Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, martes 25 de febrero de 2020

SUMARIO

Presidencia del Gobierno

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura, pesca y alimentación.
  • ACUERDO por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2020.
  • ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto de medidas por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español determinadas disposiciones de la normativa de la Unión Europea en materia de fondos de pensiones y seguros privados.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona.
  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona.
  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y de su Protocolo y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.
  • ACUERDO por el que se autoriza el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Popular China para la creación del Consulado General de España en Chengdú, así como su aplicación provisional.

Justicia

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2020.

Defensa

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la ejecución de las actuaciones sobrevenidas en materia de infraestructuras en el acuartelamiento Loyola (San Sebastián) originadas por circunstancias meteorológicas extraordinarias producidas el 13 de diciembre de 2019, por un importe de 58.968,45 euros.

Interior

  • Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

Transportes, Movilidad Y Agenda Urbana

  • REAL DECRETO por el que se regula la Comisión Española de Geodesia y Geofísica.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de vehículos mediante renting a largo plazo para la realización de actividades operativas y técnicas. Valor estimado del contrato: 34.387.323 euros.

Educación y Formación Profesional

  • REAL DECRETO por el que se establece el título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Política Territorial y Función Pública

  • REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
  • REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Sanidad

  • INFORME actualizado sobre la situación de la epidemia por el nuevo coronavirus (Wuhan, China), actuaciones y protocolos de salud pública a nivel nacional.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de los servicios de carácter informático necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información de gestión y comunes propios del Instituto Nacional de la Seguridad Social por un periodo de dieciocho meses y un valor estimado de 37.255.109,76 euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal general del Estado a Dª DOLORES DELGADO GARCÍA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a Dª MARÍA LLANOS CASTELLANOS GARIJO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil a Dª CARMEN GAYO RODRÍGUEZ.
  • REALES DECRETOS por los que se nombran vocales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a:
    • D. JAVIER SOLANA DE MADARIAGA.
    • Dª MARÍA ÁNGELES HERMOSILLA ÁLVAREZ.
    • Dª ANA MARÍA ARIAS DE COSSÍO.
    • D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA NAVASQÜÉS.
    • D. JOSÉ FRANCISCO HILA VARGAS.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Hacienda

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Agricultura, Pesca y Alimentación

MEDIDAS URGENTES PARA MODIFICAR LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA Y PROHIBIR LA VENTA A PÉRDIDAS
  • Se introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción.
  • En la nueva norma se prohíben las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, también la destrucción del valor a lo largo de la cadena y se endurecen las infracciones.
  • Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea se prevé la publicidad de las infracciones graves o muy graves.
  • En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.
  • En el ámbito del empleo, se reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios, y se contemplan bonificaciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.

Unas medidas concretas que tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores).

Modificaciones ley de la cadena alimentaria

Costes de producción. La nueva norma introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios.

Es decir, que se incorpora, como cláusula obligatoria, incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado -entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y su primer comprador- cubre los costes de producción.

Actividades promocionales. Para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los distintos operadores.

Unas actividades promocionales que no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.

Prohibición de venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena. Otra de las novedades es la prohibición de destruir valor a lo largo de la cadena. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.

Publicidad de las sanciones graves y muy graves. En el nuevo Real Decreto-ley se consideran graves, infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.

Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial.

Mejoras en la tributación de jóvenes agricultores

En materia de fiscalidad, la norma aprobada introduce modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

Con esta modificación se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional.

Protección trabajadores eventuales

Asimismo se han incluido en el Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura, pesca y alimentación, el mecanismo de conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos, que incluye a los trabajadores fijos discontinuos. Dicho mecanismo ya estaba establecido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

El objetivo de esta medida es tratar de incentivar que el trabajo en el campo sea más estable y, en la medida de lo posible, combatir la eventualidad y el carácter temporero del trabajo agrario. Para ello, las empresas que transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, podrán bonificarse la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización (mensual o por jornadas reales trabajadas).

Además, con el objetivo de combatir la brecha de género, dicha bonificación será mayor en el caso de la conversión de contratos de las trabajadoras agrícolas.

Igualmente se contempla una modificación de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la modificación del acceso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los alojamientos y locales de descanso, ubicados fuera de los centros de trabajo o lugares donde se ejecuta la actividad laboral.

El objetivo de esta medida es combatir algunas de las extremas condiciones que se están dando actualmente en el trabajo agrícola, para lo que se permitirá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entrar y revisar las condiciones de las viviendas puestas a disposición de los trabajadores por parte de los empresarios, aunque estas se encuentren fuera del lugar de trabajo.

