Segunda intervención de María Jesús Montero

El Gobierno, además, adopta esta medida, como ya hemos explicado, después de haber obtenido la respuesta oficial y por escrito de la Comisión Europea, confirmando que no tendrá consecuencias de sanciones, de multa, por tanto, para España aplicar una rebaja del IVA que hoy por hoy es contraria a la directiva comunitaria. Como saben, la Comisión Europea en la carta de respuesta a petición de este ministerio, confirmó que la directiva impide la rebaja del IVA de las mascarillas. Pero añadió que, dadas las circunstancias excepcionales, no iniciará un procedimiento de infracción contra España por este motivo. Por tanto, reitero que vamos a bajar este IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables cuando se ha logrado ya una respuesta clara y unívoca y contundente por parte de las autoridades comunitarias. Este gobierno siempre ha entendido que está en la forma de proceder, una forma responsable y que blinda a este país ante una posible multa que se pudiera haber derivado.

Pero saben que no nos hemos conformado con rebajar este tipo de IVA. También hemos reducido el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables un 25% en la comisión interministerial liderada por el Ministerio de Sanidad el pasado jueves, se ha pasado de 0,96 euros, que era lo vigente a 0,72, que sería actualmente lo que entraría en vigor, con un IVA del 21%. Un precio que a partir de hoy les puedo anunciar volverá a reducirse cuando sea efectiva esta rebaja del IVA al 4%. Y esto será de inmediato, puesto que la entrada en vigor del Decreto Ley, como bien conoce, se produce de forma inmediata.

Eso va a implicar que el precio de las mascarillas bajará en torno a un 35% y pone en valor esta cifra el esfuerzo extraordinario que se está realizando desde el Gobierno de España para que el material obligatorio en la protección del virus no sea o no haya ningún tipo de impedimento para que cualquier grupo de población pueda acceder al mismo. El objetivo, por tanto, seguirá siendo facilitar el que los colectivos vulnerables puedan utilizar todo tipo de material sin que su situación de renta les perjudique a la hora de poder hacerlo con la frecuencia que necesitan.

La segunda cuestión que se incorpora en este decreto ley también consiste en una prórroga hasta el 30 de abril de 2021 de la aplicación tipo cero del IVA a la importación y adquisición de material sanitario que tenga como destino centros sanitarios, públicos o privados y también entidades de carácter social. No estamos hablando solo de mascarillas, sino que también incorporamos guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros o respiradores, entre otros elementos que son necesarios para hacer frente a esta emergencia.

De hecho, España fue de los primeros países en aplicar esta medida que se habilitó por parte de la Unión Europea en el mes de abril y que se ha ido prorrogando de forma continuada desde entonces, los efectos, por tanto, van a ser de carácter de carácter retroactivo desde el 1 de noviembre, que es cuando finalizó la anterior prórroga.

Por otra parte, el Real Decreto Ley contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social tras el impacto de esta pandemia. Hay que tener en cuenta, ustedes conocen, que el Gobierno ha ido poniendo en marcha diferentes medidas que sigue vigente con el objetivo, como decía la vicepresidenta, de proteger las rentas de los trabajadores. El caso más paradigmático son los ERTEs, o la prestación de cese de actividad de los autónomos e incluso medidas de alivio para las empresas instrumentadas con exoneraciones en las cotizaciones sociales.

Todas estas actuaciones, que permiten proteger a las personas y también a las empresas, generan esta necesidad de financiación de la Seguridad Social que queda garantizada con esta operación.

Por tanto, el Gobierno, una vez más, muestra su compromiso con la sostenibilidad al medio plazo del sistema de Seguridad Social y particularmente el sistema de pensiones, para mantener una red de seguridad de millones de personas y que no permita que nadie se pueda quedar atrás.

En este mismo sentido, también se incorpora otro crédito extraordinario. En esta ocasión por importe de 2.300 millones para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. El objetivo, es justamente hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios por desempleo, derivado de las medidas, insisto, para hacer frente a esta pandemia.

