Preguntas y respuestas de los medios de comunicación

P.- Carlos Cue de "El País" Muchas gracias. Quería preguntarle si ¿el Gobierno tiene planes para modificar el delito de rebelión y qué influencia cree que puede tener en el tribunal las dudas sobre ese delito que ha expresado tanto el presidente como la vicepresidenta? Si ya saben qué va a hacer la abogacía del Estado en el juicio del procés. Y, por último, el lunes, la vicepresidenta se va a reunir en Roma con el secretario de Estado del Papa. Quería saber ¿qué espera el Gobierno de esa visita y cómo están las relaciones con la Iglesia, teniendo en cuenta que está el asunto de la exhumación de Franco encima de la mesa?

Gracias.

Portavoz.- El Gobierno no entra para nada en el Poder Judicial ni en la Fiscalía, para nada; por tanto, ni tiene dudas ni deja de tenerlas. El Gobierno está a la espera de conocer --como el resto de los ciudadanos y ciudadanas-- las calificaciones que a este respecto pueda hacer la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Fiscalía, como siempre sabemos, no recibe ningún tipo de instrucción del Gobierno, la Fiscalía actúa en defensa del interés general siendo autónoma en sus decisiones, autónoma e imparcial. Los tribunales, los jueces y fiscales son independientes y la Abogacía del Estado está trabajando para poder llegar, creo que es el 2 de noviembre, con sus calificaciones, con criterios exclusivamente jurídicos. En relación al procés, esto es lo que yo le puedo decir.

P.- (Inaudible)

Portavoz.- No, no tiene ningún plan para modificar nada. No tiene ningún plan para modificar el delito de rebelión.

Respecto a las relaciones con la Iglesia, como usted sabe bien, dentro de ese capítulo no solamente está el tema de la exhumación de Franco o el traslado de los restos de Franco, inhumación, etc., sino también otro largo listado de cuestiones que mantenemos en las relaciones Iglesia-Estado: matriculaciones, etc., un largo listado. A este respecto de la exhumación de Franco, quiero mencionarle, también, que ayer el propio Consejo Europeo declaró o vio con buenos ojos que los dictadores no debieran continuar en mausoleos.

P.- Juanma Romero de El Confidencial. Buenos días. Yo quería preguntarle por el asunto del Consejo de Estado. ¿Por qué considera el Gobierno que con esta resolución se inicia o se pretende iniciar un nuevo proceso unilateral que desemboque en la proclamación de la república catalana? Y, luego, una segunda pregunta, era por el asunto del CIS que, como bien sabe, ha sido muy controvertido en las últimas horas y las últimas semanas, tanto por parte de los académicos como por parte de los partidos políticos, y quería preguntarle si ¿el Gobierno tiene alguna preocupación o le inquieta el que se cuestione la credibilidad del CIS y si se plantea o no la destitución de José Félix Tezanos para presidente del CIS a la luz de las críticas por el cambio de metodología introducido? Gracias.

Portavoz.- El Gobierno considera que, por empezar respondiendo a su primera pregunta, el Gobierno considera que no es objeto de debate lo que concierne a la Corona, a la modificación de la forma de Estado y es por esa razón por la cual el Gobierno tiene la convicción de que eso ha de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. No es porque imagine nada que no esté encima de la mesa, sino porque considera que la figura del jefe del Estado es inviolable y, en consecuencia, no debe de ser objeto de disputas partidarias dentro de una Cámara autonómica.

En relación al CIS, el CIS es un órgano, obviamente, muy cualificado, con muchísimo prestigio y, en este momento, está dirigido por José Félix Tezanos, un sociólogo de mucho prestigio que, además, dirige un grupo de expertos, un grupo muy profesional y que, por lo tanto, arroja datos estadísticos, creíbles y profesionales, técnicamente.

P.- Chema Rodriguez, de "El Mundo". Ministra, quería preguntarle, incidiendo otra vez en el tema del Supremo, por las críticas que hoy, han hecho públicas algunas fuentes del Supremo, criticando las presiones --dicen-- que ahora son explícitas por parte del Gobierno y que esto se está convirtiendo en normalidad la destrucción del Estado de Derecho. Parece que ha sentado muy mal estas declaraciones últimas del Gobierno sobre el tema del delito de rebelión.