El cambio normativo, que es totalmente respetuoso con la inviolabilidad del domicilio puesto que no se altera la necesidad de consentimiento expreso de las personas que habiten en el mismo o la autorización judicial, va en la línea de garantizar unas condiciones laborales dignas y reforzar la idea del trabajo decente.

El Gobierno pretende dar respuesta con esta medida a la denuncia hecha recientemente por el relator de Naciones Unidas sobre la situación de extrema pobreza que viven los trabajadores eventuales del campo en nuestro país, aunque no se limita a este sector de actividad, sino que se amplía al ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por último se ha aprobado la reducción a 20 del número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria a los trabajadores eventuales agrarios residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Esta medida se lleva a cabo tras la constatación de un descenso de la producción del olivar, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles impuestos por Estados Unidos a este sector, junto al elemento climatológico como agravante de efectos adversos sobre la actividad del sector agrario.

Circunstancias todas ellas que han repercutido en una disminución del empleo de los trabajadores eventuales agrarios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y que ha reducido el número de jornadas cotizadas, requisito esencial para acceder al subsidio.

Por todo ello se cumplen las condiciones para regular la reducción del número mínimo de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por desempleo y a la renta agraria.

Interior

REGISTRO DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN DEL TERRORISMO Y DELITOS GRAVES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica relativo a la utilización de datos del Registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.

De esta forma se inician los trámites legislativos para incorporar a la legislación española la Directiva de la Unión Europea referente al PNR. El objetivo de esta directiva es elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, incorporando nuevas herramientas para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada grave.

Este Proyecto de Ley Orgánica crea la Unidad de Información sobre Pasajeros, que estará encuadrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargará del tratamiento de los datos del PNR en España. El Anteproyecto contiene asimismo las garantías legales para la protección de los datos de carácter personal.

El texto actual fue aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018 y remitido a las Cortes Generales. Como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales su tramitación parlamentaria decayó por lo que es necesario remitirlo otra vez para iniciar de nuevo el procedimiento parlamentario.

El Consejo de Ministros también ha acordado solicitar la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

Presidencia del Gobierno

ESTABLECIDAS LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se aprueba el Real Decreto por el que se establecen los órganos colegiados del Gobierno con categoría de Comisión Delegada del Gobierno que serán los siguientes:

  • Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
  • Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional.
  • Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
  • Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico.
  • Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.

En la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos participarán la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que la presidirá; la ministra de Hacienda, que ejercerá las funciones de vicepresidenta de la Comisión Delegada; así mismo serán miembros de la Comisión la vicepresidenta cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la ministra de Educación y Formación Profesional, la ministra de Trabajo y Economía Social, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la ministra de Política Territorial y Función Pública, el ministro de Ciencia e Innovación, el ministro de Consumo y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Consejo de Seguridad Nacional tendrá la siguiente composición el presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando S.M. el Rey asista a sus reuniones, en cuyo caso le corresponderá presidirlo; la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, la vicepresidenta Tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la vicepresidenta Cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; asimismo serán miembros la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el ministro de Justicia, las ministras de Defensa y de Hacienda; los ministros del Interior, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, y los ministros de Sanidad y de Ciencia e Innovación.

Presidirá la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Asistirán a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa; el ministro del Interior; el vicepresidente Segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico tendrá la siguiente composición: la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que la presidirá, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ejercerá las funciones de vicepresidente de la Comisión Delegada. Asimismo, serán miembros de la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la ministra de Hacienda; los Ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; las ministras de Educación y Formación Profesional; de Trabajo y Economía Social; de Industria, Comercio y Turismo, y de Política Territorial y Función Pública; los ministros de Cultura y Deporte y de Sanidad, la ministra de Igualdad, y los ministros de Ciencia e Innovación, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de Universidades.

Formarán parte de la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030: el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, que la presidirá; la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ejercerá las funciones de vicepresidenta de la Comisión Delegada. Asimismo, serán miembros de la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030: la vicepresidenta Cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las ministras de Educación y Formación Profesional, y de Industria, Comercio y Turismo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la ministra de Hacienda, el ministro de Sanidad, la ministra de Igualdad, y los ministros de Consumo, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de Universidades.

Justicia

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y PARA LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 49,7 millones de euros en el ejercicio de 2020 al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de Procuradores de España, para la asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la atención a las víctimas de delitos. Las actividades realizadas en noviembre y diciembre del pasado año serán abonadas en un único pago en las próximas semanas.

De acuerdo con este Real Decreto, se destinarán, en el ámbito del territorio del Ministerio de Justicia, 45.003.220 € al Consejo General de la Abogacía Española y 3.673.250 € al Consejo General de los Procuradores de España para la prestación de la asistencia jurídica gratuita. El pago de las subvenciones se efectuará por periodos mensuales vencidos. El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Colegios de Procuradores de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación con los datos relativos a las actuaciones realizadas por cada colegio en el mes anterior, junto con la justificación del coste económico asociado. En función de estas certificaciones, Justicia efectuará los libramientos mensuales que correspondan.

