Intervención de Isabel Celaá

27.12.2019

  • x: abre ventana nueva
  • Whatsapp: abre ventana nueva
  • Linkedin: abre ventana nueva
  • Enviar por correo: abre ventana nueva

Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta rueda de prensa habitual de los viernes tras el Consejo de Ministros. Esperamos que estén ustedes disfrutando de la Navidad, de unas felices fiestas de Navidad. Les deseamos a todos un feliz año 2020.

Lo que esperamos activamente para este nuevo año es poder, por fin, configurar un Gobierno que resuelva nuestros principales problemas.

Estamos deseando abrir una nueva etapa en la que, como dijo el rey en su discurso de Nochebuena, consolidemos el diálogo, la voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias como nuestros principales valores, valores que --desde luego-- aseguran la convivencia dentro de la diversidad territorial y la pluralidad ideológica de nuestro país.

Un Gobierno que, en estos tiempos de dificultades y de fragmentación, debe ser el resultado de ese compromiso: respetar nuestras legítimas diferencias en el marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Con ese compromiso queremos avanzar y progresar.

Proponemos -como ustedes bien conocen-- un Gobierno de progreso en el que la igualdad, la justicia social, el feminismo, el ecologismo y el europeísmo sean motores de nuestra acción; un Gobierno que mire al futuro y deje atrás este tiempo de bloqueo.

Pese a las circunstancias, la acción ejecutiva del Gobierno no se ha detenido, ustedes lo saben.

Quiero mencionar sólo algunos ejemplos de los pasos adelante que se han dado durante este 2019, y expresamente deseo resaltar el esfuerzo y la seriedad con la que cada Ministerio ha venido trabajando:

• Se ha aprobado la mayor oferta de empleo público desde 2008 con la subida de la retribución de los empleados públicos.

• Ha habido una reversión de los recortes en Educación y la presentación de una nueva ley educativa que --entre otras cosas-- derogaría la LOMCE.

• Hay una presentación de la agenda del cambio y un marco estratégico de energía y clima.

• Y un plan -que ya ha empezado a ejecutarse-- para la sustitución de concertinas en las fronteras.

• También, hay un Plan director para un trabajo digno.

• Y, un plan de retorno para el regreso de los exiliados.

• Además, hay un plan estratégico de formación profesional.

• Equiparación progresiva hasta 2021 de los permisos de maternidad y paternidad.

• Inversión e impulso en la protección de las víctimas de violencia de género. Hoy precisamente, tal y como nos ha informado la vicepresidenta del Gobierno, se cumplen15 años desde la aprobación de la Ley.

• Hay una autorización, también, para las Comunidades y Ayuntamientos, para que puedan reinvertir este año el superávit de 2018.

La lista es amplísima, pero yo no pretendo hacer exhaustiva la enumeración, no es cuestión de ello. Simplemente, se trata de certificar que este Gobierno ha gobernado, ha trabajado, ha venido trabajando durante todo el tiempo, y, aunque todos seamos conscientes de la situación actual, es el Ejecutivo que también ha podido culminar el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica con todas las garantías; y que ha organizado con gran éxito la Cumbre del Clima.

Ahora, cuando vamos llegando a 2020, nuestra voluntad es poner en marcha una potente agenda legislativa que ya está preparada, que incremente la protección de los más desfavorecidos, atienda las necesidades de la gente, y renueve la confianza perdida.

Es así como encaramos estos próximos días. Cada jornada es importante para alcanzar los consensos necesarios, ponernos a trabajar y salir de las incertidumbres, de la incertidumbre social política y económica que nos amenaza.

En términos económicos, está claro que hay que tomar decisiones inmediatas.

El bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables, de los trabajadores, depende en gran medida de que los políticos cumplamos nuestros compromisos.

El proyecto de Pedro Sánchez ha obtenido varias veces este año el respaldo de la ciudadanía en las urnas. Esas victorias, esos millones de votos que las han hecho posible, deben cristalizar de manera rápida, en un Gobierno que ponga en marcha el programa de medidas que necesita España.

Salir del bloqueo es una responsabilidad pero una responsabilidad, desde luego, de quien ha ganado las elecciones pero lo es, también, del resto de fuerzas parlamentarias, de todas. De todos los grupos políticos, porque todos los grupos políticos somos responsables de que las instituciones se pongan en funcionamiento. Necesitamos al Gobierno pero, también, necesitamos a la oposición.