Portavoz.- Esto es una cuestión subjetiva, es una cuestión tremendamente subjetiva; es decir, hay personas que se sienten más vulnerables o que se sienten más heridas u ofendidas por otras, por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito o desde otro. El Gobierno no hablaba, para nada, del Poder Judicial, ni pretendía orientarle hacia ninguna parte, se estaba -sencillamente-- dentro de una comparecencia política el miércoles, el presidente del Gobierno, y para nada se refirió al poder judicial; por tanto, todo el mundo es libre para tener sus sentimientos y expresarlos pero no hay ahí ningún tipo de presión al Poder Judicial.

P.- José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Después de la reunión de hoy en Sevilla, ¿el Gobierno mantiene la intención --tal y como avanzó el presidente de Gobierno-- de celebrar antes de fin de año otra reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, o consideran que no se dan las circunstancias ahora para ello?; y si se mantiene, si prevén una reunión del presidente con el presidente Torra, igual que ha mantenido hoy con la Presidenta andaluza. Gracias.

Portavoz.- Me alegro que me lo recuerde. Sí mantenemos esa decisión, mantenemos la decisión de celebrar otro Consejo de Ministros en Barcelona antes de fin de año, lo que no le puedo aclarar es si el presidente del Gobierno celebrará, o mantendrá una reunión con el presidente Torra. A medida que nos vayamos acercando a la fecha lo sabremos todos.

P.- Juan Ruiz de "El Periódico". Dos preguntas relacionadas. Por un lado, no me acaba de quedar claro cuál es el motivo por el que recurre el Gobierno la resolución del Parlament, porque, por un lado, dice que supone un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral para proclamar la independencia pero, por otro lado, después ha dicho que recurren porque pone en cuestión el sistema tradicional del Estado, de Monarquía a República. No sé si ambas cosas, si están incluidas ambas cosas o solo una de ellas.

Y, luego, por otro lado, si la resolución supone un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral para proclamar la república y, dado que lo impulsó Podemos, o la marca de Podemos en Cataluña, ¿está usted acusando a Podemos de iniciar un proceso unilateral? Y, en ese caso, ¿qué consecuencias tendría para su relación en el Congreso? Gracias.

Portavoz.- La especulación no es buen territorio político, entonces, no vamos a especular. Yo le puedo leer otra vez las razones por las cuales el Consejo de Ministros ha considerado que debe acudir al Tribunal Constitucional. Dice: el Gobierno agradece el trabajo del Consejo de Estado, respeta su dictamen, pero no comparte su argumentación jurídica; por ello, interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional impugnando la resolución del 11 de octubre. El Gobierno entiende que la resolución del 11 de octubre es inconstitucional pues supone un nuevo intento --como otros anteriores del Parlament de Catalunya-- de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional. Nos estamos siempre recibiendo al Parlament de Catalunya. Decimos: tampoco entendemos que sea admisible, ni desde el punto de vista político, ni jurídico, el intento de abolición de la monarquía y un ataque injustificado a la figura del Rey que supone, obviamente, --y así lo manifiesta también el Consejo de Estado-- una extralimitación en las funciones de la Cámara autonómica catalana que vulnera, no solo la Constitución, sino también el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por ello, estas son las razones que le acabo de referir, por todo ello, el Gobierno interpondrá --por sentido de Estado-- recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del 11 de octubre del Parlament de Catalunya, mostrando --en todo caso-- su respeto al dictamen del Consejo de Estado que, sin embargo, no comparte, no compartimos. Estas son las razones como ve, usted puede analizar, que está claramente refiriéndose al Parlament de Cataluña, a lo que pueda ocurrir en el Parlament de Catalunya.

P.- Carina Verdú, de Antena 3. Esta semana hemos asistido a un bronco debate entre el presidente y Pablo Casado que ha terminado por romper las relaciones entre ambos. Quería saber qué tiene que suceder para que se reconduzca esta situación y qué va a pasar cuando el Gobierno necesite el apoyo del PP para dar respuesta asuntos, como pueden ser de Cataluña. Gracias.

Portavoz.- El Gobierno necesitará al PP y el PP necesitará al Gobierno porque aquí necesitamos tener política de Estado, y la mejor fórmula para reconducir --y esto ocurre también en todos los demás casos de la vida-- es discrepar pero con respeto, es moderar, es armonizar, es modular, es --en definitiva-- hacer una política que sea comprensible entre los interlocutores. Lo que no se puede estar es en la constante crispación, en el constante insulto, en la vociferación, y si ustedes --que atienden a las cámaras-- perciben esto como nosotros, observarán que lo que se requiere, justamente, es escucharnos, hacer política, y hacer política es encontrar también la alternativa de la oposición, porque no todo, no solo una parte tiene toda la verdad; por tanto, la mejor manera de buscar un acercamiento es cambiar de modo de hacer política y, desde luego, yo creo que la moderación, y el respeto, y la evitación del insulto, son buenas medicinas al respecto.