Por lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de delitos, se destinarán en el presente ejercicio 1.051.800 € para la atención especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como para el apoyo en la emisión de informes periciales. Estas subvenciones se articularán mediante la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

La tramitación de este Real Decreto se realiza a través del procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones, que establece que podrán concederse ayudas de forma directa para supuestos en los que se acrediten razones de interés público, social o humanitario. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a 2020 no permitía extender automáticamente estas subvenciones de un año a otro, lo cual ha hecho necesaria la aprobación de un real decreto para conceder y aplicar las mismas cantidades en el presente ejercicio.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

NUEVA REGULACIÓN DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE GEODESIA Y GEOFÍSICA

El Consejo de Ministros aprueba la nueva regulación de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica.

El objetivo del nuevo Real Decreto es adaptar la composición de la Comisión a la nueva estructura departamental del Gobierno, así como reforzar su operatividad y potenciar su capacidad de acción, fundamentalmente a través de la modificación de su composición y el diseño de una Comisión principalmente integrada por técnicos y expertos en las materias sobre las que actúa.

La Comisión, adscrita al Ministerio a través de su Subsecretaría (Instituto Geográfico Nacional), es el órgano colegiado interministerial del Gobierno de España para la promoción de la Geodesia y de la Geofísica.

Su regulación precedente data de 2007, si bien el órgano tiene su origen en la antigua Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica, creada en 1922 para representar a España en la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica.

Los fines del órgano, si bien simplificados, siguen enfocados en el impulso de la Geodesia y Geofísica, y son:

  • La promoción, coordinación e impulso de trabajos físicos, químicos y matemáticos de la Tierra y su entorno.
  • La coordinación de las investigaciones científicas que le sean encomendadas.
  • Y la representación de España en las organizaciones internacionales sobre las ramas de la ciencia objeto de la Comisión.

La Comisión pasa a estar presidida por el director general del Instituto Geográfico Nacional; sus vocales representantes de órganos y organismos públicos con competencias sobre la materia será personal funcionario del subgrupo A1; y sus miembros vocales científicos serán personas con categoría de catedrático de Universidad y personal investigador.

Educación y Formación Profesional

NUEVO TÍTULO DE TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece un nuevo título de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre -Grado Medio de Formación Profesional-, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como los correspondientes aspectos básicos del currículo.

Esta titulación, perteneciente a la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, desarrolla la competencia de organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales de baja y media montaña, terreno nevado tipo nórdico, cavidades de baja dificultad, barrancos de bajo riesgo, medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, así como la labor de dinamizar actividades de tiempo libre, adaptando todo ello a los participantes y respetando el medio ambiente, además de garantizar la calidad y la seguridad.

El título de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre recoge las figuras profesionales del título de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, al que sustituye, y por el que se establece el título de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural y las correspondientes enseñanzas mínimas. El nuevo título integra y actualiza los contenidos del anterior, adaptándolos a los cambios legislativos en materia medioambiental y a las nuevas tecnologías consiguiendo de esta manera una mayor polivalencia profesional.

La aprobación de esta titulación se enmarca dentro del plan estratégico aprobado por el Gobierno y que contempla, entre otras actividades, la ampliación del Catálogo de títulos y la agilización de su publicación para dar respuesta a las necesidades de calificación de cada sector productivo. Con el título aprobado, el sistema educativo cuenta con un total de 180 titulaciones de Formación Profesional.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE LAS CIVILIZACIONES EN BARCELONA

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona y la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona.

El Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona (Acuerdo I) se firmó el 28 de junio de 2010 y entró en vigor el 12 de septiembre de 2013; su propósito es establecer el régimen jurídico y los privilegios e inmunidades concernientes a la sede de dicho organismo en España, y complementa a otro Acuerdo bilateral de la misma fecha en el que se determinan las funciones y la financiación del Instituto.

Por su parte, el Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona (Acuerdo II), firmado igualmente el 28 de junio de 2010, entró en vigor el 20 de enero de 2014 con el objetivo de contribuir al desarrollo de la iniciativa de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones, definiendo las actividades del Instituto, sus áreas de cooperación, su ubicación y las contribuciones económicas asumidas por España; a este respecto contemplaba una anualidad en 2010 de 1.000.000 de euros que se incrementaba progresivamente hasta alcanzar un mínimo de 2.000.000 a partir de 2013. La instalación en dependencias del Hospital de Sant Pau de Barcelona fue facilitada por la Generalitat de Cataluña.

