Intervención de María Jesús Montero

20.4.2021

  • x: abre ventana nueva
  • Whatsapp: abre ventana nueva
  • Linkedin: abre ventana nueva
  • Enviar por correo: abre ventana nueva

Buenas tardes a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión del Consejo de Ministros.

Me alegra verles presencialmente en esta sala, pero si me permiten, especialmente a Juanma Romero, que lo veo hoy aquí, y que yo creo que todos lo hemos echado de menos durante su período de convalecencia, así que espero que su presencia sea signo de también de su recuperación y por tanto, bienvenido nuevamente a esta rueda de prensa.

Como veis, hoy me acompañan en esta mesa el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que va a informar sobre un importante anteproyecto de ley que busca mejorar la eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y que ha sido aprobado en el marco del Consejo de Ministros.

Y también me acompaña en el día de hoy la ministra de Derechos Sociales y Agenda 20-30 Ione Belarra, a quien damos la bienvenida por primera vez a esta sala de prensa que seguro que no será la última y que nos acompañará a lo largo de los próximos meses. Ella nos va a informar sobre la distribución a las comunidades autónomas de recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto para el fomento de la economía de los cuidados y para reforzar igualmente las políticas de igualdad y de inclusión social. Con esta nueva distribución que hoy dará cuenta la ministra de Derechos Sociales, ya serían 2.112 millones de euros los que se han venido asignando a las comunidades autónomas a lo largo de este mes en el reparto que se ha ido también distribuyendo en las conferencias sectoriales que se han realizado y que, por tanto, ponen de manifiesto que el Plan no es un futurible, sino que es una realidad que se va concretando cada día, en cada conferencia sectorial, en función de cada política.

Pero antes de cederles a ambos la palabra, me gustaría trasladarles algunas cuestiones de interés, como viene siendo habitual.

La primera es que en la reunión de hoy hemos tenido el informe obligatorio, semanal, de la ministra de Sanidad, respecto a la evolución de la pandemia y al ritmo de la vacunación.

Saben que nuestro país ha adquirido ya más de 93 millones de dosis de las que hasta el momento hemos recibido 14 millones. Esto está permitiendo, nos ha permitido ya, que el 20% de la población, es decir, una de cada cinco personas, cuente ya con la primera dosis de inmunización. También, estos datos, ponen de manifiesto que más de 3,4 millones de compatriotas han recibido ya la pauta completada. Creo que es una buena noticia, puesto que, respecto a las previsiones que manejábamos, la ministra también nos ha informado que a partir de este próximo lunes y durante todo el mes de mayo, vamos a recibir una media de 1,7 millones de dosis semanales solo de la marca Pfizer-BioNTech a lo que habrá que sumar también el resto de marcas comerciales correspondientes al conjunto de la compañías autorizadas.

Precisamente saben que en el día de hoy estamos pendientes de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento respecto a la vacuna de Janssen para empezar a administrar este medicamento en la medida en que la agencia de vía libre para su distribución. No obstante, yo diría que el hecho de que la Unión Europea haya activado una nueva opción de compra de 100 millones de dosis adicionales de Pfizer, nos ofrece ya un amplio margen, un margen suficiente, para llegar al objetivo del 70% de la población diana vacunada en el mes de agosto.

Estas noticias, insisto, son noticias de las que iremos dando cuenta a lo largo de los próximos días y por tanto, con la comparecencia de la ministra de Sanidad y de los correspondientes expertos sanitarios, que irán poniendo al día todas las semanas, sobre las dosis recibidas y también el número de personas que están ya siendo sujetas a la inmunización en primera o con la segunda pauta completada.

En segundo lugar, les quería comentar que, respecto a la agenda del presidente, como también hemos informado, mañana se celebra la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que va a tener lugar en Andorra y que va a contar con la presencia del Rey Felipe. Esto en estos momentos el presidente del Gobierno justo está viajando hacia allí para participar en la cumbre, que tiene como objetivo prioritario una respuesta a la doble crisis sanitaria y socioeconómica, provocada por esta pandemia.