P.- Irene Castro del Diario.es. Buenas tardes. Usted ha dicho que el Gobierno no le puede dar instrucciones a la Fiscalía pero no hablado de la Abogacía del Estado. Quería saber si ¿el Gobierno tiene ya una posición sobre qué acusaciones debe mantener la Abogacía del Estado en el caso del procés? Por otro lado, le quería preguntar si nos puede confirmar lo que dijo el responsable de AIReF de que se van a subir las bases de cotización entre un 10 y un 12% para aumentar la recaudación entre 1.000 y 1.100 millones de euros; y, por último, le quería preguntar, dado que ya ha terminado el plazo para presentar las alegaciones en el proceso de exhumación de Franco, quería saber si ¿todos los nietos de Franco se han manifestado a favor de que su abuelo acabe en la Almudena y si ha habido algún tipo de alegación en contra de la exhumación por parte de los monjes Benedictinos? Gracias.

Portavoz.- En relación a la Fiscalía, este Gobierno --como vuelvo a repetir-- no da instrucciones a la Fiscalía, ni tampoco a la Abogacía del Estado. Como he mencionado antes, la Abogacía del Estado está trabajando para la elaboración de sus calificaciones que habrá de entregar --creo que el 2 de noviembre-- porque es parte en el juicio, en el proceso, y lo hace con estrictos argumentos jurídicos, como corresponde.

En relación a la AIReF, en relación al tema de cotizaciones del que usted me habla, de decirle que el Gobierno todavía no ha definido las cotizaciones, no las ha definido, está trabajando sobre ellas; pero, en cualquier caso, este asunto de cotizaciones tope, etcétera, tendrá que pactar tendrá que pasar por el Pacto de Toledo y por la Mesa de Diálogo Social. No obstante, es muy bienvenida la aportación que hace la AIReF --la Autoridad Fiscal Independiente-- en relación a la propuesta de Presupuestos de este Gobierno.

Sobre Franco, yo no tengo noticia personal, directa, ni el Consejo de Ministros de las alegaciones que hayan podido hacer los nietos de Franco, no tenemos noticia. Lo que sí le puedo decir es que, efectivamente, el Gobierno mantiene su convicción seria --la que ustedes conocen-- de proceder a la exhumación de los restos de Franco y las fechas, obviamente, saben ustedes que están cerca. En relación a la inhumación, esa es una cuestión que corresponde a la familia que parece que --como sabemos-- ha mostrado su voluntad de hacerse cargo.

P.- Antonio Vega, de "ABC Sevilla". Quería preguntarle dos cuestiones. Por un lado, si tiene una fecha para aprobar la declaración de zona afectada por emergencia y si tiene una estimación de cuánto serían las ayudas y, específicamente, en el caso de Andalucía. Y, en segundo lugar, si se sabe cuándo se va a abordar el tema de la reforma de la financiación autonómica puesto que aquí en Andalucía se aprobó un acuerdo del Parlamento donde, entre otras cosas, se planteaba que Andalucía estaba infrafinanciado. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias. Pero, me va a permitir usted que no hable de ninguna de estas dos cuestiones, habida cuenta de que se refieren a Andalucía y tenemos abierto el periodo electoral y no voy a hacer referencia a ellas.

Con respecto a las emergencias, obviamente, lo que venimos haciendo -y se lo digo en términos generales --es, primero, informar como hoy se ha informado, no solamente de la emergencia en Andalucía sino también en otras zonas de España que es lo que sí les he podido ofrecer y, a continuación, 7 o 8 días después --en cuanto tengamos los trabajos preparados-- se suele ya proceder a la consideración o no de la zona de emergencia.

P.- Soy Rocío Martínez, de Informativos Telecinco. En mayo, el presidente del Gobierno, dijo que no tenía por qué haber uso de la violencia para que se diera un delito de rebelión y, ayer, la vicepresidenta, insinuó precisamente lo contrario. Queríamos saber cuál de las dos versiones del Gobierno nos tenemos que quedar. Por otro lado, quería --también-- incidir en la pregunta que ha hecho antes el compañero de El Mundo y quería preguntarle si piensan ustedes que estas declaraciones de la vicepresidenta podrían perjudicar a la investigación que ha estado llevando el Tribunal Supremo por poder propiciar que se presentará un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, por último, ya a usted, como ministra de Educación, saber qué le parece que se le estén dando ayudas a colegios de élite.

