Intervención de Juan Carlos Campo

Muchas gracias, ministra Portavoz. Muy buenos días. Buenas tardes a todos. Juanma, me alegro mucho verte, es muy buena señal.

Para mí es un honor presentar hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.

Los que me conocen y siguen los avatares de la Justicia, saben que quizá el mayor escollo es que le falta eficiencia. Y en ese sentido venimos trabajando desde el comienzo de la travesía de este Gobierno en lo que se ha denominado Justicia 20/30, que no es más que un mecanismo co-gobernado para diseñar qué justicia le damos a los españoles para tener esa efectividad a la que tenemos derecho de conformidad con el texto constitucional.

Es cierto que el resultado que la ciudadanía tiene del funcionamiento de la Justicia no es bueno, y eso que tiene elementos de contraste. Vemos que hay marcadores europeos donde nos dicen que España no invierte una cantidad baja. La media está en 64 euros por habitante. España está en 79,1. España lidera con Austria y Estonia el índice de los equipamientos en tecnologías, pero lo que es cierto y son datos del Consejo General del Poder Judicial, que pese a que, por ejemplo, la plantilla de jueces se ha visto incrementada en un 50% en los últimos 20 años, lo que es cierto, es que hay un porcentaje menor en torno al 6, de resoluciones, porque, por ejemplo, que ha bajado la litigiosidad un 34% en los últimos diez años, y, sin embargo, la duración de nuestros procedimientos se alarga, utilizando esos mismos datos del Poder Judicial, entre 66, pasando a 162 días.

Por tanto, tenemos que trabajar para el ciudadano en algo muy claro: eficiencia.

En este sentido y ya estuve en esta misma sala a finales de diciembre para presentar la primera pieza que era eficiencia procesal y ahora se presenta eficiencia organizativa, y nos queda, esperemos que pueda ser en el verano, eficiencia digital.

Y estos van a ser la placa base de modernización del sistema de justicia, teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, es decir, que nos encontramos en una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, pero también en unas cuestiones mucho más estructurales, como pueden ser el cambio climático o la revolución tecnológica. Y en ese sentido, las políticas de justicia tienen necesariamente que ser palanca centrales en las políticas de recuperación y de transformación de país. Y ahí es donde se inserta claramente la reforma que ahora les presento y que acaba de aprobar el Consejo de Ministros.

Les adelanto y va siendo, afortunadamente y doy las gracias a todos los que lo hacen posible con un sello, la co-gobernanza. Es una ley, un anteproyecto, trabajado con las comunidades autónomas, con el Consejo del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, con los profesionales, abogados, procuradores, graduados sociales y con los sindicatos y también con los partidos políticos. Insisto, creo que es bueno hacer memoria y darse cuenta que leyes recientemente aprobadas por el Congreso y el Senado, como discapacidad, la Ley de Violencia contra la Infancia, o el Registro Civil llevan enormes manifestaciones favorables del arco parlamentario, por lo cual le doy, aprovecho y le doy las gracias a todos.

Entro directamente en el contenido de la de la ley. La ley tiene tres piezas o si quieren tres ejes a través de los que se va a visualizar la administración o la vertebración de lo que es la administración de justicia. Va a desaparecer esa idea tradicional del juzgado con funcionarios, sus bienes muebles adheridos al juzgado para hablar de lo verdaderamente importante, el Poder Judicial.

Y en este primer escalón vamos a hablar de Tribunales de Instancia. Desaparecen los conceptos tradicionales de juzgados. ¿Esto por qué se hace?, no sólo un cambio de nombre. Es una nueva organización que va a permitir y potenciar muchas cuestiones, algunas de las cuales intento detallarles.

Uno, va a profundizar en la democracia interna del Poder Judicial porque va a ensanchar las oportunidades de participación del Poder Judicial. ¿Esto qué quiere decir?, que en cada tribunal de instancia que habrá uno por cada partido judicial, habrá un presidente elegido entre sus pares. Pero en aquellos sitios donde haya diversidad, se dan unas condiciones que ahora, si quieren, entramos, habrá secciones porque esto tiende a la especialización y habrá así tribunal instancia, sección familia, tribunal de instancia, sección de lo social, sección de instrucción, sección de enjuiciamiento penal, sección de lo social, contencioso…. Pues al frente de cada una de estas secciones habrá también un presidente elegido por sus pares. Esto, ¿qué nos permite?, esto nos permite dotar a la estructura de accesibilidad, eficiencia y una mejor flexibilidad en todos aquellos aspectos organizativos.

