Plan de Prestación del Servicio Postal Universal

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal que asegura la estabilidad de la financiación de este servicio, especialmente importante para la vertebración del territorio y, en particular, en las zonas en declive demográfico, lo cual constituye una de las principales herramientas de la política postal del Gobierno de España.

El servicio postal universal es una herramienta importante para asegurar la igualdad efectiva de los ciudadanos, con independencia de su situación geográfica o social y constituye un elemento dinamizador de la economía, dando acceso a particulares y empresas a un importante canal que garantiza que el comercio electrónico y las innovaciones de la economía digital sean una realidad efectiva para todos.

La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que traspuso la Directiva postal, regula este servicio y garantiza su prestación en todo el territorio nacional. Para ello, y conforme a dicha ley, la prestación de dicho servicio ha de realizarse de conformidad con las previsiones legalmente establecidas en el Plan de prestación del servicio postal universal aprobado hoy por el Gobierno.

Hasta su aprobación, el Plan ha seguido los trámites reglamentarios incluyendo la validación de la Comisión Europea, los informes preceptivos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo Superior Postal, el Informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y el dictamen favorable del Consejo de Estado.

Condiciones del Plan

Atendiendo los requerimientos de la citada norma, el Plan contempla entre otros extremos:

• Las condiciones en que el operador designado, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., debe prestar el servicio, incluyendo la extensión mínima de la red postal, las condiciones de recogida y entrega de los servicios postales y las obligaciones de información y tratamiento de las consultas, quejas y reclamaciones.
• El sistema de control y seguimiento de la prestación del servicio, así como las penalizaciones por el incumplimiento de los objetivos de calidad.
• El procedimiento para la evaluación del coste del citado servicio, que incluye una nueva metodología basada en las directrices de la directiva postal europea y en la Comunicación de la Comisión relativa al Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales.
• Los criterios para determinar la contribución del Estado a su financiación.

Beneficios del Plan para el sector postal español

El alcance del Plan va más allá del establecimiento de las condiciones en que el operador designado ha de prestar el servicio postal universal y de la metodología de cálculo para su financiación. Por eso, el Plan ofrece otras ventajas para el sector postal en su conjunto:

• Asegura la estabilidad en la financiación del servicio postal universal lo que garantizará un servicio de calidad en todo el territorio nacional y, particularmente, en las zonas rurales, en las que las condiciones del mercado harían inviable la prestación a precios asequibles.
• Aporta una mayor seguridad jurídica para los usuarios al regular determinadas situaciones, que hasta la fecha carecían de regulación.
• Ayuda al prestador designado, Correos y Telégrafos, empresa pública de más de 54.000 empleados, a fijar un horizonte financiero estable, de forma que puedan acometerse con menores incertidumbres las necesidades de modernización que se derivan de los retos que suponen las nuevas tecnologías para los servicios postales y los que surgen de las demandas que plantea la sociedad de la información.
• Aporta transparencia al sector y eliminará incertidumbres, al verificarse que la financiación del Estado se aplica al servicio postal universal evitándose las subvenciones cruzadas y la sobrecompensación.

En definitiva, el propio sector postal en su conjunto se verá beneficiado por el Plan, en la medida en que la existencia de una red postal con capilaridad suficiente, como es la actual red de Correos, es la condición de posibilidad para el buen funcionamiento del mercado postal.

Valoración del Plan

El nuevo Plan de prestación del servicio postal universal introduce cambios positivos en el sector postal en general y en el servicio postal universal, en particular:

• Consolida el nivel de calidad y las condiciones de prestación del servicio postal universal que tradicionalmente ha garantizado el Estado, incorporando indicadores objetivos y mensurables de calidad en la prestación del servicio.
• Permite al operador designado una mayor flexibilidad de gestión, lo que facilitará sus actividades tanto en el aspecto operativo como en el comercial.
• Asegura un mejor seguimiento y control de las condiciones de prestación del servicio postal por parte del órgano regulador.
• Establece un sistema de cálculo del coste neto más objetivo, fiable y coherente que asegura la sostenibilidad financiera del operador designado, sin interferir en la libre concurrencia que debe presidir un mercado totalmente liberalizado.
• Cumple con los requerimientos exigidos por la Unión Europea para incluir la financiación aportada por el Estado al operador designado, dentro de las Ayudas de Estado compatibles con el Tratado.
• Permite poner en funcionamiento el nuevo sistema de financiación del servicio postal universal establecido en la Ley 43/2010, basado en el Fondo de financiación del servicio postal universal.

Estimación del coste del SPU conforme a la nueva metodología

Aplicando la metodología contenida en el Plan, el coste neto estimado del servicio postal universal en los ejercicios 2011 a 2020 supone un total de 1.282,6 millones de euros.

A este respecto hay que indicar que, desde 2011 hasta 2020, Correos ya ha recibido con carácter provisional y a cuenta 1.278,7 millones de euros, prácticamente el importe estimado para todo el período.

La aprobación del Plan permitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinar la carga financiera soportada por Correos en dicho periodo y regularizar las aportaciones financieras realizadas por el Estado para asegurar la prestación del servicio postal universal.