Posteriormente, los dos citados Acuerdos fueron en parte modificados mediante la firma de una Adenda de 22 de julio de 2016, que redefinió sus funciones y cambió su denominación por la de Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para la Globalización, la Cultura y la Movilidad (UNU-GCM).

Asimismo, esta Adenda redujo los importes de la contribución española, asumida conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo reparto de cuotas se determinó mediante la firma de un Convenio de colaboración interadministrativo en el caso del Acuerdo I; y mediante la firma de otro Convenio de colaboración interadministrativo en el caso del Acuerdo II, reduciéndose el monto de la contribución española hasta un importe anual de 700.000 euros en el caso de este último.

Esta Adenda tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, habiéndose iniciado un proceso de negociación entre las partes para su renovación para el periodo 2019-2021, en el que principalmente se ha buscado garantizar la sostenibilidad a largo plazo de UNU-GCM y aumentar su visibilidad y eficacia, para lo cual se consideró indispensable el replanteamiento de su configuración. Durante este proceso de negociación se ha puesto de manifiesto que no es posible incrementar la contribución aportada por España ni, por otra parte, ha sido factible llevar a cabo la reconfiguración del Instituto.

Por otro lado, mediante una carta de 7 de agosto de 2018, el rector de la UNU ha notificado formalmente la voluntad de este organismo de finalizar los Acuerdos de 2010 y no renovar la Adenda de 2016, con la intención de abandonar el territorio español a fin de año. El Artículo 18 del primer Acuerdo y el Artículo 15.2 del segundo Acuerdo disponen que su terminación puede llevarse a cabo en virtud del consentimiento mutuo de las Partes, manifestado por escrito y con indicación de la fecha efectiva de extinción.

La AJI informó que la denuncia de los citados Acuerdos I y II debe ser autorizada por el Consejo de Ministros y remitida a las Cortes Generales a fin de obtener su autorización con carácter previo, comunicando después al organismo que se han cumplido los procedimientos internos requeridos para su terminación.

El Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2018 concedió su autorización y dispuso la remisión de las citadas denuncias a las Cortes Generales.

La disolución de las Cámaras efectuada mediante el Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, motivó que no se produjeran las autorizaciones de las Cortes, por lo que es necesario remitirlos nuevamente.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO CON AZERBAIYÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y de su Protocolo y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.

En 1999, las autoridades de Azerbaiyán remitieron a España para su negociación un proyecto de Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta. Sin embargo, por parte española se consideraba que continuaba vigente el Convenio bilateral sobre esta materia suscrito con la antigua Unión Soviética el 1 de marzo de 1985 mientras no se produjera su denuncia.

Dado el interés de Azerbaiyán en concluir este Convenio, entre el 7 y el 11 de mayo de 2007 se celebraron en Madrid conversaciones entre delegaciones de ambos países, en las que se alcanzó un acuerdo sobre todos los aspectos fiscales. Quedaron pendientes de acordar las definiciones de los dos Estados y la propuesta de incluir la terminación del mencionado Convenio de 1985. Dado que la parte azerí no se consideraba Estado sucesor de la URSS respecto a este último, un intercambio de notas de 21 y 28 de enero de 2008 dejó constancia de la no aplicación entre España y Azerbaiyán del Convenio entre España y la antigua URSS.

El Consejo de Ministros autorizó el 5 de noviembre de 2010 la firma de este convenio, que fue suscrito en Bakú el 23 de abril de 2014 por los respectivos ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo y Elmar Mammadyarov.

El Convenio, que incorpora los estándares de la OCDE, establece un marco fiscal adecuado a las circunstancias de los contribuyentes que desarrollan actividades en el ámbito internacional, con el objetivo de favorecer el intercambio comercial y el flujo de inversiones entre ambos países y facilitar la cooperación entre las autoridades fiscales.

Contenido

El texto consta de veintiocho Artículos, agrupados en 7 Capítulos y un Protocolo anejo. Los dos primeros Artículos delimitan su ámbito de aplicación subjetivo (afectará a las personas residentes de uno o ambos Estados) y material (respecto a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de ellos o sus subdivisiones políticas o locales).

El Capítulo II (Artículos 3 al 5) incorpora las definiciones generales utilizadas (Estados contratantes, persona, sociedad, empresa, autoridad competente, nacional, etc.) y las de residente y establecimiento permanente.

El Capítulo III (Artículos 6 al 20) desarrolla la imposición sobre las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital, rentas del trabajo, remuneraciones de consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, función pública, estudiantes y otras rentas.

El Capítulo IV se refiere a la imposición sobre el patrimonio

Los Capítulos V y VI (Artículos 22 al 26) incluyen las disposiciones relativas a los métodos para eliminar la doble imposición, a la aplicación de disposiciones especiales de no discriminación, al procedimiento amistoso en caso de discrepancia con la forma de aplicación del Convenio, al intercambio de información entre las respectivas autoridades competentes y la no incidencia de las disposiciones del Convenio en los privilegios de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.

