Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, martes 21 de enero de 2020

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Macedonia del Norte, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Protocolo, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Justicia

Defensa

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la selección de la empresa que preste servicios de gestión de los centros de educación infantil del Ministerio de Defensa por un valor estimado de 14.619.249,94 euros.

Hacienda

  • ACUERDO complementario del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019 por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2019, se formaliza la distribución por secciones y se aprueban medidas para reforzar el control del gasto público.

Industria, Comercio y Turismo

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones en el Parador de Turismo de Carmona (Sevilla) por importe de 84.609,25 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones en el Parador de Turismo de Nerja (Málaga), por importe de 1.013.900,26 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la ejecución de las actuaciones para paliar los daños causados por la DANA durante los días 11 a 14 de septiembre de 2019 en las infraestructuras forestales de la Comunidad Valenciana (provincia de Valencia) por un importe máximo de 1.499.999,99 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la ejecución de las actuaciones para paliar los daños causados por la DANA durante los días 11 a 14 de septiembre de 2019 en las infraestructuras forestales de la Comunidad Valenciana (provincia de Alicante) por un importe máximo de 1.499.999,99 euros.

Política Territorial y Función Pública

  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la información prevista en el artículo 22 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y se acuerda remitirla al Congreso de los Diputados.
  • ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria.
  • ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 21/2018, de 16 octubre, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Justicia

Trabajo y Economía Social

Política Territorial y Función Pública

Cultura y Deporte

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DECLARADA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales.

El Ejecutivo declara la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Con ello, muestra además el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos, que cita la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como la dos amenazas de mayor magnitud para la economía global o el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea.

El Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.

El acuerdo responde, además, a la voluntad expresada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados que, el pasado mes de septiembre, instó al Ejecutivo a declarar la situación de emergencia climática.

Proyecto de futuro en común, más justo y equitativo

La Declaración se inicia constatando el consenso generalizado de la comunidad científica sobre el impacto "sin precedentes" que el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el sistema climático. Ante este desafío, el acuerdo marca como "único camino posible" alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad.

Se trata, tal y como la define el acuerdo, de un "proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política". De esta manera, se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad, que se basa en la ciencia y en el principio de prudencia económica, contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales.

En este sentido, la Declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

Compromisos para los primeros cien días

Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete a:

  • Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
  • Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
  • Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
  • Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
  • Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

Líneas prioritarias frente a la emergencia climática

La Declaración recuerda que la región mediterránea, en la que se incluye a España, está considerada uno de los "puntos calientes" globales en materia de cambio climático, que incide directa e indirectamente sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Todo ello obliga a aprovechar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y supervivencia de la humanidad.

Con este espíritu, y junto a las primeras medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo en sus primeros cien días, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental. Se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En concreto, en estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

El acuerdo destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética. De igual modo, el acuerdo pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.

Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.

La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar "residuo cero" en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.

Los primeros pasos ya se han dado

El acuerdo destaca que los primeros pasos de esta transformación ya se han activado. En particular, hace referencia al PNIEC 2021-2030, que sitúa a España en la "senda correcta" para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente. Para ello, en 2030 se habrá duplicando el consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, el 74% será de origen limpio. Se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40% para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50% y el 55%.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE

Antecedentes

A raíz de la desaparición del Pacto de Varsovia, y en el contexto de las reformas emprendidas por las nuevas democracias de Europa Central y Oriental para la modernización de sus estructuras de defensa, la OTAN se planteó su posible ampliación a los antiguos países del Este. En la Cumbre de Bruselas de 1994 la Alianza se mostró favorable a la incorporación de nuevos Estados miembros.

La República de Macedonia del Norte (hasta hace poco denominada Antigua República Yugoslava de Macedonia, ARYM) se unió a la Asociación para la Paz de la OTAN en 1995, pero su relación con la Alianza se intensificó a partir de 1999. En abril de dicho año adoptó un Plan de Asociación con la OTAN y solicitó formalmente participar en el Plan de Acción para la adhesión. En la Operación Cosecha Esencial, tropas de la OTAN se unieron con el ejército macedonio para desarmar a las fuerzas rebeldes después de un acuerdo de alto al fuego. Las tropas macedonias participan en la misión de la OTAN en Afganistán, KFOR en Kosovo, y en EUFOR ALTHEA (BiH).