Por ejemplo, el nuevo subsidio para empleadas de hogar o para personas que hubieran finalizado su contrato temporal durante la vigencia del Estado de Alarma o igualmente va a atender la prolongación de los ERTEs, cuya dotación, como como ustedes recuerdan, no estaba para nada contemplado en la prórroga de los presupuestos del año 2018, que son los que se mantienen vigentes. Por tanto, ambas medidas lo que implican es garantizar a esta protección a los colectivos que son especialmente vulnerables.

Y por último, por parte del Ministerio de Hacienda, también el Decreto Ley modifica puntualmente el REF, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias para adaptar dos ayudas a la prórroga que se adoptó por la Unión Europea en las directrices de ayuda con finalidad regional que estaban vigente para el período 2014-2020. Por tanto, lo que hacemos hoy consiste en ampliar este marco temporal de algunos de los elementos que garantizan la operatividad del REF, en concreto, hasta el 31 de diciembre de 2021 se amplía la reserva por inversiones en Canarias y la inscripción en el Registro de la Zona Especial de Canarias. Así, cumpliendo con la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, el Consejo de Ministros adopta este acuerdo para solicitar un informe que es preceptivo del Parlamento canario sobre esta modificación del REF, un informe que no tenemos ninguna duda que será positivo.

También modifica en este mismo sentido el impuesto sobre sociedades, la deducción por inversiones en producción extranjera, de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales para incorporación, para incorporar la fase de producción, no sólo la de pre y post, que es lo que existe actualmente, sino también la fase de producción a la aplicación de este incentivo fiscal para permitir dinamizar este mercado tan importante para nuestro país. De esta forma, la medida se ajusta a la normativa comunitaria y esperemos que también sea un incentivo, un aliciente para el sector de la cultura. Se mantiene el incentivo para los efectos visuales, siempre que los importes de esta deducción no superen las cuantías prevista en la propia normativa de la Unión Europea.

Y se modifican, por último, los incentivos fiscales al sector del automóvil para regularlo, adaptarlo a la normativa comunitaria, en concreto en relación a la libertad de amortización para determinadas inversiones, se adapta este marco nacional temporal de ayudas de Estado, y se modifican justamente los límites temporales para poner en funcionamiento estas inversiones y aplicar el incentivo.

Igual ocurre con la deducción por innovación que se modifica en la parte del porcentaje en función de la dimensión de la empresa, en concreto para PYMES, esta deducción pasa a ser del 50%, mientras que para no PYMES, será del 15% como marca el reglamento europeo.

En otro orden de cosas, ya pasando a otras normativas que hemos aprobado en el día de hoy, justamente el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto por el que se actualizan los criterios y el procedimiento de distribución de las trasferencias para el desarrollo de las competencias que tienen los ayuntamientos, las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

De hecho, estos criterios de distribución de los fondos han sido modificados para adaptarlo a la realidad poblacional de los municipios en este momento y para también primar a aquellas entidades locales con víctimas adheridas al sistema ATENPRO, por tanto, manteniendo también la prioridad de los que participan en el sistema VIOGEN, digamos, responsabilidad del Ministerio del Interior.

Todas estas medidas van dirigidas justamente para perseguir una mayor evaluación, un mejor control de las personas que en algún momento de su vida hayan denunciado o hayan trasladado alguna situación respecto a ser amenazadas o ser víctima de violencia de género, y por otra parte, para que la realidad del censo de nuestro municipio se adapta mejor a la distribución de estos fondos que se acordaron, como ustedes recordarán, por consenso del conjunto de las fuerzas parlamentaria de nuestro arco, de nuestro Congreso de los Diputados.

En concreto, se dicta el Real Decreto con el reparto de 20 millones de euros que estarán disponible para la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y decirles también que hemos propuesto desde este mismo Ministerio de Igualdad la institucionalización de este pacto para que gobierne quien gobierne, estas políticas públicas fundamentales para la seguridad de las mujeres, estén blindadas y, por tanto, a salvo de cualquier cambio que se pudiera producir.