El Gobierno de España es muy sensible y es conocedor de que América Latina ha sido una de las zonas del mundo más castigadas por el virus, y esta Cumbre, desde nuestro punto de vista, tiene que servir para estimular la recuperación económica y social de los países iberoamericanos. Como muestra de ese compromiso y de la solidaridad de España con la comunidad iberoamericana, puedo informarles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará en el transcurso de esta Cumbre que nuestro país pondrá vacunas a disposición de América Latina, tan pronto como sea posible, para hacer frente justo a esta emergencia sanitaria. Y lo hacemos porque el acceso a las vacunas tiene que ser equitativo, tiene que ser universal, y recordemos que España adoptó ya a principios de este año, 2021, un plan de vacunas solidarias.

Las incidencias derivadas del plan de vacunación, de la entrega de las diferentes empresa que tienen autorizada la vacuna, serán tenidas en cuenta a la hora de aplicar este compromiso, pero la voluntad del Gobierno de España es coordinar esta acción con la Unión Europea para poder compartir estas vacunas y que estas puedan llegar lo antes posible a los países que prioritariamente las necesitan.

Siguiendo también con la agenda, les puedo decir que el presidente del Gobierno ha sido invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en la Cumbre del Clima que se va a reunir, de forma telemática, para respetar protocolos anti-covid, los días 22 y 23 de abril.

En esta Cumbre se espera la llegada de 40 jefes de Estado y de Gobierno, insisto de forma telemática, en una Cumbre que ha sido liderada, promovida, por Estados Unidos y yo diría que refleja la importancia de la transición ecológica en el ámbito internacional. Vuelve Estados Unidos a poner este tema en su agenda, elemento muy importante después de que el anterior presidente, el presidente Trump, la retirara y pareciera que no existía, o que se ponía de perfil, ante un problema en donde Estados Unidos tiene un papel fundamental que jugar. De hecho, nosotros nos congratulamos de esta noticia, porque conocen que España es de los países más comprometidos en la lucha contra el cambio climático, recordándoles que, de hecho, el 39% de todos los fondos que acompañan el mecanismo de Recuperación y Resiliencia se van a invertir en áreas que se vinculan a la transición ecológica.

Y antes de ceder la palabra al ministro de Justicia, les voy a dar brevemente reseña de 6 asuntos que hemos abordado en el Consejo de Ministros.

El primero de ellos ha sido la aprobación de un Real Decreto Ley por el que adoptamos medidas complementaria de apoyos a empresas y autónomos afectados por la pandemia del COVID19.

Como saben, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo un paquete de medidas de 11.000 millones de euros, que se destinarán a aumentar la protección de nuestro tejido productivo, ayudas directas de 7.000 millones para PYMEs y para autónomos de los sectores que estaban más afectados por la pandemia. El Gobierno identificó casi un centenar de sectores, en base a criterios objetivos a nivel nacional, como, por ejemplo, son el porcentaje de trabajadores en ERTE en cada sector o el grado de reincorporación de estos trabajadores en el mercado laboral.

Sin embargo, somos plenamente conscientes de que cada comunidad autónoma tiene características específicas que requieren de respuestas personalizadas. Por ejemplo, es lo que ocurre con el sector del calzado o el sector del vino en algunas comunidades autónomas, que a partir de la firma de los convenios que está estableciendo el Ministerio de Hacienda con estas comunidades autónomas, podrán incorporar para su protección.

Es por ello que el Real Decreto Ley que aprobamos hoy habilita a comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, a ampliar el número de sectores que van a poder optar a estas ayudas directas en áreas que se hayan visto particularmente afectadas en cada uno de estos territorios. Igualmente, esta norma recoge que las comunidades autónomas podrán otorgar ayudas directas a empresas viables que en el año 2019 pudieron registrar pérdidas por causas excepcionales que se produjeron en su territorio.

Es un cambio normativo, para que se orienten, que permiten, por ejemplo, que las empresas que se vieron afectadas por la quiebra de Thomas Cook, recuerdan, sobre todo en las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares, puedan también optar por las ayudas y, por tanto, que se puedan beneficiar, en el sector turístico, de este paquete tan importante, sobre todo en relación con Canarias y Baleares, que ponemos a disposición del sector turístico y, en general, de los sectores productivos.

Quiero resaltar el trabajo que viene realizando el Gobierno para que las ayudas lleguen lo antes posible a PYMEs y autónomos y decirles que ya la semana pasada aprobamos la Orden Ministerial de reparto de recursos, y también que hemos remitido a las comunidades autónomas los convenios que tenemos que suscribir, para que su firma se pueda hacer en estos días, con el objetivo de transferir estos 7.000 millones de euros en un máximo de 10 días desde que se produce la firma.