En la Cumbre de Bucarest de 2008, los Aliados acordaron que Macedonia del Norte sería invitada a ser miembro tan pronto como se solucionara el contencioso que le enfrentaba a Grecia por la denominación constitucional del país. En junio de 2018 los primeros ministros de Grecia y de la entonces ARYM llegaron a un acuerdo -denominado Acuerdo de Prespa- para poner fin a dicha disputa sobre el nombre oficial del país, que pasa a llamarse República de Macedonia del Norte. Este acuerdo, tras su ratificación por los Parlamentos macedonio y griego, abrió la puerta para la adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN.

A finales de 2018, el Secretariado Internacional de la OTAN formuló la propuesta de la firma del protocolo de Adhesión. La firma del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Macedonia del Norte se realizó en Bruselas, el 6 de febrero de 2019. España lo firmó ad referéndum, previa autorización del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La firma fue llevada a efecto por el embajador representante de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta firma ad referéndum, adquirió el carácter de firma definitiva mediante su aprobación por el Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019.

La razón principal que ha aconsejado esta firma es el interés de los Estados miembros de la Alianza, España entre ellos, en reforzar la seguridad de la región del Atlántico Norte, y la de la OTAN en su conjunto, mediante la incorporación de otros Estados europeos que estén en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del Tratado.

El Consejo de Estado, en dictamen de 20 de junio de 2019, dispone que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Protocolo requiere la previa autorización de las Cortes Generales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94.1 a) y b) de la Constitución Española.

El Consejo de Ministros de 19 de julio de 2019 dispuso la remisión del Protocolo a las Cortes Generales, a efectos de obtener dicha autorización. La disolución de las Cámaras efectuada mediante el Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, motivó que no se produjera la autorización solicitada.

Por ello es necesario remitir nuevamente el expediente a las Cortes, solicitando además que su tramitación se lleve a cabo por el procedimiento de urgencia. Esta urgencia viene motivada por el hecho que España es el único aliado que no ha concluido aún el proceso interno de ratificación. Es necesaria la utilización del procedimiento de urgencia para no demorar más el cumplimiento del compromiso que ha adquirido España como aliado en la OTAN de que Macedonia del Norte se convierta en Estado miembro de dicha organización.

Contenido

Este Protocolo tiene por objeto la adhesión de la República de Macedonia del Norte al Tratado del Atlántico Norte. El texto consta de un Preámbulo y tres Artículos.

En el Preámbulo, las Partes del Tratado del Atlántico Norte manifiestan su convencimiento de que la adhesión de la República de Macedonia del Norte a la Alianza reforzará la seguridad en la región del Atlántico Norte.

El Artículo I señala que, en el momento de la entrada en vigor del presente Protocolo, el secretario general de la Organización del Atlántico Norte remitirá al Gobierno de la República de Macedonia del Norte, en nombre de todas las Partes, una invitación para adherirse al Tratado. El país invitado, conforme a lo previsto en el Artículo 10 del Tratado, se convertirá en Estado Parte en la fecha en que deposite su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El Artículo II regula la entrada en vigor del Protocolo, la cual tendrá lugar cuando la totalidad de los Estados miembros hayan notificado la aceptación del mismo al Gobierno de los Estados Unidos de América, Depositario del Tratado. Dicho Gobierno comunicará a las Partes la fecha de recepción de cada notificación, así como la fecha de la entrada en vigor.

El Artículo III dispone que el Protocolo, del que existirán dos versiones auténticas, en inglés y en francés, se depositará en los Archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual trasladará posteriormente copias certificadas del Protocolo a los Gobiernos de los demás Estados miembros de la Alianza.

Justicia

EL GOBIERNO CONCEDE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA DE NATURALEZA A LOS DEPORTISTAS MARTIN FAMERA Y ENMANUEL REYES

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza al waterpolista de origen checo, Martin Famera, y al boxeador nacido en Cuba, Enmanuel Reyes Pla.

La nacionalidad de Martin Famera (Viperk, 4 de noviembre de 1988), apoyada desde la Real Federación Española de Natación, podría suponer, por su gran potencial, una contribución muy positiva para la selección masculina de waterpolo y el éxito en su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el caso del boxeador de origen cubano Enmanuel Reyes Pla (La Habana, 14 de diciembre de 1992), la Real Federación Española de Boxeo considera que su pertenencia al Equipo Nacional de Élite Masculino podría ser favorable para las aspiraciones de España en los próximos Juegos Olímpicos. Reyes Pla tiene un gran nivel técnico y ha participado en diferentes citas deportivas como el Campeonato de España de Clubes de 2017, el Torneo de la Amistad, la Copa Presidente de 2019 y el Torneo Internacional Boxam, demostrando un gran nivel y consiguiendo la victoria en estas competiciones.