Las Cortes deben empezar a cumplir su función. Los organismos e instituciones públicas pendientes de renovación deben recuperar la normalidad. El bloqueo porque sí, la obstrucción por la obstrucción son propios de fuerzas antisistema, más de ellas que de partidos con vocación institucional.

En el ámbito político ese ha de ser el sentido de nuestros actos: Asumir nuestra responsabilidad, la de cada uno de los partidos y grupos --ahora creo que son 10-- que configuran el actual marco parlamentario.

Y en el ámbito judicial dejemos que los tribunales actúen conforme al principio de legalidad. No seríamos una democracia plena si no creyésemos en la separación de poderes y, más todavía, si confundiéramos la justicia con el interés particular.

Conviene recordar que fue el propio Tribunal Supremo el que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Luxemburgo es el intérprete supremo del Derecho de la Unión Europea, y lo lleva siendo durante 68 años. Este Tribunal con sede en Luxemburgo no es una instancia extranjera, no es el ejecutor de un Código Penal impuesto a los españoles. No hay dos justicias, hay solo una, porque España es miembro pleno de las instituciones europeas, y los jueces europeos son tan nuestros como los nacionales.

España asumió los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde su integración en Europa en 1986. Desde entonces, el Derecho de la Unión Europea forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y tratar de devaluar la justicia de la Unión Europea, que es la justicia de todos, es quebrar, precisamente, nuestra principal fortaleza, que es la unión, el activo esencial por el que luchamos cada uno de los Estados miembros.

Las decisiones de este Tribunal no pueden ser consideradas como un varapalo para la justicia española, muy al contrario. Son una confirmación de su naturaleza garantista.

Ahora, el Supremo hará su trabajo, que es aplicar la ley con proporcionalidad y de acuerdo a los principios de legalidad que emanan de la Constitución y del propio Tratado de la Unión Europea. Y los políticos hemos de hacer el nuestro, que no es otro que darle al país el gobierno que necesita, dar respuestas políticas a los problemas y a nuestros desafíos.

Con ello entramos ya en el contenido del Consejo de Ministros de esta mañana.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado inversiones para la reparación de daños sufridos en los ámbitos de la Confederaciones Hidrográficas del Segura, del Júcar y de zonas costeras afectadas por la intensidad de las lluvias de la depresión aislada en niveles altos --la llamada DANA, recuerdan ustedes-- de septiembre de 2019. Esto supone 62 millones de euros, de los cuales: 46,6 se dedicarán a la Confederación Hidrográfica del Segura para reparar infraestructuras, ríos, cauces, ramblas, en las provincias de Alicante, Murcia, Almería y Albacete.

Para la Confederación Hidrológica del Júcar se destinarán 3,9 millones de euros para reparaciones similares en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

También 11,4 millones de euros se dedicarán a reparar zonas costeras de las provincias de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada y Málaga en playas, arenales y zonas litorales.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de prórroga tributaria, catastral y de Seguridad Social. En concreto, el Gobierno al utilizar este instrumento legal, al no haber podido tramitar estas cuestiones por la vía parlamentaria ordinaria, al encontrarse en funciones.

Este Decreto engloba cuestiones de diferentes ámbitos: unas, relativas a la fiscalidad dependiente del Ministerio de Hacienda; otras, sobre Seguridad Social, bajo responsabilidad del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En relación a la fiscalidad, hay una prórroga de límites de exclusión para tributar los autónomos manteniendo lo que hasta ahora venían teniendo, la fórmula en la que venían tributando.

Además, hay una prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020.

Además, hay una actualización de los índices catastrales, es decir el Real Decreto-ley incluye la aprobación de los coeficientes de actualización --al alza o a la baja-- de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020. Esto importa, sobre todo, a los ayuntamientos --como ustedes saben-- porque tiene que ver con sus tasas y cotizaciones. Esta medida es consecuencia de la prórroga presupuestaria, por lo que resulta necesario que los coeficientes se actualicen antes del 31 de diciembre de 2019.

En materia de Trabajo, Migración y Seguridad Social se prorroga lo siguiente: primero, hay una revalorización de pensiones, que se hará al 0,9%, habida cuenta de que ese ha sido el IPC de 2019 -como ustedes bien saben-y se hará una única revalorización en el momento preciso que se configure el nuevo Gobierno. No se hacen dos, una a 0,25% y otra por el resto, al 0,9%, lo cual sería hacer otra revalorización al cero coma sesenta y algo, primero, por lo que supone esto de gasto en términos, no solamente de coste económico sino, también, de infraestructura, de logística, para hacer la liquidación.