De hecho, ya les puedo decir también que las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha esta misma mañana han devuelto el convenio ya firmado y por tanto, una vez que yo lo rubrique, se remitirán al BOE para su publicación, de manera que desde este momento puedan recibir el dinero de forma ya inmediata y puedan sacar sus convocatorias, para repartir las ayudas entre empresas y entre autónomos.

Por otra parte, este Real Decreto que se aprueba, también incluye una medida importante para garantizar liquidez y solvencia de las empresas, medidas que se incorporan o que se suman a las que ya se han aprobado para aplazar el pago de deudas tributarias o aduaneras, pero que ahora intentamos dar un paso más. En definitiva, lo que queremos es agilizar estos aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras, que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.

Es decir, que la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del desembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado, y, como digo, se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes. También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda justo a este nivel territorial, a delegaciones de Economía y Hacienda, o a aquellas que se encuentran en período voluntario de pago o que se aplazan o se fracciona previamente.

Un mecanismo que, como siempre decimos, es excepcional, es temporal, pero que flexibiliza el pago y evita tensiones de tesorería en el conjunto de las empresas. Para este tipo de deudas vamos a establecer un aplazamiento máximo de dos años desde el propio vencimiento. Además, una vez cumplido estos 24 meses de carencia, se podrá fraccionar el pago también hasta en otros 2 años adicionales. Es decir, si sumamos aplazamiento y fraccionamiento, las empresas tendrán hasta 4 años adicionales para pagar su deuda.

Las solicitudes se podrán presentar durante los ejercicio 2021 y 2022, con independencia del período al que se refieran estas deudas y, por tanto, se incorporarán para proteger el tejido productivo y, por supuesto, el empleo.

El segundo tema que les quería comentar justamente es también la aprobación de un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones de carácter plurianual a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español. Este Real Decreto, presentado por el ministro Castell, constituye la inversión más ambiciosa en ayudas post-doctorales en el ámbito universitario que se ha realizado hasta la fecha. Se va a comprometer con el Real Decreto un total de 361 millones de euros para el período 2021-2023 y se va a financiar también con fondos comunitarios procedentes del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que, como decía al principio de mi intervención, refleja que estos fondos son ya una realidad y que están impactando de forma positiva en el conjunto de España.

El objetivo de las subvenciones es contribuir a la investigación, a la internacionalización, 2 elementos a criterio del Ministerio de Universidades, que son claves para avanzar en el cambio del modelo productivo en España.

El Real Decreto fija como objetivo que se concedan un mínimo de 2.521 ayudas, aunque el objetivo es llegar a más de 4.000 que se distribuyen en 3 modalidades.

Una primera, ayudas Margarita Salas, para la formación de jóvenes doctores y que representan la mitad del total de fondo.

Ayudas para la recualificación del personal docente, o investigador estatutario o contratado, con diez años o menos en su actual categoría.

Y tercero, ayudas María Zambrano para la atracción del talento internacional.

3 movilidades que van a exigir movilidad nacional o internacional, en universidades o en centros de investigación diferentes a aquellos donde se presentó por parte de la persona que opte, aquellos donde se presentó, insisto, la tesis doctoral.

A 1 de diciembre de 2021, pretende el Ministerio haber concedido todas las ayudas que se van a gestionar de forma directa por las universidades públicas y ya se ha producido el criterio de distribución entre el conjunto de universidades, primando el número de doctores que se ha ido formando en los últimos 3 años y el número de investigadores, del personal investigador que trabaja en estos ámbitos de forma permanente.

Yo diría que de esta manera, el Gobierno una vez más, reconoce el trabajo esencial que desarrollan todas las universidades en la producción del conocimiento, también su traslación a través de investigación científica o técnica, humanística o artística, pero, sobre todo, nuestro interés es que se promueva la transferencia de ese conocimiento al tejido productivo.

El tercer tema que quería comentarles es el acuerdo de prórroga de limitación de vuelo entre Brasil y Sudáfrica con aeropuertos españoles con motivo de COVID19. Es una medida que venimos prorrogando en la medida en que la situación sanitaria así lo aconseja y de hecho volvemos a prorrogar estas medidas excepcionales que ya rigen y que ya están en vigor en nuestro país. La medida va a entrar en vigor desde 00 horas del día 27 de abril, donde acaba la anterior prórroga, hasta las 00 horas del día 11 de mayo hora peninsular.