La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por real decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha resuelto hoy el Gobierno.

Defensa

GESTIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la selección de la empresa que preste servicios de gestión de los Centros de Educación Infantil del Ministerio de Defensa por un valor estimado de 14.619.249,94 euros.

El objeto del Acuerdo aprobado, y de los contratos basados en el mismo, será la prestación de servicios de gestión integral de centros de educación infantil titularidad del Ministerio de Defensa, que afecta a 25 centros (con un total de 1.364 plazas) y a 4 en proceso de construcción. El actual Acuerdo Marco vence el 31 de agosto de 2020, es decir, al finalizar el presente curso escolar.

Para la celebración de este Acuerdo Marco de servicios se seguirán las normas del procedimiento abierto, y la tramitación del expediente se encuentra declarada urgente, para que los centros puedan funcionar el curso escolar que comienza el 1 de septiembre de 2020. El plazo previsto de duración es de dos años sin posibilidad de prórroga.

Hacienda

LAS ENTREGAS A CUENTA INICIALES DE 2020 A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ASCIENDEN A 103.000 MILLONES DE EUROS

El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo sobre los criterios de aplicación de la prórroga presupuestaria en el reparto de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales correspondientes a 2020. De esta manera, las entregas a cuenta comunicadas inicialmente a las Comunidades Autónomas para este ejercicio ascienden a 103.000 millones de euros, un 5% más que las comunicadas inicialmente en 2019. Estas cuantías serán actualizadas cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los PGE. Los territorios empezarán a recibir estos anticipos en los próximos días.

En una situación inédita de doble prórroga presupuestaria, el Gobierno ha elegido la fórmula más ventajosa para las Administraciones Territoriales dentro de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico actual en una muestra más de su compromiso con la financiación autonómica y de los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que los cálculos para las entregas a cuenta, que serán aplicables durante los primeros meses de 2020 hasta la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, tomarán como base las referencias ya utilizadas en las entregas a cuenta actualizadas de 2019. Hay que recordar que los anticipos se vieron afectados el pasado ejercicio por la falta de Presupuestos. Para paliar este problema y garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales, el Ministerio de Hacienda aprobó el pasado 11 de octubre un Real Decreto-ley que, por primera vez, permitió actualizar esos importes pese a la prórroga de las cuentas públicas.

Así, para los anticipos de 2020 se utilizará como base de cálculo el importe actualizado de 2019, en lugar de los valores de la prórroga de 2018, que habrían sido menores. De esta forma se consolidan los niveles de financiación que recibieron el pasado curso y se consigue que las Comunidades Autónoma y las Entidades Locales mantengan niveles similares a los resultados de las entregas a cuenta actualizada de 2019.

Una decisión que permite aliviar la situación de la tesorería de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y demuestra la sensibilidad del Gobierno con unos servicios públicos de calidad.

Entregas a cuenta y liquidación

Por tanto, las entregas a cuenta comunicadas inicialmente en 2020 a las Comunidades Autónomas ascienden a 103.000 millones de euros, un 5% más que las comunicadas inicialmente en 2019 y 201,82 millones más que la cifra actualizada y definitiva del año pasado. El Ministerio de Hacienda comunicará en breve a las Comunidades Autónomas los resultados concretos de esta aplicación y las Administraciones Territoriales empezarán a recibir estos anticipos en este mismo mes de enero.

En cualquier caso, la cuantía comunicada ahora no es la que definitivamente recibirán las Comunidades en 2020, ya que estas primeras cifras corresponden a una situación de prórroga presupuestaria, que deberá ser actualizada con las previsiones de ingresos para 2020 una vez que avance el ciclo presupuestario ordinario de los Presupuestos Generales del Estado de 2020.