El Capítulo VII (Artículos 27 y 28) contiene las Disposiciones finales que señala tanto la entrada en vigor del Convenio -transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última de las notificaciones mediante las que ambos Estados se comuniquen la conclusión de sus procedimientos internos exigidos en cada uno de ellos- como la posibilidad de denuncia, una vez concluido el plazo inicial de cinco años desde la fecha de su entrada en vigor y mediante una notificación formulada con antelación mínima de seis meses a la terminación de cualquier año civil.

El Protocolo anejo al Convenio incluye en sus dos primeros apartados precisiones al Artículo 5 -relativo al establecimiento permanente- y concluye declarando la aplicabilidad de los respectivos marcos nacionales para combatir los abusos de la norma y excluyendo de los beneficios del convenio a las personas que no sean las beneficiarias efectivas de determinadas rentas o elementos patrimoniales.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 11 de noviembre de 2010, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos del apartado e) del Artículo 94.1 de la Constitución, toda vez que delimita el ámbito de aplicación de las normas reguladoras de diversos impuestos, entre los que se incluye, el impuesto sobre la renta, por lo que puede afectar consiguientemente a determinados aspectos de la potestad tributaria sometidos a reserva legal (apartado e).

Si bien el Consejo de Ministros de 11 de enero de 2019 dispuso la remisión del tratado a las Cortes Generales, la disolución de las Cámaras efectuada mediante el Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, motivó que no se produjera la autorización de las Cortes, por lo que es necesario remitirlo nuevamente.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA LA CREACIÓN DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHENGDÚ

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Popular China para la creación del Consulado General de España en Chengdú, así como su aplicación provisional.

La creciente actividad entre la República Popular China y el Reino de España está dando lugar a un considerable incremento en el número de españoles que visitan China o residen en su territorio, y de ciudadanos chinos que viajan a España o se instalan en nuestro país.

China es ya el primer emisor de turistas del planeta, con unos 140 millones de viajeros anuales, mientras que España es el segundo destino turístico del mundo, con casi 82 millones de visitantes al año. De ellos, alrededor de 700.000 son chinos. La demanda sigue aumentando, por lo que resulta necesario ampliar la red consular de España en la República Popular de China, hoy circunscrita a Pekín, Cantón, Shanghái y Hong Kong.

Por ello, las autoridades españolas y chinas han llegado a un entendimiento en cuanto al contenido de este canje de notas sobre la creación del Consulado General de España en Chengdú.

Chengdú es la capital de la provincia de Sichuan, con 12 millones de habitantes, y una esfera de influencia que abarca todo el oeste de China, incluida la ciudad autónoma de Chongqing, con 31 millones de habitantes en su área metropolitana. Es la puerta de entrada a la China occidental, que posee una economía vibrante y una creciente implantación de empresas españolas. El crecimiento económico y el poder de atracción de Chengdú para los negocios se basan en su especial énfasis en el I+D y en la educación. La ciudad cuenta con 42 institutos y universidades y más de 600.000 estudiantes, con varias industrias pilares (electrónica, productos farmacéuticos, petroquímica, procesamiento de alimentos, maquinaria -automotriz y aeroespacial-, metalurgia y materiales de construcción), además de un importante sector de servicios.

La apertura de este Consulado permitiría no solo responder a la creciente demanda de visados por razones de turismo y evitar la posible pérdida que podría suponer para el sector turístico español la desviación de viajeros hacia otros países que tramitan visados con más agilidad, sino que facilitaría que los Consulados en Pekín y Cantón respondiesen con mayor rapidez a la demanda en el resto de sus demarcaciones actuales.

Las limitaciones actuales de la red consular de España en China y las posibilidades de atraer hacia España el creciente turismo chino que visita Europa hace imprescindible, por razones geográficas y de eficiencia, poder operar desde las pujantes ciudades del interior de China, distantes entre 2.000 y 3.000 kilómetros de Pekín.

El Consulado atenderá a una población total de 400 millones de habitantes y permitirá que se reduzcan los tiempos de tramitación de las solicitudes de visado. España se encuentra en este momento en desventaja con respecto a los Estados de la Unión Europea que ya cuentan con un Consulado General en esta importante región de China.

Contenido

El Acuerdo consta de un Preámbulo y de 4 Cláusulas. En el preámbulo se deja constancia de que ambos Estados desean impulsar la relación de amistad mutua y fortalecer la cooperación bilateral en materia consular.