En segunda pieza tendremos la oficina judicial. Como saben, la oficina judicial data del 2003, pero, aunque se habla de nueva oficina judicial, lo que es cierto es que su rigidez ha impedido que se extienda a todo el territorio nacional y en este sentido tenemos que potenciar su realidad, en este sentido, la dotamos de unos mecanismos mucho más flexibles, adaptados a las necesidades, lo que nos va a permitir, con las nuevas tecnologías, servir de soporte al Poder Judicial, porque algo ya les digo, esta Ley de Eficiencia para nada afecta al Poder Judicial ni al Consejo General del Poder Judicial, sé que a alguno quizá le gustaría, pero no, esto habla de los ciudadanos, habla de la eficiencia de un servicio público esencial para la ciudadanía.

Y hay un dato antes de saltar al tercer bloque que me parece importantísimo. Aprovechamos esta ley para apuntalar otros derechos que, no digo que no hayan tenido acogida, pero que ahora se ven reforzados. Por ejemplo, el 9.3 de la Constitución habla de seguridad jurídica. Esto en el mundo judicial solo se puede entender como la previsibilidad de las resoluciones judiciales. Esa idea que hemos visto algunos y si te toca el del 3, el del 4. Nunca un juez va a estar sometido más que al imperio de la ley. Pero es cierto que ahora, el presidente de Sección, es decir, del área especializada, para entendernos, va a poder convocar y fijar criterios de unificación. El que ahora mismo figura como artículo 2.6.4 es uno de los elementos que va a trabajar más directamente en esto que les estoy contando. ¿Por qué? Porque los jueces, constitucionalmente, solo están sometidos al imperio de la ley. Por tanto, ese criterio que se ha adoptado puede ser o no atendido por el juez, pero bien tendrá, que explicar motivado por qué se aparta de ese criterio general que adoptaron sus compañeros. Por tanto, creo que dotamos al sistema de una enorme previsibilidad y por tanto, de seguridad jurídica, que, insisto, también tiene refrendo constitucional del 9,3.

Y un tercer bloque, un tercer bloque que es la Oficina de Justicia en el municipio. Como saben, actualmente la vertebración de la justicia se hace en partidos judiciales que no se corresponden con el municipio necesariamente, sino que hay varios municipios que se integran y solo hay juzgados de primera instancia e instrucción, fundamentalmente, en las cabeceras de partido, en todos los demás, lo único que hay es lo que se llama la Justicia de Paz. Justicia de paz, que ha tenido muy poca, muy poca, muy poca trascendencia en los últimos años y menos que ha tenido con las últimas reformas normativas y máxime con la entrada de manera inminente de la aprobación de la Ley de Registro Civil, que tiene que entrar en vigor el 30 de abril.

¿Qué queremos decir como Oficina de Justicia en el municipio? Queremos atender, uno, a esa estrategia de país que no nos podemos permitir que haya zonas despobladas. Por tanto, la justicia en estos municipios. ¿Para qué? Para dar servicio al ciudadano y de una manera general y polivalente y flexible. Lleva el sello de Justicia, pero podrá hacer mucho más. De tal modo que los convenios que se realicen, estoy pensando con la Federación Española de Municipios de Provincias, Diputaciones, Agencia Tributaria, porque ha de ser un referente para el ciudadano, que no solo va a poder ir allí a hacer todos sus trámites judiciales, pues una confesión a través de videoconferencia, pero también puede ser un sitio donde le agilicen su tratamiento de la declaración de renta, el pago de unos impuestos, la solicitud de una justicia gratuita, y todo, todo lo que sean capaces de imaginar, desde el sello de justicia, atendido fundamentalmente por funcionarios de justicia. Y por tanto podemos ver en esta Oficina de Justicia en el municipio una estrategia de país y una estrategia de país que nace desde el seno de la Justicia e irradia a todos y cada uno de los pueblos de España.

Quiero terminar. Quiero terminar diciendo que efectivamente esta es la idea de la eficiencia, preocuparlos del ciudadano. De hecho, ayer tuve una conversación con la vicepresidenta de la Comisión Europea, señora Jourová, donde le explicaba que realmente este es el foco en el que estamos poniendo todo nuestro énfasis y todas nuestras energías, porque además lo estamos haciendo en esta co-gobernanza a la que me refería y, por tanto, contando con la voluntad de todos. Y vamos ahí. Y eso es lo verdaderamente importante. Y por eso no tenemos que distraernos con otras cuestiones que yo sé que son absolutamente necesarias, pero por las circunstancias que se dan ahora no toca. Por tanto, no quiero que perdamos ni un minuto. Y por eso les decía que bajo ese paraguas que dijo el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, de que quedaban congeladas esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo, ahora estábamos preocupados de la eficiencia y por tanto, de dar a la ciudadanía lo que legítimamente reclama. E incluso le dije para evitar los focos, se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren, para los efectos de ya no dar pábulo, además, porque el interés está puesto en la eficiencia, en la eficiencia y en la eficiencia, y, por tanto, en el ciudadano y en una estrategia de país. Es decir, la justicia orientada a la recuperación de país.

Soy todo suyo cuando proceda.