Intervención de Isabel Celaá

Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de cada viernes tras la celebración del Consejo de Ministros.

No es posible comenzar esta comparecencia sin hacer mención a los acontecimientos vividos ayer: la exhumación de Franco y su traslado a una tumba privada de la familia supone una gran victoria de la democracia española. Hoy todos los demócratas deberíamos sentirnos orgullosos de haber dejado atrás esa página de nuestra de nuestra historia que desgarró varias a generaciones de españoles y españolas.

Ha sido --como ustedes bien conocen-- la culminación de un proceso complejo, alargado en el tiempo por la propia familia del dictador, pero ha concluido con el pronunciamiento claro de los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Como dijo ayer en su declaración el presidente del Gobierno, se ha cumplido un mandato parlamentario, una sentencia judicial y un compromiso de este Gobierno. Ninguno de estos pronunciamientos puede poner en riesgo nuestra convivencia; al contrario, la avalan.

Cuando se analiza el significado de lo acontecido, incluso el sentido que debe cobrar ahora lo que fue durante décadas un mausoleo, un enorme mausoleo en memoria del dictador, solo entendemos desde el Gobierno que ahora todo cobra un nuevo sentido. Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa y estamos seguros de que cualquier Gobierno democrático que tenga España avanzará en esa dirección. Queda mucho por hacer, especialmente en términos del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica pero, en definitiva, el objetivo de todo ello, en el Valle o en las cunetas, no puede ser sino la reparación, la memoria, la justicia y la dignidad.

Hoy solo quedan en el Valle víctimas, solo víctimas a las que recordar. El Valle de los Caídos volverá a abrir la próxima semana y entonces ese lugar, ya sin el dictador, sólo podrá entenderse como un altar dedicado al recuerdo y al homenaje de las víctimas del odio. Víctimas distintas, sí, pero que comparten una misma condición: la de haber sido víctimas. No caben, por tanto, dudas sobre nuestra democracia. España es un Estado pleno, democrático, de derecho, que se sustenta sobre tres poderes independientes. Y quienes han construido esa democracia a lo largo de estas décadas no se merecen insulto alguno de que nuestras libertades sean comparadas con las del régimen franquista.

En España se respeta la ley. Por eso, a quienes desde Cataluña se empeñan en decir que este es el Gobierno de un Estado heredero del franquismo les pedimos que miren a su alrededor: Ley, proporcionalidad, moderación frente a quienes pretenden destruir lo que nos une. Estas son nuestras fortalezas, las fortalezas de la democracia española.

Las manifestaciones violentas de la semana pasada y los hechos vandálicos que se han registrado en los últimos días han causado una honda conmoción en Catalunya, en España y en el mundo. Y a ellos ha respondido este Gobierno con las herramientas de la democracia. Quienes están cometiendo delitos, los autores de las agresiones y el pillaje, están siendo perseguidos y detenidos. No hay espacio para la impunidad, ningún espacio para la impunidad.

Hasta el momento más de 200 personas han sido detenidas por estos graves incidentes, la mayoría, 161, por los Mossos d'Esquadra, 34 por la Policía Nacional y 8 por la Guardia Civil. De todos ellos, 134 adultos y 15 menores han sido puestos a disposición judicial y 31 han ingresado en prisión. De los menores puestos ante el juez, 14 han quedado en libertad vigilada y uno ha ingresado en un centro de internamiento.

Han sido detenidos por la gravedad de sus actos. Hay que recordar que, con los últimos datos actualizados, los agentes de la autoridad que han resultado heridos de distinta consideración en los hechos de la pasada semana ascienden a 289. De ellos, 154 son mossos, 134 policías nacionales y un guardia civil. De todos ellos, a día de hoy, continúan hospitalizados dos policías nacionales a los que deseamos su pronta recuperación.