El objetivo del Gobierno, como no podría ser de otra manera, conjuntamente con las asociaciones de mujeres, es llegar a todas ellas, a todas las instituciones y no tener que lamentar una asesinada más por el simple hecho de ser mujer. El grito, como ustedes saben, es claro y es compartido por este gobierno: "Nos queremos a todas vivas"

Otra cuestión aprobada en el día de hoy y respecto a la tarea ordinaria del Consejo de Ministros, ha sido el visto bueno a un plan de ayudas por valor de 148 millones de euro para contratar investigadores a través de varias convocatorias, de concurrencia competitiva, que financiarán o incentivarán la formación y la especialización en I+D+i de investigadores del sector público y del sector privado.

De hecho, la convocatoria incluye un aumento del 30% de los programas ya conocidos, Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, cumpliendo, recordarán con el plan de choque de la ciencia que presentó el presidente del Gobierno y que se aprobó el pasado mes de julio, en donde en su medida octava, había como objetivo, figuraba como objetivo, incrementar los programas de atracción y retención del talento investigador.

En el caso de los contratos de cinco años, "Ramón y Cajal", lo que se busca es atraer hacia nuestro país investigadores nacionales o extranjeros, con una trayectoria destacada y demostrada en universidades o centros de I+D, disponiendo de 247 ayudas con un total de 80 millones de euros.

Y para los "Juan de la Cierva", orientados a fomentar contratación laboral de jóvenes doctores, el período es de dos o tres años, según se trate de formación o de incorporación, ampliando a 556 ayudas por valor de 41,8 millones de euros.

Igualmente se convocan tres ayudas más, personal técnico de apoyo a la I+D+I, 170 contratos laborales o las ayudas Torres Quevedo, que facilitan la incorporación a empresa durante tres años de 200 doctores y por último, doctorados industriales, que permiten la formación de 60 investigadores predoctorales en el ámbito de la empresa.

Estos incrementos de las principales convocatorias este año buscan como el ministro ha trasladado en diferentes ocasiones, fortalecer estos contratos postdoctorales, aumentar a su vez la presencia del personal investigador que ha terminado su formación y posibilitar un itinerario y una inserción laboral. Por tanto, el aumento se mantendrá también en el año 2021 y el objetivo es que se consolide esta situación para paliar la disminución de la oferta de plazas que se produjo en la última década.

El Consejo de Ministros ha nombrado también hoy, a propuesta del Ministerio de Justicia, al magistrado José de la Mata como miembro nacional de España en Eurojust, la Agencia de la Unión Europea, que coopera, que es para la cooperación judicial penal y que tiene como objetivo facilitar, ayudar a las autoridades en la cooperación de la lucha contra el terrorismo y las formas más grave de delincuencia organizada. Esta actuación se produce cuando afectan a más de un país de la Unión Europea. Asimismo, también ha nombrado al fiscal Jorge Espina como adjunto también de miembro nacional de Eurojust.

El juez de la Mata cuenta con una gran experiencia profesional, tanto en el orden jurisdiccional penal como en cooperación jurídica internacional, especialmente tras haber desempeñado 9 años como letrado en el Servicio de Relaciones Internacionales del Poder Judicial.

Estos puestos de miembro nacional y adjunto se encuentran regulados en la normativa tanto europea como nacional y sus funciones son básicamente facilitar tramitación de solicitudes de asistencia legal mutua, entablar contacto, intercambiar información con las autoridades competentes de otros países miembros, así como participar en los equipos conjuntos de investigación que pudieran crearse.

En el caso de España, este mandato del anterior representante ya había vencido el pasado 15 de noviembre y el puesto de adjunto se encontraba vacante. Tras este plazo para la presentación de candidaturas entre los magistrados, todos ellos tienen que tener al menos 15 años de servicio en la carrera, acreditada experiencia en la jurisdicción penal y conocimientos de cooperación jurídica internacional. Tras ese análisis de los currículum, el ministro de Justicia ha decidido proponer al Consejo de Ministros el nombramiento de este magistrado, José de la Mata y también del fiscal Jorge Espina, os decía como adjunto al miembro nacional de España.

Estas son las reseñas más importantes que hemos tratado hoy en el Consejo de Ministros. Encontrarán información ampliada en la referencia que se publica posteriormente, pero previamente pasaremos también a las preguntas que ustedes no quieran formular tanto a la vicepresidenta como mí misma.