La Cláusula nº 1 establece que la República Popular China da su visto bueno a que el Gobierno del Reino de España establezca un Consulado General que circunscriba en su demarcación consular a las provincias de Sichuan, Guizhou y Yunnan, así como a la municipalidad de Chongqing.

La Cláusula nº 2 reserva a la República Popular China el derecho a establecer otras oficinas consulares en España.

La Cláusula nº 3 establece que, en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, suscrita el 24 de abril de 1963, de la legislación de cada una de las partes y del principio de reciprocidad, ambas partes prestarán toda la asistencia y facilidades necesarias para el establecimiento de oficinas consulares y para el desempeño de las funciones consulares de la otra parte.

La Cláusula nº 4 establece que ambas partes solucionarán mediante consultas amistosas cualquier problema que pueda surgir en la relación bilateral en materia consular de acuerdo al derecho y prácticas internacionales, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, y en base al principio de reciprocidad.

El Consulado en Chengdú se financiará con recursos del MAUC, sin aumentar el gasto público. El intercambio de notas -como requisito formal para autorizar la apertura- no tiene coste alguno y ha sido informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda.

Cuando esté autorizada formalmente por las autoridades chinas la apertura del Consulado, se tramitará el Proyecto de Real Decreto de creación del Consulado General de España en Chengdú.

Defensa

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES SOBREVENIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ACUARTELAMIENTO LOYOLA (SAN SEBASTIÁN)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la ejecución de las actuaciones sobrevenidas en materia de infraestructuras en el Acuartelamiento Loyola en San Sebastián, originadas por circunstancias meteorológicas, por un importe de 58.968,45 euros.

La declaración de tramitación de emergencia vino motivada porque el día 13 de diciembre de 2019, en torno a las 06,30h, debido a un fuerte viento en el litoral, se produjeron importantes daños en el Acuartelamiento Loyola en San Sebastián, que comprometieron la seguridad del mismo.

La Jefatura de Intendencia de administración económica oeste declaró la tramitación de emergencia como consecuencia de estos daños y al no poder satisfacerse con mayor rapidez a través de otros procedimientos de la ley de contratos del sector público.

Dicha tramitación que se ha llevado a cabo con la empresa RALLASA SL, por importe de 58.968,45€, habiendo comenzado las obras el día 17 de enero de 2020, dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 120.1, c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El artículo 120 de dicha Ley establece la facultad de la Administración para actuar de manera inmediata, sin necesidad de tramitar expediente de contratación, a causa de situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afecten a la Defensa Nacional, de manera que el órgano de contratación podrá actuar sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la ley.

Además añade que si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Órganos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo de treinta días.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de contrato de los servicios de carácter informático necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información de gestión y comunes propios del Instituto Nacional de la Seguridad Social por un periodo de dieciocho meses y un valor estimado de 37.255.109,76 euros.

Las tareas a realizar consisten en:

  • Desarrollo de nuevas aplicaciones enmarcadas dentro de los sistemas de información actuales.
  • Mantenimiento correctivo y evolutivo (el cual incluye el mantenimiento adaptativo y perfectivo) de sistemas actualmente en producción.
  • Mantenimiento técnico de sistemas actualmente en producción, motivados por cambios en la infraestructura tecnológica.
  • Atención a usuarios finales.
  • Aseguramiento de la calidad en el desarrollo de nuevas funcionalidades.
  • Consultoría sobre administración electrónica, impactos tecnológicos, metodologías de desarrollo y cualquier otro aspecto relacionado con las competencias del Centro de Desarrollo del INSS.
  • Soporte a la oficina de gestión de proyectos.

El plazo de ejecución del contrato será de dieciocho meses, con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas. Se prevé de manera expresa una posible prórroga, tramitada de forma expresa antes de la finalización inicial del contrato, con mutuo acuerdo de las partes, por un periodo máximo de dieciocho meses.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Fiscal general del Estado.-

Dª DOLORES DELGADO GARCÍA

Nacida en 1962. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1985). Master en Derecho comunitario por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid (1985-1986). Ingresa en 1989 en la Carrera fiscal como abogado fiscal.

Ha estado destinada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional, donde dirigio algunas de las operaciones más importantes contra el narcotráfico y las redes de blanqueo de dinero, así como múltiples casos por crímenes imputables a organizaciones criminales como Cosa Nostra, N' Drangheta , Camorra, Redes Turcas de la heroína, organizaciones gallegas y colombianas de la cocaína y otras redes de macrocriminalidad de múltiples nacionalidades.