No nos cansaremos, una vez más, de agradecer a estos agentes que trabajen por el bien común, por mantener la seguridad y la convivencia en Cataluña. Desde luego, hay muchos que saben y quieren agradecérselo. Del mismo modo deseamos la recuperación del resto de las personas heridas en estos lamentables hechos. No puede ni debe volver el fuego a Cataluña. Cataluña necesita convivencia, necesita futuro, necesita normalización en esas calles en las que, lamentablemente, sufrimos hechos la semana pasada. Este es el empeño del Gobierno de España que es el Gobierno de todos los catalanes y para todos y todas las catalanas.

En paralelo a la tensión política que el independentismo radical, que el independentismo violento, quiso mantener en Cataluña, muchos pueblos y zonas de esta hermosa tierra han sido de nuevo golpeados por la naturaleza. Las cuatro provincias catalanas han sufrido el impacto de una nueva depresión en niveles altos, la Dana, que especialmente ha causado daños en Tarragona y en Lleida. Lamentamos profundamente especialmente la pérdida de vidas humanas. Hay confirmadas dos víctimas mortales y se sigue buscando a varios desaparecidos en Tarragona. Solo queremos recordar que, al igual que hicimos este verano con los terribles incendios de Tarragona, el Gobierno de España, a través de su Delegación, ha ofrecido y sigue ofreciendo estos días al Ejecutivo catalán toda la colaboración que está en su mano para paliar los efectos de esta perturbación.

De hecho, hemos puesto a disposición de las autoridades catalanas a la UME y a la Guardia Civil, además de los servicios de Protección Civil y resto de organismos, para que entre todos devolvamos cuanto antes la normalidad a quienes están sufriendo esta situación.

Para concluir esta primera intervención, he de decirles que ha sido esta semana, además, una semana repleta de noticias económicas y laborales. La más importante, sin duda, es la que afecta a la vida de las persona; es decir, el trabajo y, cuando no lo hay, el paro y la falta de esperanzas. Los datos de EPA conocidos ayer nos indican que el paro se ha reducido por debajo del 14% --concretamente, al 13,9%, una décima, pero en economía las décimas importan--, lo que significa la tasa más baja de la última década; y la ocupación alcanza a casi 20 millones de personas. Aun así, hay que asumir la ralentización de los ritmos de creación de empleo. Tal y como este Gobierno viene diciendo desde hace meses, los signos de desaceleración mundial son evidentes y nosotros no estamos, no estaremos, a salvo de sus efectos.

También he de decir que se han incrementado los números de la población activa en casi 25.000 personas. Nunca ha habido tantas personas en el mercado laboral. Tenemos plena confianza en la fuerza de nuestro país y en que sabremos superar los problemas si somos capaces de mantener el rumbo, por eso vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece, un Gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita.

Entrando ya en los contenidos del Consejo, les comento los siguientes temas. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha acordado elevar el importe de la convocatoria del 1 de mayo de 2019, de las subvenciones del mecanismo de compensación de costes de efecto invernadero, de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Ni más ni menos, esto significa que se está acompañando a las empresas españolas para --a las electro intensivas fundamentalmente que requieren, como ustedes saben mucho gasto de electricidad- acompañar la transición energética. Para ello, la cuantía máxima de las ayudas será de 172 millones.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado a la Agencia Estatal de Investigación, la convocatoria 2019 de tramitación anticipada de centro de excelencia Severo Ochoa y unidades María de Maeztu. Se trata, como saben ustedes, de reconocer a determinados centros que hacen investigación cualitativa, investigación significativa, de profundidad, la acreditación de Severo Ochoa o de María de Maeztu en una convocatoria que destaca por el impacto y la relevancia, como les digo, internacional de los resultados que obtienen en el campo de la investigación. Para esta convocatoria, para el periodo 2021-2024 se dedican 52 millones de euros. Se enmarca en el programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema I+D+i.