Por tanto, lo que se hace con las pensiones habida cuenta de que efectivamente hubo una recuperación del poder adquisitivo de las pensiones cuando se elevó al 1,6% --cifra de la revalorización, la que hemos hecho este año al 1,6% y al 3% las más bajas--, y el IPC de 2019 es del 0,9%, por tanto, la revalorización se hará al 0,9%, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Sobre Salario Mínimo Interprofesional les digo algo parecido, es decir, el salario mínimo interprofesional se fijará para 2020 conforme al diálogo social que ha de mediar entre -obviamente-- los representantes de los trabajadores y los empresarios, y así se fijará el Salario Mínimo Interprofesional para 2020. Por tanto, luego se regulará conforme se ha hecho en otras ocasiones.

Y, también se prorroga la llamada cláusula de salvaguarda de las pensiones, lo que beneficiará a unos 26.000 trabajadores que tenían esas pensiones fijadas hasta 2011 y, por lo tanto, aquellos que hubieran perdido su empleo antes de agosto de 2011 podrán seguir acogiéndose a las condiciones de jubilación previas a esa fecha.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva tarifa que permite calcular la prestación que abonan las centrales nucleares por la gestión de sus residuos. Ha fijado en 0,798 céntimos de euro por kilovatio-hora la tarifa unitaria que sirve para calcular la prestación que las empresas titulares de centrales nucleares tienen que abonar a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, llamada ENRESA, como ustedes saben.

Esta financiación, esta prestación financia, por ejemplo, los servicios de gestión de combustible nuclear gastado y de los residuos para el desmantelamiento de las instalaciones, o las asignaciones destinadas a los municipios donde se ubican esas centrales. He de decirles que esa tarifa no se había revisado desde 2010.

También, hemos acordado autorizar los contratos de emergencia realizados para la organización de la COP25 en Madrid.

El Consejo de Ministros ha tomado razón -es así como se hace cuestiones así--, de los contratos de emergencia tramitados por el Ministerio de Transición Ecológica -por MITECO-- con motivo de la organización en España, en un tiempo récord, de la 25 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio el Climático, la COP25.

Les adelanto que hemos logrado la segunda COP de menor coste de los últimos nueve años, al tiempo de ser una de las de mayor participación, como ustedes saben.

Como ustedes saben, también, España asumió --con un operativo de urgencia y con carácter de urgencia-- ser anfitriona de esta COP25, habida cuenta de que no se podía celebrar en Chile, y en pocas semanas ---5 o 6 semanas--- resolvió el cómo acogerla y el gasto ha sido de 50 millones de euros a los que habría que añadir los costes derivados del acuerdo de sede con la Convención Marco de Naciones Unidas, unos 3 más.

Estas cifras convierten a la COP25 en la segunda cumbre más económica de los últimos nueve años, tras la COP 19 celebrada en Varsovia, sin perjuicio del retorno económico, que habrá muchísimo retorno económico por la CPO 25, --ustedes recuerden que hemos tenido miles de personas que han venido--, ese retorno económico, las principales beneficiarias, sin duda alguna, serán la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid, capital.

Como digo, sin perjuicio del retorno económico, ha habido diferentes entidades patrocinadoras cuyas aportaciones han cubierto en torno al 20% de los costes previstos. Además, hemos preparado, también, proyectos para que los fondos europeos puedan cofinanciar esta Cumbre.

La distribución de los contratos --por si ustedes están interesados-- es la siguiente:

- El Contrato entre el MITECO y la institución ferial de Madrid, IFEMA, es la que ha sido por un importe de 48.078.258 euros, es decir, la mayor cantidad de los recursos se han invertido ahí, en ese contrato con IFEMA.

- El contrato con la Corporación Radiotelevisión Española para señal de pool de los actos de la COP ha supuesto 850.421 euros.

- El coste, el transporte local de las delegaciones --incluyen do el coste de transporte público gratuito-- ha supuesto 465.625 euros.

- La atención protocolaria para Jefes de Estado, y de representantes de los países miembros, miembros de las Naciones Unidas, ha ascendido a 37.873 euros.

- La programación de actividades y acciones de divulgación de la Cumbre, 26.000.

- Los contratos para el servicio de definición, implantación y evaluación de sistemas de gestión por 16.700.

- Y, finalmente, los servicios de traducción, 21.297.

Estamos satisfechos con la organización y el resultado de esta Cumbre. Y, ahora ya, sí, aquí estoy para sus preguntas.