Si bien es cierto que este riesgo de importación de casos desde ambos países se puede reducir gracias a las medidas de control que se aplican a la llegada a España, yo diría que no es suficiente. Tenemos que seguir extremando todas las precauciones ante esta potencial propagación de la variante brasileña y sudafricana del virus. Estas restricciones mantendrán su excepción cuando el transporte sea exclusivamente de ciudadanos españoles y residente en España, además de los residentes en Andorra y a sus nacional.

El cuarto tema, que también queríamos dar cuenta, tiene que ver con la aprobación de tres reales decretos a propuesta del Ministerio de Educación y de Formación Profesional para la creación de cursos de especialización en este ámbito prioritario para el Gobierno de la Formación Profesional. Se trata de un nuevo curso en Inteligencia Artificial y Big Data. Otro curso en fabricación aditiva y un tercer curso de especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos que como saben, estamos impulsando en nuestro país. Son cursos que van a complementar los perfiles profesionales de quienes ya disponen de un título de formación profesional y requieren del aprendizaje de las últimas innovaciones en su respectivo ámbito.

De esta manera continuamos y lo seguiremos haciendo en las próximas semanas, incrementando, renovando, nuestra oferta formativa en este marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional, con vinculación a sectores emergentes que requieren de alta cualificación y también tienen alta empleabilidad en permanente actualización, trabajando con empresas punteras en los sectores implicados. Con los nuevos cursos que se aprueban hoy, el catálogo cuenta ya con un total de 193 titulaciones de Formación Profesional, entre ellas 15 cursos de especialización.

El quinto tema que quiero también trasladarles ha sido la aprobación a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de un Real Decreto de apoyo al sector del vino. Se trata de un Real Decreto que modifica el 1.363/2018 para la aplicación de medidas del Programa de Apoyo 19-23 al sector vitivinícola en nuestro país.

El objetivo fundamental es adaptar esta legislación española a un nuevo escenario de flexibilidad que se ha aprobado en la normativa comunitaria y por razón de la pandemia del COVID19 para ayudar tras esta pandemia a un sector, el del vino, tan importante para nuestra economía, para nuestra agricultura y sobre todo para la España rural.

Los cambios van a permitir eximir de determinar las penalizaciones a viticultores o bodegas en las medidas de reconversión y reestructuración de viñedos, inversiones en bodegas o promoción, y también flexibiliza los pagos que se exigen al sector, permitiendo aumentar la participación de la Unión Europea en estas ayudas.

El programa de apoyo al sector del vino en España está dotado en concreto con 202 millones de euros anuales para medidas específicas que contribuyan a incrementar la competitividad del sector vitivinícola en nuestro país.

Y el último tema tiene que ver con la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual y, de hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy esta declaración, que se celebra el día 26 de abril, en donde España siempre ha creído que se tiene que situar y de hecho así lo hace, en la vanguardia de la creación artística, literaria, industrial, empresarial o intelectual. Y eso es posible gracias a la existencia de un sistema adecuado, equilibrado, de propiedad intelectual e industrial en nuestro país, que se asimila al de los países más innovadores.

Las empresas que hacen uso de estos derechos de propiedad intelectual e industrial suponen ni más ni menos que el 40% del PIB y acumulan el 27% de los puestos de trabajo. Concretamente, las empresas que están incorporadas a esta situación son las que se caracterizan mejor por tener mayores y mejores salarios, por hacer más inversión en I+D+i y porque son esenciales para la transformación del modelo económico español. Son compañías que avanzan hacia un modelo más sostenible, más integrador o más inteligente, tal y como marcan las directrices europeas y también los planes más ambiciosos que se señalan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.

Por ello, con la declaración institucional, el Gobierno quiere dejar claro su apoyo firme en el uso y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, con propuestas legislativas, políticas públicas, que expresan el compromiso para seguir avanzando en la protección de esta creatividad, en su promoción por parte de las empresas y, por tanto, para desarrollar inventivas e innovación a través de difusión y defensa de estos derechos de propiedad.

Podrán acceder a esta declaración institucional, así como al resto de los acuerdos que se han adoptado en el Consejo de Ministros, a través de la referencia que posteriormente se publicará.

Y sin más, paso ya la palabra al ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, cuando quieras, ministro.