierten directamente en el territorio de la Comunitat Valenciana.

Origen de las bandas de música valencianas

El origen de las bandas de música valencianas se debe a un movimiento mimético al de las agrupaciones corales catalanas (Clavé), movimiento que entró en Valencia vía Real Sociedad de Amigos del País. Pero en Valencia, fueron las agrupaciones instrumentales en forma de bandas de música las que cobraron fuerza y más todavía en el mundo rural, con una característica diferencial consistente en que muy pronto contaban ya con escuelas de música en las que formaban a los jóvenes integrantes de estas bandas.

Tras doscientos años siguen impulsando un movimiento único en el mundo. En la actualidad hay registradas un total de 550 Sociedades Musicales federadas, con más de 1.100 bandas de música, más de 43.000 músicos, 60.000 alumnos, más de 200.000 socios, 600 centros educativos (400 escuelas de música y 170 escuelas de educandos y 30 centros autorizados), lo que representa más de 5.000 profesores.

Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

La Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial establece que corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial mediante la Declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, además de regular el procedimiento de declaración.

Cultura y Deportes

AYUDAS PARA LOS DEPORTISTAS ESPAÑOLES

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de ayudas para la protección social de los deportistas de alto nivel y para apoyar a los deportistas españoles que participen en competiciones internacionales por un importe de 16.000.000 euros.

Estas ayudas serán gestionadas a través del Consejo Superior de Deportes, que destina de su presupuesto este importe procedente del 1 % de los ingresos obtenidos de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional.

La existencia de medidas de solidaridad internas es un elemento común distintivo del mundo del deporte. Se da en todas las organizaciones a través de instituciones variadas (derechos de formación, compensaciones a las categorías inferiores, etc.). Por ello, tras el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, la mayor fuente de ingresos del deporte profesionalizado con amplia diferencia, la del fútbol profesional, ayuda a financiar a otros deportes más minoritarios o más necesitados.

Con esta iniciativa se pretende apoyar a todas las modalidades deportivas y deportistas que enriquecen la imagen de nuestro país, principalmente a aquellos que se encuentran ya en competiciones internacionales o son deportistas de alto nivel.

Las ayudas se otorgan a las Federaciones Deportivas Españolas para financiar las cuotas del trabajador devengadas de deportistas profesionales, tanto cotizantes en el Régimen General de la Seguridad Social, como en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

La convocatoria recogerá también gastos de los deportistas que participen en competiciones internaciones, como los gastos de asalariados de personal de apoyo al entrenamiento, alquiler de materiales o instalaciones, atención médica, inscripciones en competiciones o equipamiento, entre otros.

Ciencia e Innovación

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy iniciar los trámites que conduzcan a la aprobación de la ley que modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. También ha dado luz verde al Real Decreto por el que se integran tres organismos públicos de investigación (OPIs) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Esta reforma busca mejorar la gestión y las capacidades científicas y de asesoramiento de los OPIs.

El Gobierno inicia un proceso de diálogo para reformar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. A partir de este momento, los representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación se reunirán con las asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales para abordar las reformas propuestas. El texto resultante será sometido a audiencia pública antes de su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

Además, se atenderá al desarrollo de la subcomisión del Congreso de los Diputados, cuya creación se aprobó por unanimidad la semana pasada para analizar el Pacto por la Ciencia y la Innovación y para estudiar la reforma de la Ley. Este proceso de diálogo culminará con la aprobación por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y su remisión al Parlamento para su tramitación como proyecto de Ley.

El primer objetivo de esta reforma es conseguir una carrera científica atractiva, predecible y estable, que permita atraer y retener el talento científico. Con el aumento histórico de casi el 60% en los presupuestos de 2021, el Ministerio de Ciencia e Innovación considera que es el mejor momento para afrontar una reforma que modernice la contratación de empleados públicos y reduzca la precariedad y la temporalidad de los científicos en España. Para ello, se propone la creación de un modelo de contratación tipo 'tenure track', utilizado en EEUU, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, y que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa. Con este nuevo modelo, además, la administración española seguirá la recomendación de la Comisión Europea, que ha instado a España a acometer reformas en este sentido.

Al mismo tiempo que se aborda esta importante reforma para el sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación, se orientarán y reforzarán las políticas de atracción del talento, con más y mejores contratos en la fase posdoctoral inicial y con ayudas a los contratados 'tenure track' para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos.

Otra de las reformas que aborda el proyecto de ley por la que se modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el impulso de la transferencia de conocimiento. España cuenta con publicaciones científicas de excelencia en diversos campos, y está entre los primeros países del mundo en muchas áreas. Pero este nivel científico no se ve reflejado en la misma medida en la innovación basada en conocimiento.

Para ello, se acometerán distintas reformas, entre las que destacan: mejorar los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, facilitar la generación directa de sociedades start-up derivadas de resultados de la investigación, o la orientación de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado.