Además, Hacienda ha recordado que si se tiene en cuenta la previsión de liquidación de 2018, que ya fue comunicado a las Comunidades Autónomas en octubre de 2019, la financiación total prevista inicialmente en 2020 en situación de prórroga presupuestaria asciende a 113.020 millones de euros, un 9,4% más que la comunicada inicialmente el pasado curso también en prórroga presupuestaria (entregas a cuenta + liquidación 2017). Esto se debe al significativo incremento de 4.837 millones de la liquidación de 2018 respecto a la de 2017.

La medida aprobada hoy constata que la financiación autonómica forma parte de las prioridades del Ministerio de Hacienda. De hecho, uno de los objetivos es la reforma del sistema de financiación autonómica con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos.

(CUADRO ENTREGAS A CUENTA)

Industria, Comercio y Turismo

MEJORA DE INSTALACIONES EN LOS PARADORES DE TURISMO DE CARMONA Y DE NERJA

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de diferentes actuaciones en los Paradores de Turismo de Carmona (Sevilla) y de Nerja (Málaga).

En Carmona se va a monitorizar el estado actual del conjunto del Parador, un antiguo alcázar árabe del siglo XIV, para determinar las acciones a acometer para mejorar las instalaciones. Para la realización de estas actuaciones se establece un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 84.609,25 euros.

En Nerja se van a contratar actuaciones para mejorar el talud que bordea la zona sur-sureste del Parador por un importe de 1.013.900 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

OBRAS DE RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FORESTALES EN VALENCIA Y ALICANTE

El Consejo de Ministros ha ratificado la emergencia de actuaciones de restauración de infraestructuras forestales en la Comunidad Valenciana, concretamente en Valencia y Alicante, para paliar los daños causados por la Depresión Aislada de Niveles Altos (DANA) que afectó a la Península Ibérica entre los días 9 y 14 de septiembre de 2019. Unas obras que supondrán una inversión de tres millones de euros, correspondiendo a los trabajos en cada provincia un total de 1.499.999 euros.

Las lluvias torrenciales asociadas a la DANA provocaron el desprendimiento de taludes sobre la traza de los caminos, la caída de árboles, la colmatación de cunetas, la rotura de badenes y pasos de agua, la pérdida de firmes de los viales, así como daños en infraestructuras de prevención de incendios forestales.

Para paliar estos daños, los trabajos previstos incluyen la reconstrucción de terraplenes, la eliminación de desprendimiento de taludes, la limpieza de cunetas, la reparación de badenes y pasos de agua, la reconstrucción de firmes, la construcción de muros de sujeción de los terraplenes y la reparación de otras Infraestructuras de prevención de incendios forestales.

Estas actuaciones se realizan en el marco de la normativa sobre medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, en la que se atribuye al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la competencia para declarar zona de actuación especial las zonas afectadas en las materias de su competencia, y para declarar la emergencia de, entre otras, las obras de restauración de infraestructuras rurales de uso general, como las pistas forestales de los montes declarados de utilidad pública.

Política Territorial y Función Pública

LAS RETRIBUCIONES DE LAS EMPLEADAS Y DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CRECERÁN EL 2% EN 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre incremento retributivo del sector público en 2020, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública.

El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley, que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero de 2020. La subida salarial se aplica a las empleadas y empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos.

Con la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros se reconoce la dedicación, esfuerzo y profesionalidad de quienes se dedican al servicio público. El Gobierno cumple así el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar sus condiciones retributivas desde el primer día de 2020.

Incremento de las retribuciones

El incremento de las retribuciones para 2020 establece las siguientes previsiones:

  • Un incremento fijo del 2% de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos con efectos 1 de enero.
  • Un incremento variable, en función del crecimiento del PIB de 2019.

En el caso de la retribución variable del 1% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).

RESUMEN INCREMENTOS RETRIBUTIVOS FIJOS Y VARIABLES 2020
FIJO2%
PIB 2,1 en 20190,20%
PIB 2,2 en 20190,40%
PIB 2,3 en 20190,60%
PIB 2,4 en 20190,80%
PIB 2,5 o superior en 20191%

Al margen de las cuantías establecidas anteriormente, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.

El coste del Real Decreto-ley, se calcula que ascenderá a 3.212 millones de euros.

Política Territorial y Función Pública

INFORME SOBRE ALTOS CARGOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del informe correspondiente al segundo semestre de 2019 sobre los altos cargos para su remisión al Congreso de los Diputados.