Entre 2004-2006 estuvo asignada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Por decisión del Fiscal General del Estado fue asignada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la finalidad específica de sostener la acusación en el denominado Caso Adolfo Scilingo, tramitado bajo la aplicación del principio de jurisdicción universal. El juicio se solventó en el año 2005, con sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la dictadura argentina y en la que se impuso una pena de 640 años en la Audiencia Nacional, posteriormente elevada a 1049 años de prisión, por 30 asesinatos en los denominados "vuelos de la muerte" y más de 300 casos de tortura perpetrados en el centro de detención clandestino de la Escuela Mecánica de la Arma en la ciudad de Buenos Aires, donde desaparecieron decenas de ciudadanos españoles o descendientes de españoles. Ha sido la única fiscal que ha ejercido la acusación en casos de crímenes de lesa humanidad en España, hasta la fecha. En materia de jurisdicción universal, asumió la investigación en los casos Sahara, Ruanda y Plomo fundido en Gaza.

En esos años también ejerció funciones relacionadas contra el terrorismo de ETA y de terrorismo yihadista en diferentes casos, además de los referidos a delincuencia económica organizada y extradiciones.

En la Fiscalía General del Estado también ha sido portavoz de la Unidad Especial de Apoyo al Fiscal General y ha ejercido la dirección de investigaciones relacionadas con el terrorismo, tanto nacional como internacional, tomando parte en las más importantes operaciones contra el terrorismo nacional y asumiendo la investigación y acusación en juicio en investigaciones de terrorismo internacional.

En 2007 fue designada Coordinadora de Terrorismo Internacional. Forma parte del grupo de expertos internacionales, constituido en Paris, sobre terrorismo yihadista, investigando las principales redes de terrorismo yihadista dedicadas a reclutar y adoctrinar a jóvenes que después se desplazan a zonas de conflicto para cometer atentados suicidas o a dar cobertura a los operativos terroristas o a células que pretenden atentar. Posteriormente en 2008 fue designada como la representante española en materia de terrorismo internacional en la alianza entre las Fiscalías de Marruecos, Francia, Bélgica y España.

En 2011 fue nombrada, de forma directa y específica por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, como fiscal de apoyo en la investigación del Caso Libia que culminó con la orden de detención contra Muhammad El Gadafi y otros responsables de crímenes contra la humanidad. Además entre 2011-2018 en la Fiscalía de la Audiencia Nacional ejerce como fiscal coordinadora de las investigaciones sobre terrorismo internacional, asumiendo las relaciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad y sus diferentes unidades, siendo así mismo en 2017 Portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En 2018 entra como vocal por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado.

Entre junio de 2018 y enero de 2020 es ministra de Justicia del Gobierno de España.

En el ejercicio de su profesión como fiscal ha participado en diferentes organismos, tanto públicos como privados, internacionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, universidades y otros colectivos (ONU; Fiscalía de Colombia; UNESCO; Poder Judicial de México; Congreso de la República de los Estados Unidos Mexicanos; Departamento de Estado de Estaos Unidos; Agencia Española de Cooperación en Uruguay, Guatemala y Colombia; universidades de EE. UU., Marruecos y España; colectivos de víctimas, comunidades indígenas... ), como experta internacional en materia de drogas, blanqueo de dinero, terrorismo, financiación de terrorismo, extradiciones, delincuencia organizada y Jurisdicción Universal, entre otras actividades.

Presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.-

Dª MARÍA LLANOS CASTELLANOS GARIJO.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (1992), Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Castilla-La Mancha (2004) y doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, 2010, apto cum laude por unanimidad del Tribunal.

Ingresa en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración Local, prestando servicio como Letrada de los Ayuntamientos y, posteriormente, como Letrada del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Ha sido Consejera de Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla La Mancha, asumiendo las áreas de Empleo Público, Interior y Seguridad, Administración Local y Justicia.

Ejerció como consejera técnica del Ministerio de Política Territorial, donde fue directora general de Cooperación Local. Anteriormente, ejerció como jefe de Área de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Ha sido delegada instructora en la Unidad de Actuaciones Previas de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Asimismo, ejerció de secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Actualmente era diputada en la Asamblea de Madrid, ostentando el puesto de presidenta de la Comisión de Economía y Empleo en la misma.

También ejerce como profesora en la Universidad de Alcalá de Henares y en los Cursos y Másteres de Administración y Gerencia Pública organizados conjuntamente con el INAP, además de profesora en el "Máster de Derechos Fundamentales" de la Universidad Carlos III.

Directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.-

Dª CARMEN GAYO RODRÍGUEZ.

Ha sido directora de Comunicación y Fundraising en Acción contra el Hambre desde 2007. Paralelamente formaba parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundraising, de la que fue presidenta. .

Previamente ha sido directora de Comunicación, Sensibilización y Captación de fondos en Médicos del Mundo.

Antes de incorporarse al Tercer Sector, ha desarrollado su labor profesional en el entorno empresarial, siempre en puestos relacionados con la dirección de comunicación y marketing en Apple, ONO y Wolff Olins.

