Intervención de la vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega

Vicepresidenta primera.- Buenos días. En primer lugar, quiero expresar el profundo pesar del Gobierno por el fallecimiento de Félix Pons Irazazábal, Presidente del Congreso de los Diputados a lo largo de tres legislaturas vitales en el devenir de nuestra democracia. Ministro del Gobierno de España, brillante jurista y político de talla, Félix Pons prestó a nuestro país un gran servicio; un servicio marcado por el compromiso, la dedicación y la responsabilidad, que contribuyó a consolidar y fortalecer nuestro Estado de Derecho. Desde aquí, quiero enviar a su familia las más sentidas condolencias del Gobierno; condolencias que, sin duda, comparte toda la sociedad española

Como ven, esta mañana nos acompaña la Ministra Garmendia --bienvenida, Ministra-- y es que el Gobierno ha aprobado la Estrategia Estatal de Innovación, una Estrategia que sitúa la innovación como eje central de la mejora de la competitividad y el crecimiento económico, que se enmarca en la Estrategia de Economía Sostenible y que va a contribuir al cambio de nuestro modelo productivo con el impulso del desarrollo tecnológico.

Para ello, la Estrategia comprende un conjunto de actuaciones abiertas a la cooperación con las Administraciones y los agentes sociales y económicos, porque, aunque somos la novena potencia mundial en generación de nuevo conocimiento, debemos aumentar su aplicación en nuestro tejido productivo. Nuestro objetivo a medio y largo plazo es acompasar nuestro crecimiento a los países más innovadores de la Unión Europea.

En definitiva, estamos seguros de que con esta Estrategia, que les explicará en detalle la Ministra, vamos a promover una economía más innovadora que acelerará la recuperación económica y consolidará un crecimiento más sostenible.

Paso ahora a detallarles otros acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Ministros. En primer lugar, en materia de función pública son dos iniciativas; la primera de ellas, la creación del Observatorio del Empleo Público. Damos cumplimiento así a uno de los compromisos que asumimos con los sindicatos de la función pública en el acuerdo que sellamos el pasado año.

El Observatorio que hoy creamos va a servir, primero, para analizar la situación actual de empleo en nuestras Administraciones Públicas y, segundo, para diseñar modelos y planificar los recursos humanos de manera más eficiente y para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Estará adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado de la Función Pública, y contará con representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales y de los sindicatos. El Observatorio no creará ninguna nueva estructura y, por tanto, no acarreará costes adicionales.

En segundo lugar, y dentro de las medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público adoptadas por el Gobierno, hemos aprobado un acuerdo por el que el máximo de vacantes que podrán tener los Departamentos y organismos de la Administración General del Estado pasará del 8 al 5 por 100. Es una limitación que implicará amortizar o suprimir alrededor de 10.600 puestos de trabajo, que, sin duda, evitará desviaciones al alza de sus masas salariales y que producirá un ahorro estimado de más de 250 millones de euros. La limitación se mantendrá durante todo el período de aplicación de nuestro Programa de Estabilidad que, como saben, se prolonga hasta el año 2013.

La medida afectará a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de las Administraciones del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedarán exceptuadas las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, los centros penitenciarios, los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo estatal y los controladores aéreos.

Permítanme que en este punto haga un paréntesis para hacer un breve comentario sobre algunos buenos datos que hemos conocido hoy, que también están relacionados con el empleo y nuestra economía: como saben ya, el paro registra su mayor caída desde que comenzó la crisis; sube el número medio de afiliados a la Seguridad Social, se firman más contratos que hace un año y también, por tercer mes consecutivo, aumenta el Índice de Producción Industrial.

Sin duda, son cuatro buenos datos. Se trata del tercer mes consecutivo que baja el paro y del mejor dato registrado en un mes de junio desde hace trece años. En cuanto a la Seguridad Social, son cinco ya los meses consecutivos en los que las cifras están siendo positivas. Respecto de la contratación, se han firmado 1.300.000 contratos, 23.000 más que hace un año. A estas buenas cifras viene a sumarse también el Índice de Producción Industrial, que ha registrado en mayo un aumento del 3,3 por 100 interanual.

En definitiva, debemos ser prudentes pero, sin duda, estos datos confirman que se está frenando la destrucción de empleo y que progresivamente irán registrándose mejores cifras. Por supuesto, el Gobierno no echa las campanas al vuelo y, desde luego, nuestra prioridad sigue centrada en las personas que no tienen trabajo. Por eso seguimos trabajando y tomando decisiones que faciliten el crecimiento de nuestra economía y la creación de empleo.

En el área de defensa el Consejo ha dado el visto bueno para su envío a las Cortes al Proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se trata, como saben, de una importante ley con la que regulamos el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, actualizando los preceptos aún vigentes en las Reales Ordenanzas de hace más de treinta años y en la Ley del Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.