La garantía de que los altos cargos de la Administración General del Estado cumplen con las obligaciones que les exige la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se materializa en este informe que, cada seis meses, elabora la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), órgano dotado de plena autonomía funcional, y que eleva al Consejo de Ministros para su remisión al Congreso de los Diputados.

El artículo 22 de la citada Ley distingue entre dos informes distintos: por un lado, el que, como se ha dicho, se remite al Congreso de los Diputados con datos personalizados de los altos cargos obligados a formular sus declaraciones, y la identificación de los titulares de los altos cargos que no hayan cumplido dichas obligaciones; y, por otro, el que se publica en el BOE, pero que sólo contiene información agregada, sin referencia a datos de carácter personal, sobre el número de los altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas, número de comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de altos cargos que no hayan cumplido con sus obligaciones previstas en esta ley.

El Gobierno, con el objetivo de una mayor transparencia, hará público también en los próximos días, en la página web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el informe que se remite al Congreso de los Diputados.

Política Territorial y Función Pública

MEDIDAS SOBRE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO CONTRA LA LEY VALENCIANA DE MANCOMUNIDADES Y LA LEY CANARIA DE CALIDAD ALIMENTARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado desistir del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2019 contra la Ley 21/2018 de mancomunidades de la Comunitat Valenciana, tras un procedimiento negociador que ha permitido subsanar las cuestiones controvertidas en relación con esta ley.

La fundamentación del recurso de inconstitucionalidad se hizo sobre la base de que la Ley autonómica vulneraba la competencia exclusiva estatal prevista en el artículo 149.1.29ª CE en materia de seguridad pública, al vulnerar la regulación que sobre estos aspectos se contiene en los artículos 51.1 y 3 y en la Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desbordando así los límites materiales y territoriales de actuación de los cuerpos de policía local contemplados en tales preceptos orgánicos.

Con posterioridad a la interposición del recurso, el pasado 19 de julio de 2019, la Comisión Bilateral Generalitat Valenciana-Estado llegó a un acuerdo por el que la Generalitat asumía el compromiso de modificar la Disposición adicional segunda de la citada ley, que posibilitaba que las mancomunidades de municipios prestasen el servicio de Policía Local, y la Administración General del Estado asumía el compromiso de desistir del recurso una vez se produjese tal modificación.

El pasado 30 de diciembre se publicó la Ley 9/2019 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que contiene la modificación legislativa pactada en la Comisión Bilateral y que permite sustentar este desistimiento. El Gobierno considera que la nueva redacción excluye la creación de esos cuerpos policiales por parte de mancomunidades, por lo que ya no hay motivo para el recurso.

Recurso contra la Ley canaria de Calidad Alimentaria

Por otra parte, el Gobierno ha instado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el art. 19 de la ley canaria 6/2019 de Calidad Agroalimentaria tras haberse abierto un proceso negociador entre el Estado y Canarias (art. 33.2 LOTC) que ha concluido con acuerdo en relación con otros preceptos de la norma canaria, pero no en lo relativo al artículo 19. El Consejo de Estado ha emitido Dictamen favorable a la impugnación con fecha 9 de enero de 2020.

La controversia competencial radica en que el precepto de la ley canaria permite el uso del término "vino" para la comercialización de productos obtenidos a partir de la fermentación de frutas distintas de la uva. No obstante, el artículo 2.2 e) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino define lo que debe entenderse por vino en todo el mercado español, limitándolo al "alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva". Tal y como dispone el artículo 2.3 de la misma Ley estatal "las definiciones de los productos son excluyentes, no pudiendo utilizarse las respectivas denominaciones más que en los productos que se ajusten estrictamente a la definición". Esta definición estatal excluyente de "vino" tiene carácter de legislación básica dictada al amparo de la regla 13ª del artículo 149.1 de la Constitución, y por tanto las comunidades autónomas no la pueden contravenir.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.-

D. FRANCISCO JOSÉ SALAZAR RODRÍGUEZ.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ingeniero Técnico Agrícola. Curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales y Máster en Gestión Medioambiental.

Diputado por Sevilla en el Congreso durante la XIII y XIV Legislaturas. Con anterioridad ocupó el cargo de director de Análisis y Estudios del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Desde 2012 técnico en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Fue comisario para la Memoria Histórica en la Junta de Andalucía en los años 2008 y 2009 y Alcalde de Montellano entre los años 2003-2008. Ejerció de director de la Fundación Vía Verde de la Sierra (2000-2003) y gerente del Consorcio Vía Verde de la Sierra (1998-2000).