Es MBA por el Instituto de Empresa y licenciada en Filología Hispánica. Ha ejercido docencia e impartido conferencias relacionadas con comunicación, captación de fondos, marca y marketing en diversos centros universitarios y congresos nacionales e internacionales.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.-

D. JORGE MARQUÍNEZ GARCÍA.

Profesor de Universidad desde el año 1977, profesor titular desde 1985 y catedrático desde 2019, Departamento de Geología, Área de Geodinámica Externa.

Director del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT, Universidad de Oviedo) de 2013 a la actualidad. Director del Grupo de Investigación en Riesgos Naturales, GRINAT.

Director General de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio del Gobierno del Principado de Asturias de 1993 a 1995.

Presidente de Confederación Hidrográfica del Norte (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) de 2004 a 2008. Presidente del Consejo de Administración de Aguas de la Cuenca del Norte de 2004 a 2008.

Presidente de Confederación Hidrográfica del Cantábrico Norte (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) de 2008 a 2012. Vicepresidente del Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España de 2008 a 2012.

Coordinador de la Comisión Nacional de Inundaciones (Ministerio de Medio Ambiente/Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino/Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) de 2005 a 2012.

Director general de Políticas contra la Despoblación.-

D. JOSÉ MARÍA GARCÍA DE FRANCISCO.

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid.

En el sector público ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo Nacional Veterinario, en el año 2003.

Ha sido director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anteriormente subdirector general de Análisis, Prospectiva y Coordinación, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Asimismo, ha sido coordinador de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria y jefe de Servicio de Epidemiología Veterinaria, en la Subdirección General de Sanidad Animal, donde trabajó diseñando y coordinando, con la Comisión Europea y las Comunidades Autónomas, los Programas de detección, control y erradicación de diferentes enfermedades de los animales. Ha estado destinado en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, en Bruselas, trabajando con asuntos veterinarios (sanidad y producción animal). Ha sido funcionario interino en la SG de Sanidad Animal, como técnico de la Red de Alerta Sanitaria.

En el sector privado desempeñó, entre otros, el cargo de secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Criadores de Vacuno Selecto de la Raza Retinta, gerente de la Asociación Agraria de Trasformación Carne de Retinto y el puesto de Coordinador del Programa de Erradicación de Peste Porcina Africana en las provincias de Cádiz y Málaga.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Director general de Política Exterior y de Seguridad.-

D. FIDEL SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPILLO.

Es diplomático y ha ocupado puestos en las embajadas de España en Tokio, La Habana, Rabat así como en la Representación Permanente de España ante la UE. Ha sido vocal asesor en el gabinete del Ministro, Subdirector General del gabinete de análisis y previsión, embajador en misión especial para el Mediterráneo, director general para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, embajador de España en Egipto, director general para América del Norte, Asia y Pacífico y secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.

Ha sido fue investigador invitado en el Belfer Center for Science and International Affairs de la Universidad de Harvard y es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

Hacienda

Propuesta de nombramiento como presidenta de Agencia EFE, S.A., S.M.E.-

Dª MARINA GABRIELA CAÑAS PITA DE LA VEGA.

Licenciada por la Universidad Complutense, hizo sus primeros trabajos como reportera en el Diario de Cádiz e Informaciones. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en El País, donde ha sido jefa de las secciones de Madrid y Sociedad, corresponsal en Bruselas y en París y editorialista.

Actualmente es subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-El País y articulista sobre temas sociales. Sus escritos han merecido dos premios periodísticos: el galardón La mujer en la Unión Europea, otorgado en 2002 por la Comisión Europea, y el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en la modalidad de Iniciativa en los medios de comunicación o publicitarios, en 2011.

Fue miembro fundador de la revista El Globo, del grupo PRISA, y también fue directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación entre 2006 y 2008. En 2011 formó parte de la comisión para la modernización del lenguaje jurídico, cuyo informe se elevó al Gobierno.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Presidente del Ente Público Puertos del Estado.-

D. FRANCISCO TOLEDO LOBO.

Licenciado y doctor en Matemáticas por la Universitat de València. Profesor de dicha Universidad desde 1985 hasta 1991 que pasó a incorporarse a la Universitat Jaume I, de la que es Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde 1998.

Como experiencia en gestión, ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón hasta la actualidad.

Por otra parte, en la Universitat Jaume I fue rector en el periodo 2001-2010, Vicerrector de Investigación y Planificación en 1997-2001 y Vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación en 1995-1997

Otras distinciones: doctor Honoris Causa por la Universidad Ricardo Palma de Lima (Perú). medalla de Oro Machu Pichu otorgada por el Instituto Nacional de Cultura de Perú.

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