Distribución territorial de la financiación del programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a la financiación en 2021 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales por importe de 158.910.000 euros.

El objetivo de esta autorización es financiar tres tipos de programas:

1.Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (98,7 millones). para cofinanciar (con las CCAA y las EELL) la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales. Su objetivo es proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas. Las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y Ceuta y Melilla deben presentar los proyectos que se cofinanciarán con estos fondos, que deben contribuir al desarrollo de las siguientes prestaciones básicas: Información y orientación; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; alojamiento alternativo; y prevención e inserción social.

Aunque en su creación se preveía que la AGE, las CCAA y las EELL financiarían cada una un tercio de estas prestaciones, esto nunca ha sido así, y la financiación de la AGE ha ido y perdiendo peso en el total (se sitúa por debajo del 3%). Esta tendencia se agravó durante los gobiernos del PP, que redujeron la financiación de los servicios sociales (se pasó de 96 millones en 2010 a 27 millones en 2013).

La gran novedad de este año es que en un solo presupuesto hemos revertido estos recortes, pasando de los 40 millones de 2020 a los 98 millones de euros. Esta cifra es la mayor aportación de la AGE al Plan Concertado desde su creación en 1988. Este incremento ha beneficiado a todas las CCAA, como se ve en la tabla que se recoge más abajo. Estos fondos se reparten de acuerdo con unos criterios previamente acordados (Población: 90,0%; Superficie: 5,0; Población dependiente: 2,3%; Dispersión: 1,5%; Grandes Urbes: 0,7%; Insularidad: 0,5%). Se han utilizado los valores más recientes de cada uno de estos indicadores.

Otra novedad de este año es que se ha propuesto a las comunidades que el acuerdo de transferencia incluya una cláusula que obligue a que al menos el 20% del incremento de financiación que les corresponda se destine a refuerzos del personal de los servicios sociales.

2.Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil (45 millones). En este apartado se incluyen proyectos de intervención social y prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza.

3.Programa VECA (15 millones) para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Una vez que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, se procederá a pedir a las CCAA la ratificación del acuerdo -está asegurado, porque ya se hizo la consulta- para hacer efectiva cuanto antes la transferencia.