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.-

D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SUELA.

Nacido en 1969. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece desde 1997 al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha ocupado numerosos puestos en la Administración del Estado incluyendo los de jefe de Estudios de la Escuela Superior de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, subdirector general de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia, subdirector general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Fomento, subdirector general de Acción y Promoción Cultural del Ministerio de Cultura y subdirector general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte.

En 2010, fue nombrado director general de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino siendo responsable de la gestión de sus servicios horizontales. Actualmente era secretario general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ha sido miembro de numerosos órganos colegiados como la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Consejo de la Discapacidad. Igualmente ha sido miembro de Consejos de Administración como los de AENA o la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar y de Patronatos como los correspondientes al Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo de Bellas Artes S. Pio V de Valencia o el Museo Arqueológico Nacional. Asimismo, fue Secretario de la Fundación Iberoamericana de la Organización Internacional para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Secretario Nacional del Organismo Multilateral "Convenio Andrés Bello" para la Educación, la Cultura, la Ciencia y la Tecnología y miembro de la Comisión para la Reforma del Servicio Exterior de España.

Director general del Agua.-

D. TEODORO ESTRELA MONREAL.

Es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de València. Es funcionario de la Administración General del Estado desde el año 1989.

Ha trabajado en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, donde fue coordinador técnico-científico del Área de Hidrología y colaboró con la Agencia Europea de Medio Ambiente como miembro del Centro Temático Europeo de Aguas Continentales. En la Confederación Hidrográfica del Júcar ha desempeñado los puestos de director adjunto y jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. Ha sido también subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua del Ministerio del Medio Ambiente. Su trabajo en la Administración del Agua lo ha venido compatibilizando en el ámbito académico, desde el año 2005, como profesor asociado de la Universitat Politécnica de Valencia, donde ha dirigido 5 tesis doctorales y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas. Ha sido también secretario técnico permanente de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca y recientemente presidente del Comité de Agua del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles.

Secretario general Técnico.-

D. JACOBO MARTÍN FERNÁNDEZ.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1986-1991), pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Actualmente desempeñaba el puesto de vocal asesor de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Ha sido subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Director de Gabinete de la Secretaria de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad. Subdirector general de Coordinación y Ordenación en la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Subdirector general de Normativa, Informes y Recursos, en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas/Ministerio de Política Territorial. Subdirector general de Ordenación Jurídica en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente. Subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación en la Secretaría General de Política Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Subdirector general adjunto de la Vicesecretaría General Técnica en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Energía y consejero técnico en el Gabinete Técnico del Subsecretario de Industria y Energía. Ministerio de Industria y Energía.

Tiene experiencia docente en distintos cursos selectivos del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y de Técnicos Superiores y Medios del Ministerio de Medio Ambiente, Escala Técnica de Gestión de OOAA así como en el Curso internacional "Diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en discapacidades". Ecuador Julio 2011.

Asimismo cuenta con diversas publicaciones: Capítulo VIII "Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales", "Comentarios a la Ley de Responsabilidad Medioambiental", Thomson Civitas (2008). "Sobre la toma de decisiones en un proyecto de financiación: conciliando criterios divergentes", "22 casos prácticos sobre Administración Pública". Colección: Estudios y documentos. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, 2011 y "Un nuevo paso en la garantía de los derechos humanos: la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad. Nº 74. Diciembre 2011.

Y ha sido director de proyecto en el Proyecto de la Unión Europea de Hermanamiento Ligero UA/13/ENP/SO/40/TL, "Adaptación de la Legislación de Ucrania a las normas de la Unión Europea en el ámbito de la rehabilitación vocacional y el derecho al empleo de las personas con discapacidad", financiado por la Unión Europea en 2014

Justicia

Subsecretario de Justicia.-

D. JOSÉ MIGUEL BUENO SÁNCHEZ.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Estado, ha desempeñado labores en distintas unidades de la Abogacía General del Estado-Servicios Jurídico del Estado: en la provincia de Guipúzcoa, en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y, finalmente, como jefe de la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Empresa.

Igualmente, ha sido secretario general y del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Red.es y secretario del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Ciberseguridad entre los años 2015 y 2017.