Asimismo, se ha autorizado la celebración del convenio para el proyecto de restauración de la mina de carbón a cielo abierto "Nueva Julia" en León, concretamente, el organismo autónomo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y que se llama el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras y la Junta de Castilla y León han suscrito un convenio para la promoción de alternativas de las comarcas mineras del carbón.

En concreto, se cierra la mina Nueva Julia y, obviamente, el Gobierno, junto con este instituto, concretamente, autónomo, dependiente del Ministerio de Transición Energética, junto a la comunidad autónoma de Castilla y León, tienen suscrito un convenio para ayudar, precisamente, a reambientar, por así decirlo, a acomodar, a acondicionar el drenaje, la demolición de instalaciones auxiliares y gestión de residuos que quedan en torno a la mina que se cierra. Son 25 millones, de los cuales el IRMC, ese instituto que les he comentado, aportará el 75%, y la Consejería de Castilla y León el 25% restante. Todo esto se hace al amparo del Real Decreto Ley 15/2018 que habilita dos años más para poder ser aplicado, precisamente, a estos casos de cierre de minas.

También, hay una subvención, se ha aprobado una subvención al Comité Paralímpico de 400.000 euros y de 875.000 euros al Comité Olímpico Español, habida cuenta de que estamos en un año previo a las Olimpiadas y que el Gobierno ayuda, generalmente, a estas instituciones, a estas asociaciones, que son independientes, a su preparación, a la inscripción de deportistas, participaciones, reservas, almacenamiento de materiales de los deportistas, esto es. Por tanto, esto también, esta subvención se ha aprobado.

Además, ha habido una licitación de contratos de mantenimiento en carreteras y líneas ferroviarias. Concretamente, mantenimiento de vías ferroviarias de alta velocidad. Para el mantenimiento de esas vías se realizan trabajos llamados de perfilado de vía, que consisten en el tratamiento de la superficie viaria tras el desgaste del tráfico de alta velocidad, con un coste de 25,22 millones de euros y una duración de 36 meses. Y, además, se han aprobado las obras de modernización de trenes de cercanías de Valencia. Concretamente, se trata de aumentar la capacidad, regularidad y fiabilidad del tramo Sillera-Cullera-Gandía, estableciendo un tramo de doble vía debido a la alta concentración de tráfico viario.

Además, se han aprobado mejoras, no económicas pero sí mejoras en la forma de organización, en la forma de gestión, para el programa de apoyo al sector vitivinícola. Ustedes saben que España es el país más exportador, el principal exportador de vino; por lo tanto, todos los programas de apoyo al sector vitivinícola son muy bien utilizados y muy bienvenidos por el sector. En concreto, por ponerles un ejemplo, el programa, que ya se ha ejecutado, 2014-2018, arroja un resultado de beneficio de un total de 40.679 agricultores y 1.247 bodegas. En el programa en el que estamos actualmente, en el que nos encontramos inmersos actualmente, 2019-2023, se puede decir que lo correspondiente al año 2019 está ejecutado al 94%; quiere decir que es un programa que se siente por el sector como muy eficiente, muy útil y, por tanto, toda mejora en su forma de desarrollarlo es bienvenida.

Además, en el Consejo de Ministros de hoy hemos autorizado los gastos electorales vinculados al servicio de correos que hacen falta para poner en marcha la convocatoria electoral del 10 de noviembre. Estamos refiriéndonos a la elaboración de la documentación para el voto CERA --que ya saben ustedes que es el Censo Electoral de Residentes Ausentes, o sea, el voto en el exterior-- para los cuales se han remitido cartas a 2.128.559 electores. Además, hojas informativas para ejercer el voto por correo a 2.103.750. Además, tarjetas censales en un número de 35 millones de tarjetas, y el gasto total es de 673.103 euros.

Con esto y con todo el sumario que ustedes pueden llegar a conseguir --si ustedes lo desean, porque obran a disposición de los servicios-tenemos, creo, información suficiente del Consejo de Ministros de hoy y ya estamos a disposición de sus consideraciones.