Portavoz.- Con respecto a lo primero, en relación a las declaraciones que usted me apunta del presidente cuando estaba la oposición, o de la Vicepresidenta, no le diré más que lo que ya les he dicho: el Gobierno se mantiene absolutamente imparcial en relación al "procés", absolutamente imparcial. El Gobierno respeta a la justicia en todos sus términos, lo viene haciendo así, es algo que corresponde a los jueces y fiscales, a los tribunales, es el Poder Judicial y la separación de poderes este Gobierno la tiene manifiestamente, fehacientemente clara y digo fehacientemente porque lo hemos venido demostrando a lo largo de estos 4 meses y pico. En consecuencia, seguimos a la espera de las calificaciones, todavía no elaboradas que están en fase de elaboración, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, con criterios técnicos por parte de la Abogacía del Estado, jurídicos --estrictamente-- por parte la Abogacía del Estado y con imparcialidad y autonomía por parte de la Fiscalía.

En relación a los colegios de élite que usted me dice, una enseñanza privada, si es privada puede formular sus cuotas como mejor parezca a los padres y a los profesores de ese centro; lo que ya no es admisible, y es posiblemente a lo que usted se refiere, es que una enseñanza concertada tenga, pase cobros altos, altísimos, a las familias porque en la enseñanza concertada la enseñanza está financiada estrictamente por el Gobierno a través del sistema de concertación; por tanto, esta cuestión habrá que analizarla.

P.- Ketty Garat de Libertad Digital. Gracias, buenas tardes. Yo quería preguntarle, Portavoz, ¿por qué el Gobierno entiende, o siempre ha entendido que la manera de respetar la independencia judicial es no valorar las sentencias? Y, en este caso, si se puede anticipar la posición del Gobierno en materia del delito de rebelión cuando el Supremo está ratificando la instrucción del juez Llarena que lo que hace, precisamente, es abogar por qué criterio es culpar a los independentistas por un delito de rebelión. Esto por una parte.

En segundo lugar, quería saber si usted descarta o desmiente que esto sea un gesto político, estas palabras tanto del presidente del Gobierno como de la Vicepresidenta --en sede parlamentaria o fuera de ella--, sea un gesto político hacia los independentistas de los que depende el voto a los Presupuestos.

Y, en último lugar, le quería preguntar también, insistir en la pregunta de mi compañera. ¿Qué es lo que ha cambiado para que hace 5 meses el presidente del Gobierno dijera que está clarísimo que hay un delito de rebelión, y ahora no lo haya? Gracias.

Portavoz.- El Gobierno no valora las sentencias, el Gobierno no entra en el "procés" ni en la sentencia eventual que pueda haber en el "procés". El Gobierno es el Ejecutivo y lo que ustedes oyeron en la comparecencia del presidente de Gobierno fue una alusión a Trillo, cuándo se estaba hablando de una creciente derechización de las fuerzas conservadoras y una alusión a Trillo porque Trillo llegó a afirmar que para que hubiera rebelión era necesario violencia y armas. No recuerdo la frase porque no me he fijado en ella con profundidad, pero creo que esos eran los elementos a los que se estaba refiriendo Trillo; por tanto, el Gobierno no marca el paso a nadie, el Gobierno es el Gobierno y si verdaderamente los tribunales son, como son, independientes, no tienen por qué alterar su paso. Vamos al procés, los jueces y tribunales tienen su independencia, la Fiscalía tiene su autonomía y, efectivamente, vamos a ir viendo cuál es el resultado de todo el "procés" que ya será para marzo o abril.

P.- ¿No es un gesto, perdone, hacia los independentistas …?

Portavoz.- No, no es ningún gesto. No es ningún gesto, no necesitamos hacer ese gesto. Conocen los independentistas perfectamente a través de todas las afirmaciones que ha venido haciendo el Gobierno, que el Gobierno no entra a determinar, ni a incidir, ni a impactar en las decisiones que pueda tomar el Poder Judicial, y eso lo conocen las fuerzas independentistas perfectamente bien.

Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos y a todas, porque han venido hasta aquí en un día de lluvia. Sevilla y con lluvia, decía Luis Cernuda también. ¡Qué maravilla! Buen finde.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)