Desde el 30 de junio de 2018, venía desempeñando el puesto secretario general técnico en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Ha impartido clases como profesor de Derecho Mercantil y Derecho Administrativo en el Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad CEU-San Pablo y, entre sus publicaciones, destaca su participación en obras colectivas como "Manual de Expropiación Forzosa", "Manual de Derecho Público Marítimo-Terrestre" o "Lecciones Fundamentales de Derecho Administrativo". Habla inglés.

Trabajo y Economía Social

Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.-

D. HÉCTOR ILLUECA BALLESTER.

Nacido en 1975, es Inspector de Trabajo y Seguridad Social y profesor asociado de la Universidad de Valencia. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales, ha sido árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009.

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, es autor de diversas obras académicas sobre el mercado de trabajo.

A lo largo de la XII legislatura Héctor Illueca asesoró al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la preparación de algunas propuestas legislativas muy significativas en materia de pensiones, igualdad salarial y lucha contra la precariedad laboral. En el ejercicio de esta función de auxilio técnico a la representación política, ha tenido una participación destacada en la redacción de la Proposición de Ley sobre reforma de las pensiones y otras medidas del orden social (presentada en julio de 2017), de la Proposición de Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres y de la Proposición de Ley contra la Precariedad y por la Estabilidad en el Empleo.

Actualmente, es Diputado en el Congreso por la circunscripción de Valencia, donde ha ostentado los cargos de presidente de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (XIII Legislatura) y vicepresidente primero de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo (XIII Legislatura).

Política Territorial y Función Pública

Secretario de estado de Función Pública.-

D. FRANCISCO HERNÁNDEZ SPÍNOLA.

Nacido en 1957. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Es Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias con más de 38 años de servicios en las Administraciones Públicas.

Ha sido jefe de Sección y de Servicio en distintos departamentos del Gobierno de Canarias. secretario general técnico de las Junta de Canarias, secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno de Canarias, secretario general técnico de la Consejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias, secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias. subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públicas, subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, vicepresidente del Consejo de Administración del Instituto Cervantes, vocal del Consejo Rector de Casa África, consejero auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Área de Empresas Públicas, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, presidente del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias (Julio 2011- Julio 2015), diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en la XI Legislatura, vicepresidente 2º de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, portavoz en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

Actualmente, es jefe de Servicio de Procedimiento y Arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias.

Cultura y Deporte

Directora general del Libro y Fomento de la Lectura.-

Dª MARÍA JOSÉ GÁLVEZ SALVADOR.

Licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, con estancias de formación en la Universidad de Padua (Italia) y con estancias de investigación pre-doctoral en las universidades de Harvard, Pisa y Universidad Libre de Bruselas.

Desde 2012 ha desempeñado la responsabilidad de ser directora de edición y de formación de la editorial Tirant lo Blanch.

Fue asesora de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y subdirectora del Gabinete del presidente del Congreso de los Diputados. También trabajó como asistente en el Parlamento Europeo.

Ha realizado labores docentes como profesora asociada de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid y tutora en la UOC y en la UNED. Comenzó su andadura académica como becaria de investigación (FPU) en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.-

Dª MARÍA CARMEN ARMESTO GONZÁLEZ-ROSÓN.

Nacida en 1966, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid.

Perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, ha desempeñado varios puestos en la Intervención General de la Seguridad Social y en la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo su último puesto el de subdirectora general de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Cuenta con amplia formación en materia presupuestaria y contable, en materia de gestión de activos financieros y mercados de capitales. Ha participado como ponente en seminarios nacionales e internacionales en materia de protección social y de Inversiones de Fondos de la Seguridad Social.

Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social.-

D. ANDRÉS HARTO MARTÍNEZ.

Nacido en 1966, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social desde 1991.

Ha desempeñado toda su carrera profesional en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde ha sido titular de tres Subdirecciones Generales diferentes. Actualmente desempeñaba en el citado organismo el puesto de subdirector general de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED.

Ha participado como ponente en diferentes organismos como la AISS, OISS, etc. y ha sido responsable de distintos proyectos, entre ellos el Sistema de Liquidación Directa o el Sistema de Notificaciones Telemáticas en la Seguridad Social. Algunos de tales proyectos han sido merecedores de premios, como el premio a la Calidad y la Innovación en la Gestión Pública XII otorgado por el Ministerio de Política territorial y Función pública, al Sistema de Liquidación Directa.

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