Intervención de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado

La Moncloa, Madrid

Vicepresidenta Segunda.- Quisiera comenzar por comunicarles algo que tal vez alguno de ustedes ya sepan pero que, sin ninguna duda, constituye una buena noticia económica: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acaba de publicar sus indicadores compuestos, avanzados, para el mes de julio e indican signos de una fuerte recuperación en los países de la Organización, incluyendo, por supuesto, España. Quisiera indicarles que, en el caso de España, el indicador ha subido en el mes de julio 1,73 puntos y se sitúa en 100,97, lo cual quiere decir que supera el umbral de los cien puntos por primera vez desde la primera mitad del año 2008.

Por tanto, como algunas otras veces hemos manifestado, comenzamos a ver algunos signos positivos de que la recuperación económica puede comenzar en un breve plazo.

Quisiera, a continuación, entendiendo que les podremos dar más datos de este informe en comparecencias posteriores, referirme a la aprobación que hemos hecho hoy en el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del Proyecto de Ley que modifica la Ley 21/2001 de Régimen Fiscal de las ciudades con Estatuto de Autonomía y de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Ambas Leyes plasman el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 15 de julio, acuerdo que, como saben, se produjo sin ningún voto en contra, y creo que esto es importante de señalar. Era un acuerdo que trataba, como hacen los dos Proyectos de Ley aprobados hoy, de dar respuesta a las necesidades de las Comunidades Autónomas de mayores recursos para prestar los servicios que competencialmente tienen asignados. Es, en definitiva, un acuerdo para los ciudadanos.

Por primera vez en nuestro sistema de financiación autonómica se hace expresamente mención de lo que dispone el artículo 158 de nuestra Constitución, en el sentido de garantizar un nivel mínimo de los servicios esenciales para todos los ciudadanos de este país. Y este nuevo sistema de financiación autonómica lo hace en condiciones de igualdad, no sólo de igualdad en términos de ciudadanía, sino que introduce en esa igualdad los parámetros que permiten que esa igualdad lo sea con carácter efectivo, puesto que sabemos que la prestación de los servicios esenciales no tiene el mismo coste per cápita en una Comunidad Autónoma con un alto índice de dispersión en su población que en una Comunidad Autónoma de población más concentrada, o en una Comunidad Autónoma con una población envejecida, que en una Comunidad Autónoma con una población de edad media más baja.

Pues bien, nuestro nuevo sistema de financiación garantiza que todos los ciudadanos van a tener los servicios públicos fundamentales financiados con la misma cuantía per cápita, y a ello se va a dedicar el 80 por 100 de los recursos del sistema de financiación, con la dotación del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales que establece este Proyecto de Ley que recogía el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A este Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales, verdadero núcleo del nuevo sistema de financiación, se añade un Fondo de Suficiencia Global que contribuye al cierre del sistema y a garantizar que, aun cuando la dinámica poblacional no haya sido una dinámica poblacional positiva en gran número, sin embargo, la financiación sea superior a la financiación que existía con el sistema de financiación anterior.

A estos dos Fondos se unen dos Fondos de Convergencia: un Fondo de Cooperación para aquellas Comunidades Autónomas de menor nivel de vida, de menor renta o que tienen una dinámica poblacional más negativa, y un Fondo de Competitividad para aquellas Comunidades Autónomas que tienen una financiación per cápita inferior a la media y, en todo caso, inferior a lo que determinaría su esfuerzo fiscal.

Con estos cuatro Fondos, que, como les digo, tienen en cuenta las variables de dispersión, de envejecimiento de la población, de población en edad escolar, de insularidad y de densidad, diseñamos un sistema de financiación más estable; desde luego, más solidario y mas justo, y, además, con mayores recursos, puesto que desde los Presupuestos Generales del Estado se incrementará el sistema de financiación actual con una cuantía en el entorno de los 11.500/11.700 millones de euros. La cifra exacta la conoceremos cuando conozcamos la población exacta en el año 2009, puesto que a ella se va a referir el modelo.

Estos dos Proyectos de Ley que hemos aprobado hoy también incrementan la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas mediante una mayor cesión de tributos, pero también mediante una mayor capacidad normativa con respecto de los tributos; en particular, con respecto del IRPF.

Como algunas Comunidades Autónomas tendrían liquidaciones negativas en el año 2010, el Proyecto de Ley que hemos aprobado hoy también dispone que esta liquidación negativa se podrá diferir un año y tener cuatro años para hacer esa aportación al Estado, a los Presupuestos Generales del Estado. Así es que, en el año 2010, las Comunidades Autónomas no sólo tendrán más recursos por vía del nuevo sistema de financiación, sino que además verán diferida su obligación de retornar al Estado el anticipo a cuenta superior a lo que ha sido después la recaudación efectiva de nuestros ingresos, de nuestros impuestos, en el año 2008.

Éste es, básicamente, el contenido de la Ley. Como les digo, traduce fielmente los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y la propia Ley, particularmente la Ley que modifica la Ley 21/2001, es una ley compleja en su articulado y por eso me he permitido resumirles su contenido.