Entre las principales novedades figura la regulación de las asociaciones profesionales de los militares, destinadas a promover y defender los intereses profesionales, económicos y sociales, desde el respeto a la neutralidad política y sindical. Otras novedades de la Ley son la creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en el que participarán las asociaciones profesionales y que analizará sus propuestas o sugerencias, y la del Observatorio de la Vida Militar.

Se trata, en suma, de una norma con la que completamos el Estatuto del Militar y con la que culminamos el ciclo de transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas.

También para su remisión a las Cortes, el Consejo ha aprobado el Proyecto de Ley de Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España. Esta norma permitirá que las sociedades cooperativas intensifiquen sus actividades transnacionales y que las cooperativas españolas de gran dimensión puedan establecer alianzas con las de otros países. En el Proyecto de Ley se recogen los requisitos para la constitución y disolución de una sociedad cooperativa europea, y se define su estructura. Con esta norma, sin duda alguna, aumentaremos el potencial de desarrollo de estas sociedades.

Además, el Consejo ha dado luz verde al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Con este Real Decreto cumplimos el mandato de un año que nos dieron las Cortes Generales para refundir en un único texto las leyes reguladoras de las sociedades anónimas, de la responsabilidad limitada, de las anónimas cotizadas y de las comanditarias por acciones. Reforzamos así la seguridad jurídica en la materia y, desde luego, armonizamos y mejoramos nuestra legislación en esta área.

En materia de industria, y para facilitar la financiación de las empresas españolas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, en el ámbito internacional, hemos aprobado un Real Decreto que modifica los requisitos para solicitar la financiación para proyectos localizados en países emergentes o en vías de desarrollo. Actualmente, nuestra legislación impone una cofinanciación entre el Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa y la Compañía Española de Financiación al Desarrollo, y esta última debe aportar, al menos, una cuarta parte. Con este Real Decreto que aprobamos hoy modificamos estos requisitos para facilitar precisamente este tipo de financiación, estableciendo la cofinanciación potestativa y sin que exista el requisito imprescindible de una mínima aportación.

En el terreno de la educación también esta semana hemos aprobados dos importantes iniciativas. En primer lugar, hemos actualizado la regulación de las enseñanzas universitarias oficiales, mejorando el proceso de verificación de los títulos y permitiendo que las Comunidades Autónomas participen en él. En segundo lugar, hemos regulado las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en Educación Secundaria, Obligatoria o Bachillerato. Son, como ven, dos iniciativas con las que seguimos contribuyendo a la modernización de la educación y la formación, tal y como nos reclaman los ciudadanos, y venimos haciendo de manera constante.

En materia de Justicia, el Consejo ha fijado, por medio también de un Real Decreto, el número máximo de fiscales decanos de sesión especializada que se pueden designar en cada Fiscalía de Comunidad Autónoma, provincial y de área. Serán 85 los fiscales que se distribuirán en un total de trece Comunidades Autónomas, lo que viene a mejorar y a hacer más eficaces nuestros servicios de funcionamiento de la Justicia.

En el área de Fomento, el Consejo ha tomado en consideración un acuerdo que fija las bases para la declaración de servicio público de líneas de transporte ferroviario de viajeros que se consideran de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales. Los servicios de Cercanías y de media distancia con gran afluencia de pasajeros serán los que prioritariamente tendrán la consideración de interés general, y Renfe será la operadora de estos servicios durante los tres primeros años. En definitiva, con el acuerdo aprobado hoy se inicia un proceso de reorganización y racionalización gradual de la oferta de transporte ferroviario de pasajeros en el marco de la normativa comunitaria.

Acabo ya con una iniciativa que afecta al sector de la automoción, porque esta mañana hemos regulado la tramitación de las reformas de vehículos para adaptar nuestra legislación a la normativa europea; normativa que no permite reformas antes de la matriculación y que establece para estos casos la homologación individual de vehículos. Este Real Decreto que aprobamos hoy deroga otro de hace más de veinte años y regula los procedimientos que deben seguir las reformas efectuadas en los vehículos después de su matriculación definitiva en España. Con ello aseguramos sus condiciones de seguridad y damos más garantías a los ciudadanos.

Ya termino, pero antes de darte la palabra, Ministra, quiero en nombre del Gobierno hacer un llamamiento a los ciudadanos que comienzan hoy sus vacaciones de verano. En apenas una hora comenzará la primera Operación Salida de este verano, que se prolongará durante todo el fin de semana y en la que está previsto que se produzcan más de cuatro millones de desplazamientos por carretera.

Un año más, el Gobierno ha reforzado los medios humanos de la Dirección General de Tráfico y los agentes que velan por la seguridad en las carreteras; pero todas las medidas son insuficientes si no van acompañadas de la responsabilidad y la prudencia de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Por eso quiero hacer un llamamiento para que los conductores extremen la precaución al volante y sigan a rajatabla las normas y recomendaciones de tráfico, porque lo más importante es que todos los ciudadanos lleguen seguros y sin contratiempos a sus lugares de vacaciones para comenzar un merecido descanso.