El proyecto de ley también tiene como objetivo mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las CCAAs, para financiar y realizar acciones de I+D+I conjuntas y estratégicas; reformas normativas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las CCAAs, o la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.

BIOGRAFIAS

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia

D.JOSÉ MANUEL MIÑONES CONDE

Es Licenciado en Farmacia y Doctor por la Universidad de Santiago de Compostela con Premio extraordinario. De 2005 a 2011 ha sido investigador contratado del programa autonómico "Parga Pondal". Es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Química e Física de la Facultad de Farmacia en la USC (en excedencia).

De septiembre de 2009 a junio de 2011 fue concejal de Sanidad, Reforma Administrativa y Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de Ames. Desde junio de 2015 hasta marzo de 2021 ha sido alcalde del Ayuntamiento de Ames. Ha sido también vicepresidente de la Red de Ciudades Saludables.

Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía

D. PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER

Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada en 1989 y durante diez años ejerció la abogacía. De 1999 a mayo de 2004 fue concejal del Ayuntamiento de Baza, y de 2007 hasta marzo de 2021 ha sido alcalde de Baza.

Además ha sido presidente Mancomunidad municipios de la Comarca de Baza desde 2007 a 2015 y diputado Provincial en la Diputación de Granada desde 2003 a 2004 en el Área de asistencia a Municipios, y desde 2015 a la actualidad ha ocupado el puesto de vicepresidente Primero y responsable del Área de Contratación. Por último, también ha sido delegado provincial de Obras Públicas y Transportes desde mayo de 2004 hasta abril de 2007.

Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid

Dª MARÍA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU. Ha sido asesora del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y Directora de Comunicación de la FEMP. Además, también ha sido asesora del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y de la vicepresidencia tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial. Actualmente ocupaba el puesto de concejala en el Ayuntamiento de Madrid.

Derechos Sociales y Agenda 2030

Secretario de Estado para la Agenda 2030

D. ENRIQUE FERNANDO SANTIAGO ROMERO

Nacido en Madrid hace 56 años. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Derecho Financiero y Tributario, Máster en Dirección y Administración de Fundaciones, Diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y Especialista Universitario en Derecho Internacional Humanitario, Asilo y Refugio. Ejerce la abogacía desde los años 90. Ha participado en diversos procedimientos judiciales en materia de Derechos Humanos y Derecho internacional Penal, tanto ante tribunales internacionales como en ejercicio de jurisdicción universal. Ha participado en diversas ocasiones en organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha sido Secretario General de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y del Instituto de Estudios Políticos para América Latina, Asia y África (IEPALA). Ha participado como asesor jurídico en el proceso de paz de Colombia (2012-2016) que mereció el Premio Nobel de la Paz para el Presidente Juan Manuel Santos. Responsable del Área de Interior y Justicia en Izquierda Unida, en la actualidad es Secretario General del Partido Comunista de España (PCE). Es diputado en el Congreso desde abril de 2019 y vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

Hacienda

Presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

Dª. MARÍA BELÉN GUALDA GONZÁLEZ

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos dela Universidad de Granada.

Ha desempeñado distintos puestos y cargos en la Administración de la Junta de Andalucía:

  • Directora Gerente de la Agencia de Obra Pública de la Consejería de Fomento y Vivienda.
  • Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático de a Consejería de Medio Ambiente.
  • Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Consejería de Medio Ambiente
  • Directora General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
  • Directora de la División de Infraestructuras Ambientales y Gestión del Agua de la Empresa de Gestión Medio Ambiental S.A. (EGMASA).
  • Presidenta de la Fundación ANDANATURA.

A la experiencia directiva en el sector público empresarial andaluz, se suman los años de experiencia (entre 2008 y 2019) como miembro de Consejos de Administración y Consejos Rectores de diferentes sociedades mercantiles y agencias públicas empresariales pertenecientes a la administración andaluza (como Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A, Empresa de Gestión Medio Ambiental de Andalucía, S.A, Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, etc…), o como miembro del consejo de Administración de la Sociedad Concesionaria de Metro de Málaga S.A.

Hasta su nombramiento como Presidenta de la SEPI, desempeñaba la Presidencia de Navantia S.M.E desde octubre de 2020.

Cultura y Deporte

Presidente del Consejo Superior de Deportes

D. JOSÉ MANUEL FRANCO PARDO

Nacido en 1957. Es Licenciado en Derecho y cursó estudios de Ciencias Matemáticas. Es funcionario de carrera en el Ministerio de Defensa. Durante los años de servicio activo en dicho Ministerio se le concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco de 3ª clase en el año 1993.

Formó parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-Madrid como secretario de Administración y secretario de Urbanismo, Transporte y Medio Ambiente.

Ha sido diputado en la Asamblea de Madrid donde desempeñó diferentes funciones en el Grupo Parlamentario Socialista entre las que destacan secretario general, portavoz adjunto y portavoz del mismo.

En 2017 es elegido secretario general del PSOE-M.

Ha sido diputado en el Congreso de los Diputados y Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

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